DICTAMEN QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1994

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DICTAMEN

I. Fundamento constitucional.

Del Artículo 73, fracción X, el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir ordenamientos de carácter general e impersonal en la materia de comercio.

En la fracción XXIX-E del propio Artículo 73 de la Carta de Querétaro se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes o servicios, social y nacionalmente necesarios.

Por otro lado, el Artículo 25 de la Carta Magna señala que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución". También dispone que "el Estado planteará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.

En el Artículo 26 de la Ley Suprema se establecen la responsabilidad del Estado por organizar "un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". A su vez, se prescribe que "los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinará los objetivos de la planeación".

Conforme a lo dispuesto por la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Federal, el Poder Legislativo de la Unión, está facultado para expedir todas las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que la propia Ley Fundamental le confiere al Congreso General y a los demás Poderes de la Unión.

Con base en los señalamientos anteriores, la LV Legislatura del Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, abrogándose el ordenamiento el mismo nombre que se publicó en el propio Diario Oficial de la Federación de 22 de diciembre de 1975.

II. Antecedentes

Con fecha 27 de abril del presente año, en nombre de varios Diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el Dip. Juan Hernández Mercado presentó ante el Pleno de la Honorable Colegisladora una iniciativa de reformas a los artículos 44,52 y 53 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por su parte, el 7 de junio próximo pasado, diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa para modificar los artículos antes referidos del ordenamiento que establece los derechos de los consumidores frente a los prestadores de servicios o quienes expenden bienes.

Hemos señalado en otros dictámenes formulados sobre distintas minutas proyecto de Decreto aprobadas por las Cámaras de Diputados sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, sobre la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y sobre la Ley Aduanera, destinadas a incorporar en nuestro sistema jurídico, con normas específicas para atender de manera equitativa con el resto de la población las necesidades de las personas discapacitadas, México ha suscrito la declaración de los derechos de las personas con Discapacidad promulgada por la organización de las Naciones Unidas en 1975, del programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad que aprobó esa organización en 1982 y de la declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad en el área Iberoamericana.

México reconoce que las condiciones que enfrenta las personas con discapacidad para desarrollar sus actividades cotidianas, les provocan efectos de marginación y de discriminación que dificultan su cabal acceso a las condiciones de calidad de vida y de superación social y personal con que cuenta el resto de la población. Es de justicia reconocer en los ordenamientos normativos en trato que debe darse a los discapacitados para hacer efectivo el sentido de igualdad que les confiere la Constitución General de la República.

III. Contenido de la minuta

A partir del análisis que en su oportunidad realizó la Comisión de Comercio de la Honorable Colegisladora sobre las iniciativas presentadas por Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por Diputados del Partido Revolucionario Institucional consideró atendibles los razonamientos de sus proposiciones, pero estimó que los objetivos que se buscan requerían de la reforma al artículo 7o. y de la reforma y adición del Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en vez de los planteamientos formulados para reformar los artículos 44 y 52 de ese ordenamiento.

En ese sentido, se planteó la modificación al Artículo 7o. que se ubica en el Capítulo de Disposiciones Generales y señala la obligación de todo proveedor de cumplir con las condiciones con forme a las cuales hubiere hecho alguna oferta o algún compromiso contractual. Así, se propone adicionar la disposición con el señalamiento de que ningún proveedor podrá negar bienes o servicios a personas con discapacidad. La disposición quedaría en la siguiente forma:

ARTICULO 70.- Todo proveedor está obligado a respetar los precios, garantías, cantidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiere ofrecido, obligado o convenido por el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a personas con discapacidad.

Por otra parte, se plantea la reforma del artículo 58, que se ubica en el capítulo relativo a la prestación de servicios a los consumidores. En esencia, se señala que las personas discapacitadas no podrán ser objeto de discriminación o reserva por parte de los proveedores de bienes y servicios, salvo que pudiere afectarse su seguridad. También, se precisa que no se cobrarán cuotas distintas o extraordinarias a las normales a los discapacitados por los implementos que requieran para su uso personal, incluyendo el perro guía en caso de invidentes.

En este artículo se adicionaría un segundo párrafo para precisar que los proveedores tienen la obligación de dar las facilidades que requieren las personas discapacitadas para utlizar los bienes y servicios que ofrezcan; esas previsiones se ceñirán a la norma oficial mexicana aplicable.

Con forme a lo expuesto, al Artículo 58 señalaría lo siguiente:

"ARTICULO 58.- Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan estos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, conserva el derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad y tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela general, ni tampoco cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad para sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.

"Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen, dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que se reduzcan los derechos que legalmente corresponden al discapacitado como consumidor".

