Discurso de Luis Echeverría Álvarez en su Sexto Informe de Gobierno

Sexto Informe de Gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez. 1 de septiembre de 1976.

Discurso del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1976. Honorable Congreso de la Unión:

Por sexta y última ocasión comparezco ante vuestra soberanía a rendir el informe del estado general que guarda la administración y a dar cuenta de las tareas cumplidas en un marco de paz y de responsabilidad compartidas.

En 1970, ofrecimos llevar a cabo un programa no sólo del Gobierno, sino un programa del pueblo.

Hoy podemos afirmar que ese empeño colectivo ha transformado la convivencia nacional.

Con el objeto de establecer en sus justas dimensiones los avances del país a unos meses de cumplir una etapa más de su vida republicana, presentó la información que corresponde tanto al lapso anual dispuesto por la Constitución, como al de estos 6 años de trabajo al lado de las mayorías del país.

POLITICA INTERIOR

La tarea de estos años ha estado orientada a consolidar los principios que nos unen en lo esencial. Juntos imprimimos un nuevo sentido a la vida pública del país y fortalecimos nuestras instituciones democráticas, a través del derecho y de la libre determinación de nuestro pueblo.

En este proceso han cobrado nueva vigencia las grandes luchas de nuestra historia.

Es la acción de las mayorías, es su patriotismo, enfrentado muchas veces a fuerzas desproporcionadas, lo que ha hecho posible no sólo la sobrevivencia de la República, sino su avance sostenido en lo político, lo económico y lo social.

El valor, el esfuerzo y, llegado el caso, el sacrificio de los forjadores de nuestra nacionalidad constituyen el ejemplo que ha normado todos nuestros actos.

En varias ocasiones he expresado, sobre todo a los jóvenes, que México, con una historia preñada de heroísmo y autor de la primera revolución social de este siglo, cuenta con muy altos ejemplos de entrega patriótica y acción revolucionaria.

Con aprecio y respeto por el pensamiento universal y por las experiencias de otros pueblos, hemos insistido siempre en la necesidad de alimentar nuestro civismo en la savia de nuestra propia historia y de marchar hacia adelante en la emulación de nuestros héroes, de los nuestros, de los que en esta tierra y por esta tierra se afanaron, de quienes en México y por México vivieron y lucharon.

Hoy como ayer, deben entenderlo los conservadores, los peones de intereses extranjeros y los pusilánimes: al pueblo, a nuestro pueblo, corresponde ser el protagonista de su historia.

Por ello, a lo largo del sexenio, en homenaje cotidiano y comprometido, invocamos la entereza de Cuauhtémoc; el amor a la independencia de Hidalgo, Morelos y Guerrero; el aliento reivindicador de la dignidad del hombre y del país, que personifica Juárez; las banderas democráticas de Madero; la rebeldía de Villa; la defensa de los derechos campesinos que encabezó Emiliano Zapata; la inquebrantable fe en la ley de Venustiano Carranza; la firmeza revolucionaria de Obregón; la creatividad institucional de Calles; y la visión patriótica y de justicia social de Lázaro Cárdenas.

En 1971 celebramos ciento cincuenta años de iniciación de nuestra vida independiente; 1972 fue consagrado a la memoria de Juárez; en 1973 recordamos el segundo centenario del natalicio de Ignacio López Rayón y el centenario del nacimiento de dos forjadores de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero; 1974 fue el año de la

República Federal y del Senado; en 1975 conmemoramos el sesquicentenario de la instalación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, este año, trasladamos los restos del General Ignacio Zaragoza de esta ciudad capital al Estado de Puebla para depositarlos en el monumento construido en su honor entre los fuertes de Loreto y de Guadalupe.

Ahí los mexicanos reconocemos y rendimos tributo a una vida dedicada a la lucha, siempre actual, de defender y preservar la soberanía ante todo asedio del exterior.

Como reconocimiento a la conducta y a las aportaciones de quienes han contribuido a crear las instituciones y a impulsar los objetivos fundamentales de la comunidad nacional, fueron creadas la Medalla de la Lealtad, las Medallas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, la Medalla de la Lealtad Venustiano Carranza, la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria y la Medalla Maestro Rafael Ramírez.

En ocasión del fallecimiento, en 1973, de don Adolfo Ruiz Cortines, expresidente de la República y ejemplo de inalterable austeridad y rectitud republicana la nación guardó respetuoso luto.

Hace casi 70 años, señores diputados Constituyentes, que en Querétaro dieron ustedes expresión jurídica a las normas básicas de la convivencia que deseaban y desean los mexicanos, los principios que nos integran y nos afirman como una nación en permanente lucha por la justicia y la libertad.

Una vez más, señores Constituyentes, a unos meses de concluir el actual Gobierno, reciban el hondo reconocimiento de la República y de un Presidente cuya aspiración central ha sido la de cumplir y hacer cumplir, sin concesiones ni desmayos, los mandatos de nuestra Norma fundamental.

Las leyes que nos rigen y el sistema de gobierno que hemos escogido, reafirmaron en estos años su significado original.

Su modificación dentro del derecho consolida el avance social e impulsa nuevas conquistas populares.

La Constitución Política del país ha sido el instrumento básico para el cambio social.

Es la guía revolucionaria de la sociedad.

Las 40 reformas y adiciones a la Carta Magna que promovimos, implicaron profundas transformaciones en la vida de los mexicanos.

Se han traducido en viviendas para los trabajadores; en más amplios cauces para la participación democrática: en bases para una adecuada participación política demográfica; en la plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; en una vigilancia parlamentaria más eficaz sobre la administración pública; en el mejoramiento de la administración de justicia; en la federalización de diversas ramas industriales; en el aseguramiento del empleo de la energía nuclear para fines pacíficos; en el fortalecimiento del dominio de la nación sobre los recursos naturales; en la erección de los nuevos estados libres y soberanos de Baja California Sur y Quintana Roo: en la mejor organización para la explotación colectiva de los ejidos; en la creación de la zona económica exclusiva de nuestros mares; en la salvaguarda del interés colectivo sobre el particular en materia de preservación del medio ambiente y de asentamientos humanos; en suma, el pueblo ha creado un nuevo derecho a su servicio, acorde con los imperativos del país que estamos empeñados en construir.

En este sexenio entraron en vigor 267 disposiciones legislativas, en las que se incluyen las 52 iniciativas, entre reformas constitucionales, leyes y decretos que el Ejecutivo Federal hizo llegar en el último año al Honorable Congreso de la Unión.

De ellas se aprobaron 42 en las sesiones ordinarias y para el estudio y aprobación de las 10 restantes fue necesario llevar a cabo un período extraordinario.

Mantuvimos respetuosas relaciones con el Poder Judicial Federal.

Por jubilación o fallecimiento de sus titulares, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovó en un 50 por ciento.

12 nuevos Ministros fueron designados con la aprobación del Congreso.

Todos los nombramientos han recaído en ciudadanos del más elevado rango ético y profesional.

Se siguió en todos los casos la norma de promover a los Ministros Supernumerarios, respetando la antigüedad de los nombramientos y previa constatación de su prestigio de equidad en el foro nacional.

Se buscó también seleccionar a los nueve Ministros de entre quienes ejercen con probidad la judicatura, para asegurar un principio de carrera judicial.

El país vive un federalismo militante.

Así lo constaté en cada una de las fecundas reuniones de trabajo que efectuamos con motivo de la transmisión de poderes en los Estados.

Reuniones que sumaron a la solemnidad institucional de estas jornadas cívicas, la toma de decisiones sobre asuntos fundamentales con la presencia y participación de todos los sectores sociales.

Como lo ofrecí a la nación, no ha habido una semana del sexenio en que, en promedio, no hayamos visitado algún rincón de la provincia mexicana.

No existe sitio alguno del país alejado del interés y de la solidaridad del Gobierno Federal.

En cada región siempre encontré en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes, el mismo deseo de superación, la misma comprensión, el mismo apoyo y la misma entrega al engrandecimiento de la patria.

De todos ellos guardaré siempre un recuerdo imperecedero.

A los mexicanos que habitan nuestro vasto mosaico geográfico, que se arraigan a su suelo y allí trabajan por la elevación de la vida comunitaria, a los que batallan en las inhóspitas zonas áridas, a los esforzados hombres de la costa, a los que avanzan sobre el trópico, a los campesinos que luchan y producen, a los estudiantes que se preparan, a los empresarios nacionalistas que generan fuentes de trabajo en los lugares tradicionalmente marginados, a todos ellos se debe el impulso transformador que reafirma la vigencia del federalismo mexicano.

En el último año que cubre este Informe se renovaron los poderes ejecutivos de Hidalgo,

México, Coahuila, Nayarit y Yucatán, y se llevaron a cabo elecciones de diputados locales en 10 Estados, así como elecciones municipales en ocho.

En Chiapas se eligió Gobernador para el período 1976-1982.

En virtud de lamentables acontecimientos que alteraron el orden público y ante el atropello a la integridad física y a los derechos de los campesinos en el Estado de Sonora, el Congreso local nombró Gobernador sustituto para terminar el período constitucional 1973-1979.

A las autoridades competentes de la Entidad ha correspondido enjuiciar las responsabilidades surgidas de aquellos hechos.

Por su parte, el Gobierno Federal reitera su rechazo a todo abuso y a toda desviación del poder, cuando éste se entrega al servicio de minorías privilegiadas e intereses contrarrevolucionarios.

Por lo mismo, reafirma su determinación de no convalidar, bajo ninguna circunstancia la represión de las demandas del pueblo.

El primero de diciembre de 1970 demandamos mejoras a nuestros procesos comiciales.

Destacamos la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y la actividad ideológica.

En febrero de 1972 esta Alta Representación aprobó la iniciativa del Ejecutivo a mi cargo por la que se reformaron los artículos 52, 54, fracciones I, II y III; 55, fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se daba inicio a toda una amplia y extensa reforma política, que continuaría con una nueva Ley Federal Electoral y seguiría con la instauración del sistema de diputados de partido en los Congresos Locales.

Se redujeron las edades para ser diputado, de 25 a 21 años y de 35 a 30 para ser senador; se amplió la base demográfica de la división distrital de 200 mil a 250 mil habitantes; se redujo de 2.5 a 1.5 el porcentaje para acreditar a los 5 primeros diputados de partido y se incrementó de 20 a 25 su número máximo.

Se disminuyó el requisito de membresía para la creación de nuevos partidos políticos de 75 mil a 65 mil afiliados; se concedió a los ya registrados el derecho de voz y voto en todos los organismos electorales, franquicias postales y telegráficas y acceso gratuito a la radio y televisión.

La reforma política que iniciamos y que siempre contó con el apoyo y solidaridad de esta soberanía popular, ya dio muestras de eficacia y operatividad.

Conforme a ella se efectuaron las elecciones federales de 1973, en las que se alcanzó una votación total de 15 millones 9 mil 984 votos, así como las elecciones federales del 4 de julio último.

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones fue reiterada y se eligió al próximo Presidente de la República y a los integrantes de este honorable Congreso de la Unión, en un proceso electoral que permitió que acudieran a las casillas cerca de 18 millones de ciudadanos.

Las garantías de que esta goza la población permitieron que, en esta jornada cívica, se ejerciera el sufragio en un clima de paz y de responsabilidad.

La participación activa y consciente de la comunidad hizo posible que las mayorías asistieran a las urnas para elegir libremente a sus representantes.

Sin embargo, más allá de las alternativas partidarias, las elecciones entrañan otro profundo significado.

Por ellas el pueblo refrendó, una vez más, en forma abrumadora, su fe en la democracia como sistema de vida para los mexicanos.

Somos ya 63 millones de habitantes y nuestro incremento demográfico es acelerado.

Para atender este problema pusimos en marcha una estrategia humanista basada en la educación y el convencimiento.

El artículo 4º. constitucional y la nueva Ley General de Población definen a la política demográfica no como sustituto del desarrollo, sino como uno de sus instrumentos, y como una valiosa vía para la emancipación y la plena realización de la mujer.

Aun cuando se puede informar ya de logros y objetivos realizados, los resultados no pueden esperarse, de manera ostensible, a corto plazo.

Más que cifras lo que se busca en esta etapa es una transformación cualitativa.

Es ésta una tarea delicada que requiere de toda nuestra imaginación y esfuerzo para preservar y mejorar la existencia del hombre respetando sus libertades individuales, su forma de ser, su conducta y sus valores culturales.

