MINUGUA, Oficina regional de Guatemala - Suplemento del Tercer Informe
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
INTRODUCCIÓN[editar]
1. Este es un suplemento regional sobre la Verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala correspondiente al período del 1o. de enero al 31 de julio de 1998. Su contenido destaca algunos temas y situaciones, de especial interés regional, observados en el proceso de verificación del conjunto de los Acuerdos de Paz por la Oficina Regional de Guatemala y la Oficina Subregional de Escuintla.
2. La región en la que desarrollan sus actividades la Oficina Regional de Guatemala y la Oficina Sub-regional de Escuintla comprende los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Sacatepéquez, Santa Rosa y Escuintla. Estos departamentos abarcan 15,282 km2 del territorio nacional y concentran 4,103,598 habitantes. Guatemala es el departamento de mayor concentración poblacional del país con 2,286,527 habitantes, que en un 70% pertenecen al área urbana; esta misma proporción de población urbana se registra en Sacatepéquez. En el resto de los departamentos de la región un 75% es población rural. La presencia indígena en la región es desigual. El departamento de Guatemala cuenta aproximadamente con un 13% de población indígena, de varias etnias, pero mayoritariamente kaqchiquel. Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa tienen una población indígena que no alcanza el 7%. Sacatepéquez cuenta con un 46% de población kaqchiquel y Jalapa con un 37% de población poqoman.
Coyuntura regional[editar]
3. La región presenta características particulares por no haber sido, especialmente en los últimos años, escenario del enfrentamiento armado interno. Ello podría explicar que, en algunos casos, las dinámicas iniciadas con el proceso de paz se hayan dado con mayor lentitud. En cuanto a los avances y logros del período, destaca la creación de varias instancias de diálogo y concertación, especialmente en Guatemala, Escuintla y Santa Rosa.
4. El departamento de Guatemala tiene características especiales por incluir a la ciudad capital que presenta graves problemas, especialmente respecto de la seguridad pública, y es donde se concentran los procesos judiciales de mayor repercusión nacional, así como los recursos judiciales del resto del país que se presentan ante los Tribunales Superiores de Justicia, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Como fue señalado en el 8o. Informe de la Misión sobre la situación de los Derechos Humanos (A/52/946, anexo), la situación del respeto a los derechos humanos en la región, especialmente en la capital, es todavía preocupante y persisten graves violaciones a los derechos humanos. En particular, en cuanto al deber jurídico del Estado de prevenir, investigar y sancionar y a las amenazas a entidades y personas que trabajan en la protección de estos derechos. La violencia y la impunidad que subsisten en la región, han exigido que la Oficina Regional de Guatemala prosiga dedicando la mayor parte de su trabajo a la verificación del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I).
5. En cuanto a la seguridad pública, se ha verificado el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. En su inicio, el despliegue fue visto como un signo alentador por la población, de la misma manera que la formación de las Juntas Locales de Seguridad suscitó una relativa aceptación de la ciudadanía. Se ha constatado que, de forma paralela, la ocurrencia de graves hechos delictivos como secuestros, robos y asesinatos de presuntos delincuentes en los departamentos de Guatemala (ciudad capital), Santa Rosa (Nueva Santa Rosa) y Escuintla (Puerto San José), han mantenido un grave clima de intranquilidad e inseguridad en la población.
6. Es también preocupante la situación de los habitantes que han ocupado terrenos públicos y privados, así como la de los pobladores de los asentamientos humanos precarios de la ciudad capital, que comprenden parte importante de la población desplazada y desarraigada del país y que han conformado comunidades que viven en situación de extrema pobreza. El Gobierno no ha logrado hallar una solución de corto plazo al problema, así como tampoco ha establecido mecanismos de diálogo y concertación con estos pobladores. Los desalojos por orden judicial no han logrado resolver las causas de esta problemática. Se tiene conocimiento que, en el marco de la Comisión Técnica para la ejecución del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (CTEAR), se busca un tratamiento especial para esta población a través del Fideicomiso del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y el Fondo Guatemalteco de Vivienda (FOGUAVI).
