Antecedentes del informe anual-2004

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<< Autor: Informes emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Derechos humanos

INTRODUCCIÓN DE LOS INFORMES POR PAÍSES SOBRE PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS 2004


El 17 de septiembre de 2002, el presidente Bush presentó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional para Estados Unidos que se basa en el principio de la promoción de la libertad política y económica y el respeto por la dignidad humana, para crear un mundo mejor y más seguro. Para dirigir y encaminar este esfuerzo nacional que tuvo su origen en la guerra contra el terrorismo, la estrategia presenta una serie de tareas fundamentales que, entre otras cosas, exige que nuestro gobierno sea el paladín de las aspiraciones a los derechos humanos y construya democracias. En el discurso pronunciado en su segunda toma de posesión el 20 de enero de 2005, el presidente Bush elaboró sobre este principio: "La supervivencia de la libertad en nuestro país depende cada vez más del éxito de la libertad en otros países. La mejor posibilidad para la paz en nuestro mundo la ofrece la diseminación de la libertad en todo el mundo".

Estados Unidos y sus socios internacionales colaboraron en 2004 con muchos países en la expansión de la libertad al contribuir a la protección de los derechos políticos de sus ciudadanos y promover el imperio de la ley en sus sociedades. En algunos casos, en aquellos en los que el interés se centraba en el derecho del pueblo a elegir su propio gobierno, los acontecimientos notables dirigieron la atención del mundo a sus luchas y a sus logros decisivos.

En los tres años que han mediado desde la remoción del régimen talibán, la población de Afganistán ha trabajado para reducir el terrorismo y mejorar la seguridad, para cerrar las tradicionales brechas étnicas, religiosas y tribales, para elaborar una nueva constitución fiel a sus valores y forma de vida, para extender derechos fundamentales a las mujeres y a las minorías, y para abrir su sociedad al concurso político y la libertad de expresión de una manera que no tiene precedentes. La comunidad internacional ha respondido a esta iniciativa ayudando a inscribir a los votantes de una población dispersa en la geografía y mayormente analfabeta, educando a grupos de trabajadores de colegios electorales y a participantes políticos sobre la celebración de elecciones y campañas, y sumándose a las fuerzas afganas para proporcionar seguridad durante los preparativos de los comicios y durante la votación. En la elección presidencial que tuvo lugar en octubre, 18 candidatos competían por el sufragio de diez millones de votantes afganos inscritos, de los cuales más del 40 por ciento eran mujeres. A pesar de las amenazas y ataques antes de la elección, y de serios problemas técnicos, más de ocho millones de afganos, entre ellos 3,2 millones de mujeres, depositaron sus votos para elegir a su líder en una primera elección verdaderamente democrática, con una mayoría optando por el presidente Hamid Karzai.

En Ucrania, la campaña electoral para presidente se vio frustrada por la presión que el gobierno ejerció sobre los candidatos de la oposición, y por la extensión generalizada de violaciones y fraude en la votación. El gobierno del presidente Kuchma recurrió al fraude y a la manipulación durante la elección presidencial tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral celebradas el 31 de octubre y el 21 de noviembre. El gobierno impuso la censura sobre los medios y los periodistas para influir en la cobertura de noticias, lo que provocó la llamada "rebelión de los periodistas" entre los que rehusaron seguir las directrices del gobierno. Finalmente, las manifestaciones populares contra los resultados oficiales de la deficiente votación del 21 de noviembre cobraron fuerza hasta desatar la "Revolución Naranja", el color asociado a Viktor Yushchenko, líder de la oposición y ganador de las elecciones según el consenso general.

El respeto de los derechos humanos en Ucrania tomó decididamente un giro positivo cuando, el 3 de diciembre, el Tribunal Supremo de ese país invalidó los resultados fraudulentos de la segunda vuelta electoral, justificando así las denuncias de los observadores nacionales e internacionales sobre las numerosas violaciones de los procedimientos electorales, el hostigamiento de los candidatos de la oposición, la cobertura sumamente parcial en los medios controlados por el Estado y el fraude generalizado en la votación y en el recuento de votos. En la repetición de la segunda vuelta electoral celebrada el 26 de diciembre conforme el mandato del tribunal, el pueblo de Ucrania eligió a su nuevo presidente. Los observadores internacionales de esos comicios, de los que resultó ganador Yushchenko, tomaron nota de las mejoras en la cobertura de los medios, de una transparencia mayor en el proceso de votación, de menor presión gubernamental para ganar apoyo para un candidato en particular y menos interrupciones en las urnas. El nuevo presidente expresó su firme compromiso con la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.

En Iraq, la población afrontó una serie de tareas difíciles al disponerse a elegir a su propio líder a través de elecciones democráticas, en tanto que la severidad y ubicuidad de los ataques terroristas aumentaron las proporciones de las dificultades. En primer lugar, el Consejo de Gobierno iraquí logró el consenso sobre una estructura para la transición de la soberanía a las autoridades iraquíes, en el marco de la protección del imperio de la ley y de procedimientos bien definidos mediante los cuales los ciudadanos iraquíes podrían elegir a sus propias autoridades y establecer su propio orden constitucional. En marzo, la aprobación de la Ley Administrativa de Transición logró estos objetivos y preparó el camino para la segunda etapa, el traspaso de la soberanía de la Autoridad Provisional de la Coalición al Gobierno Interino Iraquí el 28 de junio.

Con la asistencia de las Naciones Unidas y de otros asesores internacionales, el Gobierno Interino Iraquí estableció la Comisión Electoral Independiente de Iraq, una autoridad independiente que estableció los procedimientos para la inscripción en un registro de votantes y para la votación por iraquíes y expatriados en catorce países. Del 15 al 18 de agosto, se llevó a cabo la convocatoria de la Conferencia Nacional para seleccionar un Consejo Nacional Interino que fue constituido por 100 miembros elegidos. Las elecciones para la Asamblea Nacional de Transición, autoridad legislativa que constituye un primer paso hacia la formación de un gobierno iraquí de transición, se programaron para el 30 de enero de 2005. De conformidad con la Ley Administrativa de Transición, el gobierno de transición redactará una constitución permanente que se someterá para ratificación en agosto de 2005 y en diciembre de 2005 se celebrarán nuevamente elecciones para un gobierno permanente bajo la nueva Constitución.

