LEY DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO

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LEY DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO[editar]

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales[editar]


Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto:

I. Fomentar la cultura de paz y de restauración de las relaciones interpersonales y sociales, a través de los medios de solución de conflictos entre la sociedad mexiquense;

II. Regular la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa;

III. Hacer factible el acceso de las personas físicas y jurídicas colectivas a los métodos establecidos en esta Ley;

IV. Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para llevar a cabo el sistema de atención alterno de solución de conflictos;

V. Regular al órgano del Poder Judicial especializado en mediación, conciliación y justicia restaurativa, fijando las reglas para su funcionamiento;

VI. Regular los Centros Públicos, Privados y Unidades de mediación y conciliación;

VII. Identificar los tipos de conflictos que pueden solucionarse a través de los métodos previstos en esta Ley;

VIII. Precisar los requisitos que deben reunir los mediadores-conciliadores, los traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígena y las condiciones que deben observar en los procedimientos de mediación, conciliación y justicia restaurativa;

IX. Establecer los requisitos y condiciones para que los particulares puedan llevar a cabo los métodos previstos en esta Ley;

X. Señalar los efectos jurídicos de los convenios; y

XI. Establecer las responsabilidades de las personas facultadas para operar los métodos previstos en esta Ley.

Artículo 2.- Todas las personas tienen derecho a una educación para la paz en las instituciones educativas y éstas a su vez el deber de hacer comprender a los alumnos, la conveniencia social de la construcción permanente de la paz.

Artículo 3.- Todos los habitantes del Estado de México tienen derecho de recurrir al diálogo, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa para la solución de sus conflictos. Tratándose de Pueblos Indígenas, las instancias competentes deberán proveer lo necesario para garantizar a este sector de la población, dichos medios y derechos, en respeto a sus usos y costumbres.

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, debe incluir en los programas educativos oficiales, métodos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y los programas de justicia restaurativa.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Ley: A la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México;

II. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México que expida la autoridad o instancia competente;

III. Centro Estatal: Al Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado;

IV. Centros Públicos de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa: A las instituciones creadas por el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, o los Ayuntamientos para la solución de los conflictos en los términos de esta Ley y su Reglamento;

V. Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa: A las Unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que tengan por objeto la solución de los conflictos de su competencia a través de la mediación, conciliación o de los procesos restaurativos;

VI. Mediadores-conciliadores privados: A las personas físicas o jurídicas colectivas, que tengan como fin la prevención o solución de los conflictos, en términos de esta Ley y su reglamento ;

VII. Mediación: Al proceso en el que uno o más mediadores intervienen facilitando a los interesados la comunicación, con objeto de que ellos construyan un convenio que de solución plena, legal y satisfactoria al conflicto;

VIII. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a los interesados facilitándoles el diálogo y proponiendo soluciones legales, equitativas y justas al conflicto;

IX. Justicia restaurativa: A los procesos dirigidos a involucrar a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y reparar los daños de la mejor manera posible;

X. Mediador-Conciliador: Al profesional que interviene en los conflictos de manera asistencial;

XI. Facilitador: Al profesional experto en justicia restaurativa;

XII. Convenio: Al acto jurídico escrito en cuyo contenido consta la prevención o solución de un determinado conflicto; y

XIII. Acuerdo reparatorio: Al pacto entre la víctima u ofendido y el imputado, para la solución del conflicto y la restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas.

CAPÍTULO II: Del Centro Estatal, de los Centros Públicos y de las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa[editar]


Artículo 6.- La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, estarán a cargo del Centro Estatal, del Poder Judicial del Estado de México.

Artículo 7.- El Centro Estatal tiene competencia dentro de los Distrito Judiciales del Poder Judicial del Estado de México, pudiendo contar con los centros regionales que se requieran en el interior de la misma entidad.

Artículo 8.- El Centro Estatal tendrá autonomía técnica y operativa para facilitar la prevención o solución de los conflictos que le sean planteados en términos de esta Ley y su reglamento.

