Carta de diversas agrupaciones de perseguidos políticos a los ministros del interior, relaciones exteriores y al vice comandante en jefe del ejército (10 de abril de 1980)
Al Ministro de Interior
señor Sergio Fernández
Al Ministro de Relaciones Exteriores
señor Rene Rojas
Al Vice Comandante en Jefe del Ejercito
señor Washington Carrasco
Presente
De nuestra consideración:
Ante el conjunto de hechos que se han venido sucediendo en estos primeros meses del año en curso, y que dicen relación con graves situaciones represivas que afectan a innumerables personas y al pueblo chileno, los abajo firmantes, hemos creído necesario levantar nuestra voz de protesta y de exigencia de término de estas prácticas represivas como métodos para enfrentar la oposición política y la disidencia ideológica.
Nos dirigimos al Gobierno a través del señor Ministro del Interior y del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por tratarse de las autoridades que tienen la responsabilidad directa en la conducción de la política interna y esterna del país, diseñada y ejecutada por el Gobierno, y, por tanto, las voces competentes para responder a los planteamientos y exigencias que formulamos. Nos dirigimos también a las FF.AA. a través del Vice-Comandante en Jefe del Ejército, porque creemos que los problemas que a continuación exponemos deben de profunda reflexión en el seno de las Fuerzas Armadas, considerando la responsabilidad tanto institucional como personal de algunos miembros de las actuaciones represivas llevadas a cabo en el país.
Las motivaciones que nos impulsan a referirnos a los graves hechos que se han venido produciendo como consecuencia de la intensificación de la represión por parte del Gobierno a través de los organismos de seguridad y de la policía, en contra de todo aquel que exprese su desacuerdo con las políticas del régimen militar, sólo están en relación con el deber moral que nos impone nuestra conciencia de no callar a las actuaciones que consideramos injustas e ilegales, que cada vez más ahondan el quiebre de los valores y principios propios de la Nación chilena.
Como es el conocimiento de todos, con el advenimiento del Gobierno Militar el 11 de septiembre de 1973, en nuestro país se implantó un régimen en lo económico, político y social inspirado en las directrices de la teoría de la Seguridad Nacional, que ha traído como consecuencia al país el rompimiento de la institucionalidad hasta entonces vigente, que ha significado tanto para la vida del mismo, como para la de cada ciudadano, que ésta se desarrolle en un marco de anormalidad insitutcional que se caracteriza por la permanente e indefinida vigencia del Estado de Emergencia, que entrega facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en materia de de restricción del ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos de los ciudadanos, se ha ido generando toda una estructura jurídica que entrega omnímodos poderes a esta misma autoridades para reprimir por distintas modalidades a quienes osen exigir sus Derechos como ciudadanos, expresen opiniones discrepantes al régimen o a su legalidad , o se opongan a las prácticas represivas y violentas que utilizan los organismos de seguridad y la policía en sus actuaciones de represión.
Esta situación de anormalidad institucional, además de otras causas, ha determinado una trágica realidad que nuestro país no había vivido en toda su historia patria, cual es la puesta en práctica de una política de verdadero terrorismo institucional, que en estos seís años y medio de régimen militar se muestra en su más violenta expresión, en los cientos de ejecutados, miles de exiliados, cientos de detenidos desaparecidos, además de miles de hombres y mujeres que han conocido la tortura y la cárcel, los allanamientos de sus hogares y la persecución más implacable por el solo hecho de participar de ideas contrarias e incompatibles con el sistema estructurado sobre la base de la doctrina de Seguridad Nacional.
Todas estas prácticas represivas se tratan de justificar con el planteamiento de que nuestro país habría vivido una verdadera guerra civil. Y que el costo de tal guerra serían los problemas antes enumerados. Chile no ha vivido una guerra civil. El pueblo de Chile ha sido agredido en múltiples formas y a sus ciudadanos se les califica de amigos o enemigos de la Patria según sau acatamiento y compromiso al Gobierno Militar. "Enemigos", "guerra civil", se va estructurando todo el aparataje de Decretos Leyes y Decretos Supremos que le dan un barniz legal a un sistema represivo coherente con los objetivos económicos y políticos que defienden, pero altamente atentarorios a los Derechos Fundamentales de cada ciudadano y a los intereses generales de la Patria. Como consecuencia de lo anterior, nunca antes Chile vivió una división más profunda como Nación. Nunca antes Chile vivió un tan hondo aislamiento internacional. Nunca antes Chile estuvo expuesto a las ofensas y a la humillación internacional.
- En Construcción