DISCUSION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL DICTAMEN DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1992

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El Presidente: - Esta Presidencia informa que los integrantes de las comisiones unidas de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, acordaron que la discusión del proyecto de Ley Federal de Protección al Consumidor, se realice en lo general y en lo particular y la votación nominal en lo general y en lo particular se haga en un solo acto. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto por los integrantes de las comisiones. La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia en votación.

  • Este dictamen fue Publicado en el Diario No. 18 del día 11 de diciembre de 1992

económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo propuesto. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo. El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido popular Socialista. El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente, compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a fundamentar el sentido del voto de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, en relación con el dictamen sobre la iniciativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor, enviada a esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo. A nuestro juicio, esta Ley es positiva en gran medida porque tiende a proteger los derechos del consumidor, procurando establecer los principios de equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Un criterio que debe prevalecer entre las relaciones comerciales tanto internas como externas, para evitar intercambios inequitativos y de injusticia, es el de equidad entre las partes contratantes. Es útil recordar que a partir del nuevo Estado mexicano surgido de la Revolución Mexicana de 1910 - 1917, los gobiernos progresistas, nacionalistas, democráticos y revolucionarios, han desarrollado una política de protección y de justicia para los que menos tienen, particularmente para los obreros, campesinos y los amplios sectores populares de este país, no sólo para evitar el enriquecimiento ilegítimo de unos cuantos, sino para proteger el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Los gobiernos de este corte revolucionario en sus sexenios de mandato, impulsaron la intervención del Estado en la economía, llegando a señalar precios máximos a los artículos de consumo popular, así como de materias o productos que se consideran necesarios para el desarrollo de la economía nacional. De igual manera se dictaron disposiciones antimonopólicas como las establecidas en el artículo 28 constitucional, para evitar intermediaciones voraces que provocan insuficiencias artificiales y desestabilizan abastos; también se dio impulso a la organización de los consumidores para proteger sus intereses. Estos actos de Gobierno, congruentes con la letra y el espíritu de los artículos 30., 28 y 123 de nuestra Carta Magna, así como de otras leyes reglamentarias; la creación de la Procuraduría del Consumidor llenó un vació en cuanto a la protección de los consumidores, particularmente de los obreros. Como era lógico, este organismo fue tremendamente combatido por la clase empresarial y los grandes "tiburones" del comercio, impidiendo que ese organismo cumpliera satisfactoriamente su cometido. La propaganda consumista, desleal de los medios masivos de comunicación y la falta de la participación de organizaciones de consumidores en la Procuraduría Federal del Consumidor, también explica su falta de efectividad. Ahora bien, en el dictamen de la iniciativa de Ley que estamos discutiendo, atinadamente se establecen normas que con toda claridad van encaminadas a promover y proteger los derechos del consumidor bajo los principios de protección a la vida, salud y seguridad del consumidor, contra riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos y nocivos. Así lo establece la fracción I del tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley, y en las subsecuentes fracciones se establecen los principios básicos que norman las relaciones de consumo. La caracterización de la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, establece la perspectiva que tanto el consumidor como el proveedor pueden deslindar los conflictos que pueden causar daños patrimoniales y morales, técnicos y de todo carácter. Es muy importante que en la Ley se establezca la legitimación procesal de la Procuraduría Federal del Consumidor, para ejercitar acciones ante los tribunales competentes, en representación de los consumidores. Compañeras y compañeros diputados: como se dice en la propia iniciativa, cuyo examen estamos discutiendo, la estructura social del país es excepcionalmente dinámica. Su potencial organizativo se incrementa cada día. Los grupos tienden, desde sus propios espacios, hacia el establecimiento de formas de organización y participación que le permitan incorporarse a la toma de decisiones básicas para resolver sus problemas de manera directa y oportuna. Esto es verdad. Por eso pensamos que para lograr los objetivos de protección de los derechos del consumidor y lograr también una mayor equidad en las relaciones de consumo en el país, es necesario integrar en el Consejo Consultivo las organizaciones sociales de defensa del consumidor; que ahora no se contempla en el dictamen en forma concreta. Creo que si lo hacemos, estaremos recogiendo el espíritu de la iniciativa expresada en la exposición de motivos. Como es sabido, en muchos países europeos la participación de los consumidores es muy importante al lado de las instituciones estatales encargadas de regular las actividades de proveedores y consumidores. En Alemania, por ejemplo, las amas de casa tienen una importante participación en la defensa de calidad de los productos de consumo. En nuestro país esta participación es incipiente y es muy deformada, casi es corporativa. Nosotros pensamos que las organizaciones sociales de consumidores deben ser de frentes amplios y autónomos del Gobierno y de los partidos políticos, y deben ser organismos de asesoría con funciones decisorias y obligatorias para la Procuraduría. La complejidad social que vivimos, la apertura de nuestra economía que se plantea con el Tratado de Libre Comercio tiene grandes impactos sobre nuestras relaciones de consumo, tanto dentro, como fuera del país. Hoy por hoy la sociedad mexicana está sufriendo una gran ofensiva de propaganda consumista. Se trata de imponernos hábitos de consumo ajenos a nuestra idiosincrasia y distante a los bolsillos de la mayoría de nuestro pueblo. Día y noche nos acosa la propaganda subliminal para inducirnos al consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco, de refrescos, de productos chatarra, muchos de ellos nocivos a la salud. La ofensiva está dirigida hasta en la deformación de nuestra conciencia nacional, a través de películas que hacen apología de crímenes, de drogas de robos, de acciones violentas. Ante esta ofensiva consumista que nos traen las políticas de globalización, de integración económica en general, de nuevas concepciones, entre comillas, modernas, el Estado mexicano y toda la sociedad no deben permanecer indiferentes, debemos lamentar racional y patrióticamente la información sobre los productos de consumo, sobre los servicios, sobre los materiales que tienen qué ver con nuestra economía preservando siempre nuestra soberanía y nuestra independencia y el bienestar del pueblo mexicano. La Ley que comentamos es un paso positivo, pero tenemos que mejorarla, por ejemplo, no contiene normas para combatir a los intermediarios en los procesos productivos. El Consejo Consultivo no es representativo de las distintas organizaciones sociales y por lo tanto no refleja el propósito que plantea la exposición de motivos de la iniciativa. A nuestro juicio, deben ser incluidas las tarjetas de crédito en la regulación de esta Ley, sin menoscabo de que también la tenga la Comisión Bancaria. El Partido Popular Socialista plantea que deben quedar muy claros los derechos de los trabajadores que pertenecen a sus organismos que van a desaparecer; deseamos que nadie sea despedido y que todos conserven su trabajo. Honorable Asamblea, el Partido Popular Socialista considera que esta Ley Federal de Protección al Consumidor es oportuna, en virtud de la posible firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que este hecho, como es de suponerse, traerá gran cantidad de problemas a los consumidores finales nacionales y extranjeros y que inclusive puede provocar cuestiones de competencia y de jurisdicción entre los estados que pueden detentar nuestra soberanía e independencia. Las medidas proteccionistas extranjeras que están a la vista desde los subsidios hasta los pretextos de deficiencias de calidad, todo se hace valer para proteger intereses monopólicos. No olvidar que el Tratado de Libre Comercio tiene un profundo significado de hegemonía imperialista, es la estrategia del imperialismo para la imposición de políticas económicas por parte de los grandes centros financieros internacionales. Con ello no se camina hacia una diversificación de las relaciones económicas sino hacia el fortalecimiento y consolidación de la política del Fondo Monetario Internacional que es instrumento del imperialismo. Por estas razones, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, dará su voto aprobatorio en lo general al presente dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.) El presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posiciones. El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: La protección al consumidor no es si no una forma por la cual la empresa se encuentra controlada socialmente, nos dice la doctrina italiana y este problema ha generado el interés de toda la comunidad internacional. Ya desde el Reporte Morroni se definía al consumidor como aquél que compra o alquila mercancías para su uso o consumismos privados. La primera persona que públicamente planteó el problema de protección al consumidor, fue en el mensaje que dio al Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962, el Presidente Kennedy, quien habló que el consumidor tiene los siguientes derechos básicos: derecho a la protección y a la seguridad; derecho a ser informado; derecho a la elección y derecho a la reflexión. Sin embargo, la protección al consumidor tiene su origen indirecto en el Tratado de Roma de 1957; en el preámbulo de este trabajo indica cómo en una de las metas esenciales de la comunidad, es el mejoramiento constante de las condiciones de vida y empleo y señala como uno de los objetivos la elevación acelerada del nivel de vida garantizado, precios razonables en los suministros al consumidor. En su artículo 85, establecía limitaciones a la competencia, y en el artículo 86 luchaba contra el abuso, contra empresas que estaban en posición dominante. Hoy en día se dice que las leyes no están para proteger al mercado sino al consumidor, y nosotros consideramos que el consumidor debe tener derecho a la información y a la educación; derecho a accionar directamente contra el productor en caso de daños producidos por productos elaborados; derecho a la reflexión, o sea derecho a cláusulas que limiten esta falta de decisión; derecho a organizarse, dar legitimidad procesal a las organizaciones de consumidores; y derecho a una pronta resolución de sus conflictos. Como en términos generales consideramos que la iniciativa que hoy nos preocupa, responde a estos principios, nosotros votaremos en lo general a favor de la iniciativa de la Ley, pero en lo particular haremos algunas reservas, y toda vez que esto se está discutiendo en lo general y en particular, pasaré a analizar nuestras propuestas en lo particular. Igualmente mi compañero, el diputado Francisco Dorantes hará el análisis de otro de los artículos. En al artículo 5o., proponemos una adición de un segundo párrafo que diga que la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá facultades expresas para intervenir en los conflictos que se presenten entre los usuarios de tarjetas de crédito o de débito, y las empresas operadoras de las mismas, incluso si se tratare de instituciones u organizaciones mencionadas en el párrafo anterior. Eso lo hacemos porque actualmente la defensa de los tarjetahabientes es muy complicada, queda a discreción de las empresas operadoras. Muchas veces se niegan a cancelar cargos a todas luces injustos y no pensamos que sea a través de las comisiones de naturaleza bancaria como se puede llevar un control de esto, sino que debía de haber una facultad expresa para la Procuraduría en este sentido. En el artículo 12, se habla de que sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, los proveedores tienen que entregar los comprobantes; sin embargo, la legislación fiscal obliga en algunos casos a solicitar la Cédula de contribuyente del consumidor, sin la cual no puede entregarse el comprobante. O sea, no podemos encontrarnos con una disposición legal que obliga en un sentido y otra disposición legal que obliga en sentido contrario, por eso proponemos la siguiente redacción: "El proveedor tiene obligación de entregar al consumidor: factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra - venta, servicio prestado u operación realizada. En su caso, el consumidor deberá proporcionar los documentos establecidos por la legislación fiscal. En el artículo 17 tenemos una redacción muy confusa es que por un lado se establece que el consumidor podrá exigir que no se le visite y por otro lado, salvo autorización expresa del propio consumidor. Proponemos esta redacción mucho más simple que dice así: "Artículo 17. El consumidor deberá autorizar expresamente a proveedores específicos y a agencias de investigación de crédito o de mercadotecnia, para ofrecerle bienes o servicios o para realizar dichas investigaciones en su domicilio o lugar de trabajo." Creo que esto es mucho más claro. Estamos igualmente proponiendo una adición a la fracción II del artículo 25, donde se habla de que la Procuraduría para el desempeño de Sus funciones, podrá emplear los siguientes medios de apremio, y habla del auxilio de la fuerza pública. Se nos hace un término muy vago que establece facultades discrecionales muy amplias. Nosotros plantearíamos que esta fracción II quedara así. "El auxilio de la fuerza pública en el caso que resulte necesario para la realización de una clausura en términos de la presente Ley", que es el único caso que podría considerarse la necesidad de este auxilio. En el artículo 31. Estamos proponiendo la modificación del segundo párrafo del artículo 31, toda vez que en la propuesta se reserva al Secretario de Comercio y Fomento Industrial, la designación de todos los integrantes del Consejo Consultivo. Nosotros proponemos que esta designación sea plural, y en tal caso el artículo quedaría en estos términos: "El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de la Secretaría, designado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el cual presidirá el Consejo; por un representante de la Procuraduría Federal del Consumidor, designado por un titular; por un representante de las instituciones nacionales de enseñanza superior, designado por común acuerdo de las mismas; por tres representantes de los consumidores, designados por sus organizaciones, y por tres representantes de los proveedores, designados igualmente por sus organizaciones". Es interesante ver que aquí el dictamen recoge una vieja propuesta de las Naciones Unidas de que las organizaciones de consumidores participen junto con las organizaciones de enseñanza superior. Aquí se trata de democratizar la integración del Consejo Consultivo. En el artículo 43 estamos proponiendo una adición a un segundo párrafo. Aquí habla de que no puede negarse el consumo, la venta, adquisición o renta de bienes o servicios, pero hay casos en que esto no puede ser tan abierto y podríamos hablar de negociaciones que impliquen contratos de tracto sucesivo, o sea, aquellos en los cuales el cumplimiento se va a desarrollar en varias etapas a través del tiempo. Aquí es importante para el proveedor conocer la solvencia económica del consumidor, porque no podría entregar un bien en forma indiscriminada sin hacer un análisis de crédito previo, que por otro lado están contemplados en la misma Ley. Entonces estamos proponiendo que se agregue un segundo párrafo que diga: "Tratándose de contratos de tracto sucesivo, el proveedor podrá realizar una investigación de crédito para asegurarse que el consumidor esté en condiciones de cumplirlo. Igualmente no se considerará que se viole esta disposición cuando haya un mayor número de solicitantes que el de bienes o de servicios disponibles". También podría darse ese caso y no sería imputable al proveedor. En el artículo 44, estamos proponiendo una adición de un segundo párrafo. El artículo 44 habla de la difusión que debe dar la Procuraduría Federal del Consumidor de la investigación de bienes o servicios o de las empresas para el conocimiento del público y esto es muy importante para lograr el equilibrio en el mercado, toda vez que el consumidor requiere de información. Sin embargo existe la posibilidad de errores. En ese caso estamos proponiendo un segundo párrafo que diga: "Cuando como consecuencia de dichas publicaciones se afecte indebidamente el buen nombre de un producto o empresa, y ésta pueda probarlo, la Procuraduría deberá publicar la aclaración exactamente en los mismos términos, medios, espacios, periodicidad, etcétera, con que se hicieron las publicaciones impugnadas." Creo que éste es un derecho que debe tener todo proveedor que por algún error pueda resultar perjudicado o difamado. En el artículo 58, proponemos una modificación, ya que por un lado habla de la palabra "proveedores de bienes y servicios" y estamos hablando nada más de servicios de este capítulo, y por otro lado deja muy abierta la facultad. Pensamos que debe de haber una excepción como en uno de los artículos anteriores, y la redacción que proponemos es la siguiente: "Los proveedores de servicios que ofrezcan éstos al público, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, reserva del derecho de admisión y otras prácticas similares, salvo por causas plenamente justificadas en cada caso, aquí agregamos, como la solvencia económica del solicitante o que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales." Creo que no se le puede obligar a ningún proveedor a proveer de un bien o de un servicio a un consumidor que no es solvente, a sea que no está en capacidad de cubrir la contraprestación que implica este bien o servicio. En el artículo 60. Aquí estamos proponiendo la adición de un segundo párrafo a este artículo, y se refiere básicamente a que se hace responsable a las personas que hacen reparaciones, si éstas no quedan bien. Pero hay un caso que consideramos que sería injusto, o sea, cuando la persona que proporciona el servicio de reparación está utilizando refacciones originales de fábrica, y las defectuosas son las refacciones o las partes, no sería justo que él respondiera por el trabajo, por eso proponemos el agregado de un segundo párrafo que establece: "Cuando el proveedor que realiza la reparación no es el fabricante de la parte o refacción defectuosa, el consumidor podrá requerir al fabricante no sólo el importe o la reposición de la parte o refacción defectuosa, sino el costo de la reparación, toda vez que el daño no puede ser imputado al primero". Estamos proponiendo igualmente la supresión del artículo 72, por un lado no queremos meternos con las tarjetas de crédito en esta Ley, no queremos, me refiero a los autores de la iniciativa y del dictamen, algunos sí queremos que las tarjetas de crédito queden dentro de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero por otro lado estamos aquí consagrando una práctica que va a ser perjudicial para el consumidor. Ahora le van a decir: el precio de este producto es 100, pero si lo vas a pagar con tarjeta, te va a costar 6% más, no va a funcionar al revés, que es una práctica que se acostumbra, que a veces dice: "Bueno, me das descuento, me vas a pagar con efectivo y te doy el descuento". Esto se acostumbra. Pero hay lugares que dicen, el precio, hay otros países que esto ya se generalizó. Se supone que la tarjeta de crédito no sólo es un medio de financiamiento, de hecho en mucho tiempo no lo fue, un medio de financiamiento del usuario, sino más bien un sistema de comercialización para facilitar las ventas de las empresas que tenían esto. Con este artículo lo que vamos a provocar es un encarecimiento, toda vez que se vuelve ya un hecho que se podrá fijar el precio del producto y un sobrecargo, en atención al costo financiero que implique la utilización de tarjeta. Por eso, proponemos la supresión del artículo 72. En el caso del artículo 73, pensamos que la redacción es bastante imprecisa. Lo voy a leer para que quede más claro. "Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles, sólo estarán sujetos a esta Ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de viviendas destinadas a casa - habitación para venta al público, aquí es lo que me interesa, o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar y disfrutar inmuebles durante periodos determinados o determinables. Asimismo, esta Ley es aplicable a los arrendamientos de inmuebles destinados a casa - habitación en el Distrito Federal, en cuyo caso el arrendatario se considerará como consumidor y el arrendador como proveedor". Estamos entendiendo aquí que en materia de arrendamiento la Procuraduría sólo tiene competencia en el Distrito Federal y sólo en casa - habitación. Entonces si vemos la frase anterior: "...o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar o disfrutar inmuebles durante periodos determinados o determinables... "Podríamos pensar que se está hablando de arrendamiento, y nosotros pensamos que se está refiriendo a tiempo compartido. Por eso proponemos la siguiente redacción porque ésta permitiría que todos los asuntos de arrendamiento en todo el país, de cualquier tipo de inmuebles, se trataran en la Procuraduría, y parece que no es ése el objeto. Propondríamos: "Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles, sólo estarán sujetos a esta Ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de viviendas destinadas a casa - habitación para venta al público o cuando otorguen al consumidor el derecho a usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente Ley. Asimismo, esta Ley es aplicable a los arrendamientos de inmuebles destinados a casa - habitación en el Distrito Federal, en cuyo caso el arrendatario se considerará como consumidor y el arrendador como proveedor." O sea, estamos quitando la definición imprecisa, estamos hablando estrictamente del sistema de tiempo compartido, que tantos dolores de cabeza da por los fraudes; estamos haciendo referencia a los artículos 64 y 65 de la Ley que definen y regulan este sistema de tiempo compartido, sin importar el nombre que se le pretenda dar. En relación al artículo 80, estamos proponiendo una modificación. El artículo dice así: "Artículo 80. Los productores deberán asegurar y responder del suministro oportuno de partes y refacciones, así como del servicio de reparación durante el término de vigencia de la garantía... "Hasta aquí está bien. Pero después dice." ...y posteriormente, durante el tiempo en que los productos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose". Esto resulta repetitivo, mientras estén fabricándose, armándose o distribuyéndose, cabe el primer supuesto. Nosotros pensamos que aquí se pretendía garantizar otra situación, que es cuando el producto ya no se produce y que se requiere garantizar el servicio durante cierto período, al menos durante la vida útil de los bienes. Por eso, proponemos esta redacción: "Los productores deberán asegurar y responder del suministro oportuno de partes y refacciones, así como del servicio de reparación, durante el término de vigencia de la garantía. "Igualmente, en caso de suspenderse la producción, deberán garantizar el suministro de partes y refacciones, durante un plazo equivalente al promedio de vida útil del bien descontinuado, computado a partir de la fecha que esto suceda". Creo que esto sí protege, porque mientras estén fabricando un auto, qué importa la disposición, de todas maneras van a seguir produciendo las piezas; el problema es cuando se deja de producir y que al año ya no tiene una oferta de obtener las partes o las refacciones. Estamos proponiendo también una adición al segundo párrafo del artículo 86. Estamos hablando aquí de contratos de adhesión, pero se deja muy amplio, muy discrecional cuáles son los contratos, o al menos poco práctico el conocimiento de los mismos. Por eso, cuando se habla de que la Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas, deberá sujetar contrato de adhesión a registro previo ante la Procuraduría, etcétera, dice después: "Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio". Nosotros diríamos así: "Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones excepto precio. En todo caso, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación la clase de contratos que requieran de registro ante la Procuraduría". O sea, que no sea una facultad tan discrecional, que uno llegue y se entere que ahora tiene uno que registrar el contrato, sino que exista por los medios formales de información pública, con precisión, cuáles contratos son los que están sujetos a registro, para proteger los intereses de los consumidores. Estamos proponiendo, igualmente, una adición al artículo 99; estamos proponiendo que se adicione una fracción IV. El artículo 99 se refiere a los requisitos de procedencia de una queja o de una reclamación y habla de los datos del reclamante, en la fracción I de la descripción del bien o servicio reclamado, del domicilio del proveedor. Sin embargo, no habla de adjuntar ningún documento que compruebe. Imagínense ustedes, y la misma Secretaría constantemente lo menciona en sus mensajes, que cada vez que uno requiera de un bien o servicio exija el comprobante correspondiente. Imagínense ustedes que uno pudiera llegar, salvo que la queja fuera que no le otorgaron el comprobante, ¿verdad?, pero llegar a quejarse de un bien o de un servicio, sin ninguna prueba de por medio. Esto daría bastante inseguridad jurídica. Por eso estamos proponiendo que se adicione una fracción IV, que diga: "Adjuntar los documentos en los que se fundamenta la reclamación". En relación al artículo 104, nos parece que la fracción VI se extralimita. Se establecen los requisitos, "las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los siguientes casos. Establece siete". Los cinco primeros no tenemos ninguna duda y el séptimo, "en los demás casos que disponga la Ley". Pero el VI dice: "Cuando la autoridad lo estime necesario". Creo que esto va en contra del más elemental principio de seguridad jurídica. Para el caso, mejor dejar esa pura fracción, decir que las notificaciones se harán cuando la autoridad lo estime necesario. Esto estamos proponiendo que se suprima, o sea que se suprima la fracción sexta del artículo 104. En relación con el artículo 109, estamos proponiendo una adición, y se refiere a los poderes notariales. Actualmente ha habido grandes problemas en la Procuraduría, porque exigen incluso poderes notariales no sólo para pleitos y cobranzas, sino también para actos de administración. En este caso se simplifica el trámite, tratándose de personas físicas, se requerirá poder notarial mediante carta - poder firmada ante dos testigos, y tratándose de personas morales, un poder notarial formal. Pero nosotros aclaramos, para evitar esto que hasta ahora ha sido muy desagradable, proponemos que el artículo quede así: "Para acreditar la personalidad en los trámites ante la Procuraduría, tratándose de personas físicas bastará carta poder firmada ante dos testigos, en el caso de personas morales se requerirá poder notarial, en todo caso serán suficientes las facultades para pleitos y cobranzas en los términos del Código Civil", o sea, establecemos el tipo de poder para pleitos y cobranzas en los términos que ya están regulados por el Código Civil y que en todos los estados están regulados. Proponemos una adición al tercer párrafo del artículo 114 y esto se refiere a que el conciliador podrá suspender hasta en dos ocasiones la audiencia y señalar día y hora, pero esto podría hacerlo tres años después o 10 años después. Estamos proponiendo que en caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación dentro de los 15 días siguientes, o sea, para que los asuntos no se alarguen, que es uno de los procedimientos que pueden utilizar las partes para evadir la justicia. Esto, decíamos, uno de los principios de los derechos del consumidor es el derecho a que se resuelva pronto cualquier propuesta. En el artículo 115 estamos proponiendo una modificación al primer párrafo, el artículo establece que todas las resoluciones o todos los acuerdos de trámite no admitirán ningún recurso, y esto para los que tienen experiencia en el litigio en la Procuraduría del Consumidor, sabe que bloquearía muchos acuerdos y muchas resoluciones, ya que muchas veces se puede llegar a un compromiso, sobre todo en materia de multas. Entonces estamos proponiendo que quede así el primer párrafo del artículo 115: "Los acuerdos de trámite que emita el conciliador podrán ser impugnados mediante el recurso de revocación, con el cual se suspenderá la audiencia y se citará para otra, si se interpone al momento mismo del acuerdo, pudiéndose interponer dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Al inicio de la siguiente audiencia, el conciliador deberá revocar o confirmar su decisión." Esto es de carácter práctico para avanzar en la solución, a ser menos formal el procedimiento y más flexible para lograr acuerdos, y en ese aspecto creo que la Procuraduría Federal del Consumidor ha tenido mucho éxito. En el artículo 122, ésta es una corrección meramente de estilo. Se habla de que habrá árbitros independientes y que la Secretaría llevará un listado de árbitros independientes. Yo sí quisiera pedir que utilizáramos el español como lengua