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Para eso vamos a implementar una política de Estado en favor de la agricultura.

Una política que nos permita poner de pie a nuestro mundo rural, especialmente a nuestra agricultura familiar campesina, pequeña y mediana, apoyada por el INDAP. Transformaremos a Chile en una verdadera potencia agroalimentaria, aprovechando los incrementos de la demanda, debido a la incorporación de nuevos consumidores y reducciones de la oferta mundial, debido al calentamiento global.

Vamos a enfrentar con decisión y urgencia la competencia desleal, tanto externa como interna. Pondremos urgencia al proyecto de ley que perfecciona el sistema de salvaguardias y fortaleceremos el Tribunal de la Libre Competencia, creando una fiscalía especializada en el sector agrícola, de forma de hacer realidad una efectiva protección contra la competencia desleal.

Fomentaremos las exportaciones agrícolas, promoveremos un tipo de cambio estable y competitivo y facilitaremos el financiamiento, especialmente a las PYMES agrícolas.

Adicionalmente, estableceremos un estatuto especial para el trabajador agrícola, y muy especialmente para las mujeres temporeras, que trabajan 3 ó 4 meses, pero deben vivir el año entero.

También implementaremos un plan especial de infraestructura rural, fortaleciendo las políticas de fomento y seguridad de riego y de recuperación de suelos degradados.

Finalmente, le he encomendado a los ministros de Agricultura y Hacienda estudiar los mecanismos que permitan, utilizando la factura electrónica, acabar con la retención del IVA que hoy afecta a distintos rubros del sector agropecuario.

Del terremoto y maremoto del 27 de febrero aprendimos que el centralismo de Santiago no sólo le quita el oxígeno a nuestras regiones, sino también, asfixia a nuestra capital. Un solo ejemplo: instituciones tan importantes como la ONEMI, tenía apenas un funcionario, y a honorarios, en toda la Región del Bío Bío.

Descentralizar el país tiene que dejar de ser una eterna promesa y transformarse en una firme realidad.

Nuestro gobierno será el gobierno de las regiones, y para eso vamos a impulsar una profunda revolución descentralizadora, transfiriendo poder efectivo a las regiones y a los municipios, a través de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos, desde el gobierno central a los gobiernos regionales y comunales, en un contexto de mayor flexibilidad y autonomía en su gestión y plantas de personal, respetando los legítimos