Todas esas leyes, esos proyectos de ley, efectivamente fueron estudiados el año pasado, cuando estuvimos a punto de llegar a un acuerdo. Y no quiero decir por qué no se llegó, pero ya, hace más de un año y tanto, por iniciativa mía, se había buscado la posibilidad de legislar sobre hechos que son indispensables para constituir legalmente el área social de la economía, para garantizar al pequeño y mediano industrial, para establecer la participación de los trabajadores, para señalar qué se entiende por autogestión, etc., etc. Que, en su argumentación para llegar a la pregunta ha sido justo al señalar que una realidad distinta requiere también de leyes diferentes. Nosotros planteamos la necesidad de que el proceso revolucionario tenga los marcos legales que corresponden a esta etapa del proceso social y económico que vive el país. Toda revolución —recalco que el nuestro es un proceso revolucionario y no una revolución— requiere el marco jurídico que le da el contexto y el contenido de los avances que tienen que ir consolidándose para establecer los deberes y los derechos nacidos de la revolución. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestro país.