oficial, y la palabra correcta es "lista" no "listado". Ya el término listado, por las hojas que sacan las computadoras se está popularizando mucho, pero si no tenemos cuidado de usar con precisión el idioma, al rato vamos a estar accesando leyes y cosas de ese tipo que nos están llevando a una serie de pérdida de nuestro idioma. Y, por último, estamos proponiendo que se suprima el segundo párrafo del artículo 128, por considerarlo sumamente discrecional y lesivo para los intereses de los proveedores. Porque en el primer párrafo se establecen infracciones, si el proveedor merece ser sancionado nos parece muy bien, porque es el objeto de la Ley. Pero el segundo párrafo dice: "En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura del establecimiento hasta por 15 días". Independientemente que si este artículo establece la posibilidad de la sanción a reincidentes hasta por 30 días. Pero en casos muy concretos reincidentes, en el anterior, hablamos de casos particularmente graves, lo cual resulta sumamente discrecional y para ser muy claros, esto puede dar origen a prácticas de corrupción, porque todo va a resultar especialmente grave. Por lo anterior, considerando que la defensa del consumidor es uno de los grandes avances del liberalismo social, ya que por un lado opera un sistema de mercado libre y por otro lado se trata de subsanar las desventajas que tiene el consumidor en los puntos que señalamos al principio, como es información, conocimiento, justicia efectiva; muchas veces el asunto no vale la pena para litigarlo. Pero cuando hay muchos casos similares, los organismos de consumidores pueden llevarlos adelante en forma costeable, para evitar abusos, pequeños abusos que de todas maneras habrá que combatir. En tal virtud, y a reserva de que se analicen nuestras propuestas en lo particular, en lo general votaremos a favor de la presente iniciativa. Y dejo en poder de la Secretaría, todas las propuestas presentadas. Muchas gracias. El Presidente: - Se reservan las propuestas para su votación al final y se concede el uso de la palabra al señor diputado José de Jesús Berrospe Días, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición. El diputado José de Jesús Berrospe Díaz: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Vengo en este momento a fijar la posición de mi partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. Abordar cualquier ordenamiento jurídico - económico, cuyo objeto sea la protección del consumidor, implica necesariamente tocar y revisar todos los procesos y fenómenos en los que el consumidor está involucrado. Al mismo tiempo, es necesario analizar las causas que debilitan su posición en el mercado, no sólo a nivel de circuitos comerciales, sino también sus condiciones estructurales. En este sentido se deben abordar los elementos que lo mantienen atado y desprotegido, tanto de las políticas públicas en donde se encuentra inmerso, como ante las leyes del mercado promovidas por ésta y sus consecuencias: apertura comercial, formación de precios monopólicos, inflación, desinformación, mala calidad, incumplimiento de normas mínimas, tanto en el abasto de mercancías, como en la vigilancia de todo tipo de servicios que el consumidor demanda. Es necesario recordar que en nuestro país, desde los inicios de la década de los ochenta, se ha seguido un proceso de ajuste y reforma, para tratar de alcanzar la estabilidad económica y paralelamente tratar de elevar la eficiencia del aparato productivo. Este proceso ha recibido mayor atención durante los últimos años; pero la estabilidad y la eficiencia sólo pueden ser objetivos posibles si en el diseño de la política económica se toman en cuenta los serios desequilibrios macro y microeconómicos, así como las ineficiencias estructurales que distorsionan los mercados, asignan deficientemente los recursos y, por tanto, debilitan al consumidor. Dentro de las debilidades estructurales de nuestro país, que impactan directamente en la fortaleza o debilidad del consumidor al interior de los mercados, se encuentran procesos con graves consecuencias en la dinámica económica dentro de los cuales destacan, entre otros, los siguientes: Crecimiento sectorial y desequilibrado, insuficiente nivel de inversión, serios obstáculos a las pequeñas empresas, insuficiencias en la creación de empleos productivos, bajos niveles de productividad, bajo nivel de crecimiento del empleo, serios problemas al interior del mercado interno, seria caída en el ingreso, injustos esquemas de distribución, serios problemas educativos, desinformación sobre los productos y sobre los mercados. Elementos todos ellos que proporcionan serios rezagos sociales y debilitan la movilidad social. En este esquema, compañeros diputados, ¿cómo pretender proteger y fortalecer al consumidor, si cae el ingreso, si se fortalecen los mercados y se propicia la formación de precios monopólicos?; si se desinforma al consumidor, se le manipula y además se le miente. Estas características debilitan los procesos de diversificación de productos, competitividad y calidad, y en suma debilitan nuestro mercado interno. En algunos programas diseñados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se pretende caracterizar al consumidor nacional como un actor principal en el fortalecimiento del mercado interno, no sólo por la cantidad de bienes y servicios que demanda, sino por su capacidad para seleccionar los más adecuados a sus necesidades. ¿Cómo apoyar este tipo de juicios y de iniciativas como la que se nos propone en este momento, cuando sabemos que los elementos centrales para fortalecer el mercado interno y su eje, el consumidor nacional, son prioritariamente mejores esquemas de distribución, mejorar el ingreso de los grandes sectores de la población, mejorar la distribución de los recursos en el territorio nacional, generación de más empleos productivos y capacitación, entre otros factores? ¿Cómo proteger al consumidor en sus diferentes manifestaciones cuando persisten las presiones inflacionarias? El control de la inflación sigue siendo un objetivo prioritario, por ser la variable que con mayor fuerza puede generar incertidumbre económica, descontento social y fricciones políticas. ¿Por qué no reconocer que la inflación en nuestro país ha penetrado profundamente en el sistema económico y que se alimenta por dos factores? El primero es sobre una base subjetiva que involucra las expectativas de los distintos agentes económicos que siempre tienden a ajustarse a las anteriores tasas de inflación y tienden a reproducirla en el futuro. Y el segundo, es sobre una base objetiva, periódica revisión de los precios, presión por conformación de precios monopólicos. Preguntamos nuevamente: ¿cómo proteger al consumidor cuando la inflación sólo se combate con políticas ortodoxas, es decir, con solo el control de la demanda agregada que por cierto tiene efectos recesivos severos en la economía y un alto costo social? Debemos reconocerlo, la dinámica económica actual apoya y fomenta todos los elementos que promueven y fomentan la evolución de los mercados. Pero estos necesariamente actúan en contra del consumidor en todas sus fases y tipos, de tal forma que esto actúa en contra de los elementos claves que permitan construir una red que verdaderamente proteja al consumidor en todos los ámbitos en los que está involucrado y debe ser protegido. Información y publicidad, promociones y ofertas, ventas a domicilio, mediatas o indirectas, servicios, operaciones de crédito, operaciones con inmuebles, garantías contratos de adhesión, incumplimientos, vigilancia e inspección, procedimiento, sanciones, recursos administrativos, entre otros. ¿Cómo vincular promoción de dinámicas de mercado, desregulación y defensa al consumidor? La respuesta: articulación y ordenamiento de esto debería ser la Ley que en este momento se discute, pero tiene deficiencias y limitaciones que nos permitimos señalar a continuación. Para nosotros, los de la fracción del Frente Cardenista, es necesario y de fundamental importancia que el Procurador Federal del Consumidor sea ratificado por el Congreso de la Unión, a fin de discutir el perfil, antecedentes y capacidad profesional del candidato. Consideramos que la Procuraduría Federal del Consumidor debe ser una entidad autónoma. De tal manera, que pueda enfrentar libremente las omisiones, negligencias y faltas diversas, tanto de los sectores público, privado y social. No se contemplan medidas preventorias que protejan al consumidor. De tal manera que eviten su manipulación, engaño e inducción a compras. En este sentido, para compensar este tipo de fenómenos, nosotros solicitamos, en segundo lugar, cambiar el orden del artículo 46, para incorporar a las promociones u ofertas, constancia oficial de que el bien o servicio se proporciona en mejores condiciones y a precios menores, con el objeto de proporcionar seguridad al consumidor de que la oferta o promoción sea real, estando obligado el proveedor a exhibirla a público. Y en esta propuesta no se nos tomó en cuenta en las negociaciones. Por otro lado, en tercer lugar, creemos que el consumidor en la parte de servicios y operaciones de crédito está totalmente desprotegido, pero no sólo por las desventajas o deficiencias de esta iniciativa, sino porque el consumidor es víctima, por ejemplo, del manejo discrecional de tasas de interés bancario, comisiones y diseño de contratos financieros y de todo tipo de operaciones de crédito en los que está involucrado, sobre todo en el uso de las tarjetas de crédito. Y nuestro partido, en este punto pone un especial énfasis: planes de financiamiento, pagos diferidos, entre otros. En este sentido el concepto de protección al consumidor es una ficción, ya que la carga financiera está sancionada por ordenamientos ajenos a esta Ley y que obedecen más que a esquemas de política económica, monetaria y crediticia, al tan anhelado fomento y consolidación de la protección al consumidor. El problema no es diferenciar en la factura el precio del contrato y el precio del producto en una operación de crédito, lo importante es diferenciar las tasas y el impacto que éstas tienen en el consumidor final. Por lo que la realidad y la discusión rebasa todo tipo de medidas y ordenamientos, como los que hoy se proponen. Contemplar la defensa del consumidor en operaciones y prestaciones de servicios financieros en sus diferentes niveles y ámbitos, debe ser prioritario, no sólo por la importancia de estas operaciones, sino por lo cotidiano que se han vuelto la contratación de éstos. Pero más cotidiano y preocupante es la permanente violación, uso y abuso de prácticas que afectan gravemente al patrimonio del consumidor. Ha sido práctica generalizada que los bancos y aseguradoras, dedican y decidan unilateralmente y sin previo acuerdo, tasas, cuotas y tarifas a servicios, modalidades de gestión e intereses de forma unilateral y sin notificación al usuario de estos servicios. A pesar de esto, la iniciativa que se propone y comenta no contempla articulado alguno que promueva la protección integral al usuario y consumidor final de estos servicios. En suma, vemos que uno de los objetivos de esta iniciativa es tratar de actualizar, adecuar, y renuncia a analizar algunos elementos que protejan al consumidor tomando en cuenta su debilidad frente al proceso de mercado, manipulación, inducción, falta de información, pero debemos decirlo, falta mucho por hacer sobre todo en una economía en pleno proceso de apertura y en donde los servicios financieros permean prácticamente todas las actividades vinculadas con el consumidor. En este sentido nosotros encontramos que es precisamente aquí en donde se reflejan y en donde se encuentran las grandes deficiencias tanto en la clasificación de operaciones como en la tipificación de infracciones y sanciones al interior de este ordenamiento legal. Por lo tanto, nuestra fracción da su voto a favor de esta iniciativa en lo general, reservándonos para que las propuestas que hacemos en lo particular, sean tomadas en consideración por esta legislación. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.) El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Javier Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Deseo hacer en la tribuna una intervención de carácter general a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Mi intervención será en lo fundamental dar razón a este pleno sobre el proceso que seguimos en comisiones unidas para sacar el dictamen que el día de hoy estamos discutiendo. Yo quiero decir que en el proceso de trabajo que fue arduo, fue un trabajo coordinado con bastante participación de los miembros de la Comisión, hubo bastante cordialidad, pero, sobre todo, y esto era algo insólito, sobre todo había un amplio consenso sobre las propuestas que los representantes de todos los partidos en la Comisión de Dictamen habíamos establecido. Y esto no es mentira, yo quisiera dar razón a este pleno de este proceso. Para ello me voy a valer del calendario de trabajo informándoles primero que el pasado jueves 26 de noviembre aquí en este pleno el Presidente en turno envió o turnó la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que abrogaba la Ley vigente, a comisiones unidas de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios. A los cinco días de haberse turnado esta iniciativa de Ley, tuvimos a bien realizar un desayuno de comisiones unidas de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes. En ese desayuno de trabajo de comisiones unidas, el objetivo central fue proporcionar la iniciativa de Ley, la propuesta que venía del Ejecutivo Federal a los diputados que no la tuvieran y además se proporcionaron otros materiales, uno de ellos un comparativo de la Ley vigente con la iniciativa, o la propuesta de iniciativa de Ley, elaborada por el equipo de trabajo de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, y al mismo tiempo un material que la misma Comisión solicitó al Comité de Asuntos Editoriales, en donde se proporcionaba el texto del artículo 28 constitucional, la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica; la Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios; la Ley Federal de Protección al Consumidor; el Reglamento del Artículo 29 - bis de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor y otros artículos relacionados al tema de monopolios y de protección al consumidor. Este era un material extenso que ayudaba al trabajo de las comisiones unidas para la elaboración del dictamen, y ahí mismo se formó una comisión de trabajo para la elaboración del dictamen en donde estaban presentes los siguientes diputados: el diputado Javier Garduño, Alfonso Rivera, Claudio Guerra, Víctor Cánovas Moreno, Gil Mendoza Pichardo, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Adrián del Arenal y Víctor Manuel Martínez Fourcans, del Partido Acción Nacional; diputado Gonzalo Cedillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Alejandro Luévano, y un servidor, del Partido de la Revolución Democrática. Al final del proceso nos acompaño el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista. ¿Por qué es importante señalar los diputados que estuvimos en este trabajo? Fundamentalmente porque hay que dar razón a este pleno, que habíamos trabajado en un proceso de concordancia; un proceso en donde habíamos delimitado una serie de cosas, en donde artículo por artículo de la propia iniciativa, fuimos analizando, discutiendo, proponiendo y acordando. El mismo día miércoles 2 de diciembre, a las 12.00 horas, llevamos adelante la reunión de conferencia con el Senado, en donde participaron aparte de estos diputados que he mencionado, los senadores Ricardo Monreal Avila, Paile Sobrino Sierra, Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada. A las 13.00 horas de ese miércoles 2 de diciembre, se hizo una conferencia de prensa en donde estuvieron presentes los tres presidentes de comisiones, que tenían qué ver por un lado, con la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, y por la otra, con la Ley Federal de Competencia Económica. Estuvieron presentes el Presidente de la Comisión de Comercio, el diputado Javier Garduño; el Presidente de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, el diputado José Treviño, que en algunas reuniones también nos acompaño en la elaboración del dictamen, y su servidor. El lunes 7 de diciembre... bueno, también en la conferencia de prensa anunciamos ahí, la comparecencia del doctor Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial ante estas comisiones, para explicar las leyes de Competencia Económica y de Protección al Consumidor. Bien, el martes 8 de diciembre, posterior a la comparecencia del doctor Serra, tuvimos un desayuno de trabajo a donde invitamos al licenciado Alfredo Baranda, el procurador del Consumidor, aquí en San Lázaro, con la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios. Inmediatamente después de lo que fue este desayuno de trabajo con el procurador Baranda, nos abocamos todos los diputados que ya mencioné, al trabajo de elaboración del dictamen de la Ley Federal de Protección al Consumidor. No me quiero alargar mucho, quiero decir que en la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, una de las relaciones que quisimos estrechar por cuestión de plan de trabajo de la Comisión, de manera plural, era precisamente con el Instituto Nacional del Consumidor y con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. De ello puedo dar razón de varias reuniones, tanto en la Procuraduría Federal del Consumidor como en la Cámara de Diputados de esta Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, lo mismo con el Instituto Nacional del Consumidor pero sobre todo con la Procuraduría Federal del Consumidor, diversas reuniones en donde uno de los asuntos que tratamos, y aquí nadie me dejará mentir, de los diputados de otras fracciones pertenecientes a esta Comisión, estuvimos analizando la posibilidad de una reforma o una adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, que el día de hoy se va a abrogar. Digo que se va a abrogar, porque ya sé el sentido del voto de la mayoría. Pero francamente nos parece que el trabajo de los legisladores en este asunto deja mucho qué desear. ¿Como es posible que en el plan de trabajo de una comisión, en estrecha vinculación con el Instituto Nacional del Consumidor y con la Procuraduría Federal del Consumidor, de repente nuestras propuestas en comisiones de trabajo, elaboradas, etcétera, no fueron consideradas a la hora en que el Ejecutivo Federal turna o envía una Ley Federal de Protección al Consumidor que abroga la vigente? Bien, quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que en el trabajo de la subcomisión de Dictamen, todo el día, bueno en la parte del martes 8 de diciembre que estuvimos trabajando, pero sobre todo el miércoles 9 de diciembre, que fue un trabajo muy arduo que terminó a horas de la madrugada, en donde fuimos viendo que teníamos consenso en las propuestas, yo quiero decir con toda sinceridad que muchos de los argumentos de carácter más radical, por decirlo de alguna manera, fueron puestos por nuestros compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional. Pero aquí viene el problema. El jueves 10 de diciembre, habiendo terminado en la madrugada de ese día y una comisión se dedica a la elaboración del dictámen, se cita a comisiones unidas para dar a conocer el dictamen. Ese día jueves 10, pasado jueves, no se pudo proporcionar el dictamen, porque por razones técnicas no se tenía en ese momento. Finalmente la reunión se fue aplazando, primero que a las 12.00 horas, ó a las 13.00 horas, luego que mejor a las 15.00 horas, luego que a las 18.00 horas y definimos mejor que fuera a las 19.00 del jueves pasado, a las 7.00 de la tarde. Nos citamos en el Salón Verde de aquí del Palacio Legislativo, y aquí hay que decir que nuestra sorpresa fue que cuando se empieza a leer, no el dictamen, porque faltaba todo el articulado de la Ley, pero sí la fundamentación de éste, fueron modificadas varias de las cosas que su - poníamos había sido un acuerdo previo en el trabajo de la subcomisión de Dictámen. Esto evidentemente que hizo que algunos diputados nos indignáramos por el procedimiento; es decir; habernos cambiado a última hora, sin previo aviso, esta situación del dictamen. Y en ese sentido yo quisiera señalar, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, por qué es que estamos en contra de la nueva iniciativa. No es, como dijo algún diputado en esta reunión en el Salón Verde, de que solamente había 12 diferencias de los 140 y tantos artículos de esta Ley, podría haber sido una, pero algunas de ellas desde nuestro punto de vista son diferencias fundamentales, que además, y aquí me voy a permitir leer; además, tienen qué ver con propuestas que ya habíamos consensado todos los de la Comisión en el mismo sentido, en el mismo sentido, y yo voy a citar a propósito del desayuno de trabajo con el Procurador del Consumidor, cómo fueron el sentido de algunas opiniones de los diputados a propósito de algunos de los problemas que, por no haber cambiado, hacen que nuestro voto sea en contra, y de una vez les digo cuáles son: Uno, la cuestión de las tarjetas de crédito que están referidos al artículo 5o. de la nueva Ley, de ésa que tienen en sus manos o que es la que se dio a conocer como proyecto. La definición del consumidor. Hoy, la nueva Ley restringe esa definición del consumidor cambiando la definición de la Ley vigente, y afectando a un sector de consumidores muy amplio que hoy no está considerado. Esto está en el artículo 2o. Lo concerniente a los contratos, al registro de contratos de adhesión que vienen en el artículo 19 en una fracción, en la séptima y en el artículo 86, y por último algo que a nosotros nos parece una ausencia importante que es todo el capitulado, digamos así, que no existe, es una ausencia de la organización de los consumidores, y que es un aspecto central que en nuestra relación estrecha como comisión, la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, a lo largo del año, de todo el año 1992, con la Procuraduría Federal del Consumidor, estábamos desarrollando. Quiero decir entonces, citando cuáles son estos problemas, voy a dar lectura de la versión estenográfica de la reunión con el Procurador del Consumidor, en donde un diputado del Partido Revolucionario Institucional menciona lo siguiente; cito: "Yo creo que a todos los presentes que estamos en esta reunión, nos consta o hemos sabido de innumerables ocasiones en que los bancos actúan en perjuicio de los usuarios, sobre todo en el uso de tarjetas de crédito, de cuentas de cheques, de inversiones, etcétera, y yo creo que valdría mucho la pena que reflexionáramos en la posibilidad de que la Ley comprendiera también este tipo de servicios, y probablemente ustedes me podrían decir: bueno, es que va a haber una duplicidad de funciones con esto, toda vez que ya existe la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Sin embargo, bajo este argumento, entonces echaríamos por tierra toda la posibilidad de intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor en otras materias, toda vez que también existe la vía ordinaria civil, un área mercantil para resolver esas controversias, sin embargo el procedimiento en la Procuraduría Federal del Consumidor es previo y queda abierta la vía para que posteriormente el interesado promueva la acción legal que considere pertinente. Nosotros consideramos que los mismo debería de suceder en el caso de los servicios bancarios, que la Procuraduría Federal del Consumidor conozca quejas en contra de los servicios bancarios, tarjetas de crédito, cuentas de cheques, incluso de los contratos de seguros y que le quede abierta la vía posteriormente en caso de desavenencia, a que acuerden ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Por su respuesta, señor Procurador, muchas gracias". Y quiero citar, extendiéndome, lo que el señor Procurador dice al respecto, cito: "Se exceptúan bancos efectivamente; yo creo que es un tema muy discutible. Sí tenemos profusión de casos en materia de tarjetas de crédito; sí tenemos casos que tienen que ver con cobro y las operaciones de seguro. No hemos obtenido mayores casos en materia de casas de bolsa y ojalá no las tengamos, porque un crac nos acaba. Es mucha gente y muchos problemas. En fin, aquí el caso paradójico es que sí tenemos competencia para actuar en tarjetas de crédito no bancarias, son American Express, Diners, Carnet, porque no las expiden bancos. Entonces ahí sí podemos participar, pero Banco de Comercio, Banco Nacional de México, esto no, porque aquí ya las expidieron bancos. Es una incongruencia. Yo creo que si aceptamos que una sí, podría ser en todas, y si aceptamos que en ninguna, pues en ninguna. Pero ahí está el tema. Yo debo decirles que no es pretensión de la Procuraduría irnos a meter a hacer política financiera, fijar tasas de interés, absolutamente nada de eso. Nuestra pretensión sería poder, cito fuertemente, apoyar a los consumidores, a los usuarios de las tarjetas, exclusivamente en materia, de abusos relacionados con cobros de sus tarjetas. Bueno, si el interés es 10%, 12% mensual, como lo es ahorita, es una salvajada, pero ni modo; que no me cobren de más y que no me cobren una cuenta que yo no firmé, y que no me hagan tonterías de hacer esos saldos que incluyen los intereses. En fin, toda la alquimia que se hace ahí. Compartimos la preocupación plenamente, dice el Procurador, debo decir que las autoridades financieras están muy celosas de no participación de otros instrumentos. Son sectores que se preocupan mucho de que puedan politizarse las cosas, etcétera. Ahí está el problema". Palabras textuales del señor Procurador del Consumidor. El otro aspecto, y esto es a propósito de las tarjetas de crédito, con lo cual coincidimos con el diputado del Partido Revolucionario Institucional que hizo esta aseveración, como con la respuesta del Procurador, y habíamos coincidido en la elaboración del dictamen hasta el día jueves 10 de diciembre, 7.00 de la noche. La otra pregunta de otro diputado del Partido Revolucionario Institucional, a propósito de la definición del consumidor ante el procurador Baranda, dice así: "Partiera del hecho de la definición que se da del consumidor, y efectivamente, aquí es donde encontramos que se habla del consumidor final y excluye al consumidor que podríamos llamar consumidor intermedio, el que adquiere insumos para la producción o al que adquiere un servicio antes del servicio final. Y esto ayer lo señalaba el señor Secretario de Comercio y Fomento Industrial, que está considerado dentro de la iniciativa de Ley de Competencia Económica, y yo, dice el diputado del Partido Revolucionario Institucional, con toda franqueza creo que no es así. Entonces habría que ver esto, porque existe ese consumidor intermedio que habría que ver cómo se protege, porque consumidor lo es también en el momento en que adquieren insumos para su producción y para producir determinado bien o prestar un servicio". Respuesta del señor procurador; "La parte de los proveedores, y también lo mencionaba el diputado, tiene otro ángulo y otra perspectiva, al dejar como competencia de la otra Ley al proveedor intermedio y al excluirlo de la definición de consumidor. Yo entiendo que el propósito era separar las competencias, lo estamos dejando indefenso, dice el procurador, porque ese proveedor intermedio, al no ser consumidor, no puede acudir a la Procuraduría a solicitar nuestros servicios, entonces ahí sí veo un problemita, porque entiendo la intención aquí de la presentación de leyes: profeso, no te metas en esto". Ley de Competencia Económica le corresponde esto, a la Procuraduría Federal del Consumidor esto, tal cual. Pero ahora al revés. Yo creo que el proveedor nos va a decir si se mete como consumidor o no, porque entonces, ¿cómo es que yo acudo a la Procuraduría a ventilar algún caso? Nos queda este problemita". Palabras del señor Procurador. A esto nos van a poder decir varias cosas, y yo me quisiera adelantar. Una de ellas nos va a poder decir: es que es de sabios cambiar. Yo creo que sí es de sabios cambiar, pero el problema no es ése, señoras y señores diputados, el problema es que habíamos llegado a un acuerdo sustancial, y quiero decirles, a los señores de la mayoría, que políticamente les conviene haber salvado esta Ley tan noble, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que yo creo que no debería haber mayor discrepancia sobre lo que es el consumidor, sino hay que proteger al consumidor, es el espíritu de la Ley, podíamos haber llegado todos los partidos en consenso, todos, absolutamente todos y votar esta Ley favorablemente todos. Pero aquí hay algo particularmente indignante para cualquier legislador. Quiero narrar, quizá no de manera muy precisa, pero algo que está en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917, a propósito de la Ley de Monopolios, el artículo 28 constitucional. A la hora de la discusión, más o menos, del punto que se estaba discutiendo en el Congreso Constituyente, un señor diputado, a propósito de lo que se estaba diciendo, se levantó a decir en voz alta "que quería pasar a tribuna para defender al general que él representaba". Y otro diputado le dice en voz alta: "Bueno, ¿qué no se puede defender por sí mismo; no es usted acaso un legislador, que no se debe a nadie?". Eso pasó en el Constituyente de 1917. En otros términos, está pasando en el Congreso, en la Cámara de Diputados de esta LV Legislatura. ¿Cómo es posible que hayamos arribado a un consenso y de repente modifican todo ese consenso? ¿Quién diablos fue quien intervino en esta situación? Evidentemente que tenemos que pensar que es el Ejecutivo, es una Ley del Ejecutivo. Todos sabemos hasta ahora que en el Senado acaban de "congelar", o bueno, volver a discutir para el próximo período de sesiones ordinarias, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que a iniciativa de esta Cámara de Diputados, se discutió aquí y se envió ya al Senado; pero allá la pararon por que no se trata de una iniciativa que viene del Ejecutivo Federal, sino es una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados. Entonces, sí se puede detener, puede