Artículo 9.- El Centro Estatal, tiene las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley;

II. Prestar en forma gratuita los servicios de información, orientación, mediación, conciliación y de justicia restaurativa, en los términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales;

III. Coordinar y supervisar los centros regionales, y los centros privados de mediación, conciliación y de justicia restaurativa;

IV. Elaborar los manuales operativos de observancia general de mediación, conciliación y de procesos restaurativos;

V. Proponer al Consejo de la Judicatura, la autorización de programas permanentes de actualización, capacitación y certificación de mediadores-conciliadores y facilitadores;

VI. Formar, capacitar y evaluar a los mediadores-conciliadores y facilitadores;

VII. Establecer mediante disposiciones generales, políticas públicas y estrategias, que todos los mediadores-conciliadores y facilitadores aplicarán en el desempeño de sus funciones;

VIII. Certificar y registrar a los mediadores-conciliadores, facilitadores públicos y privados, así como a los traductores, intérpretes, mediadores-conciliadores y facilitadores públicos y privados que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígena;

IX. Registrar los colegios de mediadores-conciliadores y facilitadores;

X. Interactuar permanentemente con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que contribuyan al cumplimiento de los fines de esta Ley;

XI. Promover y difundir permanentemente la cultura de la paz, de la justicia y de la legalidad;

XII. Apoyar e impulsar las investigaciones y producciones editoriales relacionadas con la teoría y práctica de los métodos previstos en esta Ley;

XIII. Difundir con objetividad los resultados de la mediación, conciliación y de la justicia restaurativa en el Estado;

XIV. Rendir mensualmente un informe estadístico al Consejo de la Judicatura en términos del reglamento de esta Ley; y

XV. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 10.- Las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativas de la Procuraduría General de Justicia, los centros públicos creados por el Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y los ayuntamientos, prestarán en forma gratuita los servicios de información, orientación, mediación, conciliación y de justicia restaurativa, en los términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales.

Artículo 11.- Los requisitos para ser director y subdirector en el Centro Estatal serán los establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; en las Unidades de Mediación y Conciliación y de Justicia Restaurativa; y en los Centros Públicos, los requisitos serán establecidos en el reglamento respectivo, debiendo ser mediadores-conciliadores o facilitadores certificados.

CAPÍTULO III: De los mediadores-conciliadores y facilitadores privados[editar]


Artículo 12.- La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, podrán ser practicadas por mediadores-conciliadores y facilitadores privados, previamente registrados, certificados y autorizados por el Centro Estatal.

Artículo 13.- Para obtener el registro del Centro Estatal, los mediadores-conciliadores y facilitadores privados, deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Si se trata de personas jurídicas colectivas:

a. Acreditar su constitución legal;

b. Definir su misión y visión;

c. Precisar su estructura orgánica;

d. Contar con mediadores-conciliadores y facilitadores certificados por el Centro Estatal;

e. Contar con un reglamento, registrado ante el Centro Estatal; y

f. Los que establezcan el Reglamento y demás disposiciones legales.

II. Si se trata de personas físicas:

a. Contar con título profesional;

b. Estar certificado y autorizado por el Centro Estatal;

c. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

d. Tener su domicilio en el Estado; y

e. Los que establezcan el Reglamento y demás disposiciones legales.

Artículo 14.- El Centro Estatal, en términos del Reglamento, contará con diez días hábiles para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro.

Artículo 15.- Es responsabilidad de las personas jurídicas colectivas que presten servicios de mediación, conciliación y de justicia restaurativa:

I. Hacer que sus mediadores-conciliadores y facilitadores, cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones de observancia general;

II. Rendir al Centro Estatal los informes estadísticos que les requiera; y

III. Permitir las visitas de supervisión de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 16.- Los mediadores-conciliadores y facilitadores, pueden ser públicos o privados.

