Diario Militar de José Miguel Carrera: Capítulo III. Enero de 1812 - 27 de Octubre de 1812

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 Capítulo III. Enero de 1812 - 27 de Octubre de 1812
Diario Militar de José Miguel Carrera José Miguel Carrera


III. Desavenencias con la Junta de Concepción. Rivalidades con Juan José Carrera. Renuncia al Gobierno. Su reemplazo por Ignacio de la Carrera. Reglamento Constitucional Provisorio de 1812. Cambio de autoridad eclesiástica en Concepción. Nueva conspiración.

A principios de enero, cuando aún no se sabía en Concepción la [noticia de la] deposición del Congreso, se inter­ceptaron pliegos de aquella Junta para el Congreso y sus diputados, mandándoles hacer protestas contra los acontecimientos de noviembre, ofreciendo las fuerzas de la provincia para sostener el Congreso, y man­dando a los de Concepción que se retirasen. Ya [Martínez de] Rozas disponía en pie el ejército y hablaba con mucha energía.

De resultas de esto mandé a O’Higgins a Concepción, para hacer a [Martínez de] Rozas proposiciones amistosas y para asegurarle de mis buenos sentimientos hacia mi patria. No muchos días después mandé a mi padre, don Ignacio de Carrera, con doscientos veteranos a tomar posesión de Talca para evitar las intrigas de Con­cepción.

Solo en el Gobierno trabajaba con una actividad extremada, particularmente en la organización de la fuerza militar. La inspección de caballería recibía una buena organización; el batallón de Granaderos se elevó a la respetable fuerza de 1.200 hombres; se reformó el cuerpo de 300 Dragones por inútiles y se le­vantó el de Guardia Nacional de 500 plazas; la artillería se aumentó a 400. Se quitó a los frailes de San Diego el convento y se levantó en él un famoso cuartel de caballería; se hicieron 10.000 lanzas y 1.500 tiendas de campaña, vestuarios, monturas para todos los cuerpos, municiones de todas clases y, por último, cuanto se necesitaba para la defensa de un país, que hasta entonces estaba enteramente expuesto a ser presa de cualquier enemigo por falta de artículos de guerra y de organización en sus fuerzas. El pueblo no fue oprimido por [con] contribuciones, sólo se aumentaron los derechos en algunos ramos y con esto se veía atender a unos gastos de tanto bulto.

Don José Santiago Portales y don Nicolás Cerda ocuparon las dos vacantes del Gobierno; don Juan José Aldunate renunció a una.

Concepción seguía su apresto militar, los diputados del Congreso tuvieron licencia para regresar a su provincia y acabaron de alarmar los ánimos pintando [a] la capital capaz de recibir la ley de las tropas de Concepción: no reflexionaban aquellos ignorantes lo que puede un trabajo constante.

En principio de marzo llegó a manos del Gobierno una proclama del Comandante de infantería vete­rana de Concepción, don Francisco Calderón, anunciando a los pueblos que la resolución de aquella respetable fuerza era la de librarlos de la esclavitud y que se disponía a marchar sobre la capital; los cabildos de los pueblos le contestaron agriamente. La Junta de Concepción dirigió oficio a la de Santiago, incluyén­dole la determinación de los militares de aquella provincia; la de Santiago contestó dignamente, despre­ciando tan miserables amenazas y criticando la poca subordinación y respeto de la tropa para con su Gobierno; este extraño acontecimiento obligó al Gobierno a reforzar el punto de Talca (Véase el manifiesto del Gobierno, del 4 de marzo, [documento Nº 6]).

El 19 de marzo de 1812, en la tarde salió la división del centro del ejército observador de la fron­tera, compuesta de novecientos veteranos y doscientos caballos, a las órdenes del Comandante General, Bri­gadier don Juan José Carrera, con sólo el objeto de contener a los de Concepción que, confiados en nues­tra anterior impotencia, querían darnos la ley.