Creemos que acontecimientos como estas elecciones aumentarán las perspectivas de paz, darán una base sólida para el autogobierno en estos países y ayudarán a impulsar el avance de las prácticas de derechos humanos para todos los que participan en ellos. Sin embargo, el progreso por este camino no será fácil ni rápido, al menos al principio, como demuestran ampliamente los 196 informes detallados de esta edición. En varios casos, los informes confirman que las prácticas de derechos humanos pueden haber deteriorado a pesar del éxito tras elecciones celebradas y aceptadas internacionalmente, como ha sucedido en algunos respectos con el poder judicial y los medios en Venezuela, desde que se efectuó la votación el pasado año.

Fue en parte el reconocimiento de la complejidad y la dificultad de la tarea de promover los derechos humanos lo que, en 1977, instó al Congreso a dar carácter institucional al proceso de recopilación anual de datos por el Departamento de Estado para los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. Al proporcionar un compendio de testimonios sobre la experiencia de los derechos humanos en el mundo, esperamos que la historia de esta labor inconclusa ayude a alumbrar tanto las tareas futuras como el potencial para una mayor cooperación en el logro de las aspiraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El año en perspectiva: Democracia, derechos humanos y trabajo

Tras los detalles de los 196 informes de países que contienen las páginas siguientes, hay acontecimientos y experiencias en algunos países que se distinguen no sólo por la gravedad de la situación de los derechos humanos, sino también por nuestra participación con las víctimas y sus gobiernos durante 2004.

El historial de derechos humanos del gobierno de Sudán es extremadamente pobre conforme siguió restringiendo la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, culto y movimiento. El gobierno arrestó y hostigó a quienes ejercieron estos derechos.

Para finales de año, el número de Personas Desplazadas Internamente superaba 1,5 millones en la provincia sudanesa de Darfur, y otros 200.000 civiles habían huido a Chad, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) coordinó un esfuerzo masivo de ayuda para los refugiados. Según se informa, alrededor de 70.000 personas murieron como consecuencia de la violencia y el desplazamiento forzado.

A pesar de las repetidas promesas del gobierno de que se abstendría de otros actos violentos en Darfur, continuaron las atrocidades. El gobierno y las milicias respaldadas por el gobierno, conocidas como Janjawid, atacaron de forma rutinaria las aldeas de civiles. Por lo general, las Janjawid perpetraban ataques coordinados a menudo con las fuerzas regulares del gobierno bajo cubierta de apoyo militar aéreo. En septiembre, luego de revisar cuidadosamente un minucioso estudio realizado por expertos independientes que informaron sobre la experiencia de más de 1.100 refugiados, el secretario de Estado Colin Powell concluyó que se había cometido genocidio contra la población de Darfur y expresó que "se ha cometido genocidio en Darfur. El gobierno de Sudán y los Janjawid son los responsables y ese genocidio puede seguir ocurriendo".

Las fuerzas gubernamentales en esa región asesinaron, hirieron y desplazaron rutinariamente a civiles en esa región y destruyeron intencionadamente clínicas y viviendas durante operaciones de ofensiva. Hubo informes que confirmaron que la milicia respaldada por el gobierno atacó intencionadamente a civiles, saqueó sus pertenencias y destruyó sus aldeas.

A la misma vez, los acontecimientos a finales de año en las negociaciones sobre el conflicto entre el norte y el sur del país avivaron las esperanzas de paz y de que mejoren las prácticas de los derechos humanos en otras partes del Sudán. Para finales de año, el Departamento de Estado observó progreso significativo en los acuerdos preliminares entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación de Sudán luego de 21 años de un conflicto de baja intensidad.

Respondiendo al continuo trato brutal y represivo de la población por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Estados Unidos aprobó la Ley de 2004 de Derechos Humanos de Corea del Norte. La ley propone atender la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte y promover soluciones duraderas para los refugiados norcoreanos, la transparencia en la provisión de asistencia humanitaria, el libre flujo de información y una reunificación pacífica de la península coreana.

En Belarús, continuaron los malos tratos por la policía y la esporádica tortura de prisioneros y detenidos. Las fuerzas de seguridad hicieron arrestos arbitrarios y detuvieron a ciudadanos por motivos políticos. Además, se presentaron demandas judiciales contra personas y se las sentenció a cumplir condenas por crímenes políticos tales como la "difamación" de funcionarios del Estado, lo que a menudo se interpretó para que incluyera la crítica de sus políticas. El gobierno de Belarús persiste en hacer caso omiso de informes creíbles sobre la participación de funcionarios de gobierno en las desapariciones de largo plazo de periodistas y de reconocidas figuras políticas, y no realizó investigaciones completas y transparentes sobre estas desapariciones. En lugar de ello, el gobierno nombró a Viktor Sheiman, vinculado a las desapariciones según pruebas creíbles contenidas en un informe del Consejo de Europa, como Titular de la Administración Presidencial, con lo que perpetua un entorno de abusos que quedan en la impunidad.

En Birmania, la Junta gobierna por decreto y no está sujeta a ninguna disposición constitucional que estipule derechos fundamentales. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Además, continuaron las desapariciones y las fuerzas de seguridad fueron responsables de violaciones, torturas, palizas y diversos maltratos de prisioneros y detenidos. Los arrestos arbitrarios y las detenciones en régimen de incomunicación fueron frecuentes. Las fuerzas de seguridad también incurrieron en la violación de la intimidad de los ciudadanos, el reasentamiento forzado de poblaciones y el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas.

El gobierno de Irán fue responsable de numerosos asesinatos durante el año, incluidas ejecuciones tras juicios que carecieron de garantías al debido proceso de ley. Hubo numerosos informes de que las fuerzas de seguridad torturaron a prisioneros y detenidos. Además, se hicieron arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas en régimen de incomunicación, encarcelamiento en prisiones hacinadas y pobres, falta de acceso a asistencia letrada, la imposición de penas de flagelación y la violación de la intimidad personal.

La cooperación de China en el avance de los derechos humanos fue decepcionante en 2004. China no cumplió muchas de las obligaciones que contrajo en 2002 en el Diálogo sobre Derechos Humanos Estados Unidos-China. No obstante, para finales de año se habían reanudado las negociaciones de los grupos de trabajo sobre derechos humanos, que se habían interrumpido cuando Estados Unidos dio su apoyo a la resolución de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en relación con la situación de los derechos humanos en China. En 2004, el gobierno chino continuó arrestando y encarcelando a activistas, a personas que debatían libremente en Internet, a abogados de disidentes y desposeídos, a activistas que participaban en cuestiones del VIH/SIDA, a periodistas que informaban sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), a intelectuales que expresaban su posición política, a personas que asistían a ceremonias religiosas en viviendas y a trabajadores que manifestaban por sus derechos. Los abusos continuaron en las prisiones de China. El gobierno mantuvo su represión contra el movimiento espiritual Falungong y decenas de miles de practicantes siguen encarcelados en prisiones, campos extrajudiciales de reeducación a través del trabajo y establecimientos psiquiátricos. El Congreso Nacional Popular enmendó la Constitución para incluir la protección de los derechos humanos, pero todavía no queda claro en qué medida el gobierno aplicará la enmienda en la práctica.

