Registro Nacional: Libro II, Número 09

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Registro Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Libro II — Número 9 — Año: 1826


171[editar]

Buenos Aires, 20 de mayo de 1826.

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.

REGLANDO EL AÑO ESCOLAR EN LA UNIVERSIDAD.

DECRETO.

El Presidente ha acordado y decreta.

ART. 1. Las aulas de la Universidad se abrirán anualmente el 1.º de marzo, en cuyo día comenzaran todos los cursos.

2. Ninguno será admitido en las aulas sin haberse matriculado previamente y obtenido del secretario el boleto correspondiente.

3. El boleto de la matrícula no podrá darse sin que el secretario tenga constancia del examen y aprobación del año anterior.

4. El año escolar se computará desde el día de la apertura de las aulas, hasta el primero de diciembre en que deberán empezar los exámenes.

5. Queda facultado el rector de la Universidad para señalar el tiempo en que deben suspenderse las lecciones diarias a fin de que los alumnos se preparen para los exámenes de las facultades mayores y estudios preparatorios.

6. Los exámenes se darán por departamentos guardando el orden siguiente:

Los de ciencias sagradas.
Los de jurisprudencia.
Los de medicina.
Los de matemáticas.
Los de facultades preparatorias según su escala.
Los de latinidad, idiomas vivos y de dibujo.

7. Ningún estudiante será admitido a examen sin que acredite por certificado de sus respectivos maestros, haber llenado su curso.

8. No podrá contarse el curso al estudiante que de los diez meses que lo componen hubiese faltado uno sin causas justas y acreditadas, o dos aunque sea con justos motivos; bien hayan sido las faltas continuadas o interrumpidas.

9. Por el ministerio de gobierno se comunicará este decreto según corresponde, e insertará en el Registro Nacional.

Rivadavia.

Julián S. de Agüero.


Registro Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Libro II — Número 8 — Año: 1826


172[editar]

Buenos Aires, 13 de mayo de 1826.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA.

NOMBRANDO AUDITOR GENERAL DEL EJERCITO DE OPERACIONES.

DECRETO.


El Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado y decreta.

Siendo necesario proveer el empleo de auditor de guerra del ejército de operaciones, en persona que reúna las calidades y aptitudes que demanda.

1. Queda nombrado auditor de guerra del ejército de operaciones el doctor don José Ceferino Lagos, con el sueldo de dos mil quinientos pesos anuales.

2. Por el ministerio de guerra y marina, se expedirá el título correspondiente y se publicará en el Registro Nacional.

Rivadavia.

Carlos Alvear.


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Libro II — Número 9 — Año: 1826


173[editar]

Buenos Aires, 13 de mayo de 1826.

NOMBRAMIENTOS CON ARREGLO AL DECRETO DE 13 DE ESTE.


DECRETO.


El Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado y decreta.

1. Con arreglo al decreto de 13 del presente quedan nombrados para los empleos que se expresaran los individuos siguientes.

Comisario de guerra contador interventor del ejército de operaciones el oficial 1º de la comisaría general de guerra don José María Valdepares.
Comisario de guerra ministro tesorero del mismo ejército don Manuel Vidal y Medina.
Oficial de contaduría de id. don José Maria Riera.
Oficial de tesorería, el oficial auxiliar de la comisaría del mismo ejército don José María Pacheco.
Guarda almacén general de id. el teniente coronel reformado don Justo Rufino Fleytas.
Oficial escribiente de la contaduría de id. don Pedro Esteves.

2. Expídanse los despachos como corresponde y publíquese en el Registro Nacional.

Rivadavia.

Carlos Alvear.


Registro Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Libro II — Número 9 — Año: 1826


174[editar]

Buenos Aires, 22 de mayo de 1826.

DENOMINACIÓN DE LOS BATALLONES DE CAZADORES.


DECRETO.


Debiendo procederse a la organización del batallón de cazadores del ejército de operaciones en la Banda Oriental, se denominará este en adelante batallón número 2 de cazadores, y el que existe en esta capital tomará la de número 1.

Comuníquese a quienes corresponde y dese al Registro Nacional.

Rivadavia.

Carlos Alvear.


Registro Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Libro II — Número 9 — Año: 1826


175[editar]

Buenos Aires, 23 de mayo de 1826.

PREMIO.


LEY.

El Congreso general constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado y decreta lo siguiente:

ART. 1. El brigadier general don Juan Antonio Lavalleja, y los treinta y dos individuos que bajo sus órdenes dieron principio a la heroica empresa de libertar a la provincia Oriental, disfrutarán los premios siguientes.