pasar al próximo período de sesiones a su discusión. Pero esta, o no sé cuando la quieran discutir, ¿no?, pero esta Ley, a la que habíamos acordado todos por consenso como iba a ir y que ya dije y cité a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y las respuestas del Procurador, que estábamos plenamente de acuerdo con esto, que trabajamos dos días, cerca de 20 horas de trabajo seguidas sobre esta situación y estábamos de acuerdo, de repente el jueves 10 de diciembre, citados a las 7.00 de la noche, modifican el dictamen. Y en esa reunión, con todo respeto, se iba a hacer una situación ilegal que a última hora se pudo detener, que era: aprobar un dictamen que no se tenía. Pero eso no es lo que nos preocupa, señores diputados. Lo que es preocupante es, ¿cómo es posible que entre legisladores discutamos y lleguemos a acuerdo y después por razones del Ejecutivo se modifiquen los consensos a los que habíamos llegado? Eso francamente es indignante, y miren, no por nosotros, por los diputados que cambiaron, por los diputados que tuvieron una participación activa y en voz alta dijeron, porque la comparecencia del procurador fue ante la Prensa y todos los miembros de la Comisión; la comparecencia de Serra Puche también fue con la Prensa y con todas las fracciones parlamentarias de tres comisiones de esta Cámara de Diputados. Pero, además, y aquí está lo grave, ¿para qué nos invitan a trabajar juntos, consensar, desvelarnos, trabajar en serio?, porque así lo hicimos, yo lo tengo que aceptar, muchas cosas se modificaron, hay que aceptarlo, en la Ley sí hay muchos cambios; pero éstos, que nosotros los consideramos fundamentales, se vinieron para atrás a última hora, sin explicación. Ese es el problema. Y, entonces, ¿para qué nos invitan? ¿Para qué hacemos trabajos de comisiones plurales, si finalmente, el dictamen no pertenece a esa Legislatura?; ¿o sí es? Yo no sé con qué cara van a venir a decir lo otro, porque es de sabios cambios, me van a decir; a última hora, faltándole el respeto a todos los demás diputados, aun a los del Partido Revolucionario Institucional, porque ni nos informaron que venían estos cambios. Y por eso estamos discutiendo hoy lunes esta iniciativa y no desde la semana pasada, el viernes, por errores de procedimiento, de carácter legal que habría que echar para atrás, o por lo menos corregir. A nosotros nos preocupa, y con esto termino, que estos cambios de última hora hayan obligado a algunos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional a modificar también su argumentación que de una u otra manera hicieron pública. Si así vamos a trabajar, sería conveniente que con estas prisas en las que estamos discutiendo muchas leyes, pues ya mejor nos vengan los dictámenes de donde vienen y los aprobamos, es decir, algunos los vamos a desaprobar, pero, bueno, ya sabemos que la mayoría los va a imponer. Francamente es desilusionante que el trabajo de los legisladores no se tome en cuenta, no valga nuestra palabra y que cuando podemos proceder de una manera plural discutir y llegar a acuerdos, éstos por no sé qué partes, se cambien y afecten todo el espíritu del trabajo legislativo que en esta legislatura estamos queriendo llevar a cabo Francamente es una falta de respeto al Legislativo, y por estas razones y otras que otros compañeros en lo particular van a desarrollar, el Partido de la Revolución Democrática se opone a la aprobación de este dictamen. Muchas gracias. El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Quiero hacer una remembranza respecto al origen directo que sentimos los miembros del Partido Acción Nacional, tuvo esta Ley Federal de Protección al Consumidor. En el año de 1974 el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de Ley para que se constituyera la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Esto nos da una idea de que nuestro partido ha estado desde su historia, desde su fundación, atento a distintas actividades, de lo que es el quehacer de nuestro país. En ese sentido, aquellos que nos acusan de ser proempresariales, pues yo creo que con este dato que está registrado en los anales del Poder Legislativo, quedará confirmado que nosotros luchamos por los intereses colectivos, por los intereses de la sociedad, no importa de cuál sea su origen, cuál sea su condición, cuál sea su actividad pero definitivamente estamos al pendiente de cuáles son las necesidades que se requieren para regular las actividades que se dan en nuestro país. Con este antecedente, quiero pasar a hacer un comentario muy corto de lo que fueron los trabajos para hacer el análisis y lograr un dictamen sobre esta Ley. La mayoría de los datos ya nos los proporcionó el compañero Francisco Saucedo, quizá nada más para hacer algunas precisiones; más de 40 artículos de los 143 que tiene la iniciativa, tuvieron cambios, algunos realmente de fondo, algunos pues simple redacción, pero sí tocamos esta Ley. Yo no recuerdo en un año como legislador, haber trabajado tantas horas continuamente para llegar a conclusiones como lo hicimos con esta iniciativa de Ley. Previo al dictamen trabajamos jornadas de cuatro, ocho y 14 horas continuas, llegando realmente a acuerdos, muchas discusiones, había quien me decía: "Como tú eres comerciante, defiendes sólo a los comerciantes". Sí, yo nací en un cajón de ropa, se puede decir; yo nací siendo hijo y sigo siendo comerciante, es mi actividad también. Pero de todas maneras lo que se busca en esta iniciativa de Ley, en esa Ley, mantener un equilibrio en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores. Es ilegal, es violatorio de los derechos. Si se violaran con estas disposiciones ya fuera los consumidores o ya fueran los proveedores. Tenemos que mantener un justo medio; son interdependientes las relaciones entre proveedores y consumidores, se necesitan en la actividad económica unos de los otros. El proveedor requiere de la participación, de la atracción, de la bondad que tienen los consumidores, así como el consumidor requiere de productos oportunamente, a precios en calidades para que pueda satisfacer sus necesidades. Con este comentario vemos que se requieren los dos. Que sí tiene, la mayoría de las veces se podrá decir, mayor capacidad económica el proveedor que el consumidor, puede ser, no es una regla general, pero puede ser que haya los casos que tenga mayor capacidad o que tiene la discrecionalidad de aceptar las quejas o no quejas que haga un consumidor, pero eso es lo que estamos regulando con esta iniciativa de Ley. Es lo que vamos a regular, que no haya un trato discriminatorio para los consumidores y un trato obligado, ni que se tenga que comprometer a que ya lo pagaste, ya no hay reclamaciones. No señores, eso no debe ser. En el proceso que estuvimos manejando en los días de la semana pasada, para llegar a un dictamen se hacían comentarios; realmente yo considero en algunos casos, que quien defendía una posición muy directa de lo que es la Ley, pues aun cuando tuvo la oportunidad de trabajar en la Procuraduría, y yo me refiero al diputado Claudio Guerra, que fue subprocurador, quien nos decía: "No, la Procuraduría Federal del Consumidor solamente recibe casos por más de 500 mil pesos. Si así fuese, que no es afortunadamente, estaríamos manejando una posición elitista de un órgano público, de servicio público, de servicio social, que definitivamente no tendría caso estarnos tanto tiempo discutiendo, si definitivamente estamos tratando una iniciativa para clases privilegiadas. No. Ahí debe y está obligada a recibir quejas de los particulares, cuando sientan que están lesionados sus intereses, cuando es maltratado por el proveedor. Y yo les puse un ejemplo: Recién fue creada la Procuraduría Federal del Consumidor, la delegación allá en el Estado de Hidalgo, un día fui a presentar una queja por copias fotostáticas, que las dieron en blanco y decía el proveedor: "Sabes qué, así salieron y si te sirven, si no ya las pagaste". Señores, ahí se está lesionando la dignidad del comprador; eso es lo que debe evitar esta iniciativa de Ley, esta Ley. Para eso es. No podemos marcar rangos de ingreso o de costo de un producto, para poder acudir a defender los derechos de un consumidor. El consumidor de acuerdo a su capacidad económica es en lo que va a fundamentar la necesidad de hacer valer sus derechos. El procedimiento fue largo, como ya lo mencioné hace un momento, los artículos que se modificaron, lo que pasó con el dictamen que afortunadamente, y cierto porque no hay que decirlo, de alguna manera se restituyó el procedimiento para la elaboración del dictamen, y ahora después de la presentación de este dictamen, hemos seguido en pláticas informales en algunos casos, de la Comisión, y hemos llegado a otros acuerdos que serán presentados como posiciones partidistas y artículos reservados para su discusión en lo particular, pero eso hay que dejarlo mencionado, de que hubo un cambio y que, qué bueno que se rectificó. El día que se hizo la presentación del dictamen, estábamos en la posición de que debía regular esta Ley las relaciones que tienen los tarjetahabientes con las instituciones bancarias, ya que no tienen realmente ventanillas a dónde acudir para agilizar las reclamaciones que tienen respecto a ese servicio. Yo decía ese día al diputado Torres Solano, que si él sabía cuál era el número de tarjetahabientes y de sucursales de la Comisión Nacional Bancaria, que hay en el país, me dijo que no lo conocía en ese momento. Esto para que se conozca ¿cuál es la necesidad que tienen los tarjetahabientes de tener una ventanilla a dónde recurrir para hacer las reclamaciones y que sean atendidas fehacientemente y que se les resuelvan sus problemas respecto a ese servicio, porque definitivamente ahora que les dé estos datos, ustedes van a ver que hay razón numérica, hay razón física de que debe de haber alguien que agilice la resolución de estos problemas con tarjetas de crédito. En el país existen 158 millones, 15.8 millones de tarjetahabientes; estoy hablando de tarjetas bancarias Y para atender los problemas o deficiencias en ese servicio, existen siete oficinas de la Comisión Nacional Bancaria en el país, que están: En el Distrito Federal, la matriz; tiene oficinas en Guadalajara, Mérida, Monterrey, Veracruz, Hermosillo y Tijuana. Para dar atención a 15.8 millones, es totalmente imposible. Entonces nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer algunas recomendaciones en la exposición de motivos de esta iniciativa, para que se pueda canalizar un apoyo, un servicio más ágil de esta Comisión Nacional Bancaria, porque de otra manera siguen prácticamente, digo, si hacemos la comparación en número de usuarios y ventanillas que tienen para solucionar los problemas, prácticamente están en estado de indefensión los usuarios y yo creo que estamos aquí para corregir en gran medida, esas deficiencias. Un punto más que lo presentamos en forma particular, es el de la facultad que tendrá la autoridad y esta Ley para recibir quejas en contra de profesionistas y dijéramos académicos, no de servicios profesionales, mercantiles; es algo que lo habíamos aceptado antes del dictamen, algún cambio hubo ahí; seguimos en esa tesitura. Algo que quiero hacer mención y que lo estuvimos mencionando en algunas ocasiones y yo quisiera decir varias, cuando estuvimos manejando el dictamen para esta iniciativa, fue en el sentido de que existen en el país el 80% del comercio establecido, es pequeño comercio, el 80%, que nos dan alrededor de 12 millones de personas, entre los que son los contribuyentes y sus familias. Entonces es un número bastante significativo en el universo de actividades que se dan en nuestro país, y sentimos, digo, porque las razón es obvia, de que las sanciones que están presentadas en la iniciativa, son altas, y quiero hacer la relación en este sentido de los pequeños comerciantes que son establecidos, que definitivamente son contribuyentes o están obligados a ser contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda, también tienen trabajadores registrados en el Seguro Social, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, renta, luz, teléfono, lo que ustedes quieran. Hay otro universo muy grande en nuestro país que está teniendo un trato privilegiado y ante el cual no se puede recurrir para denunciar una irregularidad en la relación prestador de servicio - consumidor, como es el caso de los ambulantes. Los ambulantes ¿que por qué tienen un trato privilegiado en nuestro país? Pues yo siento que sí hay una razón, que puede ser una razón política, que puede ser una razón de que sea un grupo controlado para algunas actividades específicas y yo quiero hacer referencia. El año pasado, el día 18 de agosto, las elecciones federales, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal no trabajó un solo ambulante y se dijo que para no causar prejuicios o perjuicios, mejor dicho, a las actividades electorales de ese día. Yo siento que fue otra razón, porque es la utilización de esa gente que es un número muy alto, y quiero decir algo respecto al comercio informal. La importancia de la economía informal o subterránea, difícilmente se comprendía todavía hace algunos años. Este concepto ha sido poco entendido y se ha venido abordando en diferentes contextos y con variado significado. Pero podemos decir que la economía informal es una expresión convencional que se utiliza para denominar al conjunto de actividades mercantiles, de servicios e incluso industriales, que realizan principalmente en centros urbanos y cuyos participantes se desenvuelven al margen de prestaciones laborales de deberes fiscales y, obviamente, de protección al consumidor. Estos se caracterizan, entre otros aspectos, por su reducido tamaño, por la precaridad con que se desenvuelven, por los bajos niveles de calificación de sus trabajadores y por el escaso o nulo equipamiento de los negocios y por la falta de registros administrativos. De acuerdo con estudios realizados, el fenómeno del ambulantaje se desarrolló a través de dos tendencias claramente identificadas. Una es el comercio ambulante de subsistencia en donde se desenvuelven los denominados toreros, limpiaparabrisas, los que echan fuego, en fin. Y la otra, el comercio ambulante de alta rentabilidad, en donde se encuentra la concentración de ambulantes en lugares establecidos, pero en la vía pública, los tianguis, algunos afuera de los mercados o los mercados sobre ruedas, bazares y algunos otros tipos de puestos, dentro de lo que se llama vía pública. Los productos ofrecidos por el comercio informal generalmente no cumplen con los requisitos de calidad que los consumidores esperan y dado que no ofrecen ningún tipo de garantías, el cliente queda en total estado de indefensión. ¿Por qué? Porque al no tener domicilio fiscal, al no tener su domicilio como contribuyente para ningún aspecto; pues definitivamente si hoy estoy aquí frente al número 105 de la calle de Guerrero, pues al rato me paso al 708 de la calle de Guerrero y no hay ningún problema. La clientela me va a ir a buscar, pero la autoridad no va a tener a dónde hacerme una notificación legal para que yo pueda recibir cualquier supervisión por parte de la autoridad. Entonces eso deja en estado de indefensión a los consumidores. Y yo no estoy hablando del que vende los nopales o las tortillas en las calles. No, yo estoy hablando de los que venden aparatos electrodomésticos en la vía pública o que venden ropa, que tienen altísimos ingresos. Y me decían en la Comisión : "Bueno, cada quien tiene el riesgo de comprar a donde quiere. Si tu quieres comprar con garantía, compra en un establecimiento fijo. Y si quieres estar en estado de indefensión, acá". Señores, pues eso... vamos a darle un boletín a cada consumidor de productos en vía pública, para que no se arriesgue. Pero ¿por qué?, si podemos evitar que no esté el riesgo en la calle, que no esté latente; es lo que debemos de evitar. La existencia de la economía informal es producto de la crisis y reflejo de una problemática estructural muy seria, por lo que representa uno de los problemas fundamentales por resolver. La proliferación de las actividades del sector informal surgió como reacción natural de la población a compensar la falta de empleos remunerativos y como recurso para subsistir ante la caída del nivel de ingresos. Es importante precisar que el comerciante de vía pública es una persona que con el desempeño de esta actividad, responde a una perspectiva de derecho natural de allegarse de un mínimo de ingresos para vivir o, en su caso para obtener ingresos extraordinarios a su actividad común. Esta forma de ganar dinero, ya sea para subsistir o como fuente de elevar ingresos minimizando costos, se ha convertido en la actualidad en uno de los problemas sociales y económicos más complejos, dados los desequilibrios y daños que su proliferación irregular, desordenada y fuera del marco jurídico están provocando en todo el país, y cuyo impacto se ha reflejado en la salud, en la seguridad pública y en el desarrollo urbano, en la recaudación fiscal y en la imagen turística, entre otros aspectos, además del daño constante que se hace a lo que son la relación proveedor - consumidor. ¿Cuál es el daño? "No tengo responsabilidad porque no te doy comprobante y porque al otro día ya no estuve aquí para que me vinieras a reclamar". Entonces estamos dejando ahí un canal descubierto para los consumidores, que definitivamente es un perjuicio muy grave para ellos. Para tener una idea de la magnitud de la evasión fiscal en la economía informal, por esta vía se evade el pago de los impuestos sobre la renta, el valor agregado, impuestos y derechos aduanales sobre mercancías de importación, impuesto al activo, 2% de nómina, cuotas obrero - patronales del Seguro Social, etcétera. Nada más para darles un dato, la fuente es el censo, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El total nacional de población ocupada dentro de lo que es el comercio, ocupada y que están como trabajadores, en fin, dentro de lo que es el comercio, da un total de 23 millones 403 mil 413 mexicanos. Y los ambulantes son 505 mil 960. Con eso quiero dejar perfectamente claro que es un universo muy grande y que esta Ley y ninguna otra Ley que se está manejando ni la Ley de la legislación fiscal, ni la Ley del Distrito Federal del Trabajo, ni la Ley del Seguro Social tiene competencia directa real y legal sobre la actividad que realizan estas personas que por su número, 505 mil personas, pues afectan, multiplíquenla por el numero que quieran, a determinado numero de compradores o potencialmente compradores. ¿Cuál es la posición de nuestro partido? Como lo dije en la comparecencia del secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, nosotros reconocemos la necesidad de la existencia de un organismo de la administración pública que regule las relaciones entre consumidores y proveedores. Una legislación, una Ley, que sea de equilibrio, definitivamente, procurando siempre, siempre que sea legal, que sean salvaguardados los intereses de los consumidores, sin tener injusticias ni para unos ni para otros. Nosotros queremos y creo que es a lo que hemos llegado todavía en todos los casos, es una Ley perfectible pero nosotros procuramos que tenga esta Ley un fin social no un fin de socializante, que sea popular en lugar de que sea en contra para que no sea populista, es ya lo dije, interdependiente la existencia de los proveedores y los consumidores, hemos hecho un análisis muy a fondo, las horas que se han dicho aquí, han sido 100% dedicadas al trabajo minucioso de ir revisando frase por frase de artículo por artículo de esta iniciativa para llegar a conclusiones a este momento, no digo al momento de que se presentó el dictamen sino a este momento, a situaciones que nos dan realmente la tranquilidad de poder emitir nuestro voto favorable hacia esta iniciativa. El trabajo que hemos realizado, lo confirmo, lo reitero, ¿por qué? Porque después de manejar otras iniciativas, que hemos tenido pláticas, discusiones, en esta creo que es hasta el momento en la que más profundo análisis, mayor discusión en unos momentos con enojo, porque hubo motivo para estar realmente enojado porque se estaban pisoteando los derechos en algún momento, afortunadamente se superó esa crisis, se superó ese momento, hemos llegado a acuerdos dentro de lo que es la comisión dictaminadora que son satisfactorios, que me da gusto decirlo y reconocer que qué bueno compañeros diputados que los que participaron en la Comisión dictaminadora, qué bueno que se haya podido rectificar y que se haya rectificado a tiempo. El compañero Francisco Saucedo no está satisfecho todavía de lo que se reconoció, de lo que se cambió, de lo que se volvió a acordar después de haberse desechado, pues son posiciones políticas de cada quien, pero nosotros en lo particular y yo en lo personal porque estuve absolutamente todo el tiempo, puedo decir que fue un buen trabajo que podemos hacer todavía más adelante quizá algunas otras cosas, los cambios que nos dé el nuevo contexto en el que está inmerso nuestro país, quizá así lo requiera pero en este momento es satisfactorio y daremos nuestro voto afirmativo. Muchas gracias. (Aplausos). El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Claudio Guerra López, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Claudio Guerra López: - Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea: La iniciativa que hoy discutimos se inserta en el contexto de un variado conjunto de factores, en el de una reforma productiva que ante el cambio, en la presencia del Estado en la economía, que exige la posibilidad de una mayor participación de la ciudadanía y de la comunidad, se impone la justificación para lograr una creciente y fortalecida organización de la sociedad en su carácter de consumidora, así como la fortalecida protección del consumidor en lo individual. Una nueva relación del Estado crea la exigencia para nuevas instituciones e instrumentos, como es el caso que nos ocupa de nuevas instituciones en la protección al consumo que permita a la ciudadanía una mayor presencia y un mejor ejercicio de sus derechos y libertades. Involucra igualmente plena ascensión de responsabilidad por parte de los ciudadanos tanto de proveedores como consumidores. La llamada libertad de mercado y la convocatoria al mayor dinamismo de las empresas, exige como contrapeso no solamente mantener la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, sino que una creciente presencia y participación de la ciudadanía y de la sociedad. La globalización de los mercados marca una nueva era de los mercados abiertos, de manera que las economías sufren una inundación de productos extranjeros que obliga a canalizar esos flujos evitando la comisión de abusos, engaños o perjuicios contra los consumidores. Pareciera que con la apertura de los mercados, paralelamente se han venido configurando diversas formas de actitudes de abuso, las que se han venido proliferando y han tomado cuerpo entre algunos determinados sectores de proveedores y prestadores de servicios, a lo que provoca indignadas protestas y reclamos de los consumidores. De ahí la necesidad de una renovada Ley, con claros instrumentos jurídicos de defensa y protección al consumidor y del fortalecimiento de las instituciones del consumo, como es el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor. Permítanme, señores diputados, externar algunas reflexiones que fundamentalmente fundamentan nuestro apoyo a la iniciativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor que está a discusión en este pleno. No parece en primer lugar, que la Ley resalta y rescata para el Estado la función de proteger al consumidor de los abusos, comisiones o de irregularidades derivadas de la compra - venta de productos o servicios en el mercado. Con la Ley, se coadyuvará a eliminar el Estado de indefensión en que con frecuencia se encuentra el consumidor, en una sociedad expuesta cada vez más a las expectativas del abuso y los actos distorsionantes; constituye también una base para fortalecer la organización de la economía del mercado. La Ley pone un candado social a eventuales tendencias de libertad en el mercado, pues si bien el Estado promueve la actividad económica, no por ello abandona su función de proteger los intereses de los consumidores y de los sectores más desamparados, por ello su relación estrecha con la Ley sobre Metrología y Normalización. La Ley converge también con los propósitos de la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica, pues evita que el castigo al consumidor mediante altos precios o malas calidades, se convierta en una ventaja competitiva al introducir normas que obligan a las empresas a la eficiencia y calidad, permite una mayor preparación para competir con los productos y mercancías extranjeras, tanto en el mercado interno, como en el mercado externo. Protege también a los consumidores de inundaciones de productos chatarra provenientes de otros países. La Ley del Consumidor junto con la de Competencia, refrendan la rectoría del Estado como función esencial del Estado, en el marco de este liberalismo social encaminada al fomento de crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso. Al regular el mercado y ocuparse de las relaciones proveedor consumidor, no es otra cosa que garantizar justicia a los ciudadanos en su carácter de consumidores, no permitiendo abusos y libertinajes en el mercado, sino dándole instrumentos de justicia y haciendo uso de su facultad de rectoría en actividad económica. El Estado construye así un equilibrio entre la política de apoyo a las empresas y la necesaria protección a los consumidores, pues no se trata de promover la inversión y el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino como medio para generar empleos y la mejoría de los salarios, siempre a partir del principio de equidad, participación y justicia sociales. La dinámica del mercado, la apertura de la economía y el surgimiento de novedosas formas de comercialización, convierten a la información y la difusión en una palanca natural para el ordenamiento de la oferta y la demanda, conformar una auténtica cultura del consumo, mediante acceso a información y opciones suficientes, permitirá contar con un mercado más fluido y transparente, así como ir trasladando los mismos positivos en la gestión macroeconómica, a la economía familiar. Frente a una sociedad cada vez más informada y demandante de participación, también se requiere promover y auspiciar esquemas de organización de los consumidores, cuyo fin no se limita a complementar el esfuerzo ordenador del mercado, sino que obliga a la acción ciudadana como coadyuvante de las tareas gubernamentales en materia de consumo. La magnitud y el desafío que plantean estas nuevas demandas sociales, aconsejan que las dos instituciones actualmente dedicadas a la protección de los consumidores, como son la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional del Consumidor, sumen esfuerzos y recursos, transformándose en un solo organismo moderno, ágil y compacto, capaz de responder tanto a las tradicionales necesidades de inspección y vigilancia, como a los nuevos requerimientos y tendencias de las relaciones de consumo, en el contexto de mercados más amplios y competidos. La nueva Ley propone otorgar a la renovada Procuraduría facultades de representación, en especial en lo que se refiere a las acciones de grupo, que le permiten actuar en nombre de uno o varios consumidores afectados. Con esta atribución podrá intervenir en favor de consumidores indeterminados e interponer sus oficios ante autoridades y particulares en aquellos casos en que, a juicio de la institución, se vulneren los derechos e intereses de los propios consumidores, o se afecte la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones de consumo. Dentro del cuerpo de la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor que hoy está a discusión, se incorporan dentro del Capítulo I, los principios fundamentales y básicos en las relaciones de consumo. Estos son: 1o. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor, contra los riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos y servicios, considerados peligrosos o nocivos. 2o. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la igualdad en las contrataciones. 3o. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representan. 4o. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. 5o. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, administrativa y técnica a los consumidores. 