Discurso: 17 de diciembre de 2005

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EL PRESIDENTE: Buenos días.

Como Presidente, juré defender la Constitución, y no tengo responsabilidad mayor que proteger a nuestro pueblo, libertad y forma de vida. El 11 de septiembre de 2001, nuestra libertad y forma de vida fueron atacadas por enemigos crueles que mataron a casi 3,000 estadounidenses inocentes. Luchamos contra estos enemigos por todo el mundo. Sin embargo, en ésta, la primera guerra del siglo XXI, uno de los frentes más importantes es aquél dentro del país. Y desde el 11 de septiembre, hemos estado a la ofensiva contra los terroristas que conspiraban dentro de nuestras fronteras.

Una de las primeras medidas que tomamos para proteger a los Estados Unidos tras el ataque contra nuestra nación fue pedirle al Congreso que aprobase la Ley Patriota. La Ley Patriota derrumbó las barreras jurídicas y burocráticas que evitaban que oficiales policiales, judiciales y de inteligencia intercambiasen información vital acerca de las amenazas terroristas. Esta ley también permitió que los investigadores federales persiguiesen a los terroristas con herramientas que ya usaban contra otros delincuentes. El Congreso aprobó esta ley con una gran mayoría, compuesta por miembros de ambos partidos, incluyendo un voto de 98-1 en el Senado de los Estados Unidos.

Desde entonces, el personal policial y judicial de Estados Unidos han utilizado esta importantísima ley para enjuiciar a operativos terroristas y sus partidarios y para desmantelar células terroristas en Nueva York, Oregon, Virginia, California, Texas y Ohio. La Ley Patriota ha logrado exactamente lo que tenía como objetivo - proteger la libertad estadounidense y salvar vidas estadounidenses.

Sin embargo, disposiciones importantes de esta ley están por vencerse dentro de dos semanas. La amenaza terrorista a nuestro país no llegara a su fin dentro de dos semanas. Los terroristas quieren atacar a los Estados Unidos nuevamente y causar aun más daños que los del 11 de septiembre. El Congreso tiene una responsabilidad de asegurar que los oficiales policiales, judiciales y de inteligencia cuenten con las herramientas que necesitan para proteger al pueblo estadounidense.

La Cámara de Representantes reautorizó la Ley Patriota. Sin embargo, una minoría de los senadores usaron ayer tácticas obstruccionistas para bloquear la renovación de la Ley Patriota al momento de votar. Esa decisión es irresponsable y pone en peligro las vidas de nuestros ciudadanos. Los senadores que están utilizando estas tácticas para demorar el proceso deben suspenderlas, y el Senado debe votar nuevamente, a favor la renovación de la Ley Patriota. En la guerra contra el terrorismo, no podemos darnos el lujo de prescindir de esta ley ni un solo minuto.

Para librar la guerra contra el terrorismo, estoy utilizando el poder que me ha otorgado el Congreso, incluyendo la autorización conjunta para el uso de fuerza militar, que fue aprobada abrumadoramente la semana posterior al 11 de septiembre. También estoy usando poderes constitucionales que se me conceden como jefe de estado.

Durante las semanas posteriores a los atentados terroristas contra nuestra nación, autoricé a la Agencia de Seguridad Nacional, conforme a las leyes y la Constitución de los Estados Unidos, a que interceptase las comunicaciones internacionales de personas con vínculos establecidos con al Qaida y organizaciones terroristas asociadas. Antes de interceptar dichas comunicaciones, el gobierno debe tener información que pruebe una relación obvia con esas redes terroristas.

Este es un programa altamente clasificado que es crucial para nuestra seguridad nacional. Su propósito es detectar y evitar los atentados terroristas contra los Estados Unidos, nuestros amigos y aliados. Ayer, la existencia de este programa secreto fue dada a conocer en la prensa, después de que se informó indebidamente a los medios. Como resultado, nuestros enemigos se han enterado de información que no deberían tener, y la divulgación no autorizada de este programa perjudica nuestra seguridad nacional y ponen en riesgo a nuestros ciudadanos. Revelar información clasificada es ilegal, pone a nuestros enemigos sobre aviso y pone a nuestro país en peligro.

Como indicó la Comisión sobre el 11 de Septiembre, quedó claro que los terroristas dentro de Estados Unidos se comunicaron con terroristas en el extranjero antes de los ataques del 11 de septiembre, y la comisión criticó la incapacidad de nuestra nación de descubrir los vínculos entre los terroristas dentro del país y aquéllos en el exterior. Dos de los secuestradores terroristas que estrellaron un avión contra el Pentágono, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar, se comunicaron mientras estaban en los Estados Unidos con otros miembros de al Qaida que estaban en el extranjero. Pero no tuvimos conocimiento de su presencia hasta que era demasiado tarde.

La autorización que le otorgué a la Agencia de Seguridad Nacional tras el 11 de septiembre ayudó a hacerle frente a ese problema de una manera que conformaba plenamente con mis responsabilidades y poderes constitucionales. Las actividades que he autorizado hacen que sea más probable que se identifique y ubique a tiempo a asesinos como los secuestradores del 11 de septiembre. Y las actividades realizadas conforme a este poder han ayudado a detectar y evitar atentados terroristas potenciales en los Estados Unidos y en el extranjero.

Las actividades que autoricé son analizadas aproximadamente cada 45 días. Cada análisis se fundamenta en una evaluación de datos recientes de inteligencia acerca de las amenazas terroristas a la continuidad de nuestro gobierno y la amenaza de daños desastrosos al territorio nacional. Durante cada evaluación, se analizan las actividades autorizadas previamente. Este análisis incluye el visto bueno de los principales funcionarios de la ley del país, entre ellos el fiscal general y el asesor legal del Presidente. He reautorizado este programa más de 30 veces desde los ataques del 11 de septiembre, y tengo la intención de hacerlo siempre que nuestro país enfrente una amenaza continua de al Qaida y grupos relacionados.

Las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional conforme a esta autorización son examinadas detenidamente por los principales funcionarios de del Departamento de Justicia y la Agencia de Seguridad Nacional, entre ellos el asesor legal e inspector general de ésta. Se ha informado a los líderes del Congreso más de una docena de veces sobre esta autorización y las actividades que se realizan conforme a ella. Los funcionarios de inteligencia involucrados en esta actividad también reciben muchísima capacitación para garantizar que desempeñen sus deberes siguiendo la autorización al pie de la letra y teniendo en cuenta su propósito.

Esta autorización es una herramienta vital en nuestra guerra contra los terroristas. Es crítica para salvar vidas estadounidenses. El pueblo de los Estados Unidos espera que haga todo lo que esté a mi alcance según las leyes y la Constitución para protegerlo y proteger sus libertades civiles. Y eso es exactamente lo que continuaré haciendo mientras sea el Presidente de los Estados Unidos.

Gracias.

Este documento pertenece al Gobierno de los Estados Unidos de América y se encuentra en dominio público.