El interés ciudadano que esta materia ha suscitado y la creciente solicitud de servicios institucionales revela una tendencia que habrá de reflejarse en la reducción paulatina de nuestro incremento demográfico.

Expresamos con beneplácito que esta nueva tendencia hará posible a las generaciones futuras acelerar el ritmo del progreso nacional y hacer más asequible la justicia social que postulamos.

México se ha enriquecido con una mayor participación de sus mujeres.

Mujeres responsables, conscientes y libres que ahora cuentan con el pleno respaldo de la ley para actuar en pie de igualdad en todos los campos del quehacer colectivo.

Madres que siembran en sus hijos un nuevo concepto de la solidaridad, maestras que enseñan a trabajar por el país, universitarias que quieren comprender el mundo para transformarlo, campesinas que luchan por elevar los niveles de vida de su comunidad, obreras que defienden sus derechos, voluntarias que entregan su trabajo en favor del mejoramiento colectivo, mujeres que participan en la vida política.

Todas ellas constituyen una sólida garantía de nuestro progreso.

Nuestro país inició 1975, Año Internacional de la Mujer, dentro de un marco jurídico que acoge, desde su ley suprema, el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

El 1 de enero de ese año entraron en vigor las reformas a los artículos 4o., 30 y 123 constitucionales, así como a diversas leyes secundarias y reglamentos, que encauzan legalmente el propósito de corregir actitudes anacrónicas y derribar los obstáculos opuestos a la plena integración de la mujer en todas las actividades de la vida nacional.

Con el mismo entusiasmo e interés que México -a través de múltiples organismos públicos y privados- participó en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, de la que fue sede, se impulsan los trabajos para hacer valer la "Declaración de México 1975" y para cumplir el Plan de Acción Mundial aprobado entonces.

Al participar en esta Conferencia destacamos, una vez más, la estrecha relación que existe ante los problemas nacionales y la injusta estructura internacional.

Expresamos la necesidad de que la liberación de la mujer sea un factor decisivo para la transformación de la sociedad y no un medio para repetir sus desajustes, desequilibrios e injusticias.

Sólo un esfuerzo crítico, radical -dijimos entonces- hará posible la liberación de la mujer, es decir, la liberación del género humano y la transformación del orden económico mundial.

Las grandes tareas de la nación no podían tampoco prescindir de la fuerza transformadora de la juventud.

Era imperioso abrir nuevos caminos a su participación honesta y capaz, a su idealismo, a su compromiso de servir a las mejores causas, a su crítica creadora, a su disposición para promover el cambio.

Esta administración se ha nutrido con las aportaciones de muchos jóvenes en la tarea de fortalecer nuestra democracia y con ella la soberanía de México.

Superar divisiones y encontrar fórmulas de integración ha sido una de las principales metas del actual Gobierno.

Este ánimo nos llevó a promover en los primeros meses del sexenio, la libertad bajo protesta, previo desistimiento del Ministerio Público, en beneficio de la mayoría de los procesados por la comisión de diversos ilícitos relacionados con los sucesos de 1968.

Este mismo espíritu de conciliación nos condujo a iniciar ante el honorable Congreso de la Unión, una Ley de Amnistía que beneficia con la extinción de la acción penal y de las sanciones impuestas, a todas las personas que llegaron a cometer algún delito con motivo del conflicto estudiantil de aquel año.

La aprobación de esta Ley muestra la madurez de nuestras instituciones democráticas.

En estos años se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país, presidida por la serenidad, la confianza en las instituciones y la ampliación del espacio para la participación política.

Nos hemos propuesto fortalecer todas las libertades.

Desde la candidatura a la Presidencia reafirmé mi convicción de que el país demanda el análisis público de los problemas, la discusión abierta de los grandes temas nacionales, el ejercicio de la crítica y la correspondiente disciplina moral de la autocrítica.

La libertad de prensa forma parte esencial de nuestro régimen de libertades.

Ella contribuye fundamentalmente a la formulación democrática de las decisiones públicas.

Jamás se ha pretendido interferir ninguna manifestación del pensamiento.

Durante este Gobierno no sólo no se han obstruido, sino que se han otorgado las mayores facilidades para el ejercicio de la libertad de expresión, sin menoscabo de ninguna otra de nuestras garantías.

Hemos gobernado a la luz del día, en diálogo constante con la población, en medio del debate libre y el juicio permanente de los mexicanos.

Ante la manifiesta democratización general y el avance de las conquistas sociales, los brotes aislados del crimen con máscara política han evidenciado, una vez más, su clara intención contrarrevolucionaria.

Expresa o implícitamente han pretendido oponerse a la participación popular y desviar los esfuerzos por reducir la marginación.

Se han propuesto, vanamente, atentar contra la integración nacional y la consolidación de nuestra soberanía.

El pueblo no se deja sorprender por el falso lenguaje de los terroristas.

Sabe bien que lo que buscan es debilitar la unidad de los mexicanos frente al exterior, que lo que pretenden es endurecer la posición de las autoridades, obligarlas a renunciar al diálogo, hacerlas retroceder, impulsarlas a usar el orden como sustituto total de la justicia y, con todo ello, inducirlas a dar un salto atrás en la historia.

El terrorismo es reaccionario.

Está vencido por la historia.

Es fruto de la confusión.

Nace, se desarrolla y muere aislado del pueblo.

Revela incapacidad para convencer y para vencer en el terreno de la política y en el terreno de las ideas.

El terrorismo es fascista.

Es expresión de falta de apoyo popular y de miedo a la inteligencia, por eso se refugia en la clandestinidad y amenaza la existencia humana.

El Gobierno nunca abandonó sus fines superiores para responder a la violencia con la violencia.

La provocación no lo condujo a la represión y la inseguridad.

Tampoco lo obligará a renunciar al diálogo ni a abatir las banderas remozadas de nuestra Revolución.

Ni el acecho exterior de cualquier signo, ni sus criminales mercenarios de dentro, debilitarán nuestra voluntad de independencia, ni nuestra ruta de avance social.

Juntos, los mexicanos hemos precisado los términos de nuestra convivencia en el diálogo y en la democracia para la solución de los problemas.

Ninguna presión intervencionista, abierta o simulada, ha podido, ni podrá, suplantar el derecho a la autodeterminación popular.

A unos meses de concluir una etapa más de nuestra vida republicana y después de 6 años de tránsito acelerado en la vía de nuestra democracia social, México refrenda el merecido reconocimiento a quienes salvaguardan, con lealtad ejemplar, nuestro sistema de justicia en la libertad y nuestro proceso de cambio dentro del régimen constitucional: los miembros de nuestras heroicas Fuerzas Armadas.

De septiembre de 1975 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha fortalecido sus actividades de labor social y la Armada Mexicana ha incorporado a su alta misión de proteger la soberanía del país, la trascendental tarea que entraña la defensa de nuestros recursos naturales, recientemente reivindicados al quedar establecida la Zona Económica Exclusiva.

Las Fuerzas Armadas han cumplido una vez más con la notable tarea de auxiliar a la población civil en los desastres originados por los fenómenos naturales que azotaron al país durante el período que nos ocupa.

En el levantamiento de bordos, en el reparto de alimentos y en numerosas operaciones de búsqueda y rescate, ahí estaban, como siempre, enalteciendo su función, al servicio de miles de compatriotas, los miembros de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra Armada.

Para ampliar la seguridad y el bienestar social de estos esforzados mexicanos y de sus familias, se creó el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Además, se construyeron las nuevas instalaciones del H. Colegio Militar y de la Escuela Médico Militar y se creó la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, que dan respuesta a legítimas aspiraciones de superación académica para mejor servir al país.

Las Fuerzas Armadas de tierra, aire y mar contribuyeron de manera determinante a la lucha que sostiene la Procuraduría General de la República contra la producción y el tráfico de estupefacientes.

Los logros alcanzados superaron las previsiones trazadas para este sexenio.

La cantidad de estupefacientes decomisados y destruidos, en términos absolutos y relativos es mayor que nunca y se ha logrado que decenas de miles de hectáreas que se destinaban a plantíos indebidos se recuperaran para la agricultura nacional.

Asimismo, han sido considerables los resultados de los programas de la Procuraduría destinados a defender nuestro patrimonio cultural, al incrementar la vigilancia y las tareas de investigación, para impedir el saqueo de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

La reforma penitenciaria y correccional emprendida en esta administración, a partir de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados, de la Ley que creó los Consejos Tutelares para Menores Infractores, y de las modificaciones al Código Penal y al de Procedimientos Penales, permite humanizar las condiciones de los reclusorios para preparar la reintegración del transgresor de la ley a la sociedad.

El Ejecutivo a mi cargo ha puesto en marcha un plan nacional de construcción y mejoramiento de penales para asegurar que cuenten con instalaciones acordes a una filosofía de dignificación humana.

Celebremos convenios con 17 Estados de la República para analizar recursos federales a estos fines.

Al término de la presente administración se habrán edificado o adecuado 23 Centros de Readaptación Social correspondientes a 14 Estados.

Se habrán construido también instalaciones para menores infractores, en Baja California Norte, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Sinaloa.

El funcionamiento de los Consejos Tutelares se ha extendido, además del que existe en el Distrito Federal, a 14 entidades federativas.

A estas medidas se aúna la creación de la empresa Promoción y Desarrollo Industrial, PRODINSA, que tiene como objeto vender los productos que se elaboran en los penales y, con ello, proveer a los internos de fuentes honestas de ingresos.

Para el cumplimiento cabal de la reforma penitenciaria es indispensable contar con recursos humanos debidamente capacitados.

A ello obedeció la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales que inició sus labores este año.

En la ciudad de México se ha puesto fin a la oscura tradición que desde la época de la dictadura representó el viejo penal de Lecumberri.

Con su clausura hemos puesto fin a una larga secuela de injusticias y vejaciones a la dignidad humana.

Este sitio será destinado a un Centro de Desarrollo de la Comunidad del IMPI y estará rodeado de una amplia zona verde que contrastará con el ambiente de opresión que nos propusimos dejar atrás, en todos los órdenes, en la vida de México.

Los internos de la Cárcel Preventiva fueron trasladados a los nuevos reclusorios Norte y Oriente de la ciudad de México, que cuentan con las instalaciones más avanzadas para rehabilitarlos a través de la educación y el trabajo.

Perder la libertad es una de las mayores penas que puede sufrir un ser humano.

Ver aumentada su angustia, despojado de la dignidad y reducido a la impotencia ante crueles agresores, ocultos en falsos guardianes de la ley, es ser víctima de una violencia que el Estado reprueba y condena.

Se ha procedido con energía a remover y consignar al personal que incurrió en actos delictivos en el ejercicio de sus cargos y se designaron, en su lugar, calificados especialistas en la materia y ciudadanos de comprobada rectitud.

El hecho de reconocer públicamente las fallas y vicios de funcionamiento de la tarea gubernamental, con la clara determinación de superarlos, no debe prestarse a la malintencionada interpretación de que estos males se han agudizado.

Por el contrario, sacar a la luz los defectos de nuestra organización social es punto de partida imprescindible para llegar a liquidarlos.

El mejoramiento de los sistemas administrativos ha permitido ubicar con mayor precisión las irregularidades y los abusos de poder en los diversos ámbitos de la organización estatal, así como descubrir a quienes desde la actividad privada llevan sus prácticas insanas y su subdesarrollo cívico y moral a las oficinas de Gobierno.

Durante este régimen pusimos en práctica el mando constitucional que faculta al Honorable Congreso de la Unión para requerir la presencia de los Secretarios de Estado a fin de que expliquen el contenido de iniciativas de Ley o programas gubernamentales.

Lo entendemos como una forma de robustecer la vigilancia popular sobre la acción del Poder Ejecutivo.

Por ello mismo nos congratulamos por la reforma del artículo 93 constitucional, iniciada por el Congreso, para extender esta facultad de las Cámaras a los Jefes de Departamento y a los titulares de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

En estos 6 años, fueron 52 las ocasiones en que los responsables de los diversos ramos acudieron al llamado del Poder Legislativo, en una muestra más de la comunicación y la armónica colaboración entre estos poderes federales.

Llevamos a cabo reformas sustanciales a la administración pública, con la creación de nuevos organismos destinados a fortalecer y mejorar la participación del Estado en el campo económico y social.

Asimismo, emprendimos la transformación de las dependencias con miras a elevar su rendimiento y a establecer vínculos de coordinación dentro de un claro propósito de programación sectorial.

Se crearon las bases jurídicas e instrumentales de una reforma administrativa permanente y se pusieron en marcha programas prioritarios, de acuerdo con las exigencias de nuestra etapa de desarrollo.

