DISCUSION EN LA CAMARA DE SENADORES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1992

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-El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. -El C. Senador Víctor Manuel Tinoco Rubí: (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente. -El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador? -El C. Senador Víctor Manuel Tinoco Rubí: Para hacer comentarios al dictamen. -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente. -El C. Presidente: ¿Con qué objeto, Señor Senador? -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Para razonar mi voto. -El C. Senador Carlos Sobrino Sierra: (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente. -El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador? -El C. Senador Carlos Sobrino Sierra: Por las Comisiones. -El C. Senador Héctor Terán Terán: (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente. -El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador? -El C. Senador Héctor Terán Terán: Para razonar mi voto. -El C. Presidente: Se han inscrito para hacer uso de la palabra los Ciudadanos Senadores Víctor Manuel Tinoco Tubí, para hacer comentarios al dictamen; Porfirio Muñoz Ledo, para razonar su voto; Carlos Sobrino Sierra, por las Comisiones y Héctor Terán Terán, para razonar su voto. Tiene el uso de la palabra, el ciudadano Senador Víctor Manuel Tinoco Rubí, para hacer comentarios acerca del dictamen. -El C. Senador Víctor Manuel Tinoco Rubí: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores. Los grandes cambios mundiales que se han experimentado en el último lustro han afectado, lo mismo el desarrollo de las instituciones de gobierno, que los hábitos cotidianos de los pueblos. La globalización económica y el rompimiento de la bipolaridad han sido acompañados por el resurgir democrático y participativo de las sociedades en distintas latitudes y sistemas. Se han derrumbado sistemas políticos enteros, que parecían inamovibles, en cuestión de semanas. Otro tanto ha sucedido con los conceptos y paradigmas de las ciencias sociales. Anteriormente se estudiaba a las sociedades por la categorización de su estructura o bien, bajo el concepto dualista de la lucha de clases. Hoy, los sociólogos se refieren más bien a los roles y funciones que desempeñan los individuos en los sistemas sociales. Estos robles se han diversificado, conformando un problemático complejo de relaciones que, con su dinámica, han ido rebasando la estabilidad y la operatividad de las instituciones vigentes, tanto en el ámbito político como en el social. Uno de los fenómenos sobresalientes de nuestra época es el de la agudización del consumo en las economías ; la abrupta aparición de un nuevo actor social; el consumidor, cuyos comportamientos superan el estrecho espacio del mercado para inscribirse en las costumbres y valores contemporáneos. En las sociedades opulentas y en las más indefensas, en los barrios de las ciudades, en ejidos y poblados rurales, participan miles de consumidores que en pro de sus necesidades materiales activan el proceso económico, desatando cambios importantes en la producción de las mercancías, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso. Los consumidores también han ingresado a la contienda política con la manifestación de nuevas actitudes combativas para defender lo que consideran derechos inalienables y legítimos. Tal parece que la noción plena de ciudadano, han sido substituida por la de consumidor, de mercancías y servicios, pero también de candidaturas y votos. La organización y la fuerza actual de los consumidores es una realidad compleja y actuenate que no puede soslayar ni desatender los gobiernos de las naciones. Por eso, en muchas partes del mundo operan instituciones públicas que se encargan de apoyar la organización del consumo y proteger los derechos de quienes, en forma aislada e individual, acuden a los diferentes mercados en busca de una satisfacción de necesidades. México no ha sido la excepción. Desde la década de los años setentas se instituyeron en el país dos organismos que pronto cobrarían enorme prestigio en la orientación de consumo, la vigilancia de la calidad de las mercancías, la prevención de del abuso y la protección en lo general de los derechos del consumidor. Hoy, una realidad distinta que se mueve aceleradamente exige la reforma de estos instrumentos y precisión de los compromisos públicos y privados para proteger el consumo, principalmente de los sectores de menores ingresos, de los excesos del mercado, de los abusos de la venta y de la falta de información para adquirir las mercancías con oportunidad y a precio justo. De ahí que la iniciativa por el titular del Poder Ejecutivo para la discusión, examen y aprobación de Ley Federal de Protección al Consumidor, sea de gran impacto y trascendencia para el conjunto de la población del país, además de que reviste una oportunidad