Por lo que hace a los artículos transitorios, se dispone en el primero de ellos el Decreto de Reformas entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el segundo artículo transitorio se señala que a partir de la publicación de la norma oficial mexicana sobre facilidades y dispositivos para las personas con discapacidad, los proveedores contarán con un plazo de tres años para atender las previsiones que se disponen el segundo párrafo del Artículo 58. Al término de ese plazo, los proveedores no otorguen las facilidades no cuenten con las instalaciones para las personas discapacitadas, se harán acreedores a las sanciones previstas por la propia Ley Federal de Protección al Consumidor.

En la tercera disposición transitoria se precisa que la autoridad administrativa deberá adoptar las previsiones necesarias para contar con las normas oficiales aplicables, y en el cuarto artículo transitorio se dispone que los nuevos proveedores de bienes o servicios contarán con el plazo que se establece en el artículo segundo transitorio para establecer las facilidades y los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad utilicen los servicios o adquieran los bienes que ofrezcan.

En virtud de lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas que suscriben se permiten proponer a esta Asamblea la Aprobación del siguiente Proyecto de

DECRETO

QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 7o. y 58 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 58.- Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan estos al público en general no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, reserva del derecho de admisión, la exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad y tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni tampoco cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos deportivos necesarios para su uso personal incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes.

Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado consumidor.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la publicación de la respectiva norma oficial mexicana, los proveedores contarán en un plazo de tres años, para dar las facilidades y establecer, adecuar, o modificar los dispositivos a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Una vez vencido el término a que se refiere el párrafo anterior, los proveedores que no otorguen o no cuenten con los dispositivos señalados por el Artículo 58, se les aplicarán las sanciones previstas por la ley.

ARTICULO TERCERO.- La autoridad administrativa tomará las precauciones necesarias para efecto de contar con las normas oficiales aplicables.

ARTICULO CUARTO.- Los nuevos proveedores de bienes o servicios deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 58 dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto.

Sala de Audiencias Públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la Honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 14 de julio de 1994.

Comisión de Justicia: Sen. Ernesto Luque Feregrino, Presidente.- Sen. Angel Sergio Guerrero Mier, Secretario.- Sen. José Joaquín González Castro.- Sen. César Moreno Martínez de Escobar.- Sen. Porfirio Muñoz Ledo.- Sen. José Nerio Torres Ortíz.- Sen. Manuel Díaz Cisneros.

Comisiones de Salubridad General: Sen. Raúl E. Carrillo Silva, Presidente.- Sen. Alger León Moreno, Secretario.- Sen. Gustavo Guerrero Ramos.- Sen. Roberto Robles Garnica.- Sen. Carlos Jiménez Macías.- Sen. Ramiro Valdez Fontes.- Sen. Héctor Hugo Varela Flores.

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda Sección: Sen. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Ernesto Luque Feregrino, Secretario.- Sen. Salvador Sánchez Vázquez.- Sen. Saúl González Herrera.- Sen Carlos Sobrino Sierra.- Sen. Manuel Díaz Cisneros.

Comisión de Comercio y Fomento Industrial: Sen. Carlos Sales Gutiérrez, Presidente.- Sen. Gustavo Salinas Iñiguez.- Secretario.- Sen. Idolina Moguel Contreras.- Sen. Netzahualcóyotl de la Vega García.- Sen. Silvia Hernández.- Sen. Leonardo Rodríguez Alcaine.- Sen. José de Jesús Padilla Padilla.- Sen. Héctor Terán Terán.- Sen. Miguel Alemán Velasco.- Sen. Porfirio Muñoz Ledo.- Sen. Germán Sierra Sánchez.- Sen. Carlos Jiménez Macías.- Sen. César Moreno Martínez de Escobar .- Sen. Arcadio León Estrada.- Sen. Armando Hopkins Durazo.- Sen. María Elena Chapa Hernández".

-Queda de primera lectura.

-El C. Presidente: Se acaba de recibir por esta Mesa Directiva el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Salubridad General, de Estudios Legislativos, Segunda Sección y de Obras Públicas, sobre la minuta proyecto de Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

-Ruego a la Secretaría se sirva dar lectura a dicho dictamen, y posteriormente al dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Salubridad General, de Estudios Legislativos, Segunda Sección y de Asentamientos Humanos y Ecología, y por último, también de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salubridad General, de Estudios Legislativos, Segunda Sección y de Hacienda, sobre la minuta proyecto de reformas a la Ley Aduanera.

-Continúe la Secretaría.[1]

  1. Diario de Debates del Senado de la República. Diario 29. 14 de julio de 1994.
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