7. En el plano de la participación social se ha constatado que, de forma alentadora, se empiezan a generar importantes dinámicas municipales, especialmente en el departamento de Guatemala, las que se verían reforzadas con la instalación de los Consejos Locales de Desarrollo, una vez aprobada la reforma de la ley.
8. A través de las relaciones de la Oficina Regional con diversos sectores de la sociedad civil se ha constatado que, a pesar de la lentitud de la ejecución de los Acuerdos en la región, existe la voluntad común de avanzar en la implementación de proyectos viables y en la consolidación de espacios de participación. Ejemplo de ello son las iniciativas de consenso en San Carlos Alzatate, el taller con líderes comunitarios en el Municipio de Villa Nueva, las actividades de capacitación de registradores civiles concertadas con la Iglesia Católica en todos los departamentos de la región, así como las iniciativas de Foros sobre Seguridad Ciudadana en lugares donde se ha desplegado la PNC, como Escuintla y Sacatepéquez.
DESARROLLO SOCIAL EN ÁREAS DE RETORNO[editar]
9. El grupo de retornados de México, que desde abril de 1995 se asentó en la Comunidad Nuevo México, Escuintla, ha logrado avances significativos en el desarrollo de su comunidad y gestionado proyectos con organizaciones no gubernamentales, gracias a su alto nivel de organización. Para lograr mayores avances es necesario que el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), propietario de la finca en la que están asentados, brinde apoyo en gestionar ante otras instancias gubernamentales servicios básicos como agua, drenaje y un puesto de salud. Las negociaciones sobre la adjudicación de las tres fincas para los retornados de la costa sur, una propiedad del INTA y dos privadas, se encuentran suspendidas.
Situación de desplazados internos[editar]
10. En relación a la situación de los desplazados internos dispersos, hasta ahora excluidos de la implementación de los compromisos del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, se observaron ciertos avances con la firma del Convenio Marco entre la CTEAR y el FONTIERRAS. De otro lado, las negociaciones actuales entre CTEAR y el FOGUAVI, podrían facilitar el acceso a la vivienda de los desplazados urbanos. Los representantes del Gobierno en la CTEAR han mostrado voluntad para resolver algunos problemas específicos de los grupos organizados en la ciudad. Lo que no se ha logrado es concretar una política pública dirigida a atender la problemática de los desplazados dispersos rurales y urbanos, lo que constituye una importante dificultad para el adecuado cumplimiento de los compromisos del Acuerdo. Muestra de ello es la falta de programas de difusión del Acuerdo entre la población beneficiaria, carencia especialmente preocupante en el departamento de Guatemala.
Documentación de la población desarraigada[editar]
11. Dentro de la región, las autoridades han mostrado reticencias para aplicar la ley especial de documentación, porque consideran que para ello es necesario que se expida el reglamento que regula su implementación. La verificación indica que tanto las autoridades encargadas de aplicar la ley como la población beneficiaria desconocen su alcance. La Oficina Regional de MINUGUA, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, han iniciado un proyecto de capacitación para registradores civiles y líderes comunitarios en cada uno de los departamentos de la región, cuyos resultados son hasta la fecha muy alentadores.
PARTICIPACIÓN SOCIAL[editar]
12. Los Consejos de Desarrollo constituyen una instancia importante de participación a nivel regional, a pesar de los problemas que aún subsisten. Los consejos han mostrado una dinámica poco inclusiva de los sectores sociales prioritarios. El Gobierno no ha impulsado en la región una estrategia dirigida a convocar a los sectores de la sociedad civil que la actual ley permite y mediante los cuales, además, podría facilitarse el acercamiento de los sectores priorizados por los Acuerdos de Paz. A manera de ejemplo, señalamos la ausencia de las cooperativas más activas de la región, como la Cuatro Pinos del departamento de Sacatepéquez, integrada en su mayoría por indígenas kaqchiqueles; Agua Blanca del departamento de Santa Rosa; Las Brisas del departamento de Jutiapa y El Recuerdo del departamento de Jalapa. Esta última es la única que participa en el Consejo Departamental.