Convencidos de que ningún propósito racionalizador puede ser viable sin la participación comprometida, capacitada y responsable de los hombres, pusimos énfasis en la necesidad de contar con sistemas de personal que respondieran tanto al imperativo de elevar las aptitudes y el rendimiento del servidor público, como al de asegurarle condiciones justas de vida y de trabajo.

Para cumplir con este objetivo sobre bases de información confiables, por primera vez, en más de 40 años, se realizó el Censo de Recursos Humanos del Sector Público Federal.

Desde el primero de diciembre de 1970 ofrecí que el Gobierno se empeñaría en desterrar vicios, combatir abusos, fomentar que el ejercicio de las funciones gubernamentales en nada se apartara de la ley y administrar honrada y equitativamente el patrimonio común.

He dicho que la obra de la nación requiere depurar la conducta, elevar permanentemente la organización y acrecentar la eficacia de la autoridad en todos sus niveles.

Hoy, como entonces, señalamos que el servidor público está obligado, más que nadie, a desempeñar con integridad su tarea, sin mancillar jamás su investidura con el abuso del poder o la claudicación de sus principios; que la carrera del funcionario público es incompatible con la del negociante; que aquel que emplea en su propio beneficio los bienes que se le han confiado o la autoridad que se le han conferido, traiciona a su país y que quien no se entrega a las tareas públicas, hasta el límite mismo de su capacidad y de su energía, defrauda al pueblo.

POLITICA ECONOMICA

Señores diputados y senadores:

En el presente Informe se altera el orden tradicional.

A continuación me referiré a la política económica y a importantes, muy importantes cambios, que requerirán la solidaridad nacional para poder impulsar, con vigor, las tareas productivas del país.

Corresponde al Estado Mexicano la grave responsabilidad de conducir la vida económica del país.

Ello implica la obligación de velar por el adecuado comportamiento de las fuerzas productivas, así como el imperativo de promover las acciones que conduzcan al constante mejoramiento social y cultural del pueblo.

En cumplimiento de esta responsabilidad, el Gobierno ha de armonizar los factores de la producción de la manera más eficiente y equitativa para el provecho de la comunidad nacional.

Debe, como representante constitucional de la nación soberana, crear las condiciones para que el ser humano, autor y objeto de todo esfuerzo público, cuente con los elementos necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Lo anterior requiere que la acción individual se realice con respeto íntegro a nuestras libertades y en un marco de justicia social y de solidaridad entre los hombres y entre los pueblos.

El país necesita organizar su actividad y distribuirlos en la forma más equitativa.

La democracia social mexicana tiene por objeto procurar a los ciudadanos alimentación, vestido y vivienda, educación, salubridad y seguridad social y empleo que permita al hombre alcanzar, a través del esfuerzo, el pleno desenvolvimiento de su personalidad.

Por decisión constitucional, México tiene un sistema de economía mixta, en el que se combinan formas de producción bajo control gubernamental -en aquellas áreas donde el interés público así lo exige- con fórmulas de propiedad y relaciones de producción bajo la responsabilidad de grupos sociales o particulares.

El esfuerzo de los trabajadores asalariados y no asalariados, de los campesinos, de los cooperativistas, de los técnicos, de los profesionales y empresarios constituye la aportación mayoritaria a la producción nacional y al volumen de empleo.

Debe por ello el Estado, como coordinador del esfuerzo colectivo, velar por que se desarrollen condiciones que auspicien, dentro de la justicia, la iniciativa y creatividad de los hombres y establecer los alicientes necesarios; con el fin de acrecentar la riqueza social, las posibilidades de trabajo y sistemas equitativos para retribuir el esfuerzo humano.

Debe, a su vez, promover la expansión de la infraestructura básica que apoye el desenvolvimiento de la actividad nacional; debe generar aquellos bienes y servicios que son indispensables para el crecimiento dinámico y sostenido de las fuerzas productivas del país y debe, sobre todo, proteger y estimular al trabajo del campo y la ciudad con un régimen legal de percepciones justas y de crecientes prestaciones sociales.

Las actividades que para ello se han venido realizando en las áreas educativa, de salud, seguridad social, promoción familiar, transporte, comunicaciones, irrigación, asistencia técnica y crédito al sector agropecuario y pesquero, y en relación al petróleo, la electricidad, la petroquímica, los fertilizantes, el acero y otros elementos básico, se combinan armónicamente con las tareas públicas de orientación y estímulo a los sectores social y privado de la producción.

Repudiamos, no sólo en lo político, sino también en lo económico, toda forma totalitaria que sacrifique la libertad y la iniciativa de los hombres, pero rechazamos también una actitud abstencionista y neutral ante el juego de las fuerzas económicas, cuya actividad irrestricta provoca, además de estancamiento y retraso, extremos intolerables de injusticia.

En México, tan necesario es que la organización política provea a la sociedad de un clima de justicia, libertad y orden, en el marco de un régimen de derecho, como que su administración pública impulse un desarrollo económico, vigoroso y sostenido, donde los frutos del esfuerzo sean equitativamente compartidos en una sociedad cada vez más igualitaria.

Cuando el presente régimen inició sus actividades hace 6 años, hicimos explícita la convicción de efectuar un gran esfuerzo renovador para afianzar los elementos estructurales de la economía mexicana en el largo plazo, sin descuidar los asuntos que requerían atención inmediata.

A principios de esta década, el país se encontraba con serias limitaciones en campos vitales, entre las que destacaban la debilidad en el crecimiento del sector agropecuario, el estancamiento de las inversiones en el sector energético -petróleo y electricidad-, la petroquímica básica, el acero y los fertilizantes.

Había también estrangulamientos en nuestro sistema de transportes, particularmente el ferrocarrilero y el portuario.

La dinámica de nuestro crecimiento demográfico agudizó nuestros viejos rezagos en materia educativa, de salud y vivienda.

Los desequilibrios sectoriales y geográficos alcanzaron puntos críticos y había señales evidentes de un agravamiento en las tensiones políticas y sociales.

No podía el Gobierno adoptar una posición indiferente o tímida ante los graves riesgos que amenazaban, no solamente con el estancamiento económico, sino con las perspectivas del equilibrio y la paz sociales.

La necesidad de emprender un esfuerzo sin precedentes en la movilización de recursos para financiar un programa de inversiones públicas en los sectores fundamentales de la economía nacional, hizo necesario remodelar la política de financiamiento en los aspectos tributario, de precios y tarifas del sector público, de crédito interno y de financiamiento externo.

Dentro de esta estrategia de financiamiento, con el propósito de conservar el clima de tranquilidad y confianza necesarios, y tomando en cuenta las turbulencias de la economía internacional, el esfuerzo enorme de la movilización del ahorro interno y externo, hizo indispensable mantener el tipo de cambio existente entre el peso mexicano y el dólar norteamericano.

La política económica, fiscal y financiera, se orientó a aprovechar la confianza en el valor interno y externo de la moneda para poder hacer la reestructuración nacional, que no hubiera podido efectuarse entonces conforme a otras alternativas de política cambiaría.

Durante estos seis años, el país ha hecho un gigantesco esfuerzo para modificar favorablemente las perspectivas de su progreso económico y social.

Entre 1970 y 1975 la inversión pública aumentó de 30 mil a más de 100 mil millones de pesos.

Descontando el incremento de precios, estos significa una tasa de crecimiento real medida anual de 16 por ciento.

En este período, el producto interno bruto, también en términos reales, aumentó a una tasa de 5.6 por ciento, a pesar de que la inversión privada creció en sólo alrededor del 4 por ciento.

Gracias a la dinámica de la inversión pública, el coeficiente de inversión en el producto interno bruto se elevó de 21 por ciento en 1970, a 24 por ciento en 1975.

En esta administración, por vez primera, la inversión pública superó a la inversión privada.

Con ello se dejó atrás la reducción de la actividad económica que hubiese resultado del retraimiento de la inversión de los particulares.

Los esfuerzos del sector público deben ser complementados, cada vez más en mayor proporción con una actitud que sea de verdadera iniciativa por parte del sector privado.

Quienes condicionan la inversión y la creación de empleos, a lo que han llamado la creación de garantías de estabilidad, incurren en un grave contrasentido.

Es su retracción la que podría, precisamente, crear situaciones explosivas de marginamiento y conflicto social si no fuera por la oportuna participación del Estado en la economía.

A la luz de este hecho, es conveniente recordar, una vez más, algunos de los logros debidos a este esfuerzo sin precedentes en la inversión pública.

En el sector agropecuario, se incorporaron al riego, en los últimos 5 años, más de un millón de hectáreas; se pudo fertilizar más del 50 por ciento de la superficie cultivada; se incrementó en más del 120 por ciento la producción de los ingenios azucareros administrados por el sector público; se quintuplicó el crédito agropecuario otorgado a través de los bancos oficiales; se puso en marcha el programa de inversiones públicas para el desarrollo rural integrado, que cubre el 32 por ciento del territorio nacional y se dio un importante avance en el equilibrio de los principales productos alimenticios, ya que se tienen excedentes sobre la demanda interna en frijol, arroz y trigo en equilibrio en sorgo, y se ha logrado reducir el déficit en maíz al 10 por ciento del consumo.

En el sector industrial, se duplicó la producción petrolera y en 1976 se obtendrá una producción de más de un millón de barriles diarios y, por tanto, se está elevando la capacidad exportadora de PEMEX, no sólo en crudos, sino también en productos refinados.

Se duplicó también la capacidad instalada de generación de energía eléctrica, hasta alcanzar 12 millones de kilovatios; en la industria siderúrgica, también se multiplicó por dos la producción de 1970.

En transportes y comunicaciones, la red de caminos de todo tipo aumentó en estos últimos años de 70 mil kilómetros en 1970, a 200 mil.

Se han hecho grandes esfuerzos de modernización en el transporte ferrocarrilero y se ha iniciado un sólido programa de rehabilitación portuaria.

La población atendida por el sistema educativo nacional, llegó al 27 por ciento de la población total.

Destaca el esfuerzo hecho en materia de escuelas técnicas de distinto nivel ya que su número aumentó de 240 en 1970, a 1,301 en 1975; los apoyos a las Universidades han permitido atender a más del doble de la población escolar; la contribución del Gobierno Federal a las Universidades de provincia es hoy catorce veces mayor.

En los diferentes sistemas de seguridad social, la población amparada subió de 11 millones de personas en 1970 a 25 millones en 1975.

En materia de vivienda, se han montado nuevos esquemas que han permitido la construcción de 300 mil unidades en los últimos años, y lo que es más relevante, se ha creado un sistema institucional y una capacidad de construcción que permitirán reducir, sustancialmente, el déficit de vivienda en los años por venir.

Para financiar este gran esfuerzo de expansión en nuestra economía, así como para atender el gasto corriente asociado a la tarea general de remodelación nacional, este Gobierno efectúo también un esfuerzo, sin precedentes, en materia de financiamiento.

En el área tributaria, para la apreciación cabal de este esfuerzo, debo enfatizar que la carga fiscal se elevó de un nivel estático que por muchos años no había logrado exceder en 12.5 por ciento del producto interno bruto a más del 16 por ciento en 1975.

Rompimos la política de mantener una estabilidad ficticia en los niveles de los precios y tarifas de los bienes y servicios que producen las empresas públicas, a fin de no demeritar la capacidad financiera necesaria, para seguir expandiendo estas producciones estratégicas y para remover las distorsiones que dichos precios alentaban en el consumo.

Iniciamos un proceso de mayor equidad en la distribución de los ingresos tributarios entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Los empeños anteriores permitieron elevar la participación de los ingresos totales del sector público federal en el producto interno bruto del 18 por ciento en 1970 al 26 por ciento en 1975.

Por otra parte, desplegamos una gran apertura a la relación económica con todas las naciones y con todos los grupos regionales.

Lejos de refugiarnos en el aislamiento, nuestro país ofrece garantías y libertades para el flujo mercantil y financiero, que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo.

Para apoyar nuestro intercambio internacional, creamos el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y pusimos en práctica una amplia gama de medidas de carácter fiscal y crediticio.

Impulsamos con éxito la diversificación de nuestro comercio exterior.

Sin reducir nuestras ventas a los Estados Unidos en términos absolutos, la proporción de nuestras exportaciones a ese país disminuyó, estos seis años, en 8 por ciento del total de nuestro intercambio internacional, al colocar mayores volúmenes de nuestros productos en América Latina, Europa Occidental y los países socialistas.

