veras, y ya se miraría un poquito antes de lanzarse. Seguramente no se lanzaría.
Por el contrario, advirtiera dudas, vacilaciones, empachos de legalidad de aquellos de que no quería morir O'Donnell, y á los quince días no se podría vivir en España.
Nada; que no habría más remedio, antes ó después, que ir á parar á la dictadura.
Hay en España una cuestión que, una vez resuelta, variaría por completo su faz: la del catastro.
Se han ensayado varios procedimientos para resolverla, y no han producido los efectos deseados. ¿Por qué? Porque gobiernan, ó influyen en las Cortes muchos de los ocultadores de las fincas.
Con la monarquía ya hemos visto que es imposible resolver esta cuestión vitalísima. Con la República parlamentaria también lo sería. Unicamente la República dictatorial podría resolverla.
¿Cómo? De modo sencillísimo. Publicando un decreto así, detalle más, detalle menos:
«Artículo 1.º Todo español hará dentro del plazo de sesenta días, á contar desde la publicación de este decreto, declaración exacta y fiel de cuanto posea y esté sujeto á tributación en cualquier forma. Á la relación acompañará nota de las fincas ó industrias que no tributan, y la fecha desde que las disfruta el actual poseedor. Se entenderá, para todos los efectos, que cada declarante sólo tiene aquello que declara. Si resultare luego con algo más, eso quedará á beneficio del Estado.
Art. 2.º Por las fincas é industrias no declaradas, y por las que hayan tributado menos de lo debido, satisfarán sus propietarios las cuotas correspondientes á los años de ocultación desde que las poseen, con el cinco por ciento de demora, imponiéndoseles además una multa.
Art. 3.º Lo que importen las cuotas y las mul-
