Los linchamientos: un flagelo que persiste

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Informe de Verificación


LOS LINCHAMIENTOS: UN FLAGELO QUE PERSISTE



MINUGUA
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
Julio de 2002


I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO GENERAL[editar]

1. Desde 1996, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) ha venido realizando un detallado estudio de los intentos y casos consumados de linchamiento ocurridos en Guatemala. Los resultados de la verificación efectuada han sido recogidos en los informes sobre derechos humanos de la Misión y en un informe de verificación temático, publicado en diciembre de 2000, que buscaba aportar elementos iniciales para la reflexión y comprensión del fenómeno, así como para su adecuada atención por el Estado y la sociedad.

2. Como señala el presente informe, situaciones de origen histórico, como la exclusión y la cultura de violencia heredada del conflicto armado, junto con la deficiente respuesta de los organismos del Estado provocan que los linchamientos sigan existiendo impunemente, con una aceptación cada vez mayor entre algunos sectores de la población. Las características del fenómeno y la inacción estatal ante estos actos lo convierten en una fuente central de transgresiones a los derechos fundamentales y una de las manifestaciones más claras del deterioro de la situación de los derechos humanos. La ausencia de una política para prevenir y combatir los linchamientos y de medidas concretas para fortalecer las instituciones encargadas de su prevención y de la persecución de sus autores, así como la amplia impunidad de los mismos, facilitan que cada vez más su ejecución sea planificada, incluso contra autoridades y operadores de justicia. No obstante, la Misión también ha constatado un mayor número de casos donde la intervención oportuna de la PNC y de algunas autoridades locales ha logrado disuadir a los linchadores de su conducta, evitando un resultado más trágico.

3. Los linchamientos y la violencia tumultuaria constituyen también un riesgo para la gobernabilidad en las regiones donde es mayor su incidencia. Con relativa frecuencia algunos liderazgos sociales, a nivel local, regional y nacional, comparten abiertamente este recurso a la violencia de las comunidades a las que pertenecen o representan o, en su defecto, guardan absoluta pasividad ante este tipo de sucesos por temor a perder el apoyo de sus bases o representados. Junto con los linchamientos consumados, la violencia tumultuaria también se expresa en los casos donde la población recurre a la amenaza del linchamiento para llamar la atención de las autoridades o exigir su renuncia, impedir el cumplimiento de órdenes judiciales o la aplicación de la ley, así como situaciones donde se producen daños materiales, como la destrucción de estaciones de policía o edificios municipales.

4. El presente documento retoma el tema de los linchamientos con el fin de aportar nuevos elementos para reflexionar y profundizar sobre sus causas reales y posibles soluciones. Con este informe, MINUGUA, ante la falta de medidas concretas para prevenir y erradicar este flagelo, desea hacer un nuevo llamado a la sociedad guatemalteca en su conjunto, y a sus autoridades en particular, para que no se retrase más la adopción de dichas medidas.

Dimensiones del fenómeno de los linchamientos
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Casos de linchamientos 35 78 67 105 61 75
Linchamientos con resultado de muerte 14 18 29 26 16 13
Número total de víctimas 47 110 127 236 138 189
Víctimas mortales 23 30 54 48 33 27
Fuente: Base de datos de MINUGUA


5. Durante el año 2001 han continuado los linchamientos y actos de violencia tumultuaria, tanto espontáneos como planificados, que cuestionan seriamente la gobernabilidad en varios municipios del país. A efectos del presente informe sólo se han considerado como linchamientos los hechos de violencia tumultuaria contra las personas, independientemente del número de víctimas y que el resultado de los mismos conlleve o no a su muerte. El gráfico adjunto muestra la evolución del fenómeno desde 1996 hasta el 31 de diciembre de 2001.

6. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001 se registraron 75 linchamientos o tentativas de linchamiento, con 189 víctimas, de las cuales 27 fallecieron. La tendencia decreciente en el número de casos y de víctimas que se produjo durante el año 2000 se revirtió. En el 2001 el número de linchamientos registrados aumentó en un 22% y el número de víctimas en un 47.6% en comparación con el año anterior. Se debe mencionar como un importante logro que ha seguido decreciendo el número de víctimas mortales, debido fundamentalmente a exitosas y decididas intervenciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

7. Desde 1996 la Misión ha registrado 421 casos, con 817 víctimas, de las cuales 215 fallecieron. Estas cifras, aún siendo muy altas, con certeza son inferiores a las reales. Ello se debe a que existe un número de casos de los cuales no se tuvo conocimiento lo que, unido a la ausencia de registros rigurosos en la PNC y los órganos de justicia, impide disponer de cifras que reflejen de forma más exacta la dimensión del problema.

8. Desde 1996 y en cuanto a su distribución geográfica, los departamentos más afectados por los linchamientos son Alta Verapaz (76 casos) y Quiché (71), seguidos de Guatemala (52), Huehuetenango (37), San Marcos (31) y Petén (29). A nivel municipal, la Misión tiene registrados casos en 140 de los 330 municipios del país. No obstante, los municipios más afectados en los tres últimos años han sido San Pedro Carchá (19), Cobán (16) y Chisec (9) en Alta Verapaz; Sayaxché (12) en Petén, Ciudad de Guatemala (12) e Ixcán (10) y Chichicastenango (7) en Quiché. Estos siete municipios concentran el 30% de los casos registrados entre 1999 y 2001 y el 49% de las víctimas mortales.


II. LAS CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO DE LOS LINCHAMIENTOS[editar]

Los linchamientos y los niveles de desarrollo humano[editar]

9. El sistema de las Naciones Unidas en Guatemala elabora anualmente un informe sobre la evolución de la situación del desarrollo humano en Guatemala. Para medir ese desarrollo utilizan varios índices, entre ellos el de Desarrollo Humano (IDH) que combina tres componentes: esperanza de vida, educación e ingresos por persona. Un análisis comparativo evidencia que, salvo algunas excepciones, los departamentos con mayor incidencia del fenómeno de los linchamientos tienen los IDH más desfavorables. Esta relación con el IDH global y otros índices vinculados, como el porcentaje de pobreza general y tasa de alfabetismo, es mucho mayor cuando se comparan los municipios donde cuatro o más personas fallecieron linchadas desde 1996, conforme al cuadro adjunto:

Muertos por linchamiento** Índice de Desarrollo* % de Pobreza* Tasas de alfabetismo*
REPÚBLICA DE GUATEMALA 215 0.61 54.3 69.8
QUICHÉ 51 0.53 81.1 46.5
Zacualpa 6 0.52 85.9 45.0
Santo Tomás Chichicastenango 11 0.53 85.8 48.4
Joyabaj 9 0.50 84.4 40.3
Ixcán 9 0.54 82.7 51.1
ALTA VERAPAZ 36 0.55 76.4 48.7
Cobán 8 0.61 61.0 59.8
San Pedro Carchá 10 0.55 78.0 47.3
Chisec 7 0.53 84.5 44.3
Fray Bartolomé de las Casas 6 0.54 84.1 48.4
HUEHUETENANGO 21 0.56 77.8 58.4
San Sebastián Coatán 4 0.52 76.4 45.0
Santa Cruz Barillas 4 0.55 75.5 56.4
SAN MARCOS 18 0.54 86.7 66.5
Comitancillo 5 0.46 98.8 56.4
Ixchiguán 6 0.49 97.2 62.9
PETÉN 27 0.61 59.3 68.4
La Libertad 5 0.59 68.1 66.8
San Luis 9 0.55 71.4 53.6
Sayaxché 10 0.57 69.7 58.5
TOTONICAPAN 12 0.49 85.6 56.7
Momostenango 4 0.46 95.2 54.4
Santa Lucía La Reforma 5 0.41 96.6 38.0
BAJA VERAPAZ 8 0.59 71.6 58.1
Purulhá 5 0.50 77.9 32.9
* Fuente: Informe de desarrollo humano 2001 “Guatemala: El financiamiento del desarrollo humano”
** Fuente: Base de datos de MINUGUA

10. La casi totalidad de los municipios que aparecen en el cuadro anterior tienen un IDH menor a la media nacional y están entre los municipios con los niveles de desarrollo humano más bajos en comparación con los del resto del departamento al que pertenecen. En algunos casos como Purulhá, en Baja Verapaz, San Luis, Sayaxché y La Libertad en Petén, o Comitancillo en San Marcos, son los municipios más pobres de su departamento. Más de la mitad de los municipios tienen tasas de pobreza superiores al 82%, es decir, 8 de cada 10 de sus habitantes se hallan en situación de pobreza o pobreza extrema. Las tasas de alfabetismo son muy inferiores a la media nacional y muchos tienen un 20% y un 30% más de analfabetos que la media del país. La única excepción es Cobán, porque incorpora índices de desarrollo más favorables de la cabecera departamental, pero todos los casos de linchamiento con resultado de muerte ocurrieron lejos de la cabecera y por tanto en lugares con características similares al resto de los municipios mencionados.