La creación de nuevos centros de afluencia turística en el Caribe y en el Pacífico y las inversiones destinadas a mejorar las facilidades en los centros de atracción ya existentes, permitieron que las divisas recibidas por esta actividad se duplicaran, en los últimos cinco años, para llegar en 1976 a más de 32 mil millones de pesos.

Con el fin de dar mayor congruencia a la programación turística, varios organismos fueron fusionados en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y se han financiado, en los últimos 3 años, proyectos por 2 mil 800 millones de pesos en 115 ciudades pertenecientes a todos los Estados de la República.

Las disposiciones jurídicas expedidas en este sexenio para estimular la inversión nacional y regula la inversión extranjera, para reglamentar la transferencia de tecnología y el uso y explotación de las patentes y marcas, permiten reafirmar que en México, aceptamos el capital extranjero en la medida en que completamente nuestros requerimientos y se ajuste a los criterios que establece la autonomía nacional.

Es el país el que debe dirigir el ingreso de las inversiones extranjeras y utilizarlo para modernizar la planta productiva, revolucionar la tecnología y generar artículos de exportación.

Nos hemos opuesto a una transferencia tecnológica que atente contra nuestra independencia y que pretenda convertir la economía del país en un simple objeto de la estrategia transnacional.

Para fortalecer la vigilancia en este aspecto promulgamos la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y la de Invenciones y Marcas, que estableció un nuevo enfoque que trasciende las concepciones obsoletas de la propiedad industrial y se ajusta a la realidad económica del país y a una noción superior de orden público.

Como lo ofrecí desde que entró en vigor la Ley de Transferencia de Tecnología, me satisface informar que en sus tres años de vigencia, nos ha permitido obtener ahorros directos de divisas por 4 mil 800 millones de pesos en los contratos revisados hasta la fecha.

Ante las necesidades de inversión pública y tomando en cuenta la retracción que se observó en la inversión privada, recanalizamos las disponibilidades de crédito interno, en forma sustancial, al financiamiento de los proyectos estratégicos a cargo del sector público, e hicimos uso del crédito externo en las proporciones máximas que ha permitido nuestro alto prestigio en los mercados financieros internacionales, pero conservando y acrecentando nuestra capacidad de pago, al fortalecer los elementos básicos de nuestra planta productiva.

De esta manera, hemos podido transformar a nuestra economía de un sistema en el que el sector público no contaba con la base suficiente de financiamiento para hacer frente a las demandas sociales, a otro más capaz de atender las necesidades vitales de la nación.

Aunque ello haya implicado tensiones financieras temporales, éstas se compensarán, ampliamente, con las perspectivas de crecimiento, empleo, comercio exterior y productividad que derivarán de los esfuerzos realizados por los mexicanos.

Por otra parte, debemos recordar y tener muy presente que estos esfuerzos se vieron seriamente obstaculizados por las dificultades derivadas de la situación económica internacional.

La coyuntura mundial nos ha sido altamente desfavorable y ha puesto de modo constante a prueba, pero no ha vencido, nuestra determinación de avanzar.

Sin embargo, ha tenido importantes efectos, al alterar la posición de nuestra economía respecto del exterior.

Coincidiendo con el principio de esta administración, a mediados de 1971, se inició la más grave crisis monetaria, comercial y financiera, que ha sufrido el mundo en las últimas décadas.

En agosto de 1971, los Estados Unidos de América tomaron una serie de medidas que afectaron gravemente la economía mundial.

Además de imponer limitaciones serias a sus importaciones el gobierno de ese país abandonó, en diciembre de dicho año, la convertibilidad de su moneda al oro e inició la flotación del dólar respecto a las demás monedas de uso internacional.

La crisis monetaria se generalizó y las principales monedas del mundo sufrieron enormes fluctuaciones que afectaron el comercio, los precios y el costo del dinero en todos los países.

Algunas divisas, como el marco alemán, el franco suizo, el franco francés, el belga, el florín holandés y el yen japonés se revaluaron, en medio de fuertes fluctuaciones, al romperse el equilibrio de caracterizado al sistema monetario mundial, durante aproximadamente 25 años.

El dólar estadounidense y las monedas de muchos países de ingreso medio y en proceso de desarrollo bajaron de valor respecto de las de varios países europeos.

Esta quiebra del sistema monetario internacional provocó un crecimiento excesivo en la liquidez y una inflación generalizada a tasas no experimentadas en los últimos 30 años, duplicándose en el período de 1970- 1974 el índice mundial de precios del comercio exterior.

En forma paralela, durante el año de 1972, y especialmente 1973 y 1974, los precios mundiales de los productos agropecuarios, de los metales, del petróleo y de los bienes de capital se elevaron como nunca había ocurrido en épocas de paz, con la circunstancia, sumamente grave para nuestra economía, de que en dichos años nos vimos obligados -por deficiencias productivas internas- a efectuar onerosas importaciones de petróleo y alimentos.

Este torbellino económico generó, a su vez, una caída vertiginosa en el ritmo de la economía mundial.

En 1974 la actividad económica de los Estados Unidos de América se redujo en 1.8 por ciento y en 2 por ciento en 1975. Japón, después de experimentar de 1960 a 1972 una tasa sostenida del 10.5 por ciento y del 9.9 por ciento en 1973, vio desplomarse su actividad económica a una tasa negativa de 1.2 por ciento durante 1974 y recuperarse en sólo 2.2 por ciento en 1975.

En este último año, Canadá no registró crecimiento; Francia vio decrecer su economía en 3 por ciento.

Dichos años han sido los más negativos para la economía mundial en los últimos 45 años y se caracterizaron por la dramática combinación de la inflación y la recesión.

Los países en vía de desarrollo y de crecimiento cuantitativo y cualitativo, como el nuestro, vieron disminuidos los mercados de sus exportaciones y aumentados los precios de sus importaciones.

Las importaciones de mercancías y servicios de México se elevaron de 6 mil millones de dólares en 1973 a 9 mil 947 millones en 1975, en tanto que las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron en esos años 4 mil 828 y 6 mil 303 millones de dólares respectivamente como consecuencia, el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente entre los años de 1973 y 1975 se elevó considerablemente, alcanzando para esos años la cifra de 1,175 millones y 3 mil 643 millones de dólares respectivamente.

La crisis económica estuvo acompañada de guerra entre naciones, imposición de los fuertes sobre los que buscan su libertad política y económica, hambrunas en vastas regiones, inflación y desempleo, dos devaluaciones del dólar estadounidense, flotación generalizada de los tipos de cambio, en suma, desconcierto, crisis internacional.

Ningún país ha podido aislarse totalmente de las perturbaciones externas.

Es por ello que la interpretación de los fenómenos económicos nacionales no se puede hacer en el vacío, en abstracción de lo que ocurre en la economía internacional.

La gran apertura de la economía mexicana, con garantías y libertades que van siendo raras en el mundo y con un comercio internacional que gracias a nuestra perseverancia ha adquirido ya una gran diversificación por países y por productos y ha alcanzado una importancia considerable por el volumen de transacciones que se realizan, es natural que se vea continuamente influida por las tendencias económicas prevalecientes y especialmente por la de nuestro vecino país del norte que constituye, sin duda, uno de los centros económicos gravitacionales más importantes del mundo.

Ante estas adversidades, no renunciamos a nuestros propósitos de reestructuración económica nacional y de protección a las clases menos favorecidas.

Luchamos simultáneamente en varios frentes: buscamos el fortalecimiento de nuestra estructura económica, mediante el rompimiento de "cuellos de botella" físicos y financieros; sostuvimos una tasa de crecimiento siempre superior a nuestro incremento demográfico; luchamos en contra de la inflación y, sobre todo, de sus repercusiones negativas en los sectores más débiles de la población; pero lo más valioso fue que pudimos conservar, ante la amarga coyuntura internacional y ante los obstáculos internos, un sistema social en plena marcha hacia niveles más elevados de democracia, de preservación de las libertades individuales políticas y espirituales, al mismo tiempo que fortalecimos la prioridad de los aspectos sociales de nuestro desarrollo.

De esta manera, el país estuvo en posibilidad de llegar al proceso electoral en condiciones de paz y orden, e hizo factible que la voluntad soberana de la nación, con una votación sin precedentes, constituyera la legitimidad de su próximo Gobierno.

Esta decisión de avanzar sustantivamente en la reestructuración de la economía nacional, en los campos vitales de infraestructura básica agropecuaria e industrial, tuvo que materializarse en momentos en que la economía mundial era afectada por graves problemas de carácter monetario y de inflación y recesión generalizadas.

No permitimos que esas situaciones aminoraran nuestro esfuerzo; preferimos, en bien de los mexicanos, cimentar nuestro futuro y no menguar nuestra acción reformadora, ni alterar la dirección de nuestros objetivos.

La obra de desarrollo integral ha recibido un impulso extraordinario.

Los esfuerzos por ahondar las tareas en favor del pueblo mexicano y por aumentar el ingreso fiscal con cargo a los sectores con mayor capacidad de pago, han superado a los de cualquier otro período anterior.

La mejoría del salario e ingreso real de la clase trabajadora, en las ciudades y en el campo, ha sido preocupación constante de esta administración.

Todo ello, ha permitido realizar el gran avance económico que queda como legado.

Sin embargo, existen problemas importantes que es necesario resolver.

Durante estos años nuestra estructura productiva se ha modificado favorablemente, pero es obvio que las circunstancias externas y los empeños nacionales han influido de manera determinante, en los precios y costos de producción, limitando el nivel de la actividad productiva del país y su capacidad de competir en el extranjero.

Debemos por ello, en un ejercicio de responsabilidad histórica, revisar la situación de nuestra economía frente al exterior, para asegurar que el avance logrado sea continuado en el futuro.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se incrementó fuertemente hasta 3,643 millones de dólares, en el año de 1975, continúa manteniendo niveles elevados; ello nos obliga a obtener financiamientos crecientes del exterior y a dedicar cuantiosos recursos públicos a la amortización y al pago de intereses.

Este déficit no proviene fundamentalmente de una insuficiencia de nuestra capacidad de producción de bienes y servicios.

Esta continúa mejorando pues disponemos de recursos humanos, equipo, maquinaria y recursos naturales susceptibles de utilización inmediata.

La demanda externa en la actualidad es favorable.

El problema se debe a que los precios externos muestran un aumento menor en épocas recientes, en tanto que los costos y precios internos y de nuestros bienes y servicios exportables, se han elevado en mayor grado y hemos perdido competitividad en los mercados internacionales.

Esta situación frena nuestras posibilidades de venta al exterior y desalienta el ingreso de turistas extranjeros al país.

También alienta la importación y el contrabando de productos que compiten con la industria nacional, e induce a los mexicanos a viajar y a gastar en el extranjero en forma desmesurada, reduciendo con ello el volumen de divisas propias que el país requiere para financiar su desarrollo.

De continuar tal situación, nuestros esfuerzos por dotar de empleos suficientes a la población trabajadora, resultarían cada vez menos efectivos y los requerimientos adicionales de financiamiento externo se elevarían a niveles ya no justificados.

Hemos adoptado durante esta administración, diversas medidas para enfrentar el creciente déficit de nuestra balanza comercial.

Se ha hecho ya el uso máximo posible de diversos instrumentos para alentar nuestras exportaciones.

Se les ha favorecido con un mecanismo de compensación de impuestos -CEDIS- y de sistemas especiales de financiamiento y de garantías.

Se ha hecho un esfuerzo institucional masivo de promoción de ventas en la mayor parte de los países del mundo.

Se ha aplicado también un estricto control a las importaciones; acentuando más aún, afectaría abastecimientos vitales de materias primas y de equipo y maquinaria que requieren las actividades productivas nacionales, disminuiría el número de trabajadores ocupados y afectaría nuestros afanes de desarrollo compartido.

Igual efecto tendría acentuar en demasía las limitaciones ya aplicadas al crédito bancario.

La adopción de las medidas mencionadas, aunque de gran utilidad para la economía nacional, no ha logrado restaurar en escala suficiente el dinamismo de nuestras exportaciones de mercancías, no obstante la recuperación de los mercados externos para nuestros productos, ni ha ajustado en el grado necesario el valor de las importaciones.

Nuestra balanza de servicios turísticos tampoco muestra ya una recuperación satisfactoria.

Por otra parte, no sería justificable, para corregir el deficiente de divisas, hacer una explotación exhaustiva e irresponsable de nuestra riqueza petrolera, derrochando así ese patrimonio que seguirá siendo fundamental para el avance independiente de México.

