Don Diego Portales. Juicio Histórico (Versión para imprimir)

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Capítulo: I
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


Tal vez ningún hombre público de Chile ha llamado más la atención que don Diego Portales, con la particularidad de que a ninguno se le ha quemado más incienso, a ninguno se le ha elogiado más sin contradicción, más sin discusión sobre su mérito.

Portales dominó durante su vida a sus adversarios y persiguió a sus enemigos, sin dejarles un respiro. Después de su muerte hicieron otro tanto sus partidarios, y hasta la época en que escribimos, su nombre ha llegado siempre unido al predominio y a la gloria del partido que ha gobernado la República con el sistema político que estableció aquel personaje y que afianzó con su martirio.

¿Quién ha podido contradecir su mérito, quién ha podido juzgarlo? Durante su vida habría sido una temeridad estudiarlo, y en esa época tanto como en la que sucedió a su muerte, no había ni pudo haber inteligencia alguna libre de preocupaciones para estudiar al hombre ni para apreciar imparcialmente su obra. Por esto es que jamás se ha levantado una voz para contradecir el unísono coro de alabanzas que ha ensalzado siempre el nombre de Portales; y por esto es que hasta ha parecido de mal tono, o se ha mirado como un bostezo de pasiones mal disimuladas, cualquiera palabra, cualquiera objeción que se haya hecho oír en público o en privado contra el hombre que han dado en presentar como el primer estadista de América.

La generación presente ha entrado a la vida, hallando en pié esa gran figura histórica, y no se ha atrevido a tocarla; así como sucede con esos ídolos que, a pesar de su deformidad, llegan a ser sagrados a fuerza de ser adorados por todas las generaciones anteriores.

Los extranjeros que han venido a Chile, o que han querido conocerlo o estudiarlo, han hallado también en pié ese coloso de reputación, y guiándose por los juicios apasionados de sus adoradores, han concluido también por creer que en Chile nada hay más alto que Portales.

Amen de todo esto, la imbecilidad ha venido a prestar su irrevocable sanción al voto que nos han trasmitido los amigos de Portales, y para ella es poco menos que una herejía el no creer en el ídolo, o atreverse a tocarlo sin estar a su altura. No es extraño: la pasión con que se abraza un partido, sea político, sea religioso, hace aceptar siempre sin discernimiento todo lo que se inventa y se dice de sus héroes; y así se forman esas famas prestigiosas, en que los prosélitos creen con entera fe, que admiran con entusiasmo, y que atestiguan bajo juramento, aunque no les consten los hechos de que dan testimonio.

Pero cuando uno de esos héroes ha coronado su prestigio con un martirio cruento, entonces la admiración se convierte en simpatía y la creencia en sus virtudes pasa a ser adoración. Tal es lo que ha sucedido a don Diego Portales. Víctima inmolada al furor de una revolución vencida, fue también, no solamente para su partido, sino para la nación entera, objeto de la veneración y del respeto, porque nadie quiso hacerse cómplice del crimen, y todos prefirieron participar de la gloria de la víctima inmolada.

Portales fue un hombre público feliz, murió muy oportunamente para su gloria. Si hubiera sobrevivido al combate del Barón y muerto después tranquilamente en su lecho, sin más dolores que los de un achaque ordinario, su gloria no habría sido tan viva, ni habría despertado el entusiasmo de sus amigos. Su nombre habría pasado silenciosamente a la historia, después de unas cuantas ceremonias oficiales destinadas a hacer el duelo.

Veinte y cuatro años nos separan de él, y por lo mismo podemos ya pronunciar un fallo desapasionado, puesto que formamos su posteridad. El que estas líneas escribe no está ligado a la memoria de Portales por ningún móvil personal de odio o de amor. Dedicado desde mis primeros años al estudio de la ciencia política, con la noble aspiración de influir alguna vez en el gobierno de mi patria, aunque he llegado a viejo sin realizarla, era natural que estudiase también con interés al hombre que se presenta como el primer estadista hispano-americano; y al emitir sobre él mi juicio, no hago más que trazar una página para la historia. Puede ser que yo provoque alguna refutación, que subleve alguna pasión en mi contra; ¡qué importa! La historia recogerá lo que juzgue verdadero, si es que, al lado de mi juicio, llega a manos de quien la escriba lo que se diga de estos renglones trazados con calma y seguridad.

Don Diego Portales vivió solo cuarenta y cuatro años (junio de 1793 a junio de 1837), y al morir estaba todavía en todo el vigor de su juventud, ágil, lozano, bien apersonado, ceño severo y un tanto burlesco, fisonomía imponente y altanera. Tenía la conciencia de su superioridad, y estando habituado al respeto de todos, miraba y trataba a los que le rodeaban con tal cual aspereza y con modales y palabras que estaban muy distantes de ser dulces y afables.

Aunque era joven cuando estalló la revolución de la independencia, no se apasionó por ella, como todos los jóvenes de su tiempo, y antes bien guardó en general cierta prescindencia que no se conformaba con el entusiasmo de muchos de sus amigos y de no pocos de sus parientes por la libertad de Chile. Menos se conformaba su prescindencia con sus antecedentes personales, porque mientras fue estudiante en el colegio de San Carlos, se distinguió, más que por sus talentos, por un carácter dominante, travieso y arrojado, que auguraba en él más al revolucionario que al hombre de letras y de estudio. Portales no aprendía nada en el colegio, pero subvertía el orden a cada paso e incomodaba a todos, tanto a los superiores como a sus compañeros, con picantes travesuras y extravagantes ocurrencias.

Fuera ya del colegio, se ocupó en el empleo de ensayador de la Casa de Moneda, cuyo jefe era su padre, y mas tarde se dedicó al comercio, llevando en uno y otro giro una vida oscura en medio del estruendo de la guerra, y consagrada a sus afecciones privadas. Pero allí en la oscuridad era siempre el dominador de todo lo que le rodeaba. Dotado de una voluntad persistente y enérgica, dominaba en sus amores como en sus amistades, en el escritorio como en la tertulia, y tenía siempre a su devoción a muchos parásitos, porque era generoso, franco y leal.

Estaba ya en sus treinta y un años de edad Portales, cuando comenzó a figurar en la vida pública, no como empleado sino como negociante.


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Capítulo: II
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En 1823 la Junta gubernativa, que había sucedido en el mando al general O’Higgins, creó el estanco de tabacos extranjeros, “como el único recurso a mano que se presentaba para ocurrir a los inmensos gastos que se agolpaban sobre la hacienda, empeñada en más de un millón de pesos y anulada en todos sus ramos”. Pero dejó libre la venta de tabaco del país y estableció el estanco bajo la dirección del Estado.

El Congreso Nacional, que se reunió poco después, dictó una ley mandando establecer el estanco de tabacos, licores y naipes, desde el 1º de enero de 1825, dejando siempre libre el cultivo y venta del tabaco chileno; pero asignando, como capital del estanco, trescientos mil pesos del empréstito inglés, para que con este capital, y todos los privilegios fiscales y el privilegio exclusivo de importación y venta, se pusiera el estanco en subasta, bajo las mejores condiciones para el Estado [1]. Pero esta ley fue reformada después por el senado conservador y legislador, a propuesta del ejecutivo, cuyo ministro de hacienda era don Diego José Benavente, mandando que la subasta del estanco se hiciera por partidos y por el término de cuatro años, afianzando los subastadores, a satisfacción de la caja de descuentos, el valor de la subasta y las cantidades de dinero y tabacos que esta oficina debía entregarles en el acto del remate.

Con todo, cinco meses después de esta ley (agosto de 1824) y estando el ejecutivo encargado exclusivamente de la administración del Estado por acta del senado hecha el 21 de julio de 1824, el mismo ministro de hacienda expide un decreto aprobando una contrata con la casa de Portales, Cea y Cía. sobre el estanco de tabaco, naipes, licores extranjeros y té, celebrada bajo las mismas bases y condiciones que decretó el último congreso, y que el senado tuvo a bien anular, a propuesta del ministro que ahora las rehabilitaba con un rasgo de pluma.

Los fundamentos de esta resolución inexplicable eran una exposición de cierta teoría sobre el objeto con que debían levantarse los empréstitos, y una sentida queja, muy parecida a una diatriba, sobre el destino que se había dado por el gobierno al levantado en Londres: de todo lo cual tomaba pié el ministro para autorizar la contrata, por evitar, decía, el grave peso que por veinte años gravitaría sobre la república para el pago de los intereses de aquel empréstito.

La derogación de las leyes anteriores era completa: la casa de Portales quedaba por el decreto del señor Benavente dueño exclusivo [dueña exclusiva] del estanco, con derecho exclusivo para comprar y vender, para internar y sembrar tabacos en el país, y para el giro de las especies estancadas entre unas provincias y otras. Todas las justicias y autoridades debían prestarle auxilio para el uso de su monopolio, y quedaban sujetos a las penas más severas todos los particulares que sembrasen tabaco o que teniendo especies estancadas no las consumieran o las vendieran al privilegiado dentro de cierto término perentorio.

He aquí a don Diego Portales instalado de repente en la política e investido de un poder que podía llegar a ser más fuerte que el del gobierno. Inteligente y vivo como era, dominante y emprendedor, se consagró con todas sus fuerzas a explotar el gran negocio que se monopolizaba en sus manos. Su casa de comercio en Valparaíso era sin duda de las más fuertes, no tanto por el capital, cuanto por el vasto giro y las relaciones que mantenía, giro y relaciones que facilitaban a Portales el conocimiento y la práctica de todos los amaños del negociante y de todos los hombres que podían utilizarse de algún modo en el propósito de enriquecerse pronto y a poca costa. Pero de esas relaciones las más importantes y útiles para su porvenir eran las de muchos ricachos que se asociaron a la empresa del monopolio, con las miras de explotarlo en su propio beneficio. Portales necesitaba de la bolsa y del apoyo de esos hombres, porque con solo los capitales de su casa y su propio valimiento no tenía los medios de explotar en gran escala el estanco.

En breve tiempo fue Portales un potentado, que tenía a sus órdenes y escalonada en todo el país una falange de guardas y de espías, que perseguían a los sembradores y comerciantes de tabaco a sangre y fuego, que les decomisaban su mercadería o la incendiaban, que talaban sembrados o allanaban la propiedad particular a su arbitrio. Tenía además factorías y resguardos que servían mejor a sus propios intereses que los resguardos y aduanas públicas al Estado, y dependían de él los estancos de las ciudades, los estanquillos de las aldeas y campañas y hasta, las cigarrerías y las cortadoras de hojas destinadas al cigarrillo. Portales pesaba, pues, de lleno sobre todos los fumadores de la república, quienes, por una visión de óptica muy natural y frecuente en el orden político, veían en él solamente al árbitro dispensador del buen fumar, mientras que en el gobierno veían al tirano de su afición al tabaco.

Esta situación le procuró al jefe del estanco las simpatías y adhesión de todos los pillos y vagos que hallaban en su servicio un buen empleo en que ejercitar sus instintos maliciosos para andar a la husma y sacar provecho del conflicto ajeno. Él los conocía y sabía utilizarlos, no solamente en el giro de su negocio, sino hasta en sus correrías privadas, donde nunca le faltaban algunos de estos truhanes, i hasta en las altas regiones de la política, donde le fueron de gran auxilio.

Tal era la posición que ocupaba Portales en octubre de 1825, cuando con motivo de una asonada promovida por los mercaderes en Valparaíso, un mes antes, contra ciertas medidas de hacienda dictadas por el ejecutivo, surgió un conflicto entre este poder y la asamblea de diputados de Santiago, la cual arrogándose el título y representación de Congreso Nacional, quiso avocarse el conocimiento de la causa. El Director Freire negó a la asamblea tal carácter y rechazó sus pretensiones; el conflicto subió de punto y el Director salió de la capital para volver a entrar al día siguiente y reasumir todos los poderes, mediante la disolución de la asamblea, que fue decretada en cabildo abierto por una reunión numerosa de vecinos que levantaron una acta en tal sentido.

Restablecido el Director, nombró ministros y constituyó un consejo Consultativo compuesto de su ministerio, el presidente de la Corte Suprema, el regente de la de Apelaciones, decano del tribunal de cuentas, comandante general de armas, intendente de la provincia, gobernador eclesiástico y de un propietario, que lo fue don Fernando Errázuriz, y un comerciante que fue don Diego Portales.

Pero esta nueva institución quedó consignada solamente en el decreto que la creó, sin que la historia nos revele rastro alguno de su existencia. Así es que Portales no ejerció nunca ese primer empleo público que tuvo en el gobierno de su patria, ni tuvo entonces ocasión de lucir sus talentos políticos. Es preciso que esperemos su época y que entre tanto nos contentemos con verlo figurar todavía como empresario del estanco.

En 1826 estaba aun en todo el auge de su empresa, cuando el ejecutivo llamó la atención del congreso nacional, en un mensaje demasiado notable, sobre un reclamo hecho por los tenedores de bonos del empréstito de Londres, que se quejaban de la insolvencia de sus dividendos e intereses. El mensaje obró una verdadera alarma en la cámara: el ministro de hacienda fue interpelado sobre las medidas de seguridad que había tomado el ejecutivo para hacer efectiva la contrata de agosto de 1824, y se vino en conocimiento de que el monopolio del estanco había sido entregado por el señor Benavente a Portales, Cea y Cía., sin las fianzas y formalidades que exigía el Senado consulto de 19 de marzo del mismo año, habiendo sido preciso derogarlo por el decreto aprobatorio de la contrata, para celebrarla conforme a la ley del Congreso anterior, que había sido reformada por el Senado consulto, y la cual fue preciso rehabilitar, porque no hacía necesarias las fianzas.

Ardiente fue la discusión que se trabó sobre tales antecedentes, y no podía dejar de serlo, desde que se tocaban los tristes resultados de la medida del ex ministro Benavente, y desde que una realidad más triste todavía venía a sorprender al Congreso, que se halló sin tener contra quien dirigir la acción fiscal, puesto que no había responsabilidad ninguna que hacer efectiva, ni la ofrecía la casa contratante.

El estanco en manos de Portales, Cea y Cía. no había producido un solo beneficio al Estado, y los fines que se habían expuesto en el preámbulo del decreto del ministro Benavente habían sido burlados. La casa era insolvente, el erario necesitaba reasumir el monopolio para organizarlo de nuevo y no perderlo todo; pero tenía que habérselas con un adversario poderoso, que había sacado sus fuerzas del mismo negocio que tan deplorables resultados había producido.

El Congreso Nacional dio pues una ley en 2 de octubre de 1826, trasladando el estanco al fisco y mandando verificar en el término de tres meses un juicio de compromiso con los empresarios para liquidar el negocio. Esta ley, que no aparece en el Boletín respectivo, no fue puntualmente cumplida, pues en mayo de 1827 se expidió otro decreto señalando nuevo término para verificar el juicio y decidiendo sobre ciertos reclamos dilatorios de los empresarios. A fines del mismo año, todavía la cuestión estaba pendiente, y solo a principios de 1828 se registra en los diarios de la época la noticia de la aprobación de las cuentas de los empresarios.



notas:

  1. Todas las leyes a que se alude en este escrito, se registran en los boletines de la época respectiva.


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Con todo, la ley de 1826 trajo otro género de resultados que obraron de una manera bien efectiva en la situación política. Portales se puso en campaña y él y su círculo fueron bautizados con el apellido de estanqueros en la lucha de los partidos. Hasta entonces no figuraban en la arena sino dos bandos, el de los liberales o pipiolos que dominaba, y el de los pelucones o serviles que hacía la oposición. Los estanqueros entraron en liza formando causa común con estos últimos porque eran propiamente una fracción de los pelucones, por sus principios e intereses, y porque su misión no tenía otro fin que derrocar a la administración que les había arrancado el monopolio del estanco.

Portales se había instalado en Santiago después de haberse apartado de la sociedad comercial a que pertenecía, la cual, pasados algunos meses, hizo una bancarrota como de dos millones, la más estupenda que hasta entonces había tronado en estos contornos. Pero el protagonista, cambiando de traje, se había hecho periodista en consorcio con Benavente, el ex ministro de la contrata, y otros tres amigos y antiguos cofrades suyos. De esta comparsa salió el Hambriento, papel público sin período, sin literatura, impolítico, pero provechoso y chusco, según se titulaba él mismo, y que se publicó en diez números desde diciembre de 1827 hasta marzo del año siguiente.

No se sabe asertivamente si don Diego Portales escribía, pero si lo hubiera hecho en tal papel, mala muestra de su destreza literaria nos habría dejado, porque no hay allí un solo artículo que contenga principios, ni ideas serias, ni siquiera la dilucidación de alguna cuestión social, política, administrativa o religiosa, o de mejora local. No hay nada, sino una serie de pasquines en cada número contra las personas influyentes de la administración, y precisamente debe a esto la celebridad que ha traído hasta nuestros días.

El público de entonces se aficionó a cierto gracejo con que el Hambriento ridiculizaba a los pipiolos, poniéndoles apodos, notándoles sus defectos personales y hasta sus faltas privadas y sus vicios: pero aún ese gracejo era una imitación del Granizo de Buenos Aires, y estaba muy lejos de atenuar la injuria o de disfrazar la diatriba que hacía el fondo de todos los artículos en prosa y verso, todos ellos pequeños y de corto aliento, que se publicaban en el periódico estanquero. Con todo, éste excusaba su odioso abuso de la libertad de imprenta, asegurando que se proponía corregir de ese modo el desenfreno y la licencia: “Tiempo vendrá, decía, anunciando como un profeta la ley de 1846, en que los severos aristarcos que hoy declaman contra la acritud de mi sátira, gozando de imperturbable sosiego bajo la tuición benéfica de un reglamento de imprenta que proteja la bienhechora libertad y contenga el abuso del más apreciable derecho, sean los primeros en bendecir mis esfuerzos para proporcionar al país un bien que tanto influye en su ilustración y en su dicha. Esto supuesto, caiga el que cayere y ande la bola”.

Pero el Hambriento no fue más que una escaramuza política que se acabó tan pronto como sus autores se intimaron con los pelucones y comenzaron con ellos a conspirar. Mientras se publicó, dirigía todos sus fuegos contra los pipiolos, enderezaba uno que otro tiro a los pelucones, llamándolos egoístas y burlándose de su apatía, de su corto empuje; y hallaba siempre todo lo honorable e inteligente en los estanqueros, pero sin hacer su elogio, sin escribir de propósito sobre ellos.

No obstante: es muy notable y significativo que ese papel no hubiese hecho jamás un ataque serio y directo a la administración del partido de los pipiolos, que él mismo clasifica en dos bandos, el de los pelagianos, compuesto, decía, de todos los vagos, haraganes, viciosos, aspirantes y tahúres; y el de los liberales, en que colocaba a la juventud ilustrada, a los viejos republicanos y a los hombres de saber que deseaban la reforma.

Sus ataques iban dirigidos ordinariamente a las personas, pero sobre los procederes de la administración no hacía más que sugerir sospechas, ora de malversación en las rentas, ora de planes políticos meditados en secreto. Para hablar de tiranías, tenía que escribir fantasías sobre las que se cometieron en la administración de O’Higgins, y para atacar los abusos de las elecciones de enero de 1828, necesitaba relatar los amaños de los partidarios del gobierno para multiplicar sus sufragios, sin hacer un solo cargo al ministerio. Y era que no había realmente cargos que hacer, y no quedaba otro arbitrio que sublevar el orgullo de nobleza de los pelucones contra los pipiolos vagos, impávidos y advenedizos que gobernaban; la altanería de los ricos contra la pobreza de los rateros que influían en los negocios públicos; el egoísmo y el fanatismo de unos y otros contra la temporalización de las propiedades de los regulares y contra la desvinculación de mayorazgos y otras reformas destinadas a la abolición de los privilegios y del monopolio.