En Arabia Saudita, hubo cambios positivos en varios aspectos, entre ellos una conferencia auspiciada por el gobierno sobre los derechos y las obligaciones de la mujer, y la creación de la primera organización de derechos humanos que se ha permitido en el reino. En octubre, el gobierno emitió una ley ejecutiva por la que algunos residentes de largo plazo en el país podrán solicitar la nacionalidad, y para finales de año se había adelantado bastante en el registro de votantes y de candidatos, aunque sólo de hombres, para las elecciones municipales de febrero de 2005.

No obstante, los casos de abusos y violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita superan todavía por mucho los avances logrados. Hubo informes creíbles que dan cuenta de torturas y maltrato de prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, arrestos arbitrarios y detenciones en régimen de incomunicación. La policía religiosa continuó practicando la intimidación, cometiendo abusos y deteniendo a los ciudadanos y extranjeros. La mayoría de los juicios se celebraron a puerta cerrada y los acusados suelen comparecer ante el juez sin asistencia letrada. Las fuerzas de seguridad arrestaron y detuvieron a reformistas. El gobierno siguió poniendo límites a la libertad de prensa y de expresión, de reunión y asociación y de movimiento, y hubo informaciones de que violó los derechos a la vida privada. Continuó la violencia y la discriminación contra la mujer, la violencia contra niños, la discriminación de minorías étnicas y religiosas y las limitaciones estrictas a los derechos del trabajador.

En contraste con el desarrollo en varios países del proceso por el cual la ciudadanía asume un control directo de las autoridades, en Rusia, las reformas de las leyes que rigen las elecciones parlamentarias, y el cambio al nombramiento y no la elección de gobernadores regionales, consolidaron más el poder del Ejecutivo. Las excesivas restricciones sobre los medios, una Duma sumisa, las irregularidades en las recientes elecciones nacionales, la corrupción de la policía y las presiones políticas sobre el poder judicial han motivado también una preocupación por el menoscabo de la rendición de cuentas del gobierno.

Aumentó la violencia por motivos raciales y la discriminación, a pesar de considerables prohibiciones legislativas. Las autoridades no investigaron delitos contra minorías a la vez que las sometieron a frecuentes inspecciones de documentos, a deportaciones de centros urbanos y a la imposición de multas exorbitantes o detenciones más frecuentes. Las instituciones gubernamentales destinadas a proteger los derechos humanos son relativamente débiles.

El gobierno de Zimbabwe ha llevado a cabo una campaña concertada de violencia, represión e intimidación. Esta campaña se ha caracterizado por su desatención a los derechos humanos, al imperio de la ley y al bienestar de los ciudadanos de Zimbabwe. Se emplean varios métodos de tortura contra opositores políticos y defensores de los derechos humanos. Los veteranos de guerra, brigadas de la juventud y agentes de la policía cometen acciones brutales contra los enemigos políticos. El régimen de Mugabe ha elegido también como objetivo a otras instituciones de gobierno como el poder judicial y la policía. Se ha hostigado a jueces para que cedan o dimitan, a fin de reemplazarlos con compinches de Mugabe. A los medios se les ha impuesto restricciones o han sido suprimidos. Continua la apropiación de terrenos como instrumento de opresión social y política, y los opositores de estas políticas destructivas pueden sufren represalias violentas.

El respeto a los derechos humanos siguió siendo pobre en Venezuela durante 2004, a pesar de la victoria del gobierno en el referéndum de agosto para revocar el mandato del presidente Chávez. La oposición alegó que el proceso fue fraudulento, pero los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter ratificaron que los resultados oficiales "reflejan la voluntad del electorado". Durante el año, el gobierno venezolano aumentó su control sobre el sistema judicial y su interferencia en la administración de la justicia. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron objeto de amenazas e intimidación por partidarios del gobierno. En diciembre, la legislatura aprobó leyes que menoscaban la libertad de los medios y la libertad de expresión que, de hecho, convierte la crítica del gobierno en una ofensa criminal. El gobierno de Estados Unidos criticó con dureza al gobierno venezolano por no aumentar sus esfuerzos contra la trata de personas.

Fidel Castro agregó otro año a su récord mundial como dictador que ha estado en el cargo por mayor tiempo. El gobierno cubano mantuvo su postura de rechazo de todo proceso democrático y continuó el hostigamiento y la intimidación de activistas pro democracia, disidentes, periodistas y demás profesionales y trabajadores que trataron de emprender actividades económicas no controladas por el Estado. La mayoría de los 75 disidentes sentenciados a largas condenas de prisión en 2003 permanecieron detenidos, a pesar de las protestas internacionales, y las autoridades arrestaron a otros 22 activistas de derechos humanos y los sentenció bajo cargos como el "desacato a la autoridad". La solución de los abusos en Cuba siguió siendo una prioridad para Estados Unidos en calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU).

Durante su reunión de 2004, la CDHNU aprobó oficialmente una resolución sobre Cuba patrocinada por Estados Unidos, así como resoluciones por segundo año consecutivo sobre Turkmenistán, Corea del Norte y Belarús. Una resolución sobre Birmania fue aprobada por consenso. Dado que países miembros de la CDHNU como Zimbabwe, Cuba, Sudán y China no protegen los derechos humanos de sus propios ciudadanos, la reunión de 2004 fue deficiente en varios aspectos. La Comisión no aprobó las resoluciones sobre la situación de derechos humanos en China, Zimbabwe y Chechenia. Estados Unidos continuó recalcando la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Comisión, especialmente mediante el apoyo a la inclusión de más países con un historial positivo de derechos humanos.

Estados Unidos considera que es más probable que un gobierno elegido democráticamente respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Por esa razón Estados Unidos colaboró con otros países de la Comunidad de Democracias, una red de países democráticos que trabajan juntos para promover, afianzar y avanzar la democracia en todo el mundo. En 2004 Estados Unidos se sumó a otros países de este grupo para ayudar a establecer un cónclave de la democracia, es decir, un grupo de países de parecer similar que colabore más de cerca con la CDHNU y con otros foros de la ONU para fomentar metas consecuentes con los valores democráticos. En la CDHNU Estados Unidos, junto con Perú, Rumania y Timor Oriental, presentaron una resolución, que fue aprobada, encaminada a acrecentar la función de la ONU en el fomento de la democracia. Entre las recomendaciones de la resolución figura un llamamiento para establecer un mecanismo, denominado "punto de coordinación", dentro de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuyo objetivo sea ayudar a las democracias nuevas e incipientes acceder los recursos disponibles de la ONU.