Por la observación del comportamiento de nuestro comercio exterior, por el movimiento de la relación de nuestro nivel de precios con los del extranjero, por la comprobación de la existencia de una creciente capacidad no utilizada de los factores productivos nacionales y la grave repercusión que esto tiene al frenar la generación de empleos que el país requiere con urgencia, hemos llegado a la conclusión de que el actual tipo de cambio del peso mexicano no es el adecuado para restaurar el equilibrio de la balanza de pagos.

El conocimiento de esta situación alienta la salida de capitales temerosos que con ello disminuyen el volumen de ahorros nacionales necesarios para financiar nuestro desarrollo.

Esto no debe continuar.

Es justificado obtener financiamientos externos para apoyar el aparato productivo nacional y mejorar nuestra eficiencia; es menos justificable obtener créditos externos para financiar en forma permanente deficientes de bienes de consumo o de materias primas; pero resulta absolutamente inaceptable permitir aumentos excesivos de la deuda pública externa o utilizar las reservas básicas de oro y divisas del Banco de México para financiar salidas especulativas de capital al exterior.

Ciertamente, podríamos seguir sosteniendo el tipo de cambio actual con nuevos financiamientos externos o contrayendo la actividad económica y el nivel de empleo en el país para reducir nuestras importaciones, pero en las actuales circunstancias esa política sería inadecuada e inaceptable para una administración con sentido social.

Sabemos qué hacer y sabemos cómo y cuándo hacerlo.

En ejercicio pleno de nuestra soberanía, eliminamos ahora los factores limitantes que establece el actual tipo de cambio para que la política de reestructuración económica nacional y de generación de empleos, que debe apoyarse en el aumento de las exportaciones de bienes y servicios y en un aumento general de la actividad productiva, pueda alcanzar el éxito que deseamos.

El tipo de cambio actual ya no es conciliable, en estos momentos, como lo fue en el pasado, con nuestras metas.

El actual tipo de cambio fijo no es un fin, ha sido sólo un instrumento para alcanzar objetivos trascendentes de política económica.

Su nivel, ya no refleja la relación de nuestros costos de producción con los costos internacionales; su inflexibilidad, en las condiciones actuales de movimientos masivos y erráticos de capital, no permite hacerles frente en forma adecuada.

No es conveniente establecer de inmediato un nuevo tipo de cambio fijo.

Continúan las graves distorsiones en los tipos de cambio de las monedas más importantes.

Las tendencias inflacionarias del mundo perduran y los precios de los productos alimenticios y de las materias primas que requerimos todavía están sujetas a graves fluctuaciones, no obstante la recuperación ya iniciada en la economía mundial.

Los movimientos internacionales de capital, que afectan a muchas divisas, al dólar estadounidense y al peso mexicano entre ellas, no presentan signos de abatimiento.

Varias importantes monedas europeas están actualmente sujetas a fuertes presiones cambiarias.

Tampoco se juzga conveniente establecer el control de cambios.

El control, por sí mismo, no restablecería la competitividad ni el dinamismo de nuestras exportaciones.

Más aún, la muy alta proporción de ingresos no controlables como turismo, transacciones fronterizas, remesas de trabajadores migrantes e ingresos de capital privado, determina que las divisas susceptibles de ser controladas serían muy inferiores a las requeridas para la importación de materias primas, equipo y maquinaria indispensable para nuestra agricultura e industria.

En caso de establecerse el control de cambios, aparecería inmediatamente el mercado negro de divisas con la consecuente corrupción que esta clase de mercados genera; surgirían nuevas actitudes especulativas, tipos de cambio irreales y altamente inflacionarios y se agravaría la incapacidad del sistema para retener el ahorro interno.

El nuevo tipo de cambio debe ser determinado, en condiciones de libre convertibilidad, atendiendo fundamentalmente a las fuerzas económicas reales del mercado conformadas por la actual situación nacional e internacional.

Debe ser flexible durante algún tiempo, tanto para encontrar el mejor nivel que permita corregir la situación deficitaria de balanza de pagos, como para enfrentar, sin sacrificio inútil de la reserva de oro, plata y divisas del país, las salidas especulativas de capital.

Ese nuevo nivel, para ser correcto, debe cumplir con varios objetivos fundamentales de la política económica nacional: alentar el dinamismo de la exportación de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y mineros, de bienes manufacturados y de servicios turísticos, aprovechando la amplia capacidad que actualmente tiene México para ello; desalentar el gasto en importaciones de bienes que compiten con la industria nacional, inclusive el contrabando, y el de los mexicanos en el exterior, para que se oriente en mayor medida a la creación de empleos dentro del país; disminuir el excesivo financiamiento externo, disipar las suspicacias que alientan las fugas de capital y no propiciar un aumento excesivo de precios internos.

A fin de encontrar un nuevo tipo de cambio estable y evitar que las fuerzas especulativas, para beneficiarse, lo ubiquen en un nivel que presione demasiado al alza los precios internos, deberá actuarse de manera flexible.

Esta flexibilidad del tipo de cambio estará determinada por las fuerzas reales del mercado.

Por ello será regulada por el Banco de México, con el propósito de evitar fluctuaciones excesivas y erráticas, no representativas de la verdadera posición económica de nuestro país respecto al exterior, durante el tiempo necesario para encontrar el nivel al que deba establecerse el nuevo tipo de cambio fijo.

Para manejar esta flotación regulada del tipo de cambio dentro de márgenes razonables, el Banco de México cuenta con un nivel de reservas brutas ampliamente suficientes de oro, plata y divisas por 1,381 millones de dólares.

Cuenta además con la integridad de sus derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional, y en la tesorería de los Estados Unidos de América por 1,046 millones de dólares.

En adición, y en previsión de mayores necesidades eventuales de liquidez, se iniciaran de inmediato gestiones ante dichas entidades para aumentar los recursos disponibles que dan la holgura suficiente a la ejecución del programa de consolidación económica y financiera que el gobierno mexicano ha decidido adoptar.

La flotación regulada del peso mexicano es una medida que la actual técnica monetaria aconseja. Ha sido debidamente meditada y evaluada.

Muchas naciones iniciaron la flotación de sus monedas obligadas por circunstancias externas, intempestivas, al aparecer en forma eslabonada, a partir de 1971, la crisis monetaria mundial, la del petróleo, y la de inflación con recesión.

Nosotros lo hacemos cuando mejor conviene al interés nacional.

Esta administración inicia la flotación de la moneda para encontrar un nuevo nivel más adecuado, cuando la política nacional de generación de empleos y de apoyo a una creciente capacidad productiva lo requieran, una vez que hemos logrado avances fundamentales mediante grandes inversiones en renglones estratégicos, que no de haberse realizado, imposibilitarían ahora el progreso nacional.

La flotación regulada será acompañada con el sostenimiento, sin limitación alguna, de la tradicional libre convertibilidad del peso mexicano a cualquier otra moneda, y de la libre transferencia de dinero y capitales.

La retención permanente del ahorro nacional se logra, no mediante medidas de control a sus movimientos -control que siempre sería evadible- sino por el convencimiento de que nuestra política económica y social, en un clima de libertades garantizadas por la ley, hace de nuestro país el lugar que deseamos para que nuestro esfuerzo y nuestros recursos contribuyan a engrandecerlo.

La flotación regulada y temporal del tipo de cambio, se acompañara de una estrategia económica y financiera, contenida en programas a corto y largo plazos, que aseguren maximicen los efectos benéficos que se persiguen y disminuyan al mínimo posible sus consecuencias desfavorables, especialmente en cuanto afectan a los sectores más pobres de la población.

Esta estrategia se integra con las decisiones básicas siguientes:

1. Recuperar y preservar la capacidad competitiva de nuestras exportaciones de bienes y servicios.

Para ello deberá asegurarse que la elevación de los precios y costos internos sea sustancialmente menor que el ajuste en el tipo de cambio.

Con este propósito, se adoptan las siguientes medidas específicas:

Un impuesto a la exportación con una sobretasa que afecte parcialmente el beneficio cambiario e las exportaciones a fin de evitar que ventajas excesivas derivadas de las ventas al extranjero desabastezcan el mercado interno y presionen sobre el nivel de precios.

Supresión, por innecesario, del sistema de Certificados de Devolución de impuestos a las exportaciones, dado el estímulo que a ellas implica el ajuste cambiario.

Se mantendrán los apoyos a consorcios de exportación, en la forma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine.

Eliminación de controles innecesarios y reducción de aranceles sobre la importación de materias primas, partes de ensamble de bienes necesarios y equipo y maquinaria indispensables, con el objeto de reducir presiones sobre los costos internos de producción y sobre los precios.

2. Proteger el poder adquisitivo de las clases populares.

A pesar de las medidas que se adoptarán para aminorar su efecto inflacionario, los ajustes cambiarios pueden tener ciertas consecuencias sobre los precios de bienes y servicios de consumo popular; que es necesario evitar, mitigar y compensar.

Con este objeto, se ejecutarán las siguientes acciones:

Con efectos a partir de esta fecha, se ajustarán el próximo 30 de septiembre los salarios de los trabajadores al servicio de Estado y de los miembros de las Fuerzas Armadas para que se restituya su poder adquisitivo en la medida que se haya demeritado, desde su última revisión, y en la proporción que resulte afectado por el aumento de nivel de precios.

El mismo ajuste se aplicará a los pensionados de las instituciones públicas.

El Ejecutivo Federal a mi cargo promoverá, de acuerdo con los factores de la producción, medidas encaminadas a que esta compensación salarial se aplique, a la brevedad posible, a las demás trabajadoras y se efectuarán los ajustes necesarios para evitar deterioros en los salarios mínimos y en los de los trabajadores de ingreso bajo y medio.

Se mantendrá estrictamente, y en su caso se extenderá el control de precios internos sobre los artículos de consumo necesario y materias primas, modificándolos únicamente en función del aumento acreditado en los costos.

Durante el tiempo que sea necesario, no se modificarán los precios en venta de los alimentos que maneja CONASUPO, sin perjuicio de ajustar los precios de garantía de los productos que compra, por el equivalente del aumento en sus costos para mantener el ritmo de la producción agrícola y apoyar el ingreso campesino.

La tasa de interés que perciben los pequeños ahorradores será aumentada sin que ello implique mayores costos financieros a los pequeños sujetos de Crédito.

Se combatirán con la mayor energía, en el ejercicio de todas las facultades legales con que cuenta el Estado, los ocultamientos y cualquier maniobra especulativa o de acaparamiento, relacionada con artículos de consumo necesario o con materias primas esenciales.

3. Evitar lucros indebidos.

No es justo ni conveniente que sector de la población obtenga beneficio alguno indebidos atribuibles a los efectos que el ajuste cambiario tenga sobre los precios.

Por ello el Ejecutivo Federal someterá próximamente al honorable Congreso de la Unión una iniciativa para el establecimiento de un impuesto especial que grave las utilidades extraordinarias o excedentes cuyo origen sea cambiario o provenga de una elevación excesiva en los precios de los bienes y los servicios.

4. Proteger la salud financiera de las empresas.

Es necesario conservar la capacidad financiera en nuestras empresas tanto públicas como privadas, para que continúen contribuyendo a la generación de empleos.

Para este fin, el Gobierno Federal otorgará tratamientos fiscales especiales a las empresas privadas y apoyos patrimoniales a las empresas públicas en los casos en que su situación se vea seriamente afectada por razones cambiarias.

5. Controlar el Déficit Público.

El sector público tendrá que reducir, en la medida necesaria, el déficit actual entre sus ingresos y sus egresos, sin disminuir el nivel de inversiones públicas de infraestructura, en actividades productivas y en asistencia social.

Para ello, observará una todavía más estricta programación y disciplina en el gasto público que la muy cuidadosa hasta hoy realizada y limitará el aumento en el gasto corriente del sector público federal al estrictamente necesario para el desarrollo eficaz de sus actividades.

La indispensable disciplina, sin la cual los programas económicos y financieros del gobierno no serían posibles, deberá aplicarse estrictamente, a efecto de alcanzar los objetivos anuales cuantitativos de ingreso y gasto de acuerdo con los programas que se establecerán para reducir el déficit a niveles adecuados, ajustándolo estrictamente a sus límites no inflacionarios y propiciando que el financiamiento bancario e institucional contribuya, en la proporción adecuada, a las necesidades económicas del sector privado.