El partido liberal había surgido naturalmente de las reacciones y peripecias políticas que pacíficamente se habían operado después de la caída de la administración O’Higgins, y sin violencia había llegado a colocarse en el gobierno de la república. Pero como no era exclusivo, ni debía su elevación a la guerra civil, ni a luchas violentas de partido, llamaba a la administración a todos los hombres capaces de contribuir con sus luces, su patriotismo o su prestigio, a la organización del Estado, sin desdeñar a los mismos que pocos días antes habían rechazado la causa de la independencia o servido ardientemente en las filas de los realistas. Por eso es que se veían figurar, durante el gobierno liberal, no solo en las comisiones de servicio público gratuito, sino hasta en los puestos más elevados de la administración, a los pelucones, a los O’Higginistas y Carrerinos, a los estanqueros, y aún a los realistas más apasionados. Ábranse los boletines de la época y se verán los nombres de los Ovalles, Errázuriz, Eyzaguirres, Ruiz Tagle, Viales, Meneses, Gandarillas y otros, que a renglón seguido figuran en el gobierno revolucionario de 1830, fulminando decretos contra los liberales, en cuyo consorcio habían aparecido la víspera.

Terminada la guerra de la independencia en 1826, humeando todavía los campos de batalla, y jadeante la república de cansancio y extenuación, los liberales se habían consagrado con más inteligencia y con más perseverancia y patriotismo que partido político alguno en América a la organización administrativa, y a la provisión de las necesidades más urgentes del orden social. Sin rentas para subvenir siquiera a las necesidades más premiosas, paralizada la industria en todas sus esferas, agotados los espíritus activos de la sociedad, en medio de pueblos extenuados, sin acción, sin porvenir, pobres, hambrientos, el gobierno sobre quien hacía llover sus diatribas el papel de los estanqueros, se afanaba por organizarlo todo y por satisfacer todas las aspiraciones por medio de medidas oportunas y rígidamente ajustadas al sistema democrático. En dos años, o menos, Borgoño en el Ministerio de Guerra y Marina, Rodríguez en el del Interior y Relaciones Exteriores, y Blanco en el de Hacienda, habían dado cima a la grande obra de la organización de la república.

El ejército de la independencia había sido reducido, sobre una base sencilla, a tres mil quinientos hombres de las tres armas; y todos los oficiales excluidos del servicio, por no tener colocación en la nueva planta, así como los retirados, habían obtenido, según las leyes de la reforma militar, en fondos públicos del seis por ciento, el valor total del sueldo de su empleo multiplicado por los dos tercios de los años que habían servido. El pago del ejército, la contabilidad, su disciplina, la organización de los tribunales de su fuero, y todos los demás puntos de este negociado, habían sido reglamentados con oportunidad y diligencia.

La división del territorio, el establecimiento de la policía de seguridad, la organización de las oficinas de la administración, desde el ministerio de Estado hasta las más subalternas; la de los tribunales de justicia, su modo de proceder, simplificando los trámites de los juicios ejecutivos por créditos hipotecarios y proveyendo a la pronta y recta administración de justicia en general; el fomento de los establecimientos de instrucción pública, la dotación de párrocos, la venta de los bienes de regulares, todos los vastos negociados que dependían entonces del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, fueron reglamentados y proveídos con inteligencia y regularidad.

Pero en lo que más resplandeció la inteligente actividad de aquella corta administración, fue en los ramos de la hacienda pública: el comercio de cabotaje, el exterior, las aduanas, los diversos ramos de entradas fiscales, como el de patentes, papel sellado y otros; y sobre todo, el crédito público, el reconocimiento y arreglo de la deuda nacional, el buen régimen y orden de las oficinas de contabilidad, todo eso y mucho más trae su organización desde ese período que corre desde 1827 a 1829, y eleva a un alto rango la capacidad de don Ventura Blanco, que, como Ministro de hacienda, se dedicó a tan difíciles negocios de la administración.

La sublevación militar que destronó a los liberales en 1829, vino a encontrar en pié todos esos preciosos trabajos, todas esas leyes orgánicas y reglamentos que han servido de base a los progresos ulteriores, y muchos de los cuales nos rigen hasta hoy. Todavía más, halló también terminada la organización política de la república: el Congreso liberal, instalado el 25 de febrero de 1828, había cerrado sus sesiones el 2 de febrero de 1829, después de haber dado la Constitución de la república y las leyes principales para su planificación, inclusa [incluida] la ley sobre abusos de libertad de imprenta, la mejor y más sabia que hasta ahora se haya dictado en los estados que han tenido la pretensión de reglamentar el uso de la palabra escrita. Pero nada más digno de atención entre esos trabajos políticos que la Constitución sancionada por aquel Congreso: no es esta la ocasión oportuna de analizarla; pero sí lo es de expresar un voto de admiración y gratitud por aquellos legisladores que, con tanto desinterés como patriotismo, pudieron elevarse lo bastante para consignar en su código los principios más sanos de la ciencia política, y organizar su república democrática del modo más practicable y provechoso.

Como entre nosotros se olvida siempre la historia de ayer, la generación presente no tiene ni siquiera la idea de que aquel gobierno liberal hubiese completado en pocos meses la organización del Estado, en medio de las penurias y zozobras, de la pobreza y de las oscilaciones políticas. Se ha hecho creer generalmente que la administración de los pipiolos era el tipo del desorden, de la dilapidación, de la injusticia y de la arbitrariedad. Pero semejantes acusaciones, hijas de la mala fe o de la ignorancia, caen al suelo cuando se hojean los boletines de las leyes de esa época y se estudia un poco la historia. Los mismos autores del trastorno no se atrevieron siquiera a formularlas: los periódicos opositores de entonces respetaron los hechos, aunque ultrajaron a las personas; y la junta revolucionaria, que se constituyó en Santiago, justificaba el movimiento reaccionario en su circular de 7 de enero de 1830, solo por las infracciones de la Constitución de que acusaba a los liberales, cuando la revolución misma no había dejado lugar a que la Constitución rigiese en los pocos meses de vida que tenía. “La Constitución, decía la circular, que había sufrido escandalosas infracciones en los actos electivos, las sufrió mayores y más irreparables, por las Cámaras que de ellos procedieron. Apenas fue reunida una minoría, cuando principiaron los abusos, en la violenta e ilegal traslación del Congreso al puerto de Valparaíso, teatro destinado para la representación de escenas quo no podrían creerse, si no hubiesen sido tan públicas”. La Junta enumeraba estas infracciones para deducir, como una consecuencia precisa de ellas que la Constitución estaba suspensa y que careciendo la república de un gobierno general, era preciso infringirla más todavía, nombrando un Congreso de plenipotenciarios que arreglase las cosas de otro modo.

Todos estos hechos nos comprueban claramente que si Portales abandonó tan luego el campo de la prensa, fue porque vio que el Hambriento no servía a sus propósitos, desde que no podía sublevar la opinión contra un gobierno que estaba defendido por su patriotismo, por su inteligente actividad, por su desinterés y su pureza. Era preciso conspirar para derrocar a ese gobierno, y valía mucho más que la prensa; la palabra hablada al oído, los amaños y evoluciones secretas con que podían recalentarse las pasiones y avivar los intereses egoístas que el sistema liberal ponía en derrota y en conflicto.

Desde entonces perdemos de vista a nuestro protagonista y no podemos recoger su historia sino en los chismes y consejas que la tradición nos ha comunicado. Háblase de logias secretas, de reuniones políticas en casa de algún magnate pelucón, alrededor de una mesa cubierta de un tapete, en cuyo centro brillaba una ancha confitera de plata, mientras que el mate de lo mismo circulaba de mano en mano. Dícese de conciliábulos, de orgías, de ponchadas, en las cuales siempre se conquistaba algún prosélito y se brindaba con calor por la ruina de los pipiolos y pelagianos; pero todo eso no es de esta investigación histórica, en que nos proponemos estudiar a un hombre por sus hechos públicos, una época por sus ideas y sucesos, y no por los detalles que son del dominio de las memorias o que sientan bien en los romances.

Lo que tienen de a propósito esas historietas de tradición, es que nos presentan siempre a don Diego Portales dirigiéndolo y dominándolo todo. Él no se insinuaba en el corazón de los hombres que deseaba hacer servir a sus miras, sino que los asaltaba con tono brusco y con chanzas pesadas las más veces, y les inspiraba confianza por su franqueza y con su osadía. Los viejos pelucones le cedían naturalmente 1ª iniciativa, los jóvenes de su edad lo celebraban y se inspiraban en su charla, y los subalternos se le humillaban y le servían, porque hallaban en él largueza y al mismo tiempo predominio. Portales había aumentado su círculo, agregando a los redactores del Hambriento, dos hombres que para él eran de gran valor por sus ideas y su carácter, Meneses, el asesor de Marcó, y Rodríguez Aldea, que unía a un título análogo, en servicio de los españoles, el de haber sido el ministro íntimo de O’Higgins.

Estos dos nuevos prosélitos eran los fautores y agentes principales de la conjuración. Alguno de los otros había vuelto a la prensa periódica, porque era necesario aprovechar ciertas variantes de la situación para desprestigiar al gobierno que comenzaba a fluctuar. Como la conspiración surtía efecto, ya habían sido descubiertos algunos motines militares y otros habían abortado. El gobierno había ensayado sin tino la clemencia y el rigor, y al lado de los patíbulos de Trujillo, Paredes y Villegas, oficiales subalternos sorprendidos en conspiraciones militares, había puesto el perdón de otros conspiradores más tenaces y el disimulo de las faltas y de las traiciones de personajes que contaba por amigos.

Portales y los suyos aprovechaban todas estas fluctuaciones y la ciega y descuidada confianza de los gobernantes, para extender sus planes de conjuración hasta el ejército del Sur. El general Prieto, que lo mandaba y que había sido colocado allí mediante las intrigas d e los pelucones O’Higginistas, tomó a su cargo la ejecución de los planes liberticidas de los conspiradores.

El ejército del Sur marchó sobre la capital, aclamando la libertad de los pueblos y apellidando la defensa de la Constitución. La sangre de más de dos mil víctimas iba a sellar el triunfo de los pelucones y estanqueros, sobre la administración liberal; y Portales debía trocar su papel de conspirador por el de Ministro de Estado. Vamos a estudiarlo en esta segunda faz de su vida pública.



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Cuando Portales fue nombrado Ministro de Estado en los departamentos de Relaciones Exteriores, del Interior, y de Guerra y Marina, por primera vez en 6 de abril de 1830, no estaba todavía triunfante la revolución pelucona que él habla promovido.

Terminada esa revolución por los tratados de Santiago, en 15 de diciembre de 1829, había principiado otra vez por una segunda insurrección del general Prieto. Recordemos los antecedentes para comprender la situación de la república al advenimiento de Portales al poder.

El ejército insurrecto había llegado hasta las puertas de la capital a fines de 1829. Se apellidaba Libertador, en tanto que los fautores de la revolución no tenían otro propósito que reaccionar contra la única administración liberal que ha tenido la república, destrozando la Constitución democrática de 1828. ¿Se pretendía acaso libertar a Chile de los liberales y de la Constitución más liberal de que nos cuenta su historia?

El Presidente Pinto no había tomado una sola medida contra la insurrección, antes bien, había dejado el puesto, haciendo una renuncia en que formulaba como causales de su separación, las mismas que los revolucionarios invocaban para justificar su movimiento. No era extraño: una fracción de los pelucones, que entonces se llamaba de los O’Higginistas, se había aprovechado de la liberalidad del gobierno y de los puestos que en él tenía para insinuarse en el ánimo del general Pinto, y aún para interesarle en la candidatura a la vice presidencia de su Ministro de Hacienda, don Francisco Ruiz Tagle [1].

La votación del Congreso debía determinar la elección de Vice Presidente. Dos O’Higginistas, Ruiz Tagle y el general Prieto, el cual habían logrado aquellos colocar en el mando del ejército, habían obtenido votos, con don Joaquín Vicuña, que era el candidato liberal. El Presidente se empeñaba por el primero, pero el Congreso eligió al último. He aquí la causa del rompimiento entre el Congreso y el Presidente. Los O’Higginistas no se conformaron, y la revolución estalló, aclamando la nulidad de la elección y protestando contra el despotismo del Congreso.

La renuncia del Presidente no hizo más que envalentonar a los revolucionarios. El gobierno quedó acéfalo, el partido sin jefe. La suprema magistratura recayó entonces constitucionalmente en el presidente del Senado, don Francisco Ramón Vicuña, que, aunque anciano y sin ambición, sintió palpitar su corazón de patriotismo y se puso a la obra con ardimiento y abnegación. La defensa del gobierno constitucional se organizó en pocos días: los jefes de la guarnición de Santiago declararon al Presidente Vicuña que estaban dispuestos a derramar su sangre en defensa de la Constitución; pero faltaba un general. El ilustre Freire se había negado a mandar a aquel puñado de valientes, porque, como él mismo lo decía, sus relaciones con Benavente y los demás estanqueros, lo tenían neutralizado; pero otro viejo patriota, el integérrimo general Lastra, abandonó su retiro y acudió a la defensa de la Constitución liberal.

El momento era tremendo: los dos ejércitos acampaban en los suburbios de Santiago; y sus avanzadas comenzaban ya a cruzar sus fuegos. La población entera estaba en una angustia atroz, y nadie se atrevía a presagiar el desenlace. Portales, Rodríguez Aldea, Garrido y otros de los principales autores del movimiento, se habían situado al lado del general revolucionario; los demás se agitaban en el seno de la ciudad, al lado de los liberales, que, resignados al sacrificio, estaban dispuestos a defender con sus vidas la Constitución.

Pero los liberales querían evitar a toda costa la efusión de sangre, y no excusaban ni el sacrificio de sus intereses personales.

Una noche, en las altas horas, se reunían dos de ellos, don Melchor de Santiago Concha y don Rafael Bilbao, autorizados por su partido, con varios pelucones en un cuarto de la casa de don Joaquín Echeverría, en la calle de las Monjitas. Una sola bujía de sebo y muy gastada los alumbraba; allí estaban, alrededor de una mesa, el dueño de casa, Rodríguez Aldea, Osorio, don Joaquín Prieto y otros. El general llevaba un poncho oscuro y botas de arriero, y cubría su cabeza y su rostro con un pañuelo. La reunión había sido provocada por don Francisco Ruiz Tagle, que, como apesarado de la revolución, había invitado al señor Concha para buscar un arreglo que evitase la efusión de sangre; pero él no había concurrido.

Los liberales se imaginaron que todo podría concluirse dejando los puestos que ocupaban, para que los revolucionarios los reemplazaran y organizaran el gobierno, respetando y conservando la Constitución.

Al efecto proponían que en las provincias insurrectas, se hiciera nueva elección de senadores, renunciando los señores Fernández, Novoa y los demás que se designaran, para que en su lugar fuesen elegidos el señor Ruiz Tagle, don Joaquín Prieto y cualesquiera otros. Reorganizado así el Senado, se elegiría presidente de la Cámara a alguno de esos señores, para que, conforme a la Constitución, se hiciera cargo del Poder Ejecutivo, mientras se hacían las elecciones generales. Los liberales agregaban a esta proposición la de separarse, y aún expatriarse, todos los que los revolucionarios señalasen, con tal de que se evitase la guerra civil y se conservase la Constitución.

Largamente se disputó en aquel conciliábulo sobre esa proposición, que los pelucones no admitían, sin querer comprender la abnegación de sus adversarios. Ellos exigían un sacrificio imposible, porque era deshonroso: querían que los liberales disolvieran el Congreso, declarando nulos todos sus actos, y renunciando todos, como lo había hecho el Presidente Pinto, sin imponer condiciones ni exigir garantías.

Eran ya, las cuatro de la mañana, cuando el general Prieto, que no había desplegado sus labios, se levantó para retirarse, y respondió a la interpelación que le dirigió uno de los liberales: que “no podía aceptar la proposición porque sus compromisos eran muy fuertes y estaban muy adelantados”. Portales, que era el árbitro para desligar al general de esos compromisos, no estaba presente, y su personero, Rodríguez Aldea, no había aceptado el medio que se proponía: eso era bastante. El general se retiró, y por consiguiente, la cuestión debía ser resuelta por las armas[2].

Y en efecto, en la mañana del 15 de diciembre, el estampido del cañón, el estruendo de una batalla, sobrecogieron a los vecinos de Santiago, durante dos horas, que bastaron al general Lastra para destrozar completamente al ejército insurrecto, dispersándole más de sus dos terceras partes, y llegando más allá de las posiciones que ese ejército ocupaba. El general Prieto, envuelto en el desorden de su línea, se halló rodeado de sus enemigos, y dando la mano al comandante del batallón Concepción, pidió la paz. El mayor general Viel mandó cesar el ataque, llamó hermanos a los vencidos; y el general Lastra, advertido de lo que ocurría, corrió también a dar muestras de su generosidad en busca del general Prieto y lo acompañó a su campamento. Entre tanto, por órdenes verbales, los prisioneros y los pasados fueron devueltos, los dispersos volvieron a su línea, y medio reorganizado ya el ejército vencido, el general Prieto, obedeciendo a las sugestiones de Portales y de los amigos de éste, declaró a los jefes vencedores, que quedaban prisioneros en su poder, y recabó de ellos la orden de reunir allí a todos sus oficiales para celebrar una junta de guerra.

Pero aunque estas órdenes fueron dadas, los oficiales vencedores no las cumplieron, declarando, por medio del coronel Tupper, que no las obedecían y que debían serles devueltos sus jefes inmediatamente, so pena de recomenzar el combate. Esta peripecia trajo por resultado un armisticio y el nombramiento de plenipotenciarios que acordasen un tratado de paz. De este modo el ejército vencido, destrozado, imponía una capitulación, mediante el abuso que su jefe había cometido de la confianza y generosidad de los vencedores.

Al siguiente día, los plenipotenciarios del ejército, como tales, ejercieron sus poderes sobre la nación, cuyo porvenir jugaban y de cuyo destino disponían. Los revolucionarios depositaron su confianza en un hombre de inteligencia, estrechamente ligado al general Prieto, y en un hombre de acción como el general Freire, de quien esperaban el triunfo de sus propósitos, porque le consideraban ligado a su causa. Pero no por eso Portales les entregó su confianza completamente, pues colocó a su lado al más leal de sus amigos, don Manuel Rengifo, de quien estaba seguro como de sí mismo.

La obra de los plenipotenciarios fue la siguiente:

El Excelentísimo Señor don Ramón Freire, capitán general del ejército nacional, y don Agustín Vial Santelices, plenipotenciarios por el ejército del Sur; y el señor general de brigada don José Manuel Borgoño y don Santiago Pérez, así mismo plenipotenciarios por el ejército al mando del señor general de brigada don Francisco de la Lastra, para terminar las diferencias en que la diversidad de opiniones constituyó desgraciadamente a ambos ejércitos, después de haber canjeado los respectivos poderes, hemos convenido definitivamente:

1°. Ambos ejércitos se ponen bajo las órdenes y mando del Excelentísimo Señor capitán general don Ramón Freire, que dispondrá de su destino o acantonamiento como estime conveniente al mejor servicio del Estado, su seguridad y tranquilidad pública.

2°. Quedan en consecuencia bajo su mando las armas, parques y todos los útiles de guerra, lo mismo que los empleados de su servicio.

3°. Cesan, desde la publicación de este tratado, los mandos generales de ambos ejércitos.

4°. Tanto los individuos de uno y otro ejército, como los paisanos, no podrán ser reconvenidos, ni mucho menos castigados, por las opiniones políticas que hubiesen sostenido; y por el contrario, serán puestos en libertad y en el pleno goce de sus derechos los que estuviesen detenidos, presos o prófugos de sus hogares.

5°. El ejército del Sur será igualado en sus cuentas al de la capital.

6°. Se nombrará, inmediata y popularmente, una Junta gubernativa provisoria, para que recomiendan, los dos ejércitos y sus plenipotenciarios, a los señores general de brigada don Francisco A. Pinto, don Francisco Ruiz Tagle y don Agustín Eyzaguirre, los dos primeros que reunieron la mayoría en las próximas elecciones, y el tercero, que ha ejercido repetidas veces y con aceptación pública, el gobierno de la nación.

7°. Convocará y presidirá esta elección el Excelentísimo Señor capitán general don Ramón Freire.

8°. La Junta gubernativa provisoria, electa conforme a los artículos anteriores, convocará un Congreso de plenipotenciarios de todas las provincias del Estado, que deberá reunirse a los dos meses de publicado este convenio, o antes si fuese posible, quedando la demás suspenso entre tanto.