El brigadier don Juan Antonio Lavalleja dos mil pesos anuales.
Los oficiales mil pesos anuales.
Los sargentos, cabos, y soldados quinientos pesos anuales.

2. Dichos premios empezarán a correr desde el día en que cese la guerra con el emperador del Brasil.

3. Serán vitalicios.

4. Si hubiere fallecido o falleciese durante la guerra con el emperador del Brasil alguno de los agraciados, su viuda e hijos, o en su defecto la madre viuda, empezarán a gozar desde entonces el premio en la forma establecida en el artículo 3.° de la ley de 31 de diciembre de 1825.

5. El Presidente de la república propondrá oportunamente los fondos de que deban satisfacerse dichos premios.

Lo que de orden del mismo se comunica a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Sala del congreso en Buenos Aires mayo 23 de 1826.

Manuel de Arroyo y Pinedo: presidente.

José C. Lagos: secretario.


Exmo. señor Presidente de la república.

Buenos Aires mayo 24 de 1826.

Cúmplase: acúsese recibo, comuníquese a quienes corresponde, y dese al Registro Nacional.

Rivadavia.

Carlos Alvear.


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176[editar]

Buenos Aires, 19 de mayo de 1826.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

REGLANDO EL SERVICIO DEL RESGUARDO.

DECRETO.


Puestas todas las aduanas exteriores bajo la inmediata y exclusiva administración de la presidencia de la república por la ley del congreso general constituyente del 13 de marzo de 1826, el gobierno ha debido contraerse a inquirir el estado actual de dichas oficinas, o mas bien la capacidad que tienen de recaudar con exactitud los impuestos indirectos, que por desgracia forman la mayor parte de la renta pública de la nación. Desde luego la aduana de la capital como la primera y mas importante ha llamado la atención de la Presidencia, esperando como es presumible, que pudiendo arribar a alguna perfección en su arreglo, ella normalizará a las demás del territorio nacional, pues que al fin la dilatación de su costa y la mayor concurrencia de intereses ofrece en este punto la facilidad de oponer todos los riesgos a todas las provocaciones, y a las esperanzas los inconvenientes del contrabando. Bien sabido es, que esta plaga horrible de la sociedad es el efecto inmediato de la tiranía de los impuestos, que invierte la proporción cualquiera, que debe hacerse sentir entre la verosimilitud del peligro, y, la mayor suma de interés que se espera burlándolo, comparada con la pérdida, o muy módica ganancia proveniente del cumplimiento de las leyes. Mas aunque existiera esta causa en el país, ella sola no es la del contrabando que se hace en él; la moral del comercio se resiente de la edad en que se ha principiado a conocer que en esta clase, como en las demás de la sociedad, la moral debe contarse como el primer elemento de su prosperidad. Esto es por una parte; por otra la institución que vela sobre la seguridad de las rentas de la aduana, conserva todavía algunos vestigios del carácter que investían las del gobierno colonial; es decir, la inmoralidad de un poder violento corrompido, o la corrupción puesta en acción para reproducirse. El resguardo participaba de estas dos distinciones; para sus plazas se recomendaba torpemente sino el crimen al menos todas las disposiciones del ánimo que son cómplices de los delitos. El primer puesto del resguardo se consideraba como un lugar de hacer una fortuna rápida, que no podía faltar, si se considera que el cuerpo de guardas dependía en su suerte y empleos del solo arbitrio del primer jefe, cuando el mismo no era contenido por ninguna inspección, cuando la distribución del servicio y de las personas ordenada por él sin dependencia alguna le daba la facilidad de hacer de los guardas los agentes diestros de su propia fortuna. Verdad es que este cuadro ha recibido sus alteraciones; pero no habiéndose borrado del todo aun, mientras que el gobierno se dedica con esmero a remover por otra parte las causas del contrabando, fomentando la moral de la sociedad y del comercio, mientras sus principios sobre impuestos son sentidos y conocidos, ha acordado y decreta:

Art. 1. Se declara vigente la ley nacional del soberano congreso, del 18 de abril de 1818, que dispone que los empleados del cuerpo del resguardo son amovibles a la voluntad del jefe del estado.

2. El cuerpo del resguardo se compondrá de dos inspectores, 15 oficiales, de 25 guardas primeros, y 25 guardas segundos, y a mas los seis buques y tripulaciones que al presente.

3. Se asigna a los inspectores una renta mensual correspondiente a mil quinientos pesos anuales, a los oficiales a 900, a los guardas primeros a 600, y a los segundos a 500; los patrones y marineros seguirán gozando el sueldo que actualmente disfrutan.

