Primer mensaje al Congreso Pleno de Salvador Allende (21 de mayo de 1971)

Primer mensaje al Congreso Pleno de Salvador Allende (21 de mayo de 1971)

Conciudadanos del Congreso:

Al comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato constitucional, atribuyo a este Mensaje una doble trascendencia: es el primero de un Gobierno que acaba de asumir la dirección del país, y se entrega ante exigencias únicas en nuestra historia política.

Por ello quiero concederle un contenido especial, concorde con su significado presente y su alcance para el futuro.

Durante 27 años concurrí a a este recinto, casi siempre como Parlamentario de oposición.

Hoy lo hago como Jefe de Estado, por la voluntad del pueblo ratificada por el Congreso. Tengo muy presente que aquí se debatieron y se fijaron las leyes que ordenaban la estructura agraria latifundista, pero aquí también fueron derogadas instituciones obsoletas para sentar las bases legales de la reforma agraria que estamos llevando a cabo. Las normas institucionales en que se basa la explotación extranjera de los recursos naturales de Chile fueron aquí establecidas. Pero este mismo Parlamento las revisa, ahora, para devolver a los chilenos lo que por derecho les pertenece.

El Congreso elabora la institucionalidad legal, y así regula el orden social dentro del cual se arraiga; por eso durante más de un siglo ha sido más sensible a los intereses de los poderosos que al sufrimiento del pueblo.

En el comienzo de esta legislatura debo plantear este problema: Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política cuya función social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder debe corresponder, necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el Parlamento está llamando a institucionalizar.

A lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para reedificar la nación, tendrán que seguir pasos más decisivos. A la Reforma Agraria en marcha, a la nacionalización del cobre que sólo espera la aprobación del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nuevas reformas. Sea por iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de los dos poderes, sea con apelación legal al fundamento de todo poder, que es la soberanía popular expresada en consulta plebiscitaria.

Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. Tenemos urgencia de preguntar a cada ley, a cada institución existente y hasta a cada persona, si está sirviendo o no a nuestro desarrollo integral y autónomo.

Estoy seguro de que pocas veces en la historia se presentó al Parlamento de cualquier nación un reto de esta magnitud.

La superación del capitalismo

Las circunstancias de Rusia en el año 1917 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante.

La Rusia del año 17 tomó las decisiones que más afectaron a la historia contemporánea. Allí se llegó a pensar que la Europa atrasada podría encontrarse delante de la Europa avanzada, que la primera revolución socialista no se daría, necesariamente, en las entrañas de las potencias industriales. Allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado.

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de población pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos.

Como Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista.

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa. Algunos entre nosotros, los menos quizás, sólo ven las enormes dificultades de la tarea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla con éxito. Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario.

Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que un Parlamento que tan bien sirvió a las clases dominantes es incapaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del Pueblo chileno.

Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas y Carabineros, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país. Olvidan la conciencia patriótica de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros, su tradición profesional y su sometimiento al poder civil. Para decirlo en los propios términos del general Schneider, en la Fuerzas Armadas, como parte integrante y representativa de la Nación y como estructura del Estado, lo permanente y lo temporal organizan y contrapesan los cambios periódicos que rigen su vida política dentro de un régimen legal.

Por mi parte declaro, señores miembros del Congreso Nacional, que fundándose esta institución en el voto popular, nada en su naturaleza misma le impide renovarse para convertirse de hecho en el Parlamento del pueblo. Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la Constitución establezca. Una ordenación más justa, más humana y más generosa para todos, pero esencialmente para los trabajadores que hasta hoy dieron tanto sin recibir casi nada.

Las dificultades que enfrentamos no se sitúan en ese campo. Residen realmente en la extraordinaria complejidad de las tareas que nos esperan: institucionalizar la vía política hacia el socialismo, y lograrlo a partir de nuestra realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la pobreza propios de la dependencia y del subdesarrollo; romper con los factores causantes del retardo y al mismo tiempo edificar una nueva estructura socioeconómica capaz de proveer a la prosperidad colectiva.

Las causas del atraso estuvieron -y están todavía- en el maridaje de las clases dominantes tradicionales con la subordinación externa y con la explotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses extranjeros, y con la apropiación de los excedentes producidos por los trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral.

Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva que sólo genera un crecimiento deformado. Pero simultáneamente es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, edificarla sin crisis artificiales elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios.

Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que desafía a nuestro tiempo como su interrogante esencial: ¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como auto superación de la propia condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos.

Nadie puede hoy imaginar soluciones para los tiempos lejanos del futuro, cuando todos los pueblos habrán alcanzado la abundancia y la satisfacción de sus necesidades materiales y heredado, al mismo tiempo, el patrimonio cultural de la humanidad. Pero aquí y ahora, en Chile y en América Latina, tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las energías creadoras, particularmente de la juventud, para misiones que nos conmuevan más que cualquier otra empresa del pasado.

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la división entre ricos y pobres. Y en nuestro caso, edificar una sociedad en la que se proscriba la guerra de unos contra otros en la competencia económica; en la que no tenga sentido la lucha por privilegios profesionales; ni la indiferencia hacia el destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión de los débiles.

Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora de fe en sí mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, de renovar la vida.

Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales para realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de medios y tradiciones institucionales obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala planetaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se podrá convocar a los hombres a reedificarse no como reductos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como realización consciente de sus más nobles potencialidades. Este es el ideal socialista.

Un observador ingenuo, ubicado en algún país desarrollado poseedor de esos medios materiales, podría suponer que esta reflexión es un nuevo estilo de los pueblos atrasados para pedir ayuda, una invocación más de los pobres a la caridad de los ricos. No se trata de esto, sino de lo contrario. La ordenación interna de todas las sociedades bajo hegemonía de los desposeídos, la modificación de las relaciones de intercambio internacional exigidas por los pueblos expoliados, tendrán como consecuencia no sólo liquidar la miseria y el atraso de los pobres, sino liberar a los países poderosos de su condena al despotismo. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que degradan su sociedad.

Señores Miembros del Congreso Nacional: Aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les suministra, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre cómo florecer, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos.

Nuestro camino hacia el socialismo

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes esfuerzos de todos los chilenos. Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas -particularmente al humanismo marxista- y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno.

Científica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear sistemas productivos para asegurar, a todos, los bienes fundamentales que hoy sólo disfrutan las minorías. Las dificultades no están en la técnica y, en nuestro caso, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recursos naturales o humanos. Lo que impide realizar los ideales es el modo de ordenación de la sociedad, es la naturaleza de los intereses que la rigieron hasta ahora, son los obstáculos con que se enfrentan las naciones dependientes. Sobre aquellas situaciones estructurales y sobre estas compulsiones institucionales debemos concentrar nuestra atención.

En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista.

Sólo podremos cumplirlo a condición de no desbordar ni alejarnos de nuestra tarea. Si olvidáramos que nuestra misión es establecer un proyecto social para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo por el socialismo se convertiría en un intento reformista más. Si olvidásemos las condiciones concretas de que partimos, pretendiendo crear aquí y ahora algo que exceda nuestras posibilidades, también fracasaríamos.

Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario. Nos impulsa la energía de nuestro pueblo que sabe el imperativo ineludible de vencer el atraso y siente al régimen socialista como el único que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racionalmente en libertad, autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana.

En nombre de la reconstrucción socialista de la sociedad chilena ganamos las elecciones presidenciales y confirmamos nuestra victoria en la elección de regidores.

Esta es nuestra bandera, en torno a la cual movilizaremos políticamente al pueblo como el actor de nuestro proyecto y como legitimador de nuestra acción. Nuestros planes de gobierno son el Programa de la Unidad Popular con que concurrimos a las elecciones. Y nuestras obras no sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edificación progresiva de una nueva estructura de poder fundada en las mayorías, y centrada en satisfacer en el menor plazo posible los apremios más urgentes de las generaciones actuales.

Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia.

Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo para los que prefieren las grandes promesas. Pero el pueblo necesita abrigar sus familias en casas decentes, con un mínimo de facilidades higiénicas, educar a sus hijos en escuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo suficiente en cada día del año, el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, respeto a su personalidad. Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a todos los chilenos. Lo que ha sido negado a América Latina a lo largo de siglos. Lo que algunas naciones empiezan a garantizar ahora a toda una población.