9°. Los plenipotenciarios serán autorizados para declarar si ha habido o no infracción de la Constitución, arreglar la ley de elecciones, convocar al Congreso general, nombrar el ejecutivo provisorio que ha de subrogar a la Junta detallada en los artículos 6° y 7º, mientras se verifican las elecciones constitucionales, en caso de decretarlas, supliendo, entre tanto, a la comisión permanente y guardándose la Constitución política del Estado.

10º. Se ratificará este tratado conforme al artículo del armisticio y dentro del término de cuatro horas, y así ratificado se publicará e imprimirá, circulará en las provincias y fijará en todos los lugares públicos en testimonio de la unión generosa de los militares nacionales de ambos ejércitos y ejemplo de sus conciudadanos que convidan a estrecharse con los dulces lazos del genio y carácter chileno. Dado en Santiago de Chile, a las tres de la tarde del día diez y seis de diciembre de mil ochocientos veinte y nueve años.

Nota.- Se autorizan de secretarios a don Manuel Rengifo y coronel don Pedro Godoy.

Ramón Freire.- José Manuel Borgoño.- Santiago Antonio Pérez.- Agustín de Vial.

Manuel Rengifo, secretario.- Pedro Godoy, secretario.

Cuartel general en Ochagavía, 16 de diciembre de 1829, a las seis y media de la tarde.

Queda ratificado en todos y cada uno de sus artículos el presente tratado.

Joaquín Prieto.

Cuartel general en la Cañada, 16 de diciembre de 1829, a las seis tres cuartos de la tarde.

Queda ratificado en todos, y cada uno de sus artículos el presente tratado. Francisco de la Lastra.


Los liberales cumplieron este tratado sin vacilar: siempre confiados y generosos, se felicitaban de haber salvado la Constitución, y dando a la bondad de las instituciones un poder que no tiene regularmente en los hombres a quienes se confía su ejecución, no temían ser reemplazados por sus enemigos en los puestos públicos. El ejército constitucional se colocó a las órdenes del general Freire, y el gobierno liberal se disolvió sin resistencia, entregando a la Junta gubernativa, que se eligió, el poder y los caudales que el presidente Vicuña había custodiado por sí mismo.

Mas no obró así el ejército revolucionario, pues a pesar de haberse elegido una Junta gubernativa cuyo personal entero pertenecía al partido reaccionario, el general Prieto no quiso entregar el mando de sus tropas al general Freire, con varios pretextos frívolos, entre los cuales alegaba como principal, que había sido el ejército libertador el que había tratado, mientras que él retenía el mando del ejército del sur.

El motivo de esta nueva insurrección quedó ignorado en esos tiempos, y los liberales creyeron hallarlo en la ambición del general Prieto; pero en realidad, no había consistido en otra cosa que en la desconfianza que concibieron los revolucionarios del general Freire, desde la primera entrevista que con él tuvieron en la noche del mismo día de los tratados. Así se explicaba después el hecho el ilustre Freire, refiriéndonos el pormenor de esa entrevista; en la cual estuvieron presentes los señores Portales, Rodríguez Aldea, general Prieto, Benavente, Vial Santelices y otros. El valiente capitán general, que no conocía la doblez, expresó entonces su pensamiento con la buena fe que le era tan natural: según él, debía mantenerse a toda costa la Constitución del 28; debían hacerse elecciones constitucionales, sin excluir a ningún partido, y sin perjuicio de elegir provisoriamente de Presidente de la República, a don Francisco Ruiz Tagle; y por tanto, creía que el congreso de plenipotenciarios no había de principiar condenando a las Cámaras de 1829, ni debía reaccionar contra el sistema constitucional.

Portales callaba, Rodríguez Aldea hacía algunas observaciones, pero ambos comprendieron allí que Freire no era su hombre y que con el tratado podían perderlo todo: los demás divagaban, y el general Prieto aseguraba que al día siguiente entregaría su ejército.

Pero al siguiente día, este general no cumplió, al subsiguiente dio excusas, después las excusas se convirtieron en alegaciones; y entre tanto el ejército de su mando comenzó a desbandarse y a marchar para el sur. Portales y los suyos no vieron más a Freire.

Por fin, llegó un momento en que el general Freire no dudó de que tanto la Junta gubernativa, como el ejército del sur, le negaban el puesto en que le habían colocado los tratados; y al mando del ejército constitucional, salió de Santiago, protestando contra la infracción del pacto, y tomando a su cargo la defensa de la Constitución y el compromiso de sofocar la nueva insurrección.

En abril de 1830, la guerra civil estaba en todo su desarrollo; pero los revolucionarios habían ya constituido su gobierno, desde que mediante los tratados de diciembre, que ellos mismos habían infringido, lograron elegir una Junta gubernativa y un Congreso de Plenipotenciarios a su placer, haciendo sufragar únicamente a los ciudadanos que ellos convidaban por una esquela.

La Junta había reorganizado la guardia nacional de Santiago con el nombre de milicia cívica; el Congreso había elegido de presidente provisorio a don Francisco Ruiz Tagle y de vice presidente a don José Tomas Ovalle; y “para restituir el pacto social y poner término a las disensiones”, declaraba nulas y refractarias de la Constitución a las últimas Cámaras y nulos sus actos; mandaba hacer, en el año 31, las elecciones de cabildos, asambleas provinciales, electores de presidente y vice, y diputados al Congreso; y autorizaba al ejecutivo para nombrar intendentes de las provincias donde no los hubiera, quitando a éstas la facultad que la Constitución les otorgaba de elegirlos.

El nuevo presidente había nombrado de ministro al clérigo Meneses, que también acababa de ser el secretario de la junta, para hacer comprender a los liberales que en el ejecutivo quedaban asociados los principios del gobierno de Marcó representados en el ministerio, y los del gobierno de O’Higgins representados en el presidente.

Mas éste, falto de espíritu para encaminar la reacción, renuncia su cargo un mes después de su nombramiento, empujado por las instancias de Portales y de los demás directores de la reacción. El vice presidente lo reemplaza, y se estrena confiriendo a don Diego Portales los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina, esperando de su amor patrio este nuevo e importante servicio a la causa pública [3]; pero conserva en el ministerio de hacienda a don Juan Francisco Meneses (6 de abril de 1830).



notas:

  1. Renuncia del general Pinto.- He recibido el oficio de V. E. del día de ayer, en que se sirve trasladarme el que con igual fecha le dirige el presidente de la Cámara de Diputados, comunicándole la orden del Congreso general para que me apersonase ante él, hoy a las doce, a recibir el encargo de Presidente de la República. El inesperado honor que me hace la Representación Nacional en este decreto, después de la repugnancia que he manifestado dos veces, a tomar sobre mis débiles fuerzas la responsabilidad de tan alto cargo, me deja penetrado de reconocimiento, pero de ningún modo altera mi resolución. No insisto en mis enfermedades habituales. No invoco el principio incontestable de que toda grave responsabilidad debe ser voluntariamente contraída. En otras circunstancias hubiera renunciado gustoso este derecho. Motivos de un orden superior me hacen imposible hacerlo. Algunas de las primeras operaciones del Congreso adolecen, en mi concepto, de un vicio de ilegalidad que, extendiéndose necesariamente a la administración que obrase en virtud de ellas, o que pareciere reconocerlas, la haría vacilar desde los primeros pasos y la despojaría de la confianza pública. No me erijo en el juez del Congreso. Lo respeto demasiado. La inteligencia que doy a la carta constitucional, será tal vez errónea; pero basta que en un punto de tanta importancia difieran mis opiniones de las del Congreso; basta que entre los principios que lo dirigen y los míos, no exista aquella armonía sin la cual no concibo que ninguna administración pueda ser útil; basta sobre todo la imposibilidad de aceptar la presidencia sin aparecer partícipe en actos que no juzgo conformes a la ley, o de una tendencia perniciosa, para que me sea no solo lícito, sino obligatorio el renunciarla. Al represar por tercera, y espero que por última vez, esta resolución, he creído que debía a la nación, que me ha distinguido con su confianza, la exposición franca de mis sentimientos, y suplico a V. E. me haga el honor de trasmitirla al Congreso.- Dios guarde a V. E. muchos años.- Santiago, octubre 18 de 1829. F. A. Pinto. Volver.
  2. Este suceso ha sido narrado cuando vivían varios de sus autores y testigos, que lo han confirmado al autor.
  3. Hasta, ese momento no había prestado ninguno.


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Capítulo: V
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


Don Diego Portales entra a ejercer un poder absoluto que todos temían ejercer. En aquellos tiempos no era fácil encontrar quien quisiera ser tirano de su patria: en los nuestros cualquiera se pinta solo para serlo, o a lo menos para gobernar demasiado; y subdelegado hemos conocido nosotros que se excusaba de sus arbitrariedades, diciendo que no concebía la razón por qué el Presidente solo había de tener facultades extraordinarias, cuando él también las necesitaba en su subdelegación. ¡Admirable contagio del vicio y del abuso!

Entonces los gobiernos no querían seguir el camino en que se había perdido O’Higgins. Investido de poderes amplios, Freire cuando era Director Supremo, había tenido que hacer una exposición de excusas y de razones justificativas para separar del país a unos cuantos ciudadanos, conservándoles sus empleos y rentas y dando auxilios pecuniarios a los que no los tenían. Pinto más tarde había renunciado la presidencia al frente de la revolución, por no tomar medidas extremas. El Presidente Ruiz Tagle acababa de renunciar, porque no se sentía con fuerzas para hacer frente a la situación y dominar a sus correligionarios; y el vice presidente Ovalle también había renunciado por la misma razón. Pero Portales, que lamentaba la falta de energía en sus compañeros, no trepidó en ponerse al lado del último para darle la fuerza que le faltaba, haciendo por supuesto que su renuncia no fuese admitida. Para Portales no tenía valor ninguno la consideración de que habiéndose hecho la revolución, no contra un gobierno despótico, sino únicamente por las infracciones constitucionales que había cometido el último Congreso, no era lógico, ni mucho menos patriótico, erigir un verdadero despotismo para reemplazar a aquel gobierno.

Cuando Portales admitió el ministerio, ya hacía un mes que el Ejecutivo estaba investido secretamente de facultades extraordinarias contra las personas; y públicamente, por decreto de 2 de abril, de autoridad para usar las rentas y de los bienes de la nación y para proporcionarse recursos a fin de restablecer el orden. El Congreso de Plenipotenciarios, que por sí no tenía esos poderes, ni por la Constitución que aparentaba defender y obedecer, ni por los tratados en virtud de los cuales fue convocado, era el que confería tamaña autoridad.

Aquellas facultades no eran conocidas, pero durante cinco meses fueron usadas por el ministerio en toda su latitud; y hasta ahora habrían quedado ignoradas, si Portales no hubiera creído en cierto momento que debía darlas a conocer, solo para satisfacer a los ciudadanos pacíficos y no por complacer a sus enemigos. Son curiosas las notas que con este motivo cambió el gobierno con el Congreso; helas aquí:


Santiago, setiembre 27 de 1830.

Cuando el vice presidente que suscribe se resolvió a tomar las riendas del gobierno en las apuradas circunstancias que rodeaban a la patria, lo hizo con aquel conocimiento de que no podría extinguir la guerra civil que la devoraba, sujetándose a la observancia de fórmulas, que si son alguna vez las protectoras de la inocencia, lo son también con mayor frecuencia del crimen. Esto mismo expuso a los señores plenipotenciarios; y los términos en que está concebido el juramento que prestó el día de su recibimiento, indican demasiado sus propósitos. Satisfecho el Congreso de esta verdad, que solo la práctica de los negocios puede descubrir en toda su extensión, y mereciendo el que suscribe su confianza, fue autorizado en sesión secreta de 7 de marzo último, para destinar dentro o fuera del país a los que se hicieren prisioneros de la división de don Ramón Freire, y a cualesquiera otros individuos que fuese necesario para conservar el orden y tranquilidad pública. Usando de esta autorización, ha procedido contra varios de los más conocidos desorganizadores, para contener en tiempo los progresos de la rebelión que comenzaba a amagar de nuevo a la república: y atacado el gobierno por semejante providencia, que suponen haber tomado excediendo los límites de sus atribuciones, habría convenido publicar las facultades que tiene del Congreso, para poner coto a la calumnia, si la calidad de reservadas con que vinieron, no exigiese previa autorización al efecto.

El que suscribe, tiene la honra de ponerlo en noticia del Congreso, para que si estima conveniente que se publiquen dichas facultades, más bien para satisfacción de los ciudadanos pacíficos, que por complacer a los enemigos de la paz, le comunique oportunamente su resolución. Y con esto se complace en ofrecer al Congreso de Plenipotenciarios el homenaje de su profunda consideración y respeto.

José Tomás Ovalle.

Diego Portales.

Congreso Nacional de Plenipotenciarios.

Santiago, setiembre 30 de 1830.

A S. E. el Vice Presidente de la República.


Cuando los pacíficos pueblos de la República alzaron un grito de indignación contra las infracciones que jamás viéramos, en las elecciones constitucionales, y en las cámaras legislativas del año anterior, todas las provincias se pusieron de hecho independientes, y vino en seguida una guerra civil, provocada y sostenida por los obstinados autores de tanta nulidad e infracción. Triunfó, como era de esperar, la causa del orden y de la justicia, y entonces las provincias nombraron este Congreso de plenipotenciarios para restablecer el pacto de unión y el imperio de la Constitución y de las leyes. Como uno de los medios de cumplir y asegurar tan sagrados objetos, se autorizó a S. E. el Vice Presidente de la República en 7 de marzo último para que pudiese separar del país a los desorganizadores que trabajaban en su ruina, y si la nota llevó la calidad de reservada, solo fue para que el gobierno preparase medidas y tomase providencias que no pudiesen burlarse después de su publicación; puede, pues, S. E. mandarla publicar y también el juramento que prestó en la Sala, como lo propone en su nota de 27 del presente. El Vice Presidente que suscribe saluda a S. E. el Vice Presidente de la República.

F. A. Elizalde.

Manuel Camilo Vial, Secretario interino.


En estas notas se preludian las bases de la política conservadora que se entronizó entonces y que ha dominado hasta nuestros días. Para el gobierno las formas legales son con la mayor frecuencia las protectoras del crimen, si bien alguna vez lo son de la inocencia; el poder absoluto es indispensable para conservar el orden y tranquilidad; sus enemigos son los de la paz y no merecen que se les dé razón de la opresión que se emplea con ellos; el gobierno solo debe satisfacción a sus amigos, que son los ciudadanos pacíficos, es decir, los que no se ocupan en la cosa pública, y los que ocupándose en ella, lo hacen en servicio del gobierno. Para el Congreso no hay obstáculo en confesar por milésima vez que la revolución no se ha hecho contra el gobierno liberal porque fuese déspota o arbitrario, sino por las infracciones en las elecciones constitucionales y en la cámaras legislativas, mientras que para remediarlas, comete mayores infracciones y crea una dictadura; ni tiene tampoco embarazo para calumniar a sus enemigos, presentándolos como autores y provocadores de la guerra civil que solo el partido del Congreso había encendido dos veces consecutivas. Era necesaria esta calumnia para autorizar el despotismo que ese Congreso fundaba.

Aquella era propiamente la primera guerra civil que había manchado la historia de Chile después de su independencia: con ella se había entronizado también el despotismo con su acostumbrado cortejo de calumnias, de hipocresía y de impavidez para negar los principios fundamentales de la vida civil y reemplazarlos por errores y sofismas.

Puesto en esta vía el nuevo ministro y animado, no tanto de ambición, cuanto de un odio a sus enemigos, que había ido irritándose con los contratiempos y con las peripecias que dilataban su triunfo, desplegó una arbitrariedad tan osada en todas sus medidas y hasta en sus actos personales, que admiró y sobrecogió a sus correligionarios, y enamoró a los realistas y O’Higginistas, que vieron restablecidos por el ministro sus buenos tiempos.

Lo primero que hizo fue nombrar intendentes, comandantes de armas, y fulminar varios decretos de prisión; y a los diez días de su poder (17 de abril de 1830), expidió el célebre decreto dando de baja al capitán general Freire con todo su ejército, considerándolos “como los más encarnizados enemigos de la patria, porque se habían sublevado con el único objeto de privar de su libertada los pueblos y reinstalar a un gobierno que acababa de destronarse por el voto unánime de todas las provincias”.

El ministro se olvidaba absolutamente de la historia de la víspera, de los tratados y de la Constitución que aquel ejército quería hacer respetar, y haciendo a un lado las leyes y las formas legales, infligía una pena a los jefes y oficiales que pretendían restablecer las instituciones.

Ya el presidente Ruiz Tagle se había despedido del mando, dando también de baja a cuatro generales, dos coroneles y otros tantos tenientes coroneles, que no habían reconocido al Congreso de Plenipotenciarios. El ministro Portales, con el decreto a que aludimos y con otros especiales completó la medida y la pena quedó aplicada en definitiva a ciento treinta y dos oficiales, entre los cuales se contaban seis generales, los más célebres y gloriosos de la independencia, y más de treinta jefes que habían conquistado sus grados en aquella lucha de héroes. Los nombres de Las Heras, Borgoño, Calderón, Lastra, Pinto, Freire, Godoy, Picarte, Gana, Urquizo, Viel, Tupper y otros tan ilustres como éstos, quedaban borrados del escalafón del ejército de la independencia por la voluntad de don Diego Portales, que había pasado en un laboratorio de ensayador y en un mostrador de negociante los largos años que aquellos habían vivido en los campos de batalla, sacrificando su reposo y su sangre por la libertad de la patria.

¿A qué conducía una medida tan ilegal como injusta? Las razones de Estado, los fines políticos, no la excusaban, porque un castigo semejante infligido a los enemigos políticos no hacía más que condenarlos a la alternativa de triunfar o morir; y con ello no ese alcanzaba otro resultado que el de hacer interminable la guerra civil.

Y así sucedió en efecto; vencido en la batalla de Lircay el ejército constitucional, el 30 de abril, con la pérdida de diez y ocho jefes y oficiales, los demás fueron expatriados, encarcelados y perseguidos; y la misma suerte cupo a los ciudadanos que habían sostenido la causa liberal. El gobierno les hizo comprender que para ellos se restablecían los tiempos en que la única salvación del vencido era la de no esperar ninguna; y naturalmente las conspiraciones comenzaron a sucederse una tras otra, cuando apenas principiaba a afianzar su autoridad el partido triunfante.

Portales era inflexible en su sistema y no parecía sino que se complacía en luchar con sus enemigos y en prolongar la lucha, sin sesgar en circunstancia alguna. El coronel Viel había salvado una columna de la derrota de Lircay, y a principios de mayo apareció con seiscientos hombres en Illapel. El gobierno mandó contra él al general Aldunate, sin darle instrucciones, a pesar de que el general había puesto por condición que se las dieran, porque él no estaba dispuesto a combatir sino a pacificar. Las fuerzas del gobierno llegaron a aproximarse a las de Viel, pero les era imposible empeñarse en un combate, porque sobre no exceder de cuatrocientos hombres, carecían de movilidad, pues su caballería solo a alcanzaba a ciento noventa hombres, mientras que la de los constitucionales llegaba a cuatrocientos. El general Aldunate, cediendo a esta situación desventajosa, y más que todo, estimulado por su idea de evitar otra catástrofe como la de Lircay, provoca una transacción, y por este medio obtiene un verdadero triunfo con el tratado de Cuzcuz, celebrado el 17 de mayo de 1830 y según el cual se somete la división de Viel, sin más condiciones que la de que se conserven a los oficiales sus empleos, no se les persiga por sus opiniones y se deje volver con pasaporte a sus hogares a todos los capitulados. El general Aldunate se comprometió con su palabra de honor al cumplimiento de estas condiciones tan fáciles de cumplir como provechosas para el gobierno, porque ellas eran las mismas que prometía el artículo 2º del decreto de 17 de abril a los militares que se rindieran.