4. Quedan abolidos las gratificaciones o sobre sueldos que obtenían antes de este decreto algunos empleados del resguardo, excepto la parte que sobre sus asignaciones pudiere tocarles por los decomisos que hicieren.

5. La colecturía general arreglará con aprobación del ministerio de hacienda los gastos que deban hacerse en la traducción de los manifiestos a razón de un tanto por foja.

6. Los inspectores y el cuerpo de guardas quedan inmediatamente sujetos al colector general.

7. El colector general ordenará alternativamente el servicio de los inspectores en la forma siguiente. —Por cuatro meses, uno de los inspectores hará la distribución del servicio del cuerpo de guardas desempeñando todas las funciones del anteriormente denominado comandante del resguardo; y por el mismo tiempo el inspector franco vigilará al mismo inspector en ejercicio: correrá los puestos y destacamentos; observará la conducta de los guardas, y de todo lo que viere y observare, con relación al servicio, dará partes diarios al colector general de quien recibirá igualmente ordenes relativas.

8. Será así mismo de la obligación del inspector franco llevar el registro que por decreto de 5 de octubre de 1822 llevaba antes en la forma prevenida, el comandante del resguardo el cual, concluidos los cuatro meses deberá pasarlo sin conocimiento del otro inspector cerrado y sellado, al colector general.

9. Los registros sellados de cada inspector se elevarán por el colector general en el mismo estado, al ministerio de hacienda.

10. Los inspectores serán nombrados a propuesta en turno que hagan el colector y contador de aduana al ministerio de hacienda.

11. Los oficiales, guardas primeros y segundos serán así mismo, nombrados a propuesta del colector y contador de la aduana y de los inspectores del resguardo.

12. No podrá ser del cuerpo del resguardo ningún individuo que no lea y escriba correctamente.

13. El guarda de inferior grado que denunciase alguna complicación de cualquier oficial o guarda de mejor grado, en fraude contra el erario, ganará su plaza y el delincuente será destinado y penado además, con el rigor de las leyes.

14. Los comisos que se hiciesen por denuncia de alguno o algunos oficiales, guardas u otros del mismo cuerpo, de complicación de alguno o algunos individuos del resguardo para hacer el fraude, sin ninguna deducción se aplicarán todos al denunciante o denunciantes.

15. El ministro de hacienda nombrará y pagará además, directamente, dos guardas que dependan exclusivamente de él, y cuyo nombramiento no será público y conocido, sino es en el caso en que ellos manifiesten su patente.

16. El colector general y contador elevarán a la mayor brevedad posible al ministerio de hacienda un proyecto de reglamento para la seguridad del cobro de las rentas de la aduana en que se detallen las obligaciones del cuerpo del resguardo, como queda establecido.

17. Los empleados y dependientes de la aduana de la capital recibirán los títulos correspondientes, del gobierno nacional.

18. Queda encargada al ministro de hacienda la ejecución de este decreto que se comunicará a quienes corresponde y se insertará en el Registro Nacional.

Rivadavia.

Salvador M. del Carril.


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Libro II — Número 9 — Año: 1826


177[editar]

Buenos Aires, 20 de mayo de 1826.

ABOLIENDO LA TESORERÍA GENERAL CUYAS FUNCIONES REASUME EL BANCO.


DECRETO.


En virtud del artículo 54 de los estatutos del banco nacional, y el especial avenimiento de los directores, comunicado al gobierno en lo del presente, para que dicho establecimiento haga las funciones de la tesorería general de la República en la capital y demás provincias del territorio donde se hallen establecidas cajas subalternas del banco, y se establecieren en lo sucesivo: el Presidente de la República ha acordado y decreta.

Art. 1. Queda abolida la tesorería general que se creó por decreto de 23 de agosto de 1821, y se reasumen sus funciones en el banco nacional.

2. El banco nacional abrirá una cuenta corriente al ministerio de hacienda que comprenda todo lo que por su cuenta pague y reciba.

3. La cuenta corriente de que habla el artículo anterior se balanceará al fin de cada mes, y se cargará en ella el interés sobre las anticipaciones que el gobierno solicite, conforme a la ley de 28 de enero.

4. Los recaudadores subalternos de rentas verterán semanalmente en el banco la suma recaudada en nombre del colector general y con el recibo correspondiente del banco dado en tiempo, satisfarán a la colecturía general por las sumas que han debido poner en ella con arreglo a la ley.

5. El colector general depositará también en la tesorería del banco todo lo que se recaude en su oficina por ahora cada semana, y cuanta veces se encuentre con diez mil ps. depositará así mismo todas las letras de aduana.