Empero, detrás de esta tarea y como requisito fundamental para llevarla a cabo, se impone otra igualmente trascendental. Es movilizar la voluntad de los chilenos para dedicar nuestras manos, nuestras mentes y nuestros sentimientos a recuperar al pueblo para sí mismos a fin de integrarnos en la civilización de este tiempo como dueños de nuestro destino y herederos del patrimonio de técnicas, de saber, de arte, de cultura. Orientar el país hacia la atención de esas aspiraciones fundamentales es el único modo de satisfacer las necesidades populares, de suprimir diferencias con los más favorecidos. Y, sobre todo, de dar tarea a la juventud, abriéndole amplias perspectivas de una existencia fecunda como edificadora de la sociedad en que le tocará vivir.

Conciudadanos del Congreso. El mandato que se nos ha confiado compromete todos los recursos materiales y espirituales del país. Hemos llegado a un punto en que el retroceso o el inmovilismo significarían una catástrofe nacional irreparable. Es mi obligación, en esta hora, como primer responsable de la suerte de Chile, exponer claramente el camino por el que estamos avanzando y el peligro y la esperanza que, simultáneamente, nos depara.

El Gobierno Popular sabe que la superación de un período histórico está determinada por los factores sociales y económicos que ese mismo período ha conformado previamente. Ellos encuadran los agentes y modalidades del cambio histórico. Desconocerlo sería ir contra la naturaleza de las cosas.

En el proceso revolucionario que vivimos, son cinco los puntos esenciales en que confluye nuestro combate político y social: la legalidad, la institucionalidad, las libertades políticas, la violencia y la socialización de los medios de producción: cuestiones que afectan al presente y al futuro de cada conciudadano.

El principio de la legalidad

El principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras una lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mientras exista diferencia entre gobernantes y gobernados.

No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares. Protestamos contra una ordenación legal cuyos postulados reflejan un régimen social opresor. Nuestra normativa jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá.

Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar.

El desarrollo institucional

El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimen de Derecho está integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de los movimientos y partidos populares que hoy son gobierno ha contribuido sustancialmente a una de las realidades más prometedoras con que cuenta el país: tenemos un sistema institucional abierto, que ha resistido incluso a quienes pretendieron violar la voluntad del pueblo.

La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación del capitalismo.

El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritario la propiedad social de los medios de producción fundamentales.

Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral en funciones, por la Cámara Unica.

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de transición.

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este difícil período es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el nuevo régimen social.

No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: dependerá fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y económica, su evolución a corto plazo y el realismo en la actuación política de nuestro pueblo. En este momento pensamos que será posible, y actuamos en consecuencia.

Las libertades políticas

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosotros, representantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los credos. Por eso destacamos con satisfacción las palabras del Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, en su mensaje a los trabajadores: La Iglesia que represento es la Iglesia de Jesús, el hijo del carpintero. Así nació, y así la queremos siempre. Su mayor dolor es que la crean olvidada de su cuna, que estuvo y está entre los humildes.

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas. El Gobierno de la Unidad Popular fortalecerá las libertades políticas. No basta con proclamarlas verbalmente porque son entonces frustraciones o burla. Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en la medida que conquistemos la libertad económica.

En consecuencia, El Gobierno Popular inspira su política en una premisa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluyentes, y la existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector.

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a los intereses de todos los que ganan su vida con el esfuerzo de su trabajo: obreros y profesionales, técnicos, artistas, intelectuales y empleados. Bloque social cada vez más unido en su condición común de asalariados. Por el mismo motivo nuestro Gobierno ampara a los pequeños y medianos empresarios. A todos los sectores que, con intensidad variable, son explotados por la minoría propietaria de los centros de poder.

La coalición multipartidista del Gobierno Popular responde a esta realidad. Y en el enfrentamiento diario de sus intereses con los de la clase dominante se sirve de los mecanismos de confrontación y resolución que el sistema jurídico institucional establece, reconociendo a la Oposición las libertades políticas y ajustando su actuación dentro de los límites institucionales. Las libertades políticas son una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado.