extraordinaria ante las transformaciones económicas derivadas de la apertura comercial, y el reto de calidad que implica la perspectiva inminente de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. El proyecto de ley contempla como premisa inicial lograr una mayor equidad que se hace imperativa ante la impresionante diversificación del consumo que se ha derivado de la apertura de nuestras fronteras y del relevante índice de importaciones se experimenta. La misma exposición de motivos del proyecto, reconoce, que con el creciente entorno de complejidad social y el surgimiento de una multiplicidad de formas y vehículos de consumo, este último ha ampliado sus significados y modalidades, ya no es como medio de satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, sino también como factor de tranquilidad colectiva y parámetro de justicia y racionalidad. La fracción priísta suscribe ampliamente por otra parte, la decisión política de incorporar el actual Instituto del Consumidor, con su estructura y funciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor. Además de tratarse de una medida de racionalización administrativa congruente con la disciplina y el adelgazamiento de estructuras, consideramos que la función servirá para ligar armónicamente las funciones de orientación con las de protección al consumidor, que antes operaban en forma aislada y en ocasiones, hasta divergentes. Asimismo, valoramos la pertinencia de la medida en función del debilitamiento progresivo que venía padeciendo el Instituto Nacional del Consumidor en sus funciones de información y orientación al público, contrastando con el prestigio creciente y la ampliación de espacios que han logrado la Procuraduría Federal del Consumidor en la confianza de los mexicanos y el apoyo definitivo a la vigencia del pacto, en la defensa del precio justo. Creemos que la nueva Procuraduría Federal del Consumidor podrá desempeñar con más eficacia sus funciones, en base a sus experiencias acumuladas y al nuevo cúmulo de atribuciones que se le otorgan en la información al consumidor. También damos nuestro aval parlamentario a la creación del comité asesor para auxiliar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la protección al consumidor , mediante la concurrencia de los sectores productivos y organizaciones de consumidores responsables de un mejor encuentro entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Otro aspecto que nos parece de amplia relevancia es la institución y consolidación del registro para los contratos de adhesión, constituye la respuesta normativa a un reiterado y hondo reclamo ciudadano, frente a un abuso cotidiano que constantemente dejaba a las familias en estado de indefensión y frustración, independientemente de la consecuente irritación y frustración colectiva. Nada exacerba más a los consumidores que el abuso en precio, las mercancías defectuosas, el engaño en la calidad de los servicios, la falta de instructivos claros y la renuencia de los vendedores y prestadores de servicios a atender debidamente las reclamaciones de la clientela. El proyecto de Ley dispone de procedimientos ágiles y transparentes para evitar estas desviaciones y excesos. El dictamen que se pone a consideración de la Asamblea, aconseja, que en materia de información al público consumidor, la ley ha de propiciar campañas mayormente persuasivas para acabar con los extremos que perjudican la economía familiar y la tranquilidad del consumidor individual: El consumismo generado por los medios de comunicación, la invasión de mercancía y el desconocimiento de las mejores opciones de compra al alcance de los demandantes. Otro aspecto que los legisladores hemos examinado con mucho cuidado, es el relativo a las sanciones. Así, nos hemos pronunciado por sanciones pecuniarias ciertas. No permite nuestro dictamen caer en el terrorismo del consumidor hacia el vendedor, sino la promoción de una relación sana y veraz entre ambos, resultado del diálogo y la conciliación. La nueva ley podrá hacer mucho más del lado de la información y la prevención , que de las sanciones. Por la calidad de los elementos que enriquecen este dictamen, y considerarlo producto del más serio y formal análisis legal, solicito este de este pleno su aprobación. Muchas gracias. -El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano Senador Porfirio Muñoz Ledo. -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor Presidente: Hoy se discuten y presumiblemente serán aprobadas dos iniciativas importantes relacionadas con la vida económica y social del país, ambas se relacionan y no de modo tangencial con el propósito de incorporar a nuestra legislación modificaciones relacionadas con la apertura del comercio hacia el exterior. Ambas presumen de modo directo o indirecto ventajas para quienes mayor poder económico detente. Las dos iniciativas del sector comercio del Gobierno Federal. Consideramos que por su importancia debieran haber sido