Argentina - Gobierno

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Argentina - Gobierno de Octavio Velasco del Real
Publicado en el libro Viaje por la América del Sur, Barcelona, 1892.
Nota 2: se han modernizado algunos acentos.
- Argentina - Gobierno,


en la segunda mitad del siglo XIX

[En 1868, fue elegido] Sarmiento, distinguido publicista que se había distinguido lo mismo en el bufete que en el campo de batalla combatiendo a Rosas. Había merecido Sarmiento bien de la patria por haber fomentado durante su ministerio (bajo el presidente Derqui) la educación popular. Era conocidamente unitario, entendiéndose este término como sinónimo de partidario de la preeminencia de Buenos Aires sobre las provincias. El buen Sarmiento hizo un viaje por la confederación, en 1870, y de paso por San José (capital del Estado de Entre Ríos) visitó a Urquiza, que le colmó de obsequios. Poco después, Urquiza era encontrado cosido a puñaladas.

El golpe había partido, sin duda, de los colorados, o federalistas. No había transcurrido mucho tiempo desde el trágico fin del caudillo, cuando aparecían algunas partidas insurrectas, al mando del federalista López Jordán, durando muchos meses las hostilidades.

Terminó el plazo presidencial de Sarmiento en 1874, y el país conservó los más gratos recuerdos de su gestión. Durante su presidencia, en efecto, adquirió envidiable desenvolvimiento la instrucción pública; organizose perfectamente el ramo de correos; adquirió lisonjero desarrollo el consumo de papel, base para apreciar la cultura de una nación; construyéronse importantes obras públicas, especialmente carreteras, ferrocarriles y telégrafos; alcanzó grande incremento la importación de máquinas; levantáronse suntuosos edificios en las principales ciudades; creáronse numerosos establecimientos científicos, y, por fin, se echaron las bases de la industria nacional.

Presentáronse para sustituir a Sarmiento dos candidatos: el doctor Avellaneda, secretamente apoyado por los jesuitas, y el general Mitre. Alcanzó el triunfo el togado, el cual tomó posesión en octubre de 1874; pero acto seguido se levantó en armas el derrotado militar, protestando de la validez de la elección de Avellaneda. Este envió contra Mitre un ejército que puso a las órdenes del digno doctor Sarmiento, su antecesor, y éste, con no ser más que un pedagogo, venció al Brigadier general de la Confederación Argentina (que este grado tenía Mitre), quedando luego la República como una balsa de aceite.

La administración de Avellaneda distó mucho de ser tan fecunda en beneficios como la de Sarmiento, y al finalizar el periodo presidencial, en 1881, fue el doctor reemplazado por el general D. Julio A. Roca, hombre de brillante reputación por sus campañas de Patagonia y de ideas paladinamente democráticas. El triunfo de Roca, sin embargo, fue muy laborioso. El general se presentaba en son de candidato de las trece provincias, y su competidor, D. Carlos Tejedor, contaba a su vez con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, de la cual era gobernador, apoyándole Avellaneda con todas sus fuerzas. Contando, pues, Tejedor con la aquiescencia de dicho Avellaneda, presidente aún, se sublevó contra el Gobierno (no contra Roca); pero ei doctor Rocha, ministro a la sazón, hizo entender a Avellaneda que era preciso someter a Tejedor. El presidente, pues, tuvo que dar su brazo a torcer, enviando tropas contra el travieso gobernador de Buenos Aires, y le obligó a retirar su candidatura, alcanzando Roca grandísima mayoría de votos.

El programa de Roca, esto es, el del partido democrático, contenía las siguientes declaraciones:

Mantenimiento de la libertad en todas sus manifestaciones, armonizando su ejercicio con el orden público y la paz.

Reconocimiento de todos los principios democráticos. Fomento de la instrucción popular; fomento de la inmigración, esforzándose en identificarla con la población indígena.

Apoyo a todo lo que pudiese contribuir al progreso y adelanto del país. Desarrollo de una política de concordia, garantizándose a cada partido la manifestación de sus aspiraciones, dentro de la legalidad. Estrechamiento de relaciones con todos los países.

Digamos ahora, en honor a la verdad, que el general Roca puso en práctica desde luego las manifestaciones contenidas en su programa, dejando buena memoria de su presidencia. Entonces empezó aquel enorme desarrollo de la prosperidad argentina, que por sus mismas fabulosas proporciones bien se veía que no podría ser duradero; pero tuvo la suerte Roca de no ver realizarse bajo su administración lo que algunos espíritus perspicaces preveían ya.