Pero el ministro Portales no pensó así, y aunque ya habían sido cumplidas por los constitucionales las estipulaciones, los persiguió, encarceló y desterró como a los demás; y desaprobó el convenio en una nota dirigida al general Aldunate el 24 de mayo, en la cual revela la nueva política y declara textualmente que el gobierno no puede aprobar el convenio, porque esa aprobación lo comprometería a retroceder en su marcha. “El gobierno cree, decía el ministro al general, que V. S. no era dueño de su palabra de honor que empeñó, y que por esta razón no le liga de modo alguno”; y al lado de esta peregrina creencia, agrega el ministro esta otra frase, que a modo de aquel tremendo ridículo de Triboulet, espanta y hace sonreír al mismo tiempo: “el gobierno juzga que en el estado en que se encontró el país, era necesario y prudente ver con el más profundo sentimiento correr alguna sangre chilena, para evitar que después se derrame a torrentes”. Esto decía para significar al general que el gobierno “consideraba bajo diverso aspecto que él los medios de afianzar la paz, el orden y la tranquilidad públicas”, pues el general debía convencerse “como todas las personas de orden que sienten mejor acerca de la suerte y verdaderos intereses del país, que este se convertiría en un teatro de convulsiones y espantoso desorden, si los que los promueven siempre se dejasen en posesión de los elementos que torpemente se han puesto en sus manos” [1].

¡Horrible doctrina la de que el orden no se puede mantener sino derramando alguna sangre, y persiguiendo y negando toda capitulación, todo perdón a los adversarios aunque estén vencidos!



notas:

  1. No se trataba de eso, sino de dejarlos volver a sus hogares sin armas.


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Capítulo: VI
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


Portales tenía carácter y prendas para ser el jefe representante de la reacción colonial que se inauguraba entonces contra la revolución de la independencia, la que había llegado en 1828 a sus últimos resultados en Chile, planteando la república democrática que comenzaba a ensayarse, para llegar mas tarde a convertirse en realidad.

Ningún político medianamente hábil recurre jamás al terror para fundar ni sostener su poder, porque basta una inteligencia común, no se necesita genio, para comprender que un interés exclusivo no puede perpetuarse, ni aún sostenerse por largo tiempo, en pugna con otros intereses políticos o sociales. La resistencia desgasta los resortes del poder extraviándolo de su rumbo: así lo han comprendido siempre todos los hombres de Estado que han pretendido dominar.

Pero no lo han comprendido así jamás los que se han encargado de llevar adelante una reacción: todo gobierno reaccionario es ciego porque es apasionado. Siempre que un espíritu abatido, siempre que un interés o cierto orden de intereses sociales derrotados vuelve a la acción, en lucha con su adversario, la pasión domina a sus representantes, y cuando estos llegan a apoderarse del poder, son déspotas sin remedio, y su despotismo raya en la crueldad, en la locura.

He aquí la razón por que Portales era déspota sin tener ambición y sin abrigar un corazón feroz. Portales no era hombre de genio y estaba bien lejos de serlo, pero tenía bastante aliento, osadía, energía y ardor en grado suficiente para encarnar en sí toda la pasión por el gobierno absoluto y todo el odio por los liberales, que los hombres de sus antecedentes y de su condición sentían en su tiempo.

Dominado de esa pasión y estimulado por ese odio, Portales fundó el gobierno fuerte, sistemando un extenso espionaje contra sus adversarios, y aplicando en todo caso rigurosamente y sin excepción la regla corruptora de dispensar todos los favores del poder absoluto a los que lo acatasen y se le humillasen, y de perseguir sin conmiseración a los enemigos y aún a los indiferentes.

No fue necesario mucho tiempo para que comenzaran a pulular al abrigo de este sistema corruptor todos los intereses egoístas, y muy pronto se vio el gobierno pelucón reforzado por todos las realistas (los godos) que habían decaído con la revolución de independencia, por todos los hombres medrosos o indiferentes que necesitaban del favor del poder para asegurar su tranquilidad personal, o su posición social, o sus intereses privados.

Los liberales, excluidos de toda protección, perseguidos o desairados por la autoridad, quedaron aislados y condenados a conspirar perpetuamente, no tanto para reconquistar el poder, cuanto para conquistar las garantías y la tranquilidad que los amigos del orden les negaban a nombre del orden y de la tranquilidad pública. El ministro Portales no los dejaba alentar, y descontento de no haber hallado, a pesar de prolijas investigaciones, rastro alguno para acusarlos de robos o dilapidaciones durante la administración liberal, o de otros manejos ilegales, los perseguía como conspiradores y los condonaba a un ostracismo perpetuo, a nombre de la necesidad que había de robustecer la autoridad, alejando de toda participación en los negocios públicos a hombres tan funestos por sus ideas desorganizadoras y por sus propensiones a la anarquía. Colocados en tal situación los liberales, por fuerza tenían que ser enemigos del nuevo gobierno y consecuentes con sus antecedentes.

El exterminio de este partido era obra del tiempo. Los años pasarán sobre él apagando sus esperanzas, domeñando su carácter y desacreditando sus principios, hasta que el desprecio y aún el olvido vengan a sepultar esos principios. La reacción colonial triunfará completamente...

Nosotros somos testigos de su triunfo, como que pertenecemos a esta generación que, durante los 30 años de su predominio, se ha desarrollado y educado en el desprecio de los principios liberales, en el miedo al poder, en el hábito de esperarlo todo de su voluntad y de su munificencia, en la falta de estabilidad y de eficacia de las instituciones republicanas, en la persuasión de que todas ellas son una farsa, porque la autoridad en su práctica las ha desacreditado, siendo la primera en falsearlas y en aplicarlas mal.

No importa que el sistema exclusivo y restrictivo de Portales sea alguna vez relajado por sus sucesores, en gracia de la concordia o de la necesidad de dar una tregua a la lucha. El sistema hará siempre el fondo de la reacción y reaparecerá con mayor empuje cuando ésta se halle en peligro de perder su dominación, a causa de la natural aspiración de la sociedad a cimentar sus relaciones en el derecho y la libertad. No importa, sobrarán los imitadores de Portales en esos peligros: la generación que debe su educación al sistema, lo servirá sin comprender que obra contra sus intereses, creyendo con toda fe que el gobierno fuerte es preferible al gobierno flexible, que el espionaje y el despotismo son medios legítimos de afianzar la autoridad, que la autoridad debe predominar sobre la libertad, que la república es una farsa, que la sociedad no debe gobernarse sino dejarse gobernar, que la opinión pública es una mentira. Todo eso y mucho más en el mismo sentido creerá y hará la generación de los 30 años, y mirará como ilusos a los que crean en la libertad; y confesándose hija agradecida de la revolución de independencia, no tendrá rubor de renegar contra ella, acatando y profesando los errores de la vida colonial, y lo que es más triste, creyendo que nuestras sociedades no tienen salvación sino en la Monarquía, puesto que la república, que ella conoce, esa república que ha bastardeado y parodiado la reacción colonial, es impotente.

Tal es el resultado moral y político de la misma reacción en toda la América española; pero es de notar una circunstancia que, en medio del naufragio de la revolución de la independencia, ha favorecido la organización del Estado en Chile, dejando a la sociedad en una situación excepcional.

Apenas terminaba la revolución de la independencia, cuando naturalmente, por un efecto de las leyes naturales de la sociedad, comenzó a abrirse paso la reacción del espíritu colonial y de los intereses que esa revolución había humillado. Los mismos capitanes que la habían servido llevaban ese espíritu en su educación y en sus instintos. Aquí principia esa lucha eterna que ha desacreditado a la América a los ojos del vulgo de Europa, y que ha infundido y aún inspirado extravagantes conclusiones a los escritores que, negados a toda observación filosófica, se han creído capaces de fallar sobro nuestro porvenir, sin más autoridad que la que les daba la posesión de una pluma y del papel que han borrajeado.

Nadie ha querido ver que aquella reacción, teniendo un mismo punto de partida, ha debido buscar distintos apoyos en las diversas secciones americanas, porque la situación social se diferenciaba en todas ellas, por razón de sus antecedentes coloniales y de los intereses predominantes. Así, la reacción colonial entre los argentinos buscó el elemento salvaje, que los caudillos de la independencia habían sublevado y colocado en acción, tal como sucedió en Venezuela y en Centro América. En México, en el Perú y en Bolivia, esa reacción se asiló en la desmoralización administrativa y en la corrupción social que la colonia había engendrado y que la revolución vino a poner en fermentación y en escena. En Chile, en el Ecuador y en Nueva Granada, la reacción buscó un apoyo en la población aristocrática, que a través de la revolución había conservado su adhesión al privilegio y al despotismo, y sus medios y recursos para defenderse de la invasión de las nuevas ideas.

La ambición voló en alas de esos elementos, y Rosas, Monagas y Carrera asombraron al mundo con su despotismo salvaje y sus extravagantes locuras; una caterva de dilapidadores ha hecho cubrirse el rostro de vergüenza a los peruanos y mexicanos; y la tenacidad de los conservadores y su despotismo representado y ejercido por sus distintos jefes, ha inundado en sangre repetidas veces a Chile, el Ecuador y Nueva Granada.

Esa diferencia ha influido profundamente en los resultados; allí donde la reacción colonial ha sido salvaje, la lucha ha tenido un carácter atroz, y la reacción no ha tenido tiempo ni inteligencia para organizarse; donde ha sido corrompida e inmoral, la lucha se ha prolongado y la desmoralización ha corroído todos los resortes de la organización del Estado, sin que al fin haya quedado en la arena ningún elemento social capaz de predominar y de asegurar el porvenir de la sociedad: donde la reacción ha sido apoyada por la aristocracia, allí se ha organizado fuertemente en las instituciones y en las costumbres, y cuando el principio liberal no ha podido obrar pronto, como en Nueva Granada, para utilizar esa organización y apoderarse de ella en beneficio de la sociedad, la reacción colonial presenta, como en Chile, el fenómeno de un pueblo español constituido en República, pero más tiranizado, más atrasado y menos progresista que la España monárquica.

Por esto es que el Estado, como hemos dicho, en medio del naufragio de la revolución de la independencia, se ha organizado en Chile; pero como su organización es contraria al gran fin de aquella revolución, que es la república democrática, la reacción colonial principiada por el partido de Portales en 1830, y continuada hasta ahora, ha dejado en pié el problema y ha legado a la posteridad la necesidad de comenzar de nuevo la revolución y de consumarla.

¿Qué hiciéramos para que los hombres públicos de la América española comprendieran de este modo la gran cuestión de nuestro porvenir político y social? Si todos se persuadieran de que la reacción coloniales la única fuerza que ha puesto en juego las ambiciones personales, el egoísmo, la codicia y demás pasiones e intereses innobles que han alimentado hasta ahora la guerra civil en América, no estarían distantes de comprender que la única salvación de nuestro porvenir está en el triunfo de las instituciones democráticas.

Este triunfo será la obra de una nueva reacción del espíritu liberal, reacción que puede ser también tan costosa y sangrienta, como lo ha sido su contraria, si los que gobiernan no le facilitan su desarrollo adhiriendo a ella con fe, para encaminarla de una manera pacífica a su término. Si el espíritu liberal ha de reaccionar, tarde o temprano, contra el elemento salvaje, como ya sucede en Buenos Aires y Venezuela, contra la corrupción administrativa y social, como sucede en México, contra los intereses privilegiados y exclusivos, como ha sucedido en Nueva Granada, la voz del patriotismo americano aconseja a todos los que gobiernan echarse en esa misma vía para terminar de una vez la guerra deshonrosa y degradante a que nos han condenado los gobernantes que, como Portales, han venido a colocar la reacción colonial en la senda que llevaba la revolución para llegar a su fin.



notas:


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Capítulo: VII
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


Diez y seis meses solamente estuvo Portales a cargo de los ministerios que se le encargaron por el gobierno revolucionario, antes de la batalla de Lircay, habiendo dejado de desempeñar el de guerra y marina durante el corto tiempo que lo ejerció el general Cruz; pero no necesitaba de más para dar el tono y trazar la marcha de la administración. A su salida, los liberales quedaban abatidos y sin acción ni representación ninguna, ni en la administración, ni en la prensa, ni en la enseñanza: de todas partes habían sido arrancados para el destierro. La policía de Santiago quedaba organizada para perseguir, por medio de un reglamento que atribuía a los vigilantes numerosas y temibles facultades. El ejército estaba bien pagado; y desde sus jefes hasta el último de sus soldados, sabían que la delación era un nuevo medio consagrado para adquirir ascensos, recompensas y favor del gobierno; y para el caso en que a pesar de semejantes alicientes fuese desleal, se había prestado una atención preferente a la organización y disciplina de la guardia nacional, agasajando a los artesanos y empeñando su gratitud, tanto por medio del trato personal e íntimo, como por decretos supremos, tal como el de 6 de mayo de 1830, en que el gobierno decía que “deseando dar un testimonio de su reconocimiento a los importantes servicios que estaban prestando a la nación los cuerpos cívicos de la capital, desde el momento en que los pueblos resolvieron vengar el ultraje con que fueron hollados sus sagrados derechos, había solicitado del Congreso de Plenipotenciarios autorización para invertir cinco mil pesos en vestuarios que debían dárseles sin cargo alguno”. La administración de las provincias quedaba completamente asegurada en manos de intendentes, gobernadores, asambleas y municipalidades de la devoción del gobierno y de toda su confianza; y por fin, se había hecho la elección de diputados, senadores y electores de presidente al arbitrio del partido triunfante y sin tener al frente un solo adversario.

Esa era la obra de Portales a mediados de 1831. Auxiliado poderosamente por el Congreso de Plenipotenciarios, había logrado someter a la nación entera, halagando y soliviantando todos los intereses retrógrados y egoístas, y persiguiendo al partido vencido en todas las esferas, en todos los ángulos de la sociedad. El Congreso de Plenipotenciarios había dado al gobierno autorizaciones sin límites para todo y en todo, sin tener él mismo más autoridad que la que le daban los tratados de diciembre; y a propósito de nuevos peligros, oficiaba al vice presidente, en 16 de febrero de aquel año, “haciéndolo responsable ante la nación si no ponía en ejercicio todas las facultades que se le habían conferido y de que nuevamente le investía el Congreso para hacer cuanto juzgase conveniente”. Y no solamente lo facultaba de nuevo, sino que lo “conjuraba por la patria a no omitir medio alguno de salvarla, y lo hacia responsable ante ella misma de cualquiera omisión causada por esos sentimientos de pundonor que solo podía imaginar la delicadeza del vice presidente”. Más tarde, en abril, aprobando las medidas que el ejecutivo había tomado por noticias de un proyecto de invasión de los chilenos desterrados, “le encarecía los males a que el país se hallaría expuesto continuamente si no se tomaban providencias severas para escarmentar a los delincuentes”.

Ese Congreso, tan parecido a la asamblea legislativa de Rosas en su entusiasmo por constituir un gobierno fuerte y por autorizar el despotismo, era el destinado a dar el golpe de gracia a las instituciones liberales. En setiembre de 1830 había devuelto a las comunidades de regulares los bienes que por ley de septiembre de 1826 se habían mandado vender, tomando aquella resolución a consecuencia de las solicitudes que al efecto habían hecho las municipalidades de Santiago y Concepción, y que el ejecutivo había recomendado.

Esta manera de iniciar reformas retrógradas, por medio de solicitudes de los cabildos, era un expediente ideado entonces para dar un origen popular al la derogación de las leyes más notables del gobierno liberal; y Portales se había valido de él para dejar asegurada la reforma de la Constitución antes de separarse del mando.

Una solicitud, con este objeto, había sido elevada por la Municipalidad de Santiago el 18 de febrero de 1831 al gobierno, y éste la pasó al Congreso de Plenipotenciarios, que no tardó en dictar una ley mandando circular la solicitud en todos los pueblos de la república e invitando a los electores de senadores y de diputados a que expresasen, en sus sufragios, si daban a sus representantes la facultad de anticipar y convocar la Gran Convención que la Constitución había mandado formar en 1836. La invitación fue obedecida como un precepto unánimemente, y la Constitución fue derogada de hecho por los electores, en la parte que determinaba lo relativo a su reforma.

El nuevo Congreso, que habla sido elegido con tal incumbencia, no nos dejó grandes muestras de su laboriosidad en el período ordinario de sus sesiones: de modo que no dio a Portales la gloria de poner su nombre en ninguna ley ni decreto que merezca notarse; pero el Senado le dio una muestra de respeto, cuando Portales renunció, en junio de 1831, la vice presidencia de la República, a que había sido elevado por el voto de los electores ministeriales en las elecciones de aquel año: el Senado decía en su contestación “que había resuelto, acto continuo por unanimidad, lo siguiente: no ha lugar a la admisión de la renuncia”.

Por fin, el 31 de agosto, sin que el Congreso hubiera decretado todavía la reforma de la Constitución, a que lo habían autorizado los electores, el ejecutivo admitió la renuncia que don Diego Portales hizo del ministerio, y expidió una circular firmada por don Manuel Carvallo, como oficial mayor, anunciando este acontecimiento y lisonjeándose de que las fatigas y desvelos del ministro le valían la gloria de ver convertido el país que la desgracia tenía envuelto en la anarquía, en tranquila mansión de la libertad.

El mismo ex-ministro hizo burla de este sarcasmo imprudente, riéndose en su tertulia de aquella frase y atribuyéndola al genio travieso del que la había redactado.

Portales bajaba del poder en los momentos en que era el árbitro absoluto de la voluntad y simpatías de su partido. Pudo ser presidente dos veces y lo rehusó, pudo ser dictador, como Rosas, presidente perpetuo, como Santa Cruz, pero jamás reveló tales intenciones. Semejante desprendimiento que tanto lo enaltece, y que nos proporciona la complacencia de rendirle un homenaje que la historia no le debe por sus principios, por su funesta política, por sus hechos administrativos, no era lo que le hacia grande a los ojos de sus secuaces y compañeros. Lo que estos admiraban y admiran aún era al hombre enérgico y sin miedo para despotizar, al político audaz que había sabido arruinar a sus enemigos, al ministro sin piedad que se burlaba de la desgracia que causaba, y cuyas palabras burlescas y actos de rabia o despecho se repetían y revestían de los colores de la anécdota para aplaudirlos y ensalzarlos. ¡Funesta y ridícula propensión de nuestra sociedad a considerar grande hombre al que tiene ínfulas de tirano y osadía para despreciar la libertad y encadenarla!

El ejemplo de esa osadía ha sido fecundo, como lo es siempre el mal ejemplo, y como que es tanto más fácil gobernar arbitrariamente que de un modo racional y ajustado al derecho y la justicia. La porción retrógrada de nuestra sociedad, por tanto, ha tenido varios hombres grandes de su gusto que admirar, pero ningún estadista a quien la historia deba aplausos; pues la política conservadora, que es la política de la mentira y de la arbitrariedad [1], no puede producir sino mediocres administradores o mandones enérgicos al estilo del que la fundó entre nosotros.



notas:

  1. Véase la introducción de nuestro libro La Constitución Política de la República de Chile comentada, en que está latamente demostrada esta verdad.


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Capítulo: VIII
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


En los cuatro años que trascurrieron después de la renuncia, el gobierno pelucón se organizó completamente, formulando las bases de su política en la Constitución de 1833 y las de su administración en los trabajos de don Joaquín Tocornal y de don Ramón Cavareda que desempeñaron los ministerios que antes tenía Portales; y sobre todo en los del antiguo camarada de este ex ministro, don Manuel Rengifo, a quien él había llevado al ministerio de hacienda desde el 15 de junio de 1830.

Durante este período figura Portales desempeñando en algunas ocasiones el gobierno de Valparaíso, y retirándose por largos intervalos al descanso y goces de la vida privada, pero sin perder jamás el ascendiente y la influencia que sus antecedentes le habían conquistado en el ánimo de todos los que figuraban en el poder. Su consejo era siempre solicitado y obedecido, y aunque él no tenía parte en los trabajos orgánicos ni podía dirigirlos, contribuía eficazmente a mantener en el gobierno la inflexibilidad y el espíritu centralizador que le había inspirado.

El Congreso de 1831, después de la separación de Portales, había declarado la necesidad de la reforma de la Constitución de 1828, mandando formar una Convención compuesta de diez y seis miembros de la cámara de diputados y veinte ciudadanos, unos y otros elegidos por el Congreso, y todos los cuales debían prestar juramento de hacer la reforma en los términos más oportunos para asegurar la paz y tranquilidad del pueblo chileno: (ley de 1º de octubre de 1831.)