Los mediadores-conciliadores y facilitadores públicos, son los que se encuentren certificados y adscritos al Centro Estatal, a las Unidades y a los Centros públicos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa.

Los mediadores-conciliadores y facilitadores privados, son las personas registradas, certificadas y autorizadas por el Centro Estatal, para desempeñar las funciones correspondientes.

Artículo 17.- Los mediadores-conciliadores y facilitadores privados, deberán formar un Colegio cuando sean más de cinco en el Estado de México, y refrendar su registro, certificación y autorización cada cinco años.

Artículo 18.- Son obligaciones de los mediadores-conciliadores y facilitadores privados:

I. Observar y cumplir los principios rectores de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa;

II. Vigilar que en los procesos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa, en que intervengan, no se afecten derechos de terceros, menores o incapaces ni se contravengan disposiciones de orden público;

III. Cerciorarse que el consentimiento de los interesados no se afecte por lesión, error, dolo, violencia o mala fe;

IV. Abstenerse de prestar servicios profesionales distintos a la mediación o conciliación a las personas sujetas a estos métodos;

V. Abstenerse de conocer de los métodos previstos en esta ley, cuando se encuentren en alguna causa legal que obliga a los jueces a excusarse;

VI. Actualizarse permanentemente en la teoría y práctica de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa; y

VII. Proporcionar los informes estadísticos que les requiera el Centro Estatal de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO[editar]

CAPÍTULO I: De la mediación, conciliación y justicia restaurativa[editar]

Artículo 19.- La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, son métodos de solución de conflictos, que promueven las relaciones humanas armónicas y la paz social.

Artículo 20.- Los principios rectores de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa, son:

I. La voluntariedad. Basada en la libre autodeterminación de las personas para sujetarse a los métodos;

II. La confidencialidad. Conforme al cual no debe divulgarse lo ocurrido dentro de los procesos de mediación, conciliación o de justicia restaurativa, excepto con el consentimiento de todos los participantes o involucrados;

III. La neutralidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben hacer alianza de ninguna naturaleza con los interesados en los métodos previstos en esta Ley;

IV. La imparcialidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no deben actuar a favor o en contra de alguno de los participantes en los métodos previstos en esta Ley;

V. La equidad. Consiste en generar condiciones de igualdad con responsabilidad y ponderación, para llegar a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y necesidades de los interesados;

VI. La legalidad. Consistente en que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, tienen como límites la ley, la moral y las buenas costumbres;

VII. La honestidad. De acuerdo a este principio, el mediador-conciliador y facilitador, debe reconocer sus capacidades y limitaciones para llevar a cabo los métodos, previstos en esta Ley;

VIII. La oralidad. Consistente en que los procesos de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa, se realizarán en sesiones orales sin dejar constancia ni registro alguno de las declaraciones o manifestaciones de las partes; y

IX. El consentimiento informado. El que se refiere a la completa comprensión de las partes sobre los principios, naturaleza, fines y compromisos de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa.

Artículo 21.- En el sistema de justicia para adolescentes, de conformidad con lo establecido por la ley de la materia, podrá hacerse uso de la justicia restaurativa en todas las conductas antisociales; sin embargo, para que los adolescentes tengan acceso a criterios de oportunidad, a las formas anticipadas de terminación del proceso o a los beneficios en ejecución de medidas, será requisito indispensable que participen voluntariamente con su representante legal, en el proceso restaurativo correspondiente.

Artículo 22.- En materia penal podrá hacerse uso de la justicia restaurativa en delitos culposos, en los que proceda el perdón del ofendido, en los de contenido patrimonial sin violencia sobre las personas y en aquellos que tengan señalada pena cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, así como al aplicarse criterios de oportunidad o suspensión del procedimiento a prueba.

Artículo 23.- En los delitos en los que no procede el perdón, será admisible la justicia restaurativa exclusivamente para la reparación del daño y la restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito.

Artículo 24.- Los jueces y magistrados en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes, deberán hacer saber a los interesados la existencia de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa, así como la ubicación del Centro más próximo para la solución alterna del conflicto.