13. En el ámbito laboral, Guatemala cuenta con varias organizaciones sindicales afiliadas a las centrales mas importantes del país, tales como la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA). Ninguna de estas organizaciones participan en las estructuras de los Consejos de Desarrollo. Las razones de su ausencia son diversas: en algunos casos obedece a que su integración en algunos Consejos Regionales encuentra serias resistencias; en otros, a que la diversidad al interior del movimiento sindical les ha impedido tener una posición uniforme frente a este mecanismo de participación, que algunos sectores perciben exclusivo del partido oficial y, además, a las dificultades para designar un representante que logre consenso al interior de todas las organizaciones.
14. Lo mismo sucede en las asociaciones del sector privado como las del departamento de Santa Rosa (segundo departamento cafetalero a nivel nacional), Escuintla (primer productor de caña de azúcar del país), y la capital, donde se encuentran la mayoría de los representantes nacionales de estas asociaciones. Ninguno de ellos tiene participación en los consejos.
15. La situación de las organizaciones no gubernamentales es similar. Aquéllas que están informadas sobre este mecanismo, no han mostrado interés de participar. También existe entre ellas desconocimiento de los objetivos y funciones de los consejos. El caso más ilustrativo es el del departamento de Guatemala, donde ninguna de las aproximadamente 200 organizaciones no gubernamentales registradas participa en el Consejo Regional, con el agravante que a través de ellas podrían participar los sectores sociales prioritarios. También es importante señalar que en algunos Consejos Departamentales, como el de Jalapa, en los que ha existido un acercamiento y presencia de organizaciones no gubernamentales, se ha producido su posterior alejamiento debido a que no se les hacía partícipes de las decisiones ni se les incorporaba en la realización de los proyectos.
16. Es importante destacar que esta limitada participación de la sociedad civil no ha favorecido la fiscalización sobre la política y el manejo de los fondos sociales gubernamentales que se canalizan a través de esta instancia. El caso más ilustrativo es el de la Región Quinta, que abarca los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, que tiene el menor porcentaje de ejecución del Fondo de Solidaridad de Desarrollo Comunitario a nivel nacional. Esto se pone de manifiesto igualmente en las Unidades Técnicas Departamentales (UTD), ya estructuradas en todos los departamentos y que, además de estar funcionando con mucha debilidad, no responden al espíritu de su creación. La integración de las organizaciones no gubernamentales, uno de los sectores previstos a participar en las UTD, aún no se ha concretado.
17. En cuanto al sector político partidario, también llamado a participar, únicamente se cuenta con la presencia de los diputados electos por el PAN en cada departamento, sin que dirigentes de otras organizaciones políticas estén participando.
Municipalidades[editar]
18. En el ámbito municipal se debe destacar el rol de los gobiernos municipales y de las diferentes expresiones de organización local. En los 84 municipios que cubre la región se encuentran diversas formas de organización, la mayoría de las cuales responde al desarrollo de trabajo comunal, en cuyo marco se ejecutan los proyectos financiados por los fondos sociales. Asimismo, éstos son medios de participación para el sector de desplazados internos, como es el caso del Asentamiento Mario Antonio Díaz, Municipio de Villa Nueva.
19. En cuanto a los esfuerzos de las agencias estatales para fomentar la participación organizada de la comunidad, las experiencias más relevantes se refieren a los programas de educación y salud en torno a los Comités Educativos (COEDUCAS) y el Sistema Integrado de Atención en Salud (SIAS), en la zona de oriente y de la costa sur, respectivamente.
20. Se han registrado importantes experiencias de inclusión, que abarcan al sector de mujeres, realizadas por algunos gobiernos municipales, que han creado espacios de diálogo y trabajo conjunto. Tales son los casos de los municipios de San Antonio Aguas Calientes y Santiago Sacatepéquez, los que realizan actividades con los Consejos de Mujeres Indígenas Kaqchiqueles. También son relevantes los casos de algunos municipios del departamento de Santa Rosa, en los que ya funcionan los Consejos Locales de Desarrollo y que sostienen encuentros con la corporación municipal de manera bimensual. La práctica mas extendida de relación con instancias locales tiene lugar en las reuniones con los alcaldes auxiliares que, en algunos municipios, son los líderes de sus comunidades.