Además de apoyar la creación del cónclave de la democracia en la ONU, la Comunidad de Democracias buscó respaldar el desarrollo de instituciones y valores democráticos a través de proyectos que vinculan a países democráticos. Envió una delegación multinacional de practicantes de la democracia a Timor Oriental para intercambiar prácticas óptimas con los funcionarios de ese país. De la misma manera, un grupo de funcionarios iraquíes cuya labor se relacionaba con las elecciones, viajó a Lituania para observar y aprender sobre el proceso electoral. La unión de las voces democráticas contra violaciones de derechos humanos fundamentales -- derechos codificados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados en la Declaración de Varsovia de la Comunidad de Democracias y el Plan de Acción de Seúl -- es un modo esencial de seguir presionando a los gobiernos que niegan y violan los derechos de sus propios ciudadanos.

Cambios institucionales:

En Qatar continuó el proceso de cambio constitucional al aprobar el emir el texto preliminar de una constitución nueva que los votantes aprobaron de forma abrumadora en 2003. Aunque la familia del emir mantendrá la línea hereditaria, la nueva constitución, que se espera entrará en vigor en junio de 2005, contiene varias disposiciones sobre los derechos humanos.

En Pakistán, el presidente Musharraf continuó en su cargo como Jefe del Estado Mayor del Ejército, a pesar de su promesa de retirarse a finales del año.

En África, la República Centroafricana promulgó una nueva constitución y tomó otras medidas para promover una anunciada transición a la democracia del gobierno del presidente Bozize, quien tomó el poder en un golpe de estado en marzo de 2003. En Guinea-Bissau, luego de un golpe militar en septiembre de 2003, el ejército instaló un gobierno civil. En ambos casos, la estabilización de la situación después de los golpes ha venido acompañada por una disminución en el número de violaciones de derechos humanos.

El deseo de Turquía de satisfacer los Criterios de Copenhague de la Unión Europea, para comenzar el proceso de adhesión hizo que el gobierno aprobara un paquete de reformas importante, incluidos un código penal nuevo y relativamente más liberal y un conjunto de enmiendas constitucionales para combatir los asesinatos por honor y la tortura, ampliar la libertad de culto, de expresión y de asociación, y reducir la presencia del ejército en el gobierno. Sin embargo, la aplicación de estas reformas se retrasó. Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo numerosos abusos, entre ellos: torturas, palizas y arrestos y detenciones arbitrarios, aunque los observadores notaron una disminución de estas prácticas y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó que las autoridades locales se esforzaron por cumplir con la política gubernamental de "tolerancia cero" frente a la tortura. Continuaron los asesinatos por honor. El gobierno aflojó algunas restricciones en torno al uso del curdo y otros idiomas, pero se mantuvieron restricciones de libertad de expresión y de prensa.

Durante el año algunos gobiernos realizaron esfuerzos cada vez mayores para combatir la corrupción. Costa Rica quiso llegar lejos al investigar a ex funcionarios de alto nivel. Inició investigaciones separadas de tres ex presidentes por uso indebido de fondos, sobornos y contratos ilegales. En África las campañas anticorrupción digirieron la atención a los abusos pecuniarios y de derechos humanos cometidos por funcionarios. La campaña del presidente Jammeh de Gambia giró en torno a la restricción de la corrupción oficial, con el objeto de restaurar la credibilidad internacional. Por otro lado, la labor de la Comisión de Indagación de ese país llevó a la destitución de varios altos funcionarios y a algunos juicios por delitos económicos. Kenia creó el puesto de jefe de actividades contra la corrupción y el gobierno abrió varias investigaciones de supuestas ejecuciones extrajudiciales. En Zambia, la Oficina de Quejas de la Policía, establecida en 2003 para indagar en la conducta impropia de la policía, siguió investigando quejas.

Derechos políticos:

Lamentablemente, a excepción de Georgia y Ucrania, los sucesos políticos en Eurasia siguen siendo motivo de gran preocupación. El progreso se mide en gran parte en términos del desarrollo de la sociedad civil. Un número cada vez mayor de ONG, partidos de la oposición y ciudadanos están dispuestos a organizarse y abogar a favor de que el gobierno rinda cuentas. En Turkmenistán y Uzbekistán los partidos de la oposición no pueden inscribirse. Al mismo tiempo, los gobiernos de la región sacan una lección errónea de Ucrania y Georgia, e intentan reprimir a la sociedad civil hostigando a las ONG pro democracia mediante obstáculos burocráticos y recursos jurídicos engañosos.

En Georgia el progreso advertido por los observadores internacionales de las elecciones presidenciales del pasado enero preparó el camino para "las elecciones más democráticas en la historia de Georgia", cuando se eligió el parlamento en marzo.

Otros gobiernos de la región han logrado algún progreso limitado en mejorar el proceso electoral con la redacción de nuevos códigos para las elecciones. Las nuevas leyes electorales promulgadas en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán constituyen un avance en ciertos aspectos, pero en los tres países las leyes siguen sin alcanzar las expectativas de las pautas internacionales. Asimismo, las elecciones de 2004 en Kazajstán y Kirguistán indican avances limitados respecto de los comicios anteriores, pero los observadores nacionales e internacionales expresaron su inquietud sobre irregularidades en la votación, maltrato u hostigamiento de candidatos de la oposición o limitaciones de la igualdad de acceso a medios de comunicación.

En Belarús el gobierno continuó negando a sus ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno mediante un proceso político democrático. El referéndum del 17 de octubre, caracterizado por graves defectos, eliminó el límite constitucional del período presencial. Antes del referéndum y de las elecciones parlamentarias, igualmente defectuosas, celebradas simultáneamente, el gobierno suspendió los periódicos independientes y descalificó a muchos candidatos parlamentarios. Utilizó además fuerza excesiva y en algunos casos propinó palizas y arrestó a líderes políticos que protestaban pacíficamente el fraude electoral y a periodistas que cubrían las protestas. Durante el año el gobierno clausuró también varias de las principales organizaciones no gubernamentales inscritas, cuyo enfoque eran los derechos políticos, y las fuerzas de seguridad del Estado hostigaron cada vez más a las restantes.

