Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia

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Como contribución al llamado a la reconciliación nacional formulado por S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago y como testimonio de la disposición de muy amplios sectores políticos del país a un gran acuerdo nacional que asegure la evolución pacífica hacia una democracia plena y auténtica, todos los que suscriben este documento, en un gesto positivo hacia la reconciliación que se desea, expresan su apoyo a los principios políticos, económicos y sociales que a continuación se enuncian.

Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática; un marco político-económico-social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del futuro plantean; y, también, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus indispensables funciones permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales. La reconciliación, asimismo, exige el pleno respeto al derecho a la vida y a todos los demás derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pactos Complementarios, lo cual significa rechazar la violencia, de dondequiera que ésta venga, como método de acción política y hace indispensable esclarecer los atentados y crímenes que han conmovido al país y aplicar la plenitud de la ley a los responsables. Es prioritario unir a los chilenos para construir las bases esenciales de su convivencia.

Es imperativo atender las exigencias de la justicia de una manera congruente con el espíritu de reconciliación nacional. Para ello, los procesos a que hubiere lugar por violación de derechos humanos requerirán de denuncia responsable por delito específico, formulada con fundamento. Su conocimiento corresponderá exclusivamente a los Tribunales existentes, asegurándose así el debido proceso, exento de humillaciones, venganzas y juicios colectivos ad-hoc.

Dentro de la tradición cultural y de libertad de los chilenos, la Democracia es el mejor sistema posible de vida, y por ello, el presente acuerdo se refiere a las condiciones fundamentales que debieran cumplirse, no sólo para hacer posible el tránsito a esa Democracia, sino para asegurar su estabilidad una vez que esté plenamente restablecida.

La magnitud de los problemas que deberán enfrentarse, a lo menos en lo que resta del siglo, hace urgente que mediante el gran acuerdo nacional que se postula, se logre una tasa de crecimiento elevada y persistente que lleve a niveles más altos de bienestar y equidad, única forma de construir y hacer perdurable una Democracia auténtica, moderna y participativa.

Teniendo en consideración lo anterior, la estabilidad del sistema democrático que se establezca exige el compromiso solemne que contraen todos los que firmen o adhieran a este documento, de realizar la acción política del futuro dentro de un espíritu de lealtad democrática, aplicación efectiva de la ley y respeto mutuo, compatibilizándola con los principios institucionales, económicos y sociales aquí señalados. Sólo de esta manera se garantizará la gobernabilidad del país y la efectiva transición hacia una democracia plena.

En la medida en que la convivencia nacional garantice mayor justicia y seguridad para todos, será posible mantener el orden público, evitar el empleo de la violencia, contribuir a eliminar el terrorismo y sancionar las conductas antidemocráticas. En cualquier caso, el resguardo efectivo de los derechos humanos será una preocupación preferente en el quehacer de las autoridades públicas.

Los que suscriben este documento se comprometen desde ya a empeñar su voluntad y esfuerzo en la tarea enunciada e invitan a adherirse a ella, con igual disposición, a los trabajadores, empresarios, profesionales y demás actores del acontecer nacional, de modo que se produzca una concertación democrática realmente representativa de toda la nación.

I. ACUERDO CONSTITUCIONAL[editar]

El restablecimiento de la Democracia hace indispensable el que todos los chilenos tengan el derecho de expresar su pensamiento y asegurar sus libertades dentro de un régimen constitucional que contemple, al menos, los siguientes aspectos:

1. Elección por votación popular de la totalidad del Congreso Nacional, con claras facultades legislativas, fiscalizadoras y constituyentes.

2. Un procedimiento de Reforma Constitucional que, reconociendo la necesaria estabilidad que debe tener la Carta Fundamental, haga posible sus modificaciones y en caso de desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, someta la reforma a plebiscito.

3. La elección directa del Presidente de la República por votación popular, mayoría absoluta y segunda vuelta si fuese necesario.

4. Existencia de un Tribunal Constitucional en cuya integración estén representados adecuadamente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

5. La Constitución Política garantizará la libre expresión de las ideas y la organización de partidos políticos. Los partidos, movimientos o agrupaciones cuyos objetivos, actos o conductas no respeten la renovación periódica de los gobernantes por voluntad popular, la alternancia en el poder, los Derechos Humanos, la vigencia del principio de legalidad, el rechazo a la violencia, los derechos de las minorías y los demás principios del régimen democrático definido en la Constitución, serán declarados inconstitucionales. Esta calificación corresponderá al Tribunal Constitucional.

6. Regulación de los Estados de Excepción Constitucional que permitan restringir las libertades individuales de reunión, locomoción, traslado, información y opinión, precisando que en ningún caso, durante su vigencia, pueden vulnerarse los Derechos Humanos y que siempre podrá recurrirse de amparo y protección ante los Tribunales de Justicia.

II. EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL[editar]

Es indispensable eliminar cualquier incertidumbre respecto al régimen socio-económico que imperará una vez restablecida la normalidad. La convivencia democrática, exige estabilidad en las reglas básicas para el funcionamiento de la economía, a fin de asegurar así armonía social y eficacia económica. Para lograrlo se requiere adecuado equilibrio entre el ejercicio de la libertad y la equidad.

El país debe proponerse simultáneamente una tasa de crecimiento alta y una sostenida reducción de las desigualdades en las oportunidades y los niveles de consumo.

Asimismo, el desarrollo dinámico y equitativo en Democracia requiere de normas claras, no sujetas a interpretación arbitraria, que impidan la dominación de un grupo social sobre otro y del Estado sobre la sociedad.