El 1º de abril de 1812, se descubrió la conspiración que había organizado contra mi persona el Teniente de artillería don Nicolás García. Su objeto era asegurarme, alarmar [a] las tropas y el [al] pueblo contra la división de Talca, para que triunfase [Martínez de] Rozas. Luis [Carrera] estaba convaleciente en Valparaíso. Todo se frustró y se siguió causa a los cómplices por el Juez de Policía don Manuel Fernández Burgos. El delator fue Domingo Mujica, Alférez de artillería, convidado para la revolución. Eran cómplices el Alférez del mismo cuerpo don Manuel Quezada, y no dudo que también lo eran Pedro Quiroga, don Juan Manuel Zevallos, un tal Espejo, Dragón de la Reina, el Sargento de artillería Ramón Picarte (éste se escapó) y no me acuerdo qué otros.

Cerda se retiró del Gobierno, y en su lugar entró don Manuel Manso: éste era godo y renunció muy breve, reemplazándolo don Pedro José Prado Jaraquemada.

A fines de abril del mismo año fui comisionado a Talca por el Gobierno, con plenos poderes para transar con [Martínez de] Rozas, jefe de las tropas enemigas, amistosamente todas las desavenencias.

Muy pronto llegué a aquel destino. [Martínez de] Rozas estaba del otro lado del Maule y yo lo provoqué a una en­trevista que se verificó al sur del mismo río. Retiré a Talca todas mis guardias y lo esperé en la orilla del río con cuatro oficiales y tres ordenanzas. [Martínez de] Rozas llegó con grande acompañamiento y pasó el último brazo del río con la música de sus Dragones. Comimos juntos aquel día, y en la tarde se despidió, quedando de ir a Talca al día siguiente. No lo verificó, y me escribió diciéndome que sus oficiales no se lo permitían; nos entendimos oficialmente; convinimos en casi todas nuestras diferencias, reservando algunas para que deci­diesen por los gobiernos de ambas provincias. Lo que principalmente pedía [Martínez de] Rozas era un Gobierno repre­sentativo, lo que estaba concedido muy de antemano. Desde la revolución de diciembre protestó el Gobierno que sería representativo; en la de noviembre se hizo tal el Gobierno, como lo acredita el manifiesto Nº 3 del Congreso.

Últimamente nos convinimos en retirar las fuerzas a las capitales de ambas provincias; el 1º de junio regresó a Santiago nuestra fuerza; véase mi oficio Nº 7 al Gobierno.

Durante mi permanencia en Talca quisieron los facciosos introducir el desorden; corrieron la voz de que estábamos prisioneros de [Martínez de] Rozas, y que era ya todo acabado. Luis [Carrera] estaba en la capital y nada pudieron. En el ejército hicieron correr para desanimarlo que la división de Santiago no pasaría de la Angostura para Talca. Ocasionó esta voz el oficio de los jefes de la división de Santiago y mi contestación que se ve con el Nº 8.

Don Luis [de la] Cruz fue elegido representante por Concepción, como Vocal en el Gobierno superior, y don Juan [Martínez de] Rozas con don Pedro José Benavente se disponían para marchar a Santiago con plenos poderes, para concluir amistosamente nuestras negociaciones, cuando sucedió la revolución en Concepción.

El 25 de mayo de 1812 recibí en Talca el acta en que se ven los motivos por qué fue depuesta la Junta de Valdivia por la tropa. Se componía esta de los patriotas don Isidro Pineda, presbítero Doctor don Pedro José Eleizegui, el Coronel don Ventura Carvallo, Presidente, don Vicente Gómez y don Jaime de la Guarda. Véanse el acta y manifiesto de la Junta de Guerra que se creó en la revolución, señalados con los Nºs 9 y10; los oficios de la misma Junta de Guerra a mí, mi contestación y la contestación del Gobierno, señalados con el Nº 10.

Apenas llegué a Santiago, se publicó el decreto del Gobierno, fecha 6 de junio,Nº 11.

El 8 de julio de 1812 se hizo la revolución en Concepción y fue depuesta y presa la Junta de Guerra, de la que era Presidente don Pedro José Benavente. Véanse los oficios de la Junta de Guerra y del Obispo al Gobierno, y la contestación de éste, señalada con el Nº 12.

En mi concepto, la intención de los revolucionarios fue la de acabar con el sistema, según se observa­ba en todas sus determinaciones; don Pedro José Benavente me aseguró lo mismo cuando estuve en Concepción. El Gobierno quería destruir la Junta de Guerra, pero no se atrevía a hacerlo por falta de relaciones en la provincia y porque temía algún esfuerzo de los comprometidos si llegaban a comprender sus inten­ciones.

