tas, se destinará proporcionalmente á recoger deuda exterior, crear una marina respetable, poner al ejército en verdaderas condiciones de lucha, fomentar la enseñanza y construir canales y pantanos.
Art. 4.º Todo ciudadano español que, pasado el plazo que se fija, denunciare la ocultación de una finca, tendrá derecho á que se inscriba á su nombre en el registro de la propiedad, una vez comprobada por modo rápido la certeza de la denuncia.
Art. 5.º La medida anterior debe tomarse también, en la forma que más convenga, pero aplicada con igual criterio de justicia, contra todos los que detentan bienes del Estado ó no le pagan lo que le deben.»
Un decreto así, sólo podría firmarlo un dictador que contase con el pueblo y el ejército, las dos entidades que saldrían principalmente beneficiadas con él; como saldrían perjudicados los ocultadores, los detentadores y los ladrones de todas clases y categorías.
Estando España infectada de inmoralidad, la dictadura republicana sería el único desinfectante eficaz.
«Artículo 1.º Quedan disueltas desde esta fecha todas las comunidades religiosas en España.
Art. 2.º En el improrrogable plazo de veinticuatro horas después de llegar á cada población este decreto, serán desalojados los conventos, sin permitirle á cada fraile sacar más que el libro de rezo.
Art. 3.º Los municipios se incautarán, bajo inventario, de cuanto exista en los conventos.
Art. 4.º De todas las fincas é industrias que, sabiéndose á ciencia cierta que son de los frailes, aparezcan á nombre de otro, se incautarán también los municipios, enviando relación doble,