11. Del análisis de los casos se puede afirmar que las probabilidades de que una víctima de un linchamiento pierda la vida o sufra graves heridas aumentan en la medida que el hecho se produzca lejos de las cabeceras departamentales. Así, durante el año 2001, casi todos los casos con víctimas fatales sucedieron en lugares con débil presencia estatal, de difícil acceso y con importantes carencias de infraestructura (caminos, comunicaciones, etc.), donde la demora en conocer los hechos y el tiempo necesario para desplazarse hasta el lugar por las autoridades limita su capacidad de reacción. Por el contrario, en ciudad de Guatemala, a pesar de ser el lugar donde más casos se han registrado desde 1996 (34 en total), sólo en una ocasión fallecieron las víctimas, mientras que en Fray Bartolomé de las Casas (Alta Verapaz) o Sayaxché (Petén) casi la mitad de los linchamientos registrados terminaron con la muerte de las víctimas.

Las víctimas y los móviles de los linchamientos[editar]

12. De acuerdo con los casos registrados por MINUGUA, de un total de 552 víctimas de las que se dispone de información, la amplia mayoría son hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Durante los últimos tres años, 24 eran menores de edad, de los cuales ocho tenían menos de 16 años. En dicho período 17 víctimas fueron mujeres y en tres casos eran extranjeros.

13. En cuanto a los supuestos móviles se ha podido establecer que en un 55% de los casos registrados se atribuyó a las víctimas la participación en delitos contra el patrimonio. Este porcentaje aumenta ligeramente cuando se refiere exclusivamente a los casos ocurridos en los departamentos más afectados por el fenómeno de los linchamientos y que en numerosas ocasiones el bien afectado por el delito es de escaso valor. Por el contrario, los delitos contra la vida habrían sido el supuesto móvil en un 9.2% de los casos, las lesiones en el 4.9%, la violación sexual o intento de violación en el 3.7% y el secuestro en el 2.3% de los casos. Debe ser motivo de reflexión y alerta que la tercera causa más invocada para justificar el linchamiento es el descontento con la actuación de las autoridades (funcionarios municipales, policía, operadores de justicia), presente en el 5.9% de los casos. Otros móviles registrados son la simple presunción de que las víctimas serían delincuentes (4.2%), los accidentes de tránsito y los conflictos de tierras (1.8% cada uno). En menor medida se invocan problemas de agua, actos de hechicería, tala de árboles, etc. Usualmente los casos en que las víctimas son extranjeros se relacionan con rumores sobre rapto de niños. En un 6.5% de los casos no fue posible establecer el móvil.

14. Esta reacción violenta de un importante número de habitantes frente a delitos que no tienen aparentemente un grave impacto social, en zonas con índices delictivos registrados inferiores a la media nacional, estaría relacionada, entre otras causas, con los índices de pobreza. Como antes se indicó, muchos de los lugares más afectados por los linchamientos tienen índices de pobreza superiores al 70% u 80%, lo que implica que más de la mitad de la población vive en situación de pobreza o extrema pobreza. En este contexto, los reiterados pequeños delitos contra el patrimonio, considerados leves por el derecho positivo, pueden alcanzar un gran impacto en las comunidades y ponen en evidencia la falta de herramientas institucionales para resolver estos conflictos reales. No es posible descartar que la frustración y el sentimiento de desprotección que genera la falta de servicios básicos y de esperanza en un futuro mejor se cristalice en torno a la problemática de la delincuencia.

15. Durante el 2001 se confirmó que cada vez son más frecuentes los casos de linchamiento planificados, especialmente cuando las víctimas fallecen o quedan con graves lesiones. Así mismo han aumentado los casos donde la verificación evidenció que el motivo aducido para el linchamiento era completamente falso y tras él se escondían otros intereses personales, económicos o comunitarios, muestra del nivel de manipulación que está alcanzando este fenómeno.

Los linchamientos y el conflicto armado interno[editar]

16. Un análisis comparativo de las características de los linchamientos con algunos aspectos del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), “Guatemala: Memoria del Silencio”, revela importantes coincidencias que merecen destacarse tales como la correlación entre las violaciones a los derechos humanos en las zonas más afectadas por el conflicto armado y los linchamientos que se producen en ellas y las similitudes entre el comportamiento de los actores del conflicto y los autores de los linchamientos.

17. Así, según la CEH, en cuanto a la distribución geográfica, en los siete departamentos más afectados por el conflicto armado se produjeron el 88% de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia, así como el 92% de las masacres. Coincidentemente en estos mismos lugares han acaecido el 64% de los linchamientos e intentos de linchamiento registrados, el 75% de los linchamientos con resultado de muerte y el 79% del total de las muertes producidas por linchamientos en los últimos seis años, tal y como se puede observar en el cuadro siguiente:

Porcentaje de violaciones de DDHH* Masacres* Linchamientos** Linchamientos con resultado de muerte** Víctimas fatales**
Quiché 45.52 % 344 71 24 51
Huehuetenango 15.6 % 88 37 12 21
Alta Verapaz 9.45 % 61 76 22 36
Chimaltenango 6.72 % 70 21 6 9
Baja Verapaz 4.54 % 28 8 4 8
Petén 3.09 % 13 29 11 27
San Marcos 2.89 % 15 31 8 18
Total y % en relación con el total nacional 87.81 % 619 (92%) 273 (64%) 87 (75%) 170 (79%)
Cifras totales de Guatemala 100 % 669 412 116 215
* Fuente: Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)
** Fuente: base de datos de MINUGUA

18. Si se compara a nivel municipal se obtienen resultados similares. Según la CEH, algunos de los municipios en los que se registró el mayor número de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado son Ixcán, Uspantán, Chiché y Chichicastenango (Quiché), Rabinal (Baja Verapaz) y San Martín Jilotepeque (Chimaltenango). En todos ellos se han producido linchamientos o intentos de linchamiento entre 1996 y 2001, algunos con cifras muy elevadas, como Ixcán y Chichicastenango con 14 y 9 casos respectivamente y un total de 24 y 22 víctimas, de las cuales 9 y 11 fallecieron.

19. También se ha registrado un importante número de linchamientos en tres de las cuatro regiones geográficas en las que la CEH concluyó que agentes del Estado de Guatemala ejecutaron actos de genocidio (Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz). Por ejemplo, sólo en Barrillas se han producido siete casos con un total de cuatro muertos en los últimos seis años y en la región Maya-K’iche’ de Joyabaj, Zacualpa y Chiché, en cinco años, entre 1996 y 2000, se registraron al menos 18 casos con 17 víctimas fatales.

20. De acuerdo con la CEH, algunos de los fenómenos más característicos del enfrentamiento armado en Guatemala fueron la gran cantidad de operaciones militares en las que se perpetraron masacres contra la población indefensa (p. 3052), la participación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los comisionados militares como forma de involucrar a la población civil y el uso deliberado del terror ejemplificante a través de actos de extrema crueldad (p. 3086). Una gran parte de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas con ensañamiento y en forma pública, especialmente en las comunidades mayas del interior. El informe agrega que el terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena causal y en la ejecución efectiva de las atrocidades (conclusiones 46 y 47).

21. Conforme a la CEH, el involucramiento de la población civil en operaciones armadas mediante la organización de las PAC fue parte de la estrategia contrainsurgente del Estado (p. 1375). Según cifras oficiales del Ejército, en 1982 había un millón de patrulleros civiles (p. 1291) con un entrenamiento que incluía combate individual, patrullas, inteligencia, captura e interrogación de prisioneros, uso de armamento y guerra ideológica (p. 1326). En la actualidad muchos de ellos viven en sus comunidades de origen, junto con otras personas que en su momento fueron comisionados militares y/o prestaron servicio militar. En el entrenamiento del soldado eran esenciales los malos tratos, abusos y golpes (p. 2625). La Misión ha constatado que en numerosos casos estas personas son las que instigan y/o ejecutan el linchamiento, con procedimientos similares a los aplicados durante el conflicto, tal como se aprecia en los siguientes párrafos al comparar situaciones descritas en el informe de la CEH con los resultados de la verificación.

22. Según la CEH, las formas en que operaban los patrulleros no eran otras que los métodos y técnicas empleadas por el Ejército, lo que incluía la comisión de violaciones a los derechos humanos (p. 1346). Hoy en día, conforme se describe en este apartado, en los linchamientos se observa la aplicación de estos mismos métodos contra los supuestos delincuentes.

El 8 de febrero de 2001, en Sayaxché, Petén, vecinos de varias comunidades ante la noticia de un asalto se reunieron y se organizaron en patrullas hasta lograr la captura de tres supuestos delincuentes, dos de ellos menores de edad. Posteriormente fueron torturados y finalmente ejecutados con armas de fuego en Santa Rosa, dejando los cadáveres tirados a la vera del camino.

23. El informe de la CEH estableció que durante el enfrentamiento armado los rastreos fueron una técnica utilizada por el Ejército para las operaciones contrainsurgentes, en la cual emplearon a las PAC (p. 1348). Por otro lado, dentro de las actividades de vigilancia y control de las PAC se incluía la facultad de detener a las personas que consideraban sospechosas (p. 1299), potestad que también ejerció el Ejército indiscriminadamente. A veces los patrulleros decidían la muerte de los presuntos guerrilleros y en otros casos el Ejército obligaba a los mismos patrulleros a ejecutar a los sospechosos (p1354-55). Actualmente, ante la noticia de un delito, las comunidades se organizan y realizan rastreos. De hecho, en la mayoría de los linchamientos las víctimas son detenidas ilegalmente, al no existir orden de captura ni ser sorprendidas in fraganti, incluso en numerosas oportunidades la detención se basa en meras sospechas o falsas acusaciones. En ocasiones las víctimas han sido buscadas y capturadas en sus viviendas y posteriormente ejecutadas.