Esos términos más oportunos no eran otros que los que produjeran una completa centralización de todos los poderes en el Ejecutivo, pues los revolucionarios de 1829, que propiamente eran contrarrevolucionarios, porque reaccionaban contra uno de los grandes fines de la revolución de la independencia, profesaban el principio de que la única y mejor garantía del Orden estaba en la acumulación de la autoridad en el poder ejecutivo, y no en la concordia de todos los intereses y de todos los derechos, que se había procurado buscar antes por medio de las instituciones liberales [1].

A pesar de la formación de la Convención, el Congreso siguió funcionando y legislando, no solamente sobre los negociados ordinarios de la administración, sino también sobre objetos comprendidos en los dominios de la Constitución política, pues en septiembre de 1832 declaró que los artículos de aquel código relativos a mayorazgos exigían una especial declaración legislativa; en enero de 1833 mandó suspender las elecciones de senadores, diputados, miembros de las asambleas y municipalidades, por cuanto la Convención había ya derogado los artículos constitucionales relativos a este punto.

Los trabajos de la Convención fueron lentos, y aunque en su seno había una pequeñísima minoría de ultra reaccionarios, a cuyo frente campeaba don Mariano Egaña con un proyecto de constitución que organizaba el senado con senadores perpetuos, que daba al Presidente de la República la facultad de disolver la cámara de diputados, que fijaba un mecanismo singularísimo para la elección de aquel funcionario, dándole, además, atribuciones de inmenso alcance, entre las cuales aparecía, por primera vez, la de declarar en estado de sitio la República; no obstante, la mayoría consumó su obra adoptando los términos más oportunos para constituir un ejecutivo poderoso, hasta para anular y suspender el imperio de la Constitución misma, desechando las extravagantes exageraciones de aquel proyecto tan calculado para suprimir el sistema parlamentario.

Pero Portales no tuvo parte en la reforma, y si influyó remotamente en ella por medio de sus amigos, debió ser precisamente en contra de las pretensiones de la minoría, que de otro modo ésta habría pasado a ser la mayoría de la Convención.

Entre tanto, como conocedor que era de todos los vicios administrativos que abrían ancha senda al fraude y a la dilapidación en Valparaíso, vicios que traían su origen de la época colonial y que no habían desaparecido completamente en la administración liberal, Portales se dedicaba a extirparlos, ejerciendo su autoridad de gobernador de aquel departamento con una latitud hasta entonces desconocida. Para él no había restricciones posibles, y su arbitrariedad no solo era excusada por la santidad del fin que se proponía, sino también celebrada y apoyada por los gobernados, ante quienes el gobernador aparecía como el hombre más astuto, más franco, más enérgico y más poderoso que hasta entonces había ocupado aquel puesto.

Prevalido de este prestigio, organizó la guardia nacional de Valparaíso, procurándose fondos mediante el rescate que hacia pagar a los grandes capitalistas comerciantes, a quienes daba siempre los puestos más subalternos de la milicia para obligarlos a pedir su separación a costa de una multa; y puso todos los empleos en manos de sus devotos, por lo general interinamente, para probarlos y tenerlos siempre dependientes de su voluntad. Todos estos amaños y el lujo de arbitrariedad que desplegaba, aún en las medidas más insignificantes, lo hicieron temible a los ojos de los nacionales, y encantador a los de los extranjeros residentes en Valparaíso, que celebraban con entusiasmo las cosas de don Diego.

Después de promulgada la Constitución el 25 de mayo de 1833, Portales fue nombrado consejero de Estado por decreto del 29 de aquel mes, y no por eso vino a tomar parte en los consejos de gobierno, prefiriendo mantener su influencia indirecta por medio de sus estrechas relaciones con los ministros y del respeto absoluto que el presidente le profesaba. Ya a mediados de 1832, éste le había expedido despachos de ministro de guerra, concediéndole una licencia para que pudiera prepararse para volver a la capital; pero Portales había hecho en junio su renuncia definitiva, negándose tenazmente a aceptar aquel destino. Esta renuncia dio margen a que el gobierno recabase del Congreso un voto de gracias a don Diego Portales, en atención “a la deuda de gratitud que había contraído la nación para con este patriota distinguido, que, abandonando sus intereses particulares, había contribuido tan señalada y eficazmente a la restauración del orden y al establecimiento de la administración ejecutiva sobre bases sólidas que habían hecho revivir el imperio de las leyes y la confianza pública”.

El Congreso decretó “que el Presidente de la República diera las gracias a don Diego Portales, a nombre del pueblo chileno, y le presentase el decreto como un testimonio de la gratitud nacional debida al celo, rectitud y acierto con que desempeñó los ministerios del Interior y de Guerra, y a los generosos esfuerzos que había consagrado al establecimiento del orden y tranquilidad de que disfrutaba la patria”. (Septiembre 24 de 1832).

Esta ovación oficial de que era objeto el ex ministro, talvez tenía origen en la suposición de que su retiro nacía de que él estuviese lastimado por la ingratitud de los que habían subido al poder mediante sus esfuerzos; pero de todos modos, ella le daba su verdadero carácter histórico, no en cuanto el Congreso lo suponía en su decreto restaurador del respeto a las instituciones nacionales, porque al contrario, esas instituciones habían sido derrocadas con la revolución sino en cuanto lo presentaba como el fundador del nuevo orden y de la estabilidad del gobierno reaccionario, cuyo fundador y director había sido.

Y con efecto, Portales merecía de su partido un homenaje, porque era cierto que, abandonando sus intereses particulares, había consagrado sus desvelos a fundar y fortificar el gobierno erigido por la revolución de 1829, poniendo al servicio de esta revolución su dinero y su persona, y dedicándose a asegurar su triunfo con abnegación y desinterés. El había roto con el gobierno liberal, es verdad, por consecuencia de la liquidación de la contrata del estanco, pero aquel rompimiento no había estimulado su codicia ni su ambición personal, ese era su mérito, sino que avivando su odio por el sistema liberal y su desprecio por los liberales, lo había hecho lanzarse a la empresa de destronarlos por medio de la revolución. Consumada la empresa y organizado en el poder el partido retrógrado, Portales estaba satisfecho y no podía tener otra aspiración que la de ver perpetuarse el orden de cosas que él tan eficazmente había contribuido a fundar. Esto era muy lógico en su carácter franco y desinteresado, y era también muy digno de la gratitud de su partido.

Pero si era merecido el homenaje, no era justo ni verdadero el partido gobernante al arrogarse el título y representación de la nación para hacerlo, ni al declarar que la patria disfrutaba de orden y tranquilidad por los esfuerzos del ex ministro. Ni la nación podía racionalmente sentir gratitud por el fundador del gobierno despótico, que la había despojado de todas sus libertades, que no le dejaba tan siquiera la de la palabra; ni la tranquilidad pública estaba asegurada, porque la tenacidad con que se persiguió al partido liberal daba ocasión a continuas conspiraciones y por consiguiente a una intranquilidad perpetua. Pocos meses antes de aquel homenaje, los tribunales habían juzgado la conspiración de Labé y los sargentos; algunos meses después, en diciembre de 1832, juzgaban la de Reyes y demás co-reos, y tres meses mas tarde nuevos motines daban motivo al Congreso para investir al Presidente de facultades extraordinarias, por la notable ley de 31 de agosto de 1833, cuyo preámbulo declaraba “que en el espacio de los cinco meses anteriores se habían descubierto tres conspiraciones dirigidas a destruir el gobierno existente, alguna de las cuales manifestaba haberse concebido un plan del carácter más atroz y desconocido hasta entonces en la revolución!

Los documentos públicos de esa época nos dan pues noticia de cinco revoluciones, abortadas más o menos en ese tiempo mismo en que el voto de gracias sancionado por el Congreso atribuía a Portales el restablecimiento del orden y de la tranquilidad de que disfrutaba la patria; y esto sin contar las innumerables que habían sido descubiertas durante su ministerio. Argüían además contra el fundamento del voto de gracias los centenares de chilenos que había desterrados en el extranjero, o relegados en las provincias, confinados en el presidio de Juan Fernández o encerrados en las cárceles a disposición de los consejos de guerra.

De consiguiente, la situación continuaba siendo tan violenta e insegura como antes de la renuncia del ministro Portales, con la diferencia de que sus sucesores en el ministerio, después de haber promulgado la Constitución reformada, se habían dedicado con empeño a la organización de la administración, sin desatender por eso el sistema de política que aquel les había trazado y que ellos amaban y comprendían tan bien como él, uniendo así la atención de los intereses públicos, con la de los intereses del partido que tenían que amparar y sostener en él poder. A su lado se hallaban entusiastas partidarios de aquel sistema y un inspirador fecundo, el señor Egaña, autor del proyecto de Constitución que había sido desechado en la Convención, y que, a pesar de tal contraste, era el más ferviente instigador de la política restrictiva y absolutista.

Con todo, el ministro Rengifo, que tanto se distinguía por su laboriosidad y por su acierto en las medidas que había tomado para reorganizar la hacienda pública, para aumentar las rentas y para establecer el crédito sobre una base segura, prescindía hasta cierto punto de la política militante, y no prestaba su asentimiento respecto de la protección decidida que su colega don Joaquín Tocornal dispensaba a los intereses del clero y a la rehabilitación de todos los elementos retrógrados que habían surgido a flote en la sociedad desde el triunfo del partido reaccionario.

Pero esta divergencia, que dio lugar más tarde a una división del partido triunfante, no impedía que se observase rigurosamente en todas las medidas administrativas el plan de centralización: nunca se tomaba alguna sin tener cuidado de que todo dependiera de la voluntad del gobierno, de asegurarle la dependencia de todos los funcionarios, y de hacer que él solo fuese el árbitro dispensador del poder y de los favores, del bien y del mal, y hasta de los beneficios y garantías que prometían la Constitución y las leyes.

Hasta entonces un solo centro de autoridad, las Cortes de Justicia, iba escapándose de esa dependencia sistemática, bien que ya el poder judicial había sido invadido por el ejecutivo desde que la nueva Constitución ponía a su arbitrio el nombramiento de los empleados judiciales, y desde que le era lícito hacer juzgar, por medio de consejos de guerra de militares, todas las causas de política. Pero una de las varias conspiraciones descubiertas en 1833 proporcionó al gobierno la oportunidad de dar un golpe terrible a la independencia judicial, para consumar así la única conquista que le quedaba que hacer en las regiones de la autoridad.

No pasaba aquella de ser un simple conato, una conversación entre los coroneles Acosta, Arteaga y otros jefes; y el consejo de guerra, al juzgarla, había tenido que hacer una excepción a su costumbre de aplicar la última pena, condenando a los reos a destierro. La Corte Marcial, en segunda instancia, mitigó la pena acortando el tiempo de destierro. Pero como ya en dos de las causas de conspiración, juzgadas en 1832, había hecho otro tanto este tribunal, revocando la sentencia de muerte fulminada por los consejos de guerra, el gobierno intentó castigar semejante independencia y decretó, el 4 de octubre de 1883, el arresto y suspensión de los miembros del tribunal hasta la resolución de la causa que les mandó formar por torcida administración de justicia, a virtud de la facultad que la Constitución le daba para velar sobre la cumplida administración de justicia, y de la consideración de que los jueces habían infringido manifiestamente las leyes al dictar aquella sentencia.

El fiscal de la Corte Suprema, don Mariano Egaña, a quien la voz pública atribuyó entonces la medida, y hasta la redacción del decreto del ejecutivo, acusó a los jueces pidiendo contra ellos las penas de infamia, de destitución, de inhabilidad perpetua y de destierro a una isla, fundándose en que los reos eran dignos del último suplicio por estar convictos y confesos, no de un delito comenzado a poner por obra, sino de una conversación sobre la necesidad de un trastorno. La acusación era pomposa y aseverativa, pero el proceso la contradecía en todas sus partes; y el texto de las leyes citadas en ella era diametralmente opuesto a lo que el fiscal pretendía hacerles decir.

La Corte Suprema absolvió a los jueces, salvando de este modo la independencia judicial de la invasión del sistema político del gobierno; pero su absolución no alcanzaba a reparar la grave ofensa hecha a la dignidad de los magistrados, ni mucho menos a moderar los efectos morales del ataque: desde entonces ya los jueces debían tener entendido que su independencia e integridad para juzgar podía traerles el odio del gobierno, y de seguro que no sería fácil hallar muchos magistrados valientes que quisieran afrontar ese odio, o por lo menos, poner en peligro su carrera.



notas:

  1. El Araucano, dirigido entonces por don Manuel José Gandarillas, tratando de refutar un luminoso y patriótico escrito de don Ventura Marín contra la reforma de la Constitución de 28, acusaba a este código de defectuoso por la extensión que daba al derecho de sufragio, porque admitía a los destinos públicos personas no calificadas, es decir, no propietarios acaudalados; porque establecía asambleas provinciales, y sobre todo, porque prohibía al ejecutivo arrojar del país a un perturbador secreto, o encerrar a un conspirador astuto, sin formarle causa. El periódico oficial se pronunciaba también contra las fórmulas, como el gobierno, y a este propósito replicaba el señor Marín palabras que no podemos dejar de copiar: “La arbitrariedad, decía, es hija del despotismo, y arbitrariedad e inobservancia de las fórmulas, son sinónimos, en la opinión del señor Constant, y de todos los que entienden el lenguaje de los políticos modernos. Estas barreras del poder ejecutivo son, como dice este autor, las divinidades tutelares de las asociaciones humanas, las únicas protectoras de la inocencia y las que mantienen por sí solas las relaciones de todos los hombres. Sin ellas todo es oscuro, todo se entrega a la conciencia solitaria, a la opinión vacilante: las fórmulas son las que prestan la evidencia, y por lo mismo, son el único recurso a que puede apelar el oprimido; y yo añado, ellas son la esencia de todo gobierno libre, lo que por tantos años han reclamado todos los pueblos cultos, y lo que en las presentes circunstancias nadie les puede quitar. Teniendo el poder ejecutivo la facultad indeterminada de extrañar a un perturbador oculto, sin que éste pueda reclamar la injusticia ante un tribunal de la nación, no hay legislador, no hay juez que no esté sujeto a la arbitrariedad del mandatario y de sus últimos agentes; no hay individuo en toda la república que no sienta el peso de una autoridad ilimitada; no hay ciudadano virtuoso que no tema la suerte de Malesherbes, de Vergniaud y Condorcet, y que no prefiera los azares de una revolución a los peligros de una situación precaria e insubsistente. Pero ¿para qué me canso en explanar una verdad que ha llegado a ser común? Baste decir a Vd., señor editor, que en Inglaterra tiembla el gobierno al usar de la facultad que le dan las cámaras de suspender el habeas corpus. No me diga usted que este lenguaje pertenece al dominio de la retórica, porque es una cosa vieja en todas partes que estos son los términos en que se responde a los defensores de los derechos del ciudadano. Si después de la última revolución convino revestir al ejecutivo de facultades extraordinarias, ha llegado el tiempo de que éstas cesen y de que se cierre, por la estricta observancia de la Constitución (la de 1828), una puerta que puede sumirlo todo en el abismo de la arbitrariedad o en los horrores de la anarquía...”. ¡Esta profecía se ha cumplido! Araucano, número 41, 42 y 43.


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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


El gobierno era poderoso: su marcha inflexible, sistemática, decidida, lo había rodeado de prestigio y de terror, y la fuerte organización que se había dado en todas las jerarquías de su autoridad, había asegurado definitivamente su triunfo y el de su partido. Los cuatro años trascurridos, desde la separación de Portales del ministerio hasta 1835, habían bastado a sus sucesores para consumar la empresa iniciada por aquel y elevar al partido pelucón a la plenitud de su predominio, al cenit de su poder. Pero la reacción colonial no se había operado todavía completamente, porque en el seno mismo del partido triunfante hallaba alguna resistencia: ella alcanzará a todo su esplendor más tarde, cuando, con la mayor naturalidad y sin resistencia ninguna, se erijan templos al fundador de la colonia, a título de ser el introductor de la religión y de haber sido tan gran conquistador; cuando el público se preocupe de milagros obrados en casa de un ministro de Estado [1]; cuando el mismo secretario universal del partido reaccionario, el canónigo Meneses, suba al púlpito a sancionar con su palabra de sacerdote las supercherías que se armen sobre la santidad de un donado; cuando, en fin, la prensa oficial proclame con descaro que “El partido conservador tiene por principal misión la de restablecer en la civilización y en la sociabilidad de Chile el espíritu español”, y los imitadores de Portales perfeccionen de tal modo el original, que lleguen a dar su nombre al sistema de política iniciado por aquel [2].

Pero lo que es en 1835, todavía la reacción colonial luchaba con los resabios de liberalismo que aun se conservaban; y una prueba de ello tenemos en aquella divergencia que se abrigaba en el seno del gabinete, y de que antes hemos hecho mérito. Por ese tiempo traspiró hasta el público esa divergencia, con motivo del proyecto de una legación a España para solicitar el reconocimiento de nuestra independencia, que el ministro del Interior había formulado. Los amigos del ministro de Hacienda estallaron; y Benavente, el antiguo ministro de la contrata del estanco, el compañero de Portales desde la época del Hambriento, fundó un periódico titulado el Philopolita, que apareció por primera vez el 3 de agosto de aquel año, con el objeto confesado de corregir el fanatismo y negligencia del ministro del Interior. “La prensa periódica, según el Philopolita, estaba en la más espantosa nulidad”, como que en realidad no había papel alguno hasta entonces, si no era el periódico oficial; pero el ejemplo del Philopolita fue fecundo y luego aparecieron el Farol para apoyar y defender al ministro atacado, y el Chileno y el Voto público, para segundar el ataque. El Philopolita se declaraba liberal por convencimiento y protestaba odiar la tiranía, no obstante que había contribuido tan eficazmente a fundarla; elogiaba la marcha del gobierno, daba su voto por la reelección del Presidente de la república, pero sostenía que “el ministro del Interior era inepto, negligente para todo, menos para servir al fanatismo, pues su conato era poner a Chile en el estado en que estaba la España de los aciagos días de los Felipes”. A más de esto, desde su primer número hizo oposición acalorada contra la misión que se proyectaba para España.

Estaba visto, la prensa opositora únicamente se sublevaba contra el triunfo del fanatismo, o más propiamente, contra la retrogradación del gobierno hacia uno de los vicios de la época colonial. El Farol adoptó el sistema consagrado por la prensa del despotismo, llamando ladrones, desorganizadores, revolucionarios, enemigos del orden a los escritores del Philopolita, a fin de convertir la discusión en disputa y dar pretexto a un golpe de Estado; pero llevó su indiscreción hasta censurar malignamente al ministro de Hacienda.

La situación pacífica, o mejor diremos, sumisa y obediente, había cesado, y esto ponía en conflictos al gobierno. Por eso fue que al mes de haber aparecido el Philopolita, el 21 de setiembre, fue nombrado Portales ministro de Guerra, y trasladándose a Santiago, se hizo el centro de los amigos del gobierno y de los escritores ministeriales. Los antiguos amigos se habían dividido: Garrido y Meneses campeaban en el Farol, Benavente y Gandarillas en el Philopolita.

Dos meses después, 9 de noviembre, Portales reasumía además los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, y Tocornal se dedicaba al de Hacienda. Rengifo había renunciado el 6 de este mes, y el Philopolita, temiendo sin duda esa concentración de fuerzas en el ministerio, terminaba su tarea en el número décimo quinto y lamentaba la separación del ministro de Hacienda. “Los que quieran descubrir la verdadera causa de esa pérdida, decía, búsquenla en ciertas ideas erróneas, en varias suposiciones y en algunos hechos falsos que, de poco tiempo a esta parte, guían la política de nuestro gabinete. Allí encontrarán el criadero del descontento, compuesto por la credulidad, la astucia y la superstición, y fomentado por áulicos, cuyo interés público está reducido a trabajar párrafos halagüeños para cada uno de los potentados”.