Artículo 25.- El Ministerio Público deberá informar a los involucrados en los hechos de su competencia, sobre la naturaleza, principios y fines de la mediación, conciliación y justicia restaurativa, antes de abrir la carpeta de investigación, para que hagan valer el derecho de alcanzar una solución alterna al conflicto, si las circunstancias del caso lo permiten.

Artículo 26.- Las personas interesadas en solucionar sus conflictos a través de la mediación, la conciliación o de los procedimientos restaurativos, deberán conducirse con respeto y tolerancia durante el trámite correspondiente, guardar la confidencialidad y cumplir con el convenio que celebren.

Artículo 27.- La información que se genere durante la mediación, conciliación o procedimientos restaurativos, se considerará confidencial.

CAPÍTULO II: De las partes en la mediación, conciliación y justicia restaurativa[editar]


Artículo 28.- Toda persona interesada en la solución pacifica de sus conflictos, tiene derecho a:

I. Solicitar la intervención del Centro Estatal, así como cualquier Centro Público o mediador, conciliador o facilitador privado;

II. Que se le informe sobre la naturaleza, principios, fines y alcances de la mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa:

III. Que se le designe un mediador-conciliador o facilitador, en los términos de esta Ley, su reglamento o disposiciones generales;

IV. Recusar con justa causa al mediador-conciliador o facilitador que le haya sido asignado, en la forma y términos previstos en el reglamento; y

V. Obtener copia certificada del convenio en que haya sido parte.

Artículo 29.- El Centro Estatal y los Centros Públicos, atenderán gratuitamente los casos que les sean remitidos por las autoridades, así como los que planteen directamente los interesados antes, durante y después del proceso jurisdiccional.

TÍTULO TERCERO[editar]

CAPÍTULO I: De los procedimientos de mediación, conciliación y justicia restaurativa[editar]

Artículo 30.- Los procedimientos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa, se desarrollarán en sesiones orales, conjuntas o individuales y se substanciarán de acuerdo a los reglamentos y manuales operativos de observancia general.

Artículo 31.- Las declaraciones o manifestaciones que por cualquier medio se capturen o registren durante las sesiones orales, carecerán de valor probatorio dentro y fuera de juicio.

Artículo 32.- La mediación, la conciliación o los procedimientos restaurativos, pueden iniciarse:

I. Por solicitud de persona interesada en forma oral o escrita, o;

II. Por remisión del ministerio público o del juez que conozcan del asunto, cuando conste la voluntad de los interesados en solucionar sus controversias a través de alguno de los métodos previstos en esta Ley.

Artículo 33.- La solicitud será calificada inmediatamente por el Centro correspondiente para determinar si el conflicto de que se trata, puede legalmente solucionarse mediante los métodos previstos en esta Ley.

Artículo 34.- Aceptada la solicitud, se observará el trámite correspondiente previsto en los manuales operativos.

CAPÍTULO II: De los efectos del convenio de mediación o conciliación y de los acuerdos reparatorios[editar]

Artículo 35.- Los convenios resultantes de los procedimientos de mediación, conciliación o los acuerdos reparatorios, deberán constar por escrito y contener los requisitos de fondo y forma señalados en el reglamento respectivo.

Artículo 36.- El Centro Estatal está obligado a expedir a las partes y a la autoridad, copias simples o certificadas del convenio o acuerdo reparatorio cuando lo soliciten.

Artículo 37.- Los convenios de mediación o conciliación o los acuerdos reparatorios, celebrados en otras entidades federativas de la República Mexicana, serán ejecutables en el Estado de México, cuando se acredite que intervino un profesional certificado legalmente y que aquellos cumplen con los requisitos de fondo y forma establecidos en las disposiciones legales de esta entidad.