El 24 de agosto de 2001, en Jolomijix 2, Panzós, Alta Verapaz, se produjo un asalto por tres personas no identificadas en el que falleció José Coc. Vecinos de varias aldeas iniciaron el rastreo de los asaltantes hasta llegar a la comunidad de Jolomijix 5, donde comenzaron a revisar casa por casa. En la casa de Guillermo Quileb encontraron un pantalón embarrado de lodo, hecho que asumieron como prueba de su participación en el asalto. En cada una de las casas revisadas la turba ocasionó destrozos y agredió físicamente a los moradores. Finalmente detuvieron a Guillermo Quileb y a Mario Laaj, a quienes trasladaron hasta el centro de Jolomijix 1. En este lugar también detuvieron a José Rax, a quien acusaron de ser miembro de la banda de asaltantes. A ninguno de los tres detenidos se les encontró evidencias ni se les permitió defenderse. Fueron amarrados y golpeados, al mismo tiempo que la multitud impedía que fueran entregados a las autoridades. Finalmente les rociaron de gasolina y les prendieron fuego, momento en el que intervino la PNC. Dos de las tres víctimas fallecieron a consecuencia de las quemaduras. Si bien el motivo aducido para el linchamiento fue la muerte de José Coc durante el asalto, la verificación evidenció intereses comerciales (rivalidades en la venta de cardamomo entre las víctimas y algunos instigadores) y problemas de tierras entre las comunidades de Jolomijix 2 y Jolomijix 5.

24. De acuerdo con la CEH, algunas veces los patrulleros llevaban al centro de la aldea a los capturados y ellos mismos decidían que hacer con ellos (p. 1356) “Los capturamos y los amarramos, se hizo una consulta para ver lo que hacíamos. Unos estaban de acuerdo en llevarlos al destacamento, pero la mayoría dijo que no y que los dejáramos en la aldea. Ese día los patrulleros empezaron a golpearlos, los mataron a patadas y golpes”. (Caso 5556, 1982, Concepción Huista, Huehuetenango).

El 15 de julio de 2001, un camión fue asaltado en San Joaquín, San Luis, Petén. Enterados los vecinos se organizaron y detuvieron a uno de los implicados, menor de edad, que fue entregado a la PNC después de dar los nombres de cuatro personas que le acompañaron en el robo. Ante esta información los habitantes de varias comunidades cercanas persiguieron a los acusados, quienes fueron capturados en las horas siguientes y llevados a La Isla, San Luis. En ese momento había más de 2,000 personas reunidas en la aldea y comenzaron a torturar a los detenidos, para que dieran los nombres de los demás miembros de la banda. Otras cuatro personas fueron delatadas, capturadas en sus casas y trasladadas al centro de la comunidad. “La multitud pidió que estas personas fueran matadas. Entonces algún alcalde auxiliar dijo que era mejor entregarlas a las autoridades y ellos dijeron que si los entregaban en días estarían fuera... y le culparon de ser parte de ellos. Y algunos lo golpearon [al alcalde auxiliar] y lo sacaron de allí. La multitud decidió echarles al fuego. La multitud quemó las armas que tenían con ellos para quemarlo todo y que se acabe todo con ellos”. Finalmente las ocho víctimas fueron quemadas en presencia de cientos de personas.

25. El informe de la CEH señala que en ocasiones los patrulleros capturaban a las víctimas y las sometían a fuertes interrogatorios bajo torturas físicas y las ejecutaban de manera colectiva. Estos hechos eran cometidos incluso frente a vecinos de la comunidad y los patrulleros no atendían las súplicas de los familiares de las víctimas para liberarlos (p. 1358). Este patrón de hacer de la tortura un elemento para lograr confesiones y probar autorías se repite actualmente en los linchamientos.

El 10 de marzo de 1999, robaron en una vivienda del caserío Patzalam, Chocoamán, Santa Cruz del Quiché, Quiché. Uno de los sospechosos fue capturado, fuertemente golpeado en la cara y el cuerpo y amenazado con quemarle. La víctima reveló los nombres de varios supuestos cómplices y fue entregado a la PNC. Al día siguiente un grupo de personas detuvo en su domicilio a otras dos personas, delatadas el día anterior y las roció con gasolina. La llegada de efectivos de la PNC impidió que fueran quemados.
El 6 de mayo de 2001, dos jóvenes fueron detenidos cuando caminaban por las calles de Chirriacté, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, acusados del robo de tres bicicletas. Algunos vecinos les golpearon, mientras que otros amenazaban con quemarles con gasolina. “Nosotros no robamos esas bicicletas, pero por miedo que nos iban a linchar dijimos que las habíamos vendido”. La oportuna intervención de la PNC evitó que el linchamiento se consumara.

26. De acuerdo al informe de la CEH, los miembros del Ejército utilizaban mecanismos de terror masivo para ejemplificar ante la comunidad lo que sucedería a quienes apoyaran a la guerrilla (p. 1366). Nunca hubo proporcionalidad entre la acción realizada y la grave pena impuesta. Durante el enfrentamiento armado tener diferentes ideas o negarse a patrullar podrían ser motivos suficientes para sufrir terribles castigos. Este mensaje ejemplarizante es el que hoy intentan transmitir los responsables de los linchamientos a todos sus vecinos respecto del involucramiento en actividades delictivas. Actualmente pequeños robos son el motivo fundamental que provoca los linchamientos. Lo importante es el impacto de la violencia sobre la población y que ésta lo acepte como un mal necesario y como un disuasivo frente a potenciales guerrilleros antes o supuestos delincuentes ahora.

El 20 de octubre de 2001, por la noche, en la Cooperativa Matanzas, Purulhá, Baja Verapaz fueron detenidas tres personas, una de ellas menor de edad, acusadas de robar dos cajas de bebidas gaseosas, dos quintales de concentrado y varios productos de una tienda. Al día siguiente, al mediodía, fueron ahorcados y posteriormente quemados delante de sus esposas, hijos y varios cientos de vecinos. Entre los instigadores estaban algunos hombres que habían realizado el servicio militar y varios cabecillas afirmaron “era necesario terminar de raíz con el mal”.
El 25 de septiembre de 2000, vecinos de Pueblo Nuevo, Ixcán, Quiché, detuvieron al presunto ladrón de un caballo y le interrogaron. Al día siguiente autoridades y numerosos efectivos de la policía se hicieron presentes en el lugar y comenzaron las negociaciones para la entrega del detenido, mientras que alrededor de 1,500 personas, en su mayoría mujeres y niños, se encontraban en el centro de la comunidad. No obstante, a las nueve de la noche, se apagó la luz y el acusado fue empujado hacia la muchedumbre, donde varias personas le golpearon y asfixiaron con una soga, sin que la PNC pudiera intervenir. El cadáver quedó abandonado en el centro de la comunidad y un vecino con un altavoz llamó a los jóvenes diciendo “vengan a ver el muerto para que desde niños aprendan a no robar porque van a tener un final igual y que les sirva de ejemplo”.

27. De acuerdo con la CEH, no siempre en las ejecuciones se utilizaban armas de fuego. La muerte a garrotazos y golpes o la utilización de cuerdas o lazos para ahorcar y colgar a las víctimas fue una práctica realizada con frecuencia. Incluso se niega a los familiares la posibilidad de cumplir con los ritos funerarios o se queman los cadáveres en un acto último de ensañamiento. Varios de los casos de linchamiento registrados en los últimos años responden a este patrón. Antes como ahora, no se trataba de ejecuciones cometidas por unas pocas personas en privado. Por el contrario, se primó que estuviera presente la comunidad, incluidos los familiares, y que todos fueran testigos de los niveles de crueldad, primero en la tortura y posteriormente en la ejecución.

El 28 de noviembre de 2000, cerca de la aldea Las Conchas, Cobán, Alta Verapaz, el comerciante Julián Yat fue asesinado y despojado de sus pertenencias. Vecinos de comunidades cercanas, organizados por sus alcaldes auxiliares, iniciaron un rastreo y capturaron a cinco personas, que fueron trasladadas a Las Conchas. Ahí se levantó una acta donde consta que por decisión mayoritaria serían linchados y en presencia de varios cientos de personas, incluidos los automovilistas que pasaban por el lugar, fueron golpeados, rociados con gasolina y quemados. Aparentemente tres de las cinco víctimas aún estaban con vida cuando fueron incineradas.

28. En los actuales casos de linchamiento, como en la época del enfrentamiento armado interno, no era importante probar la responsabilidad y en ambas épocas numerosos inocentes fueron ejecutados. En ocasiones incluso las motivaciones eran sólo venganzas o intereses personales que se disfrazaban bajo falsas acusaciones.

El 3 de julio de 2001, en el Cantón Chipaca 1, Chichicastenango, Quiché, dos jóvenes estaban jugando tirándose piedras, cuando una de ellas impactó cerca de un vehículo. Los ocupantes del automóvil descendieron y les acusaron de asaltantes, al tiempo que comenzaron a vapulearles y a llamar a otros vecinos, algunos de los cuales también les golpearon. Uno de ellos extrajo gasolina del vehículo y roció a uno de los jóvenes, que se salvó de que le prendieran fuego gracias a la llegada de la PNC. Los dos jóvenes tuvieron que ser hospitalizados como consecuencia de las fracturas sufridas. La verificación evidenció que la acusación de asalto era falsa y que detrás del intento de linchamiento estaba la rivalidad por el transporte de personas entre los instigadores y las víctimas, pues ambos tenían idéntica ocupación.