6. Regular el crecimiento del Crédito.

La política crediticia, dentro de los nuevos programas, requería manejarse con instrumentos más precisos, tendientes a adecuarlos mejor a las necesidades del país a las actividades prioritarias y a los pequeños y medianos usuarios de crédito.

El crédito al sector privado, se manejará por el Banco de México, mediante el establecimiento de un sistema de crecimiento regulado, que tome en cuenta el movimiento estacional y anual de las actividades económicas respectivas, de sus necesidades de expansión y el movimiento conveniente en los niveles de precios del país.

Las medidas de programación económica y financiera y las de carácter administrativo que se establezcan para apoyarlas, serán complementadas mediante un sistema de regulación del crédito del Banco de México al sector público, con aplicación de cuotas trimestrales de financiamiento, relacionadas estrictamente con el ejercicio del presupuesto autorizado y con la mecánica de financiamiento del mismo, establecido por las autoridades hacendarias.

Los mismos criterios se aplicarán en el manejo de la deuda pública externa, con lo cual nuestro país seguirá contando con el buen crédito internacional de que ahora goza.

La nueva política cambiaría; las medidas de defensa de los precios, de los ingresos de los asalariados y de los sectores populares y campesinos, la protección a la situación financiera de las empresas públicas y privadas y el esfuerzo coordinado de pueblo y Gobierno permitirán alcanzar las metas del reajuste económico y financiero dentro de una política de generación de empleos y de progreso para todos los mexicanos, que son los objetivos permanentes que han nutrido a nuestras acciones.

En un régimen de flotación monetaria temporal la estabilidad de precios y del tipo de cambio se logra mediante la aplicación de políticas económicas y financieras sanas y congruentes, aplicadas con el apoyo y la colaboración solidaria de todos los sectores.

Sería incompatible con los propósitos que se persiguen que el sector empresarial, el sector obrero o las dependencias del propio sector público, aprovechando las circunstancias, tratarán de mejorar su participación en el producto social, ejerciendo presión para un aumento excesivo de las utilidades de los salarios o del ingreso y gasto fiscal.

El país y los sectores no asalariados y de ingresos fijos resultarían gravemente perjudicados.

Para evitarlo, todos los sectores, el empresarial, el público, el sector obrero organizado y el campesino, deben coordinar su acción para que, sin beneficio indebido de ninguno de ellos, se encaucen y orienten las actividades hacia una mayor producción y eficiencia del trabajo, del capital y de la administración pública.

En épocas de reajuste, por favorables que sean las perspectivas, como en nuestro caso, la voluntad de cooperación debe llevarse al máximo posible y materializarse con el más alto grado de solidaridad social.

Es cierto que el país tiene aún que enfrentarse a difíciles situaciones, que subsisten graves contradicciones sociales y que no han desaparecido, ni desaparecerán fácilmente, las influencias que pretenden alterar nuestros objetivos.

Es indudable, sin embargo, que todos estos problemas se habrían agudizado de no tomar las decisiones que tomamos.

Si hubiéramos actuado con incertidumbre o timidez en vez de llevar adelante las previsiones de la planeación democrática que adoptamos, en estos momentos estaríamos importando una gran cantidad de alimentos y considerables volúmenes de hidrocarburos, seríamos incapaces de satisfacer nuestros requerimientos de electricidad, siderurgia y fertilizantes, se habrían ahondado los desequilibrios regionales y acentuando los rezagos sociales de educación, salud y vivienda y la escasez y la carestía habrían alcanzado los niveles críticos, de muchos otros puntos de la Tierra.

Después de haber logrado avances fundamentales en todos los órdenes y de haber superado las graves deficiencias estructurales que lastimaban el progreso nacional, derribamos una barrera más para transitar en el futuro con menos estrechez, con mayor seguridad en la búsqueda de los objetivos esenciales de nuestra democracia social.

Para llegar a este punto mantuvimos siempre una actividad resuelta y una confianza profunda en los destinos del país.

Nunca hubo titubeos para tomar una decisión que incrementara nuestras posibilidades de ir adelante o que consolidara los logros.

Hoy, con esa misma determinación, enfrentamos los nuevos obstáculos que se hallan en nuestro camino y tomamos con valentía las decisiones que las circunstancias demandas para que las conquistas de estos seis años produzcan, plenamente, los frutos a que el pueblo tiene derecho.

La economía no es una actividad que se agote en sí misma.

Forma parte de la compleja trama de las relaciones sociales, dentro del país y en el orden internacional.

En México, es un instrumento básico, pero, insisto, sólo un instrumento, entre otros, al servicio los altos fines políticos y sociales de la nación.

Nuestra comprobada capacidad de realización para consolidar y reactivar la economía del país permite observar el futuro con sereno optimismo, pues lo más importante de nuestras acciones en materia de planeación del desarrollo y política económica no puede medirse en cifras, ni sus resultados, con ser importantes en el corto plazo, podrán evaluarse en su verdadera dimensión sino a lo largo de los próximos años.

Al adoptar hoy esta importante medida de política económica que aumentará la competitividad de nuestras exportaciones y la producción de bienes y servicios, lo hago, porque ante la proximidad del cambio del Gobierno, este es el momento más oportuno.

Ello le permitirá reactivar la economía y de esta manera multiplicar empleos, alimentos, vivienda, vestido, educación, seguridad social y, en suma, promover mejores niveles de vida para las grandes mayorías nacionales.

El amplio respaldo popular que lo conduce a la Presidencia de la República, y su probada experiencia en el certero manejo de los asuntos económicos del país y, sobre todo su patriotismo, garantizan que el próximo, Presidente de la República, y con él la próxima administración sabrán aprovechar estas medidas para impulsar aún más el progreso del pueblo mexicano

POLITICA SOCIAL I

Es en la política social donde los gobiernos surgidos de una revolución ponen a prueba su legitimidad y su eficiencia.

Las conquistas populares no se traducen a la realidad por el sólo hecho de haber quedado plasmadas en la Carta Fundamental.

Su aplicación exige el impulso constante y organizado de las nuevas fuerzas sociales para avanzar en la destrucción de las estructuras del pasado y construir las del porvenir.

En 1970, los postulados esenciales de la Constitución que disponen el reparto equitativo de la riqueza y la justicia en las relaciones colectivas, habían sido sometidos a graves aplazamientos.

Con el abandono circunstancial de los principios y la desviación de los objetivos, se cultivó una mentalidad individualista a ultranza y fuimos de una penetración ideológica cuyo máximo signo de éxito es el enriquecimiento de una minoría a costa de la explotación del hombre y cuya concepción de la vida se reduce a un sentido de la competencia que desconoce los más altos valores humanos.

Para invertir esta situación y rescatar los principios solidarios de nuestra identidad nacional, el Gobierno acudió a su legítimo sustento: a la expresión democrática de las mayorías a la manifestación libre de sus demandas y aspiraciones diferidas, a la promoción de sus derechos por medio de una vasta movilización de las conciencias, a la rearticulación, desde la Ley, de las fuerzas que hicieron la Revolución.

El despertar de la conciencia crítica y de la participación popular resultaba indispensables para combatir en la base del cuerpo social, un modelo productivo que pretendía supeditar los supremos intereses de México a las exigencias de una clase social privilegiada.

Era imperativo mostrar al pueblo las contradicciones y las carencias del país, así como rechazar el camino fácil de una propaganda interesada en presentar la acumulación y el derroche como sinónimos de bonanza nacional.

Nos enfrentamos al conformismo y llamamos a los problemas por su nombre.

En ningún momento encubrimos ni disculpamos la explotación y la injusticia dentro o fuera de nuestras fronteras.

A través de la discusión y el análisis de las situaciones adversas, en sus causas y en sus efectos, establecimos prioridades acordes con las demandas y aspiraciones auténticas de la población.

Así con el concurso de todos, pero con la voluntad puesta a favor de los obreros y los campesinos reencontramos nuestro propio camino hacia la justicia dentro de la libertad.

A los campesinos y a los obreros debemos la creación de nuestras instituciones más avanzadas.

Fueron sus luchas las que nutrieron el movimiento revolucionario, ellos son los verdaderos autores del Derecho Social Mexicano, precursor en el mundo.

Con ellos y para ellos hemos actuado leal e infatigablemente.

Para ellos y por ellos construimos nuestra democracia social.

A. Política Agraria

La Revolución no se hizo para reemplazar la vieja estructura feudal en el campo, por nuevos sistemas de opresión.

Esta convicción ha presidido todos nuestros actos.

El campesino que reclama tierras, el ejidatario, el comunero, el colono y el auténtico pequeño propietario han tenido en el Gobierno un gestor incansable de sus derechos.

El reparto de tierras no constituye una meta a plazo fijo, porque siempre pueden surgir situaciones de irregularidad.

A partir de la modificación al párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución y de la Ley Federal de Reforma Agraria, de la Ley Federal de Aguas y de la Ley General de Crédito Rural, promulgadas durante esta administración, pudimos acelerar la regularización de la tenencia e iniciamos una nueva etapa de la Reforma Agraria, fincada en la organización campesina y en la programación de las actividades agropecuarias.

Para evitar que el hombre del campo distraiga su tiempo en complicaciones burocráticas, todavía es necesario dar mayor agilidad a los procedimientos y a los trámites agrarios.

Debemos combatir en nuestro orden jurídico las reminiscencias de un derecho de clase que frustra, en el procedimiento, el acceso del hombre agredido o despojado, a la justicia que le corresponde.

En el actual período de sesiones del honorable Congreso de la Unión, enviaré a esta soberanía una nueva iniciativa para transformar varios preceptos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, con el objeto de abreviar los procesos en beneficio, tanto de los ejidatarios, como de los comuneros y de los parvifundistas.

Durante estos años hicimos frente, en forma decidida, a los numerosos vicios acumulados en materia de administración agraria.

Transformamos el antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de la Reforma Agraria, y se dotó de los elementos humanos y materiales adecuados, lo que permitió superar un enorme rezago en la solución de los conflictos, y desenmarañar una compleja red de ineptitudes y de intereses ilegítimos.

Sólo en materia de Derechos Agrarios se tenían 144 mil 640 instancias de campesinos sin respuesta, mientras 4 millones 201 mil 66 hectáreas se habían repartido, sólo en el papel.

Con los 12 millones 38 mil 362 que resolvimos distribuir en el sexenio, entregamos en total 16 millones 239 mil 428 hectáreas.

Se crearon 482 centros de población ejidal, se ampliaron 699 ejidos y se firmaron 939 resoluciones de dotación y 356 de restitución, confirmación y titulación de bienes comunales.

Dentro de este mismo empeño de rectificación, se dictaron 7 mil 896 resoluciones que privaron de sus derechos a individuos que no trabajaban la tierra, para adjudicar la superficie que detentaban, a campesinos auténticos.

Para regularizar las colonias agrícolas y propiciar su organización en unidades productivas, habremos expedido al final de la presente administración 12 mil 46 títulos de propiedad que amparan poco más de un millón de hectáreas ganadas para la producción y el beneficio de los campesinos.

Como resultado de las investigaciones para determinar las tierras patrimonio de la Nación, fueron emitidas 128 declaratorias de terrenos nacionales que abarcan 4 millones 138 mil, 347 hectáreas, hoy destinadas a la creación de núcleos ejidales.

Se expidieron 22 mil 556 certificados de inafectabilidad, en sus diferentes modalidades, en favor de quienes comprobaron ser legítimos pequeños propietarios.

La construcción de obras que el interés nacional reclamaba, hizo necesario expedir 779 decretos de expropiación que afectaron una superficie de 107 mil 985 hectáreas, por las que se entregaron mil 438 millones de pesos a los campesinos, como indemnización.

El crecimiento de las ciudades ha dado lugar a diversas irregularidades en perjuicio de los ejidos que los rodean.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra -CORETT- creada por el actual Gobierno para proteger los derechos tanto de quienes han adquirido de buena fe predios para construir sus moradas, como de los campesinos, ha hecho posible que el término de mi mandato queden normalizadas estas situaciones a través de 160 decretos de expropiación que afectan una superficie de 23 mil 12 hectáreas, por las cuales se habrán entregado a los campesinos mil 930 millones de pesos, y se habrán beneficiado con la seguridad jurídica de sus predios 3 millones 511 mil personas.

La alta tecnificación importada no es el único camino para el progreso rural.

Estamos encontrando fórmulas para modernizar nuestra agricultura y elevar sus rendimientos sin sacrificar nuestras metas de justicia social.