En octubre Bosnia y Herzegovina celebró las primeras elecciones municipales administradas por el país desde la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton. Se concluyó que las elecciones cumplieron las pautas democráticas internacionales.

En Indonesia las elevadas cifras de votantes que concurrieron a votar en tres elecciones allanaron el camino para una transición del poder político de la derrotada titular de la Presidencia a un líder electo de la oposición. El proceso también significó la derrota de los candidatos militares y de la policía que se habían postulado para bancas en el parlamento.

En África, en elecciones dignas de mención, los titulares de los partidos políticos de Ghana y Mozambique ganaron la reelección en comicios que se consideraron en general libres y justos. Sierra Leona celebró sus primeras elecciones de gobiernos locales en 32 años, aunque hubo irregularidades en algunas zonas.

En Burundi el interés se concentró en el retraso de las elecciones y el progreso del país en su transición a la democracia. El Gobierno de Transición no celebró las elecciones locales y nacionales que dispone el Acuerdo de Paz y Reconciliación (Acuerdo de Arusha) y al terminar el año demoró también indefinidamente un referéndum sobre el texto preliminar de la constitución. La insurgencia maoísta y el estancamiento en que se encuentran los partidos políticos de Nepal impidieron asimismo la celebración de elecciones en ese país durante el año y contribuyeron a intensificar la crisis política del país.

En Ruanda los derechos políticos, de por sí ya muy restringidos, se limitaron aún más cuando se cerraron y desmantelaron las principales organizaciones de derechos humanos. La medida se justificó como parte de una campaña contra el "divisionismo", según un informe del gobierno que acusó a los grupos de derechos humanos, los periodistas, los maestros y las iglesias de promover una "ideología de genocidio".

El respeto del gobierno iraní a la libertad y la participación política de sus ciudadanos continuó deteriorándose. En febrero se celebraron elecciones, que en general no se consideraron ni libres ni justas, para elegir a los 290 miembros del Majlis (parlamento). El Concilio Guardián, órgano conservador y dominado por el clero, excluyó virtualmente a todos los candidatos reformistas, incluidos 85 miembros del parlamento que ocupaban el cargo. Entre las razones citadas figuraban la falta de "obediencia manifiesta" al actual sistema de gobierno. Como resultado de unas elecciones gravemente defectuosas los reformistas se vieron reducidos a una pequeña minoría en el parlamento. Entre tanto, continúa la reacción conservadora contra las tendencias y los partidos reformistas.

Conflictos internos y de otra índole:

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona completó las audiencias públicas, en las que participaron unos 10.000 ciudadanos para hacer públicos sus agravios como víctimas de la guerra civil o para brindar sus confesiones. La Comisión propuso reformas jurídicas, políticas y administrativas al gobierno. El gobierno también puso en libertad a numerosos niños que habían luchado como niños soldados. Para finales del año la Misión de la ONU en Sierra Leona (MINUSIL) había entregado la responsabilidad en todo el país a las fuerzas armadas y a la fuerza pública de Sierra Leona, conforme la MINUSIL comenzó los preparativos para retirarse en junio de 2005, tal como lo estipula su mandato del Consejo de Seguridad.

Tras su victoria en una segunda ronda de elecciones a finales de 2003, el presidente de Guatemala, Oscar Berger "re-inició" los Acuerdos de Paz de 1996 como programa nacional y, en un gesto simbólico, pidió disculpas a los ciudadanos en nombre del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la prolongada guerra civil de ese país. El gobierno redujo también el tamaño de sus fuerzas militares, eliminó algunos comandos y unidades importantes y redujo así mismo el presupuesto militar. En agosto las fuerzas militares hicieron pública una nueva doctrina que incluye disposiciones sobre la importancia de la protección de los derechos humanos.

Como consecuencia de las negociaciones celebradas durante el año, el gobierno de Colombia desmovilizó en noviembre y diciembre aproximadamente 3.000 combatientes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, cientos de funcionarios municipales regresaron a sus pueblos, después de que el gobierno estableciera la presencia permanente de la policía en todos los centros urbanos del país. Como resultado de ello, disminuyeron las cifras de homicidios, secuestros y demás delitos violentos.

En Haití continuó el conflicto interno durante todo el año. El estancamiento político y la creciente violencia entre las facciones a favor y en contra de Aristide, culminaron el 29 de febrero en la renuncia del presidente Aristide y su salida del país. A pesar de la presencia de las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU, el gobierno interino, establecido constitucionalmente, siguió siendo débil. En septiembre los partidarios de Aristide en Puerto Príncipe iniciaron una campaña de desestabilización y violencia, conocida como "Operación Bagdad". Esta campaña incluyó el secuestro, la decapitación y la quema de agentes de la policía y civiles, tiroteos indiscriminados y la destrucción e incineración de la propiedad pública y privada. La violencia impidió durante varias semanas el funcionamiento normal de escuelas, mercados públicos, el puerto y el sistema judicial en Puerto Príncipe.

Una serie de conflictos continuó aquejando a la región del sureste asiático. En Yamu y Cachemira y los estados nordestes de la India continuó la violencia y las fuerzas de seguridad cometieron abusos con impunidad, inclusive homicidios de efectivos de las fuerzas armadas y de civiles. En Sri Lanka tanto el gobierno como la organización terrorista Tigres de Liberación de Tamil Eelan, violaron el alto el fuego. En Nepal la desaparición de personas detenidas siguió siendo un problema grave y las fuerzas de seguridad del gobierno continuaron manteniendo amplia autoridad para arrestar y detener a individuos sospechosos de simpatizar con los insurgentes maoístas. Estas fuerzas también hicieron uso arbitrario e ilegal de fuerza letal. Como la insurgencia maoísta continuó, los militantes rebeldes torturaron a civiles, en tanto que los agentes del gobierno reclutaron violentamente a los niños como soldados y explotaron bombas que mataron a civiles.

La región de los Grandes Lagos, en África central, que comprende la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Burundi y Uganda, se ha visto azotada por la guerra civil, la violencia interétnica en gran escala y las inherentes transgresiones masivas de los derechos humanos durante más de una década, debido a la presencia continua de grupos armados y milicias que se trasladan entre los países. Estos grupos compiten entre sí por los recursos estratégicos y naturales y viven en un entorno de alianzas que cambian. Entre los grupos más inquietantes del Congo oriental se encuentra quienes tomaron refugió en la región después del genocidio de Ruanda en 1994. Este mismo grupo continúa oponiéndose al gobierno de Ruanda y realizando campañas transfronterizas, así como ataques contra civiles en la RDC y muchos otros abusos. También existen grupos armados en la región que se oponen a los gobiernos y a los procesos de paz en Uganda y Burundi.