29. La impunidad es un fenómeno sistemático y transversal en Guatemala. Ha sido una de las características de las violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado y sólo recientemente han comenzado algunos procesos contra los responsables. Respecto de los linchamientos, salvo excepciones, los procesos contra sus autores e instigadores no han avanzado sustancialmente o simplemente no existen. La amplitud y efectos de la impunidad en los linchamientos se exponen más adelante.

30. No obstante, pese a las relaciones y paralelismo entre los linchamientos y el enfrentamiento armado interno, se debe mencionar, como aspecto positivo, que la Misión no ha registrado casos por diferencias políticas o vinculación con alguna de las partes durante el enfrentamiento armado, circunstancia significativa si se tiene en cuenta que en las etapas posconflicto la violencia suele responder a venganzas o resentimientos producto de los conflictos vividos.

La legitimidad del poder civil[editar]

31. Debido a la histórica ausencia de un estado de derecho, en muchos sectores de la población no está presente como cauce normal para la resolución de conflictos el recurso de autoridad legítima e imparcial. El fin del enfrentamiento armado interno y consecuentemente un cierto repliegue del Ejército y la disolución de las estructuras contrainsurgentes, que por décadas controlaron las comunidades, no fue seguido de la instalación de nuevas instituciones democráticas, ni por la rearticulación de las relaciones de poder. En muchas comunidades el liderazgo fue asumido o retenido por individuos que aplicaron su experiencia en el ejercicio de la violencia a nivel de base, herencia de su actividad como soldados, patrulleros o comisionados militares durante el enfrentamiento armado. Hoy han constituido una suerte de redes, cuya actuación es favorecida por la falta de denuncia de sus crímenes pasados y por la deficiente respuesta del Estado, en particular a una demanda real y legítima de seguridad de las poblaciones y en general a las necesidades sociales.

32. Si bien la ausencia de una administración de justicia eficaz no explica por sí sola la existencia de los linchamientos, su erradicación depende en buena medida de la efectiva investigación y sanción de sus instigadores y autores por parte del Estado. El Estado de Guatemala ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo para tener una mayor presencia en el interior del país y reforzar los recursos humanos y materiales de las instituciones de justicia. Actualmente casi todos los municipios cuentan con estaciones de policía y juzgados de paz, se han creado numerosos centros de conciliación y ha aumentado el número de fiscales, defensores públicos y juzgados de primera instancia. El importante incremento de la cobertura institucional no ha tenido como correlato una disminución similar en el número de linchamientos, lo que alerta no sólo sobre la necesidad de un cambio cualitativo en los servicios que prestan estas instituciones, sino de insertarla dentro de una estrategia integral de lucha contra los linchamientos que surja del Estado y los liderazgos políticos y sociales.

33. La verificación de una gran cantidad de casos de linchamiento y violencia tumultuaria ha puesto de manifiesto que no es sólo un problema del número de operadores de justicia o de su presencia física, casi siempre limitada a las cabeceras municipales. De acuerdo con el informe de la CEH, la población quedó “en una situación de absoluta indefensión frente a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos, que ha reprimido o negado la protección de los derechos fundamentales” (p. 2635). La percepción de indefensión frente al delito y de corrupción de las autoridades se mantiene hoy en día y es esgrimida para no entregar a las autoridades a las personas detenidas por las comunidades.

En mayo del 2001, en Santa María Chiquimula, Totonicapán, varios alcaldes auxiliares mencionaron a la Misión que la “ley del linchamiento antes no existía, pero ahora como no funciona la justicia y hay muchos ladrones, se justifica”.
El 29 de septiembre de 2001, en el Cantón Cipresales, Aldea Paquix, Chiantla, Huehuetenango, una turba capturó y golpeó a tres hombres acusados de robo. Después de una negociación fueron entregados a la PNC, pero cuando les trasladaban a los vehículos policiales, la turba se abalanzó sobre ellos y fueron nuevamente capturados. Varias personas trajeron gasolina y se reiniciaron las negociaciones, pero la oportuna intervención de algunos vecinos y una fuerte lluvia permitió el rescate de los detenidos por la policía y su traslado al hospital. La población afirmó que sufrían muchos robos y que no confiaban en el sistema judicial, amenazando con quemarles si regresaban a la aldea.

34. Es imprescindible que las instituciones más cercanas a la población (juzgados, PNC y Ministerio Público) se fortalezcan como instituciones civiles y mejoren sustantivamente el cumplimiento de sus funciones de prevención, investigación y sanción, por ser condiciones básicas para alcanzar una mayor legitimidad social. Esto no será posible mientras que no se adopten una serie de medidas que acompañen su despliegue territorial, tales como la investigación y sanción de los funcionarios que incurran en delitos y actos de corrupción; la asignación de suficientes recursos humanos, económicos y materiales; el desarrollo de políticas de acercamiento a la población; el reconocimiento y fortalecimiento del derecho indígena en todas sus dimensiones, por cuanto es la opción más eficaz, cercana, rápida, económica y legítima de organización de amplios sectores de la sociedad; la implementación del peritaje cultural y la utilización de los idiomas indígenas en la administración de justicia; el reconocimiento por las autoridades que este crimen es un problema serio en el interior del país que exige atención y respuesta; y la adopción de medidas para una justicia efectiva en un plazo razonable. Las pocas veces que alguna de estas acciones se puso en marcha, sus efectos fueron inmediatos, como por ejemplo las negociaciones realizadas en idiomas indígenas para evitar el linchamiento de personas detenidas.

El 24 de mayo de 2001 se inauguró en El Estor, Izabal, el proyecto “Defensoría Q’eqchi” que se ocupará, entre otros temas, del desarrollo del derecho indígena y de potenciar el “Pacto de no linchar” suscrito por 12 comunidades. En las primeras semanas de trabajo fueron visitadas varias aldeas, donde las autoridades estatales nunca habían llegado, por una comisión formada por representantes de la municipalidad, la PNC, el Juzgado de Paz, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Defensoría Indígena. En una evaluación realizada el 5 de julio, aun cuando seguía habiendo problemas en las comunidades, los firmantes del pacto ya manifestaron su satisfacción con el trabajo desarrollado por el Juzgado de Paz y la PNC, porque se había establecido un canal de comunicación.

35. En la medida que no se trabaje para lograr esta legitimidad de las instituciones civiles, en contrapeso de otras que de hecho ejercen un fuerte poder, los linchamientos, los intentos y las amenazas de linchamiento seguirán siendo un fenómeno recurrente. Todo indica que mientras continúe la desconfianza y frustración, consecuencia de la difícil relación que la población tiene con un sistema de justicia oficial ineficaz y que en gran parte le es ajeno, las expresiones de violencia extralegal interiorizadas durante años de conflicto armado difícilmente podrán prevenirse.

Los linchamientos y el derecho indígena[editar]

36. El hecho que los departamentos con mayor incidencia del fenómeno de los linchamientos coincida con los de mayor porcentaje de población indígena, pero también con los más afectados por el conflicto armado y con los que tienen los peores índices de desarrollo humano, refleja el sistema excluyente y discriminatorio articulado durante décadas, incluido el sistema judicial. Los linchamientos no son ninguna expresión del derecho indígena. Por el contrario, la negación sistemática de éste, la destrucción de los mecanismos tradicionales de regulación de las comunidades y de sus autoridades, así como la imposición de un sistema que no responde a las necesidades y valores de este sector de la población, son factores que favorecen que hoy numerosas personas recurran a una respuesta violenta, que no es innata a su cultura sino que ha sido aprendida e interiorizada como herencia de un largo y violento conflicto armado.

37. El derecho indígena es respetuoso del valor de la vida y utiliza mecanismos de carácter consensual, reparador, restitutivo y conciliador, que son la antítesis de cualquier acto de linchamiento. Su aplicación es un mecanismo perfectamente viable para la convivencia pacífica de los pueblos indígenas y tiene amparo legal en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado y vigente en Guatemala desde 1996.

El 1 de julio de 2001, habitantes de San Andrés Huista, Jacaltenango, Huehuetenango, detuvieron a dos personas acusadas del robo de animales y los trasladaron a un anexo de la auxiliatura. Desde esa noche y durante el siguiente día la PNC intentó la liberación de los detenidos, lo que fue impedido por la población, que sí permitió que varios agentes visitaran a los detenidos comprobando que se encontraban en buenas condiciones, no habían sido amarrados ni golpeados y les habían proporcionado agua, comida y ropa de abrigo. Al tercer día, cuando ingresó la comisión formada por la policía y el Juez de Paz el conflicto se había resuelto con la firma de un acta entre los alcaldes auxiliares, las partes afectadas, los detenidos y la comunidad donde se accedía a su liberación a cambio de la restitución de los animales y el compromiso de los acusados de no volver a robar. Ante esta situación, la comisión se retiró porque “la comunidad y los detenidos resolvieron el asunto y no hay partes interesadas ni afectadas”. Un oficial de la PNC manifestó que “la población quiso resolver el asunto dentro de la comunidad sin intervención de las autoridades judiciales”.

La impunidad[editar]

38. A pesar de la gravedad del fenómeno de los linchamientos y de la gran cantidad de transgresiones a los derechos humanos fundamentales que implican estos actos, el número de procesos iniciados contra los responsables y de sentencias dictadas es muy pequeño. Si bien la solución al problema de los linchamientos no viene exclusivamente por la vía judicial, también es cierto que la impunidad en la que permanecen sus autores e instigadores alienta su reiteración.