Artículo 38.- Autorizados los convenios o acuerdos reparatorios por los titulares de los Centros o Unidades, o por los mediadores-conciliadores o facilitadores privados, surtirán entre las partes la misma eficacia que la cosa juzgada, pudiéndose ejecutar, en caso de incumplimiento, en la vía de apremio, prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

Artículo 39.- Los convenios o acuerdos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes e incapaces, deberán ser sometidos al Centro Estatal para su revisión y reconocimiento legal.

Artículo 40.- El incumplimiento del convenio de mediación o conciliación, da derecho al interesado a un nuevo procedimiento de mediación o conciliación.

Artículo 41.- Los convenios pueden ser modificados con el consentimiento de quienes intervinieron en su subscripción.

CAPÍTULO III: De la suspensión, caducidad y prescripción[editar]

Artículo 42.- Cuando se trate de delitos o conductas antisociales, los convenios o acuerdos reparatorios que procedan, darán lugar a la suspensión del procedimiento, cuando legalmente proceda, hasta en tanto se cumplan las obligaciones contraídas.

Artículo 43.- En los juicios de orden civil, familiar y mercantil, el juez, en el auto donde ordene el emplazamiento, deberá hacer del conocimiento de las partes, la posibilidad de solucionar la controversia en el Centro Estatal.

Artículo 44.- En el caso de que las partes manifiesten su voluntad de acudir al Centro Estatal, se suspenderá el procedimiento y el juez notificará al director de dicho Centro, para que sean formalmente invitadas a la sesión inicial correspondiente, tramitándose el procedimiento de acuerdo al reglamento o manuales operativos.

Artículo 45.- En materia penal y de justicia para adolescentes, los agentes del Ministerio Público y los jueces del conocimiento, propondrán a las partes la utilización de los procesos de justicia restaurativa, explicándoles su naturaleza y beneficios.

Artículo 46.- En caso de que las partes acepten la propuesta, se suspenderá el procedimiento, si procede legalmente, se remitirá el caso a los servicios de justicia restaurativa, y se deberá informar oportunamente a la autoridad remitente del resultado correspondiente.

Artículo 47.- Durante los procedimientos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa, no operará la caducidad de la instancia, ni correrán los plazos para la prescripción de las acciones y de las sanciones, o de la ejecución de la sentencia relativa al asunto sometido a dichos procedimientos.

Artículo 48.- El plazo de prescripción de la acción para la ejecución de los convenios de mediación, conciliación o acuerdos reparatorios, será igual al concedido legalmente para la ejecución de las sentencias, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

Artículo 49.- Los mediadores-conciliadores y facilitadores que presten sus servicios en términos de esta Ley, serán responsables civil y penalmente por las faltas en que incurran en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las leyes de la materia.

Además, tratándose de servidores públicos, serán sujetos de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

T R A N S I T O R I O S[editar]

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil once.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en lo que se opongan a esta Ley.

CUARTO.- El Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados, el Poder Judicial y los ayuntamientos, expedirán el reglamento correspondiente para proveer a la estricta observancia de esta ley en el ámbito de su respectiva competencia, dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor.

QUINTO.- Para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, formulará el diseño de los programas educativos oficiales, vinculados a la utilización del dialogo, la negociación, la mediación y justicia restaurativa, diseñando un programa de actualización al respecto, dirigido a los educadores en el Estado de México, para su implementación.

SEXTO.- La Legislatura del Estado deberá prever los recursos presupuestales para la aplicación de este Decreto, a partir del próximo ejercicio fiscal.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diez.- Presidenta.- Dip. Lucila Garfias Gutiérrez.- Secretarios.- Dip. Francisco Javier Funtanet Mange.- Dip. Horacio Enrique Jiménez López.- Rúbricas.

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 22 de diciembre de 2010.


EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO (RUBRICA).


EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA (RUBRICA).


APROBACION: 14 de diciembre de 2010

PROMULGACION: 22 de diciembre de 2010

PUBLICACION: 22 de diciembre de 2010

VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil once.


ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 251

LA H. “LVII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA