La revolución en marcha — Alocución en el mitin republicano de la Plaza de Toros de Madrid

Lo primero que se me ocurre, ante la majestad de este pueblo congregado, es saludar en vosotros a la auténtica manifestación de la voluntad nacional. Un pueblo inmenso, que no puede estar aquí en persona, la mayoría del país, os ha conferido clamorosamente su representación. Lo mejor y lo más numeroso de España nos sigue, y nos acompaña en espíritu, dándonos, con la fuerza del número y la evidencia de su derecho, la autoridad necesaria para hacer las declaraciones que vamos a formular. Por eso, la importancia de esta primera asamblea del pueblo, de estas Cortes espontáneas de la revolución popular, consiste, ante todo, en que desde aquí notificamos a los que detentan los poderes públicos el fallo irrevocable de la voluntad de los españoles. Se reduce a esto: no más tiranos, no más despotismo; a todo trance, queremos libertad.

La libertad vamos a conquistarla los republicanos llegando a un buen acuerdo, superior a las competencias de partido y acallando las disputas de clase, con todas las fuerzas antimonárquicas de la nación. Mientras eso llega, la presencia en este acto de todas las organizaciones y todos los partidos del republicanismo demuestra, a quien lo ignore, o quiera desconocerlo, que los republicanos todos, unidos para lo sustancial, estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber del momento, recogiendo el gobierno del país en el estado en que la abyección y la incapacidad de unos, los sucios apetitos y la mala sangre de otros, lo han dejado caer.

Yo no sé ahora, yo no digo ahora si esta obra de los republicanos, conclusión natural de nuestro ideario y, al mismo tiempo, deber cívico y signo de decencia política, es fácil, o difícil. Lo que veo y digo es que su realización es inevitable, fatal. Nosotros no necesitamos preparar y poner en marcha la revolución. La revolución existe ya, la estamos viviendo y, por vivirla, casi no nos damos cuenta clara de que vamos en ella: la revolución española comenzó el 13 de septiembre de 1923.

Hay revolución si el pueblo se levanta contra los poderes del Estado y los destruye. Pero también hay revolución, aunque por otro estilo, si los poderes del Estado, sus órganos, los hombres en quien el Estado culmina se abalanzan contra el pueblo y lo esclavizan. Revolución de este género estamos viviendo en España desde 1923. El Estado perdió hasta la apariencia de orden jurídico y se convirtió en arma para desvalijar, en fuerza caprichosa para tiranizar. Una revolución desencadenada por el pueblo que pretende destruir los poderes constituidos puede ser sofocada por la fuerza; pero una revolución como la que está ocurriendo en España, promovida por los magnates mismos del Estado, que se erigen en tiranos, es incontenible, no puede pararse, no puede retroceder; pararse o retroceder sería tanto como reconocer y confesar la culpa, pedir perdón de ella, y llevaría consigo el hundimiento del trono. Tienen que seguir hasta su término natural el camino emprendido. Si la dictadura cediese voluntariamente, y ya estamos viendo que no cede, la cólera justiciera del pueblo haría en ella un escarmiento; y, si no cede, la conciencia pública despierta, como al fin ha despertado, le dará en su día el golpe de gracia. El 13 de septiembre de 1923, la monarquía se suicidó; no se culpe a nadie de su muerte.

El golpe de Estado, restaurando el despotismo, manifestó que la monarquia no era capaz de acomodarse ni a la moderada Constitución del 76. Los siete años que llevamos de despotismo, los tres Ministerios de dictadura, desde el Directorio al Gobierno del general Berenguer, prueban que tampoco se tiene en pie la monarquía ni puede gobernar usurpando todas las ventajas que la licencia del poder personal lleva consigo. La prueba es decisiva. ¿Qué le queda a una institución impotente para el bien, fautora de desorden, que no puede oponernos más que la sinrazón de la fuerza bruta? Le queda el recurso de la fuga, para ir a meditar en el destierro la lección que el pueblo español sabrá imponer a todos los que se confabularon para la explotación de su trabajo, de su sangre, de su silencio y de su mansedumbre, aprovechados para lanzarse a la orgía de los millones.