39. En mayo de 2001, sobre un total de 346 casos de linchamiento e intentos de linchamiento registrados por la Misión entre 1997 y mayo de 2001, únicamente se habían iniciado 48 procesos judiciales, de los cuales sólo una parte concluyeron en condena para los responsables (un tercio de las sentencias dictadas hasta esa fecha eran absolutorias). Durante ese mismo periodo, se produjeron 95 linchamientos con resultado de muerte, lo que significa que, en la mejor hipótesis, sobre la mitad de estos casos ni siquiera se inició un proceso .

40. Entre enero y junio de 2001, la Misión registró siete linchamientos donde una o más víctimas perdieron la vida y realizó una verificación del deber jurídico del Estado de investigar y sancionar estos casos. Transcurridos al menos nueves meses después de los hechos, cinco de los procesos habían sido archivados o simplemente no habían tenido ningún avance después de las primeras diligencias (parte policial, acta de levantamiento del cadáver, certificado de defunción, etcétera). En los otros dos casos se giraron órdenes de captura contra los presuntos responsables, pero en su mayoría no han sido ejecutadas. Sólo en uno de los siete casos la verificación realizada ha mostrado un evidente interés de la fiscalía por profundizar en la investigación y sanción de los verdaderos responsables.

41. Del análisis de los casos registrados desde 1996 surgen algunos patrones de actuación por parte de las autoridades que explican en buena medida la impunidad existente. Cuando la víctima de un linchamiento sobrevive, generalmente no se inicia ningún proceso contra los autores o, en caso de abrirse, es contra el propio linchado por el supuesto delito que originó el linchamiento. En la creencia de que no existe un delito o éste no debe perseguirse si la víctima sobrevive, se inhibe cualquier accionar de las autoridades en contra de los responsables del linchamiento, a pesar de que se han podido cometer delitos tan graves como intento de asesinato, lesiones, detenciones ilegales, amenazas, daños contra bienes materiales, etc. El efecto disuasivo de la condena penal se pierde y el mensaje transmitido a la población es de absoluta permisividad, cuando no de aquiescencia y tolerancia, hacia estas acciones.

42. En los linchamientos con víctimas mortales, casos que por su extrema gravedad requerirían de una especial atención por los operadores de justicia, también se han identificado algunas actuaciones institucionales que contribuyen a la impunidad. Los partes policiales, incluidos los informes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la PNC, generalmente se limitan a una breve descripción de los hechos y se enfocan en ubicar la responsabilidad de los linchados como supuestos asaltantes sin profundizar en los autores del linchamiento. Mientras tanto el MP, aún cuando tiene la potestad de dirigir la investigación, no ordena ninguna nueva diligencia encaminada a identificar a los posibles autores y, meses después, archiva el expediente por la imposibilidad de identificar al sindicado.

El 29 de marzo de 2001, en la Franja Transversal del Norte, Chisec, Alta Verapaz, Cornelio Betancourt fue asesinado cuando aparentemente se producía un asalto por dos desconocidos. Posteriormente, vecinos del lugar capturaron, golpearon y quemaron a estas dos personas. En el expediente del MP está el parte policial que recoge estos hechos y menciona dos posibles testigos, el acta del levantamiento del cadáver, el dictamen forense, la partida de defunción de Cornelio Betancourt y el informe del SIC que relata los mismos hechos ya enunciados y establece como tarea pendiente entrevistar a un testigo. Tres meses después del linchamiento ni el MP ni el SIC habían realizado nuevas diligencias, como citar a las dos personas que figuran en el parte policial como testigos, y el expediente iba a ser archivado “porque no se individualizó al sindicado”.

43. Este tipo de actuaciones evidencia la urgente necesidad que exista un compromiso institucional para enfrentar legalmente el fenómeno de los linchamientos, así como una política coherente para combatir este flagelo. Todavía hoy para muchos de los operadores de justicia los linchamientos “son un mal necesario”, al que se han acostumbrado y cuya erradicación ha desaparecido de la discusión al interior de sus instituciones.

44. Por otro lado, este recurso al linchamiento como respuesta social surge dentro de un Estado que recoge la pena de muerte en su legislación, defiende abiertamente su aplicación como elemento disuasivo frente al delito y permite su ejecución con una enorme cobertura en los medios de comunicación. Así, parte de los ciudadanos perciben que la muerte es una pena que la ley permite aplicar y, ante la falta de respuesta estatal a los delitos que les afectan, consideran válida su aplicación por ellos mismos, máxime si se tiene en cuenta la violencia ejercida durante el conflicto armado y la impunidad de que gozan los responsables de graves violaciones a los derechos humanos tanto antes como ahora.

“Si el Estado mata a los delincuentes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”. Pregunta formulada por un asistente a un taller de prevención sobre linchamientos (Zacualpa, Quiché, septiembre 2000)

45. Un 8% de los casos de linchamiento registrados ocurrieron en ciudad de Guatemala, pero sólo en uno de ellos hubo víctimas fatales. Aunque sus particulares características como gran centro urbano exigirían un estudio especial, del análisis de los 34 casos contabilizados en el municipio de la ciudad capital, se identifican ciertas circunstancias comunes con otros lugares del país La capital fue el lugar de llegada de numerosos desplazados por el enfrentamiento armado interno, víctimas de la violencia contra sus comunidades, a la que se añade la aguda pobreza que aún hoy constituye su realidad cotidiana. Sus condiciones de vida en asentamientos son precarias, donde las carencias de servicios básicos como salud, educación y seguridad son una constante. Coincidentemente el 90% de los linchamientos se han producido en estos lugares o en la zona 1, lugar obligado para el tránsito, el trabajo o las compras de estos sectores de la población. Al igual que en el resto de los departamentos del país, la principal causa invocada ha sido el robo (76% de los casos) y el único linchamiento con resultado de muerte se produjo en una colonia con difícil acceso y sin presencia policial. El desarraigo y la falta de credibilidad en las instituciones son característicos de la población desplazada.


III. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL[editar]

46. La violencia figura como uno de los principales problemas de los guatemaltecos y los medios de comunicación reflejan esta preocupación. En este contexto, los linchamientos suelen aparecer con cierta intensidad de manera periódica y la Misión valora la evolución positiva experimentada en el tratamiento de este tema. No obstante, durante el año 2001 se produjeron una serie de hechos que la Misión considera importante resaltar con el fin de fortalecer el papel protagónico que los medios de comunicación deben jugar en la respuesta social a este flagelo.

47. Cada día es mayor la preocupación por los linchamientos y la necesidad de su condena. No obstante algunos periodistas todavía tratan de justificar y defender estas acciones violentas, e incluso cuestionan seriamente a la administración de justicia cuando logra dictar una condena contra los responsables de un linchamiento.

El 11 de enero de 1999, en Raxjuhá, Chisec, Alta Verapaz, fueron detenidos por un grupo de vecinos Isaías Cabnal y David Pop, acusados del robo de un televisor. Mientras que el primero de ellos fue liberado por la intervención de su padre, a David Pop se le roció de gasolina y en presencia de unas 300 personas se le prendió fuego, falleciendo dos días después a consecuencia de las quemaduras. Cuatro de los ocho implicados fueron detenidos. El 23 de mayo de 2000, el Tribunal de Sentencia les condenó a 41 años, pero la sentencia fue anulada posteriormente por la Sala Decimocuarta de Apelaciones. En un segundo juicio, el 31 de octubre de 2001, el Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz condenó a tres de los sindicados a 27 años de prisión por los delitos de asesinato y detención ilegal.
Las críticas a esta decisión judicial, sobre la base de considerar el linchamiento como un recurso para acabar con la delincuencia, y las movilizaciones a favor de los linchadores, alentadas y fortalecidas por algunos medios de comunicación local, crearon cierto nivel de legitimidad a favor de los linchamientos y reforzaron la sensación en la opinión pública de que la administración de justicia no sirve. Una de las pocas condenas dictadas contra los autores de un linchamiento no logró transmitir que esta acción es un acto injusto, ilegal y violatorio de los derechos fundamentales de la persona. Por el contrario, el manejo que se hizo de ella creó una imagen positiva frente al linchamiento. Actualmente Alta Verapaz es el departamento que registra el mayor número de casos de linchamiento y el segundo en la cantidad de personas fallecidas por esta cruel práctica.

48. Se requiere que los medios de comunicación realicen una transición, evolucionando hacia un tratamiento objetivo de la información, y que se refuercen las medidas para una transmisión fiel de la noticia, lo cual requiere necesariamente la ratificación de las fuentes de información. La verificación de todos los linchamientos e intentos de linchamientos informados por los medios escritos durante el año 2001 reveló que un porcentaje cercano al 50% no se habían producido en los términos publicados. Las características de estos casos serían: la falta de concordancia entre el texto publicado y el parte policial, aún cuando éste se cita como fuente; la tendencia a incrementar el número de personas presentes y sobre todo la gravedad de los hechos, incurriendo en falsedad; y titulares que van más allá de los sucesos relatados con un enfoque sensacionalista que no se ajusta a la realidad.