A través del impulso a la colectivización se abrieron cauces para el ejercicio de la conciencia solidaria del campesino y se amplió el ámbito de su actividad para hacerlo partícipe pleno en las tareas de administrar mejor sus empresas, así como de industrializar y distribuir sus productos.

El Plan Nacional de Organización y Capacitación Campesina incluye ahora 8 mil 130 ejidos que se preparan para sumar el esfuerzo individual y multiplicar los beneficios; 884 de ellos están en plena fase de consolidación colectiva y se han integrado 194 Uniones que agrupan a 3 mil 574 ejidos que ya participan en diversos aspectos de la planificación, producción industrialización y venta de sus propios productos.

El Estado acudió en defensa de los precios de los productos agrícolas, que constituyen el salario de los campesinos.

De 1970 a 1976 el precio de garantía del maíz pasó de 940 a 2 mil pesos la tonelada, lo que significa un incremento de 113 por ciento; el del frijol, de mil 750 a 6 mil pesos, el 243 por ciento; el del trigo de 800 a mil a 750 pesos, el 119 por ciento; el de arroz de mil 200 a 3 mil pesos, un 150 por ciento; el del sorgo, de 575 a mil 600 pesos, un 178 por ciento; el del cártamo de mil 500 a 3 mil 200, un 113 por ciento; y el del ajonjolí, de 2 mil 500 a 6 mil, un 140 por ciento.

Además, se fijó un precio de garantía de 3 mil 500 pesos, a la soya, producto que no estaba comprendido en esta política.

En la vieja estructura de precios del producto agrícola se originaban en gran parte los agudos desequilibrios regionales.

No era posible ni por razones de equidad social, ni por imperativos de funcionalidad económica, seguir permitiendo que el crecimiento industrial y urbano pesara sobre la miseria de los campesinos.

Estas acciones, aunadas a las que se realizaron en el marco de la nueva planeación del sector agropecuario, nos permitieron recuperar la autosuficiencia en la producción de alimentos.

El Pacto de Ocampo, celebrado hace casi dos años, constituye el acuerdo básico que reagrupa a las principales organizaciones campesinas para la defensa de los derechos de sus miembros.

Unidos por su conciencia solidaria, los campesinos están superando la disgregación de sus esfuerzos, para llevar adelante la Reforma Agraria.

Hemos sostenido que en México todo problema, todo conflicto entre intereses legítimos tiene solución a través de la Ley así como del diálogo civilizado.

Con esa disposición el mes de diciembre último comenzó a funcionar la Comisión Tripartita Agraria, como un foro para que los pequeños propietarios, los ejidatarios, los comuneros y las autoridades estatales y federales, resuelvan las controversias y alejen la posibilidad de explosiones de violencia que sólo benefician a quienes se oponen al progreso del país.

Sin embargo, en los últimos meses se ha hecho ostensible una campaña de confusión patrocinada por quienes a sabiendas de haber violado los derechos de los campesinos, contaban ilusoriamente con que la Revolución Mexicana había olvidado para siempre sus obligaciones y sus objetivos básicos.

Para unos pocos que tienen cuantiosos recursos para pagar su propaganda a través de todos los medios, hay inseguridad en la tenencia de la tierra.

Para otros, la gran mayoría de los hombres del campo, los que no pueden promover una costosa publicidad porque sólo tienen un pedazo de tierra o la esperanza de alcanzar una vida digna, la acción del Estado es la única que puede ofrecerles la garantía de que sus derechos serán respetados.

A éstos el Gobierno no los abandonará.

Hoy reiteramos: no se han alterado las reglas de la convivencia en el campo.

Lo que sucede realmente es que ahora existe la clara disposición de aplicarlas hasta sus últimas consecuencias.

La seguridad en el campo tiene que fincarse en el respeto a la Ley.

La otra seguridad, esa seguridad a la que apelan unos cuantos empresarios agrícolas, siempre será falsa por estar basada en la violación de la Constitución y en la burla a los campesinos que la inspiraron, con su fuerza revolucionaria, en las primeras décadas del siglo.

Hemos respetado y hacemos respetar la seguridad jurídica en el medio rural. Hay seguridad para invertir y producir, pero no para explotar a los campesinos.

En México hace más de 100 años quedaron suprimidos los fueros.

Nadie podría justificar ahora el establecimiento de una nueva forma de privilegio contra la Ley, mediante una concepción malentendida de la productividad.

Estamos extirpando ese interesado prejuicio de que la eficiencia en el agro mexicano exige la represión de las demandas campesinas.

No hay sociedad más ineficiente que aquella que condena a la miseria a las grandes mayorías, porque está sembrando las semillas de su propia destrucción.

Tampoco justificamos la ineficiencia de ningún grupo; lo que da sustento a la posición del Gobierno, es su lucha al lado de los más desprotegidos para crear las condiciones de una verdadera igualdad, material y cultural, que haga posible el desenvolvimiento de la capacidad plena de todos los mexicanos.

Esa es la verdadera eficiencia y la verdadera productividad, las que se fincan en la justicia y en el equilibrio, las que distribuyen con equidad las cargas y los beneficios del desarrollo.

Los auténticos pequeños propietarios entienden claramente que sus intereses están vinculados a los del ejidatarios, su verdadero compañero de clase, y no los del latifundista, que ha pretendido arrastrarlos a una causa que no es la suya y que en cambio desvirtúa la defensa de sus derechos.

Hay un costo que escapa a los libros de contabilidad de algunos impugnadores de la Reforma Agraria, el costo de la verdadera paz en el campo, que es la paz social del país.

No una paz aparente, que podría quebrarse en cualquier momento por el estallido de la justificada desesperación de millones de compatriotas, sino la paz cimentada en el respeto al derecho de los campesinos y al de los auténticos pequeños propietarios.

B. Política Laboral

La estrategia del desarrollo compartido se ha orientado a corregir las graves distorsiones de una planta productiva que se mostró incapaz de absorber la oferta creciente de mano de obra, y cuyos beneficiarios, durante décadas de inmovilismo, se habían habituado a diferir sistemáticamente las demandas laborales.

Pensaron, seguramente, que el vigor creativo de la Revolución estaba liquidado.

Hoy deben saber que la mayoría aquí representadas no descansarán hasta destruir la urdimbre de intereses que hizo posible a los emisarios del pasado suplantar la voluntad del pueblo.

El Gobierno actuó en dos direcciones básicas.

Por una parte, estimuló la inversión productiva y participó directamente en la creación de nuevas fuentes de empleo.

Por otra, creó nuevos mecanismos y perfeccionó los existentes para dar respuesta inmediata a las demandas obreras.

Todos los instrumentos de la política económica, los programas de inversión, el fomento de las exportaciones, el crédito público y las medidas antiinflacionarias fueron orientadas al objetivo central de crear fuentes de ocupación que permitieran elevar las condiciones de vida de millones de compatriotas.

Para contribuir a dar respuesta a este desafío, se creó el Servicio Público del Empleo, como un mecanismo para vincular la oferta y la demanda de mano de obra, apoyado por el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, que ha permitido contar con datos confiables para programar soluciones a mediano y largo plazo.

Elevar la productividad social implicó redoblar los esfuerzos de capacitación destinados, tanto a quienes ahora tienen empleo, como a los que falta de preparación no tiene aún acceso a las fuentes laborales.

A este empeño obedece el establecimiento, durante el actual régimen, del Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero, el Consejo Nacional para promover la Cultura y Recreación de los Trabajadores, y la Editorial Popular para los Trabajadores.

Ante la crisis económica mundial que generó una escalada inflacionaria sin precedentes, agudizada por los desajustes internos, adoptamos la decisión de que no serían los trabajadores los que soportaran las cargas de un deterioro económico que en nada contribuyeron a propiciar.

No titubeamos a la hora de la crisis.

No cedimos ante las presiones del poder económico. Invariablemente dimos la razón al trabajador cuando vio afectada su economía por el crecimiento de los precios.

Juntos, los factores de la producción decidieron aumentos sucesivos mayores del 20 por ciento a partir de 1973.

El lapso de dos años para revisar los salarios mínimos y contractuales era demasiado largo para ser soportado por el presupuesto familiar del obrero.

Para evitar esta injusticia, resultante de las fluctuaciones económicas, decidimos no contener las reivindicaciones laborales en los estrechos márgenes de negociación prevalecientes y promovimos reformas a la Legislación Laboral para revisar los salarios cada año.

El crecimiento acelerado de diversas ramas industriales que por la dimensión de sus operaciones rebasan los límites de la administración estatal, hizo imprescindible la incorporación a la jurisdicción federal de las industrias dedicadas a la fabricación y ensamble de vehículos automotrices, productos farmacéuticos y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, enlatado de alimentos, y embotelladoras de refrescos y agua, a través de las correspondientes reformas a la Constitución de la República y a la Ley Federal del Trabajo.

Más de 60 por ciento de la población económicamente activa, alrededor de 6 millones de personas, está constituido por asalariados, de los cuales el 50 por ciento se rige por el salario mínimo.

Era imperioso asegurar que no se atentara contra el interés de estos mexicanos cuyos ingresos alcanzan a cubrir sólo las necesidades elementales.

Es un crimen social reducir más sus condiciones de vida abusando de situaciones de pobreza de ignorancia.

Por ello iniciamos la reforma legal que tipificó como delito federal el incumplimiento del pago de los salarios mínimos.

A efecto de acatar cabalmente los lineamientos constitucionales que señalan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, fueron ajustadas las disposiciones que reglamentan el sistema y se fijó en un 8 por ciento el reparto de las ganancias netas obtenidas por las empresas, antes de deducir el pago del impuesto sobre la renta.

Perfeccionar la administración de la justicia laboral fue objeto de nuestra más cuidadosa atención.

Creamos el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo a fin de mejorar la preparación de los funcionarios laborales de toda la República y se dotó a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de una estructura acorde con la complejidad creciente de las relaciones obrero - patronales.

Durante el periodo que comprende este Informe se atendieron las demandas presentadas por más de 22 mil trabajadores.

La función conciliatoria permitió resolver este año 2 mil 838 asuntos antes de llegar a la suspensión de labores, se encuentran en trámite o en estado de prórroga otros 2 mil casos y confiamos en su pronta solución por la vía de la Ley.

A lo largo del sexenio, en forma invariable y con auténtica convicción, actuamos con profundo respeto al derecho de huelga.

Al mismo tiempo desplegamos todos los esfuerzos para mantener la armonía y evitar confrontaciones que detuvieran la producción y hubieran puesto en peligro las fuentes mismas de trabajo.

Ahora más que nunca están abiertos todos los cauces administrativos y judiciales para dar paso a las demandas laborales.

Por tanto, nada justifica el planteamiento de situaciones de hecho, al margen del la ley, que obstaculizan nuestra marcha hacia una relación pacífica y equitativa entre todos los que participan en el progreso del país.

Con genuina satisfacción los mexicanos hemos constatado que los trabajadores incrementaron su fuerza de negociación de 1970 a la fecha.

Con el registro de 435 nuevos sindicatos, aumentó en 80 mil 835 el número de obreros que han engrosado las filas del movimiento laboral organizado.

Respetamos la vida interna de los sindicatos.

Pero no puedo dejar de expresar que los renovados empeños para asegurar la participación de las bases en las decisiones gremiales reafirman nuestra esperanza en el avance revolucionario.

Esto, sin duda, habrá de fortalecer cada vez más la eficacia de sus luchas.

La disgregación de la lucha no puede ser objetivo progresista.

Corresponde a los propios trabajadores perfeccionar la democracia sindical.

A ellos les compete solucionar sus diferencias por la vía del diálogo y no por la violencia y la irracionalidad.

Hemos dicho que el nuestro es un país de trabajadores.

Para afianzar la independencia nacional es imprescindible la cohesión de las filas obreras.

Cualquier fisura será aprovechada por los enemigos de México.

Dividir el movimiento obrero, no importa el lenguaje o el señuelo que se use, es estrategia contrarrevolucionaria.

Instituimos un sistema de coordinación de carácter consultivo que permitiera armonizar los intereses legítimos de los trabajadores y los empresarios, sin menoscabo de los intereses superiores del país.

Ese fue el sentido que inspiró la creación de la Comisión Nacional Tripartita.

En su seno se adoptaron decisiones que revelan una clara definición del papel de la empresa en la colectividad y se propusieron mecanismos para hacer viables los postulados constitucionales de justicia social.

Hemos mantenido un espíritu abierto al diálogo entre los factores de la producción, que no significa ni la claudicación de los principios, ni la mínima atenuación de las luchas populares.

