Acuerdo Nacional Conformación Frente Común por la Paz

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TEXTO DEL ACUERDO NACIONAL CONFORMACION FRENTE COMUN POR LA PAZ[editar]

Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2000 (ANCOL).- El siguiente es el texto del Acuerdo Nacional para la Conformación de un 'Frente Común por la Paz y contra la Violencia', suscrito esta noche en la Casa de Nariño:

"Convocados por el Presidente de la República, en su condición constitucional de símbolo de la unidad nacional, los firmantes de este Acuerdo, luego de analizar con profundidad la situación de violencia que vive el país y la coyuntura actual del proceso de paz, hemos decidido conformar un Frente Común por la Paz y contra la Violencia. Durante nuestros diálogos, hemos encontrado temas y visiones que nos identifican. Sobre ellos recaerá nuestro esfuerzo de trabajo conjunto, teniendo siempre como marco los más altos intereses de Colombia. Para que este frente común le entregue su aporte eficaz a la paz en la parte operativa se mantendrá su actividad con reuniones periódicas, en las cuales se analizará el proceso. Nuestro compromiso no es solo con la paz en general, sino con lo que ella demande en concreto. En ese orden de ideas, nos hemos puesto de acuerdo en lo siguiente:

  1. ) Ratificamos nuestro compromiso con la solución política negociada del conflicto armado. El diálogo es el medio idóneo para tramitar las diferencias y resolver pacíficamente los conflictos sociales, mientras que la violencia y el conflicto armado constituyen el mayor obstáculo para el progreso nacional. Estamos dispuestos a trabajar y a participar en su logro, a fin de que la política de paz sea no sólo una política de Gobierno, sino una auténtica política de Estado, autónoma y nacional, donde estén representadas todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.
  2. ) Condenamos el uso de la violencia como herramienta de la lucha política, que se ha vuelto obsoleta en el mundo. En cambio, reclamamos una cultura de paz basada en la seguridad democrática y ciudadana, que practica los principios de la tolerancia y los métodos pacíficos para la resolución de conflictos que inevitablemente ocurren dentro de la sociedad.
  3. ) Coincidimos en que esta convocatoria debe ir más allá de las fuerzas políticas y por ello respaldamos una activa comunicación del Gobierno con el Consejo Nacional de Paz que, por decisión de la ley, está integrado por una amplia representación de la sociedad civil y que se reúna también con las distintas ramas del poder público, para consolidar una posición común de toda la nación colombiana.
  4. ) Consideramos urgente un acuerdo de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que excluya a la sociedad civil de la confrontación armada. En este sentido condenamos los secuestros, las masacres, la desaparición forzada, la extorsión, los homicidios fuera de combate, los paros armados, el uso de armas proscritas universalmente y la destrucción de la riqueza pública y privada. La paz exige la defensa y la promoción de la libertad como derecho supremo de la dignidad humana. Condenamos toda acción que por fuera de la ley pretenda restringirla y es un deber de los ciudadanos exigir su respeto de manera solidaria.
  5. ) Pensamos que ha llegado el momento de concretar la negociación con las FARC, para evitar el diálogo perenne sin precisiones ni resultados, y para que la sociedad colombiana entienda que el proceso avanza, recuperándole confianza. En caso de ser necesaria la prórroga de la zona de distensión, debe asegurarse que cumpla los fines precisos para los que fue reglamentada por la ley, es decir, para que sin riesgo de las partes se pueda negociar en calma y tranquilidad. Por ello instamos a las FARC a reanudar de manera inmediata las negociaciones sobre las cuestiones sustantivas relacionadas con los mecanismos que aseguren la continuidad, seriedad y éxito del proceso y para llegar a acuerdos concretos sobre empleo y política económica; iniciar el diálogo sobre acuerdos políticos, y discutir igualmente las propuestas de cese al fuego y las hostilidades, la lucha contra el narcotráfico, la sustitución de cultivos, la liberación de los soldados y policías y la de todos los secuestrados.
  6. ) Respaldamos el pronto inicio de conversaciones con el ELN y hacemos un llamado vehemente para superar las dificultades sobre el establecimiento de la zona de encuentro para su realización, con reglas claras y mecanismos de verificación. Celebramos la activa participación del Grupo de Países Amigos, modelo de lo que significa el apoyo internacional al proceso de paz, así como el compromiso inicial de contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos.
  7. ) Ratificamos nuestra convicción en la lucha contra las autodefensas y rechazamos enfáticamente las acciones de estos grupos que contribuyen a degradar el conflicto armado. Ratificamos también los compromisos asumidos en los acuerdos firmados con las Farc en Caquetania y los Pozos e instamos al gobierno a fortalecer la lucha decidida que en contra de esta manifestación de violencia adelantan todas las instituciones del Estado.
  8. ) Creemos en la necesidad de fortalecer cada vez más las Fuerzas Armadas al servicio de la democracia, respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que ejerzan la autoridad de acuerdo con el mandato constitucional de defender la soberanía, la seguridad de los ciudadanos. Entendemos que ello es necesario para recuperar el monopolio de la fuerza y de las armas en cabeza del Estado. Creemos firmemente que tal monopolio será sólido y duradero solo mediante el logro de la paz.
  9. ) Mantenemos la inalterable tradición colombiana de una política internacional de consenso, soberana, democrática, que esté de acuerdo sobre sus intereses fundamentales y en pié para defenderse de cualquier pretensión que vaya en contravía de la unidad nacional. Por esa razón, decimos a la comunidad de naciones que los problemas propios de la realidad nacional, deben ser resueltos por colombianos. Y al mismo tiempo solicitamos al unísono la solidaridad, el respeto y la cooperación que piden las circunstancias actuales.
  10. ) Estamos comprometidos en la estrategia contra el problema mundial de las drogas. La incidencia del narcotráfico sobre la sociedad colombiana, lo convierte en uno de los principales estímulos de la violencia y de la corrupción. Dicha política debe librarse universalmente contra toda la cadena productiva lo cual exige de la comunidad internacional un compromiso equivalente contra los precursores químicos, el lavado de activos y el consumo. También debe llevarse a cabo la erradicación de los cultivos empresariales de manera forzosa, sin compensación y sin afectar el ambiente, y sustituir los pequeños cultivos de manera concertada en el marco de la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo. Invitamos a la insurgencia a trabajar conjuntamente en los anteriores propósitos. Así mismo estamos convencidos de que la paz es el mecanismo más eficiente para lograr resultados en estas materias. Sobre este punto Antonio Navarro expresó su opinión en el sentido de que debe suprimirse en forma definitiva la fumigación de los cultivos ilícitos.
  11. ) El futuro sin miseria y sin violencia debe construirse entre todos, manteniendo firmemente los acuerdos, la unidad nacional, la democracia y el espíritu participativo de la Constitución Nacional.

ANDRES PASTRANA ARANGO Presidente de la República

MARIO URIBE ESCOBAR Presidente del Congreso.

HORACIO SERPA URIBE
CIRO RAMIREZ PINZON
LUIS FERNANDO ALARCON M.
ANTONIO NAVARRO WOLF.
SAMUEL MORENO ROJAS.
LUIS GUILLERMO GIRALDO H.

Véase también[editar]

w:Diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC (1998-2002)