Titular “Sentencia genera caos”. “ [...] Miles de vecinos intentaron hacer justicia por sus manos después del fallo. Para trasladarlo a la cárcel de Coatepeque los agentes tuvieron que disfrazarlo, lo cual causó la quema de las dos subestaciones”. Se verificó la existencia de la sentencia, pero no se reportó ningún incidente en el momento de su lectura, ni mucho menos la quema de dos subestaciones.
Titular “Trabajador de FONAPAZ se salva de ser linchado”. “Víctor Eduardo Reyes, trabajador de FONAPAZ, se salvó ayer de ser linchado por un grupo de pobladores de Caquipec, Alta Verapaz, quienes lo señalaban de incumplir en la ejecución de una carretera, informó la PNC”. Verificada la información se constató que la víctima no era trabajador de FONAPAZ, sino de una empresa subcontratista; el parte policial se refiere a un corte de la carretera que impide la salida de los camiones y sus pilotos, no a un intento de linchamiento; las potenciales víctimas serían cuatro y no una; los hechos ocurrieron dos días antes, no ayer; en ningún momento se atentó contra la integridad de las personas; y éstas fueron liberadas por la población sin ninguna intervención de la PNC.
Titular “PNC salva a mujer de linchamiento”. “Elsa Tuc... fue rescatada... por la PNC de Quetzaltenango momentos antes de ser linchada por una turba”. Se verificó la detención de Elsa Tuc por la policía, pero ésta se produjo cuando la víctima acudió a prestar declaración al MP por una denuncia por estafa presentada en su contra por varios vecinos, quienes no manifestaron actitudes hostiles hacia ella.
Titular “Se salva de morir linchado”. “Reyes López se salvó de morir linchado por una turba de vecinos del caserío Nueva Santa Rosa, del municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, luego de ser acusado de ser el responsable del robo de la refacción de la escuela local”. De acuerdo con la verificación realizada, la persona fue detenida por los alcaldes auxiliares y entregada inmediatamente a la PNC, sin ser amenazada en ningún momento por la población.

49. La falta de rigor y la exaltación de la violencia que muestran casos como los descritos, en circunstancias que las comunidades actuaron correctamente y entregaron inmediatamente a los detenidos a las autoridades, sin ejercer sobre ellos ningún tipo de agresión, en nada contribuye a la disminución de los linchamientos, no respeta el derecho de todo ciudadano a recibir una información veraz y socava la credibilidad de la propia prensa, que está llamada a jugar un papel fundamental en la prevención de los linchamientos.


IV. LAS RESPUESTAS FRENTE A LOS LINCHAMIENTOS[editar]

50. En el primer informe temático de verificación sobre los linchamientos, la Misión formuló un conjunto de recomendaciones dirigidas a erradicar esta terrible práctica y exhortó a retomar los compromisos pendientes de los Acuerdos de paz, que contienen herramientas eficaces para la superación de este flagelo. Quince meses después, a pesar de la persistencia e incluso el aumento del número de linchamientos, la atención prestada a estas recomendaciones, en los aspectos esenciales y de fondo, ha sido en general muy escasa.

51. Tanto el análisis realizado sobre el desempeño de las instituciones concernidas como las recomendaciones formuladas en el anterior informe siguen vigentes. El Gobierno no afronta su deber de definir e implementar políticas públicas consistentes para erradicar los linchamientos, y se escuda en la expectativa de “delegar” la eventual iniciativa a otros poderes del Estado, a la comunidad de defensores de los derechos humanos o incluso a la comunidad internacional.

52. Aún cuando es un fenómeno recurrente, todavía no existe en el Organismo Ejecutivo la capacidad de dar una respuesta inmediata y coordinada a las manifestaciones violentas y tumultuarias. Además de las soluciones de fondo que deben operar en el mediano y largo plazo, es fundamental la respuesta rápida, coordinada e interinstitucional que no puede limitarse a la acción policial. Si no existe un mecanismo preestablecido que, además de dar seguimiento a los conflictos, intervenga in situ ante un acto de linchamiento o violencia tumultuaria para conducir la negociación, todo el peso del tratamiento político de la situación recae en la policía, excediendo largamente sus competencias y especialidades.

La Policía Nacional Civil[editar]

53. La oportuna intervención policial en numerosos casos ha sido decisiva para salvar la vida de las víctimas. De hecho, tanto el número de linchamientos con resultado de muerte como la cifra total de personas fallecidas ha descendido de manera constante durante los últimos cuatro años como resultado de dichas actuaciones policiales. Su efectividad, en varios casos, se ha debido a que los agentes conocían la zona y hablaban el idioma indígena de la región, lo que favorece la confianza de la población. Durante el 2001, la Misión registró al menos 40 casos donde la intervención de miembros de la PNC fue decisiva para evitar que las víctimas fallecieran o quedaran con lesiones más graves de las sufridas.

El 9 de mayo de 2001, en la aldea Tojlate, Colotenango, Huehuetenango, una persona fue detenida por la población acusada de robo. La comunidad fue convocada para el día siguiente para discutir el destino del supuesto ladrón, quien bajo a amenazas de muerte proporcionó el nombre de otros tres como presuntos cómplices, los que también fueron detenidos por los vecinos. Varios desconocidos incitaron a la turba al linchamiento y trajeron gasolina, sin embargo la intervención inicial de dos promotores y después de un agente de origen Mam de la PNC que se incorporó a la negociación logró la entrega de los cuatro sospechosos. La participación de un policía que hablara el idioma de la población fue decisiva para que los detenidos resultaran ilesos.

54. No obstante, a pesar de estas exitosas intervenciones, hasta la fecha no se ha diseñado una política de seguridad pública que contemple estrategias para enfrentar el delito y que considere acciones tanto preventivas como de combate al crimen. Tampoco la propia policía ha impulsado la elaboración de planes generales u operacionales que se refieran de manera específica al fenómeno de los linchamientos y persisten las deficiencias de coordinación con el sistema de administración de justicia y demás instituciones estatales. Las políticas de acercamiento de la PNC a la población recién están comenzando a aplicarse, por lo que la desconfianza existente sigue dificultando la labor policial.

55. Ante el aviso de un posible caso de linchamiento o violencia tumultuaria, la respuesta estatal se demora debido a que es preciso iniciar los contactos, y en ocasiones negociaciones, con cada institución que puede colaborar en su solución. Generalmente la iniciativa surge de la PNC, en ocasiones con el apoyo de MINUGUA, pero no siempre obtiene los resultados deseados y en muchos casos tienen que ser enfrentados únicamente por la policía. Esta ha privilegiado la solución negociada frente al manejo coercitivo, pero el desconocimiento de las técnicas de resolución de conflictos y la falta de respaldo de las autoridades civiles le ha restado eficacia. Dadas las características y complejidad del fenómeno, así como la persistente desconfianza, la conducción del diálogo requiere estar a cargo de una autoridad civil con capacidad para asumir compromisos, sin embargo muchas veces estas autoridades no están presentes en el lugar y toda la responsabilidad y representación del Estado recae en la PNC.

56. La verificación in situ de numerosos linchamientos en los que la Misión ha acompañado a la PNC evidenció que persisten algunas deficiencias en el manejo de situaciones tumultuarias. Una de ellas es la falta de mando y coordinación entre el oficial a cargo del operativo y el resto de policías, lo que promueve que agentes giren órdenes al resto de compañeros, incluso contrarias a las dictadas por sus superiores. Además, cuando acuden unidades especializadas (Fuerzas Especiales de Policía, Departamento de Operaciones Antinarcóticas) o contingentes militares en apoyo de la PNC, existe una falta de coordinación y mando único. Otra deficiencia encontrada es la improvisación de la estrategia de actuación y la inapropiada distribución operativa de los agentes para controlar a los manifestantes, así como el uso de equipo inadecuado, pues una gran parte de los agentes portan armas de alto calibre, como M-16 o AK-47, mientras que sólo unos pocos disponen de chalecos o material antidisturbios que además no es utilizado adecuadamente. También se pudo apreciar la falta de control sobre el lugar de los hechos, permitiendo por ejemplo la llegada de más manifestantes y la elaboración de partes policiales incompletos en cuanto a los hechos sucedidos, personas que intervinieron y daños o lesiones ocasionadas a las víctimas. Por último, se identificó la ausencia de agentes o investigadores del SIC que recaben de primera mano y de manera inmediata información que permita la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse, labor que, cuando se realiza, se posterga para un momento posterior con la consiguiente pérdida de la mayoría de los elementos probatorios.

57. La Misión considera que la decisión adoptada por el Ministerio de Gobernación de retirar a la PNC del municipio de Senahú durante varios meses después del linchamiento del Juez de Paz y los ataques contra la estación policial de esta localidad, no favorece en nada la consolidación de un estado de derecho. La retirada de dos de las instituciones del Estado más visibles para la población, como son el Juzgado de Paz y la PNC, sólo sirve para transmitir un mensaje de éxito para los instigadores y autores de tales actos de violencia, de aliento para que se reiteren los ataques contra estaciones de policía en otros lugares, como ya ha ocurrido, y de absoluta indefensión para el conjunto de la población que rechaza estas acciones. Posteriormente, en octubre de 2001, el Ministerio de Gobernación también decidió el cierre de la estación de la PNC en Panzós, después de que fuera tomada por la población y sustraído numeroso equipo. Las decisiones adoptadas son un claro aval a la violencia por parte del Gobierno y una terrible muestra de debilidad y renuncia de sus obligaciones de combatir estos hechos.