motivo estos debates de convocar al Secretario de Comercio para que explicara, en comparecencia y audiencia pública, el sentido y alcance d estas iniciativas. No nos parece adecuado el menosprecio hacia esta labor legislativa que implica una remisión simple y llana de textos importantes, mientras el titular de comercio luce en las fotografías periodísticas del día de hoy una sonrisa artificial de triunfador por lo que se relaciona a la firma del Tratado de Libre Comercio. Debería haber mayor preocupación por los procesos internos sujetos a su competencia, que por las cuestiones económicas y comerciales de carácter internacional. La iniciativa que se nos presenta contiene elementos que permiten afirmar la intención de reducir el carácter eminentemente tutelar y protector de los derechos del consumidor, que era característica de la legislación anterior. De modo muy claro en la Ley expedida en 1973, en cuya elaboración y promoción tuve el honor de participar, se trataba de una innovación sustantiva del sistema jurídico del país, de modo a que se trasladaran al ámbito del derecho social relaciones que hasta entonces habían sido exclusivamente reguladas por el derecho privado. Se trataba de aumentar una categoría fundamental en nuestro tiempo, económica y social, a las que ya figuraban en nuestra Constitución y nuestras leyes como sujetos a la protección del poder Público. Como lo fueron en su tiempo los asalariados, los campesinos, las mujeres, los minusválidos, los sin hogar, los menores. Yo quisiera, con brevedad, extraer, para que se entienda, el espíritu original de la ley, algunos pasajes de la exposición de motivos de aquel entonces. Esta ley se inscribía, textualmente, dentro de la más alta prioridad que merece la distribución justa del ingreso en el país. Y dentro de una política tendiente, -cito- " a iniciar profundos cambios en el sistema de intermediación de mercancías y de servicios, que tradicionalmente habían venido reduciendo la ganancia legítima del productor y lesionado el patrimonio de las clases populares". Dentro de esta política de protección a las grandes masas consumidoras estaba comprendida una política de reforma a los sistemas de comercialización, almacenes populares, cooperativas de consumo, tiendas sindicales y todo tipo de mecanismos de comercialización. Para decirlo del modo más textual, el propósito último, dicho en términos de la propia iniciativa original, era trasladar y sustraer de los cuerpos normativos del derecho privado aquéllos aspectos de la vida económica y social en los que es indispensable establecer normas tutelares para asegurar las relaciones justas entre los grupos sociales. Nada semejante a la lucha de clases, que quien me antecedió en el uso de la palabra introdujo en el debate, fuera de contexto, lo digo con el mayor respeto. Las disposiciones de la ley elevaban, -vuelvo a citar- a " la categoría de normas de derecho social, las de protección al consumidor y buscaban moderar la autonomía formal de la voluntad para salvaguardar el ejercicio de la auténtica libertad". Hasta aquí las citas del proyecto original. Las motivaciones que están detrás de esta iniciativa no se relacionan de modo más directo con los propósitos originarios de la ley. Tratan de equiparar de nuevo ante la ley la posición del productor respecto de la posición del consumidor, como si se encontraran en igualdad de circunstancias. Es esa medida puede inclusive afirmarse que no son congruentes ni consistentes con lo que dispone ya, por efecto de esta reformas el Artículo 28 de la Constitución, que a la letra es claro… Yo quisiera, señor Presidente que pudiera hacer usted un llamado para la atención en el recinto, si el Reglamento así lo indica. -El C. Presidente: Yo le ruego continúe usted, señor Senador, encuentro que el recinto está en orden. -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Yo no lo encuentro, señor Presidente, sea usted más respetuoso con lo que pide el orador. -El C. Presidente: El que preside soy yo. -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Usted no se ha comportado con la suficiente flexibilidad y atención al Reglamento, lo digo de una vez, antes de que termine la sesión. Ha sido usted hostil al orador. -El C. Presidente: Ruego al señor Secretario dé lectura al Artículo 21, fracción VIII para ilustrar al orador sobre las obligaciones del Presidente. -El C. Secretario Roberto Suárez Nieto: Con mucho gusto, señor: "Artículo 21.- Son obligaciones del Presidente: fracción VIII, llamar al orden, por sí o por excitativa de algún individuo de la Cámara, al que faltare a él". -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor Presidente, por su atingencia y comedimiento. En este proyecto de ley es claro que no hay una concordancia o consistencia, con una disposición constitucional, que es bastante clara, en el Artículo 28, la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. La lectura del documento indica en muchas de sus áreas que este no es el espíritu de la reformas que se nos proponen, al contrario, textualmente se afirma que el propósito en función obviamente de la subscripción del Tratado de Libre Comercio, es -cito- "introducir patrones y normas de eficiencia, calidad y competividad al más alto nivel internacional"; y luego dice en seguida: "El panorama regional permite suponer una nueva dimensión de los intercambios que modificarán las relaciones de consumo en el país". ¿Qué quiere esto decir en términos concretos? Quiere decir que la ley se va a adecuar a un tipo a una dimensión de circulación de mercancías que por sí mismos , es decir, de circulación de mercancías que por sí mismos, es decir, por el crecimiento de los intercambios, conforme a las leyes tradicionales del mercado, producirán el cambio las actitudes de los productores y la modificación de los sistemas de comercio. La lectura, en detalle, de los distintos aspectos de la iniciativa permite corroborar que ese es el propósito. Nosotros no nos oponemos, en principio, que se fundan en una sola institución en el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Subrayaré algunos de los aspectos centrales en el texto de la iniciativa, que corroboran nuestra apreciación general y que han motivado un voto en contra de los miembros de la fracción parlamentaria de mi partido, en la Cámara de Diputados. Hay un énfasis mayor en la desregulación del mercado que en la defensa de los consumidores. Existe la supresión del delito contra la autoridad a quienes, proveedores desde luego, resistan las medidas de apremio. Se suprime el derecho del consumidor de devolver el producto que haya adquirido por error. El registro de permiso de la SECOFI, para la realización de promociones, también desaparece en el proyecto. Es muy importante subrayar que se suprime la obligación de registrar todos los contratos de adhesión, lo que era una parte importante del texto oroginal. No estaríamos de acuerdo en la inclusión de la afirmativa "ficta" en vez de la negativa "ficta", lo que evidentemente no va en el incremento, sino en la disminución de la protección que la ley está obligada a impartir. Hay una reducción de plazos para que los consumidores hagan sus reclamaciones. Se disminuyen algunas sanciones que resultaban importantes como la de clausura. Hay un desdibujamiento de la función de PROFECO, como verdadera defensora de los derechos e intereses de los consumidores, así como una creciente supeditación de carácter vertical a SECOFI. Si de lo que se trataba era de hacer evolucionar la ley, de acuerdo con los cambios operados en la sociedad, hubiera sido mucho mejor incorporar a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los consumidores a la admiración de esta institución. Quiero recordar que el Instituto y la Procuraduría se crearon frente a la debilidad o incipiente desarrollo de las instituciones sociales de defensa de los consumidores, y que uno de sus objetivos, como lo dice la propia Constitución, era fomentar y promover su organización. Quisiéramos de esta agencia, como de cualquier otra Procuraduría, menor dependencia directa del Poder Ejecutivo y mayor dependencia de la sociedad y de los órganos representativos de la soberanía popular. Hay una presentación diluida de los derechos de los inquilinos del Distrito Federal, y hay una supresión de los elementos que deberían determinar las sanciones por los perjuicios ocasionados a los consumidores y a la sociedad en general. Hay una falla evidente al trasladar a otras autoridades bancarias todo lo que se refiere a la protección de los consumidores en el uso de las tarjetas de crédito. No estaríamos de acuerdo, que la única participación de la sociedad es este proceso y en estos mecanismos, fuera de la de un representante de los consumidores en lo que simplemente es un consejo consultivo. Sé que el interés del debate parlamentario no es mayor. Pero esto, lo que aquí de dice, figura finalmente en las actas del Congreso, que es en las que se lee la historia y las que al final dirán quién tenía razón y hacia quién y hacia donde estaba orientado el futuro del país. Yo quisiera decir que el argumento de que ha pasado 25 años, y que por lo tanto un lustro, se ha dicho aquí, han ocurrido tantos acontecimientos, que estamos obligados a revisar las leyes, no deja de ser un argumento digno de consideración. Pero la cuestión no reside ahí, la cuestión reside en saber en qué sentido se modifican las leyes. Si las leyes se modifican en un sentido regresivo, o en un sentido progresivo. Creo que después del intento fundacional de estas organizaciones, que fueron verdaderamente novedades, creaciones genuinas dentro del derecho público y social mexicano hubiera sido más conveniente, con la participación de los interesados, de las organizaciones independientes, de los representantes de los trabajadores y de los consumidores, haber hecho un balance, objetivo, sereno, sobre los beneficios que durante este tiempo ha aportado la aplicación de la ley, en qué fue eficaz y en qué fue eficiente, de modo a complementarla, de incluir nuevos ámbitos de comercio, nuevos instrumentos de protección y nuevos mecanismos de orientación a los consumidores. Hacer, sobre todo, un balance respecto de la evolución de los sistemas de comercialización en México, que evidentemente no ha favorecido, por sus tendencias, niaumento de las ventajas legítimas para los productores, ni la disminución de los costos de la vida para la gran masa de los consumidores. No se actúa así, sino en un sentido contrario. No es el propósito, por desgracia, adecuar las leyes a las necesidades del país, sino a las inminencias derivadas de un tratado de comercio. Muchas gracias. -El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Sobrino Sierra. -El C. Senador Carlos Sobrino Sierra: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea: Conforme al desarrollo y avance de la sociedad, las relaciones económicas de sus integrantes se han vuelto más complejas, en especial las comerciales, etapa final de todo proceso productivo. La globalización de la economía ha acentuado este fenómeno, no sólo por el aumento del volumen y velocidad que actualmente requiere la comercialización de cualquier producto, sino también por la permanente modificación y creación de nuevas formas de compraventa, que envuelve a los participantes en una diversidad mayor de condiciones. El mercado, en su sentido más amplio, es manifestación de las diferentes estructuras nacionales o internacionales, a donde concurren los productores y consumidores en los ámbitos más diversos, y donde coinciden los extremos, ya sea que prevengan de sectores atrasados y tradicionalistas o de otros que son exactamente sus contrarios por su nivel económico y tecnológico. Este concierto de disparidades, que asemeja la existencia de una falta de orden en las relaciones comerciales, ha sido justamente la causa de inequidades y de abusos que afectan más a los sectores con menos recursos económicos y culturales. El Estado mexicano, de acuerdo a sus atribuciones, ha intervenido para poner orden a este proceso por medio de la emisión de criterios de igualdad, justicia y respeto a la ley, que se aplican a través de las instituciones que para el efecto se han creado a través de la historia de nuestro país. Con el encargo de promover y proteger los derechos de los ciudadanos, en especial el de los consumidores que por ser el eslabón final de la cadena productiva siempre se han mostrado más sensibles al embate de la empresa, que de manera vital necesita vender sus productos para sobrevivir; es decir, prioritariamente resolver sus problemas de mercado, fijándose, de manera secundaria, en el daño o perjuicio que puede causar al consumidor su producto. En estas circunstancias, el Estado asume el papel rector de la economía y autoridad en la materia, emitiendo las normas que regulen las relaciones del consumo para evitar abusos, engaños o perjuicios al consumidor. El solo reconocimiento de derechos al consumidor final fue un enorme paso en el beneficio social, ya que la etapa final del proceso de producción, el consumo, no estaba suficientemente regulado, llenándose un vacío en la legislación mexicana. En este sentido, la ley es muy clara en cuanto a su objetivo, que nos es abarcar aspectos que ya comprenden, señor Senador Muñoz Ledo, otras leyes civiles y mercantiles de nuestra enorme riqueza en materia de leyes en este país. Por otra parte, a raíz de los procesos de desregulación y apertura de nuestra economía, que en los últimos años se vienen dando, se incorporan nuevos patrones y normas de eficiencia, calidad y competitividad que nos obligan nuevamente a adecuar las normas existentes y el funcionamiento de sus órganos de ejecución. Sin menosprecio de ninguna manera, en que los instrumentos anteriores, que fueron creados en su oportunidad, cuando teníamos una economía cerrada, sean instrumentos que debemos reconocer los legisladores como valiosos. Esta, la actual, la que discutimos hoy, compañeros Senadores, tiene este propósito concreto, es una economía diferente, son realidades comerciales distintas. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser sustancialmente distinto. En esta situación de cambio, que se verá impulsada por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, se modificarán muchas de las relaciones comerciales actuales, tanto para los proveedores, como para los consumidores y aún para las autoridades. Modernizar la norma es la tarea, adecuándola a las realidades económicas que vive el país y contribuyendo a su avance y desarrollo. La presente iniciativa de ley contiene en ese sentido dos vertientes fundamentales, expresadas en su propio objeto. "Promover y proteger los derechos del consumidor y, segundo, procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores". En el primer caso, el Estado, consciente que