6o. El otorgamiento de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. Estos son derechos universales del consumidor, que la fracción parlamentaria de mi partido estimó que debían de complementarse en este nuevo ordenamiento de protección y defensa del consumidor, en este nuestro México, que experimenta un proceso de cambios profundos en la actividad productiva, y sobre todo en el ámbito social que se reflejan en una auténtica cultura del consumo. La población postula hoy crecientes requerimientos y busca soluciones oportunas y eficaces a los problemas que afectan sus derechos e intereses. Estos principios básicos, fueron integrados a la nueva Ley, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, por la razón que era necesario incorporarlos en este nuevo ordenamiento que hoy discutimos. Estas reflexiones que ante ustedes formulamos, señores diputados, son el fruto del trabajo de las comisiones unidas de Comercio y Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, que recibieron esta iniciativa, que para agilizar sus resultados esta iniciativa se analizó y se dictaminó a través de una subcomisión plural, a la que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, acudió puntual y oportunamente. Esta subcomisión trabajó con ánimo de consenso para recoger planteamientos diversos, que no por divergentes dejaron de aportar valiosas sugerencias que mereció recogerse e incorporarse en el cuerpo de esta nueva Ley. Del resultado de estas deliberaciones y del trabajo de las diferentes fracciones partidistas, surgió el dictamen a esta iniciativa que hoy, la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, votará en favor, solicitando a este pleno, a ustedes, señores diputados, tengan a bien aprobar. Muchas gracias. (Aplausos). El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Alejandro Luévano Pérez: - Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados: El análisis de las dos leyes que hoy tiene lugar en este recinto, se ubica, se propone en una intención del Ejecutivo de corresponder al nuevo concepto de rectoría del Estado, y se propone que estas leyes vienen a proteger tanto al productor como al consumidor nacional. Se plantea en la Exposición de Motivos, que estas leyes propicias condiciones óptimas para la expansión de la actividad económica, y se subraya: de todos los agentes productivos que, sin reglamentos innecesarios que entorpezcan su legítima actividad, habrán de desarrollarse, como lo vino a plantear el secretario Serra en su comparecencia de hace ocho días. La propuesta de nueva Ley de Protección al Consumidor, se ubica como complemento en la regulación de los mercados, ocupándose de las relaciones entre proveedor y el consumidor final. La misma plantea que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expida las normas oficiales mexicanas, así como la normatividad de la comercialización, en tanto que la Procuraduría Federal del Consumidor vigila y orienta. El objeto de dicha iniciativa, se dice también es perfeccionar instancias y mecanismos de información, orientación y protección al consumidor, propiciando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Con sólo leer estos planteamientos, entendemos la pretensión del Ejecutivo, de adecuar la legislación mexicana en función del Tratado de Libre Comercio, cuando en la exposición de motivos se plantea introducir patrones y normas de eficiencia, calidad y competitividad al más alto nivel internacional. El panorama regional, se dice, permite suponer una nueva dimensión de los intercambios que modificará las relaciones de consumo en el país. Más adelante se nos plantea que es necesario, cito también, reducir el precio, la fuerza e importancia de los precios oficiales como estrategia para el ordenamiento del mercado. Bajo estas tesis la iniciativa del Ejecutivo nos propone que la Procuraduría Federal del Consumidor se coloque como árbitro entre consumidores y proveedores, y no sólo del lado de los consumidores, como la Ley vigente, y que será modificada, establece desde su creación. Con esto se va a limitar el papel tutelar de la Procuraduría, porque se desdibuja ésta como una verdadera defensora de los derechos e intereses de los consumidores. Con esto se viene a ratificar la propuesta del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, en el sentido de eliminar los reglamentos innecesarios que entorpezcan la legítima actividad de los agentes productivos. En la exposición de motivos, así como en la fundamentación del secretario Serra Puche y en la del propio procurador Baranda, el pasado 8 de diciembre en su comparecencia ante la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes y Servicios, la nueva Ley asigna a la Procuraduría atribuciones más encaminadas, cito textualmente, a atender los aspectos informativos y de orientación sobre el mercado, así como la organización de las partes, esto más que la protección efectiva de los propios consumidores. Consideramos, compañeros diputados, que éstas son la síntesis centrales que dan la razón y sustento a las iniciativa que hoy se está discutiendo. Es éste el sentido verdadero de la propuesta que adecúa la actual legislación de defensa de los consumidores, para facilitar el mercado, para facilitar el acuerdo entre las partes. El diputado del Partido Acción Nacional que me antecedió en la palabra, señaló aquí adecuadamente, se trata de una Ley de Equilibrio, y efectivamente, y esto lo planteamos ante el propio secretario Serra, que la Procuraduría viene perdiendo su carácter de autonomía y de tutelación de los derechos de los ciudadanos consumidores, y en la nueva definición de este ordenamiento, se pone al centro la intención del equilibrio, y decíamos nosotros que vendrá a conformarse en una especie de órgano de conciliación y arbitraje, perdiendo su carácter tutelar, claramente ubicado del lado de los consumidores. Otra de las orientaciones fundamentales que se proponen a la Procuraduría Federal del Consumidor, es la de avanzar en la constitución de una nueva cultura del consumo, donde los consumidores, a través de información suficiente sobre el mercado, racionalicen el gasto familiar, adquiriendo los bienes y servicios de acuerdo a sus necesidades reales. Esta idea, compañeros se contrapone a la que plantea el Ejecutivo en la exposición de motivos sobre el mismo concepto, ya que para Salinas de Gortari, una nueva cultura del consumo representa la uniformidad de los consumidores, haciendo de lado los desniveles en el ingreso, y por ende en la capacidad y en los patrones de consumo de los diversos estratos sociales, dejando de lado también, las diferencias regionales. Pareciera olvidarse que existe una desigualdad básica entre las partes, ya que unos consumidores tienen acceso a la educación, recursos crediticios y medios de transporte, con lo que pueden compensar la fuerza de los proveedores y eventualmente los monopolios regionales; mientras que otros consumidores carecen de estas fuerzas, por lo que su posibilidad de obtener las mejores opciones de consumo es mucho más limitada. En la comparecencia del propio secretario Serra, nosotros señalamos que el carácter de la Procuraduría se desdibuja en la nueva definición de atribuciones que se proponen para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por su lado y las atribuciones que corresponden a la Procuraduría. Se plantea que la Procuraduría ocupará una función de vigilancia. Sin embargo, se le coloca subordinada a la propia Secretaría. No se plantea un fortalecimiento a la autonomía de la Procuraduría y tampoco se define con mayor claridad la posición que la propia Procuraduría ocupa en este momento dentro del marco jurídico y dentro de la norma institucional. La Procuraduría se dice que es un organismo descentralizado y como tal forma parte de la administración pública paraestatal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, así como los artículos 1o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales expresamente excluye a la Procuraduría Federal del Consumidor de la observancia de dicha Ley. En efecto, su artículo 3o. segundo párrafo, a la letra plantea: "Que la Procuraduría Federal del Consumidor, atendiendo a su objetivo y a la naturaleza de sus funciones, queda excluida de la observancia del presente ordenamiento". Este carácter tan especial de la Procuraduría Federal del Consumidor haría esperar una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones propias, cosa que inexplicablemente no sucede, pues la Ley que discutimos sujeta a la Procuraduría Federal del Consumidor como un órgano de la Secretaría de Comercio. Entonces, lejos de fortalecer su autonomía, lejos de fortalecer la autoridad moral de la Procuraduría Federal del Consumidor, lejos de dar pasos, avanzar en la posibilidad de que la sociedad mexicana cuente con una figura de Ombudsman, en la defensa de los consumidores, se coloca, y eso sí se define, a la Procuraduría como un apéndice o como una subdirección de la Secretaría de Comercio, más aún con la obligatoriedad del propio procurador, de rendir informe al Secretario de Comercio. Consideramos que esto es una posición regresiva, es una posición que amarra la defensa del consumidor a una serie de decisiones tomadas unilateralmente, desde la propia Secretaría de Comercio. Aquí se ha venido a comentar sobre la inclusión en el artículo 1o. de los principios básicos del consumidor. Quisiera decir, compañeros, que a mí me correspondió, a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, presentar la propuesta de inclusión de estos principios básicos, y efectivamente fueron colocados dentro del artículo 1o., pero con una serie de irregularidades que quisiera mencionar y quisiera solicitar a este pleno que pudiéramos ubicar adecuadamente el conjunto de planteamientos que se hicieron en la propuesta de principios básicos. La propuesta inicial consta de nueve fracciones y un párrafo final, sin embargo la iniciativa que fue entregada en este salón no recoge el conjunto de los planteamientos que se hicieron, se desecharon tres y/o ésta es la confusión, se desechó el párrafo final. Menciono esto por lo siguiente, compañeros, tengo en mis manos el documento que fue entregado en la última reunión de las comisiones unidas de Comercio y de Bienes y Servicios, y en esta propuesta, compañeros, se recogen solamente seis de los nueve principios que originalmente planteamos; pero se recoge también y se incluye el último párrafo. Sin embargo, en la propuesta que fue distribuida aquí el día viernes, aparece en el articulado solamente seis fracciones sin incorporar el último de los párrafos que propusimos. Pero en este mismo documento, compañeros, en la Exposición de Motivos o en la fundamentación, sí se nos presentan las nueve fracciones que presentamos, y no aparece el último párrafo. En este documento que fue distribuido el día viernes se incorporan en la página 4 y en la página 5 los nueve principios que fueron planteados. Sin embargo, cuando pasamos a la parte del articulado nuevamente aparecen solamente seis, esto es parte de la crítica que señaló aquí el diputado Saucedo a la forma en que se ha venido trabajando esta iniciativa y a la forma en que la Comisión que se encargó de elaborar la propuesta final lo hizo con esta serie de irregularidades. Yo apelaría a este pleno a que recojamos la propuesta de las nueve fracciones que está planteada en la Exposición de Motivos y que sean recogidos en el artículo 1o. los tres que no están contemplados y que son los siguientes: el que aparece en la propuesta inicial con el número de fracción IV y que señala como un principio básico la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos o desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. La fracción V, que señala la revisión de las cláusulas contractuales en razón de actos supervenientes, que las vuelven excesivamente onerosas. Y la fracción IX, que es por demás sencilla y que no entendemos por qué aparece y no aparece, que señala la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos en general. Entonces quisiéramos insistir en que estas tres fracciones que están contenidas en la propia Exposición de Motivos que aquí se distribuyó, sean incorporadas dentro del artículo 1o. de este propio documento que estamos discutiendo. Sobre los aspectos básicos de nuestras diferencias con el proyecto de iniciativa que aquí se discute, el primero de ellos y el más importante es la definición de consumidor. Me refiero al artículo 2o. La iniciativa, al intentar la definición del consumidor y de proveedor, más bien restringe el universo de los consumidores sujetos a los beneficios de esta iniciativa, al excluir a todos los consumidores que no son consumidores finales. Esta idea es contraria a la propia experiencia y sistematización de la Procuraduría que señala, y cito: "... que también los pequeños comerciantes son consumidores y pueden formar su comité para la defensa contra abusos de proveedores. Al organizarse estarán en mejores condiciones de obtener las líneas de crédito que ofrece la banca de desarrollo o la banca privada, a fin de realizar compras en las mejores condiciones del mercado y favorecer el precio final de las mercancías". Y al respecto, en su comparecencia, el secretario Serra, mencionaba y cito también: "No se le puede dejar todo al mercado; el mercado no resuelve todo; hay que minimizar las situaciones del mercado sin duda, y es lo que hemos hecho en estos cuatro años. Pero también hay que regularlo para asegurar un comportamiento justo con los que menos tienen, ya sean éstos productores o consumidores". Y entonces la ambigüedad con la que se entiende la definición de consumidor, nos lleva a un sinfín de ejemplos que aquí podíamos citar: Si una persona, un arquitecto compra un equipo de aparatos para su uso personal, éste se le entiende como consumidor final. Y entonces se acoge a la protección de esta Ley. Si un arquitecto compra ese mismo equipo de aparatos, para su despacho entonces éste no se acoge a la protección de esta Ley porque no es consumidor final, porque ese equipo de aparatos le va a servir para el desarrollo de su función y para la prestación de sus servicios. Así de ambigua es esta definición que se nos plantea en este artículo 2o. de la iniciativa. Consideramos que éste es el aspecto fundamental por el cual nosotros votaremos en contra. Nosotros propusimos y esto estaba acordado de principio en la comisión de dictamen, que desapareciera la palabra "final", para que quedara definitivamente que consumidores eran todos aquellos que hacían una adquisición de un servicio o de un producto. En relación a las tarjetas de crédito, en la propuesta de Ley se excluye como ámbito de competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo relacionado con las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia, esté a cargo de la Comisión Nacional Bancaria, de Valores o de Seguros y Fianzas. Esto nos parece una limitante grave para la protección de los consumidores, ya que se le deja a merced de entidades que no resuelven los problemas relacionados con los servicios bancarios, en particular con las tarjetas de crédito. Esto representa un contrasentido ya que la propia iniciativa reconoce que un proceso moderno de comercialización, se incluye el uso de tarjetas de crédito o de formas similares de pago. Y más aún, cuando en la práctica de la Procuraduría Federal del Consumidor, las quejas al respecto son innumerables, la atención a estos problemas es un reclamo social que no podemos soslayar. Finalmente, manifestamos una diferencia sobre los contratos de adhesión, ya que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tendría ahora la atribución de normar de manera discrecional, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, cuáles contratos de adhesión deben ser registrados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Y al respecto nos encontramos con un doble problema Por un lado, bajo esta lógica no todos los contratos de adhesión deben ser registrados, lo que coloca a los consumidores en una situación de desventaja ante los proveedores, con quien haya que realizar estas operaciones. Y por otro, porque de aquellos contratos que sí deben ser registrados, el trámite para ello es sumamente burocrático, situación que también juega en contra de los consumidores. Por todo lo anterior, compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de la iniciativa que hoy se debate. Muchas gracias. El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Rafael Fernández Tomás: - Con su permiso, señor Presidente: Nos toca discutir el día de hoy, en esta sesión de la mañana, una iniciativa del Ejecutivo para ampliar las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, fundamentalmente, además de que desaparezca el Instituto Nacional del Consumidor. Yo he escuchado con atención a los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra; he escuchado con atención al compañero Presidente del Partido de la Revolución Democrática, que hizo algunas observaciones y algunas quejas sobre el procedimiento que se siguió y que reiteró en parte, el compañero del Partido Acción Nacional. Sabe bien el compañero, que aunque yo no formo parte de la subcomisión que redactó, en la reunión de la Comisión que tuvimos al día siguiente, yo di la explicación cuando se presentaba la idea de que en esa noche había intervenido el Ejecutivo para cambiar el dictamen. Yo con toda honestidad, deseando como todos que hubiera podido entrar por consenso, y todavía espero que pudiera entrar por consenso esta Ley, discrepaba de la concepción de que esa noche de la una de la madrugada a las nueve de la mañana, hubiera intervenido la mano del Ejecutivo y lo razoné en la Comisión. En segundo lugar, quiero decirle al compañero de Acción Nacional, que habló hace un momento, que es cierto que el Partido Acción Nacional presentó esta Ley en 1974. Pero justamente mucho antes que Acción Nacional, los obreros y los campesinos de este país, a través de la Revolución Mexicana y de la Constitución del 1917, señalo con mucha claridad en el artículo 28, lo siguiente en la fracción III del artículo 28, el constituyente ya señalaba que había que trabajar, que esta Ley debería proteger a los consumidores y propiciará su organización para el mayor cuidado de sus intereses. Es cierto, sí, lo digo simplemente porque en muchas ocasiones se plantea como si fuese original, las iniciativas de algún partido, cuando que ha habido antecedentes muy remotos y anteriores de que estos problemas estaban en la mentalidad ya de los constituyentes y ya de propias iniciativas de nuestro partido. Yo siento, compañeros, que nosotros, sin entrar al debate en este momento, el marco del proyecto económico del país, creo que todos tenemos que entender y todos entendemos que hay que enfrentar los problemas actuales de México y del mundo, con una imaginación diferente a la que pudimos haber tenido en el año 1915 e inclusive en 1965. Los acontecimientos que se han dado, han propiciado que tengamos que reanalizar una serie de planteamientos de una forma diferente. Por ello, esta iniciativa que presenta hoy el Ejecutivo, reitera el nuevo papel del Estado como rector de la economía. Porque la concepción del Estado en México hoy y la concepción del Estado en Rusia y la concepción del Estado en los países de Europa Oriental y de todas partes del mundo, han tenido cambios considerables que no podemos dejar de entender. Yo entiendo que el papel del Estado en este momento es un papel diferente al del Estado de hace 10 ó 15 años. Y justamente en el marco de estos nuevos acontecimientos, esta iniciativa entra dentro del papel del Estado como regulador de la economía. En alguna intervención, en su Primer Informe de Gobierno, el propio Presidente de la República, desde esta tribuna, señalaba que había que luchar y fue una posición de nuestro partido y es una posición de nuestro partido, contra la pobreza extrema y contra la desigualdad económica. Y yo quiero preguntarme, compañeros, ¿si en México la mayoría de los habitantes del país no la integramos los campesinos, los obreros, los trabajadores intelectuales y manuales del campo y de la ciudad? La mayor parte de los consumidores en el país somos los trabajadores. Y justamente los trabajadores en el país han tenido tres grandes problemas qué enfrentar para poder salir adelante en esta etapa de transición que estamos viviendo. Estamos viviendo en México una etapa de transición, que ha sido calificada como la renovación de la Revolución Mexicana. Yo entendería que estamos entrando, como todo el mundo, a un proceso de reformas nuevas, que son fundamentales. Y que nuestro país está saliendo adelante, si lo comparamos con la mayor parte de los países del mundo. Todo depende a veces, cuando estamos en la tribuna, de cómo se ve el vaso: "si medio lleno o medio vacío". Yo he escuchado a muchos compañeros cuando intervienen hablando de las críticas que se le hace al proyecto actual del Gobierno y al proyecto que mantenemos en el Partido Revolucionario Institucional. Y es cierto, puede haber observaciones, quejas y discrepancias en ello. Pero también nadie puede negar que ha habido avances importantes en los últimos años y que lo que nos está faltando en este momento es poder "aterrizar", en el marco de la reforma económica, de la macroeconomía a la microeconomía para satisfacer las necesidades de los sectores más necesitados de nuestro país. Pero aquí en el país hay un camino trazado, hay un rumbo y tendremos que hacer el esfuerzo para que los tiempos no nos coman; no al Gobierno, sino a todos los miembros de los partidos, porque si no somos capaces de hacer las reformas que faltan en el marco político antes de 1994, podremos tener problemas muy serios. Pero veamos las partes positivas. ¿Por qué negar las partes positivas que tiene el Partido Revolucionario Institucional? ¿Por qué negar esas partes positivas? Simplemente las acusaciones que normalmente se tienen en tribuna, son para observar en cada una de las iniciativas las críticas. Y tienen razón, a base de las críticas se avanza. Pero pensemos en una cosa, pensemos en esta Ley de hoy, no me voy a ir más lejos. ¡La Ley de hoy, que estamos discutiendo, es una Ley progresista! ¡La Ley de hoy es una Ley que beneficia a los trabajadores y a la mayor parte del pueblo mexicano! Hace unos años no había ninguna Procuraduría del Consumidor. Hay que recordar, compañera. Hace unos años, si hoy hay desamparo de parte de los consumidores, hace unos años había total desamparo y la labor del Instituto Nacional del Consumidor y de la Procuraduría han beneficiado a los trabajadores del país, poco o mucho pero lo han beneficiado y eso no se puede negar y además, en este instante ante el nuevo marco internacional y nacional que se presenta, el Ejecutivo presenta una iniciativa que amplia las posibilidades de defensa de los consumidores. ¿Cuáles son para la mayor parte de los consumidores del país, los obreros, los campesinos, las clases medias, los trabajadores, los pequeños comerciantes y los pequeños propietarios? ¿Cuáles son los problemas principales que afectan su economía? Un trabajador o cualquiera de nosotros siempre tenemos que ver entre dos elementos, el elemento que significa el aumento de los salarios, pero junto con cualquier aumento de los salarios hay que ver que los precios permitan que haya un diferencial positivo. Y en México, para los trabajadores tres problemas centrales para la mayor parte del pueblo mexicano, hay tres problemas centrales: uno, la inflación porque por más que aumentasen los salarios como se hizo en otras épocas, la inflación se comía los aumentos de los salarios, entonces es una medida progresista luchar por combatir la inflación y bajarla como se está bajando. Quisiera recordar a todos nosotros lo que nos decían nuestras esposas, hace unos ocho o 10 años cuando estaba al 130% la inflación que parecía que no se podía combatir, es cierto que no está resuelto el problema, es cierto, estamos en un proceso de transición pero sí es cierto que hoy la inflación ya no está al 130% y ese es un punto que afecta y se está enfrentando con la nueva política económica del Gobierno. La segunda es el aumento de los salarios y ahí hay un gran problema, no se han podido aumentar los salarios a lo que corresponde a los trabajadores porque se está en un proceso de transformación en la economía del país que no solamente es el proceso de transformación de México, en la Unión Soviética se está hablando de inflaciones del 130% mensuales y si nos vamos al resto de la América Latina, encontramos serios problemas en ese sentido también, por esa razón el segundo elemento que afecta a un trabajador, el segundo, aparte de la inflación es que tengan aumentos, salarios reales; yo estoy convencido que en mi partido se va a dar la lucha por el aumento de los salarios reales, por el aumento de los salarios a los trabajadores en el país; y en tercer lugar, cuál es el elemento que hace que los ingresos que pueda tener cualquier trabajador se desplome, pues justamente el problema que presentan los precios porque en México, el sistema no ha tenido a lo largo de la historia una forma eficaz de controlar el aumento de los precios. Decía hace un rato un compañero del Partido Acción Nacional , yo le tengo respeto por la forma con que él siempre habla directamente, hablaba del problema de los proveedores y los consumidores, yo quería decirle que seamos honestos y seamos objetivos, no puede haber igualdad entre desiguales y los trabajadores del país si cada día les puede rendir menos su propio dinero es por la reetiquetación por los comerciantes y no me refiero a los pequeños comerciantes, a la reetiquetación de los comerciantes y justamente una forma de enfrentar estos problemas que se están dando, uno, en que no aumenten los precios, de que se puede regular desde el Estado con más facilidad pueda regularse que los precios no aumenten, que la calidad de los productos correspondan a lo que uno está comprando, está señalado perfectamente hoy en la nueva Ley Federal del Consumidor. Qué mejor forma de enfrentar los problemas de una recuperación económica de los propios trabajadores si lográsemos evitar que se dé la reetiquetación de los precios, que todos, las amas de casa y todos, ahora sabemos que se está dando, esta Ley lo está permitiendo, tiene razón el compañero cuando habla de la parte de la Ley que no toca la organización de los consumidores, pero también quiero señalarles lo siguiente y creo que podemos coincidir en ese sentido: tenemos que materializar el 28 constitucional, porque el 28 constitucional ya dice con toda sencillez "propiciará su organización para el mayor cuidado de sus intereses". El día que en México los trabajadores estén organizados en uniones de consumidores como en otros países, no va a haber abarroteros ni grandes ni medianos comerciantes que se vayan sobre el bolsillo de los trabajadores de nuestro país. Falta tiempo, las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Pero yo me pregunto ¿avanzamos hoy o no avanzamos hoy?. En mi opinión sí avanzamos hoy con esta Ley. sí avanzamos y además quería señalar lo siguiente: la propia Constitución en este instante, decía el compañero del Partido de la Revolución Democrática que me antecedió, el último compañero, él decía que había un problema con el aspecto tutelar del Estado; que había una contradicción entre esa Ley, que al ser una Ley que estaba entre justos medios de consumidores y de proveedores, le quitaba el tutelaje al Estado, y yo con el respeto que el compañero me merece, quiero decirle que la propia integración del Consejo Consultivo, que la propia formación del Consejo Consultivo, ¿si?, en manos de quien deja este problema. No lo deja al libre criterio, lo deja en manos del Estado como regulador en ese momento, y protector cuando da pie, porque se dice: "...el nuevo Consejo Consultivo está integrado por una persona de la Secretaría de Comercio y fomento Industrial, por el Director de la Procuraduría Federal del Consumidor, y está integrado por los representantes de los consumidores...", aquí está el camino. Aquí está el camino compañeros, yo entiendo que a veces no se puede ganar todo en una sola acción; el camino está aquí, está abierto en la propia iniciativa del Presidente de la República, cuando habla de las organizaciones de los consumidores. Ahora, permítanme referirme y he procurado no entrar al detalle técnico porque lo han hecho muy bien compañeros míos anteriormente, permítanme decirles por ejemplo la preocupación que muchos como diputados tenemos de demandas que se nos presentaron en nuestras campañas electorales sobre el alcohol y sobre el tabaco. Yo no puedo olvidar la cara y los ojos llorosos de un muchacho de 14 ó 15 años, en Mérida, en un acto, que se dirigió a mi y me dijo "compañero si usted llega a ser diputado le pido que defienda que no se hagan anuncios y propaganda del alcohol, porque mi padre es un alcohólico y ese es un problema de tipo social". Y ese problema del alcohol, podemos nosotros, mediante una Ley reglamentaria con base en esta Ley del Consumidor, y si ustedes me permiten voy a leer el artículo 41, es perfectamente posible avanzar en ese sentido pero además en otro sentido, ¿cuántas gentes están muriendo en el país por el problema del tabaco?, y las luchas entre el monopolio del tabaco y la ciudadanía. Yo tengo un hermano que hace un año murió de cáncer en el pulmón, y hay muchos, muchos compañeros que posiblemente y ojalá no, han tenido ese problema, pero hay muchos. Yo tengo ahorita dos secretarias y sus esposos, los dos tienen cáncer, con 50 años, como fue la edad de mi hermano. O sea que hay problemas, problemas serios. Por eso compañeros, y eso siempre se los he comentado, que es mi estilo y no lo puedo cambiar, así yo me expreso; quiero decir lo siguiente, que el problema del alcohol y el tabaco, díganme un solo diputado que esté aquí, que no es necesario reglamentar la publicidad del alcohol, y díganme quién que esté aquí, no considera que en las cajetillas de los cigarros, como en otros países debe decirse "este producto produce cáncer", no lo que dicen actualmente los consumidores, hay una gran desprotección porque justamente no ha habido el elemento que pudiera hacerlo, pero una vez organizados los consumidores, se puede llegar perfectamente a ese problema, y estaba tocando el artículo 41, si ustedes me permiten, para que veamos la parte medio llena también de las cosas que estamos haciendo. El artículo 41 dice lo siguiente: "Cuando se trate de productos o servicios que de conformidad con las disposiciones aplicables se consideren potencialmente peligrosas para el consumidor o lesivos para el medio ambiente o cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que advierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado y los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos recomendados. El proveedor responderá de los daños y perjuicios que cause al consumidor la violación de esta disposición". En los Estados Unidos está disposición, puesta por escrito, ha llevado en los tribunales a pagar a las grandes compañías del tabaco, cantidades muy grandes, justamente a consumidores que han muerto por el uso del tabaco. Entonces yo, compañeros, quisiera terminar con lo siguiente ya en esta Ley, ya en otras que presentemos, por fortuna estamos en una Cámara plural, el compañero del Partido de la Revolución Democrática no me dejará mentir, no me dejará mentir y menos Raúl que está aquí que ha habido épocas pasadas en que era imposible sentarnos para poder discutir las cosas como estamos discutiéndolas aquí, sin que hubiese amenazas de otro tipo. Quizá los que somos un poco mayores en edad podemos recordarlo. Hoy las discrepancias se dan a un nivel dialéctico y se dan a un nivel como tú muy bien decías, a un nivel en una sala. Eso no quiere decir que nosotros no defendamos cada uno lo que queramos, por eso es una sociedad plural, no puede lo mismo pensar el Partido de la Revolución Democrática que Acción Nacional o que nosotros en el Partido Revolucionario Institucional, no es posible que pensemos igual, pero sí tenemos que fortalecer las instituciones como es en este caso la Cámara de Diputados. Por eso yo sugeriría que con base en lo anterior, yo quiero decir dos cosas finales, con base a lo anterior, nosotros retomemos del vaso medio lleno que nos da el artículo 28 constitucional , que Serra Puche cuando vino a intervenir aquí él fue el primero que lo tocó; sobre la importancia de organizar a los consumidores, con base en esto yo creo que toda la Cámara tenemos para el año próximo por lo pronto, si es que hoy se aprueba esta Ley, tenemos la posibilidad de lanzarnos a la organización de los consumidores en el país, de una forma que no tenga que ver con ningún partido, donde pueda en una unión de consumidores estar los vecinos de la colonia, del barrio, del ejido, pero es la única forma de poder parar lo que no hemos podido parar en decenas de años en México. Y quiero terminar con lo siguiente, compañeros: todos sentimos una profunda tristeza, yo lo reconozco y hay compañeros aquí testigos de ello, cuando se fueron los compañeros jubilados, aquí estuvimos en una reunión con los compañeros jubilados, y yo quiero pedirles a todos los compañeros diputados de todas las fracciones, cuando decía el líder de los diputados, con sus 343 mil pesos mensuales que iban a pasar una amarga Navidad, lo sabíamos, y yo lo digo porque yo fui de los que estuvo en el Zócalo, en la noche que ellos durmieron aquí y estuve con ellos, con otros compañeros, pero lo que sí no podemos permitir es que pase del año próximo sin que se haga justicia a los jubilados de este país. Por lo tanto yo haría un llamado a todos los compañeros, para que se haga una tarea, una tarea de honor de nosotros, no dejar sin protección, por lo menos llevarlos al salario mínimo o un poco más arriba, a aquellos que hicieron posible el México que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias. El Presidente: - Tiene el uso de la palabra Adrián del Arenal, para alusiones personales por cinco minutos. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: - Gracias señor Presidente. Compañeros diputados: Se ha hecho un discurso con muchas vertientes, quiero sintetizarme a las alusiones que hacia mi persona hizo el diputado Fernández Tomás. El hizo referencia que no fue el Partido Acción Nacional el que presentó la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor en 1974, que éstas son conquistas de la Revolución y de su partido, que ahora es el Revolucionario Institucional. Yo le quiero decir al diputado Fernández Tomás que esas demandas fueron simples demandas durante 60 años, simple y llana demanda como podrá haber algunas otras por ahí. No, el Partido Acción Nacional concretó las demandas de la Revolución hasta ese momento, en 1974, viendo que no había realmente la normatividad para regular las relaciones que hay entre los proveedores y los consumidores y los presentó formalmente en una iniciativa, no como simples demandas como vienen desde la época de los romanos. No, es un hecho concreto que aparece en el Diario de los Debates, aquí está la fecha, quién fue el que lo presentó, qué partido, y cuál fue, desgraciadamente, cuál fue el dictamen de la Comisión correspondiente en esa fecha para no aceptar la procedencia de una iniciativa de esa índole. Por otro lado me dice que no puede haber igualdad entre desiguales. Estoy de acuerdo hasta ahí con ese comentario, pero lo que yo dije cuando hice mi intervención es que no puede haber trato discriminatorio para una persona porque tiene derechos fundamentales, tienen derechos naturales como individuos, que deben de ser respetados. Lo que surja de la relación proveedor - consumidor, es otra cosa, y esta Ley lo regirá, pero no tiene que ver originalmente con un trato discriminatorio para las personas que llevan a cabo esa actividad, una actividad noble, una actividad que genera un alto porcentaje del producto interno de nuestro país, una actividad con sacrificios, muchos sacrificios. Y yo le quiero decir, como lo dije hace un momento en mi intervención, el 80% de los comerciantes establecidos en nuestro país son pequeños comerciantes, tan pequeños comerciantes que muchos de ellos, si no es que la mayoría, con su ingreso diario apenas alcanzan un salario mínimo y no pueden tener ese trato discriminatorio. Definitivamente no es permitido que tengan un trato discriminatorio; debe de haber equidad. Tanto puede haber un comprador con mayor capacidad económica que el señor de la miscelánea de aquí frente al estacionamiento, o la señora, o la señora de la farmacia, como puede haber alguien que esté en desventaja económica si va a comprar a cualquiera de esos grandes consorcios de autoservicio. Entonces, tiene que haber equidad, tiene que haber equidad en esta Ley, esa equidad de derechos originales de cada una de las partes, porque nadie obliga a vender a una persona, ni nadie la obliga a que compre en determinado lugar. Ese es el principio que rige el comercio y que lo ha regido a través de su historia, desde la época del trueque; la voluntad de las partes: tengo una necesidad, necesito un satisfactor, éste es el satisfactor, es a tal precio, lo compro o no lo compro. Que ahora tenemos precios registrados, determinados por las autoridades, esa es otra cosa, pero tenemos que respetar sus derechos originales de cada una de las partes. Y se dice que se representa aquí a todos los consumidores, que hay que organizarlos. Bueno, nosotros como diputados, nos estarán representando también a nosotros, a los grandes capitales de l país, porque todos, todos absolutamente todos en este país somos consumidores, y si estuviéramos en un sistema socialista, capitalista, como le quiera llamar, somos consumidores, si pagamos o nos lo regalaron somos consumidores, todos, de una u otra cosa somos consumidores. Entonces, después de que se origina el acto de comercio, si hay violaciones a la actitud, al producto, al precio, lo que ustedes quieran, intervendrá esta Ley, pero no prejuzguemos a que el proveedor, a que el comerciante lo vamos a satanizar porque tiene capital. Señores, les he dicho que hay gente que no saca un salario mínimo en su actividad diaria, un salario mínimo, y tiene que sostener una familia, y tiene que sostener un negocio. Y me han dicho algunos, no compañeros diputados, pero sí funcionarios de alguna dependencia; "pues que se dedique a otra cosa si no saca más de un salario mínimo". ¿Dígame a dónde se va a trabajar? ¿Adónde están las fuentes de empleo que esperábamos o que estamos esperando para que esta gente ingrese a la actividad económica con un trabajo seguro y permanente? No lo hay, señores. Entonces esa gente tiene que arriesgar su capital, tiene que invertir su tiempo para satisfacer sus necesidades personales con acto de comercio mínimo, insignificante. Entonces no podemos ser parciales. Eso es todo, muchas gracias. El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En la exposición de motivos de la iniciativa que el Ejecutivo turnó a esta Cámara, se dice textualmente lo siguiente: "La aparente homogeneidad de la sociedad ha cedido su lugar a una extraordinaria pluralidad en sus relaciones". A mí me parece que esta aparente homogeneidad en la sociedad sólo ha ocurrido en la cabeza de quien redactó esa exposición de motivos. La heterogeneidad de la sociedad mexicana es un hecho histórico, bien conocido y ampliamente documentado. Heterogeneidad económica - social en cuanto a la gran diferencia en los niveles de riqueza e ingreso de que disponen las clases y sectores de la población; heterogeneidad cultural en cuanto al diverso origen étnico y cultural de los grupos que integran la nacionalidad mexicana; la diversidad incluso tiene su origen en la importante diversidad geográfica de este país. Los diferentes niveles de ingreso, junto con la diversidad étnica, cultural y geográfica en este país, hacen precisamente que los patrones de consumo hayan sido muy variados. Entre los nuevos fenómenos que pueden observarse en el consumo nacional, destacan dos: Primero. Una mayor homogeneización hacia ciertos patrones de consumo impulsados en gran medida por la fuerza mercadótecnica de las grandes empresas transnacionales, productoras o comercializadoras de ciertos bienes de consumo final, que inducen patrones de consumo ligados a realidades totalmente diferentes a las de nuestro país. Destacan aquí, por ejemplo, la influencia que alcanzan para inducir el consumo masivo las empresas refresqueras transnacionales, las ligadas a la industria alimentaria chatarra, la de bebidas alcohólicas, la industria del tabaco, la industria cosmética, la industria farmacéutica, ciertas empresas de la industria del vestido y del zapato, las empresas jugueteras, la industria automotriz y la industria de electrodomésticos y electrónicos. Pero además, entre los nuevos fenómenos que observamos en el consumo está que mientras por un lado existe un sector minoritario de altísimos ingresos que tiene una capacidad de consumo comparable con sectores de alto consumo en las metrópolis de los centros capitalistas internacionales, que viajan frecuentemente, que compran las mismas ropas y los alimentos de cantidad similar, en no pocas ocasiones las adquieren en los mismos centros comerciales exclusivos, que se rodean de los mismos lujos y facilidades, que estudian en las mismas universidades, etcétera. Y, por otro lado, existen los grandes sectores de la población que carecen de lo más indispensable. Y en el caso de los consumidores, yo hago referencia principalmente a aquellos consumidores que poseen escasos recursos económicos, que de manera general son los que se encuentran en un serio estado de indefensión frente a las grandes empresas industriales y comerciales, que imponen condiciones desventajosas a los destinatarios de los bienes y servicios que prestan. Estamos aquí frente a un grave problema que afecta a la gran mayoría de la población. Y aquí yo le doy la razón al diputado Fernández Tomás: En las relaciones del consumo, en gran medida, para los trabajadores el problema de fondo es el problema del salario; en las relaciones del consumo todo está en gran medida definido por la capacidad del salario, y habría que afirmar aquí que la gran mayoría de la población recibe ingresos por abajo de los dos y medio salarios mínimos. Y hay estudios, y esto es muy importante, que demuestran que en este nivel de ingresos, el de los dos y medio salarios mínimos hacia abajo, más de la mitad de dicho ingreso se gasta principalmente en alimentos. Y me gustaría aquí precisar algo que tiene que ver con esta Ley, que tiene que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor. Si estamos hablando de que con dos y medio salarios mínimos hacia abajo, en el nivel de ingresos, más de la mitad de éstos se van en alimentos, entonces estamos hablando de la mayoría de los consumidores del país. Y, en ese sentido, el tema de los alimentos y esta Ley, definitivamente, tiene una gran importancia. Por ejemplo, en las cifras oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor en este año, ¿cuáles son los principales giros, en los comercios que mayormente violan la Ley vigente de protección al consumidor? Los abarrotes, las misceláneas, las farmacias, las carnicerías, las papelerías. Y también la Procuraduría Federal del Consumidor, nos dice que los principales productos en los cuales existen violaciones a la actual Ley del Consumidor, son los siguientes: Carne de res, leche, refrescos, margarina, galletas, chiles envasados, huevo, medicamentos, artículos escolares y gas. Es decir, en este país los principales giros comerciales que violan la Ley del Consumidor y los principales productos en los cuales se viola dicha Ley, son giros y productos que tienen que ver con esta inmensa mayoría de la población que gasta más de la mitad de sus ingresos en alimentos. Y esto nos lleva a otra cuestión que también, es de fundamental importancia. El diputado Fernández Tomás se preguntaba: ¿Cuántas gentes en este país mueren por tabaquismo? Yo haría, le haría otra pregunta: ¿Cuántas gentes en este país mueren por hambre? Voy a dar algunas cifras. En los últimos 10 años el consumo de alimentos básicos, es decir, otra vez los productos que tienen que ver con esta inmensa mayoría de la población, han tenido el siguiente comportamiento: De 1981 a 1991, se consumió un 42% menos de frijol, un 45% menos de arroz, un 59% menos de maíz y un 19% menos de trigo. De 1982 a 1987 se consumió un 27.8% menos de carne de res por persona, un 21.8% menos de leche, un 42.5% menos de naranja y un 38.9% menos de plátano. Por eso no extraña que de 2 millones de niños que nacen anualmente, 100 mil mueren durante los primeros años por factores relacionados con una mala nutrición, y un millón sobreviven con defectos físicos o mentales debido a insuficiencia alimentaria. Existen en México 20 millones de niños desnutridos y el 100% de niños que nacen en México, el 15% nace con un bajo peso. Así pues, compañeras y compañeros, la gran mayoría de la población que recibe esos ingresos por abajo de los dos y medios salarios mínimos y que gasta más de la mitad de dichos ingresos en el consumo de alimentos, debería de tener una mayor protección en esta Ley; esta Ley debería de tener un cuidado extremo para normar y vigilar todo lo relacionado con el consumo de alimentos, como el control de precios, el control de calidad, la garantía de abasto. Se dice que con esta Ley hay toda una serie de avances, y me parece que nosotros como fracción parlamentaria tendríamos que reconocer que en efecto la propuesta que hoy se nos hace existe un buen número de avances, pero también habría que aclarar con precisión, y me parece que los dos compañeros de mi partido que ya hicieron uso de la palabra se abocaron a este tema a fondo, que hay una serie de puntos que la Ley no toma en cuenta y que definitivamente sí hubieran significado un grave avance. Por ejemplo, excluir de la definición de consumidor a los consumidores no finales, por ejemplo excluir de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que se refiere a tarjetas de crédito, por ejemplo excluir del registro obligatorio a todos los contratos de adhesión y, como un último cuarto punto que yo creo que es fundamental, el no haber incluido en este dictamen, un desarrollo más amplio en lo referente a la organización de los consumidores. La organización de los consumidores en la Ley que hoy se va a derogar, tenía la siguiente mención en el artículo 59: "La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones: "Y en su fracción 14 se decía: "Promover la constitución de organizaciones de consumidores y prestarles la asesoría necesaria". En el dictamen que hoy se nos presenta, en el artículo 24 en el que se refiere a las atribuciones de la Procuraduría en la fracción 18 se dice lo siguiente: "Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores y prestarles asesoría", es decir, la mínima referencia que se hacía en la Ley que hoy se deroga, continúa siendo una mínima referencia en lo que se refiere al dictamen que hoy se nos presenta. Y quisiera dar algunos datos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Existen en todo el país organismos de consumidores, constituidos 2 mil 912, esta cifra resulta muy pequeña si tomamos en cuenta a la población que se encuentra organizada en estos organismos de consumidores, que en todo el país nos dan un total de 155 mil 983 consumidores organizados de alguna manera en alguno de estos organismos ya constituidos. Habría que aclarar que una parte muy importante de estos más de 2 mil, casi 3 mil organismos ya constituídos, tienen que ver con sindicatos que pertenecen a algunas de las centrales corporativas de nuestro país y que en realidad organismos de consumidores ya constituidos que realmente signifiquen una representación de la sociedad que tengan como interés fundamental la defensa de los consumidores, en lo general son una excepción. Y en ese sentido, a nosotros como fracción parlamentaria, nos parece que este aspecto de la organización de los consumidores, no puede quedar simplemente ahí, como una referencia en el párrafo XVIII del dictamen que hoy se nos presenta. Y nos parece asimismo, que aparte de que los derechos de los consumidores en el dictamen están enumerados de una manera parcial e incompleta, el derecho de los consumidores para organizarse en defensa de sus intereses, está simplemente planteado como una referencia en esta iniciativa. Cuando demos la discusión en lo particular, cuando hagamos propuestas en lo particular, nosotros vamos a hacer una propuesta a fondo, que tiene que ver con la organización de los consumidores en este país y que sobre la base de lo que el diputado Fernández Tomás dijo aquí arriba, nosotros esperamos que incluso él la apoye a su favor. Pero me parece compañeras y compañeros, que aquí en esta tribuna, no se ha dado ni por el partido de la mayoría ni por los otros partidos de oposición que han subido a ella, argumentos, razones por las cuales esos cuatro planteamientos que nosotros estuvimos defendiendo como fracción parlamentaria en las discusiones que se dieron, razones por las cuales no deberían ser aceptados. Es decir, porque solamente considerar como consumidores a los consumidores finales, ¿Por qué no incluir el asunto de las tarjetas de crédito en esta Ley? ¿Por qué no precisar que todos los contratos de adhesión tendrían que ser registrados? y ¿Por qué no precisar en esta Ley, con toda claridad y a fondo, cuáles son las maneras y las formas como se desarrollarían la organización de los consumidores? Es todo. Muchas gracias. El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado Lucas Adrián del Arenal, del Partido Acción Nacional. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Voy a hacer la presentación de los artículos 5o., 8o., 9o. y 24, que inicialmente nos hemos reservado para presentarlos en lo particular en esta discusión sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ya entrando en tema, en el artículo 5o. en la iniciativa, nosotros consideramos que traía, y lo manejamos en la Comisión dictaminadora, nosotros determinamos que traía realmente un grave error, un error legal, un error de fondo, que se estuviese considerando dentro de los ámbitos de esta iniciativa, de esta Ley, propiamente dicho, se estuviese considerando que la capacidad o la facultad que tendría la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, para recibir denuncias en contra de profesionistas independientes, digo profesionistas desde el punto de vista académico, alguien que tiene un grado profesional universitario, en fin, que ante esas situaciones de irregularidades en la prestación de sus servicios profesionales, tuviera facultades la Procuraduría para recibir denuncias y resolver al respecto. ¿Por qué consideramos y determinamos que es fuera de su ámbito? Porque ésa es una cuestión de derecho civil, por una parte, hay una Ley General de Profesiones, por otra parte, y no puede ser una competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, porque estaría violando lo dispuesto por la soberanía de los estados, que cada Estado además tiene su propia Ley de Profesiones. Y por otra parte, esto quiero decirlo como una apreciación personal, yo no soy abogado, éstos fueron los resultados que nos dieron nuestros asesores, nuestros compañeros abogados, estas conclusiones que les acabo de mencionar. Pero yo sacando una conclusión personal y lógica, lógica, quiero decir que en las relaciones de productor-consumidor, en la mayoría, y quiero decir casi en todos, yo puedo llegar a cualquier establecimiento y con mi capacidad de compra, poder decir, quiero este artículo y pagarlo, ¿Por qué?, porque están abiertos al público en general, definitivamente; al consumidor en general. Y en el caso de la prestación de servicios profesionales, yo llego y ando buscando quién me pueda dar esta atención, y con sus reservas, si es un abogado: mira, sí te puedo llevar este caso o no te lo puedo llevar, porque es de mi área o no es de mi área. Si yo quiero ir a ver un dentista, me dice: fíjate que yo no soy protesista, yo soy, no sé que otra especialidad... endodoncista, por decir algo, y no te puedo atender este caso. Entonces ahí hay discrecionalidad de acuerdo a la capacidad y posibilidades que tenga cada profesión, desde tomar o no tomar ese paciente o ese cliente, que sí existe el término cliente, puede ser paciente o el asesorado, como ustedes quieran decirle. Entonces es una razón lógica por la cual no deben de entrar los servicio profesionales académicos dentro del ámbito y la normatividad de esta iniciativa. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una propuesta al artículo 5o., que es una propuesta que ya de común acuerdo estamos haciendo el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y dice así. Honorable Cámara de Diputados: el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, atenta y respetuosamente comparecemos y exponemos. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos proponer lo siguiente: Propuesta de modificación al artículo 5o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Articulo 5o.: Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los de las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales bancarias, de valores y de seguros y fianzas, así como los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil". México, Distrito Federal, 14 de diciembre de 1992. Atentamente. Diputados: Adrián del Arenal, Manuel Martínez Fourcans, Javier Garduño, Alfonso Rivera Domínguez, y Silvestre Fernández Barajas. Dejo la propuesta a la Secretaría para el trámite correspondiente. La segunda propuesta, es respecto al artículo número 8 de la iniciativa. Les leo la iniciativa y les digo el porqué. Es propuesta de cambio de redacción al artículo 8o. del dictamen de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que dar como sigue: "Artículo 8o. Los proveedores están obligados a respetar los precios y tarifas determinados por la Secretaría de Comercio o por cualquier otra dependencia federal, en los términos de la legislación en la materia." Hacen esta propuesta su servidor Adrián Del Arenal y el diputado Luis Suárez Ancona, del Partido Acción Nacional. ¿Por qué hago esta propuesta de que diga" ...precios y tarifas determinados..."? La iniciativa al respecto dice lo siguiente: "Los proveedores están obligados a respetar los precios y tarifas acordados, fijados, establecidos, registrados o autorizados por la Secretaría." Estamos hablando de cinco tipos de precios, que son genéricos y que podemos concretarlos en una sola palabra que sería "determinados". Me alegaban, me decían: "es que hay precios registrados, hay precios acordados en el pacto". Señores, estamos jugando con una serie de precios en una economía formal, que definitivamente nos llevan a complicaciones e irregularidades y que por lo tanto muchas veces se dice: "se está violando el precio, porque este precio era acordado; este precio era registrado:. Es más, ustedes lo sabrán, la Secretaría de Comercio habla de precios tolerados. Aquí hay gente que está asintiendo con la cabeza, que sabe, que conoce, que hay precios tolerados. ¿Cuáles, son esos precios tolerados que ha manejado por muchos años la Secretaría de Comercio? Son aquellos precios que están autorizados, por decir un ejemplo, precio de atún. No me sé el precio, pero dijéramos que fuera a 2 mil 500 el precio. Y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dice: "Pues si ya sé que no puede el productor, ya no le es costeable seguir fabricando, vamos a provocar desabasto. Pues no le podemos mover el precio autorizado, pero te voy a tolerar, como quien dice, me voy a hacer yo, autoridad, de la vista gorda, a que le pongas el precio de 3 mil y yo me hago por acá que no veo y te tolero ese precio". Señores, estamos en una economía formal, estamos entrando a un contexto que va a cambiar en mucho las relaciones comerciales que se dan dentro y fuera de nuestro país, y que sigamos manejando una tan amplia gama de nombres o de precios. Pues, señores, ¿Para qué nos metemos en problemas?, ¿Para qué estamos confundiendo a la gente, tanto al vendedor como al comprador? Vamos a ponerle un solo nombre: precios determinados por la Secretaría de Comercio. Y con eso encubrimos y concluimos lo que serían todos los precios que se mencionan en este artículo 8o. Esta es la propuesta. Dejo la propuesta a la Secretaría también para su trámite correspondiente. En lo que se refiere al artículo 9o. de la iniciativa. La iniciativa nos dice lo siguiente: "Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atentan contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que preste servicios en el establecimiento de que se trate, aun cuando no tengan con el mismo una relación laboral, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor." En principio, como suena la iniciativa, pues alguien diría: "Creo que es buena". Y les voy a explicar el sentido de esta disposición. Es el caso cuando un autoservicio, o sea una tienda de esas que tiene varios departamentos, de esas grandes, no quiero decir un nombre, porque me vayan a cobrar derechos equis. Bueno, una de esas grandes tiendas, tiene demostradores en su interior, que están promocionando café. Y que el producto que le dan a probar a alguna persona le puede causar algún problema de salud. Y entonces, con esto le da facultad al consumidor para que ocurra ante la autoridad a denunciar que el producto que le fue entregado ahí, como promoción, como ustedes quieran, le causó perjuicios. Y entonces ¿a quién va a ir a denunciar? "Pues a la señorita Juanita, la demostradora". No, ¿verdad? Tiene que ir a denunciar a la tienda de autoservicio a donde tuvo este problema. Para estos casos está este artículo y lo vemos sano. Nada más que pasa que queda abierto a que cualquier individuo que entre a ese establecimiento a hacer venta de lo que ustedes quieran. Son tan grandes esos negocios que se puede meter a vender equis artículo o ya sea un tiempo compartido o ya sea vender algún coche o ya sea lo que ustedes quieran, y puede incurrir en un ilícito. Lo que, como está la disposición le traería consecuentemente problemas al negocio. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba autorizada a entrar a hacer su promoción particular. ¿Qué queremos hacer con esto? No desproteger al consumidor. Sigue protegido el consumidor. Lo que pasa es que vamos a regular más adecuadamente que las personas que entren a ese negocio, amparándose en muchas ocasiones en que pues tienen el respaldo de esa gran negociación y que por eso están haciendo su acto de comercio en ese lugar, efectivamente estén autorizados y con el conocimiento de los propietarios de esa negociación, para que cualquier acto de comercio que se dé ahí, quien esté adentro pueda tener la seguridad de que hay una responsabilidad por parte del propietario. Entonces la modificación que nosotros estamos proponiendo para este artículo es como sigue: "Artículo 9o. Los proveedores de bienes y servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atentan contra los derechos del consumidor y por los de su coordinador y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que preste servicios en el establecimiento de que se trate, con el conocimiento y consentimiento del mismo, aun cuando no tengan con el mismo una relación laboral, independientemente de la responsabilidad personal en que incurre el infractor." He dado la explicación respecto a este artículo; dejo la propuesta a la Secretaría para el trámite correspondiente. Respecto al artículo número 24, que es en el mismo sentido del planteamiento hecho respecto al artículo 8o., en cuanto que hay distintos nombres de precios enunciados en esta disposición legal, si manejamos seis nombres distintos de precios que nos pueden dar seis distintas interpretaciones, señores, estamos incurriendo en un manejo excesivo de términos que van a afectar al consumidor y que van a afectar al proveedor. Si nosotros decimos, precios determinados por la autoridad, que sería en este caso la Secretaría de Comercio, estamos concretando cualquier medio, cualquier vía o cualquier trámite a que se haya llegado para determinar en sus precios, no importa, son precios determinados por la Secretaría y deberán ser respetados. Entonces es el mismo planteamiento y el artículo número 24 quedaría como sigue: "Artículo 24, fracción XIII. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de precios y tarifas determinados por la Secretaría de Comercio y coordinarse con otras dependencias legalmente facultadas para inspeccionar precios, para lograr eficaz protección de los intereses del consumidor y a la vez evitar duplicidad de funciones." Dejo la propuesta en la Secretaría, para el trámite correspondiente. Muchas gracias. El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Rivera, para rectificar hechos, por cinco minutos. El diputado Alfonso Rivera Domínguez: -"Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Mi partido el Partido Revolucionario Institucional, ha hecho de manera conjunta con el Partido Acción Nacional, la propuesta de modificación al artículo 5o. del proyecto de Ley porque consideramos que en efecto, tal como venía redactada la iniciativa en cuestión, permitía que la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor, conocieran de todas las controversias derivadas de la prestación de servicios profesionales, los cuales son en esencia y por su naturaleza, de carácter civil. Por estas razones y tomando en cuenta el artículo 124 constitucional que asigna facultades expresas a las autoridades federales, entendimos que esta facultad no es expresa de este órgano legislativo federal y que por lo tanto era violatoria o atentatoria de la soberanía de las entidades federativas. Por esa razón estamos de acuerdo en esa modificación. Sin embargo no lo estamos con la propuesta del diputado Del Arenal, de modificar el artículo 8o. que se refiere a los precios porque en la propuesta que hace el diputado únicamente el proveedor estaría obligado a respetar los precios determinados por la Secretaría, pero puede haber otros precios que no sean determinados por la Secretaría, sino única y exclusivamente convenidos por las partes y esos también tienen que ser respetados por el proveedor de servicios. Por lo que se refiere al artículo 9o. el diputado Del Arenal considera que para que proceda esta reclamación en contra del proveedor por actos de sus subordinados o empleados que presten servicios en el establecimiento, debe haber el conocimiento y consentimiento del proveedor. Bueno, nosotros consideramos que si una persona está laborando, trabajando o prestando sus servicios en un determinado establecimiento, es con conocimiento y consentimiento del proveedor, de otra manera no nos imaginamos que preste servicios ahí. Y finalmente tampoco estamos de acuerdo en modificar la fracción XIII del artículo 24, porque es congruente con lo establecido en el artículo 8o. en cuanto a considerar una gama más amplia para definir el concepto precio, en lo cual se propicia mayor seguridad jurídica para los consumidores. Por esas razones votaremos en contra de estas últimas tres propuestas y a favor de la primera. Muchas gracias. El Presidente: -En consecuencia, tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Adrián del Arenal, por cinco minutos. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez: -Gracias señor Presidente, compañeros diputados: Qué bueno que hay suficiente tiempo todavía para seguir, pues aclarando las dudas o las posibles irregularidades que se puedan dar en términos de esta iniciativa. La aclaración que hace Alfonso Rivera Domínguez, es adecuada, la comparto en parte y les digo porqué, porque el artículo 8o. en el dictamen no hace el distingo entre si van a ser los precios acordados entre el proveedor y el particular, contra los que fije o determine o acuerde la Secretaría de Comercio, entonces tenemos que cambiar una redacción para que prevalezca el sentido de que va a haber precios acordados entre partes y otros, son aparte, los que determine o fije o como quieran decirle, la autoridad. Para ese sentido, entonces la redacción del artículo 8o, sería la siguiente: Artículo 8o. Los proveedores están obligados a respetar los precios y tarifas acordados por las partes y los determinados por la Secretaría de Comercio o por cualquier otra dependencia federal en los términos de la legislación en la materia. De esta manera hacemos el distingo entre los que acuerden, que estoy de acuerdo, perdón la redundancia, los que acuerden las partes, proveedor - comprador, porque son precios libres, son precios no regulados y los precios que sí se tienen que seguir por un acuerdo previo, una regulación que haga la Secretaría de Comercio con los proveedores. Entonces, si hacemos este distingo sí se respeta la necesidad del acuerdo que deberá de haber entre partes libremente, y lo que deberá de ser por parte de las autoridades en la regulación de estos precios. Con esta corrección dejo esta propuesta a la Secretaría para su trámite correspondiente. El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar propuestas sobre los artículos 10, 19 y 120. El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez: -Señor Presidente, señoras y señores diputados: Sin duda esta Ley es un intento más del Ejecutivo por readecuar las relaciones económicas entre proveedores y consumidores. Lo curioso, si es, señores, es que desde hace muchos años se trata de adecuar estas relaciones con una proyección más bien que de justicia social, como lo anunciaba la iniciativa, más bien por una relación de orden económico y de derecho administrativo. Ya desde 1950, 1952, 1953, cuando don Adolfo Ruiz Cortines gobernaba, existía una oficina de control de precios a la que se le llamaba "La Sinagoga", porque ahí había un grupo de personas que imponía los precios y nunca era la autoridad. Por allá por 1960 el Partido Revolucionario Institucional creó un grupo que le denominó Servicios Especiales, que estaban en las calles de Edison, cerca de Vallarta, que trataba este grupo de vigilar los precios al consumidor, yendo a los mercados varios de aquellos agentes. Tampoco prosperó. En la iniciativa que hoy analizamos y que tratamos de aclarar, también se habla de que son auxiliares en la aplicación de esta Ley las autoridades federales, estatales y municipales. Lo que no dice es cómo. ¿Cómo va a combatir de oficio, como lo habla la misma Ley, en los aspectos por ejemplo en la venta de terrenos, violándose las leyes, por ejemplo el plano regulador en un tiempo y ahora la Ley por ejemplo de los asentamientos humanos? Hay una familia que viene desde la época de don Benito Juárez, vendiendo terrenos, les digo el nombre, era el Secretario de Hacienda de don Benito Juárez; después Carmelita Rubio, que era la Nuncio Apostólico de esa época, y los Homero, que tienen terrenos por todas partes y que nunca respetan las leyes referentes a los fraccionamientos. Ahora se trata, yo les preguntaría, ¿Quién va a aplicar la Ley?, ¿quién va a vigilar los precios, por ejemplo en los tianguis?, en donde inmediatamente las amas de casa notan por ejemplo que hay un letrero que dice: kilo, mil pesos, y cuando se acerca le dicen: no, no vale mil, ésta vale 3 mil. Oiga, ¿pero por qué tiene mil?; bueno, pues es el precio. ¿Cómo vamos a combatir, compañeros diputados, la venta por ejemplo de las tortillas, en ciudades como ciudad Netzahualcóyotl, que yo le llamo la prueba más completa de la falta de capacidad para gobernar y para administrar?, en donde hay un señor que controla la venta de la masa, y ahí los que venden las tortillas, los que fabrican las tortillas, siempre dan un peso menor. Cuando se les pregunta ¿por qué dan ese kilo de 750 gramos?, dicen: pues ya la masa viene así, así nos la da fulano de tal. y ¿quién es fulano de tal?; pues es un señor que ha sido diputado y que lo conocen muy bien los compañeros diputados de ciudad Netzahualcóyotl, de un partido que no quiero decir qué partido, ¿no?, porque se vaya a enojar. ¿Cómo va a aplicarse la Ley, cómo se va a combatir este mal social de los tianguis? Aquí no lo vemos; sin embargo, es una novedosa Ley, como dijo un señor diputado antier. Por esta razón nosotros queremos dejar constancia de nuestras propuestas ante la Secretaría, y les pido me permitan leer rápidamente, voy a procurar ser breve, por ejemplo lo relacionado con el artículo 10 de la misma Ley, en donde dice: aquí habla de las casas comerciales, esos grandes comercios en donde tienen una oficina de seguridad, así le llaman ellos, donde hay empleados que detienen por ejemplo a alguien que cogen infraganti robándose algo, lo llevan a la oficina de seguridad, lo interrogan, lo vejan y hasta hay lugares en donde retratan o fotografían a aquella gente. Por eso proponemos esta reforma que dice: "Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes y servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores, bajo pretexto de registro o averiguación, en el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito. Los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente, absteniéndose de ejecutar cualquier acto parapolicíaco, ya sea interrogatorio, persecutorio o de otro tipo, y se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta Ley, independientemente de la reparación del daño moral, y la indemnización por los daños y perjuicio ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado." Respecto al artículo 12, quiero hacer solamente un comentario, ya que el jefe de mi coordinación, Adolfo Kunz, hizo la propuesta y solamente quiero decir que respecto de la compra-venta en que tiene que entregar un comprobante, yo creo que a ustedes también les ha pasado, que va uno a comprar algo y le dice el proveedor o el que vende: ¿quiere nota?, y dice uno sí; bueno, pues entonces le voy a aplicar una cantidad más por el impuesto al valor agregado. Esto, señores, está defraudando al fisco. Yo pienso que si todos los mexicanos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, el país, prosperará, si cada quien cumplimos con nuestro deber. Entonces, enuncio yo aquí que el proveedor no podrá negarse a entregar un comprobante, llámesele como se le llame, y el consumidor tampoco se podrá negarse a recibirlo. Esto no tiene qué ver con la cédula fiscal. Respecto al artículo 19, el dictamen dice: La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estará facultada para expedir normas oficiales mexicanas respecto de... Por esta razón, señores, porque vemos que muchos artículos alimenticios no tienen ni el peso ni la fórmula, ni los elementos químicos que contienen, entonces, considero que el consumidor tiene derecho a saber qué es lo que va a tomar, si efectivamente lo que él desea para alimentarse son los elementos químicos que necesita para alimentarse y todo lo demás de aspectos biológicos o bioquímicos, por eso proponemos: "Artículo 19. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como la Procuraduría Federal del Consumidor, vigilarán cada una, en el ámbito de sus atribuciones, que en los envases de los artículos alimenticios y medicinales nunca falte la etiqueta que contenga la fórmula de los ingredientes y elementos químicos que la constituyan. También estará facultada la Secretaría para expedir normas oficiales mexicanas respecto de..." Esta alusión de normas oficiales mexicanas, claramente se nota que se trata de circunscribir a los comerciantes extranjeros en los intereses que nos atañen. El artículo 120 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su dictamen dice: "En el juicio arbitral de estricto derecho, las partes formularán compromiso en el que fijarán las del procedimiento que convencionalmente establezca, aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, y a falta de disposiciones en dicho código, el ordenamiento procesal civil local aplicable". Ustedes recordarán, cuando leyeron la iniciativa, que sólo fijaba como supletorio al Código de Comercio; sin embargo, ya en el dictamen trae que, a falta de esa disposición de dicho código, el ordenamiento procesal civil será el aplicable en la localidad. Bueno, esto ya está mejor, está más adecuado; sin embargo, considero que no está lo suficientemente explicada la supletoriedad de este artículo. Por eso se propone: "Artículo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho, las partes formularán compromiso en el que fijarán las del procedimiento que convencionalmente establezca, aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, y a falta de disposición de dicho código, el ordenamiento procesal civil local aplicable, la equidad y los principios generales de derecho". No es solamente la idea de mencionar a los principios generales de derecho, sino que, como vamos a tener tratos económicos comerciales internacionales, creo que el común denominador en todo caso sería también la equidad y los principios generales de derecho. Finalmente, compañeras y compañeros, hablo del artículo 72, que originalmente mi compañero el señor diputado Adolfo Kunz, había pedido se suprimiera, sin embargo, por cuestiones técnicas y de otro orden, consideramos, reflexionando, que es mejor presentar otro texto. Este texto se refiere precisamente a las compras que se hacen con tarjetas de crédito. Como ustedes saben mejor que yo, las tarjetas de crédito a los acreedores les aplican la fórmula del interés compuesto. El interés compuesto, que yo siempre en lo particular, y quizá ustedes también estén de acuerdo conmigo, que es una forma injusta e inhumana de enriquecerse o de esclavizar a alguien, llamémosle así. Ya desde el Imperio Romano se esclavizaba a aquellos que no podían pagar una deuda, tenían la obligación los deudores de ir a trabajar a la casa de su acreedor. Quizá por esto, perdonen la alusión, Jesucristo lucho tanto en contra de la esclavitud en este renglón, cuando dice, disculpen: Debutibus debutori noster. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto. Cuando él luchaba en contra de la esclavitud y en contra de esa injusta forma de enriquecerse, que es el interés compuesto, y que es la deuda externa que también nos agobia a nosotros por ese interés compuesto. Ojalá y que la humanidad algún día pueda sacudirse de este cáncer usurero y financiero que es el interés compuesto. Por lo antes dicho, les propongo el artículo 72, que debe decir: "Artículo 72. Cualquier cargo que se prevea hacer por motivo de la expedición de un crédito al consumidor, deberá especificarse previamente a la firma del contrato o consumación de la venta, renta u operación correspondiente, desglosándose la diferencia y conservando el consumidor el derecho a realizar la operación de contado, de no convenir a sus intereses los términos del crédito." Agradeciendo, compañeras y compañeros diputados, la paciencia, solamente quiero decirles que es una Ley muy bonita, pero yo creo que esto, los resultados se verán quizá cuando ya se apliquen las normas del Tratado de Libre Comercio. Será entonces cuando seguramente tendremos que adecuar estos principios jurídicos o estas normas jurídicas, a la realidad de nuestra organización social y de los intereses de los tres países. Aquí, pues, lógicamente no se puede prever que haya órganos jurisdiccionales para sustanciar los problemas que nazcan de esto. Seguramente que en el futuro deberá haber algún órgano jurisdiccional, a donde se lleven los problemas o las desévenencias entre los tres países respecto de los derechos de proveedores y consumidores. Muchas gracias. Hago entrega a la Secretaría de mis propuestas, para los efectos correspondientes. El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.) El diputado Felipe Muñoz Kapamas: -Gracias, señor Presidente, compañeros legisladores: Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de las comisiones de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, y con el objeto de que el lenguaje sea más claro y fácil de entender por parte de los consumidores, se propone que en el Capítulo V, artículo 51 de la iniciativa de Ley en comento, sea modificado. El artículo 51 de la iniciativa se refiere a ventas a domicilio y se excluye aquellas ventas de productos perecederos o bien de aquellos productos cuya duración es de muy poco tiempo y que en el mercado se le conocen como productos desechables. Sin embargo, la propuesta de las comisiones no quedó muy clara, pues para no usar la palabra "desechable" se cayó en una redacción imprecisa. Por lo tanto, sugerimos la siguiente redacción: artículo 51, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo renglones, dice: "Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable a la compra-venta de bienes perecederos, recibidos por el consumidor y pagados de contado, u otros bienes cuya naturaleza permita que sean consumidos casi inmediatamente". Debe de decir: "Lo dispuesto en este Capítulo no es aplicable a la compra-venta de bienes perecederos recibidos por el consumidor y pagados de contado". Pensamos que la palabra perecederos cubre más que suficiente la intención de este artículo, y la última parte está de más. Dejo en la Secretaría la propuesta, para los trámites correspondientes. Muchas gracias. (Aplausos.) El Presidente: -Sigue en su turno en el uso de la palabra, el diputado Arturo Núñez Pardo, del Partido Acción Nacional. El diputado Arturo Núñez Pardo: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: A nombre de mi partido, Acción Nacional, vengo a hacer una propuesta de adición al inciso I del artículo 2o. de la Ley en discusión. Es claro que lo contenido en este inciso define en forma apropiada al consumidor final, pero ocurre que en ninguna parte de este dictamen a discusión se toma en cuenta la posibilidad y hecho real que ocurre cotidianamente con el pequeño comerciante, prestador de servicios, artesanos, etcétera, que no tienen protección alguna contra los problemas de proveedores mayores, que no les cumplen con los servicios pactados o bienes adquiridos en cuanto a calidad. De tal manera que, si el bien cumple con las garantías y prácticas que la Ley impone, queda para efectos de estas disposiciones en estado de indefensión ante sus proveedores. Por esta razón, consideramos que los pequeños comerciantes, transformadores o prestadores de servicio, también deben de considerarse como consumidores por esta Ley, para que queden debidamente protegidos. Es lógico pensar que este proyecto de Ley, al excluir al comerciante, productor o prestador de servicios, piense en ellos como sujetos con la suficiente capacidad técnica y económica para resolver sus diferendos por las vías mercantiles o civiles. Sin embargo, la realidad nos muestra que muchos pequeños comerciantes o prestadores de servicios sí merecen, por el tamaño de sus empresas, estar al abrigo de esta Ley. En base a lo anterior y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los firmantes proponemos la siguiente adición al artículo 2o. en su fracción I: "Excepto los contribuyentes del régimen simplificado a que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta". Con esta adición, el artículo 2o. en su fracción I, quedaría en la siguiente forma: "Para los efectos de esta Ley se entiende por consumidor la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios; no es consumidor quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, excepto los contribuyentes del régimen simplificado a que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Renta". Salón de sesiones, Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 1992. Firman el diputado Emilio Badillo Valseca, diputado Luis Silverio Suárez Ancona, diputado Humberto Aguilar Coronado y un servidor, Arturo Núñez Pardo. Dejo la iniciativa en la Secretaría para que dé cuenta. El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene cinco minutos el diputado Gil Mendoza. El diputado Gil Mendoza Pichardo: -Con su permiso señor Presidente, señoras y señores diputados: Solicité hacer uso de la palabra a nombre de mi partido el Revolucionario Institucional por considerar que la propuesta del diputado Núñez Pardo, del Partido Acción Nacional, en lo que se refiere a la definición de consumidor no coincidimos con ella. Nosotros, por lo que se refiere a este artículo 6o. de la iniciativa y 2o. del dictamen, particularmente a la fracción I que define al consumidor como la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final de bienes, productos o servicios y que excluye a quienes también adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o servicios para integrarlos en un proceso de producción, transformación, en una comercialización o prestación de servicios a terceros, es plenamente justificable porque pretende, en primer término, atender a los consumidores que sufren las consecuencias de los efectos negativos de la comercialización y prestación de servicios y que representan la parte débil en esa relación, haciendo la distinción de los intermediarios, podíamos llamarle así, a quienes se les excluye del alcance de esta Ley, atendiendo el hecho de que la actividad preponderante que realizan las mencionadas personas tiene propósito diferente al consumidor final, tomando en cuenta que para unos, es cubrir una necesidad inmediata, y para el otro, es obtener una utilidad. Por eso compañeros diputados, nosotros consideramos que debe de mantenerse la redacción que propone el texto de la iniciativa que se está discutiendo. Muchas gracias. El Presidente: -Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Francisco Saucedo Pérez. El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: -Gracias señor Presidente, voy a esperar a que llegue el diputado del Partido Revolucionario Institucional, para que venga a aplaudir. No me van a aplaudir a mí, es el problema. Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Nosotros más bien venimos a apoyar la propuestas que el diputado Arturo Núñez Pardo, del Partido Acción Nacional hace sobre esta definición y el añadido que en particular hace a esta fracción I del artículo 2o. Consideramos que la propuesta del diputado Gil Mendoza, no es correcta. Además, no está siendo coherente con el proceso de ¿qué sería?, de todas las reclamaciones que la misma Procuraduría Federal del Consumidor actualmente, ha hecho ver y nos ha manifestado de por dónde viene. Nosotros decíamos en nuestra primera intervención, que el concepto de consumidor había sido restringido. Con esta propuesta que hacían los compañeros del Partido Acción Nacional, pensamos que queda más claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los consumidores intermedios, con el añadido ese de: "...excepto los contribuyentes de régimen simplificado a que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Renta". Apoyaríamos nosotros esta propuesta en el sentido de que existen un sinnúmero de proveedores intermedios, que están señalados por la misma Procuraduría Federal del Consumidor, como consumidores. Yo creo que cuando queremos pensar en que esto es algo que la Ley de competencia económica está rigiendo, de que no habría que verla en la Ley Federal de protección al consumidor, simplificamos, faltándole al respeto, o no faltándole al respeto a la existencia real de un sinnúmero de consumidores que no son finales, pero que sí necesitan o requieren de una defensa. Estamos hablando por ejemplo de muchos pequeños artesanos o proveedores intermedios también pequeños, que tienen que ver con servicios a otros consumidores finales, que quedan al margen de la protección de esta Ley. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver con más cuidado, yo quisiera llamar la atención de los diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, que me parece que si podríamos coincidir con esta propuesta de los compañeros de Acción Nacional y podríamos estar de acuerdo con ese añadido que ellos hicieron. Nosotros teníamos reservado este artículo, quitamos la propuesta que tenemos para hacer valer la que hace el compañero Arturo Núñez, del Partido Acción Nacional, y solicitamos a la fracción del Partido Revolucionario Institucional que la piense más, que creo que sí podríamos estar de acuerdo. No solamente por lo que ya discutimos antes, que decíamos que estabamos de consenso, me parece que esa es un añadido que precisa más las funciones o la concepción de consumidor. Gracias. El Presidente: -En uso de la palabra el diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una propuesta al artículo 24. El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia: En mi intervención en lo general yo plantee algunas cifras oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido de que es realmente muy poca la organización de consumidores que existe en nuestro país, a diferencia de otras experiencias en Estados Unidos de América y en América Latina, y que la gran mayoría de esta organización de consumidores que hay en México, tiene que ver más bien con sindicatos y organizaciones obreras, que con iniciativas propias de consumidores que tiendan a organizarse en defensa de sus derechos. Yo quiero partir aquí de una base para hacer una propuesta de un artículo 24 - bis, que tiene que ver con este punto. Y es la siguiente: Si lográsemos que en este país toda una serie de consumidores comenzasen a tomar forma a manera de organización de consumidores, en defensa de los derechos que la Ley del Consumidor les plantea, definitivamente estaríamos construyendo un instrumento muy poderoso que incluso ayudaría a la Procuraduría Federal del Consumidor a cumplir con sus funciones. Por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene una organización territorial que abarque todo el país; pero el consumo, en definitiva, se da a lo largo y a lo ancho del país. Y hay un número bastante considerable de municipios, y diría yo miles y miles de comunidades, que a veces son grandes, de México, en los cuales los consumidores no tienen la más mínima posibilidad, de manera individual, de exigir sus derechos en términos de la Ley del Consumidor. Pues si bien es cierto que sería muy difícil exigir a la Procuraduría Federal del Consumidor, que amplíe sus marcos hacia todo el territorio, porque, repito, el consumo se da en todo el territorio, lo que sí podríamos hacer es generar organización de consumidores en todo el territorio, de tal manera que estas organizaciones se convirtiesen en un factor de apoyo muy importante para la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Incluso estas organizaciones podrían ejercer un importante papel al lado de autoridades auxiliares, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los presidentes municipales. Pero además creo yo que si en un municipio cualquiera de este país, pequeño, por ejemplo, nace una organización de consumidores, definitivamente para cualquier consumidor esta organización se podría convertir en un canal para hacerle llegar a la Procuraduría Federal del Consumidor, sus demandas en defensa de sus derechos, e incluso, creo yo, que se lograría un aspecto muy importante con esas organizaciones, porque ahí donde ellas surjan, podrían jugar un papel educativo fundamental en lo que se refiere a la educación que el pueblo mexicano requiere en estas cuestiones que tienen que ver con el consumo. Y además me parece que ahí, en esos pequeños municipios o comunidades o en esos barrios de las grandes ciudades donde existan organizaciones de consumidores, estas organizaciones definitivamente serían un freno para que los proveedores quisieran pasar por encima de la Ley del Consumidor. Por lo tanto yo creo que propiciar la organización de consumidores en todo el país, definitivamente sería un mecanismo de apoyo muy importante para las funciones que la Procuraduría Federal del Consumidor, tendría que cumplir. Y como decía yo en la primera intervención que hice con respecto a esta Ley, este asunto de la organización de los consumidores solamente es mencionado como una de las facultades de la Procuraduría del Consumidor. Por eso yo propongo a esta soberanía, un artículo 24 - bis que dice lo siguiente: "La Procuraduría en cumplimiento de la atribución señalada en la fracción XVIII de este propio artículo, promoverá la constitución de organizaciones de consumidores a las que se denominará Comités de Defensa y Protección del Consumidor. Estos comités tendrán una estructura interna flexible y democrática, y tendrán las siguientes funciones: 1o. Conocer y hacer valer los derechos que otorga a los consumidores la Ley Federal de Protección al Consumidor. 2o. Ser coadyuvantes de la Procuraduría Federal del Consumidor en las labores de vigilancia para el pleno cumplimiento de la Ley en la materia, y en su caso, ser receptores de reclamaciones y denuncias para interponerlas ante las instancias de la Procuraduría Federal del Consumidor. 3o. Ser un instrumento para la defensa del salario y la regulación del mercado de bienes y servicios. 4o. Ser un vehículo para la conscientización y educación de los consumidores para la formación de nuevas pautas de consumo, y 5o. Realizar actividades que favorezcan la economía familiar". De las pláticas que los diputados sostuvieron con el Procurador del Consumidor de este país, quedó claro que la Procuraduría Federal del Consumidor, coincide completa y plenamente con nosotros, en el sentido de incluir dentro del cuerpo de esta Ley una referencia más amplia a la organización de los consumidores y entender que esta referencia más amplia fortalecería incluso el trabajo de la propia Procuraduría Federal del Consumidor para desarrollar este campo. Por lo tanto, me parece a mí que esta propuesta que nosotros hacemos del artículo 24 - bis puede ser aceptada, porque lo que está planteando y lo que está proponiendo en lugar de cambiar el contenido de la Ley que hoy se discute, la fortalece en el sentido de que con este artículo la Procuraduría Federal del Consumidor, tendría más condiciones legales para dedicarse a la promoción de este tipo de organización. Por lo tanto yo espero que ustedes, compañeras y compañeros diputados, apoyen esta propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática. Gracias, y la entrego a la Secretaría. El Presidente: -En términos del 102, tiene la palabra, para rectificar hechos el diputado Claudio Guerra. El diputado Claudio Guerra López: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Hemos escuchado la propuesta que nos hace el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, en relación con agregar un 24 - bis a la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Yo quiero señalarle que esto no es una novedad. La Ley anterior, la Ley que está vigente en su fracción XIV, o fracción 14, establece ya con claridad esta atribución de la Procuraduría. En este dictamen se agregan algunos conceptos, pero lo decía anteriormente: "promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores y brindarles asesoría". Pero además ahora se le agrega: "proporcionándoles capacitación y asesoría". ¿Qué significa esto? La Procuraduría Federal del Consumidor actualmente ya tiene constituida una serie de figuras de organización de consumidores. No es una novedad. Pero el agregarle algunos conceptos en cuanto al funcionamiento de las organizaciones de consumidores no corresponde a una Ley; corresponde a su Reglamento, corresponde a un Reglamento que actualmente la Procuraduría tiene que diseñar para darle esas atribuciones a las organizaciones. No se puede tampoco pensar que las organizaciones de consumidores que se constituyan o que se formen o que se fomenten, deben tener funciones de autoridad. Deben ser claras, que deben asumir un papel de coadyuvantes en la aplicación y en la vigilancia de esta Ley. Porque hay antecedentes de que algunas organizaciones de consumidores pretendían tener credenciales de inspectores o tener un nombramiento de inspección y de vigilancia; en ese sentido se estaría delegando una función de autoridad que debe tenerla únicamente la Procuraduría Federal del Consumidor. Si bien es cierto, lo acaba de mencionar el compañero diputado, que las organizaciones que se han logrado integrar únicamente están en los sindicatos, en las organizaciones de campesinos, en algunas colonias y me voy más allá, en algunas organizaciones de inquilinos, porque también se ha organizado a los consumidores como inquilinos, como usuarios, de tal manera que esto no es una novedad simplemente en la iniciativa. En la fracción XVIII del artículo 24 se está ampliando la facultad y las atribuciones de la Procuraduría, para brindarles no solamente la oportunidad de organizarse como consumidores, sino que además darles a ellos capacitación, darles orientaciones, brindarles apoyo, brindarles todo lo necesario para que puedan ejercer esa labor de coadyuvancia ante la población consumidora que le reclama. De tal manera que estimo y con todo respeto debería, esta fracción no encajaría, porque este artículo bis no encajaría, porque ya de antemano tenemos que considerar que estas atribuciones o estas facultades o estas acciones que deberán de llevarlas a las organizaciones de consumidores, tienen que ser reglamentadas en el estatuto orgánico de la institución, tal como lo señala la propia iniciativa. Por tal motivo, la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, no está de acuerdo en que se incorpore este nuevo artículo. Muchas gracias. El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel León, del Partido de la Revolución Democrática por cinco minutos. El diputado Miguel Ángel León Corrales:- Con permiso de la Presidencia: Yo hice una propuesta del artículo 24-bis con una serie de seis puntos que creo yo que son los que el compañero debería de haber venido a debatir a esta tribuna; el único argumento que él nos da, es un argumento que se ha utilizado una y otra vez cuando nosotros queremos precisar más leyes que aquí discutimos, y es el argumento de siempre que este asunto que yo estoy proponiendo, esta serie de puntos que estoy proponiendo tendrían que irse al Reglamento. Yo aquí quisiera precisar dos cosas; primero que los reglamentos no pasan por esta Cámara de Diputados, compañeras y compañeros. Aquí estamos discutiendo una Ley que luego tendrá un Reglamento, pero que dicho Reglamento no va a ser discutido en esta Cámara de Diputados y que por lo tanto algunas cuestiones que no quedan en el cuerpo de esta Ley con la suficiente especificidad, ¿qué garantía tenemos los diputados de que después estas cuestiones vayan a ser planteadas o no en el Reglamento? Por otro lado la Ley que aquí discutimos es una Ley de Protección al Consumidor, y esta Ley tendría que ser benigna en toda una serie de puntos para precisamente proteger al consumidor. El compañero que se subió aquí a plantear que no hay razones para votar a favor de la propuesta que nosotros hacemos, en ningún momento se refirió al contenido de nuestra propuesta y por lo tanto ni siquiera nos queda claro si este contenido va a aparecer o no va a aparecer en el Reglamento; por lo tanto me parece a mí que en todo caso si de parte de la mayoría hay razones claras para oponerse a una propuesta que pretende ser benigna con los derechos de los consumidores, debería de venir aquí a argumentar en ese sentido y no recurrir al argumento de siempre, de que esto va a ser contenido en el Reglamento porque nosotros no tenemos absolutamente ninguna garantía de que así vaya a suceder. El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al señor diputado Silvestre Fernández Barajas, para presentar modificaciones a los artículos 44 y 86. El diputado Silvestre Fernández Barajas:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Quiero también solicitar permiso de la Presidencia para presentar lo relativo a otros artículos. Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a las comisiones de Comercio y Distribución de Bienes de Consumo y servicios, después de analizar el proyecto de decreto de la Ley Federal al Consumidor, proponemos que con al ánimo de clarificar el contenido del proyecto de Ley de mejorar su redacción dándole mayor precisión al texto del articulado, se prueben por esta Asamblea los siguientes cambios. En el artículo 3o. renglón a, dice "previstos y a la procuraduría", solicitamos que deba decir "previstos por la Ley a la procuraduría. Respecto del artículo 19, fracción VI, segundo renglón, que dice "para sostener el precio", pedimos que deba decir "para ostentar el precio". En cuanto al artículo 28, en el quinto renglón que dice "cuestiones profesionales de servicio público", solicitamos que deba decir "cuestiones profesionales es servicio público". En relación con el artículo 74, primer renglón, que dice "entrega fiscal"; pedimos que deba decir "entrega física". En el artículo 74 último renglón, que dice "establecida", debe decir "establecidas". En el artículo 98 fracción I, quinto renglón que dice "verificar precios", debe decir "segunda verificar precio". En el artículo 112, sexto renglón dice, "tendrá" y debe decir "tendrá". En el artículo 115, cuarto renglón que dice "Procuraduría, como no vayan" debe decir: "Procuraduría, cuando no vayan". En el artículo 115, quinto renglón, que dice: "acuerdo que nos apruebe", debe decir: "acuerdo que los apruebe". En el artículo 119, primer renglón, que dice "amigable comploción" y debe decir: "amigable composición". Respecto al artículo 124, en el tercer renglón que dice "aporten", debe decir "aporte". En el 124, cuarto renglón 8 que dice: "acreditar", debe decir "acreditar". En el artículo 20, séptimo renglón, que dice: "En esta Ley, sus reglamentos y sus estatuto", debe decir: "en esta Ley, los reglamentos de ésta y su esta tuto". En el 22, cuarto renglón, que dice: "que señalen sus", debe decir : "que señalen los". En el artículo 23 fracción IV, segundo renglón, que dice: "señala", debe decir: "señale". En el artículo 54 quinto renglón, que dice: "esto", debe decir acentuado: "ésto". En el artículo 110, segundo párrafo, último renglón, dice: "contempladas", debe decir: "contempladas"; y en el artículo 32 que dice: "por su inexactitud o exageración", proponemos que deba decir solamente "por su inexactitud". En lo que se refiere a los artículos 44 y 86, estas comisiones unidas consideraron cambiar la palabra "pondrá" por "deberá"; sin embargo, ahondando en el análisis, consideramos que dicho cambio desvirtúa la intención del legislador, dándole flexibilidad a las autoridades para seleccionar los casos de control, principio que se ha tomado en cuenta para avanzar en la desregulación de las actividades productivas. La iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, debe ser una legislación que le permita a las autoridades auxiliar en forma ágil y eficaz a los consumidores a através de procedimientos preventivos que eviten los abusos en contra del consumidor. Lo anterior se logra mejorando la cultura de consumo a la población, para prepararla con información sobre las características de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para que cada vez consuman con menos abusos y por lo mismo, la actuación de la autoridad sea posterior a los hechos. Por estas razones proponemos a ustedes que se deje la palabra "pondrá por la palabra deberá", en la siguiente forma: Artículo 44, primer renglón, que dice: "La Procuraduría deberá hacer referencia", pedimos que autoricen que deba decir: "La Procuraduría podrá hacer referencia". Y en lo que respecta al artículo 86, primero y segundo párrafos, "La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas, deberá sujetar contratos de adhesión", debe decir "La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas, podrá sujetar contratos de adhesión. Dejo en la Secretaría las propuestas para que las sometan a la consideración del pleno. El Presidente:- Se reservan para su votación al final, y se concede el uso de la palabra al señor diputado Alberto Miguel Martínez Mireles, del Partido Acción Nacional, para presentar una propuesta en relación con el artículo El diputado Alberto Miguel Martinez Mireles:- Muchas gracias señor Presidente: Con la observación de que mi intervención será sobre el artículo 53 de la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor aque estamos comentando. Estimados compañeros legisladores: el artículo 63 de esta Ley en comento, contempla una excepción que a mi juicio es correcta, razonada fundamentalmente en que en esta fracción III del artículo 103 de la Ley de Organizaciones de Crédito, se dio para legislar sobre una figura jurídica nueva de intermediarismo financiero, utilizada fundamentalmente para adquirir inmuebles en condiciones muy ventajosas para estos adquierentes. El hecho de que se excluya en el artículo 63, nos parece razonado y correcto; concuerda con lo que en el artículo 5o. de la misma iniciativa se nos menciona, y que a la letra dice: "quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, así como los de las instituciones de organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria, de Valores o de Seguros y Fianzas. Y es correcto entonces que esta figura de intermediación financiera está perfectamente legislada en cuanto a que no entra dentro de la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo nuestra sugerencia es concretamente sobre la redacción, que no sobre la interpretación de este artículo 63. Proponemos a esta soberanía una redacción del artículo 63 para quedar como sigue: "Los sistemas de comercialización, consistentes en la integración de grupos de consumidores, que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios, sólo podrán ponerse en práctica previa notificación a la secretaría y se cumplan los requisitos que fija el Reglamento, con excepción de lo dispuesto en la fracción III del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito". Dejo entonces en la Secretaría esta propuesta, y exhorto a todos ustedes a que la apoyen. Muchas gracias. (Aplausos.) El Presidente:- Se reserva para su votación al final la propuesta presentada, y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Joaquín Cánovas Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una propuesta relativa al artículo 57. El diputado Victor Joaquín Cánovas Moreno: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: A nombre de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de las comisiones de Comercio y Bienes de Consumo y Servicios, me permito presentar a esta soberanía un cambio en la redacción del artículo 57, el cual se refiere a los servicios prestados por distintos establecimientos, y a la necesidad que tienen éstos de exhibir la tarifa de los mismos. En este caso, la intención del legislador es sentir una norma flexible, que conserve la equidad en el control, de tal suerte que ésta se refiera a los principales servicios que preste cualquier establecimiento, ya que en muchos casos sería muy difícil que el establecimiento pudiera exhibir todos los servicios que presta, como indica el dictamen. Ejemplo de esto podría ser un taller mecánico o un hotel, donde son muchos los distintos servicios que se ofrecen; por esta razón se señala en la propuesta que en todo caso éstos deben estar disponibles al público. Atento a lo anterior, se sugiere el siguiente cambio: el artículo 57 dice: En todo establecimiento de prestación de servicios deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de todos los servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles, a excepción de los servicios con características especiales, cuyas tarifas se fijarán convencionalmente. La propuesta dice así: "Artículo 57. En todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles. Las tarifas de los demás, en todo caso, deberán estar disponibles al público." Esta propuesta está firmada por los diputados Silvestre Fernández Barajas, Marco Antonio Hadas Yunes, Felipe Muñoz Kapamas, Víctor Díaz y su servidor. Dejo en poder de la Secretaría para los trámites correspondientes. El Presidente:- Se reserva para su votación al final la propuesta presentada, y que se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:- Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores: A iniciativa del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y diputados de las distintas fracciones parlamentarias que formamos las comisiones unidas que dictaminan, consideramos necesario formular una atenta recomendación a la Comisión Nacional Bancaria, para que tomando en cuenta los derechos de los particulares, amparados por esta Ley Federal de Protección al Consumidor que se dictamina, dé mayor celeridad y atención a las quejas de los consumidores que resultan de su competencia se propone la siguiente comunicación a la Comisión Nacional Bancaria: "Dada la importancia de la impartición de justicia al tarjeta-habiente en los casos de operaciones de los que se haga uso de las tarjetas de crédito bancarias y surjan quejas por su uso, se solicita que la Comisión Nacional Bancaria recoja la atenta recomendación de las comisiones unidas de Comercio y Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio, de que busque contar con los medios e instrumentos adecuados que permitan mejorar y dar mayor celeridad a la atención de las quejas de los particulares." Firman la presente recomendación el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, servidor; diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, diputado Adrián del Arenal, diputado Adolfo Kunz Bolaños, diputado Javier Garduño Pérez, y el diputado firmante por el Partido Popular Socialista. Dejo, pues, esa recomendación ante la Secretaría. El Presidente:- Se reserva para su votación al final y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Martínez Fourcans, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas a los artículos 126, 127 y 128. El diputado Víctor Manuel Martinez Fourcans:- Con su permiso, señor Presidente, señores legisladores: Es a todas luces inadmisible el capítulo de sanciones, y es inadmitible por lo excesivo de éstas. ¿De qué se trata? ¿Se trata de sancionar el incumplimiento de la Ley o se trata de recabar multas para incrementar los ingresos del Estado? Si es así, dígamoslo, y déjenlo para el capítulo de la Ley de Ingresos, que ya se debatió la semana pasada. En capítulo de sanciones es un arma terrible en manos de funcionarios que carezcan de sensibilidad social; es un arma de revanchismo; es la reacción del Estado para quienes estén en desacuerdo con sus disposiciones; en la Espada de Damocles que pende, señores, no sobre los tiburones del comercio, porque los tiburones del comercio tienen grandes defensores en sus organizaciones; depende sobre el pequeño comerciante, el pequeño prestador de servicios, el que prestando sus servicios tienen autonomía en el desempeño de su trabajo. Es un modo de coaccionar y explotar a los sectores de población débil, aunque reciban el nombre rimbombante de proveedores y de prestadores de servicios. Esto puede ser el despotismo del Estado. No digo más señores diputados. Piensen en ese enorme sector productivo del país, que son los pequeños y medianos comerciantes y prestadores de servicios; piensen en los millones de mexicanos que tienen pequeños establecimientos y que ven a éste en manos de los funcionarios del Estado, en manos de la burocracia. Haré las siguientes propuestas de reducción de multas, advirtiendo que el grupo parlamentario de Acción Nacional quisiera que fueran menores, pero en búsqueda de que sean aceptadas por la mayoría, solo por ello nos resultan aceptables a nosotros. Estas propuestas son las siguientes: que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de modificación al artículo 126 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: "Artículo 126. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11, 15 , 18 y 16, y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artículos 127 y 128, serán sancionadas con multas por lo equivalente por una y hasta 800 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal." Firman el diputado Miguel Martínez Mireles, el diputado Jorge Zermeño Infante y la diputada Cristina Hermosillo. También que, con fundamento en el artículo 58 y 124, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer lo siguiente: propuesta de modificación al artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7o., 13, 17, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 54, ,55, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 91, 93 y 95 serán sancionados con multas hasta por lo equivalente a 1 mil 500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." Tercero. Que con fundamento en el dispuesto en el artículo 258 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer lo siguiente: propuesta de modificación al artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 8o., 10, ,12, 63, 65, 74, 80 y 121, serán sancionados con multas hasta por el equivalente de una hasta 2 mil 500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." Firman el diputado Jorge Zermeño, diputada Cristina Hermosillo y su servidor. Dejo las propuestas en la Secretaría. El Presidente:- Se reservan para su votación, las propuestas presentadas por el diputado Martínez Fourcans. Y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar modificaciones a los artículos 132, 2o., 5o y 19. El diputado Alejandro Luévano Pérez:- Con el permiso de la Presidencia: Quisiera, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, presentar seis propuestas de modificación a la iniciativa que estamos discutiendo. La primera de ellas en el artículo 1o., en la parte correspondiente a los derechos básicos del consumidor, donde proponemos se adicione una fracción VII en los siguientes términos: "La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales, coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios." Seguida de un párrafo final del mismo artículo 1o. en los siguientes términos: "Los derechos previstos en esta Ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad." Una segunda propuesta en el artículo 5o. para quedar como sigue: "Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, así como los de las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria, de Valores o de Seguros y Fianzas, salvo lo que se refiere a tarjetas de crédito o débito, en cuyo caso la Procuraduría tendrá facultades de representación y gestoría en favor de los consumidores ante las instancias y autoridades que corresponda. En tercer lugar, deseo presentar una propuesta en la fracción VII del artículo 19 de la iniciativa, el artículo 19 señala que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estará facultada para explicar normas oficiales mexicanas al respecto de: "Fracción VII. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contratos de adhesión que requieran norma social mexicana en los términos de la legislación aplicable." La siguiente propuesta con relación al artículo 24, fracción XV correspondiente a las atribuciones de la Procuraduría del Consumidor para quedar como sigue: "Fracción XV. Registrar los contratos de adhesión cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión." Finalmente, se ha propuesto que en los transitorios el número tres o el transitorio tercero, referente a la necesidad de que la Secretaría expida un Reglamento que, válgase la repetición, regule la aplicación de las multas señaladas en todo el aparto de sanciones, el texto de la iniciativa dice lo siguiente: "3o. El monto de las sanciones que establece esta Ley se regulará para su aplicación a cada caso y conforme a lo dispuesto por el artículo 132 y en el Reglamento que se expida al efecto. En tanto se expide dicho Reglamento la imposición de las sanciones se impondrá con base en lo dispuesto en esta Ley." Con relación a éste, proponemos la modificación en el artículo 132 para quedar como sigue: "Para determinar la sanción. la Procuraduría estará a lo dispuesto por esta Ley su Reglamento, y deberá considerarse conforme al siguiente orden." Por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel León Corrales, Francisco Javier Saucedo Pérez y un servidor. Entrego las propuestas a la Secretaría. El Presidente:- Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Gil Mendoza Pichardo. El diputado Gil Mendoza Pichardo:- Con su permiso, Señor Presidente: En relación con la propuesta del diputado Luévano, del Partido de la Revolución Democrática, mi partido apoya la redacción del artículo 1o. en su fracción VII que dice lo siguiente: "Fracción VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Asimismo, apoya también el último párrafo de dicho numeral del artículo 1o. que dice lo siguiente: Los derechos previstos en esta Ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales, de los que México sea signatario, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad. Rechazando las demás propuestas por los motivos que ya aquí han explicado mis compañeros. Muchas gracias. El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Olivares, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Jaime Olivares Pedro:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Estamos viviendo en nuestro país un proceso de simplificación y transparencia en la administración pública, que ha recibido la aprobación generalizada de nuestro pueblo, porque algunos trámites se habían vuelto, a través de los años, tan complicados y engorrosos, que no sólo no cumplían su cometido, sino eran fuente frecuente de ingresos ilícitos en algunos malos servidores públicos. Nuestras leyes para ser congruentes con nuestros avances hacia la modernidad, deben ser tan claras y simples como el lenguaje lo permita, sin sacrificar la precisión ni caer en el papeleo improductivo. El Capítulo X de la Ley Federal del Consumidor, es un ejemplo de este modo de pensar, al establecer normas generales que deberán cumplir los contratos de adhesión, pero no obligar a su registro, excepto cuando puedan implicar abusos al consumidor, en cuyo caso el procedimiento deberá apegarse a la Ley de Metrología y Normalización. La Procuraduría Federal del Consumidor, debe dedicar sus recursos y esfuerzos, no hacia el papeleo, sino hacia la protección directa de los consumidores y dejarle al fabricante o prestador de servicios, la responsabilidad de apegarse a la Ley. Dicho de otro modo, es más sencillo permitir todo lo que no está prohibido, que prohibir todo lo que no se permite. La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá a su cargo el registro de los contratos que por su naturaleza lo requieran y aceptará que los particulares registren voluntariamente, cualquier contrato que cumpla con la normatividad aplicable. La Ley establece que cualquier parte de un contrato de adhesión no cumpla con las normas establecidas, no tendrá valor; es decir, le brinda al consumidor la garantía de que al adquirir un bien o recibir un servicio, no podrá ser defraudado al firmar de prisa un larguísimo contrato escrito con letra pequeñita. Los artículo que contemplan el Capítulo X de la Iniciativa de Ley que se discute, deben observarse bajo los conceptos siguientes: El sujetar todos los contratos de adhesión a registro, implica un doble problema en perjuicio de los consumidores; por un lado significa que la Procuraduría Federal del Consumidor tendría que dedicar gran parte de su esfuerzo al registro, en vez de dedicarlo a otras funciones de protección a los consumidores, en especial a aquéllas en las que puedan presentar fraudes a los consumidores regularmente. Por el otro, la gran magnitud de contratos que tendrían que revisarse, complicaría la tarea de distinguir cuáles de ellos efectivamente representan un riesgo a los consumidores, de aquéllos en que en general son pocos riesgosos y dificultaría la tarea de vigilancia de los mismos. La experiencia demuestra lo anterior, ya que ha habido ocasiones en que se han registrado más de 8 mil contratos en un año, mientras que en otros sólo se registran alrededor de 300. Por esto la iniciativa establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá sujetar los contratos de adhesión mediante normas oficiales mexicanas a registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando éstos impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas o altas probabilidades de incumplimiento. El procedimiento para sujetar los contratos de adhesión a registro, se hace de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Metrología y Normalización en materia de protección al consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá a su cargo el registro de los contratos que así lo requieran. Adicionalmente los particulares podrán someter a registro voluntariamente los contratos que deseen, siempre y cuando éstos cumplan con la normatividad aplicable. Finalmente, la Ley establece, además, que los contratos no serán válidos y se tendrán por no puestas las cláusulas en los contratos de adhesión que entre otras, permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones, liberen al proveedor de su responsabilidad civil, prevengan términos de prescripción inferiores a los legales y obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta Ley o se sometan a la competencia de tribunales extranjeros. De ahí entonces que las propuestas tiendan a proteger a, los consumidores, función especial de la Procuraduría, y sin violar garantías de nadie; evitar el abuso de las prestaciones de los servicios y adecuar éstos a los marcos legales. Las propuestas que discutimos, protegerán doblemente al consumidor de bienes y servicios, ya que a la vez que le dan el marco jurídico necesario para desalentar los abusos, permiten a la Procuraduría, concentrar sus esfuerzos en los casos en que a pesar de la Ley, los abusos se den. Este capítulo debe ser aprobado y solicito su voto favorable al dictamen, porque es un avance significativo en la protección de los ingresos y recursos económicos de esa gran mayoría de compatriotas, que para salir adelante, no piden que les den, sino que no les quiten. Muchas Gracias. El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar modificaciones a los artículos 128 y 19. El diputado Alfredo Villegas Arreola:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Los diputados priístas que formamos parte de las comisiones de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, una vez que hemos analizado el proyecto de decreto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, deseamos hacer las siguientes propuestas. La primera de ellas es con referencia al Capítulo XIV de Sanciones y se refiere al artículo 128. Estamos proponiendo que la Procuraduría Federal del Consumidor tenga facultades para que en aquellos caso en que haya violación de precios máximos de alimentos básicos, dicha procuraduría pueda clausurar los establecimientos que así procedan. En tal virtud proponemos la siguiente modificación al último párrafo del artículo 128. El texto dice: "En casos particularmente graves la Procuraduría podrá sancionar con clausura del establecimiento, hasta por 15 días". Nosotros proponemos que debe decir de la siguiente manera: "En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura del establecimiento hasta por 15 días, en tratándose de alimentos básicos sujetos a precios máximos. Procederá dicha clausura, previa la notificación al presunto infractor, con cediéndole un plazo de 24 horas para que manifieste lo que a su derecho sonvenga". Otra propuesta que hacemos es con relación al artículo 19 en su fracción II, del Capítulo I, en lo que respecta a disposiciones generales. Este artículo dice así: "La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o empaques". Nosotros proponemos que esta fracción diga de la siguiente manera: "La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas LP". La tercera propuesta es en relación a un punto que tocó en esta tribuna el diputado Alejandro Luévano. El se refirió al artículo tercero transitorio del dictamen. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del diputado Luévano, pero queremos hacerle una modificación. Proponemos que por técnica jurídica, dicha observación se contempla en el artículo 132 de la Ley, modificando dicho texto del que actualmente tiene la Ley y proponiendo que este artículo 132 quede como sigue: "Para determinar la sanción la Procuraduría Federal del Consumidor estará a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, y deberá considerarse conforme al siguiente orden". Es pues, estas tres propuestas que dejamos en la Secretaría para los efectos procedentes. (Aplausos.) El Presidente- Por haberse presentado modificaciones en lo particular a los diferentes artículos tanto en lo particular como en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La secretaria Layda Elena Sansores San Román:- Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, después de analizar el proyecto de decreto de Ley de Protección al Consumidor, proponemos con el ánimo de clarificar el contenido del proyecto de Ley y de mejorar su redacción, se aprueben los siguientes cambios: Dice. en el artículo 3o. renglón a) dice: "previstos y a la Procuraduría..." y debe decir "Previstos por la Ley a la Procuraduría...". En el artículo 19 fracción VI, 2o. renglón, dice: "para sostener el precio..." y debe de decir: "para ostentar el precio...". En el artículo 28, 5o. renglón, dice: "cuestiones profesionales de servicio público..." y debe decir: "cuestiones profesionales de servicio público...". En el artículo 74 primer renglón dice: "entrega fiscal..." debe decir: "entrega física...". En el artículo 74 último renglón, dice: "establecida" debe decir: "establecida...". En el artículo 98 fracción I, 5o. renglón, dice: "verificar precios..." debe decir: "en la fracción II verificar precios...". En el artículo 112, 6o. renglón, dice: "Temdrán..." debe decir: "Tendrá..." En el artículo 115, 4o. renglón, dice: "Procuraduría como no vaya..." debe decir: "Procuraduría cuando no vaya...". En el artículo 115, 5o. renglón, dice "acuerdo que nos apruebe..." debe decir: "acuerdo que no se apruebe...". En el artículo 119, primer renglón dice: "amigable composición". debe decir: "amigable composición...". En el artículo124, tercer renglón, dice: "aporten..." debe cecir: "aporte..." En el artículo 124, 4o. renglón, dice "acreditar", debe decir: "acreditar...". En el artículo 20, 7o. renglón, dice: "en esta Ley sus reglamentos y sus Estatuto..." debe decir: "en esta Ley los Reglamentos de esta y su Estatuto. Y en el artículo 22 dice: "que señale sus..." debe decir: "que señalen los...". En el artículo 23 Fracción IV, 2o. renglón, dice: "señala...", debe decir: "señale...". En el artículo 54 5o. renglón dice: "esto..." debe decir: "ésto (con acento)...". Artículo 110 2o, párrafo último renglón, dice: "contempladas" antes de p", debe decir: "contempladas con "m" antes de p. En el artículo 32 dice: "por su inexactitud o exageración..." y debe decir: "por su inexactitud...". Firman Silvestre Fernández Javier Garduño, Alfonso Rivera y Eduardo Trejo, Felipe Muñoz, diputados. Los diputados que estén porque se acepten los cambios mencionados, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la afirmativa...Se aceptan los cambios. El Presidente:- Prosiga la Secretaría con las demás propuestas presentadas por los señores diputados. El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia:- Propuesta de reforma del artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor para adicionar una fracción y un párrafo final presentada por el diputado Alejandro Luévano Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar como sigue: Artículo 1o. fracción VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales así como contraprácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Los derechos previstos en esta Ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario, de la legislación interna ordinaria de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas, competentes, así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad...". Firman los diputados Alejandro Luévano Pérez, Miguel Ángel León Corrales y Francisco J. Saucedo Pérez. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente. Propuesta de adición al inciso primero, del artículo 2o. de la ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Acción Nacional. Artículo 2o.., se adiciona: "...excepto a los contribuyentes del régimen simplificado a que hace referencia la Ley del Impuesto sobre la Renta." Firman diputado Emilio Badillo Valseca, diputando Luis Silverio Suárez, y diputado Arturo Núñez Pardo y diputado Humberto Aguilar. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente. Propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 5o. de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Artículo 5o. La Procuraduría Federal del Consumidor tendrá facultades expresas para intervenir en los conflictos que se presenten entre los usuarios de tarjetas de crédito o de débito, y las empresas operadoras de las mismas, incluso si se tratara de Instituciones u Organizaciones mencionadas en el párrafo anterior." Firma el diputado, licenciado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente. Propuesta de los Partidos Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, para modificar al artículo 5o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Articulo 5o. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los de las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia estén a cargo de las comisiones nacionales Bancaria de Valores o de Seguros y Fianzas, así como los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil." Firman los diputados Adrían del Arenal Pérez, Manuel Martínez Fourcans, Javier Garduño Pérez, Alfonso Rivera Domínguez y diputado Silvestre Fernández Barajas. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente. Propuesta de la Reforma y adición al artículo 5o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar como sigue: "Artículo 5o. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, así como los de las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia estén a cargo de las comisiones nacionales Bancaria, de Valores o de Seguros y Fianzas, salvo lo que se refiera a tarjetas de crédito o débito, en cuyo caso la procuraduría tendrá facultades de representación y gestoría en favor de los Consumidores, ante las instancias y autoridades que corresponda." Firman el diputado Alejandro Luévano, diputado Miguel Ángel León Corrales y diputado Francisco Javier Salcedo Pérez. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...Desechada señor Presidente. Propuesta de cambio de redacción del artículo 8o. del dictamen de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Acción Nacional. "Artículo 8o. Los proveedores están obligados a respetar los precios y tarifas acordados por las partes y los determinados por la Secretaría de Comercios o por cualquier otra dependencia federal en los términos de la legislación la materia." Firman el diputado Adrián del Arenal Pérez y diputado Luis Sánchez Ancona. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta de cambio de redacción del artículo 9o. del dictamen de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Acción Nacional. "Los proveedores de bienes y servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atentan contra los derechos del consumidor y por los de sus subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que preste servicios en el establecimiento de que se trate, con el conocimiento y consentimiento del mismo, aun cuando no tengan con el mismo una relación laboral, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. "Firman el diputado Adrián del Arenal Pérez y diputado Humberto Flores Cuéllar. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se desecha , señor Presidente. Propuesta de modificación a la Ley Federal del Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores, bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente, absteniéndose de ejecutar cualquier acto policiaco, ya sea interrogatorio o persecutorio o de otro tipo, y se limitarán bajo su responsabilidad a poner sin demora al presunto infractor a disposición de autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta Ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado." Firma el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta de modificación al artículo 12 de la iniciativa de ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: "Artículo 12. El proveedor tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la compra-venta, servicio prestado u operación realizada. En su caso el consumidor deberá proporcionar los documentos establecidos por la legislación fiscal". Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo...Desechada señor Presidente. El secretario José de Jesús Berrospe Díaz:- Propuesta de modificación al artículo 17 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: "Artículo 17. El consumidor deberá autorizar expresamente a proveedores específicos y agencias de investigación de crédito o de mercadotecnia, para ofrecerles bienes o servicios, o para realizar dichas investigaciones en su domicilio o lugar de trabajo." Firma esta propuesta el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha señor Presidente. Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional proponen hacer un cambio de ubicación del sentido que guarda el artículo 19, fracción II, de la siguiente forma: Artículo 19 dice: "Fracción II: La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envase o empaque". Desde decir: "Artículo 19. La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envase o empaque así como lo relativo a distribución de manejo de gas "LP". Firman el diputado Eduardo Trejo, el diputado Alfonso Rivera, el diputado Felipe Muñoz, el diputado Alfredo Villegas y el diputado Silvestre Fernández. En su votación económica, se pregunta sí se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta señor Presidente. Propuesta de reforma al artículo 9, fracción VII de la Ley Federal de Protección al consumidor que presenta el diputado Alejandro Luévano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. "Artículo 19. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estará facultada para expedir normas oficiales mexicanas al respecto de...Fracción VII. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contrato de adhesión que requieran norma oficial mexicana, en los términos de la legislación aplicable." Firman la presente propuesta el diputado Alejandro Luévono, el diputado Miguel Ángel León y el diputado Francisco Javier Saucedo. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. Propuesta de modificación al artículo 19 de la iniciativa de la Ley Federal del Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 19. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como la Procuraduría Federal del Consumidor, vigilarán cada una en el ámbito de sus atribuciones, que en los envases de los artículos alimenticios y medicinales nunca falte la etiqueta que contenga la fórmula de los ingredientes y elementos químicos que la constituyan. También estará facultada la Secretaría para pedir normas oficiales mexicanas respecto de..." Firma el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo. Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. Propuesta de reforma al artículo 24, fracción XV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el diputado Alejandro Luévano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para quedar como sigue: "Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones: fracción XV: registrar los contratos de adhesión cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión. Esta propuesta está firmada por los diputados Alejandro Luévano, Miguel Ángel León, y Francisco Javier Saucedo. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. Propuesta de modificación al artículo 24 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, en su fracción XIII, que presenta el Partido Acción Nacional. "Fracción XII. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de precios y tarifas, determinados por la Secretaría de Comercio, y coordinarse con otras dependencias legalmente facultadas, para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y a la vez evitar duplicidad de funciones." Esta propuesta está firmada por los diputados Adrían del Arenal y Manuel Martínez. En votación económica, se Pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta de adición de un artículo bis artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el diputado Miguel León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. "Artículo 24-bis. La Procuraduría, en cumplimiento de la atribución señalada en la fracción XVIII del artículo anterior, promoverá la constitución de organizaciones de consumidores a las que se Denominará comités de Defensa y Protección al Consumidor. Estos comités tendrán una estructura interna, flexible y democrática, y tendrán las siguientes funciones. Primera conocer y hacer valer los derechos que otorga a los consumidores la Ley Federal de Protección al Consumidor. Segunda. Ser coadyuvantes de la Procuraduría Federal del Consumidor en las labores de vigilancia para el pleno cumplimiento de la Ley en la materia y en su caso ser receptores de reclamaciones y denuncias para interponerlas ante la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Tercera. Ser un instrumento para la defensa del salario y la regulación del mercado de bienes y servicios. Cuarta. Ser un vehículo para la concientización y educación de los consumidores para la conformación de nuevas pautas de consumo. Y, Quinta. Realizar actividades que favorezcan la economía familiar." Esta propuesta la firman el diputado Miguel Ángel León, el diputado Francisco Saucedo y el diputado Alejandro Luévano. En votación económica, se Pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha señor Presidente. Propuesta de adición a la fracción II del artículo 25 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 25, fracción II. El auxilio de la fuerza pública en el caso que resulte necesaria para la realización de una clausura en los términos de la presente Ley". La presente propuesta está firmada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se Pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta de modificación al segundo párrafo del artículo 31, de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 31. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de la Secretaría designado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el cual presidirá al Consejo; por su representante de la Procuraduría Federal del Consumidor, designado por un titular, por un representante de las instituciones nacionales de enseñanza superior, designado por común acuerdo de las mismas, por tres representantes de los consumidores, designados por sus organizaciones y por tres representantes de los proveedores designados igualmente por sus organizaciones." La firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se Pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 43, de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que propone el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 43. Tratándose de contratos de trato sucesivo, el proveedor podrá realizar una investigación de crédito, para asegurarse que el consumidor está en condiciones de cumplirlo. Igualmente, no se considerará que se viola esta disposición cuando haya un mayor número de solicitantes que el de bienes o servicios disponible." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la modificación propuesta . Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se admite, señor Presidente. Propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 44 de la iniciativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que propone el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 44. Cuando como consecuencia de dichas publicaciones se afecte indebidamente el buen nombre de un producto o empresa, y ésta pueda probarlo, la Procuraduría deberá publicar la aclaración exactamente en los mismos términos, medios, espacios, periodicidad, etcétera, con que se hicieron las publicaciones impugnadas". Firmada por el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque de deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. Propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, a la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 44. Primer renglón, la Procuraduría deberá hacer referencia..." Debe de decir: "La Procuraduría podrá hacer referencia..." La firman los diputados Eduardo Trejo, Jaime Olivares, Fernando Lerdo de Tejada y Silvestre Fernández Barajas. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. Propuesta del Partido Revolucionario Institucional. "Artículo 51. Lo dispuesto en este capítulo no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos, recibidos por el consumidor y pagados de contado." La firman los diputados Silvestre Fernández, Marco Antonio Haddad Yunes, Eduardo Trejo González, Alfredo Villegas, Víctor Cánovas Moreno y Felipe Muñoz. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. Propuesta del Partido Revolucionario Institucional. "Artículo 57. En todo establecimiento de prestación de servicios deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos con caracteres claramente legibles, las tarifas de los demás en todo caso deberán estar disponibles al público." La firman los diputados Silvestre Fernández, Felipe Muñoz, Víctor Díaz y Víctor Cánovas. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. La secretaria Layda Elena Sansores Sam Román: -Propuesta de modificación al artículo 58 de la iniciativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 58. Los proveedores de servicios que ofrezcan éstos al público no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, reservas del derecho de admisión y otras prácticas similares, salvo por causas plenamente justificadas en cada caso, como la solvencia económica del solicitante o que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. Propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 60. Cuando el proveedor que realiza la reparación no es el fabricante y de la parte o refacción defectuosa, el consumidor podrá requerir al fabricante no sólo el importe o la reposición de la parte o refacción defectuosa, sino el costo de la reparación, toda vez que el daño no puede ser imputado al primero." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. Propuesta del Partido Acción Nacional que modifica al artículo número 63. "Artículo 63. Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para hacer administradas por un tercero, destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios, sólo podrán ponerse en práctica previa notificación a la Secretaría y si cumplen los requisitos que fije el reglamento, con excepción de lo dispuesto en la fracción III del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito." Firma el diputado Alberto Miguel Martínez Mireles. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente. Propuesta de supresión del artículo 72 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Articulo 72, se suprime, se recorre la numeración de los artículos." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul): -Se sustituye por otra propuesta. La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Por ser sustituida por otra propuesta, pasamos a la siguiente propuesta de modificación del artículo 72 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 72. Cualquier cargo que se prevea hacer por motivo de la expedición de un crédito al consumidor, deberá especificarse previamente a la firma del contrato o consumación de la venta, renta u operación correspondiente, desglosándose la diferencia y conservando el consumidor el derecho a realizar la operación de contado, de no convenir a sus intereses los términos del crédito." Firma el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los señores diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente. Propuesta de modificación al artículo 73 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 73. Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a esta Ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de viviendas destinadas a casa-habitación para venta al público o cuando otorgue al consumidor el derecho a usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente Ley. Asimismo esta ley es aplicable a los arrendamientos de inmuebles destinados a casa-habitación en el Distrito Federal, en cuyo caso el arrendatario se considerará como consumidor y el arrendador como proveedor." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada. Propuesta de modificación al artículo 80, de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. "Artículo 80. Los productores deberán asegurar y responder del suministro oportuno de partes y refacciones, así como al servicio de reparación, durante el término de vigencia de la garantía. Igualmente, en caso de suspenderse la producción, deberán garantizar el suministro de partes y refacciones, durante un plazo equivalente al promedio de vida útil del bien descontentado, computado a partir de la fecha que esto suceda." Firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada. El secretario Salvador Juárez García: -El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta la siguiente propuesta de adición al segundo párrafo del artículo 86 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 86. Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio. En todo caso la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, la clase de contratos que requieran de registro ante la Procuraduría". La firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha, la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente. Propuesta del Partido Revolucionario Institucional, artículo 86 primero y segundo párrafo: "La Secretaría mediante normas oficiales mexicanas, deberá sujetar el contrato de adhesión". Debe decir: "La Secretaría mediante normas oficiales mexicanas, podrá sujetar contratos de adhesión". Lo firman los diputados Eduardo Trejo González, Felipe Muñoz, Jaime Olivares, Fernando Lerdo de Tejada y Silvestre Fernández Barajas. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta la propuesta de adición de una fracción IV al artículo 99 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 99. IV. Adjuntar los documentos en los que se fundamenta la reclamación". Lo firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha señor Presidente. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presenta la siguiente propuesta de supresión de la fracción VI del artículo 104 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor: Se suprime. La firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace la siguiente propuesta de adición al artículo 109 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 109. Para acreditar la personalidad de los trámites ante la Procuraduría, tratándose de personas físicas, bastará carta poder firmada ante dos testigos. En el caso de personas morales se requerirá poder notarial. En todo caso serán suficientes las facultades para pleitos y cobranzas en los términos del Código Civil". Lo firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. El mismo Partido de la Revolución Mexicana, hace la siguiente propuesta de adición al tercer párrafo del artículo 114 de la iniciativa de Ley Federal de protección al Consumidor. "Artículo 114. "En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación dentro de los 15 días siguientes." Lo firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se acepta la modificación propuesta. Los que estén de acuerdo con ella, sírvanse manifestarlo... Los que la rechacen, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. El secretario Salvador Juárez García: -El mismo partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, propuesta de modificación al primer párrafo del artículo 115 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 115. Los acuerdos de trámite que emita el conciliador, podrán ser impugnados mediante el recurso de revocación, con el cual se suspenderá la audiencia y se citará para otra. Si se interpone al momento mismo del acuerdo pudiéndose interponer dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma, al inicio de la siguiente audiencia el conciliador deberá revocar o confirmar su decisión." Lo firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presenta la propuesta al artículo 120 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Dice así: "En el juicio arbitral de estricto derecho, las partes formularán compromiso en el que fijarán las del procedimiento que convencionalmente establezca, aplicándose supletoriamente el Código de Comercio y a falta de disposición de dicho Código, el ordenamiento procesal, civil, local, aplicable, la equidad y los principios generales de derecho." Lo firma el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. El mismo Partido, de la Revolución Mexicana, hace la siguiente propuesta de modificación al artículo 122 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. Dice así, artículo 122, donde dice: "Un listado" debe decir: "Una lista". Lo firma el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque no se acepte... Aceptada, señor Presidente. El mismo partido. Propuesta de suspensión al párrafo del artículo 128 de la iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor. Artículo 28 se suprime. La presenta el diputado Adolfo Kunz Bolaños. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. El diputado Víctor Manuel Martínez Fourcans, de Acción Nacional, propone la modificación al artículo 126 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y dice así: "Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 11, 15, 16, 18, 60 y demás disposiciones que no estén expresamente mencionadas en los artículos 127 y 128, serán sancionadas con multa por el equivalente por una y hasta 800 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." Víctor Manuel Martínez, Miguel Martínez Mireles, Jorge Zermeño Infante, Cristina Hermosillo Ramírez. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se admite, señor Presidente. Víctor Manuel Martínez, hace nuevamente la propuesta de modificación al artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7o., 13, 17, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 91, 93, 95, serán sancionados con multa hasta por el equivalente a 1 mil 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal." La firma el diputado Víctor Manuel Martínez, el diputado Luis Suárez, el diputado Jorge Zermeño Infante y la diputada Cristina Hermosillo Ramírez. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta la propuesta, señor Presidente. El mismo diputado Víctor Manuel Martínez, hace la siguiente propuesta de modificación al artículo 128... El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez (desde su curul): -Que por favor lea el texto completo de la modificación. El Presidente: -Repita el señor Secretario, a petición del señor diputado, el texto completo de la modificación. El secretario Salvador Juárez García: -Dice, del Partido Acción Nacional: "Atenta y respetuosamente comparezco y expongo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito proponer lo siguiente: Propuesta de modificación al artículo 127. Y ya dice: Las infracciones a lo dispuesto por los artículos... Y se dice todo. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez (desde su curul): -Es "hasta por". El secretario Salvador Juárez García: -Si se refiere a esto: "serán sancionados con multa hasta por el equivalente a 1 mil 500 veces el salario mínimo general...". Así lo dice. El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez (desde su curul): -Debe decir "hasta por". El secretario Salvador Juárez García: -No, no lo dice. Pero se lo pasamos para que lo vea. Víctor Manuel Martínez hace una propuesta de modificación al 128 de la Ley Federal del Consumidor. Y ya lo leí. "Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 8o, 10, 12, 63, 65, 70, 80, y 121, serán sancionados con multa, hasta por el equivalente y hasta 2 mil 500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal". Era en esta propuesta, diputado Del Arenal. La firman los diputados Víctor Manuel Martínez, Emilio Badillo, Jorge Zermeño Infante y Cristina Hermosillo Ramírez. En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se admite, señor Presidente. Del Partido Revolucionario Institucional. Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de las comisiones de Comercio y de Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, después de analizar el proyecto de decreto de Ley de Protección al Consumidor, consideramos necesario darle facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor para que sancione casos particulares graves, como por ejemplo la violación de precios máximos de alimentos básicos, para poder clausurar los establecimientos que así proceda. En estas condiciones, proponemos adicionar un texto al último párrafo del artículo 128, de la siguiente manera: Dice: "En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura del establecimiento hasta por 15 días". Debe decir: "En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura del establecimiento hasta por 15 días. En tratándose de alimentos básicos sujetos a precios máximos, procederá dicha clausura, previa notificación al presunto infractor, concediéndole un plazo de 24 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga". Lo firma Javier Garduño Pérez, Felipe Muñoz, Alfonso Rivera, Eduardo Trejo, Amado Treviño, Silvestre Fernández, Alfredo Villegas. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque de deseche, sírvanse manifestarlo... Es aprobada, Señor Presidente. Propuesta de cambio de ubicación del sentido que guarda el artículo 3o. transitorio del proyecto de decreto de Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar incorporado en el artículo 132, presentada por el diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para quedar de la siguiente forma: "En lugar del transitorio del dictamen, del 132 para determinar la sanción, la Procuraduría estará a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento y deberá considerarse conforme al siguiente orden". Lo firman el diputado Alfredo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Alejandro Luévano. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se acepta, señor Presidente. Alejandro Luévano, Miguel Ángel León Corrales y Francisco Javier Saucedo Pérez, hacen la siguiente propuesta de cambio, del sentido que guarda el artículo 3o. transitorio del proyecto de decreto de Ley Federal..." ¿es lo mismo, no? Okey, pues por fortuna es todo, señor Presidente. El Presidente: -Consulte la Secretaría a la Asamblea... La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Señor Presidente, tenemos una comunicación de las diversas fracciones parlamentarias a la Comisión Nacional Bancaria. "Dada la importancia de la impartición de justicia al tarjetahabiente en los casos de operaciones en los que se haga uso de tarjetas de crédito bancarias y surjan quejas por su uso, se sólita que la Comisión Nacional Bancaria recoja la atenta recomendación de las comisiones unidas de Comercio y Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio, de que busque contar con los medios e instrumentos adecuados que permitan mejorar y dar mayor celeridad a la atención de las quejas de los particulares. Firman, diputado Francisco Javier Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática; diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Javier Garduño, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Adrián del Arenal, del Partido Acción Nacional; diputado Adolfo Kunz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista." En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la comunicación. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor Presidente. El Presidente: -Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -En votación económica se Pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el distamen en lo general y en lo particular. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente. El Presidente: - En consecuencia, proceda la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación.) El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular, 327 votos en pro, cinco votos en contra y una abstención . En contra del segundo párrafo del 128, y en pro de lo general y el resto del articulado, 39 votos. En contra de lo general y a favor de los artículos 5o, 19, 24, 44, 126, 127 y 128, 20 votos. En lo general y a favor, y en contra de los artículos 10, 12, 17, 19, 25, 31, 44, 58, 60, 80, 86, 99, 104, 109, 115, 120, 128, cinco votos. El Presidente: -En lo general y en lo particular, por 327 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: -Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.