El Organismo Judicial[editar]

58. La Unidad de Modernización del Organismo Judicial impulsa el Programa de Prevención de Linchamientos que, entre septiembre de 1999 y febrero de 2001, organizó 13 talleres para la prevención de los linchamientos, fundamentalmente en Quiché, aunque también se realizaron en Cobán (Alta Verapaz), Santa Eulalia (Huehuetenango) y Chimaltenango. A estas actividades paulatinamente se fueron incorporando PNC, MP, Ministerio de Educación, PDH, COPREDEH, INGUAT, FONAPAZ, SEPAZ y MINUGUA. Hay que destacar el importante poder de convocatoria que estos talleres tuvieron, pero también la necesidad de revisar su hipótesis de trabajo.

59. Los talleres se centran en describir las funciones legales de las instituciones de la administración de justicia, en el supuesto que los linchamientos se originan por problemas educativos o el desconocimiento de la ley por parte de la población. La sola descripción de las funciones de cada institución no ha sido eficaz para aislar a los violentos, no ha mostrado a la población que muchos de los actuales instigadores de los linchamientos son las mismas personas que tuvieron un papel protagónico durante el enfrentamiento armado ni ha generado confianza en las instituciones. La falta de seguimiento a los talleres, la ausencia de espacios para que las comunidades presenten sus problemas y las limitaciones de los expositores para adaptarse al público asistente y adquirir compromisos concretos, debilitó los resultados de este esfuerzo. Estas iniciativas deberían ampliar su razón de ser, buscar soluciones integrales y convertirse en el punto de encuentro entre operadores de justicia y las comunidades, permitiendo la discusión e identificación de los problemas que éstas enfrentan. Es imprescindible que estas acciones vayan acompañadas de avances en el cumplimiento de los Acuerdos de paz para superar la discriminación de la población indígena por el sistema de justicia.

El Ministerio Público[editar]

60. Con la excepción de los procesos referidos a los linchamientos donde han fallecido dos o más personas o aquéllos que destacaron por la transcendencia de la víctima (como el Juez de Paz de Senahú, Alta Verapaz o un ciudadano japonés en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango), los casos no pasan de la etapa inicial ni se realizan las mínimas diligencias, en un claro incumplimiento de las obligaciones legales del MP. Cuando se solicitan o dictan órdenes de captura, éstas se demoran durante meses por la ausencia de medios materiales y humanos para su ejecución, los problemas de coordinación institucional y las limitaciones en las garantías de seguridad para los funcionarios del MP. Si bien esta es la situación general, reflejo de la ausencia de un compromiso institucional para enfrentar legalmente el fenómeno de los linchamientos, existen casos en que hubo una correcta actuación de las instituciones.

Los gobernadores y los alcaldes municipales[editar]

61. Los gobernadores, como delegados del Organismo Ejecutivo, y los alcaldes municipales, no siempre han tenido un rol activo en la prevención de los linchamientos. En ocasiones su posición pasiva o indiferente demuestra su falta de voluntad para asumir las funciones que les corresponden. Su ausencia en las situaciones conflictivas, así como la de otras autoridades locales, es una dificultad añadida para el logro de soluciones que permitan la rápida liberación de las víctimas. Por el contrario, su intervención, cuando se ha producido, generalmente ha tenido un importante efecto disuasivo y de canalización de las demandas de la población.

Los alcaldes auxiliares y las autoridades tradicionales indígenas[editar]

62. Los alcaldes auxiliares son la referencia más cercana de una autoridad estatal en la comunidad. Si bien en algunas situaciones instigaron o participaron en linchamientos, en otras su papel ha sido fundamental para prevenirlos o para que la turba entregue a los afectados a las autoridades.

El 15 de abril de 2001, cincuenta vecinos de Las Caobas, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, incluido el alcalde auxiliar, fueron a la aldea vecina de Boloncó a detener a los dos hijos de José Bac. Al no encontrarlos la turba detuvo a José Bac “como él es el padre, él también es responsable”. Le golpearon y trajeron gasolina para quemarle. La intervención del alcalde auxiliar de Boloncó evitó que le lincharan. Las autoridades de las dos aldeas conversaron y decidieron entregarle a la PNC.

63. No obstante la importancia que tienen los alcaldes auxiliares, la Misión observa con preocupación el abandono en el que ejercen sus funciones, en muchos casos sin el mínimo conocimiento de sus responsabilidades, facultades y límites de actuación. Los espacios de diálogo entre jueces de paz y alcaldes auxiliares son esenciales para la canalización de los conflictos al interior de las comunidades. En la medida que se han desarrollado iniciativas tendentes a fortalecer sus capacidades, como en Totonicapán e Ixcán, se ha reforzado su positivo desempeño en la prevención de los linchamientos.

El 7 de marzo de 2001, en San Antonio Tzeja, Ixcán, Quiché, dos menores fueron capturados cuando robaban cardamomo. La intención de los vecinos era lincharlos, pero la decidida intervención del alcalde auxiliar permitió su entrega a la PNC. La preocupación actual es la seguridad de los jóvenes en el caso que regresen a la comunidad. El alcalde auxiliar de esta aldea ha participado en los talleres sobre sus funciones que desde hace varios años imparten de manera conjunta Municipalidad, Juzgado de Paz, PNC, PDH y MINUGUA.

64. La verificación ha puesto de manifiesto que el correcto involucramiento de las autoridades indígenas en el combate de los linchamientos, constituye una herramienta eficaz para la reducción de esta práctica criminal. Es muy probable que las decisiones de estas autoridades, por su cercanía y correspondencia con la realidad social, económica y cultural de los afectados, sean acatadas por la comunidad. En esta perspectiva, la comunicación y el respaldo a las autoridades tradicionales, así como el recurso al derecho indígena, puede ser un aspecto central para la disminución del fenómeno de los linchamientos.

Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH)[editar]

65. Integrantes de la PDH han tenido destacadas intervenciones en numerosas amenazas e intentos de linchamientos, y su mediación ha sido fundamental para evitar mayores lesiones a las víctimas. A la denuncia de este flagelo que aparece en los informes anuales del Procurador, se suma la participación e impulso que las auxiliaturas departamentales han dado a diversas acciones encaminadas a erradicar esta cultura de violencia. No obstante, si bien estos valiosos esfuerzos alcanzan resultados inmediatos, muchas veces no logran ser eficaces en el mediano y largo plazo por ser aislados y carecer del apoyo de las demás instituciones estatales concernidas.

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH)[editar]

66. A pesar de la frecuencia de los linchamientos, COPREDEH no ha logrado hasta hoy impulsar políticas públicas destinadas a la prevención y sanción de estos hechos. Interesantes proyectos, como una campaña de radio con destacadas personalidades guatemaltecas, no se llegaron a desarrollar, pese a que se disponía de los recursos económicos y de espacios radiales gratuitos, por los continuos cambios de personal y la falta de voluntad política.

67. Otras iniciativas, puestas en marcha en el marco de la coordinación interinstitucional (PNC, MP, Organismo Judicial, Defensa Pública Penal, etc.) e impulsadas por los Centros de Justicia u otras entidades estatales, no acaban de concretarse, fundamentalmente por la poca voluntad de las instituciones concernidas para intervenir directamente en los casos de linchamiento (normalmente delegan en la PNC), la escasez de recursos humanos y materiales, así como la falta de impulso por parte de las más altas autoridades a nivel nacional de las instituciones involucradas.

Congreso de la República[editar]

68. Durante el año 2001 surgieron al menos dos iniciativas, de diferentes diputados, que proponían como solución a los linchamientos su tipificación como delito. A juicio de la Misión, la superación de este flagelo no está relacionada con la creación de un nuevo tipo penal, máxime cuando todas las acciones ilícitas que se cometen en un linchamiento ya están recogidas como delitos en la ley penal guatemalteca. Con estas iniciativas se corre el riesgo de dar la impresión de que la inacción actual se debe a un vacío de la ley penal. De hecho, intentar resolver un problema de la complejidad de los linchamientos a través de su tipificación penal es obviar las causas históricas, sociales, económicas y políticas que existen en su base. Por el contrario, promover una distribución más adecuada del presupuesto en favor del Organismo Judicial, el Ministerio Público y la PNC, el impulso de medidas que favorezcan el mayor acercamiento del Estado a las comunidades y pronunciamientos públicos de condena a los linchamientos por los diputados en sus respectivos departamentos, son acciones con las que el Congreso podría lograr un importante efecto preventivo de este fenómeno.

La sociedad civil y la cooperación internacional[editar]

69. El llamado de MINUGUA a impulsar una investigación académica que permita profundizar en la complejidad del fenómeno de los linchamientos tuvo cierto eco y durante el último año se impulsaron diversas iniciativas. No obstante, falta todavía realizar exhaustivas investigaciones de campo desde una amplia visión antropológica, sociológica y criminalística que permitan profundizar en el conocimiento y análisis de sus causas.