Aunque las perspectivas para la paz en la región de los Grandes Lagos son prometedoras, los abusos de derechos humanos son casi rutinarios. Los niños son las principales víctimas, se les recluta, secuestra y convierte en soldados a la fuerza, aunque algunos de los gobiernos han hecho progresos en la desmovilización de los niños soldados en sus tropas. Algunas milicias se componen principalmente de niños. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, ya que la violación se emplea cada vez más frecuentemente como arma de guerra. La región alberga aproximadamente cinco de los 25 millones de personas en el mundo desplazadas internamente y una buena cantidad de refugiados. Estados Unidos trata de conseguir entablar conversaciones entre la RDC, Uganda y Ruanda. Seguimos observando la situación en los países de la región, concentrando nuestra atención en la amenaza que presentan los grupos armados.

En Costa de Marfil un ataque contra las posiciones de los rebeldes y un ataque aéreo en noviembre contra las tropas francesas de mantenimiento de paz rompieron el tenue alto el fuego de 18 meses entre el gobierno y los rebeldes. A pesar del embargo y de la amenaza de sanciones, el gobierno ha amenazado con buscar una solución militar al conflicto. El presidente Bush determinó que a Costa de Marfil, antaño uno de los socios comerciales de Estados Unidos más importantes de la región, en virtud de la Ley de Aceleración del Crecimiento y Oportunidad Africanos (AGOA), se le consideraba este año carente de derechos a los beneficios de dicha ley, debido a preocupaciones sobre la situación de seguridad y el deterioro general del imperio de la ley, que hacen del país un lugar hostil para la inversión extranjera.

En Rusia el atentado en septiembre contra la escuela de Beslan, en Osetia del Norte, y las desapariciones continuas de civiles detenidos por las fuerzas de seguridad subrayaron hasta qué punto ambas partes del conflicto creciente en el norte del Caúcaso continúan demostrando poco respeto por los derechos humanos fundamentales. Hubo informes fidedignos sobre violaciones graves, entre ellas desapariciones por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales, tanto por parte del gobierno como por rebeldes de Chechenia. También se siguió persiguiendo a individuos que buscaban que se rindiera cuentas por estos abusos. Los rebeldes de Chechenia continuaron los ataques contra civiles rusos, inclusive un ataque con bombas en el metro de Moscú.

Integridad de la persona:

Tras años de controversia, el Tribunal Supremo de Chile sostuvo la decisión de un tribunal de apelación de revocar la inmunidad judicial del ex presidente Augusto Pinochet. El 13 de diciembre, un juez encausó a Pinochet por delitos cometidos como parte de la "Operación Cóndor" en el decenio de 1970.

En la República Centroafricana, mientras continúa el proceso de transición al régimen de gobierno civil, el gobierno disolvió la división de Investigación de Seguridad, unidad de inteligencia militar sobre la que pesan acusaciones de haber cometido numerosos abusos de derechos humanos en el 2003, entre ellos tortura, violación y extorsión. En diciembre de 2003, el presidente Bozize convocó de nuevo el Tribunal militar permanente después de una suspensión de ocho años. El tribunal entendió de una variedad de casos de supuestos abusos de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violación y robo a mano armada.

Corea del Norte sigue siendo uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo. Se cree que hay, aproximadamente, entre 150.000 y 200.000 presos políticos en campos de detención en zonas remotas, y los desertores informan de que muchos presos han muerto como resultado de la tortura, el hambre, las enfermedades, la exposición a la intemperie o una combinación de causas. El régimen también somete a los ciudadanos a estrictos controles en muchos aspectos de su vida.

En Egipto, de conformidad con la Ley de Emergencia de 1981, prorrogada en febrero de 2003 por otros 3 años, se restringieron muchos derechos fundamentales. Las fuerzas de seguridad continuaron los malos tratos y la tortura de presos y al menos 10 personas murieron en el curso del año mientras estaban bajo custodia en comisarías de policía o en prisiones. Los arrestos y detenciones arbitrarios así como la detención prolongada anterior al juicio siguieron siendo graves problemas. Persistieron las condiciones abominables en las prisiones.

El uso generalizado de la tortura por el gobierno de Siria dejó un balance de al menos ocho muertos en el curso del año. Las detenciones y arrestos arbitrarios, la detención prolongada anterior al juicio sin que luego se celebrara juicio, los juicios eminentemente injustos en los tribunales de seguridad y el deterioro de las condiciones en las prisiones, continuaron todos sin cambios. Durante el año, los servicios de seguridad efectuaron arrestos en masa de curdos en la provincia de Hassakeh, en Aleppo, Damasco y otras zonas. El 12 de marzo, en Qamishli, situado en la provincia nororiental de Hassakeh, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la muchedumbre durante un partido de fútbol, cuando se produjeron enfrentamientos entre aficionados árabes y curdos. En los disturbios que se produjeron los días siguientes, docenas de personas resultaron muertas, y hasta 2.000 curdos fueron detenidos y, a finales del año, cerca de 300 permanecían en custodia, en espera de juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado y el Tribunal Militar. El gobierno siguió también sin revelar información sobre el bienestar y el paradero de personas que han estado detenidas en régimen de incomunicación durante años.

En Uzbekistán, era común la tortura en las prisiones, los centros de detención anterior al juicio y las comisarías de policía y servicios de seguridad locales, y los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de abusos documentados rara vez eran castigados. No obstante, el gobierno adoptó algunas medidas notables para poner coto a la tortura y exigirle a la policía rendición de cuentas. Estableció procedimientos preliminares en algunas divisiones del Ministerio de Asuntos Internos para investigar y sancionar a funcionarios por abusos de derechos humanos, y permitió a organizaciones no gubernamentales acceder a sus prisiones y capacitar a guardias de prisiones en prácticas de derechos humanos. El gobierno cooperó también con especialistas forenses internacionales que participaron en la investigación de muertes de personas en custodia supuestamente sometidas a tortura.