Instituciones Indígenas[editar]
21. Se han registrado algunas expresiones organizativas del sector indígena, entre las que destacan los casos de las comunidades indígenas poqomán de San Carlos Alzatate, de Jalapa, qawinaquel de Palín y la comunidad xinca de Jutiapa. La primera tiene como objetivo la reivindicación de su derecho consuetudinario; la segunda, con un trabajo organizativo de 25 años, hoy centra su accionar en la búsqueda de acceso a una frecuencia radial. En cuanto a la comunidad xinca de Jutiapa, que reivindica tierras comunales basándose en títulos de propiedad del siglo XIX, ninguna instancia estatal ha establecido un procedimiento para dar solución al conflicto, conforme al apartado sobre los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas (Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Cap. IV, f.).
22. Respecto al trabajo que han realizado las organizaciones no gubernamentales, se han registrado actividades de la Defensoría Maya, la Fundación Menchú, de la Coordinadora de Pueblos Mayas de Guatemala (COPMAGUA) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en lo que respecta a la difusión sobre el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre el tema de la participación social y resolución de conflictos.
23. En lo relativo al compromiso de facilitar frecuencias radiales para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación, la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96, de 17 de octubre de 1996) estableció la privatización de las frecuencias radiales y su adjudicación al mejor postor en subasta pública. El pueblo poqoman en Palín, Escuintla, se ha visto afectado por esta nueva ley, pues no dispone de la capacidad económica para competir en una subasta y lograr la adjudicación de una frecuencia radial. Con el fin de buscar una solución a su problema, han acudido sin éxito a diversas instancias, en tanto el proceso de adjudicación sigue en curso y las frecuencias disponibles se agotan.
Foro de la Mujer[editar]
24. En la región, el Foro ha sido un innovador espacio de expresión y participación de las mujeres. En el departamento de Escuintla se están formando los comités locales en cada uno de los municipios, que permiten recoger las demandas a nivel local y generar mayor participación y descentralización del proceso organizativo. En los demás departamentos, luego de diez meses de trabajo, las mujeres participantes han avanzado en la comprensión, alcance y sentido de su participación en el mecanismo que les ofreció el Foro. Han transmitido ese sentir a otras mujeres que se han sumado, ampliando su participación en todos los municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa y en cinco de los diecisiete municipios de los departamentos de Jutiapa y Guatemala. Uno de los principales logros ha sido el obtener el reconocimiento de autoridades e instancias de participación a nivel municipal y departamental, con excepción del Consejo de la Región I que no aceptó la presentación del comité.
DESARROLLO SOCIAL[editar]
25. El enorme déficit de vivienda en la región y la conflictividad que genera es motivo de especial preocupación. En la ciudad capital la problemática es particularmente aguda, caracterizada por una serie de ocupaciones de terrenos, cuyo corolario es el desalojo y con él, frecuentemente, la detención de los ocupantes. Según el registro del Frente de Asentamientos Unidos de Guatemala, en la ciudad capital hay 357 asentamientos humanos, de los cuales únicamente 52 están representados en la Comisión de Alto Nivel para la Resolución de Conflictos de Tierra para Vivienda, instancia que ha demostrado muy escasa articulación hasta hoy. En la Oficina Regional se han recibido 28 denuncias relativas a la problemática de los asentamientos humanos: la mayor concentración de estos conflictos se ubica en la capital, en especial en la zona 7, en las zonas 18, 12 y 3, así como en los municipios de Villa Nueva, Chinautla, Mixco y Villa Canales. De los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa se recibió una denuncia de cada uno. La mayoría de las tierras invadidas se hallan en quebradas o barrancos, de propiedad del Banco Nacional de la Vivienda y muchas tienen varios años de invadidas, como los asentamientos de la línea férrea, ocupadas hace más de 20 años.
26. Las políticas de participación y de consenso en este tema no se han podido llevar adelante, debido a la reforma de la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, que excluyó de la Junta Directiva del FOGUAVI al único representante de los asentamientos humanos y a la exclusión de la Comisión de Alto Nivel de la representación de 300 asentamientos, limitándola a 52 de ellos. El que no se acogiera la solicitud de los representantes de los asentamientos de reformar la Ley 3-97 (Ley Temporal de Legalización de Tierras del Estado Ocupadas para Vivienda Popular), con el fin de ampliar su cobertura, así como que las soluciones habitacionales propuestas por el FOGUAVI en la región sean consideradas de muy alto costo y escasa calidad, son factores que obstaculizan el cumplimiento de los compromisos sobre esta materia. Esta problemática ya había sido puesta en conocimiento de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz por los representantes de los asentamientos humanos.