Así trataba de explicar el Philopolita, como una empresa de la astucia y de la falsedad, la preferencia que Portales había dado a la conducta y a la política del ministerio del Interior sobre la del de Hacienda y de los antiguos amigos que tanto le habían ayudado en otro tiempo a conquistar el poder; y le dirigía además un sentido artículo sobre los efectos de la impostura, recordándole que él mismo, Portales, había sido víctima de ella a propósito de la negociación del estanco. Pero si hubo más astucia en el ministro del Interior, no se debió a ella el triunfo de la política retrógrada y absolutista sobre la política flexible y liberal en religión que los filopolitas habían iniciado, sino exclusivamente a las simpatías y principios del hombre omnipotente: Portales pensaba como Tocornal, y éste no había dado un paso sin su consejo: ahí estaba la solución del enigma.

Los filopolitas fueron derrotados, cayeron de la gracia del gobierno por haber pretendido tan solo atacar la superstición y el fanatismo, no obstante sus protestas de respeto por la política profana del gobierno; pero la opinión pública comprimida hasta entonces, como estaba, los acogió y les premió, con mayores simpatías que las que merecían, el pequeño esfuerzo que habían hecho por liberalizar al gobierno, siquiera en cuanto a los negocios clericales.

El ministro Portales se apresuró a darles una prueba bien eficaz de su adhesión a la política combatida, haciendo su estreno con varios decretos sobre la separación del Seminario Conciliar del Instituto Nacional, sobre el plan de estudios eclesiásticos, sobre el encargo a Italia de veinte y cuatro religiosos de la orden seráfica para el colegio de Chillán; y promoviendo al poco tiempo la erección del arzobispado de Santiago y de los obispados de Ancud y de La Serena. Y esto no era porque el ministro fuese fanático o siquiera piadoso, no; sus hábitos y sus sentimientos le impedían serlo. Pero era lógico y sabía que sobre ser esencialmente fanático su partido, era el clero un sólido apoyo de su poder: y eso era lo que no habían comprendido los pelucones filopolitas.

El movimiento de la prensa producido por el Philopolita duró solamente hasta diciembre. En 1836, durante los primeros seis meses, todo enmudeció, y el gobierno asumió de nuevo su actitud imponente. Pero ya en julio principió a cambiar enteramente la situación, y entraron el gobierno y la sociedad en una época de agitación y de actividad verdadera, que sobrevivió al ministro Portales, y durante la cual desplegó la administración pelucona todos los recursos de que eran capaces sus directores y adquirió toda la gloria y el poder que le han servido para perpetuarse en el mando.



notas:

  1. En 1852 se habló mucho de la verdad de un milagro del ánima del siervo de Dios Bardesi en casa del Ministro del Culto, y la prensa en general trasmitió el hecho sin comentarios.
  2. Últimamente se ha llamado Montt-Varismo la política que antes pudo llamarse con igual propiedad Portalismo o Tocornalismo o Egañismo, etc.


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Capítulo: X
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En uno de esos días, el menos pensado, llegó a Valparaíso un bergantín peruano, el Flor del Mar, trayendo correspondencia del encargado de negocios de Chile en Lima con la noticia de que el 7 de julio en la noche había zarpado del Callao una expedición contra Chile mandada por el general Freire y compuesta de la fragata Monteagudo y bergantín General Orbegoso, ambos de la escuadra peruana.

El ministro Portales no trepidó, y al instante tomó las medidas necesarias a la seguridad del orden; y como si hubiera dudado de la adhesión del Congreso, no ocurrió a él y se apresuró a expedir una circular declarando en estado de sitio por seis meses las provincias de Chiloé y Valdivia, y por sesenta días la de Santiago y cualquiera otra que fuese invadida por alguna expedición exterior. Al mismo tiempo y en la misma fecha (28 de julio), el gobierno comunicó al Congreso el suceso, acompañando copia de la circular, en prueba de las medidas que había tomado, y asegurando que se miraba como un hecho que la expedición se había formado con la protección del gobierno peruano. Las cámaras contestaron considerando la expedición como un ataque a la independencia nacional, y manifestando su confianza en el celo del gobierno.

Con efecto, los chilenos desterrados en Lima habían emprendido aquella invasión, en parte estimulados por cartas de Chile que les pintaban el descontento de los pueblos por la tiranía del gobierno y la facilidad que había de sublevarlos en masa, y en parte muy principal urgidos por la situación penosa en que se hallaban por las miserias y conflictos de la proscripción.

En esa época el Perú se organizaba bajo la dirección del presidente de Bolivia. Sabido es que estando dominante en todo el norte del Perú la revolución de Salaverri, sublevó Gamarra el Cuzco por su cuenta y con la aprobación del jefe del gobierno de Bolivia, dejando así reducido al presidente constitucional provisorio, general Orbegoso, al solo departamento de Arequipa. Entonces fue cuando el gobierno de Bolivia celebró con el plenipotenciario de Orbegoso aquel singular tratado de la Paz, el 25 de junio de 1835, por el cual adquirió la facultad de invadir el territorio peruano para intervenir en sus contiendas y restablecer el orden alterado, comprometiéndose Orbegoso a abonar los gastos y a convocar una asamblea de los departamentos del sur, con el fin de fijar las bases de una nueva organización.

Santa Cruz penetró en el territorio del Perú con un formidable ejército, destrozó a Gamarra en Yanacocha, y en Socavaya a Salaverri, a quien tomó prisionero y fusiló en Arequipa con ocho jefes más también prisioneros; y después de tanta matanza y de tanto desastre, se puso a la obra de organizar la Confederación Perú-Boliviana. La asamblea prometida por Orbegoso se reunió en Sicuani, e invocando al Ser Supremo, constituyó el Estado Sud-Peruano, compuesto de Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno, por acta solemne de 17 de marzo de 1836. En julio de aquel año se debatía en la asamblea de Huaura todavía la formación del Estado Nor-Peruano, y la asamblea había nombrado entre tanto presidente provisorio a Orbegoso, que también era Presidente del Estado Sud-Peruano.

Tal era la situación política del Perú, cuando zarpó del Callao la expedición de los proscritos chilenos organizada al abrigo de aquella situación. El gobierno provisorio, que tenía una escuadra de once buques sin ocupación ni acción, y sin fondos para sostenerlos, determinó ponerlos en arriendo: y los chilenos, que vieron la oportunidad de procurarse buques de guerra con tan gran facilidad, se pusieron en movimiento y organizaron su empresa, mediante las relaciones que allí tenían don José Maria Novoa y don Rafael Bilbao.

Pero los chilenos no solicitaron la protección del gobierno peruano, ni éste la ofreció, ni la prestó. A haber sido así, aquel gobierno habría adoptado, como podía, según dice Santa Cruz en su Vindicación, medidas más eficaces y mejor calculadas para el logro de sus fines, y dado auxilios importantes al general Freire para facilitarle el triunfo. Tres cajones de tercerolas, uno de sables y unos cuantos tiros de cañón que los expedicionarios se procuraron con los pocos medios que contaban, no eran elementos bastantes, ni siquiera para empezar una insurrección en Chile; y si el gobierno peruano hubiera tomado parte en la empresa, seguramente no habría permitido por su propio interés que se acometiera con tan insignificantes elementos.

Pero si la historia puede absolver a los chilenos expedicionarios de la falsa acusación de haberse puesto al servicio de un gobierno extranjero contra su propia patria, no puede excusar del todo a los depositarios de la autoridad que regía entonces en Lima, porque, si no prestaron su aquiescencia a la empresa, fueron por lo menos remisos y no cumplieron con el deber de impedir la realización del proyecto de los desterrados, que sin duda conocieron en tiempo.

Novoa arrendó por medio de don José María Quiroga la Monteagudo en 4.400 pesos por un año, con la fianza de don José María Barril, que también era desterrado chileno. Don Vicente Urbistondo arrendó el Orbegoso, por el mismo término en 3.500 pesos con la fianza de un señor Letelier. Ambos arrendamientos se hicieron por las autoridades peruanas con todos los tramites acostumbrados, bajo un inventario prolijo, del cual resultaba que la fragata tenía siete cañones de a doce y cuatro de a diez y ocho en la bodega, y el bergantín seis carronadas con veinticuatro cartuchos.

Los arrendatarios tripularon sus buques en el Callao, pagando a algunos de sus marineros en la capitanía de puerto; y tomando sus papeles para Guayaquil, zarparon con bandera peruana el 7 de julio en la noche, pero sin llevar a bordo al general Freire. Al día siguiente en alta mar se les juntó el general y montó el Orbegoso. El coronel Puga y algunos otros se trasbordaron a la Monteagudo, y dando a conocer a la tripulación el objeto de la expedición, pusieron proas al sur, y marcharon juntos durante seis días. Su plan era tomar la guarnición y los presos de Juan Fernández y con ellos entrar a Valparaíso; o en caso de no poder verificarlo así, dirigirse a Chiloé, donde el general contaba con antiguas simpatías.

Pero en las alturas de Juan Fernández, el 1º de agosto, entre dos y tres de la mañana, la tripulación de 42 hombres de la Monteagudo, que navegaba sola, se sublevó, poniendo presos al coronel Puga y a sus compañeros que eran 11; y levantó una acta de adhesión al gobierno de Chile, aclamando comandante primero y segundo a Rojas y Zapata, que eran los caudillos de la insurrección. Rojas había concebido la idea de este movimiento desde que supo el objeto de la expedición, y aprovechando la oportunidad de haber sido comisionado en alta mar con Zapata y otros para trasbordar del Orbegoso las tercerolas y sables que traían los expedicionarios, se confabuló con ellos fácilmente, persuadiéndolos de que no tenían nada que esperar de una empresa tan arriesgada, mientras que podían recibir pingües recompensas del gobierno de Chile, si le entregaban la fragata. Rojas, que era de una familia aristocrática de Chile, había fugado en su niñez de la casa paterna, y de marinero había recorrido toda la costa del Pacífico. Después de haber sido jornalero mucho tiempo en Guayaquil, se había trasladado al Callao, y hallándose mal en este puerto y con la determinación de volverse a su anterior residencia, se enganchó en la Monteagudo; pero se sintió violentamente contrariado cuando en la navegación supo cual era el verdadero rumbo del buque y el objeto de la empresa. Animoso como era, y sin ninguna simpatía por los expedicionarios, se propuso y logró cruzar sus planes[1].

Entre tanto el gobierno había puesto en acción todos sus recursos para excitar el patriotismo con la idea de que la expedición era un ataque del gobierno peruano a nuestra independencia nacional. Los antiguos infantes de la patria y las milicias de Santiago y Valparaíso, por indicaciones bajadas de lo alto, hicieron pomposos ofrecimientos de sus servicios, y el gobierno les correspondió con decretos laudatorios. La gran mayoría de la nación, no obstante, estaba a la expectativa de los sucesos, haciendo votos en el fondo de su corazón por el buen éxito de la empresa de los liberales, cuyas desgracias los habían hecho altamente simpáticos; pero como el terror inspirado por la política del gobierno había aniquilado el espíritu público e introducido la desconfianza, todos callaban y disimulaban sus esperanzas.

El 6 de agosto por la tarde entraba en la bahía de Valparaíso la fragata Monteagudo escoltada por el Aquiles y las lanchas cañoneras que, habiendo salido a atacar a los buques expedicionarios, tuvieron la fortuna de encontrar la fragata ya rendida por la insurrección de Rojas. El pueblo entero coronaba todas las eminencias y presenciaba en silencio los regocijos y algazara a que se entregaban los amigos del gobierno.

El día anterior había tomado a San Carlos de Chiloé el general Freire con diez y ocho hombres, y se había instalado allí pacíficamente a esperar la fragata; pero en su lugar llegó la goleta Elisa que iba a dar la noticia de la expedición, y cayó en poder de los expedicionarios. Los días pasaban y el general no tomaba medida alguna: apenas se habían encontrado doscientos malos fusiles y trescientos pesos. Urbistondo escribía a Lima sobre la fortuna que habían tenido en la toma de Chiloé, pero lamentaba la escasez de armamento y decía que si lo hubieran traído, habrían podido poner en pié de guerra un ejército de cuatro mil hombres. Al fin el 28 en la noche llegó la suspirada Monteagudo, pero tripulada y armada por tropas del gobierno. Su comandante Díaz fingió una completa docilidad a las indicaciones del práctico que salió a introducirla; pero a las pocas horas ya se había apoderado sin dificultad del Orbegoso, de la Elisa y de las fortalezas. Al día siguiente, la autoridad destituida se reinstaló, y el general Freire con algunos de sus amigos se asilaron en una ballenera, de donde los sacó Díaz y los trajo prisioneros a Valparaíso. Así fracasó en poco más de un mes la mal calculada expedición de los chilenos proscritos, que estimulados por su desesperación y engañados por sus esperanzas y por la fe que tenían en su causa, se habían lanzado sin recursos a una empresa tan arriesgada.



notas:

  1. Rojas fue después nuestro cliente, y sus relaciones, así como las del capitán general Freire y otros actores de aquellos sucesos, nos han servido para formar esta relación, en vista de los documentos oficiales de la época.


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Capítulo: XI
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El Ministro Portales no se había preocupado demasiado con la expedición. Otra idea antigua en su mente le había dominado, la idea de llevar la guerra al Perú, como un medio de ocupar útilmente la atención de los chilenos, afianzando el poder de su partido y llenando la esperanza que abrigaba de poner orden en aquella república, como creía haberlo puesto en Chile. Los triunfos de Santa Cruz le habían alarmado, la organización de la confederación Perú-Boliviana le infundía temores por la suerte de los estados débiles que iban a quedar alrededor de aquel coloso, la pretensión de hacer un puerto de depósitos en Arica le preocupaba por el porvenir de Valparaíso, la injustificable suspensión decretada por Orbegoso del tratado de Chile con el Perú, que había ratificado el gobierno de Salaverri en enero de 1835, y la expedición de los chilenos expatriados le habían irritado. Portales dejaba de ser un simple mandón: las circunstancias habían despertado su patriotismo y le convertían ya en hombre de Estado, que extendía sus miras mas allá de su gobierno, que salía de la órbita estrecha de un tiranuelo y aspiraba a mantener la dignidad de su patria. Una nueva faz de su vida pública empieza aquí, y en ella se manifiesta, más activo, más fecundo, más atrevido, que cuando se ocupaba solamente en perseguir liberales, como que la política exterior le presenta un campo más franco a su arbitrariedad.

El 13 de agosto, cuando zarpaba la Monteagudo para Chiloé, salía también muy secretamente para el Callao la Colocolo y el Aquiles, al comando de don Victorino Garrido, con la orden de apoderarse de los buques de guerra peruanos que encontraran, a fin de retenerlos como prenda de paz, hasta que nuestro gobierno recibiera del de aquella nación las explicaciones y reparaciones adecuadas a la ofensa que le había hecho, amparando la expedición del general Freire.

Al mismo tiempo se promulgaba la ley de navegación, y se sancionaba la de 16 de agosto, autorizando al Presidente de la República para aumentar la fuerza naval con seis buques más, o con mayor número si con acuerdo del Consejo de Estado juzgase haber motivo o temor de guerra; y a más facultándole para levantar un empréstito de cuatrocientos mil pesos para llenar el presupuesto de marina. El Ministro Portales tomaba a su cargo levantar este empréstito, repartía esquelas y empeñaba en ello todas sus relaciones y valimiento. En el ministerio y entre sus agentes íntimos se notaba una actividad inusitada. El periódico oficial escribía largos y bien dispuestos artículos para probar que el gobierno peruano había mandado la expedición de los chilenos contra nuestra independencia. El gobierno activaba el juicio formado contra los expedicionarios y mandaba igualmente formar otro acusando de alta traición a los que habían hecho en ese tiempo un préstamo al general Rivaguero, ministro de Orbegoso, porque se suponía que el dinero prestado había sido destinado a la expedición.

En el Callao sucedían en la misma época acontecimientos singulares. El Aquiles había llegado allí el 21, dejando a la Colocolo en Arica, y a las doce de la noche echaba al agua ochenta hombres en cinco botes bajo la dirección del capitán Angulo, los cuales tomaron sucesivamente al abordaje, pero sin resistencia, y de sorpresa, la corbeta Santa Cruz, el bergantín Arequipeño y la goleta Peruana, únicos buques de la escuadra del Perú que había allí en estado de servicio y cuyas tripulaciones gozaban a esas horas del sueño más tranquilo que puede un militar tomar en el seno de la paz. A las dos de la mañana, esa nueva escuadra de Chile estaba fondeada fuera de tiro de cañón, y más tarde su comandante oficiaba al gobierno peruano diciéndole que su inexplicable conducta había obligado al de Chile a tomar por su propia defensa aquellas medidas, para retener los buques como prenda de paz y devolverlos quizá, si se le daban satisfacciones suficientes. Al mismo tiempo entregaba a los oficiales y marineros que no habían querido continuar en los buques apresados, sirviendo a Chile, y pedía que se permitiera embarcarse al Encargado de Negocios y demás chilenos que desearan salir del Perú.

Santa Cruz estaba ya en Lima de Gran Protector de la Confederación, que acababa de quedar definitivamente constituida por la asamblea de Huaura, y su primera providencia fue la de aprisionar al Encargado de Negocios de Chile, y embargar tres buques mercantes chilenos. Pero muy pocos minutos después dio libertad al primero y cambió enteramente de actitud, procurando entenderse pacíficamente con el encargado de las fuerzas navales de Chile, con quien a los pocos días celebró una esponción, dejándole retirarse con los buques apresados, con tal de que no continuase sus hostilidades. Santa Cruz no quería la guerra, y persuadido de que necesitaba primero organizar la Confederación, comenzó desde entonces a procurarse un arreglo por las vías diplomáticas con el gobierno de Chile, que obstinado en lo contrario, negó redondamente su aprobación a la esponción.

La guerra estaba ya resuelta en el ánimo del gobierno, y el apresamiento de los buques, ejecutado sin reclamaciones anteriores y sin las condiciones de cortesía y diplomacia que el derecho hace precisas, era una prueba concluyente de ello, porque era una hostilidad que solo podía justificarse por el estado de guerra. Nuestro ministro en el Perú se había limitado a reclamar que se formase una sumaria indagatoria para averiguar quiénes habían formado la expedición de los chilenos, y negándose a ello el encargado de las relaciones exteriores del Perú, se había debatido largamente el reclamo, sin pasar adelante y sin reclamar en forma sobre la expedición. Pero el ministro Portales no entendía de fórmulas, ni se sujetaba a las reglas del derecho: él repetía que Chile era la Inglaterra de América y que por consiguiente no debía profesar más derecho de gentes que la fuerza, ni necesitaba de más declaraciones de guerra para castigar al gobierno peruano.

Aquel acto de filibusterismo, que cometido por los norte-americanos habría espantado al mundo y nos habría autorizado para llamarlos piratas, elevó la dotación de la escuadra chilena a ocho buques, sin necesidad de invertir el empréstito levantado: cinco de ellos eran peruanos, la Monteagudo, el Orbegoso, la Santa Cruz, el Arequipeño y la Peruana, y a los tres meses se aumentó este número con la corbeta Libertad, que arrancada por dos de sus oficiales del poder de sus jefes, desertó y vino a ponerse al servicio de Chile. El gobierno premió esta defección tan provechosa, talvez con más liberalidad que la de los marineros de la Monteagudo, a quienes por ley de 6 de septiembre, se dieron seis mil pesos de gratificación, a más de quinientos a cada uno de los cabecillas Rojas y Zapata, a los cuales también se concedió una pensión vitalicia de doscientos pesos anuales.

Los últimos meses de 1836 fueron para el ministerio de gran laboriosidad. El de relaciones exteriores empeñó con el plenipotenciario de la Confederación Perú-Boliviana una larga y prolija discusión diplomática sobre las complicaciones que traían divididos a los dos gobiernos; el del interior propuso al congreso el proyecto de ley del régimen interior y el de procedimientos judiciales en causas ejecutivas, y dio varios decretos relativos a la administración de justicia; el de hacienda se consagró a la reglamentación de la ley de reconocimiento de la deuda interior y a la de varios negociados de rentas: y el de guerra a la organización de las fuerzas navales y terrestres, de un modo imponente y calculado para inspirar serios temores al futuro enemigo.