En estas circunstancias llegó la fragata que había llevado los caudales a Valdivia, y trajo el acta que se señala con el N° 13. He aquí uno de los resultados de las desavenencias de Concepción con Santiago. No distó el Gobierno de presumir lo que hemos visto realizado después.

Para evitar los males con que nos amenazaban las juntas de guerra de Concepción y Valdivia, era pre­ciso tomar medidas sagaces y activas; asegurada Concepción, nada costaba sujetar a Valdivia.

En agosto de 1812 fue mandado a Concepción don Juan Antonio Díaz Salcedo y Muñoz, como di­putado del Gobierno cerca de la Junta de Guerra, para tratar y cortar toda desavenencia; su principal ob­jeto era destruirla. Para aminorar la fuerza veterana de la provincia mandó el Gobierno que los vocales de la Junta de [Martínez de] Rozas fuesen conducidos con muy buena custodia; y posteriormente se pidió enviasen a varios patriotas con escoltas respetables y separadas, sólo por hacer menos difíciles los planes que meditaban. Puesto [Díaz de Salcedo y] Muñoz en Concepción, aunque no se portó con la dignidad que exigía su cargo y representación, logró por el influjo de don Pedro [José] Benavente, revolucionar la tropa, destruir la Junta de Guerra, apresarla, remitirla a Santiago con muchos de los sospechosos y dejar el mando seguro en manos de Benavente.

Logrado este paso vino [Díaz de Salcedo y] Muñoz a Santiago a ponerse a la cabeza de la Guardia Nacional, que man­daba, para que yo fuese a Concepción a acabar de arreglar los asuntos de aquella provincia.

Mi objeto en tal viaje era el de asegurar [a] los frailes de Chillán cuya conducta nos traía gran partido de descontentos contra el sistema, y la persona del Obispo [Diego Antonio Navarro Martín de] Villodres, tan perjudicial como veremos después. Los cuerpos militares habrían sido expurgados, y en toda la provincia no iba a quedar un sospechoso con­tra la causa.

Llegó de Valdivia la fragata Nueva Limeña, que llevó el situado. Se le pidió a la Junta de Guerra que viniese a la capital. A Berganza, que había sido aclamado Comandante General de artillería, se le pidió que mandase algunos cañones, fusiles, pistolas, etc., etc., etc., para hacerlos así menos fuertes en sus tentativas contra el sistema, cuya idea le conocíamos. El resultado de este paso se ve en el acta en que acordaron separarse del Gobierno de Chile y reconocer el del Virrey de Lima; [véase el Nº 13]. Este acontecimiento redobló la vigilancia del Gobierno en aprontar su armamento, y en acordar el modo más pronto para reducir a los in­fames de Valdivia. Se acordó que cuanto antes marchase a Concepción a organizar y aumentar la fuerza para tomar a Valdivia y reducirla a la obediencia. Oficiamos por este suceso al Virrey de Lima. Véase el oficio Nº 14, su contestación fue la del Nº 15.

Los descontentos Larraines, parecía que no querían quitarnos el sosiego, y muchos de ellos se acercaban a ofrecer sus servicios; esto, y el oficio que pasaron al Gobierno después de la deposición de [Martínez de] Rozas [véase Nº 16] nos persuadió de que, aunque enemigos y siempre vengativos, no querían en los momentos en que peligraba la patria ejercitar sus gracias acostumbradas.

Como era preciso que se interrumpiese la obra de nuestra libertad, sobrevino un acontecimiento bas­tante desagradable. Juan José [Carrera] se dejó sorprender por Manso y otros enemigos de la causa: le persuadieron de que mi conducta era loca, que con mejor política se haría mucho más, que en lugar de un joven debía ponerse un hombre maduro, capaz de borrar las malas impresiones que yo había hecho, etc. Juan José nunca pudo llevar con paciencia verse mandado por mí, siendo menor que él; en junio había intentado tra­bar conmigo algún disgusto, pero supe evadirme y cortarlo.