Fue reemplazado el general en 1887 por el doctor Juárez Celman, cuyo nombre se ha hecho famoso en todo el mundo, como íntimamente ligado al gran krack financiero de 1890. Durante la presidencia de Juárez Celman, llegó a su apogeo la fiebre bursátil que se había apoderado de la Confederación Argentina. Había Inglaterra enviado a la República del Plata mil millones de libras esterlinas, en oro, en forma de empréstitos destinados a la construcción de ferrocarriles, puertos y otras obras públicas; pero ello es que dicho metálico debió de volatilizarse, pues al llegar 1890 surgió una espantosa crisis económica, motivada por la excesiva circulación de billetes y, sobre todo, por el agio, desarrolladísimo desde que dicho Celman fue elevado a la presidencia.

Corría el mes de julio del citado año, cuando estalló aquella insurrección militar que tanto interés despertó en Europa. Después de varios trances, ofreció Celman su dimisión (por pura fórmula); pero hubo, al fin, de largarse de veras, sucediéndole el vicepresidente Sr. Pellegrini, con el apoyo del general Roca. Llegada la época de proceder a nuevas elecciones, fue elegido el Sr. D. Roque Sáenz Peña, de quien se dice que apela a medidas terroríficas y que es muy partidario de los unitarios, favoreciendo a éstos cuando se rebelan contra las autoridades provinciales.

Digamos algo ahora sobre el mecanismo gubernamental de esta república. Después de la larga serie de convulsiones que ya hemos visto, y terminadas las luchas entre unitarios y federales (1852), alcanzó la nación argentina la plena posesión de sus destinos, adoptando el texto de la Constitución de los Estados Unidos y sus doctrinas federativas, pero sin que hubiese adquirido todavía toda la necesaria seguridad el principio de la unidad nacional. Alcanzóse esto, por fin, en 1880, durante la presidencia de Avellaneda. En virtud de un pacto constitucional, las provincias confederadas reconocieron una misma ley civil, comercial, penal y política. Buenos Aires es la capital nacional (la capital de su provincia es La Plata), la sede del poder nacional ejecutivo, legislativo y judicial, sin que por eso deje cada Estado de conservar su autonomía.

"Teóricamente,—dice un escritor, — la Constitución argentina tiene lo que es menester para impedir la preponderancia de cualquiera de los rodajes del mecanismo y para restringir, en particular, el poder y la influencia del presidente, que se supone no ser sino el jefe del gabinete, elegido por determinado número de años y encargado de presidir a la ejecución de las leyes y tratados que la nación ha elaborado y votado por intermediación de sus representantes. Pero, como explica muy bien M. E. Daireaux, los doctrinarios que declaran peligrosa la presencia de un jefe supremo a la cabeza de una República encontrarían, para militar en favor de su teoría, numerosos argumentos en el espectáculo que ofrece la elección de este magistrado, en virtud de las complicadas formalidades exigidas por los autores de la Constitución americana, en la importancia que confiere al personaje favorecido esta larga incubación, y, en fin, en la perturbación que esta incubación y el resultado a que conduce producen fatalmente en el país, en su comercio, en su industria, en su paz social, en la unión de las familias y en la de los ciudadanos. Puede hasta decirse que la situación política pone trabas continuamente y pone perpetuamente en peligro la prosperidad social de la nación. M. E. Daireaux, los doctrinarios que declaran peligrosa la presencia de un jefe supremo a la cabeza de una República encontrarían, para militar en favor de su teoría, numerosos argumentos en el espectáculo que ofrece la elección de este magistrado, en virtud de las complicadas formalidades exigidas por los autores de la Constitución americana, en la importancia que confiere al personaje favorecido esta larga incubación, y, en fin, en la perturbación que esta incubación y el resultado a que conduce producen fatalmente en el país, en su comercio, en su industria, en su paz social, en la unión de las familias y en la de los ciudadanos. Puede hasta decirse que la situación política pone trabas continuamente y pone perpetuamente en peligro la prosperidad social de la nación.

"Sin embargo, el ideal de la Constitución argentina es el mismo que el de la Constitución de los Estados Unidos. Ambas hacen del presidente el jefe responsable del gabinete, y ambas dan por ayudantes a este presidente cinco ministros, o secretarios irresponsables, que pueden ser interpelados por las Cámaras respecto a sus actos, sin que el voto emitido influya en lo más mínimo en sus carteras. Esos seis personajes, que constituyen el conjunto del poder ejecutivo, tienen numerosas atribuciones, pero ninguna de ellas con carácter independiente: cada una está sometida a una regla, a una salvaguardia o a un contrapeso.