Este proceso político que la dictadura no consintió que se sustanciase ante el Parlamento, se ha incoado y sustanciado ante la opinión, que señala inapelablemente a los culpables. Y aunque sea esto una verdad harto conocida, conviene repetirlo siempre, y vocearlo aquí a los cuatro vientos por primera vez después de siete años, porque ello es la base de nuestra acción, la sustancia misma de nuestra justicia: en 1923 se nos impuso la tiranía para cortar el paso a las reivindicaciones del pueblo español, sublevado por los desastres de África; para evitar que en las Cortes sonase la palabra acusatoria incontestable. Régimen en que la majeza y la majadería le disputaban el primer puesto a la inmoralidad. Tan ofensivo de la justicia como del sentido común. Régimen que montó el gigantesco negocio de explotar al país en beneficio de unas familias, asistido de los fracasados de todos los partidos, de los pazguatos que creyeron llegada la hora de su celebridad, de los ladronzuelos que a cambio de lustrar las botas del dictador recibían su parte y comisión en la lluvia de monopolios, concesiones y obras, que han puesto a la economía del país en el estado lastimoso que hoy la vemos. Régimen, en fin, que invocaba a cada paso el tecnicismo, y como si eso pudiera estar nunca por encima de la moral, se rodeó de cuantos técnicos pudo, sin desdeñar a ninguno, ni siquiera a los técnicos que habían hecho su aprendizaje en el terrorismo barcelonés, poniendo a los representantes y agentes del Estado español al nivel profesional de los pistoleros de oficio. Este régimen, que llamándose nuevo, era el encumbramiento de lo más podrido y bastardo del régimen anterior, realizó en la cuestión de las responsabilidades una operación milagrosa: el más alto tribunal de la nación declaró culpable a un general; la dictadura lo amnistió, impulsada acaso de un remordimiento, y el general que había dejado de ser culpable ocupó un puesto de confianza, de tal manera que al formarse en Andalucía un nublado serio que pudo barrer algo más que la persona del dictador, los vientos reinantes se pusieron a soplar de parte del nublado, y apareció el general amnistiado a cubrir la retirada de su antecesor. El contenido de este juego es un proceso de orden histórico y político. La condena, la sanción, han de ser también históricas y políticas. El jurado competente es el pueblo; la audiencia es la calle, la sentencia es la República, porque, ya que ellos lo han querido, ya que ellos, revolucionariamente, no nos han dejado ser súbditos de un Estado normal, regido por el derecho; ya que ellos, revolucionariamente, no nos consintieron ser ciudadanos de un país libre, nosotros les notificamos que no nos da la gana de seguir siendo vasallos.

Todo lo que hay de irremediable y de fatal en el término de esta contienda, no nos exime a los republicanos del deber de esforzarnos en auxiliar y adelantar el momento supremo; antes al contrario, nos incita a que vayamos a él sin desperdiciar ninguna coyuntura, porque una institución virtualmente muerta puede mantenerse en pie algún tiempo, se puede arrastrar algunos años el cadáver de un régimen. Ahora mismo se está preparando un artificio de este género. Los periódicos cuentan que en la frontera francoespañola cuatro jefes liberales, no sé si hay más, están en tratos para formar un Gobierno con estas o las otras condiciones, que preste a la monarquía una falsa apariencia de constitucionalismo y le permita vivir un poco más. ¡Los cuatro jefes liberales! Yo creía que esta expresión: los jefes liberales, había desaparecido de la estereotipia de los periódicos, como desapareció también otro grupo ilustre: los moros notables de Frajana, que tanto dieron que hablar al comienzo de la penetración. ¿De dónde vienen estos reaparecidos? Vienen del ostracismo en que los sumió un puntapié memorable; vienen de soportar injurias proferidas por el Gobierno en nombre del rey, y no sintiéndose por lo visto bastante insultados, estos hombres contritos, dándole en definitiva la razón a su insultador, se aprestan a salvar aquello mismo que buscaba su perdición. En cuanto esa devoción palatina pueda hacer daño en la vida del país tenemos obligación de denunciarla y de decir a esos hombres que, por muchas ganas que tengan de continuar su historia y de prolongar la tradición del liberalismo dinástico, lo que proyectan, si se lograse, sería un pacto nefando, un engaño al país, y si fuesen liberales, una traición. Gobierno que así se forme tendrá nuestra hostilidad declarada e irreductible, tan necesaria o más que con cualquier Gobierno de franca reacción, porque vendría a escamotear la liquidación de cuentas, a fatigar con una táctica electoral y un Parlamento inofensivo el ansia de renovación que siente con nosotros toda España. Esto ha de ser así, aunque para formar el Gobierno liberal se pacte la condición impresionante de un cambio de personas en el régimen; porque no se trata de personas, sino de sistema, y ese mismo cambio que se promete como garantía del porvenir sería la prueba definitiva y concluyente de su impotencia. Es lo que hay que decir a los cuatro jefes liberales, que parecen en caricatura los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque vienen precediendo al acabamiento de todo.