no puede suplantar de modo absoluto el trabajo, interés de los miembros de la propia sociedad, impulsa una mayor presencia de ciudadanos en el desempleo de responsabilidad y toma de decisiones. En ese sentido, Senador Porfirio Muñoz Ledo, en la iniciativa actual, lejos de abandonar las formas de participación de la sociedad, es un instrumento que se enriquece precisamente de esta oportunidad. En los trabajos, que hicimos en conferencia, fueron suficientes los argumentos de todos los partidos políticos de nuestra Colegisladora y de los compañeros Senadores que tuvimos tiempo de acudir a ella, y ahí en el debate pleno, con la presencia precisamente del Secretario de Comercio, a la que usted hacía alusión, con la presencia de otros funcionarios públicos de la administración y con la presencia de los que contenemos la tarea de revisar los instrumentos legislativos, observábamos y discutíamos, que parte primordial de esta nueva ley es, precisamente, que los grupos sociales, ahora en sus distintas formas de organización tengan la posibilidad de participar en la defensa de sus derechos, lo cual podrán hacerlo directamente en la forma individual o en la forma de grupo, como consideren más conveniente. Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor promoverá y apoyará la constitución de organización de consumidores, propiciándoles capacitación, asesoría para su funcionamiento. La organización de consumidores tendrá derecho a tener representantes en el Consejo Consultivo que se creará, para asesorar a la Secretaría de Comercio en lo relacionado con las políticas de protección al consumidor y sobre sus propios problemas específicos. Para reforzar estas medidas se impulsará la firma del convenio entre proveedores y consumidores de las distintas ramas de la producción. Yo creo, compañeros Senadores, que expresión más válida de participación ciudadana, no puede haber. Ignorar que existen plenamente en esta iniciativa, es pensar que no fue recibida ni revisada con detalle. Por quiénes afirman lo contrario. Es precisamente lo que la hace diferente a la anterior, y es ese el instrumento, el que queríamos todos los legisladores que participamos, dejar muy claro; debidamente expresado, en una nueva economía, en donde el mercado es libre; en donde el mundo está en permanente evolución, el instrumento tiene y debe de hacer participar a las organizaciones de los ciudadanos; tanto en su expresión individual como en su expresión de grupo social. Así en esta ley, no se determina una forma de organización que imponga el Estado. Sino abre, precisamente, para las formas que la propia organización que los ciudadanos tienen. Es ahí, yo creo, compañeros Senadores, en donde está gran parte de la aportación renovadora de esta ley. No, como en el caso dicho por usted, señor Senador Muñoz Ledo, que queda afuera. ¡No! es todo lo contrario. Es la organización ciudadana la que hoy, más que nunca, quedó debidamente expresada en esta iniciativa. Con respecto a la segunda vertiente. La de procurar la equidad, la justicia jurídica en las relaciones entre los proveedores y consumidores; se incluyen medidas, no sólo de autoridad, sino que contemplan la educación, la información, la menera en que los consumidores se enfoquen otros aspectos importantes del producto, y no sólo como lo hacían las anteriores normas, el precio; o sea, que se cambien los criterios y los patrones de consumo, tomando en cuenta la calidad de los productos, la eficiencia de los servicios; de ello, se encargarán las instancias de información que orienten al público sobre calidad, precios y mejores condiciones de compara de los bienes y servicios, que coadyuven a modificar hábitos, prácticas de consumo; que no se limiten a encontrar solamente precios bajos, sino también utilidad y calidad en lo que compran. De acuerdo a lo anterior, los precios oficiales perderán importancia como estrategia única para incidir en el mercado. Precisamente, porque estamos en plena apertura de un mercado mundial. La otra, fue instrumento básico para una economía cerrada. La de hoy, exige que la estrategia, no solamente sea el precio, ya que en el futuro, en éste regirán los criterios más significativos, que provocará la competencia, que regulará la norma que emita nuestra Secretaría de Comercio, como instrumento que el Ejecutivo tiene para defender los principios fundamentales del derecho del consumidor. Las autoridades pondrán particular atención en la publicidad. Pidiéndole suspenderla cuando resulte confusa o engañosa. Así también, los proveedores responderán por daños y perjuicios cuando incumplan ofertas y promociones. Se ratifica el principio de sanción, cuando insistan en situaciones fraudulentas en servicios prestados, pudiendo llegar a la concelación definitiva en casos de conducta nociva y violaciones reiteradas. Quiero decirle compañero Porfirio Muñoz Ledo, que en ese sentido, los legisladores que participamos en ese gran número de reuniones que la conferencia exigió, tuvimos especial atención todos los partidos políticos, el que represento yo en esta Cámara de igual forma, de revisar el tema de las sanciones. Pasar de un documento excesivamente general, a algo que estuviera muy claro, muy bien definido para el ciudadano mexicano. ¿Cuáles son las obligaciones que están registradas en un instrumento legal? ¿Y qué tipo de sanciones específicas existen para cada una de las violaciones que ahí se contemplen? Creo que fue una enorme aportación de la Cámara de Diputados y la participación de los Senadores en las discusiones, ver que en lo que en la iniciativa que nos envía el Ejecutivo, todavía conserva parte de las generalidades, tuviera la oportunidad de llegar exactamente a los temas, a los detalles y al tipo de sanciones que cada una de las violaciones requiere y exige. No le quitamos de ninguna manera a la ley vigente parte de su fuerza. Todo lo contrario, vimos que en el capítulo de sanciones se pasara de lo general a sanciones específicas a las agresiones del consumidor. Es así, como pudimos trabajar conjuntamente Diputados y Senadores y en su revisión. La Procuraduría Federal del Consumidor, actuará de oficio o cuando existan demandas directas, sin demérito de sus facultades de vigilancia y control permanente. Pudiendo hacer referencia pública de productos y servicios en forma específica sobre su calidad y precio. En suma, la presente iniciativa es un instrumento complementario en la regulación del mercado. Perfección de instancias, actúa como árbitro en las relaciones entre proveedores y consumidores, y no como tutela de este. O sea, no es una ley que intenta ser paternalista, es en el sentido de proteger al consumidor ante su situación y defensión, sino es precisamente para procurar justicia cuando se violen los derechos en las relaciones entre proveedores y consumidores. Tampoco, no quiere ni pretende ser una ley universal de la economía. Esta tiene fundamentalmente la tarea de ser un instrumento eficiente, para que el ciudadano de este país tenga la facilidad de presentar una queja por violar una ley, un empresario y tener una justicia rápida y eficiente ante su demanda. No se pretende en este instrumento, poner lo que en otras debe de estar. Las tarjetas bancarias, hay suficiente reglamentación y norma en materia bancaria, en donde están todas las tareas que le corresponden a los instrumentos y es en esas leyes en donde nuestros ciudadanos encuentran la protección que requieren. Aquí se trata de otra cosa. En suma, la presente iniciativa de Ley reordena el marco legal que rigen las relaciones de consumo. Replanteando la participación del Estado y la de la sociedad, por lo cual compañeros Senadores, creo que debe ser aprobada. Es un instrumento básico, lo requerimos, porque nuestro futuro y nuestra realidad actual lo requiere, y en este sentido pido su voto favorable esta iniciativa. Muchas gracias. -El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra, el Senador Héctor Terán Terán. -El C. Senador Héctor Terán Terán. (Desde su escaño): Declino a hacer uso de la palabra, en vista de que los Senadores que han hablado, en una forma o en otra expresaron sobre el dictamen. -El C. Presidente: ¡Gracias, señor Senador! -En los términos del Artículo 116 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informo a la Asamblea que han hecho uso de la palabra los ciudadanos Senadores Víctor Manuel Tinoco Rubí, para comentarios al dictamen; Porfirio Muñoz Ledo, para razonar su voto y Carlos Sobrino Sierra, por las Comisiones. -Ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el proyecto en lo general. -El. C. Secretario Suárez Nieto: Por disposición de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. (La Asamblea asiente) -Suficientemente discutido en lo general. -El C. Presidente: Reserve la Secretaría el proyecto para su votación nominal conjunta en lo general y en lo particular, y proceda a ponerlo a discusión en lo particular. -El. C. Secretario Suárez Nieto: Está a discusión en lo particular. -El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. Por no haber quien haga uso de la palabra, sírvase la Secretaría recoger la votación nominal conjunta en lo general y en lo particular del proyecto. -El. C. Secretario Suárez Nieto: Se ruega al personal administrativo hacer los anuncios correspondientes a los ciudadanos Senadores que se encuentren fuera del salón, a efecto de recoger la votación nominal conjunta en lo general y en lo particular. (El personal administrativo cumple) -La recibe por la afirmativa, Suárez Nieto. -El. C. Secretario Antonio B. Manríquez Guluarte: Por la negativa, Manríquez Guluarte. (Se recoge la votación) -El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: ¡No! -El. C. Secretario Suárez Nieto: Aprobado en lo general y en lo particular por 50 votos en pro y uno en contra. -El C. Presidente: Pasa al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.