Libertad de prensa:

Una reacción conservadora a las exigencias democráticas se extendió en Irán a una serie de aspectos que fueron más allá de las cuestiones explícitas de derechos políticos. Por ejemplo, la investigación de la muerte en 2003 de una fotógrafa canadiense/iraní, que tuvo una hemorragia cerebral después de sufrir lesiones en una prisión iraní, quedó estancada en 2004. El gobierno también cerró paulatinamente todos los medios de información independientes nacionales e impuso el silencio a sus periodistas por medio del arresto y la intimidación. En 2004, el último foro de debate libre, los "weblogs" (páginas de Internet personales), fueron objeto de la presión del gobierno, que arrestó a sus fundadores y los obligó a firmar confesiones falsas.

En Rusia, la intensificación de la presión del gobierno y el control de los medios continuó minando la libertad de expresión y la independencia de los medios, al mismo tiempo que se observó una tendencia de creciente control y acoso de la prensa en una serie de países de Eurasia, en particular Belarús y algunos países de Asia Central. La manera de actuar rusa consiste, principalmente, en controlar la propiedad de las emisoras de radio y televisión para limitar el acceso a la información sobre cuestiones delicadas, como Chechenia. La presión del gobierno también hizo que aumentara la autocensura de los periodistas.

El gobierno de Togo, después de entablar consultas políticas oficiales con la Unión Europea, adoptó un nuevo código de prensa que tuvo resultados no enteramente satisfactorios. Eliminó las sentencias de prisión para la mayor parte de los delitos de prensa, pero las mantuvo por determinadas acciones, como instigar el odio étnico o violar la ley, así como por publicar bajo nombre falso. La ley establece también normas de profesionalismo para periodistas y exige que los periódicos independientes aseguren que al menos una tercera parte de su plantilla satisfaga las normas del gobierno.

Si bien Argelia celebró sus primeras elecciones democráticas en 2004, en las que fue reelegido el presidente Bouteflika, el gobierno intensificó las restricciones sobre los medios. El uso de las leyes contra la difamación y el hostigamiento de la prensa por el gobierno aumentaron considerablemente y tuvieron por resultado el encarcelamiento de varios periodistas condenados a cumplir penas de dos a 24 meses, el cierre o la suspensión de dos periódicos y más autocensura de la prensa.

En Venezuela, las organizaciones internacionales y los periodistas de ese país acusaron al gobierno de fomentar un clima de hostilidad hacia los medios. La adopción de medidas administrativas, junto con una nueva ley promulgada en diciembre creó un clima de hostilidad hacia los medios independientes con crecientes amenazas de enjuiciamiento.

Libertad de religión:

Este tema se examina detenidamente en el Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional, publicado en septiembre de 2004, pero estos informes por países ponen de relieve y actualizan acontecimientos importantes.

La ley estadounidense de Libertad Religiosa Internacional dispone que a los países responsables de violaciones especialmente graves de la libertad de religión se los designe Países Motivo de Particular Preocupación (CPC). En septiembre de 2004, el secretario de Estado designó de nuevo a Birmania, China, Irán, Corea del Norte y Sudán como CPC y, por primera vez, designó a Eritrea, Arabia Saudita y Vietnam como CPC.

Con el cese de las violaciones de la libertad de religión cometidas al amparo del gobierno de Saddam Hussein, el Secretario adoptó medidas para retirar en junio de 2004 la designación de Iraq como un CPC. Desde la liberación de Iraq por las fuerzas de la coalición, el gobierno no ha puesto impedimentos a la libertad de religión y la Ley Administrativa de Transición dispone la "libertad de pensamiento, conciencia y creencia y práctica religiosas".

Las acciones del gobierno de Arabia Saudita en materia de libertad de religión fueron desalentadoras. Durante 2004, altos funcionarios estadounidenses mantuvieron intensas discusiones sobre prácticas religiosas con las autoridades sauditas y, en septiembre, el secretario de Estado designó a Arabia Saudita "País Motivo de Particular Preocupación" con arreglo a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, por violaciones especialmente graves de la libertad de religión. El gobierno ordena la estricta conformidad religiosa. Los musulmanes sunnitas que no pertenecen a la doctrina wahabista, así como los chiítas y sufitas, están expuestos a la discriminación y, a veces, a graves restricciones en la práctica de su fe. Una serie de dirigentes de estas tradiciones han sido arrestados y encarcelados. El gobierno prohíbe las actividades religiosas públicas distintas de las musulmanas. Los fieles no musulmanes se exponen a ser arrestados, encarcelados, torturados o deportados por participar en actividades religiosas que atraen la atención oficial. Se han dado casos frecuentes de predicadores de mezquitas, cuyo salario lo paga el gobierno, que han pronunciado sermones virulentos contra musulmanes no sunnitas y otras religiones.

Vietnam continúa restringiendo la libertad de religión y las actividades de organizaciones religiosas que no cuentan con el visto bueno del Estado. El gobierno no emitió un decreto nacional que prohíba la renuncia forzada de la fe, no puso fin al abuso físico de los fieles, continuó manteniendo un número considerable de presos por motivos de religión y, aunque permitió la reapertura de algunas iglesias que habían sido clausuradas en la región montañosa central en 2001, se negó a permitir la reapertura y el registro de centenares de otras. No obstante, después que el país fue designado CPC, se observaron algunas mejoras respecto de la libertad de religión. Algunas autoridades religiosas expresaron optimismo en torno a una nueva ordenanza sobre religión publicada por el gobierno en noviembre y, en diciembre, la Iglesia Evangélica de Vietnam del Norte (ECVN) celebró su primer congreso nacional en 20 años y nombró una nueva junta independiente de dirigentes.

Entre los adelantos logrados en relación con la libertad religiosa de los que se da cuenta en los informes por países, los Testigos de Jehová en Armenia consiguieron inscribirse oficialmente, después de haber visto rechazadas sus solicitudes en numerosas ocasiones. En Bosnia y Herzegovina, una nueva ley nacional sobre libertad religiosa fue aprobada por ambas cámaras legislativas. La ley prevé plenos derechos para las comunidades religiosas, a las que otorga una condición jurídica que no tenían anteriormente. En Georgia, este año disminuyó el número de noticias de actos de violencia contra grupos religiosos minoritarios.

Trato de minorías, mujeres y niños:

El 30 de diciembre, el Departamento de Estado dio por terminado el Informe sobre Antisemitismo Mundial, que cubre el periodo del 1 de julio de 2003 al 15 de diciembre de 2004. Basado en gran parte en material proporcionado por nuestras embajadas, organizaciones no gubernamentales y relatos presentados para estos Informes por Países, este compendio separado se preparó de conformidad con una disposición legislativa aparte.

En las Repúblicas Checa y Eslovaca continuó la discriminación contra la población gitana, aunque ambos gobiernos se esforzaron por mejorar la situación recurriendo a medidas como la revisión de normas jurídicas y la contratación de gitanos para servir de enlaces entre la comunidad y las fuerzas de policía o de ayudantes sanitarios.