Dos días antes del aniversario de la instalación de nuestro Gobierno, pasó Juan José a la Junta un oficio duro para que se le entregasen cantidades para seguir la obra de su cuartel. El Gobierno para empe­zarlo mandó a Goycolea que levantase un plano y el cálculo que formó de su costo ascendía de 80 a 100.000 pesos. Goycolea engañó al Gobierno, porque la obra costó como 400.000 pesos. Así es que por exigirlo las circunstancias, y no ser posible romper por entonces con Juan José, se decretó la entrega de 8.000 pesos mensuales. Juan José no se contentaba, y este disgusto, ayudado de los consejos de los godos, le hizo tentar el medio de aburrirme para que dejase el Gobierno: él estaba recién casado y toda la familia de su mujer y sus relaciones eran también de godos. Su insolente oficio me obligó a contestarle el Nº 17 y a hacer la renuncia Nº 18.

Aunque el 30 de septiembre se celebró con toda pompa el aniversario que debió celebrarse el 18, no asistió [asistieron] Juan José ni su oficialidad, sin duda para que temiendo el pueblo se encerrase en sus casas y todo fuese triste. Luis y yo pusimos sobre las armas los cuarteles de nuestro mando, y logramos que todo fuese completo.

El 1º de octubre de 1812, a las seis de la tarde retiró Juan José [Carrera] todas las guardias que guarnecían los puestos de la plaza, dejándolos abandonados. Ya yo estaba separado del Gobierno; pero Juan José creyó que así se vengaba de mí. El pueblo temió que el resultado fuese poco favorable a la causa, Juan José fue reconvenido por el Gobierno, y contestó que para instruir con perfección su cuerpo necesitaba que en seis meses no hiciese servicio alguno. [Pedro José] Prado, que era Presidente, me llamó para saber si podría llenar los puestos con la Guardia Nacional. Este naciente cuerpo era de Húsares; por moderno, nada sabía; en fuerza tenía una tercera parte del de Granaderos, y así es que no podía cubrir la guardia de la plaza. Díjele que, aunque no seguía el ejemplo del jefe de Granaderos en la insubordinación, respecto a que destinando la guardia al servicio de la plaza jamás aprendería su obligación, dispusiese de mi em­pleo desde aquel momento; al día siguiente puse en sus manos el oficio Nº 19. Prado hizo cubrir el servi­cio de la plaza con algunos Dragones y Asambleas.

Luego se citaron [citó a] las corporaciones y jefes militares para elegir el vocal que debía reemplazarme. Creyeron que el modo más seguro de subordinar a Juan José era el de elegir a mi padre, don Ignacio de Carrera. Luis y yo fuimos citados a la elección, y para entorpecer de algún modo el plan meditado por Juan José, dijimos que el Gobierno había declarado que no se eligiesen los gobernantes de otro modo que en Cabildo Abierto, y que así se nos permitiese retirarnos y se nos diese un certificado de nuestra pro­testa.

El 3 de octubre en la noche fue elegido mi padre vocal de la Junta; Juan José [Carrera] fue a verlo a su hacien­da y en una sesión reservada lo persuadió a tomar el mando; vino mi padre y prestó juramento. Apenas ocupó la silla, cuando quiso seguir las máximas de Manso, no porque fuese sarraceno, sino porque le ha­cían comprender que era lo más acertado. Juan José le persuadió a que volviese la escarapela encarnada, por no llevar la tricolor que dos meses antes había yo puesto, y no estaba lejos de ayudar a colocar una porción de hombres que sin duda acababan con el sistema. Acordamos con Luis sostenerlo a fuerza de san­gre si no podíamos con la razón, y para ello tomamos las medidas y precauciones necesarias. Algunas veces estuvieron los cuerpos sobre las armas con bala en boca.

Cuando Juan José vio que en manos de mi padre nada adelantaban sus proyectos, temió perderse y manifestó deseos de volver a nuestra amistad; el Cónsul [Joel Roberts] Poinsett con varios amigos de la causa de Larraín lo visitaron y lo persuadieron a ello. Nos juntamos en casa de Poinsett el padre Camilo Henríquez, el Doc­tor [Jaime] Zudáñez, don Francisco [Antonio] Pérez, Juan José, Luis y yo. Apenas nos vimos, volvimos a amistarnos, y ya no se acordó de otra cosa que de buscar los medios para reformar el Gobierno, y dar un nuevo ser a nuestra revolución.

Después de algunas noches que nos reunimos, presentaron la Constitución que debía darse al Gobierno. Accedimos gustosos a ella, y en materias políticas, cedíamos al dictamen de los señores Henríquez, Pérez, Zudáñez, Salas, Irisarri y otros de esta clase.