70. El rol de la cooperación internacional está siendo clave en el impulso de numerosas iniciativas de prevención y estudio del fenómeno. Su sensibilidad hacia el tema y su apoyo económico permitió el desarrollo de acciones integrales que fueron más allá de las actividades tradicionales realizadas hasta ahora. Ejemplos de ello son el proyecto “Diálogos comunitarios” en Quiché, desarrollado por la organización “Defensoría Indígena” y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como los “Proyectos de Fortalecimiento del Estado de Derecho” que impulsa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El proyecto “Diálogos comunitarios” fue diseñado con la colaboración de las autoridades indígenas y se dirige a las comunidades proponiendo una reflexión sobre su realidad, a través de una metodología basada en el diálogo y la participación, que apunta a descubrir los verdaderos problemas que enfrentan las comunidades en el contexto post-conflicto (la división que existe en las comunidades, y no la delincuencia, ha sido señalada por los participantes como el principal problema). El objetivo de los talleres es analizar los fundamentos de la vida comunitaria, que se sustenta en valores compartidos y normas destinadas a garantizar su debido respeto. El reencuentro con los valores del pueblo indígena y la revalorización de sus autoridades aparecen como mecanismos útiles para la prevención de los linchamientos frente a la ineficiencia del derecho estatal y la pérdida de legitimidad de sus operadores.


V. LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD[editar]

71. Con la instauración de un régimen democrático y, tiempo después, la finalización del enfrentamiento armado interno se puso en evidencia la debilidad del poder del Estado, manifestada en su incapacidad para resolver los problemas que plantea la reconciliación nacional, en su escasa presencia en todo el territorio nacional y en su insuficiente legitimidad social. La cultura de violencia, interiorizada durante años y reproducida de una generación a otra, ha provocado que la energía social se canalice muchas veces hacia manifestaciones violentas, en detrimento de la construcción de estructuras democráticas y participativas.

72. En este contexto, los linchamientos han sido la reacción más extrema por parte de algunos sectores de la población, pero no la única. Sólo durante el año 2001, además de 75 casos de linchamiento verificados, la Misión registró al menos 98 amenazas de linchamiento y/o actos de violencia tumultuaria, entre los que se encuentran atentados contra estaciones de policía, liberación de presuntos delincuentes por presiones de la población, toma de autoridades y funcionarios públicos como rehenes, violentas oposiciones a la ejecución de actuaciones judiciales, ocupaciones de edificios públicos con importantes daños materiales, amenazas de linchamiento para suscribir acuerdos ilegales o forzar la renuncia de autoridades y graves enfrentamientos entre comunidades, actos que suponen un desafío a la autoridad del Estado y cuestionan seriamente la gobernabilidad en varias regiones del país.

El 7 de enero de 2001, en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detuvieron a Miguel Mejía Pu por un delito forestal. Dos días después varias decenas de personas ingresaron a la subestación de policía y liberaron al detenido. Posteriormente, junto con el juez de paz, se elaboró un acta donde las autoridades se comprometían a no detener a ningún vecino y se prohibía la presencia de funcionarios de SEPRONA y del Instituto Nacional de Bosques.
El 4 de julio de 2001, un centenar de pobladores de Semejá I, Chichicastenango, Quiché, lesionaron a varios efectivos policiales cuando incautaban una plantación de marihuana. En varios cantones de este municipio la PNC y el MP no pueden ingresar ni siquiera a entregar citaciones.
El 15 de octubre de 2001, en San Antonio Huista, Huehuetenango, el supuesto asesinato de una persona por la PNC y abusos policiales contra la población durante varios meses, provocaron que varios centenares de personas exigieran la entrega de los agentes responsables y quemaran cinco radiopatrullas y la subestación de la PNC antes de la llegada de refuerzos. Las autoridades reunidas dentro del edificio policial tuvieron que huir por el techo de los edificios cercanos.
En Tajumulco, San Marcos, al menos en tres ocasiones durante el año 2001 (15 y 27 de abril y 3 de noviembre) fueron liberadas personas que se encontraban detenidas por las amenazas de turbas de vecinos.
En Alta Verapaz, durante el año 2001, las estaciones de policía de Senahú y Panzós han sido cerradas, la primera en dos ocasiones, y trasladadas a otros municipios por los asaltos y destrucción de equipo y mobiliario provocados por parte de los pobladores.

73. La amenaza del linchamiento y la toma de medidas de hecho es un recurso cada vez más frecuente de la población para llamar la atención de las autoridades, con el riesgo que, por sus características de acción violenta, masiva y descontrolada, puede llegar a causar la muerte o graves lesiones para la víctima. La exclusión de amplias capas de la sociedad, la indiferencia estatal frente a sus problemas y necesidades, así como la creciente legitimidad de los linchamientos y otros actos de violencia, puede llegar a convencer a importantes sectores que la vulneración de la ley es la única forma de hacerse escuchar.

En Los Tubos, San Andrés, Petén, seis miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y tres de SEPRONA, a quienes despojaron de sus armas, fueron tomados de rehenes cuando detuvieron a un campesino que aserraba madera de forma ilegal. Para su liberación los representantes de las comunidades exigían el cumplimiento de los convenios suscritos con CONAP, el acceso a los servicios de salud y educación y la modificación de los decretos que regulan las áreas protegidas.

74. La ausencia de planes de gobierno a mediano y largo plazo, la postergación de políticas gubernamentales, la desatención de las demandas regionales y locales y la polarización nacional hacen prever que los síntomas de ingobernalidad en varios lugares van a perdurar. Ya en el año 2001, MINUGUA registró actos violentos para exigir la renuncia de 10 alcaldes municipales, evidencia clara de la fragilidad del sistema de elección de las autoridades.

El 9 de enero de 2001, aproximadamente 500 personas ocuparon el edificio de la municipalidad de San Cristóbal, Alta Verapaz, como protesta por el aumento de las tasas municipales. Los manifestantes, bajo amenazas de linchamiento, lograron la renuncia del alcalde y de toda la corporación municipal.

75. La gobernabilidad depende, entre otros factores, del nivel de satisfacción que los ciudadanos obtengan del trabajo realizado por sus gobernantes en aspectos que afectan directamente a su calidad de vida, como son la disminución de la pobreza y la prestación de servicios de salud, educación y seguridad. La falta de respuestas, unida a las denuncias por corrupción, incidirán en la pérdida de credibilidad en las autoridades. En este contexto, el inicio prematuro de la campaña electoral en un ambiente de fuerte polarización puede conducir a un incremento de las manifestaciones de hostilidad y violencia.


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES[editar]

76. Conforme a la verificación realizada por la Misión, las consecuencias de la política contrainsurgente que relata el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico no se extinguieron automáticamente cuando los niveles de violencia descendieron o se firmaron los Acuerdos de paz. Como se expone en el presente informe, un ejemplo de ello son los linchamientos y el gran paralelismo que existe entre su modo de ejecución y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

77. A pesar de que los linchamientos son un mal cada vez más enquistado en la sociedad guatemalteca y han sido señalados como uno de los signos de deterioro de la situación de derechos humanos, la respuesta estatal sigue siendo muy débil. Las pocas acciones adoptadas han sido aisladas y usualmente han partido de concepciones que no corresponden con la naturaleza y gravedad del fenómeno, además de que generalmente su impulso proviene de la cooperación internacional, lo que demuestra que todavía falta voluntad política para encarar este problema. No existe un liderazgo gubernamental en la definición de políticas públicas tendentes a erradicar este flagelo e incluso en algunas instituciones este tema ha desaparecido de las discusiones y reflexiones internas.

78. Las recomendaciones formuladas por la Misión en su primer informe temático de verificación sobre linchamientos, así como en los informes sobre derechos humanos, siguen plenamente vigentes, así como las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. No obstante, a la luz del presente informe, es fundamental reiterar la necesidad de fortalecer los valores propios de una cultura de paz. La estructura y funcionamiento de mecanismos de violencia interiorizados durante años no cambiarán por decreto. En este sentido, los Acuerdos de paz recogen la urgencia de iniciar un programa de educación cívica, que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos. Asimismo, el alto grado de violencia y terror que conllevan los linchamientos pone de manifiesto la importancia de iniciar procesos de rehabilitación y reparación psicosocial que ayuden a superar las secuelas tanto del conflicto armado como de los linchamientos.

79. Los proyectos piloto iniciados por la PNC para acercarse a las comunidades deben consolidarse, recibir los apoyos políticos, técnicos y económicos suficientes e implementarse con urgencia en las regiones más conflictivas. El Programa de Prevención de Linchamientos que impulsa la Unidad de Modernización del Organismo Judicial, que presupone el desconocimiento de la ley por la población y que desarrollan los jueces de paz en cada municipio desde hace unos meses, debería buscar soluciones integrales y convertirse en el punto de encuentro entre los operadores de justicia y las comunidades, permitiendo la discusión e identificación de los problemas que éstas enfrentan. La legitimidad de los alcaldes auxiliares, actores claves de la prevención, aumentaría y con ella su capacidad de incidencia, si para su nombramiento se tomara en cuenta las propuestas de las comunidades.

80. Finalmente, a juicio de la Misión sólo será posible superar el grave problema de los linchamientos si existen claras y decididas muestras de voluntad política, que pueden manifestarse mediante condenas públicas, directas y contundentes contra este flagelo, con acciones de apoyo a las iniciativas de coordinación interinstitucional que han surgido para enfrentar el problema, y a través del diseño e implementación de una política contra el crimen que incluya acciones para la erradicación de los linchamientos o la elaboración de planes preventivos. Para poner fin a estos actos de barbarie y superar la situación actual, es necesaria la unión de esfuerzos de la población y sus autoridades, pero es imprescindible que el liderazgo sea asumido por el Estado de Guatemala, como responsable constitucional de garantizar el derecho a la vida de todos sus ciudadanos.


Véase también[editar]