En Croacia, la restitución de la propiedad a la mayor parte de los refugiados serbios ha mejorado considerablemente, aunque los obstáculos al regreso de grupos minoritarios siguieron siendo un problema. En Kosovo, se registraron actos de violencia contra la población serbia y contra minorías no serbias durante dos días de disturbios en marzo, lo que puso de relieve la continua fragilidad de los derechos de las minorías en esa región.

En Tailandia, el historial del gobierno en cuestión de derechos humanos estuvo empañado por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra disidentes musulmanes en el sur del país. El 28 de abril, efectivos de las fuerzas militares y de la policía dieron muerte a más de 100 personas mientras rechazaban ataques de los separatistas musulmanes en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. El 25 de octubre, 78 musulmanes detenidos murieron asfixiados cuando eran trasladados a un campamento del ejército en camiones en los que habían sido hacinados por las fuerzas militares y de policía.

En Afganistán e Iraq, las mujeres hicieron adelantos sin precedentes en el ejercicio de sus derechos políticos al votar, ocupar cargos públicos y presentarse como candidatas a elecciones. En educación y otros sectores también realizaron importantes adelantos hacia el logro de derechos fundamentales. En Pakistán se han establecido comisarías de policía especiales para mujeres, con personal exclusivamente femenino, en respuesta a las quejas presentadas por mujeres, que aseguraban haber sido víctimas de abusos mientras estaban en custodia. Por otra parte, si bien los asesinatos por honor continuaron en Pakistán, una nueva legislación endureció las penas por estos delitos y se modificaron los procedimientos penales por las leyes de blasfemia y las ordenanzas de Hudood para limitar los abusos.

En una serie de países, uno de los principales problemas en relación con el abuso de mujeres y niños es la inacción del Estado en cuanto a combatir vigorosamente las condiciones que dan lugar a la trata de mujeres y niños.

En Birmania, mujeres y niñas de las aldeas fueron víctimas de la trata con fines de prostitución en paradas de camiones, aldeas de pescadores, pueblos fronterizos y campamentos mineros y militares. Como parte de la trata, hombres, mujeres y niños birmanos son también enviados a otros países. La mala gestión económica del gobierno y las políticas de trabajos forzados agravan la situación.

En los Emiratos Árabes Unidos, mujeres y niñas son destinadas a la prostitución y el servicio doméstico, y los niños jóvenes son explotados como jinetes de camellos. En un documental reciente sobre jinetes de camellos se señala la tierna edad a la que a menudo comienza el abuso, las duras condiciones que pueden conducir a lesiones graves o a la muerte y la malnutrición y el abuso sexual y físico que sufren a manos de sus empleadores. El gobierno se ha comprometido a adoptar algunas medidas de limitada eficacia contra estas prácticas.

La promoción estatal del turismo da pábulo a los intereses depredadores que fomentan el turismo del sexo y la explotación sexual de niñas menores para la prostitución en Cuba.

El auge del sector del petróleo en Guinea Ecuatorial contribuye a hacer del país un punto tanto de tránsito como de destino de la trata de mujeres con fines de prostitución.

El número de ciudadanos indios que la trata ha llevado a trabajos forzados y al comercio sexual se calcula en millones, además de los millares de nepalíes y bangladeshíes que han sido forzados a la servidumbre sexual en la India, víctimas de la trata. La trata de personas en India es un grave problema, que facilitan y en el que participan algunos funcionarios del gobierno. Aunque la India continúa sin dar una respuesta nacional con la adopción y aplicación de leyes a este problema de la trata de seres humanos, se han observado ciertas mejoras en algunos estados, y el gobierno central se ha comprometido recientemente a establecer y aplicar una política nacional contra la trata.

La violencia y discriminación contra grupos vulnerables siguió siendo un problema en Tanzania. En agosto, la isla semiautónoma de Zanzíbar criminalizó la homosexualidad y estableció graves penas en su territorio insular semiautónomo. En el territorio continental de Tanzania, cuatro millones de mujeres y niñas han sido víctimas de la mutilación genital. Pese a existir una ley que criminaliza parcialmente la práctica, la policía rara vez la ha aplicado, y la edad media a la que se somete a ella a las niñas parece haber disminuido, en un intento de evitar la detección.

Derechos laborales:

En Iraq, el ejercicio de los derechos laborales siguió siendo limitado, en gran parte debido a la violencia, el desempleo y a leyes y estructuras institucionales laborales mal adaptadas, aunque, con asistencia internacional, para fines de año se podían observar algunas mejoras. Según la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, con sede en Bruselas, los trabajadores informaron de que estaban organizando sindicatos en lugares de trabajo, donde estaban prohibidos con arreglo a la legislación del régimen anterior, y revitalizando estructuras sindicales anteriormente controladas por el partido Ba'ath. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prestó asistencia técnica a Iraq a lo largo del año para ayudarle a conciliar su legislación laboral con las normas laborales internacionales, reconstruir la capacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, establecer servicios de empleo de emergencia y organizar programas de capacitación y desarrollo de aptitudes.

En abril, una comisión de investigación nombrada de conformidad con el Artículo 26 de la Constitución de la OIT visitó Belarús para investigar una queja de que el gobierno estaba violando sistemáticamente sus obligaciones con arreglo a las convenciones fundamentales de la OIT sobre libertad de asociación y protección del derecho a organizarse y negociar colectivamente, que había ratificado. En el informe de la comisión, publicado en octubre, se llegaba a la conclusión de que el movimiento sindical del país estaba sujeto a considerable injerencia gubernamental. La comisión recomendó que el gobierno adoptara todas las medidas necesarias para registrar a los sindicatos independientes, enmendar leyes y decretos que restringían la libertad de asociación, proteger a los sindicalistas independientes de la discriminación antisindical y difundir las conclusiones y recomendaciones de la comisión. Se declaraba que la mayor parte de estas recomendaciones se debían adoptar, a más tardar, para junio de 2005.

Bajo el liderazgo del presidente Bush, Estados Unidos ha dado un paso al frente, junto con sus aliados democráticos, para reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la democracia. Nos basamos en el principio de que los países gobernados por pueblos libres serán la piedra angular del establecimiento de un mundo más pacífico para todos. La ejecución de nuestro deber democrático depende de la determinación y pasión de sus promotores. Esperemos que los siguientes informes por países sirvan de indicador del progreso logrado y de guía de las tareas que quedan por hacer.


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