Si nuestro deber es claro en los momentos actuales, no lo es menos nuestra línea de conducta. Implantar la República es una obra nacional. La verdad política del presente es ésta: unión de todas las fuerzas organizadas, cualquiera que sea su apellido, en cuanto admite la base común de la democracia republicana. Nosotros, que venimos procurando ese acuerdo, condicionado por el propósito colectivo, tenemos la seguridad de que aquella verdad política se impondrá por fin a todos. Quiero recordar, para subrayarlo con mi aplauso, lo que ha dicho en su último discurso Indalecio Prieto. «No es ésta la ocasión decía Prieto, de que las fuerzas antimonárquicas entremos en regateos de programas y antepongamos al objetivo común un debate sobre aquello que pueda separarnos; eso ha de quedar para la Constitución de la República». Y recojo también dos declaraciones que Julián Besteiro hizo en el mitin socialista del domingo pasado. Decía Besteiro: «Los socialistas hemos sido y somos, en el orden político, fundamentalmente republicanos». Es cierto. Sería monstruoso ponerlo en duda. Y añadía Besteiro: «El estado del país en general, y el punto de progreso a que ha llegado la organización proletaria, no permiten todavía que los socialistas tomen sobre sí las responsabilidades del poder». Estas tres verdades incontrovertibles, palmarias, proclamadas por tan señalados hombres del socialismo, nos dan abierto el camino para el acuerdo de señalar también los límites del mismo. La República le es tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal, pero nosotros no tenemos el pensamiento ni los socialistas tienen ahora la ambición de que nuestra fuerza común concluya en una República socialista. Pensamos en una República burguesa y parlamentaria, tan radical como los republicanos más radicales consigamos que sea, si tenemos opinión y votos para ello. Porque la República tiene un doble valor, una doble eficacia. De una parte es conclusión, porque termina el pleito político planteado desde hace un siglo con la dinastía, y, de otra parte, es comienzo o iniciación, en cuanto servirá de instrumento o de medio para el progreso político y la justicia social. En las Cortes constituyentes de la República cada cual pugnará por sacar adelante lo más que pueda de su ideario; y votada la Constitución, cada cual pugnará, en las amplias vías legales del régimen, por dilatar su proselitismo y determinar su Gobierno. Pero hay una regla general que yo proclamo aquí, no como aliciente para atraer a los dudosos, ni menos aún como recompensa de posibles colaboraciones, sino como un principio que se nos impone en conciencia y que habremos de aplicar aunque no contásemos nunca con el apoyo de un solo proletario; es éste: la República española tendrá que ser no sólo respetuosa con los derechos del trabajo, y garantía de sus reivindicaciones, sino propulsor y estímulo en la obra de despertar las conciencias más atrasadas y de levantarlas a un rango superior de humanidad y de ciudadanía.

Dicho esto, para los que de mala fe oponen a nuestra acción un fantasma sangriento, como si fuésemos a desencadenar sobre España un cataclismo, hay que decir también, mirando a otra parte, que la República española, por burguesa y parlamentaria que nazca, no podrá ser nunca una monarquía sin corona. La revolución no puede consistir en el ostracismo de una familia. Nadie piense que el Estado monárquico va a persistir, sin otro cambio que la designación del jefe; que van a persistir las jerarquías políticas antiguas ni sus feudos caciquiles, ni la impotencia de una Administración paralizada por las corruptelas y los compromisos, ni el oscuro dominio de los institutos, corporaciones y gremios, unos nacionales y otros extranjeros, que tienen mediatizada la soberanía nacional; nadie piense que nosotros, como si dudásemos de nuestro derecho o de nuestra capacidad, vamos a entregar la República, para que le perdonen la vida, a sus enemigos tradicionales. La República no será el régimen de un partido; es cierto, será régimen nacional, en este sentido: que respetuosa con los estatutos regionales que las Cortes sancionen para regular las autonomías locales, amparará con el poder del Estado los derechos de todos. Todos cabemos en la República, a nadie se proscribe por sus ideas; pero la República será republicana, es decir, pensada y gobernada por los republicanos, nuevos o viejos, que todos admiten la doctrina que funda el Estado en la libertad de conciencia, en la igualdad ante la ley, en la discusión libre, en el predominio de la voluntad de la mayoría, libremente expresada. La República será democrática, o no será. De esta manera los republicanos venimos al encuentro del país, no como estériles agitadores, sino como gobernantes; no para subvertir el orden, sino para restaurarlo; no para comprometer el porvenir de la nación, sino como la última reserva de esperanza que le queda a España de verse bien gobernada y administrada, de hacer una política nacional. Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad y de las dificultades que nos aguardan, y estamos resueltos a afrontarlas, sin escatimar ningún sacrificio.

Nosotros no podemos rematar estas declaraciones poniéndoles como conclusión la promesa de una era de felicidad, de ventura y de grandeza. La libertad no hace felices a los hombres; los hace simplemente hombres. La República no promete glorias, no vamos a comprometer a nuestro país, cuya modesta posición en el mundo conocemos, en aventuras grandiosas. Prometemos paz y libertad, justicia y buen gobierno. Llevad este mensaje a todos los rincones de la Península. Avivad a los dudosos y a los tímidos. Venid todos en nuestra ayuda. Estad prontos para el día de la prueba. Que España deje ya de parecer, en el orden de la acción política, un corral poblado de gallinas donde unas cuantas monas epilépticas remedan los ademanes de los hombres. Seamos hombres, decididos a conquistar el rango de ciudadanos o a perecer en el empeño. Y un día os alzaréis a este grito que resume mi pensamiento: ¡Abajo los tiranos!