En virtud de lo expuesto, todos los que suscriben este documento comprometen su apoyo a las siguientes bases del orden económico-social futuro:

1. Serán metas prioritarias la superación de la extrema pobreza y la marginalidad, la creación de oportunidades de trabajo productivo y estable, y el logro de una tasa alta y sostenida de crecimiento, para lo cual será preciso superar las restricciones que impone la escasez de los recursos externos y aumentar sustancialmente el ahorro interno, tanto público como privado, principales limitaciones a la inversión y, por tanto, al crecimiento.

2. Para el logro de los objetivos señalados, será necesario un propósito nacional de compartir equitativamente sacrificios y recompensas. Ello significa austeridad en los consumos, solidaridad y disciplina social.

3. Debe garantizarse constitucionalmente el derecho a la propiedad privada de los bienes corporales e incorporales, incluídos los medios de producción, condición necesaria para estimular la iniciativa individual bajo distintas formas de organización y actividades económicas. No se usará el sistema tributario como mecanismo expropiatorio. Debe reconocerse, también, la existencia de la propiedad estatal y mixta de medios de producción.

4. El Estado debe tener una función activa y le corresponde determinar los grandes objetivos nacionales, sobre la base de una planificación directa de su propia acción e indicativa para los demás agentes económicos, usando de preferencia instrumentos indirectos de persuación e incentivo. Así coordinará y orientará la marcha de la economía, sin perjuicio de sus funciones reguladoras y redistributivas. De este modo se configura una economía mixta en que Estado y Empresa Privada se complementan mediante una definida diferenciación de funciones y la consiguiente división de tareas, y en la cual el mercado, la concertación y la acción del Estado constituyen, entre otros, mecanismos para la asignación eficiente de los recursos.

5. En la formulación y evaluación de la estrategia nacional de desarrollo y en las definiciones fundamentales de políticas económica y social, serán consideradas las opiniones y experiencias de trabajadores y empresarios.

6. El compromiso de los diferentes grupos que forman la sociedad con la Democracia y el Desarrollo, requiere de la participación social. Para que ella exista es preciso que la sociedad civil se organice en torno a las actividades que afectan directamente sus intereses; que se busquen formas de arbitrar los conflictos y que el Estado descentralice sus funciones de manera de dar una responsabilidad creciente a las organizaciones sociales intermedias en la solución de sus propios problemas.

7. Es indispensable lograr una concertación social entre los agentes económicos basada en el reconocimiento de que, sin descuidar el interés de consumidores, entre empresarios y trabajadores existe el objetivo compartido de lograr mayores niveles de bienestar general y la aceptación del principio de que los conflictos deben resolverse a través de acuerdos negociados.

8. Las relaciones entre trabajadores y empresarios deben ser equilibradas, para lo que se requiere reconocer la función del trabajo en sus distintas expresiones y fortalecer las organizaciones laborales (sic) y sus derechos de petición, reunión, huelga y otros. Aquéllas, conjuntamente con sus similares de empleadores, actuarán como cuerpos intermedios en la proposición de políticas de interés mutuo y mediación en controversias respecto a materias que les son comunes.

III. MEDIDAS INMEDIATAS[editar]

Para devolver a los chilenos el pleno ejercicio de su ciudadanía, con capacidad de participar en las decisiones que afectan su futuro en libertad e igualdad de condiciones, y para dotar al proceso político de los elementos indispensables para una evolución efectiva hacia una auténtica Democracia, es necesario tomar las siguientes medidas:

1. Término a los Estados de Excepción; pleno restablecimiento de todas las libertades públicas, de una real autonomía universitaria y de garantías constitucionales, y compromiso gubernativo de no aplicar el Artículo 24 transitorio de la Constitución de 1980. Término, asimismo, al exilio, que niega el legítimo derecho a vivir en la Patria, y devolución de la nacionalidad a los que fueron privados de ella.

2. Formación de registros electorales.

3. Término del receso político y derogación de las normas que impiden el funcionamiento de los partidos.

4. Aprobación de una ley electoral para elegir Presidente de la República y Senadores y Diputados por sufragio directo, personal, libre, secreto, informado e imparcialmente controlado, asegurándose para ello la libertad de propaganda y equitativo acceso a los medios de comunicación del Estado y universitarios.

5. El plebiscito que legitime las disposiciones enunciadas en este documento, deberá realizarse contemplando las garantías definidas en el número anterior.

Los firmantes de este documento acuerdan mantener una vinculación permanente, a objeto de perfeccionar e implementar su contenido.

Santiago, Agosto de 1985.


Firmaron:

René Abeliuk (Socialdemocracia)

Andrés Allamand (Unión Nacional)

Patricio Aylwin (Partido Demócrata Cristiano)

Carlos Briones (Partido Socialista)

Francisco Bulnes (Unión Nacional)

Pedro Correa (Partido Nacional)

Armando Jaramillo (Derecha Republicana)

Luis Fernando Luengo (Partido Radical)

Fernando Maturana (Unión Nacional)

Sergio Navarrete (Partido Socialista [facción Mandujano])

Darío Pavez (Partido Socialista [facción Briones])

Germán Pérez (Partido Socialista [facción Mandujano])

Patricio Phillips (Partido Nacional)

Mario Scharpe (Socialdemocracia)

Enrique Silva Cimma (Partido Radical)

Ramón Silva Ulloa (Unión Socialista Popular)

Gastón Ureta (Partido Liberal)

Gabriel Valdés (Partido Demócrata Cristiano)

Hugo Zepeda (Derecha Republicana)

Nota: Luis Maira y Sergio Aguiló, ambos de la Izquierda Cristiana, participaron de la aprobación del documento final, pero no lo firmaron, adhiriéndose posteriormente a dicho documento.