El 10 de octubre, pendiente aún la discusión diplomática, y como si el gobierno de la Confederación no se empeñase, como se empeñaba, en arreglar la cuestión pacíficamente, sometiéndola a un arbitraje, se promulgó la ley que autorizaba al Presidente “Para que en caso de no obtener reparaciones adecuadas a los agravios que el Perú había inferido a Chile, bajo condiciones que afianzasen la independencia de esta República, declarase la guerra al gobierno de aquella, haciendo presente a todas las naciones la justicia de los motivos que obligaban al pueblo chileno a tocar este último recurso, después de estar colmada la medida de los sacrificios que había consagrado a la conservación de la paz”. Esta ley era un verdadero ultimátum, cuya notificación se encargó a un ministro diplomático, don Mariano Egaña, que marchó al Perú escoltado por la escuadra nacional, y que declaró efectivamente la guerra. El congreso ratificó esta declaración en ley de 26 de diciembre de 1836, fundándose en que el Presidente de Bolivia, detentador injusto de la soberanía del Perú, amenazaba la independencia de las demás repúblicas Sudamericanas; en que el gobierno peruano, colocado de hecho bajo la influencia de Santa Cruz había consentido, en medio de la paz, la invasión del territorio por un armamento de buques peruanos destinados a introducir la discordia y la guerra civil en Chile; y en que el general Santa Cruz había vejado, contra el derecho de gentes, la persona del ministro público chileno.

No cabe en nuestro propósito hacer la historia de aquella guerra, que es tarea de largo aliento y que por otra parte sale de los límites de la época del hombre público que tratamos de juzgar. El Ministro Portales la concibió y la emprendió con un atrevimiento de que no hay ejemplo entre los políticos mediocres que han regido la República después de los fundadores de la independencia; y aunque en un tiempo no fue la empresa aceptada por la opinión pública, ni tuvo él la fortuna de consumarla y de hacerla aceptar, empeñando el orgullo nacional, forma ella sin embargo su gloria y el mejor testimonio de la energía de su carácter y de la fecundidad de esa inteligencia clara que había recibido del cielo para hacer la felicidad de su patria, si las pasiones políticas no lo hubiesen extraviado en el sentido de la arbitrariedad y del despotismo. La historia, que le considera como una víctima de tan funesto extravío, debe también reconocer la gloria que conquisto en sus últimos días.



notas:


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Capítulo: XII
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Las consecuencias de su arbitrariedad le colocaban entonces en una situación terrible, que le embarazaba naturalmente en el desempeño de la empresa tan ardua que se había echado a cuestas, al hacer la guerra a la Confederación. Guerra más terrible, sin treguas y dolorosa, era lo que tenía que sostener en Chile con los intereses que su política tiránica había puesto en conflicto. Los enemigos de la administración estaban condenados por la persecución a no descansar un momento en la tarea de conquistar las garantías que se les negaban, y no veían en la guerra con el Perú sino un recurso adoptado para fortificar y cimentar el despotismo de que ellos eran víctimas. Parece que la excitación y el calor que el empeño de la República había producido, despertaban el espíritu público, por tan largo tiempo abatido, en un sentido contrario a la administración y al ministro que aparecía como su mejor apoyo. Así es que en esa época, en que el gobierno apelaba al patriotismo para salvar el honor nacional empeñado, los enemigos del gobierno acudían también al patriotismo para reconquistar las libertades públicas, conspirando, a merced de la situación. No había en esto sino un resultado muy lógico de la política restrictiva e inflexible del ministro Portales, que le enajenaba la voluntad de una gran mayoría y le hacia antipático aún en la empresa mas patriótica y más interesante al país que había acometido.

El ministro no comprendía que su apelación al patriotismo habría sido eminentemente fecunda y provechosa en aquellas circunstancias, si hubiera ido acompañada de una amnistía completa, que diera a esa apelación el carácter de un abrazo fraternal para empeñar el patriotismo de todos en una guerra verdaderamente nacional. No, cegado por su pasión política, se creía fuerte con solo su partido para hacer frente a sus antiguos enemigos interiores y a sus nuevos enemigos extranjeros; y deseaba llevar al patíbulo a los desterrados que habían traído la expedición a Chiloé y perseguir con más ahínco a los que conspiraban. ¡Funesta aberración de la política restrictiva, que siempre pierde a los que la padecen!

En noviembre de aquel año denunciaba el ministro ante el Congreso una nueva conspiración, la más atroz que hasta entonces se había descubierto, porque estaba fundada en el espantoso propósito de asesinarle. Los díscolos no descansan, decía el ministro, y ni la situación de la República los contiene; y proponía que se otorgasen al gobierno las mismas facultades extraordinarias que se le habían dado en la ley de 31 de agosto de 1833, con la calidad de que bastara el acuerdo del ministro del ramo respectivo para extender estas facultades a los intendentes y demás subalternos, sin necesidad del de la mayoría de los ministros que aquella ley exigía. El Congreso aprobó el proyecto el 9 de noviembre por el término de seis meses, y el gobierno arrastró a las cárceles y al presidio de Juan Fernández a multitud de ciudadanos, haciendo cesar un periódico independiente que se había fundado con el título de El Barómetro. La guerra ardía en lo interior y exterior de la república.

El 18 del mismo mes, la Corte Marcial sentencia la causa de los expedicionarios, revocando la condenación a muerte que el consejo de guerra les había impuesto, y condenando al general Freire, al coronel Puga y otros a destierro por diez años, y a los demás por ocho en el lunar que designare el Presidente de la República. Esta sentencia hizo un efecto siniestro en el gobierno, el ministro Portales se sintió violentamente contrariado, y no vio en ella sino una abierta oposición a su política; y en efecto algo había de ello, porque los miembros de la corte, aunque amigos sinceros del gobierno, habían querido salvar la vida del héroe a quien juzgaban, persuadidos de que si confirmaban la sentencia del consejo de guerra, el gobierno la haría ejecutar.

Inmediatamente el ministro pasó la sentencia al fiscal de la Corte Suprema para que si la consideraba, como el gobierno, contraria a las leyes, acusase a los jueces que la habían dictado; y el 21 expidió un decreto mandando a aquel funcionario que pidiese ciertas declaraciones de la sentencia, de las cuales no había la menor necesidad, pero que daban al ministro la facilidad de refutar la sentencia de un modo hiriente, mostrando los inconvenientes que traía el dejar con vida a tan terribles conspiradores. Las declaraciones se versaban sobre estas dudas:


1º. Si el gobierno puede o no tomar seguridades para que los reos, en vez de ir a cumplir la sentencia al punto que él les señale, no se vayan a Lima a conspirar por segunda y tercera vez contra la independencia y tranquilidad de la República.

2º. Si el gobierno pudiese pedir esas seguridades y los reos no quisiesen darlas, esperando que con esta negativa obtendrán por último resultado el que el gobierno pudiera dejarlos ir a formar su cuartel general de insurrección en Lima, antes que ocupados aquí mismo en sus maquinaciones puedan perjudicar más la causa pública en los momentos que el país está empeñado en una cuestión de la mayor gravedad con el gobierno del Perú, en cuyo desenlace pueden influir eficazmente los díscolos: ¿podrá usar de coacción para mandarlos al punto que les señale, a costa de quien se hará este gasto y qué providencia tomará en caso de que no se quieran admitir por el gobierno del punto a donde se les mande?

3º. Si no dando las seguridades y no estando ningún gobierno obligado a custodiarlos, se volviesen a la República o se fueren a conspirar nuevamente en el Perú, y cuáles son los medios de coacción de que se valdría el gobierno para contener a los expatriados u obligarlos al cumplimiento de la sentencia

4º. Si las costas en que se les condena solo deberán ser las del proceso o deben también comprender los gastos que han causado al país con la invasión.


La corte evacuó la declaración en los términos en que el gobierno mismo podía haberse resuelto tan candorosas cuestiones, pero respondió evasivamente a la última en que ya se iniciaba la idea de la responsabilidad civil por delitos políticos, que veinticinco años más tarde ha sido erigida en ley del Estado. El fiscal Gutiérrez respondió al mismo tiempo que la corte debía ser acusada, y el gobierno expidió un decreto suspendiendo a los jueces, poniéndolos en arresto y mandándolos acusar, exceptuando sin embargo al regente y al vocal Mardones que, por revelaciones del acuerdo, se sabía que habían votado por la pena capital. Este segundo ataque a la independencia judicial, consignado en decreto del 24 de noviembre, mostró una vez más que el gobierno estaba resuelto a obligar a los tribunales ordinarios a respetar y segundar su política a todo trance, no bastando para ello el plan adoptado de nombrar jueces interinos a los que aspiraban a hacer carrera. ¡Y sin embargo, en nuestros días se ha presentado a aquel gobierno como el fundador y regularizador de la administración de justicia!

Pero el ministro no quedó satisfecho con la solución que la corte había dado a sus preguntas, y creyendo que no bastaban los medios de coacción de que el gobierno podía usar para los casos indicados, y por otra parte considerando inseguro el presidio de Juan Fernández, por las evasiones que ya habían sucedido, presentó al Congreso el proyecto que fue ley de 27 de enero de 1837 y así se tranquilizó respecto de los expedicionarios de julio que habían salvado del patíbulo. Esa ley estableció que: “Los reos políticos relegados o desterrados sufrirían precisamente la pena de muerte si quebrantasen su condena o destierro, debiendo la autoridad ejecutarlos dentro de 24 horas, sin más proceso que el necesario para comprobar la identidad de la persona, y sin que de sus procedimientos se pudiese interponer recurso alguno”. El barbarismo de esta ley, que derogaba todas las leyes de procedimientos judiciales, está patente y produjo una indignación general.

Todavía más, las facultades extraordinarias y todas esas precauciones no bastaban: el ministro temía siempre a la guerra que se veía precisado a mantener por su política interior. Las leyes y las fórmulas le molestaban, y se le presenta sin embargo como el modelo del gran gobernante. No sabía, no podía, no quería gobernar de un modo regular, y de esta situación nació la celebérrima ley de 31 de enero de 1837. El complaciente Congreso de entonces abatió su dignidad hasta el punto de tener la impudencia de ”declarar en estado de sitio toda la República, por el tiempo que durase la guerra con el Perú, autorizando en consecuencia al Presidente de la República para usar de todo el poder público que su prudencia hallare necesario para regir el Estado, sin otra limitación que la de no poder condenar por sí ni aplicar penas, debiendo emanar estos actos de los tribunales establecidos o que en adelante estableciere el mismo Presidente”.

La exageración absolutista había llegado a su colmo. Quedábamos treinta años más atrás, en plena colonia: poder absoluto y arbitrario, clase privilegiada, la de los adictos al poder, fanatismo triunfante y dominante, terror, nulidad del espíritu público, postración universal... El Congreso de Portales no había abierto la Constitución, no le había hecho el saludo de los duelistas antes de matarla; el golpe había sido alevoso, ciego, rabioso. Aquel Congreso traidor a la patria, a la revolución de 1810 y a su propio Código fundamental, no había visto que no cumplía con la parte vigésima del artículo 82 de este Código con determinar la duración del estado de sitio por el tiempo que durase la guerra con el Perú, puesto que aquella disposición exige un determinado tiempo, y era muy incierto e indeterminado y vago el de la duración de la guerra. Tampoco entendió el artículo 161, que suspende el imperio de la Constitución durante el estado de sitio, pero solamente en cuanto a las garantías individuales, y no en cuanto al orden constitucional, ni para trasladar a manos del Presidente la autoridad de todos los poderes constituidos, ni todo el poder público que su prudencia hallare necesario para regir el Estado [1], porque semejante traslación sería un mal mayor que el que autorizara la declaración de sitio, cualquiera que fuese. Pero a más de tamañas infracciones, aquel Congreso refractario, no satisfecho con encomendar la suerte de la República a la prudencia arbitraria del Presidente, le autorizó también expresamente para establecer tribunales especiales, atropellando la Constitución, que quiere por su artículo 134 que ninguno sea juzgado por comisiones especiales, y que por su artículo 161 dispone precisamente que las medidas que tomare el Presidente contra las personas en estado de sitio, no puedan exceder de un arresto o traslación a cualquier punto de la República. Esta terrible ley prohibía al Presidente condenar por sí, pero le daba el poder de condenar por medio de los tribunales extraordinarios que estableciere, para no verse obligado a respetar la jurisdicción de los ordinarios, que juzgando conforme a las leyes existentes, podían contrariar su política y limitar su poder absoluto. Es cierto que tal Dictadura era determinada por la duración de una guerra indeterminada, pero los efectos de las medidas que dictara eran permanentes. ¡Un poco de menos desinterés personal en el ministro Portales, menos modestia y patriotismo en sus compañeros de gobierno, y la monarquía absoluta habría quedado establecida para siempre, con cualquier nombre, con cualquier pretexto! ¡La execración de la posteridad caiga sobre aquel Congreso, así como pesa sobre él la tremenda improbación de la historia!

Dos días después de creada esta dictadura, el ministro Portales expedía su tan conocido decreto de los Consejos de guerra permanentes, “atendiendo a la necesidad de remover las causas que favorecen la impunidad de los delitos políticos, los más perniciosos para las sociedades, y que consisten principalmente en los trámites lentos y viciosos a que tienen que ceñirse los tribunales ordinarios”. Compuestos aquellos consejos del juez letrado nombrado por el gobierno y de dos individuos más, nombrados también por el gobierno, estaban destinados a juzgar los delitos políticos y los de infidencia o inteligencia con el enemigo, cualquiera que fuese el fuero de los reos o su clase, con arreglo a la Ordenanza militar, según un sumario formado por noticia o sospecha del delito, y en el término de tres días contados desde la terminación del sumario y dentro de los cuales debían practicarse todas las diligencias del juicio. De la sentencia de estos consejos no se concedía apelación, ni otro recurso alguno, sino el que fuese dirigido a hacer efectiva la responsabilidad de los jueces por su sentencia o porque dejasen pasar más tiempo del concedido, pues el gobierno temía que hasta esos jueces le fueran infieles.

Un mes después, ya esos consejos manchaban nuestra historia con la sangre de tres víctimas inocentes acusadas de una conspiración aislada, sin elementos, sin acto alguno que la comprobase; y tres meses más tarde, caían otros nueve desgraciados bajo la cuchilla de aquéllos sangrientos tribunales... ¡No toquemos el velo del olvido que encubre tan atroz hecatombe ofrecida en aras del despotismo! ¡Lloremos sí el extravío de la política que busca el respeto de las instituciones en la violación de las leyes sacrosantas que aseguran los derechos naturales del hombre! ¡Protestemos sí con la conciencia de la historia, que será la de la posteridad, contra ese extravío que pretende, que aspira a presentar como el grande hombre de una república al tirano que la degradó con su despotismo!

Aquella institución tremenda tenía el carácter de un ataque violento y extraordinario a la Constitución y a las leyes de la república; pero la historia no puede complacerse en presentarla como un hecho aislado y remoto, porque al fin la perfección del sistema político que la dictó ha logrado convertirla en una institución ordinaria, autorizando, por medio del artículo 56, título 76 de la Ordenanza del ejército, a los consejos de guerra ordinarios para juzgar sin apelación, y sometiendo en la práctica a semejantes tribunales todos los delitos políticos, cualquiera que sea el fuero o clase de los delincuentes. Así, lo que fue un recurso extremo en manos del ministro Portales, ha llegado a ser en las de sus sucesores un medio común y ordinario [2].

Tranquilizado un tanto aquel ministro con las providencias que había tomado contra los enemigos que le suscitaba su funesta política, concibió la plausible idea de aprovechar su poder absoluto para organizar la administración; y considerando que el poder público que el gobierno investía para regir el Estado no debía limitarse a los negocios de la guerra con el Perú, sin embargo de que esta guerra era el único motivo de la autorización, emprendió la tarea de legislar sobre la administración de justicia, para que su dictadura no fuera estéril.

Él no era organizador: la limitación de sus conocimientos y su mismo carácter impetuoso y dominante le impedía serlo. En el primer periodo de su mando había sido simplemente el hombre de acción, no de organización, para consolidar el poder de su partido; y en este segundo era siempre el hombre de acción, el luchador tenaz y preocupado por su poder, no el estadista de miras vastas y generosas, de experiencia y de conocimientos, de espíritu elevado y prudente.

Pero por su fortuna, o más bien por la de su partido, tenía a su lado a algunos hombres entendidos, que, aunque de espíritu estrecho y preocupados también por el propósito de hacer que la autoridad lo superase todo, podían servirle en la tarea de organizar la administración. El primero de ellos era Egaña, el amante apasionado del poder absoluto, el que le sugirió todas las reformas judiciales que se efectuaron con la Dictadura. Este era el autor de un proyecto de Administración de justicia que en diez y nueve títulos y 963 artículos se había presentado en 1835 al Consejo de Estado y al Senado. En el primero de estos cuerpos había sido desechado, porque se creía que era necesario plantear primero la organización de tribunales, y en el segundo había quedado encarpetado, después de algunas fútiles discusiones, en que el autor había tenido que sufrir las bufonadas de don Manuel José Gandarillas. El proyectista, contrariado entonces, había logrado después que el ministro omnipotente hiciera honor a su trabajo.

A mediados de 1836 había presentado el ministro Portales, como proyecto de ley, al Congreso los títulos 6º, 7° y 8° del trabajo del señor Egaña, cuyos títulos se versaban sobre el procedimiento en el juicio ejecutivo y concursos de acreedores, y había declarado en el mensaje que este trabajo era el original de aquel proyecto. El 2 de febrero de 1837, el mismo día en que expidió el decreto de los consejos de guerra, promulgó también el título 15 del proyecto del señor Egaña, que trataba de las implicaciones y recusaciones, y otro decreto conteniendo la parte que determinaba el modo de fundar las sentencias: el título 15, que pasaba a ser ley, era un complemento de la institución de los consejos, en cuanto los vocales de estos triunviratos sangrientos podían ser recusados; y el otro decreto satisfacía la necesidad que el ministro sentía de obligar a fundar sus sentencias a esos tribunales ordinarios, que a merced de sentencias no detalladas habían escapado varias víctimas de la política conservadora. El 8 del mismo mes convirtió en ley el proyecto sobre juicios ejecutivos que aun pendía ante el Congreso, de cuya sanción no tenia necesidad el ejecutivo desde que investía toda la suma del poder público, como se decía entonces; y el 1° de marzo promulgó la sección primera del título 13 del proyecto de Egaña, la cual trata del recurso de nulidad. Aparte de estas reformas, expidió, en forma de decretos, otros trabajos del mismo autor sobre la competencia de los jueces de menor cuantía para conocer en delitos leves, y sobre la revista de las causas criminales, en cuya disposición se halla la extravagante anomalía centralizadora de dar a los gobernadores departamentales facultad de juzgar si la pena corresponde al delito en las causas verbales que hubieren sentenciado los jueces ordinarios. También dictó una nueva organización de los ministerios de Estado, creando el departamento de justicia, culto e instrucción pública.

Mas todas estas reformas no adelantaban un solo paso la reorganización democrática, porque si bien simplificaban las formas de la antigua legislación española, en materia judicial, conservaban y fortificaban el espíritu de esta legislación, como que eran tomadas de las reformas proyectadas en España, y, lo que es peor, copiaban éstas de una manera confusa, mal redactada y con modificaciones ilógicas e incoherentes. En general, todas las leyes, todos los actos de aquella administración, tanto los destinados a promover y fomentar los intereses sociales, cuanto los que tenían por objeto la regularización del ejercicio de la autoridad, estaban dominados de un espíritu: el de la política exclusiva y restrictiva, puesto en juego para asegurar el predominio de un partido en el poder, y cuyos intereses y cuyos principios eran retrógrados y contrarios al desarrollo democrático. El partido pelucón organizaba de nuevo la república, según tales intereses y principios, y puede jactarse de haber impuesto su sello a todo nuestro mecanismo político. La alta imparcialidad de la historia no puede aceptar un juicio diferente, ni puede tributar elogio a semejante reacción.

Mas como semejantes trabajos, extraños a la competencia del ministro Portales, no le exigían más que su firma, podía el consagrarse, como lo hacía, con todo su empeño a la organización del primer ejército que debía llevar la guerra al suelo de los Incas. Esta era su idea dominante, la idea que lo engrandecía y lo hacía hombre de Estado, y entonces podía darle todo su vuelo, porque estaba tranquilo en cuanto a su dominación interior. Le parecía que teniendo el poder de encarcelar, desterrar y condenar a muerte, tenía ya sujetos a sus enemigos políticos por el terror, creyendo, como tantos tiranos ilusos, que el terror era la base más sólida del orden, la mejor garantía de su estabilidad: no conocía la historia, no se le alcanzaba nada de achaques del corazón humano, no sabía que la hija primogénita del terror es la conjuración, la conjuración que no puede buscar su apoyo en el espíritu público que no existe, sino en la alevosía, única seguridad del que conspira a la sombra del terror.