6. Las oficinas de recaudación podrán cancelar los adeudos de los contribuyentes presentando estos, recibos del banco que acrediten haberlos allí cubierto.

7. Todas las deudas del estado por contribución, derechos, letras, u otras de plazos cumplidos, se exigirán por las oficinas de recaudación con el interés además que hubieren causado que en todo caso será el mismo que el gobierno paga al banco nacional.

8. La recaudación general de las rentas públicas se reglará por un decreto posterior.

9. El banco nacional pagará todos los libramientos del ministerio de hacienda.

10. El ministro de hacienda, firmado que sea cualquier decreto de pago, girará sobre el banco en favor del interesado, entregando a este el libramiento al poner su recibo al fin del documento que quedará en poder del oficial mayor del departamento.

11. Los libramientos que gire el ministro de hacienda serán numerados e impresos con llave doble de las cuales una quedará en secretaria a cargo del mayor, y la otra se remitirá al banco. La numeración se renovará cada mes.

12. El oficial mayor pasará los documentos satisfechos diariamente al contador liquidador, el cual después de la toma de razón de aquellos que influyan en sus liquidaciones, los remitirá también diariamente al contador encargado del manual y mayor nacional.

13. El oficial mayor llevará un registro de los libramientos que gire el ministro, y pasará una razón mensual de ellos al contador encargado del manual y mayor nacional.

14. Queda encargada al ministro de hacienda la ejecución de este decreto que se insertará en el Registro Nacional y se comunicará a quienes corresponde.

Rivadavia.

Salvador M. del Carril.


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178[editar]

Buenos Aires, 24 de mayo de 1826.

DECLARANDO QUE EL GOBIERNO NO CONTRAERÁ OBLIGACIÓN DE DAR Ó PAGAR SINO EN BILLETES DE BANCO.


DECRETO.


Circunstancias de todo género, el receso principalmente que ha hecho el comercio exterior del orden natural y de sus vías ordinarias en este país a causa de la guerra en que se halla la república, y la crisis de crédito, y los embarazos pecuniarios en que ha estado y permanece el principal mercado de Europa; todo ha concurrido simultáneamente a hacer sentir en un momento lo defectuoso del sistema monetario, que se conocía en estas provincias, reglado en su peso y ley precisamente contra sus mismos intereses. Felizmente cuando esta necesidad iba a presentarse con toda su fuerza, por la absoluta deficiencia de moneda metálica, que hablan producido las causas enunciadas, el conocimiento de los principios de la ciencia del crédito y su prudente aplicación al establecimiento del banco nacional, salvó a la autoridad del necesario compromiso en que se hubiera visto, de dar algún medio circulante, que podía desacreditarse aun antes de que el gobierno se hallase provisto de garantir o sostener su circulación. Así es que por fortuna el papel moneda, no es todavía una medida de las autoridades de este país, para ocurrir al conflicto en que se hallaba el crédito público y comercial, cuando el congreso se vio en la necesidad de declarar por la ley de 6 del presente como único medio circulante a los billetes del banco nacional, que por su naturaleza y las precauciones que reglan la medida y la conducta del banco, difieren esencialmente de aquella operación.

Pero entretanto la costumbre a no considerar como moneda si no las especies metálicas, que habían dejado de ser otra cosa que artículos preciosos de cambio, en el mismo hecho de no bastar a representar los valores, materias u objetos de transacción, empezaba a introducir en los contratos condiciones que inducían variación en el precio de las cosas —en la confianza sobre los mismos efectos que la ley había adoptado por único medio circulante— y en el comercio en general. Esto fue reglado en consecuencia por el decreto fecha 10 del presente, que tiene por base, que la moneda corriente reconocida por la ley es el único regulador de todo contrato que no sea de puro mutuo. Sin embargo el Presidente de la República reconociendo que aun faltan a los medios de ejecución de aquella ley la garantía y el ejemplo invariable de las transacciones públicas ha acordado y decreta.

Art. 1. El gobierno de la República no contraerá obligación a dar o pagar alguna cantidad, si no es con los billetes del banco nacional, reconocidos por la ley moneda corriente por su valor escrito en todo el territorio de la República.

2. Las oficinas de recaudación recibirán por el mismo valor y en la misma moneda todos los impuestos y derechos que forman el tesoro nacional.

3. Esta disposición y la ley de 5 de mayo se comunicará a los gobiernos de las provincias para que la publiquen hagan obedecer y cumplir.

4. Queda encargada la ejecución de este decreto al ministro secretario de hacienda que la comunicará e insertará en el Registro Nacional.

Rivadavia.

Salvador M. del Carril.



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