27. En febrero de 1998 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Pobladores, que contó con numerosos representantes de los Comités Pro-Vivienda y Asentamientos Humanos. El encuentro permitió divulgar leyes y compromisos relacionados con el tema vivienda, así como conocer las limitaciones y dificultades que identifican los pobladores. Guatemala es el departamento donde probablemente el problema se expresa con mayor fuerza y el que exhibe un mayor grado de capacidad organizativa, con 45 cooperativas pro-vivienda registradas.
28. Los desalojos realizados en los últimos meses del período en el departamento de Guatemala, además de aquéllos que probablemente se realicen en los siguientes meses, ponen en evidencia lo complejo y conflictivo de esta situación. Es necesario que las autoridades analicen y den respuesta a las dificultades y limitaciones del FOGUAVI que fueron identificadas por los pobladores. Por otro lado debemos destacar las iniciativas para captar nuevos terrenos, emprendidas por el Gobierno en enero pasado, que merecen ser continuadas.
SEGURIDAD PÚBLICA[editar]
29. En 1997 se inició en el departamento de Guatemala el proceso de despliegue de la nueva PNC y, a principios de 1998, se desplegaron los primeros contingentes de egresados del primer curso básico para personal de nuevo ingreso en la Academia de la Policía Nacional Civil, (en adelante APNC) de 6 meses de duración. En marzo la PNC se desplegó en el departamento de Escuintla. En la región se crearon 7 comisarías, 6 en el departamento de Guatemala y una en el departamento de Escuintla, con un total aproximado de 3,540 efectivos. A mediados de julio de 1998 se instaló una comisaría de la PNC con una dotación inicial de 75 efectivos en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez. En el resto de los municipios de este departamento el despliegue de la PNC se hará en los próximos meses.
30. Se prevé que a fines de agosto de 1998 se desplegará la PNC en Jutiapa y en septiembre en Santa Rosa. Las labores policiales en estos departamentos y en el de Jalapa continúan siendo desempeñadas por elementos de la Policía Nacional (180 efectivos en Jutiapa, 60 de los cuales está en la APNC; en Santa Rosa y Jalapa, 215 y 135, respectivamente).
31. En la región, el despliegue de la PNC presentó diversas dificultades. La falta de información a los ciudadanos y a las autoridades, así como serias carencias de infraestructura y equipamiento: falta de locales adecuados, de servicios básicos, de equipo policial, de sistemas de comunicación, etc. En algunos casos, la comunidad tuvo que improvisar algunos apoyos. La presencia de la PNC generó expectativas positivas y la confianza de la población, que recibió como un signo alentador el incremento en los índices de detenciones. Después de algunos meses las expectativas han perdido fuerza e incluso llegado al desencanto. El personal policial también ha demostrado su descontento por las deficientes condiciones de trabajo y los atrasos en el pago de sus salarios, al punto que en un caso se negaron a cumplir con sus funciones para exigir este pago.
32. El Ministerio de Gobernación promovió la creación de las Juntas Locales de Seguridad, como un mecanismo de participación junto al despliegue de la PNC. En la región se instalaron más de 100 juntas, las que fueron bien acogidas por la población. En la actualidad se tiene registro de 51, de las cuales sólo 40 funcionan de manera activa. Al cabo de unos meses de funcionamiento han surgido manifestaciones de cansancio y desgaste entre sus integrantes, como la disminución de asistencia a las reuniones y en otras la total indiferencia.