Todos estos principios de acción, que se apoyan en nuestra teoría política revolucionaria, que responden a la realidad del país en el momento presente, que están contenidas en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, los he ratificado plenamente como Presidente de la República.

Son parte de nuestro proyecto de desarrollar al máximo las posibilidades políticas de nuestro país, para que la etapa de transición hacia el socialismo sea de superación selectiva del sistema presente. Destruyendo o abandonando sus dimensiones negativas y opresoras. Vigorizando y ampliando los factores positivos.

La violencia

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin tener que recurrir a formas autoritarias de gobierno.

Nuestra voluntad en este punto es muy clara. Pero la responsabilidad de garantizar la evolución política hacia el socialismo no reside únicamente en el Gobierno, en los movimientos y partidos que lo integran. Nuestro pueblo se ha levantado contra la violencia institucionalizada que sobre él hace pesar el actual sistema capitalista. Y por eso estamos transformando las bases de este sistema.

Mi Gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente manifestada. Sólo ante ella responde, los movimientos y partidos que lo integran son orientadores de la conciencia revolucionaria de las masas y expresión de sus aspiraciones e intereses. Y también son directamente responsables ante el pueblo.

Con todo, es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la nítida trayectoria de nuestra emancipación y podría alterar radicalmente el camino que nos señalan nuestra realidad y nuestra conciencia colectiva; este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo.

Si la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social o política llegara a amenazar nuestro normal desarrollo, y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo y realismo histórico denominamos la vía chilena hacia el socialismo. La resuelta actitud del Gobierno, la energía revolucionaria del pueblo, la firmeza democrática de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, velarán porque Chile avance con seguridad por el camino de su liberación.

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sectores medios nos dan la superioridad indispensable para que la minoría privilegiada no recurra fácilmente a la violencia. Si la violencia no se desata contra el pueblo, podremos transformar las estructuras básicas donde se asienta el sistema capitalista en democracia, pluralismo y libertad. Sin compulsiones físicas innecesarias, sin desorden institucional, sin desorganizar la producción; de acuerdo con el ritmo que determine el Gobierno según la atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo de nuestros recursos.

Lograr las libertades sociales

Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. Imaginar que se pueden saltar las fases intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la realidad se encargará de recordarla. Tenemos muy presente la enseñanza de las revoluciones triunfantes. La de aquellos pueblos que ante la presión extranjera y la guerra civil han tenido que acelerar la revolución social y económica para no caer en el despotismo sangriento de la contrarrevolución. Y que recién después, durante decenios, han tenido que organizar las estructuras necesarias para superar definitivamente el régimen anterior.

El camino que mi Gobierno ha trazado es consciente de estos hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites. Estos son perfectamente conocidos por todos los chilenos. Están señalados en el programa de Gobierno que se está cumpliendo inexorablemente, sin concesiones en el modo y la intensidad que hemos hecho saber de antemano.

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de organización, ha confiado al Gobierno Popular la defensa de sus intereses. Ello obliga al Gobierno a actuar con una total identificación e integración con las masas, a interpretarlas orientándolas. Y le impide distanciarse con actuaciones retardadas o precipitadas. Hoy más que nunca, la sincronización entre el pueblo, los partidos populares y el Gobierno debe ser precisa y dinámica.

Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de lo anterior y crea los elementos y agentes de la que sigue. Recorrer la etapa de transición sin restricciones en las libertades políticas, sin vacío legal o institucional, es para nuestro pueblo un derecho y una legítima reivindicación. Porque está prefigurando en términos concretos su plena realización material en la sociedad socialista. El Gobierno Popular cumplirá con su responsabilidad en este momento decisivo.

En la organización y conciencia de nuestro pueblo, manifestada a través de los movimientos y partidos de masas, de los sindicatos, radica el principal agente constructor del nuevo régimen social. En movilización permanente y multiforme, según las exigencias objetivas de cada momento. Esperamos que esta responsabilidad, no necesariamente desde el Gobierno, sea compartida por la Democracia Cristiana que deberá manifestar su consecuencia con los principios y programas que tantas veces expuso al país.