La Constitución se presentó al Gobierno a nombre del pueblo por una comisión compuesta de los señores Canónigo don Pedro Vivar, Decano de la Audiencia don Francisco [Antonio] Pérez y Coronel don Juan de Dios Vial. El Gobierno le mostró alguna repugnancia, pero las reflexiones de la comisión vencieron. [José Santiago] Portales estaba advertido y la sostenía. Todo esto fue obra exclusiva de los Larraines.

El 27 de octubre de 1812, se puso la Constitución en el Consulado para ver si la voluntad popular era por ella. Voluntariamente la suscribieron las personas que se ven en el Nº 20, y quedó instalado el Senado, Gobierno y Cabildo, [documento Nº 21]. El modo con que fue sancionada la Constitución por las provincias, fue igual al de la capital.

Seguíamos entregados a la organización de nuestra defensa, cuando la contestación del Virrey de Lima al oficio de que ya hemos hablado vino a turbar los ánimos. El 17 de noviembre en la tarde hubo Junta de Corporaciones, y se leyó la carta del Virrey. Todos convinieron en que aquellos insultos pedían la guerra; pero se tuvo presente que nuestro armamento no estaba en estado de empezar la campaña, y nos reservamos para cuando hubiésemos reducido a Valdivia, logrando todo aquel tiempo de las ventajas que nos dejaba el comercio con Lima. Ya la estación y el estado adelantado de todas mis obras me ofrecían verificar la de asegurar el sur del reino.

Para emprender mi viaje con toda seguridad, creí de primera necesidad poner a la cabeza de la Igle­sia [a] un pastor de nuestras ideas; la mitra estaba vacante, y el vicario capitular era un enemigo acérrimo del sistema,lo mismo era todo el coro y todas las corporaciones. No había otro arbitrio que traer a la silla al Obispo auxiliar don Rafael Andreu y Guerrero, que estaba en Quillota; consulté esto con don Manuel [de] Salas, don Francisco Pérez, don Antonio Irisarri, Fray Camilo Henríquez y otros muchos que lo conocían. Todos convinieron en que era el más a propósito, y me instaron con frecuencia para que lo efectuase. Acompañado del Cónsul Poinsett fui a Quillota, [y] lo hice ocupar su silla, después de muchas contesta­ciones, como Gobernador del obispado. El Provisor Rodríguez [Zorrilla] recibió despachos de Fernando [VII] para el obispado, y aunque hizo muchas tentativas no recibió más que desaires.

Al verificar mi viaje para emprender una campaña que era toda mi ambición, se descubrió otra cons­piración contra nuestras personas. El 28 de enero de 1813 fueron sorprendidos en sus casas y presos los individuos que tenían meditada y acordada la horrorosa revolución. La denunciaron a mi hermano Juan José el Alférez de Granaderos don Toribio Torres y don Ramón Guzmán. La causa original existe en mi po­der; pero para saber el objeto de la revolución basta leer la declaración de Torres, Nº 23, y la de Guzmán, Nº 24; resultaron cómplices y fueron convictos y confesos. En casa de don José Manuel Astorga fueron las sesiones para convenir en la revolución del 4 de septiembre de 1811; éste fue uno de los comprometi­dos en esta revolución; los otros fueron don José Gregorio Argomedo, el mismo que era amigo y secretario en la Junta del 4 de septiembre, en cuya revolución tomó una parte activa; don Ramón Argomedo, hijo del anterior; don Juan Álamos, escribano público; don Juan Lorenzo Vera, id; don Manuel Solís, id; don Tomás Urra, hijo de don Juan. Este joven me profesa en el día una estrecha amistad. Me acompañó en la última campaña en clase de Ayudante de Órdenes, y en Buenos Aires me ha asegurado que la revolución de enero era dirigida desde Mendoza por don Juan [Martínez de] Rozas, y que en las varias ocasiones en que se discutió si deberíamos o no morir, los más empeñados eran don Juan Álamos, don José Gregorio Argomedo, don Antonio Hermida y don Francisco [Antonio] Pérez; estos dos últimos no resultaron reos en la causa, pero ella da completa idea de lo que eran, y es consiguiente a este descubrimiento confesar que la revolución era de Larraines.

Don Manuel Rodríguez fue mi Secretario en el Gobierno hasta julio de 1812.

Don Carlos Rodríguez, hermano del anterior, y don Ambrosio, Capitán de la Guardia Nacional. No sé por qué se declararon mis enemigos; pero eran los más generosos. Querían mandarme en comisión al ex­tranjero y separarme del mando; eran muy amigos de Urra. Después volvieron a ser mis amigos, como se verá en la última revolución.

Don Pedro Espejo. Este era Dragón de la Reina; hoy vive en casa del Director Álvarez [Jonte] y se ha fingido Capitán de las tropas de Chile. Don José María Fermandois, hoy es oficial del enemigo. Don Manuel O’ Ryan. Don Ramón Picarte. Uno de los de la revolución anterior; hoy se dice y aparenta amigo. Fray José Funes. Fray Ignacio Mujica. Fray Juan Hernández.

La sentencia se firmó el 18 de marzo de 1813, en estos términos: don José Gregorio Argomedo, diez años a Juan Fernández; don Ramón Picarte, Sargento de artillería y Alférez graduado por haber ayudado a la revolución del 4 de septiembre, por ocho años a Juan Fernández y expatriación perpetua; don Juan Álamos, ocho años a la misma isla; don Manuel y don Ambrosio Rodríguez con don José Tomás Urra, un año a la isla y expatriación perpetua; al Regidor don José Manuel Astorga, a la pérdida de su empleo, y que eligiese entre dos años a la is­la y [o] seis a cualquier otro punto fuera del reino; don Juan Lorenzo Urra, por tres años a la villa de Petorca; don José María Fermandois, por dos años a la casa de su padre; don Ramón Argomedo, por cuatro meses a la hacienda de su padre, sin ser separado de su empleo en la [Casa de] Moneda; don Manuel O’ Ryan y don Pedro Esteban Espejo, por seis meses a Valparaíso; don Manuel Solís, por seis meses a la villa de Petorca, con retención de su empleo; don Carlos Rodríguez, libre y sin nota alguna; Fray José Funes, expatriación, remitiéndolo a la ciudad de San Juan, su patria, depuesto de los gra­dos y distinciones que obtenía en su religión ; Fray Ignacio Mujica, en los mismos términos, a Mendoza; Fray Juan Hernández, al hospicio de Copiapó por dos años.

Esta sentencia y todas las amenazas que encierra y se ven en los autos, no lleva otro objeto que evi­tar de algún modo atentados que precisamente habían de envolvernos en sangre. Don Carlos Rodríguez, padre de los tres que se ven en la causa, intercedió porque sus hijos no fuesen a Juan Fernández. Encar­gándole sigilo, le dije: “No disto de querer a los hijos de usted; es aparente su destierro, no pasarán de Valparaíso y volverán a su casa cuando yo vuelva de Concepción“.

Acabada aquella odiosa causa que se siguió con toda circunspección, tratando a los reos con toda consideración, me entregué a disponer mi viaje a Concepción. El Congreso debía reunirse para la convoca­toria; pero temíamos que, siendo los pueblos tan escasos de hombres aptos, sería la reunión tan ridícula co­mo la anterior y que jamás declararían la independencia. En compañía de los mismos que promovieron la constitución provisoria, acordamos que era de necesidad estimular a los pueblos a que terminantemente pidiesen la declaración de la independencia, que había de verificarse al momento mismo de reunirse el Congreso, sin lo que debía ser nulo. Yo iba a pasar por todos los pueblos del sur, y me era muy fácil el promover el proyecto. Para ello me dieron [Francisco Antonio] Pérez, [Antonio José de] Irisarri, [Bernardo de] Vera y todos los demás, una porción de represen­taciones, con distinto estilo, pero dirigidas todas al proyecto acordado. A don Gaspar Marín se le debía escribir para que procurase lo mismo en los pueblos del norte.

No tenía momento seguro para mi marcha en la que, por [para] tomar conocimiento del país, me acompañaba con el Cónsul de los Estados Unidos, Mr. Joel Roberts Poinsett, sujeto apreciabilísimo y que tomaba un interés extremado por nuestra libertad; fue recibido en Junta de Corporaciones por el Gobierno de Chile el 24 de febrero de 1812.


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