"Si la letra y el espíritu de la Constitución argentina fuesen observados, serla la realización del ideal. Los autores de esta Constitución han previsto, sin duda, que no sería así; y como han comprendido todos los peligros que lleva consigo la elección de un presidente, se han esforzado en hacer esta elección excesivamente complicada.

"De ahí resulta que la elección presidencial es el alfa y el omega, la incesante preocupación de toda la vida política del país, y al mismo tiempo la causa del aniquilamiento completo de la vida política considerada en el verdadero sentido de las palabras. El voto del ciudadano queda, en efecto, suprimido, y por este hecho inicial queda falseado el mecanismo entero. Sea como fuere, en todas las elecciones locales (elecciones de gobernadores de provincias, que se renuevan cada tres años, elecciones de las Cámaras providenciales, elecciones de los diputados y senadores del Congreso Nacional), tienen invariablemente en vista la futura elección del presidente de la República, por lejana que sea la fecha.

"En la República Argentina el mecanismo de la elección presidencial es el siguiente: el presidente es elegido por seis años é instalado el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América. Durante el último año del mandato presidencial tienen efecto muchas elecciones. El 12 de febrero se renueva la tercera parte de los senadores y diputados del Congreso Nacional que dirá la última palabra en la elección del futuro presidente. El 12 de abril se celebra en cada provincia la elección de los electores de segundo grado. Estos electores, escogidos con exclusión de los individuos del Congreso y en número doble para cada provincia, se reúnen el 12 de junio para designar el candidato a la presidencia que merece sus preferencias. Estos delegados proceden a esta operación en las capitales de sus respectivas provincias, é inscriben los nombres del presidente y del vicepresidente de su elección en una papeleta de voto personal firmada con su nombre. Todas esas papeletas son remitidas a la Legislatura provincial, que las pone bajo sobre y sella y las trasmite al presidente del Congreso Nacional. Éste las abre y las examina en presencia de dos terceras partes, a lo menos de los individuos de la Asamblea. Si el candidato a uno de los cargos ha obtenido mayoría absoluta, es inmediatamente declarado elegido por el Congreso; pero si ningún candidato alcanza mayoría absoluta, el Congreso escoge entre los que han obtenido más votos y elige en una sola sesión el presidente y el vicepresidente.

"Todo eso es perfecto en teoría; pero sucede en la práctica que la in fluencia del presidente en funciones es preponderante: tan esmerado y minucioso se muestra en el ejercicio de su comprobación, tanto prestigio y poder real tiene. ¿No tiene a su disposición la fuerza armada? ¿No tiene, sobre todo, el famoso derecho de intervención que le adjudica una pequeña cláusula cuyas disposiciones bastan para demoler por sí solas todo el edificio tan ingeniosamente equilibrado de la constitución? En virtud de esta cláusula, el presidente está autorizado para declarar en estado de sitio toda provincia en que juzgue a propósito considerar perturbado el orden público, o simplemente comprometido; y puede ejercer esta prerrogativa sin que haya pedido su intervención o protección ninguna de las autoridades locales. Este derecho de intervención ha sido naturalmente transformado en un arma electoral formidable."

En suma: el presidente tiene casi en sus manos la elección de su sucesor, de igual manera que cada gobernador de provincia nombra el suyo. Afortunadamente, las perturbaciones políticas, casi normales en las Repúblicas hispano-americanas, afectan sólo superficialmente el país, y raras veces llegan a trastornar la paz pública. Sólo se experimenta alguna agitación en la capital, muy poca en las provincias. La mayoría, la inmensa mayoría de la nación, diseminada por las Pampas o por las montañas de los Andes, se muestra indiferente y no sale de su acostumbrado paso. Los que en todo caso se agitan, los politicians, son los criollos (1). Los demás se desinteresan por completo de las luchas políticas, y entre esos demás comprendemos los indígenas, los inmigrantes y los indios.

Tal es a grandes rasgos la historia [reciente] de la joven República, debiendo ser para todo español motivo de íntima satisfacción ver como han ido borrándose los antiguos odios, el desprecio a los gringos, estrechándose, en cambio, las cariñosas relaciones que deben unir a los Estados de Hispano-América con la antigua Metrópoli. Ya se empieza a distinguir entre los que tiranizaron a América y los que la favorecieron, y el general Mitre ha podido escribir con tan noble imparcialidad como estricta justicia "que el liberalismo español contribuyó tan directamente a la emancipación de América como los esfuerzos de los mismos americanos."


(1) Indígenas nacidos de padres españoles.