33. Por otra parte, los escasos medios materiales y humanos asignados a esta tarea, han puesto de manifiesto la falta de apoyo institucional a este proyecto por el Ministerio de Gobernación. A nivel nacional, el Ministerio sólo asignó a tres funcionarios, cuya actividad está circunscrita a la capital. Estos funcionarios carecen de los medios adecuados para su tarea e incluso han tenido retraso en el pago de sus salarios. El problema central, no obstante, es la falta de marco legal para las Juntas Locales de Seguridad.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA[editar]
34. La administración de justicia se expresa a nivel regional como el conjunto de jueces de paz, jueces de instancia, tribunales de sentencia, salas de corte de apelaciones, así como Ministerio Público y PNC, la que coexiste en algunos departamentos con la Policía Nacional. En la mayoría de los departamentos de la región estas instancias están presentes en la cabecera departamental. A nivel de los municipios, sin embargo, únicamente se cuenta con el juzgado de paz y la dependencia policial, integrada por tres a cinco efectivos por municipio. En los departamentos de Jalapa y Sacatepéquez se hallan la sala quinta y novena de la Corte de Apelaciones, respectivamente.
35. Los operadores de justicia de la región carecen de una buena comunicación institucional y de capacidad para elaborar políticas y acciones conjuntas, lo que afecta la funcionalidad de la administración de justicia y favorece la impunidad. El Servicio Público de Defensa Penal posee escaso personal para realizar sus funciones, pues dispone de un defensor público por departamento en Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, y Sacatepéquez. Su excesiva carga de trabajo genera constantes violaciones al derecho de defensa. El sistema penitenciario mantiene a las personas detenidas en condiciones infrahumanas, hecho que adquiere aún más gravedad si se considera que cerca del 80% de casos se trata de presos sin condena. A ello se suma la corrupción entre los funcionarios penitenciarios, la arbitrariedad de los comités disciplinarios que integran los propios reos y la sobrepoblación en los penales, todo lo cual puede considerarse dentro de las probables causas de dos motines durante el presente año.
36. En la región se han recibido numerosas denuncias de irregularidades en materia de armas y municiones, las que no han sido investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Ello destaca la importancia de seguir impulsando el cumplimiento de los compromisos, del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y del Fortalecimiento del Poder Civil, respecto a la emisión de la ley para hacer más restrictiva la tenencia y portación de armas, así como la transferencia de esta responsabilidad y los registros de armas del DECAM al Ministerio de Gobernación, los cuales fueron recalendarizados para el primer trimestre de 1998. El conflicto de intereses en torno a este tema ha provocado que sectores vinculados a empresas de expendio de armas y municiones, hayan iniciado una importante campaña en contra de la emisión de la ley reguladora de armas y, en particular, en contra de la presencia de MINUGUA en el país, por su respaldo a la exigencia del cumplimiento de este compromiso.
INCORPORACIÓN DE LA URNG[editar]
37. En tanto que la fase de incorporación inicial de la URNG ha sido pospuesta hasta el 3 de noviembre de 1998, aún no ha sido posible la creación de condiciones que posibiliten el tránsito sostenible a la fase de incorporación definitiva. En este marco se ha dado seguimiento a los proyectos económicos y educativos que benefician a los desmovilizados en los departamenos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Sacatepéquez y Jutiapa. Hasta el momento las políticas de FOGUAVI no han permitido que los desmovilizados puedan tener real acceso a los proyectos de vivienda impulsados por la institución.
OBSERVACIONES[editar]
38. Por lo que respecta a la actuación de las patrullas combinadas PNC/Ejército, sería conveniente que en todos los casos se registre, y se pueda conocer a priori, la programación, composición, equipamiento y rutas, así como posteriormente disponer de información sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos.
39. La puesta en ejecución del Plan Nacional de Capacitación Municipal es fundamental para continuar el fortalecimiento de las instancias de participación en la región. Los gobiernos locales, a través de los mecanismos de que disponen en el ámbito municipal, deberían apoyar las iniciativas locales que tienen como prioridad la participación social. Igualmente oportuno sería que las instancias nacionales, a través de los Consejos Regionales y Departamentales, apoyen proyectos de difusión que sensibilicen respecto al tema de la participación social y ciudadana, particularmente hacia los sectores de la sociedad civil.
40. Considerando la importancia de la población desplazada, el Gobierno y las autoridades de la región deberían redoblar esfuerzos respecto de la capacitación a los registradores civiles y de una campaña informativa efectiva de la Ley de Documentación.