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HACIA UNA NUEVA ETAPA EN EL ORDEN INTERNACIONAL.

 El nuevo cuadro político crea condiciones favorables para que la comunidad de naciones haga en los años venideros un gran esfuerzo destinado a dar renovada vida y dimensión al orden internacional.

 Dicho esfuerzo deberá inspirarse en los principios de la Carta y en otros que la comunidad ha ido agregando, por ejemplo los de la UNCTAD. Como lo hemos dicho, tres conceptos fundamentales que presiden las responsabilidades entregadas a las Naciones Unidas debieran servirle de guía: el de la seguridad colectiva política, el de la seguridad colectiva económica-social y el del respeto universal a los derechos fundamentales del hombre, incluyendo los del orden económico, social y cultural, sin discriminación alguna.

 Damos particular importancia a la tarea de afirmar la seguridad económica colectiva, en a cual tanto han insistido recientemente Brasil y el Secretario General de las Naciones Unidas.

 Como paso importante en esta dirección, la organización mundial cuánto antes debiera hacer realidad la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, fecunda idea que llevó el Presidente de México, Luis Echeverría, a la Tercera UNCTAD. Como el Ilustre Mandatario del país hermano creemos que "no es posible un orden justo y un mundo estable en tanto no se creen obligaciones y derechos que protejan a los estados débiles".

 La acción futura de la colectividad de naciones debe acentuar una política que tenga como protagonistas a todos los pueblos. La Carta de las Naciones Unidad fue concebida y presentada en nombre de "Nosotros los Pueblos de la Naciones Unidas".

 La acción internacional tiene que estar dirigida a servir al hombre que no goza de privilegios sino que sufre y labora: al minero de Cardiff, como al "Fellah" de Egipto; al trabajador que cultiva el cacao en Ghana o en Costa de Marfil, como al campesino del altiplano en Sudamérica; al pescador de Java, como al cafetalero e Kenya o de Colombia. Aquella debiera alcanzar a los dos mil millones de seres postergados a los que la colectividad tiene la obligación de incorporar al actual nivel de al evolución histórica y reconocerle "el valor y la dignidad de persona humana", como lo contempla el preámbulo de la Carta.