Para confirmar lo anteriormente asentado, nótese en la Legislación Civil la multitud de reglamentaciones ó ingerencias del Estado, que tienden á coartar la libertad individual; como son la mayor parte de las disposiciones que reglamentan el estado civil, matrimonio y constitución de la familia, y particularizando entre estas, la muy monstruosa que establece la desigualdad de derechos entre los sexos.
Véase también cuán injusta es la legislación que establece la propiedad del suelo en términos ilimitados, cuando lo que legitima la apropiación de la tierra es la condición de su cultivo, pués de aquella manera es errónea la ley en sentido económico y por consiguiente impropia para llenar los fines del progreso humano.
Otra ley antieconómica es la conocida en Venezuela con el nombre de «Constitución de Hogar» y que se comprende en nuestro Código Civil, entre los artículos 551 á 560, inclusive; tal ley es ni más ni menos que una vinculación disfrazada, la cual en una nación de tan poca riqueza pública como la nuestra, retira del comercio una cantidad no despreciable de valores, retiro que merma por ende el crédito interno y hace subir el tipo ya excesivo del interés del capital, el cual fluctúa hoy entre el 18 y el 24 p% anual; mas no es sólo este el mal que causa la disparatada ley, sino también la desaparición, en un plazo más ó menos largo, del mismo capital así vinculado, por la imposibilidad en que se encuentran los individuos á cuyo favor se constituye el privilegio para reparar el edificio, objeto de él, con lo cual se destruirá irremisiblemente una riqueza que de otra manera podía subsistir. Esta ley ocupa el mismo lugar en Economía política que la de mayorazgos, vinculaciones, censos perpetuos, tasa, monopolios, espera y quita y demás disposiciones que tratan de hacer abaratar el capital, persiguiéndole.
Los defensores de la ley de Constitución de Hogar se basan, en que Venezuela debe tenerla también porque esta disposición es ley, en los Estados Unidos, y no