La conspiración estaba latente. La Dictadura, los consejos de guerra, los destierros, el patíbulo, no habían hecho más que activar las pasiones, irritar a los enemigos de la administración, fascinarlos con la idea de que no tenían otra salvación, otro porvenir, otra necesidad, que destruir la autoridad ominosa que despotizaba.

El ministro recibía de vez en criando denuncios que desechaba con desdén, confiando en el terror. Se le anunciaba que Vidaurre, el militar que él había suscitado, engrandecido para que sirviese de guardián de su poder, conspiraba; y el ministro desechaba el denuncio como un exceso del celo de sus espías, porque no se imaginaba que Vidaurre tuviera otro estímulo más alto en su corazón que la gratitud por el ministro que halagaba y satisfacía todas sus ambiciones de militar, y que hasta lo mimaba con cariños y obsequios amistosos. En el desgraciado ministro se verificaba entonces el proverbio antiguo: Cum vult perdere Jupiter dementat.



notas:

  1. Véase la comprobación de esta doctrina en la Constitución política comentada, página 478, artículo 161.
  2. Dicho artículo de la ordenanza está mandado observar en esta forma por un simple decreto de 9 de marzo de 1852, siendo de advertir que la ordenanza misma es un decreto.


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Capítulo: XIII
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Don Diego Portales. Juicio Histórico José Victorino Lastarria


Tranquilizado un tanto aquel ministro con las providencias que había tomado contra los enemigos que le suscitaba su funesta política, concibió la plausible idea de aprovechar su poder absoluto para organizar la administración; y considerando que el poder público que el gobierno investía para regir el Estado no debía limitarse a los negocios de la guerra con el Perú, sin embargo de que esta guerra era el único motivo de la autorización, emprendió la tarea de legislar sobre la administración de justicia, para que su dictadura no fuera estéril.

Él no era organizador: la limitación de sus conocimientos y su mismo carácter impetuoso y dominante le impedía serlo. En el primer periodo de su mando había sido simplemente el hombre de acción, no de organización, para consolidar el poder de su partido; y en este segundo era siempre el hombre de acción, el luchador tenaz y preocupado por su poder, no el estadista de miras vastas y generosas, de experiencia y de conocimientos, de espíritu elevado y prudente.

Pero por su fortuna, o más bien por la de su partido, tenía a su lado a algunos hombres entendidos, que, aunque de espíritu estrecho y preocupados también por el propósito de hacer que la autoridad lo superase todo, podían servirle en la tarea de organizar la administración. El primero de ellos era Egaña, el amante apasionado del poder absoluto, el que le sugirió todas las reformas judiciales que se efectuaron con la Dictadura. Este era el autor de un proyecto de Administración de justicia que en diez y nueve títulos y 963 artículos se había presentado en 1835 al Consejo de Estado y al Senado. En el primero de estos cuerpos había sido desechado, porque se creía que era necesario plantear primero la organización de tribunales, y en el segundo había quedado encarpetado, después de algunas fútiles discusiones, en que el autor había tenido que sufrir las bufonadas de don Manuel José Gandarillas. El proyectista, contrariado entonces, había logrado después que el ministro omnipotente hiciera honor a su trabajo.

A mediados de 1836 había presentado el ministro Portales, como proyecto de ley, al Congreso los títulos 6º, 7° y 8° del trabajo del señor Egaña, cuyos títulos se versaban sobre el procedimiento en el juicio ejecutivo y concursos de acreedores, y había declarado en el mensaje que este trabajo era el original de aquel proyecto. El 2 de febrero de 1837, el mismo día en que expidió el decreto de los consejos de guerra, promulgó también el título 15 del proyecto del señor Egaña, que trataba de las implicaciones y recusaciones, y otro decreto conteniendo la parte que determinaba el modo de fundar las sentencias: el título 15, que pasaba a ser ley, era un complemento de la institución de los consejos, en cuanto los vocales de estos triunviratos sangrientos podían ser recusados; y el otro decreto satisfacía la necesidad que el ministro sentía de obligar a fundar sus sentencias a esos tribunales ordinarios, que a merced de sentencias no detalladas habían escapado varias víctimas de la política conservadora. El 8 del mismo mes convirtió en ley el proyecto sobre juicios ejecutivos que aun pendía ante el Congreso, de cuya sanción no tenia necesidad el ejecutivo desde que investía toda la suma del poder público, como se decía entonces; y el 1° de marzo promulgó la sección primera del título 13 del proyecto de Egaña, la cual trata del recurso de nulidad. Aparte de estas reformas, expidió, en forma de decretos, otros trabajos del mismo autor sobre la competencia de los jueces de menor cuantía para conocer en delitos leves, y sobre la revista de las causas criminales, en cuya disposición se halla la extravagante anomalía centralizadora de dar a los gobernadores departamentales facultad de juzgar si la pena corresponde al delito en las causas verbales que hubieren sentenciado los jueces ordinarios. También dictó una nueva organización de los ministerios de Estado, creando el departamento de justicia, culto e instrucción pública.

Mas todas estas reformas no adelantaban un solo paso la reorganización democrática, porque si bien simplificaban las formas de la antigua legislación española, en materia judicial, conservaban y fortificaban el espíritu de esta legislación, como que eran tomadas de las reformas proyectadas en España, y, lo que es peor, copiaban éstas de una manera confusa, mal redactada y con modificaciones ilógicas e incoherentes. En general, todas las leyes, todos los actos de aquella administración, tanto los destinados a promover y fomentar los intereses sociales, cuanto los que tenían por objeto la regularización del ejercicio de la autoridad, estaban dominados de un espíritu: el de la política exclusiva y restrictiva, puesto en juego para asegurar el predominio de un partido en el poder, y cuyos intereses y cuyos principios eran retrógrados y contrarios al desarrollo democrático. El partido pelucón organizaba de nuevo la república, según tales intereses y principios, y puede jactarse de haber impuesto su sello a todo nuestro mecanismo político. La alta imparcialidad de la historia no puede aceptar un juicio diferente, ni puede tributar elogio a semejante reacción.

Mas como semejantes trabajos, extraños a la competencia del ministro Portales, no le exigían más que su firma, podía el consagrarse, como lo hacía, con todo su empeño a la organización del primer ejército que debía llevar la guerra al suelo de los Incas. Esta era su idea dominante, la idea que lo engrandecía y lo hacía hombre de Estado, y entonces podía darle todo su vuelo, porque estaba tranquilo en cuanto a su dominación interior. Le parecía que teniendo el poder de encarcelar, desterrar y condenar a muerte, tenía ya sujetos a sus enemigos políticos por el terror, creyendo, como tantos tiranos ilusos, que el terror era la base más sólida del orden, la mejor garantía de su estabilidad: no conocía la historia, no se le alcanzaba nada de achaques del corazón humano, no sabía que la hija primogénita del terror es la conjuración, la conjuración que no puede buscar su apoyo en el espíritu público que no existe, sino en la alevosía, única seguridad del que conspira a la sombra del terror.

La conspiración estaba latente. La Dictadura, los consejos de guerra, los destierros, el patíbulo, no habían hecho más que activar las pasiones, irritar a los enemigos de la administración, fascinarlos con la idea de que no tenían otra salvación, otro porvenir, otra necesidad, que destruir la autoridad ominosa que despotizaba.

El ministro recibía de vez en criando denuncios que desechaba con desdén, confiando en el terror. Se le anunciaba que Vidaurre, el militar que él había suscitado, engrandecido para que sirviese de guardián de su poder, conspiraba; y el ministro desechaba el denuncio como un exceso del celo de sus espías, porque no se imaginaba que Vidaurre tuviera otro estímulo más alto en su corazón que la gratitud por el ministro que halagaba y satisfacía todas sus ambiciones de militar, y que hasta lo mimaba con cariños y obsequios amistosos. En el desgraciado ministro se verificaba entonces el proverbio antiguo: Cum vult perdere Jupiter dementat.



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Los anuncios se realizaron al fin de una manera terrible y cuando el ministro estaba más lleno de confianza. El 3 de junio de 1837, a las dos de la tarde, se complacía en revistar el regimiento Maipo en la plaza de Quillota, donde se acantonaban las fuerzas que debían expedicionar al Perú, y felicitaba al coronel Vidaurre por la brillante disciplina de sus soldados. De retirada a su cuartel, el regimiento hizo una evolución y circuló al ministro y a sus acompañantes: Vidaurre les intimó prisión y los encerró con una custodia de ciento cincuenta hombres, haciendo poner grillos al ministro. Después puso cerco al cuartel de cazadores de a caballo, y al fin de una larga conferencia con su jefe, logró asociarlos al motín; pero el comandante Vergara que había aceptado, por no poder resistir en aquellos momentos a la fuerza amotinada, se separó con 224 cazadores, en cuanto tuvo a su disposición las cabalgaduras que entonces le faltaban.

Aquel movimiento tan inesperado, causó profunda sensación en Santiago y Valparaíso. El gobierno y sus partidarios no pudieron considerarlo aislado y puramente militar, y se sobrecogieron de espanto y de indignación a presencia de la estupenda ingratitud que el jefe revolucionario cometía con su bienhechor, con el amigo que lo había enaltecido hasta el punto de meditar en esos momentos elevarlo al generalato y marchar con él a la guerra para hacerlo partícipe en el Perú de la gloria de asegurar el orden en aquella república. Pero los enemigos del gobierno, para quienes no aparecía en primer término la ingratitud de Vidaurre, porque no comprendían que solamente por dañar y vejar al amigo, al protector, se aventurase a los riesgos inminentes de una insurrección, vieron en aquel solamente abnegación y patriotismo, y lo creyeron su libertador.

Cuando en la mañana del domingo 4 de junio llegó a Santiago la noticia, el palacio del presidente fue invadido por una multitud inmensa que, ávida de saber lo cierto, llegó hasta entreverarse con los personajes del gobierno: todos preguntaban, y nadie tomaba providencia alguna, ni nadie se hacía cargo de que aquel desorden mismo ponía en peligro a los gobernantes: allí se disputaba, se conjeturaba, se lamentaba, se aplaudía, y al lado de los partidarios de la autoridad que vituperaban y se afligían, se hallaban los opositores que aplaudían y se felicitaban. Si el motín de Quillota hubiera tenido alguna relación medianamente organizada en Santiago, habría sido en aquel acto segundado con el mejor resultado. Pero tan luego como se moderó la primera impresión, el gobierno desplegó toda su actividad para poner en acción aquí y en Valparaíso sus infinitos elementos de defensa.

Entre tanto los revolucionarios habían levantado un acta, que firmaron todos los jefes y oficiales del cantón, el coronel Sánchez el primero, menos los comandantes García y Necochea, que habían sido aprisionados con el ministro, y los que estaban fuera o en comisión. Vidaurre declaró ante todos que aquella acta era su bandera y su proclama [1].

En sus conversaciones, no obstante, decía a los suyos que en su concepto debían conservarse todas las autoridades, menos Portales y sus adictos, que el Congreso debía ser llamado a deliberar y arreglarlo todo. Solo la caída del ministro era el objeto de su aspiración y se pronunciaba enérgicamente contra su política.

Pero al segundo día, mientras que el gobierno había recobrado toda la energía de su poder, el caudillo ya flaqueaba: lo había abandonado su espíritu; la idea de salvar a la patria de la tiranía de su amigo comenzaba a entibiarse, y el fuego del corazón no venía a recalentarla, porque le faltaba ambición y aún era insensible a la gloria. Pero ese corazón no estaba sin duda corrompido: talvez ese desaliento que trae el arrepentimiento, talvez la amistad, la gratitud vinieron a producirle angustias crueles; talvez alguna decepción, alguna contrariedad llegó a debilitar el entusiasmo de los primeros momentos. Lo cierto es que el coronel estaba irresoluto, vacilante y daba su asentimiento a todos los pareceres, y perdía un tiempo precioso para su empresa y para su porvenir. La defección de los cazadores acabó de postrarle. Pero al fin se puso en marcha para Valparaíso, donde le esperaba el general Blanco a la cabeza del batallón Valdivia y de los cuerpos de guardias cívicas de aquella ciudad, que en otro tiempo había formado y organizado el ministro, con más una formidable fuerza de artillería y la escuadra.

Pero el ministro no tenía fe en las fuerzas de Valparaíso y temiendo que se fuesen a empeñar inútilmente en un combate, que no haría más que encender la guerra civil, tuvo calma y patriotismo para declararse vencido y aconsejar una capitulación en la siguiente carta que escribió desde Tabolango; bien que algunos aseguran que le fue sugerida por el mismo Vidaurre. Como quiera que sea, el ministro se mostraba ya sin fe:


“Señores Vicealmirante don Manuel Blanco Encalada y Gobernador de Valparaíso don Ramón Cavareda.

Señores y amigos apreciados:

La parte del ejército restaurador situada en Quillota se ha pronunciado unánime contra el presente orden de cosas, y ha levantado una acta firmada por todos los jefes y oficiales, protestando morir antes que desistir de la empresa, y comprometiéndose a obrar en favor de la Constitución y contra las facultades extraordinarias. Yo creo que Uds. no tienen fuerzas con qué resistir a la que les ataca, y si ha de suceder el mal sin remedio, mejor será, y la prudencia aconseja, evitar la efusión de sangre: pueden Uds. y aún deben entrar en una capitulación honrosa, y que sobre todo sea provechosa al país. Una larga y desastrosa guerra prolongaría los males hasta lo infinito, sin que por eso pudiese asegurarse el éxito. Un año de guerra atrasaría veinte años la República. Con una transacción pueden evitarse desgracias y conservar el país, que debe ser nuestra primera mira. Una acción de guerra debe por otra parte causar graves estragos en el pueblo que tratan Uds. de defender. Me han asegurado todos que este movimiento tiene ya ramificaciones en las provincias, para donde han mandado agentes. El conductor de esta comunicación es el capitán Piña, y encargo a Uds. muy encarecidamente le den el mejor trato y le devuelvan a la división con la contestación. Reitero a Uds. eficazmente mis súplicas. No haya guerra intestina. Capitúlese sacando ventajas para la patria, a la que está unida nuestra suerte.

Soy de Uds., su atento S.S., etc”.


El ministro estaba al fin convencido de la impotencia e inutilidad de su sistema, ya no fiaba la conservación del orden a la fuerza, ya no creía que la efusión de sangre bastase a afianzar su poder: su razón clara recobró su lucidez, su patriotismo rehabilitó su corazón, impuso silencio en aquellos momentos supremos a las pasiones que antes le dominaban y le extraviaban en los errores de la política más absurda. Pero ya era tarde. Sus amigos fiaban todavía en la fuerza, creían en esa política, y la idea de una transacción que podía evitar desgracias, como les decía el ministro, no tenía valor en su mente: ellos conservarán el poder, pero no evitarán desgracias.

Al amanecer del día 6 las dos divisiones se estrecharon en las alturas del Barón; pero antes de una hora ciaba delante de las milicias de Valparaíso el veterano regimiento Maipo, tan lucido por su disciplina y bizarría. El desaliento de su jefe lo había contagiado, el pánico penetró en las filas e hizo más estragos que las metrallas de las lanchas cañoneras y que las balas de la división de Valparaíso. Una hora después dejaban allí los revolucionarios más de cien muertos, doscientos prisioneros, cuarenta y ocho pasados y más de setecientos rendidos... Pero el triunfo se había conseguido con una catástrofe espantosa; los vencedores conservaban el poder, pero tenían que llorar una desgracia, la muerte del ministro Portales, que en los momentos de la derrota había sido fusilado por la guardia que le custodiaba... Su cadáver, cubierto de heridas, había quedado en el campo de batalla...

¡Víctima ilustre del más funesto de los extravíos políticos! ¡Cuán grato hubiera sido al historiador haber podido presentarte como el fundador de la libertad de tu patria! ¡No comprendiste que la tiranía es la guerra y no el orden, que la arbitrariedad no puede ser jamás la fuerza de la autoridad, que ella seca la fuente del amor de los pueblos hacia el poder encargado de dirigirlos a su desarrollo y perfección! ¡Creíste hallar la ventura de tu patria en la autoridad que domina en vez de gobernar, y no conociste que la democracia, único sistema a que la América está encadenada por sus circunstancias, tiende a destruir el principio de autoridad que se apoya en la fuerza y el privilegio, y a fortificar el principio de autoridad que reposa en la justicia y en el interés de la sociedad...!

¡Así había terminado aquella revolución de sesenta horas, inaugurada, en el entusiasmo y acabada en el desaliento y el arrepentimiento! ¡Destinada a concluir con la Dictadura, no hizo más que afianzarla y perpetuarla; y sus autores encontraron el patíbulo de los criminales en la senda en que se proponían hallar la gloria y la libertad de su patria!

La muerte del Ministro produjo una verdadera consternación, y la crueldad de su martirio, cuando fueron conocidos los detalles, encendió la rabia en sus partidarios y sobrecogió a sus adversarios, que al principio sin duda se alucinaron con la idea de ver terminada la política del ministro con su vida, y cerraron su corazón a la piedad. Una escena que debe conservar la historia del corazón humano así lo confirma. Al anochecer del día 6 llegó a Santiago la noticia de los sucesos de la mañana, y gran multitud de gente se agolpó a las puertas del palacio del Presidente que estaban cerradas. Todos guardaban silencio y se comunicaban en secreto; la noche era tenebrosa, húmeda y fría, y aquellos grupos de hombres embozados e inmóviles hacían más siniestras las sombras. De repente las puertas se entreabrieron y el coronel Maruri pidió al pueblo a nombre del Presidente que se retirara: “El ministro ha sido asesinado”, dijo, y volvió a cerrar con estruendo las puertas. Un rumor sordo, prolongado, parecido al eco lejano del huracán llenó los ámbitos; era un viva a media voz, un viva inhumano, terrible; pero espontáneo y demasiado expresivo de la opinión que rechazaba la dictadura. Tenemos grabada aquella escena espantosa y no la olvidaremos jamás. ¡Si la víctima hubiera podido presenciarla, habría lamentado los errores que la habían hecho perder hasta la compasión de sus gobernados...!

Pero el gobierno honró la memoria de su fundador haciéndole suntuosos funerales y concediendo una medalla de honor a los vencedores en el Barón. El Congreso de 1837, que había creado la dictadura, expidió una ley, el 8 de agosto, mandando elevar un monumento en la tumba del ministro y una estatua de bronce en el atrio del palacio de gobierno. Sin embargo, la justicia de la nación se cumplió primero que la ley del partido triunfante: una suscripción popular elevó una estatua al general Freire mucho antes que se diese cumplimiento a aquella ley que mandaba erigir una estatua al despotismo.



Hemos terminado la tarea ardua, y si se quiere pretenciosa, que nos impusimos de escribir el juicio de la historia sobre don Diego Portales. No hemos querido hacer una biografía ni una crónica, y por lo mismo hemos desechado detalles y apreciaciones personales que no son del dominio de la historia. Si nos ha faltado tino en la exposición, no hemos abandonado la imparcialidad para aplicar los juicios que nos han dictado nuestros principios y convicciones. Si hemos herido recuerdos simpáticos, habrá sido a nuestro pesar, no por odio, ni por mala voluntad. Respetamos al personaje y su memoria, y respetamos sus intenciones.


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Referencias

  1. La siguiente es el Acta de la revolución, tal como aparece original en el proceso que se formó a los que la firmaron. Las frases entre comillas fueron dictadas por el mismo Vidaurre. En la ciudad de Quillota, cantón principal del ejército expedicionario sobre el Perú, a tres de junio de 1837 años, reunidos espontáneamente los jefes y oficiales infrascritos, con el objeto de acordar las medidas oportunas “para salvar la patria de la ruina y precipicio a que se halla expuesta por el despotismo absoluto de un solo hombre, que ha sacrificado constantemente a su capricho la libertad