Plan de San Luis
Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos.
Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del dictador; los gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del Gral. Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa.
Hace muchos años se siente en toda la República profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno, pero el Gral. Díaz con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el decidido empeño del Gral. Díaz de imponer a la nación un sucesor y siendo éste el Sr. Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de conocida personalidad política, puesto que había sido imposible labrársela durante 36 años de dictadura, nos lanzásemos a la lucha intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático.
Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional Antirreleccionista proclamando los principios de Sufragio Efectivo y No-Reelección, como únicos capaces de salvar a la República del inminente peligro con que la amenaza la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más despótica y más inmoral.
El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese partido y respondiendo al llamado que se le hizo, mandó sus representantes a una Convención, en la que también estuvo representado el Partido Nacionalista Democrático que asimismo interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención designó sus candidatos para la Presidencia y Vice-Presidencia de la República, recayendo esos nombramientos en el Sr. Dr. Francisco Vázquez Gómez y en mí, para los cargos respectivos de Vice-Presidente y Presidente de la República.
Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para mejor servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación. Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas. Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por doquier el pueblo electrizado por las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y No-Reelección, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios. Al fin, llegó un momento en que el Gral. Díaz se dio cuenta de la verdadera situación en la República y comprendió que no podría luchar ventajosamente consigo en el campo de la Democracia y me mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos independientes y cometiéndose los fraudes más desvergonzados.
En México, como república democrática, el Poder Público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.
Por este motivo el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones, y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República, en la debida forma pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del Gral. Díaz a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.
Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido oportunidad de descubrir en mí los dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a liberarse de la odiosa tiranía que lo oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el Gral. Díaz no acataría la voluntad de la Nación y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba, pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la libertad un numeroso contingente de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.
Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad y que sus actuales gobernantes no responden a esas aspiraciones.
Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al gobierno del General Díaz y que si se le hubieran respetado sus derechos electorales, hubiese sido yo el electo para el puesto de Presidente de la República.
En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa, conforme a la ley, sus gobernantes. Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.
Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza, no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman de todas partes del país para obligar al Gral Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.
El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener, para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 de mes en curso, en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierno, dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya de del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando contra esa usurpación con las armas en la mano, he designado el domingo 20 del entrante noviembre, para que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el siguiente plan:
1.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año.
2.- Se desconoce al actual gobierno del Gral. Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para defender sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México.
3.- Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este plan. Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos sus ramos; pues tan pronto como la revolución triunfe se iniciarán la formación de comisiones de investigación para dictaminar acerca de las responsabilidades que hayan podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados y de los Municipios.
En todo caso, serán respetados los compromisos contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 del entrante.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4.- Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la República el principio de No-Reelección del Presidente y Vice-Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales, mientras que se hagan las reformas constitucionales respectivas.
5.- Asumo el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz.
Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los estados de la federación estén en poder de las fuerzas del pueblo, el presidente provisional convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará el poder al presidente que resulte electo, tan pronto como sea conocido el resultado de la elección.
6.- El presidente provisional antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de las funciones que le confiere el presente plan.
7.- El día 20 de noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la república tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente la gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera.
8.- Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar balas expansivas, ni fusilar a los prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.
9.- Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este plan serán reducidas a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional al principal jefe de las armas, con facultad para delegar funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el Gobierno Provisional.
10.- El nombramiento de gobernador provisional de cada estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la Revolución, será hecho por el presidente provisional. Este gobernador tendrá estricta obligación de convocar a elecciones para gobernador constitucional del Estado tan pronto como sea posible, a juicio del presidente provisional. Se exceptúan de esta regla los estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno, pues en éstos se considerará como gobernador provisional al que fue candidato del pueblo, siempre que se adhiera activamente a este plan.
En caso de que el presidente provisional no haya hecho el nombramiento de gobernador, que este nombramiento no hubiere llegado a su destino o bien que el agraciado no aceptare por cualquier circunstancia, entonces el gobernador será designado por votación entre todos los jefes de armas que operen en el territorio del estado respectivo, a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el presidente provisional tan pronto como sea posible.
11.- Las autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las oficinas públicas para los gastos ordinarios de la administración y para los gastos de la guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosidad. En caso de que esos fondos no sean suficientes para los gastos de la guerra, contratarán empréstitos, ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar la revolución se les restituya lo prestado.
A.- Los jefes de las fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá el mando de ellas el jefe de mayor graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra que los ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos.
B.- Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina; pues ellos serán responsables ante el gobierno provisional de los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.
Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos.
C.- Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al general Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalia se hará lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero, en cambio, serán fusilados dentro de las veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al servicio del general Díaz que, una vez estallada la revolución, hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esta pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única excepción será el general Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la república, cuando haya terminado la revolución.
En el caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salvada, pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los caudales de la nación y de cómo ha cumplido con la ley.
D.- Como es requisito indispensable en las leyes de guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón tricolor, en el tocado o en el brazo.
Conciudadanos: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino por salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefanda oligarquía científica, que, sin escrúpulos y a gran prisa, están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que continúen en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrán llevado al pueblo a la ignominia y lo habrán envilecido, le habrán chupado todas sus riquezas y, dejándolo en la más absoluta miseria, habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, que débil, empobrecida y maniatada se encontrará inerme para defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de promover la revolución por miras personales, pues está en la conciencia nacional que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar mi candidatura siempre que el general Díaz hubiese permitido a la nación designar aunque fuese al vicepresidente de la república; pero dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia, desoyó la voz de la patria y prefirió precipitarla en una revolución antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir aunque fuese en las postrimerías de su vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.
Él mismo justificó la presente revolución cuando dijo: “Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución”.
Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y de sus consejeros, hubiera evitado esta revolución haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo…¡tanto mejor!, el camino será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente reto, y ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a la misma fuerza para sacudir ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.
Conciudadanos: no vaciléis, pues, un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria.
Nota.- El presente plan sólo circulará entre los correligionarios de más confianza hasta el 15 de noviembre, desde cuya fecha se podrá reimprimir; se divulgará prudentemente desde el 18 y profusamente desde el 20 en adelante.
Referencias
[editar]Ángel Palou, Pedro (2011) Aquiles Serdán: el antirreleccionismo en la ciudad de Puebla (1909-1911), ed. Las Ánimas, ISBN 978-607-9246-71-6, pp. 185-197.