Nunca hemos pretendido acallar las reivindicaciones laborales, ni mucho menos limitarlas al ámbito exclusivo del mejoramiento material.

El peso político de los obreros organizados es indiscutible.

Lejos de inhibir su afán de participar en las grandes decisiones nacionales, reconocemos el papel que han representado para impulsar las causas patrióticas y revolucionario, y alentamos su proyección a las batallas presentes y futuras por la independencia y la justicia.

Por ello hemos sostenido que el sindicalismo no puede confiarse históricamente a la exclusiva defensa de los intereses económicos de sus agremiados.

Tiene la responsabilidad de insertar su acción en un contexto más amplio y de tomar la iniciativa en la lucha que libramos por la incorporación de millones de hombres y mujeres a la actividad productiva, a la organización política, a la educación, a la cultura y al bienestar.

C. Bienestar Social

Sin satisfacer su nivel razonable de nutrición el hombre no puede fincar su avance hacia más altos estadios de convivencia y de dignidad.

Hoy todavía, mientras en una cuantas sociedades opulentas se derrochaban los bienes a través de hábitos de consumo inmoderado, dos terceras partes de la humanidad padecen hambre, en virtud de un orden internacional injusto.

A establecer una nueva relación entre todos los pueblos de la Tierra para superar esta lacerante realidad, se han dirigido nuestros empeños en el ámbito internacional.

En México, por los esfuerzos que hemos realizado en materia de inversión, abastecimiento de insumos, crédito y construcción de obras de riego en el campo, hemos quedado a salvo de esta grave amenaza.

Pero todavía padecemos índices de desnutrición en las zonas marginadas, que no corresponden a nuestros postulados de justicia social.

El aumento en la producción de alimentos no asegura por sí mismo una mejor nutrición de la población.

Es indispensable que ese proceso vaya acompañado de una eficiente y justa distribución, que ponga tales bienes esenciales al alcance de las clases populares.

En ese sentido hemos tomado diversas medidas, que van desde el apoyo al autoconsumo familiar en las zonas marginadas, el fortalecimiento de los organismos públicos reguladores, la protección del consumidor y la vigilancia a los intermediarios, hasta la orientación a la población para mejorar sus hábitos alimenticios, al mismo tiempo que hemos impulsado la investigación científica con miras a obtener fórmulas más nutritivas y aprovechar los grandes recursos de proteínas aún inexplotados.

Pusimos en marcha un programa nacional de producción de carne y huevo para el consumo familiar de los campesinos más pobres, aprovechando los recursos naturales que los rodean.

Se trata de acudir en auxilio de los sitios marginados con la entrega de paquetes familiares pequeñas especies a precios sumamente bajos y mediante créditos blandos que pueden ser cubiertos con las crías que produzcan.

El sistema CONASUPO de distribución de productos básicos opera con 11 mil establecimientos, 10 veces más que en 1970.

En ellos realiza ventas por 60 millones de pesos diarios y contribuye a frenar la especulación con los artículos de primera necesidad, permite a grandes núcleos humanos consumir productos de buena calidad, en cantidad suficiente, a precios bajos, aumentando así el poder adquisitivo del presupuesto familiar.

Hay quienes desde algunas empresas privadas critican el subsidio al consumo popular.

Olvidan o pretenden pasar por alto que son ellos precisamente los que, a pesar de haber gozado en el pasado, de subsidios de todo orden, no han puesto los satisfactores fundamentales al alcance de las mayorías, ni han creado, con sus ganancias, los suficientes empleos para reducir la marginación social.

Actualizamos la estructura de regulación de precios para proteger el poder de compra de los sectores populares, sin afectar el dinamismo de la economía.

En 1974 expedimos un decreto que establece el control rígido sobre los precios de 29 artículos de consumo básico que incluyen alimentos y medicinas, y regula la venta de otros bienes, cuyos precios podrán aumentar en la medida en que se eleven los costos, pero exclusivamente en esa medida.

Con ello se han evitado incrementos que hubieran significado, en un conjunto, cerca de 5 mil millones de pesos, en perjuicio del consumidor.

En la defensa de la economía popular, hemos creado instituciones en las que participan activamente las organizaciones sociales.

De los estudios del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, creado en este sexenio, acogimos la idea de iniciar la Ley Federal de Protección al Consumidor, que entró en vigor el 5 de febrero del presente año, y que instituyó la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, que a la fecha opera en 20 localidades del país.

No podemos permitir que la baja capacidad adquisitiva de grandes sectores populares se reduzca aún más por la acción de algunos comerciantes que utilizan prácticas engañosas y violan la Ley.

El Instituto Nacional para el Consumidor, también creado en este período, realiza una intensa labor de orientación al público con el objeto de liberarlo de los efectos de una publicidad perniciosa puesta al servicio del derroche o la generación de falsas necesidades.

Creamos el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el consumo de los Trabajadores FONACOT, a fin de rescatar a cientos de miles de familias obreras de los onerosos e inmorales sistemas de crédito que suelen aplicar algunas casas comerciales.

Este organismo constituye además un instrumento dinamizador de la economía que al racionalizar y promover la adquisición de satisfactores de consumo duradero, promueve, al mismo tiempo, la producción masiva de artículos, estimulado la oferta, generando empleos y ocupando capacidades industriales antes ociosas.

El FONACOT ha beneficiado, en menos de dos años de existencia, a 430 mil familias obreras y otorgado créditos por 3 mil millones de pesos.

Afrontamos con decisión el gran desafío que constituye satisfacer la demanda de morada digna de una población en constante aumento.

Había que abandonar en el campo de las conquistas sindicales viejas ideas individualistas.

No bastaba por ello conformarse con el cumplimiento de esta obligación constitucional por parte de las empresas de gran capital, sino había que asegurar también que los trabajadores de negociaciones medianas y pequeñas, los campesinos y los grupos marginados tuvieran la posibilidad de contar con hogares decorosos.

Iniciamos las reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal de Trabajo, que culminaron con la creación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el INFONAVIT.

El INFONAVIT, organismo tripartita, ha comenzado apenas ha trabajar.

Su eficacia todavía es parcial, como ocurrió inicialmente con el Seguro Social.

El Congreso del Trabajo ha mostrado inquietudes muy dignas de tomarse en cuenta, a efecto de que el INFONAVIT sea reformado y así pueda incrementar el número de casas que, de ahora en adelante, pueda construir para los trabajadores.

Nosotros estamos de acuerdo.

Esperamos que la representación obrera en ambas Cámaras, previo estudio de la demanda del Congreso del Trabajo, presente a discusión las reformas que sean necesarias para mejorar el INFONAVIT, que pertenece a los trabajadores.

De diversos sectores han emergido críticas en los últimos dos años.

Yo estimo que las críticas son justificadas.

Pero la actitud creadora requiere que se profundice en el estudio y que se dé dimensión constructiva a las inquietudes que han motivado estas críticas.

Se necesita que muchos de los técnicos, ingenieros, arquitectos, economistas que pertenecen a los sindicatos, a las centrales que integran el Congreso del Trabajo., den una cooperación profesional eficaz; que los propios obreros les abran las puertas de la Institución, que analicen a fondo su actual estructura, para lograr que sus recursos financieros sean más fecundos.

Después de recorrer en muchas ocasiones toda la República, y considerando la necesidad de impulsar la descentralización industrial del Valle de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro y de otras poblaciones, el día primero de mayo hice ver a los obreros y a los empresarios, así como a los representantes del Ejecutivo Federal en el Instituto , que en mi opinión se hace indispensable aprovechar la vieja infraestructura de muchas poblaciones de México en donde existen servicios de todo género, precisamente para el desarrollo de nuevas zonas industriales y, al mismo tiempo, de zonas habitacionales del INFONAVIT.

Esto, después de hacer estudios sociológicos a fondo, después de consultar a la base de los trabajadores, podría demostrar las conveniencias de adquirir terrenos más grandes, con casas más pequeñas que puedan crecer paulatinamente, como crece la familia, y resolver así un problema que no puede atenderse, que insoluble en las unidades habitacionales que construimos en las ciudades.

De esta manera los familiares, las mujeres de los obreros sindicalizados podrían tener, además, espacio para sembrar hortalizas y establecer apiarios, pequeños establos o pequeñas industrias.

Nuestras mujeres y sus hijos tienen atrás el sentido campesino de la vida.

En los suburbios de nuestras grandes ciudades vemos cómo hay sobrevivencia, aunque en forma muy pequeña -a veces simbólicas-, como una nostalgia del campo de estas pequeñas actividades agropecuarias que contribuyen a la alimentación popular.

Yo reitero aquí mi indicación a los representantes gubernamentales ante el INFONAVIT, y exhorto a los obreros y a los empresarios -sobre todo a los obreros- para que le den un sentido social más extenso al Instituto, a fin de que pueda favorecer a mayor número de beneficios de los créditos; pero también un sentido social más profundo, al fomentar y encauzar la capacidad creadora de los familiares de los obreros sindicalizados, a efecto de que en terrenos más amplios, con mayor cercanía a la naturaleza, fuera de la contaminación de las ciudades, evitando las grandes distancias que tienen que recorrer frecuentemente los trabajadores -a veces representa recorridos de dos o tres horas desde antes del amanecer- lo cual es lo más contrario a la productividad, y se promueven los estudios y reformas para abrir paso a un nuevo sentido de la habitación obrera y, al mismo tiempo, de la descentralización industrial.

Si vamos a fabricar los grandes equipos para evitar en los años futuros las enormes importaciones que ahora requieren las industrias del petróleo, la electricidad y la siderurgia, es necesario también robustecer nuestra propia concepción del desarrollo, y seguir llevando las fabricas, los caminos y las casas fuera de las actuales ciudades y zonas industriales superurbanizadas y contaminadas.

Es necesario volver los ojos al campo.

A mí me parece que es de estricta justicia social no destruir la salud de los obreros, no desperdiciar su capacidad creadora con esa pérdida de tiempo, simplemente al transportarse.

No afectar su salario -que como hemos visto en un 50 por ciento se limita al salario mínimo- con el gasto del transporte.

Por su parte los empresarios deben desembarazarse de indiferencias y criterios tradicionales, de la comodidad de las grandes ciudades, para salir a las nuevas zonas industriales e ir a vivir allá: más cerca de los obreros y más cerca de la naturaleza.

Así como en los próximos años se resolverán muchos problemas.

Se reestructuró el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular y se establecieron otros organismos como el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del estado y el Fondo de la vivienda para los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

La acción de estas Instituciones, unida a la realizada por los organismos existentes, hizo posible la construcción de más 300 mil unidades en el sexenio, más del doble que las edificadas en los 20 años anteriores.

El INFONAVIT afilia a cuatro millones de trabajadores de 232 mil empresas, y al término de la presente administración habrá asignado 135 mil créditos, concluido 110 mil viviendas y programando otras 120 mil en 121 localidades del país.

Este es sólo el arranque de un organismo que en el futuro deberá ir perfeccionando sus sistemas con la participación de sus integrantes, fundamentalmente de sus beneficiarios, los trabajadores.

El Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado ha edificado 26 mil 910 viviendas en beneficio de 130 mil derechohabientes y en fecha próxima entregará otras 6 mil 300.

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, ha integrado y ejecutado el Programa Candelillero; el Plan Nacional Ixtlero; el Nacional Cañero, el Programa de Hogares Ferrocarrileros y el de Unidades Habitacionales, a través de los cuales ha edificado o remodelado hasta la fecha, un total de 55 mil casas que albergan más de 312 mil personas de escasos recursos.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ha financiado la construcción de 23 mil 483 viviendas y la realización de diversos proyectos de desarrollo urbano con 19 mil 257 unidades que alojan a 250 mil personas.

Con base en el Programa de Habitación Popular realizado por el Departamento del Distrito Federal, al concluir la presente administración se habrán terminado 14 unidades habitacionales y 4 conjuntos urbanos, integrados por 36 mil 505 viviendas, así como el equipamiento de 8 fraccionamientos populares que constan de 8 mil predios.

Este programa beneficiará a 250 mil habitantes, permitiendo el reacomodo de 90 mil personas que habitan en 170 ciudades perdidas.

En la prevención de las enfermedades y la atención médica, no debe haber sector de la sociedad apartado de la solidaridad nacional.

Actualizamos la legislación en este campo, en consonancia a los requerimientos de la época, a través de un nuevo Código Sanitario que abre el camino a los programas de planeación familiar y paternidad responsable, al trasplante de órganos y tejidos y a una más adecuada reglamentación del ejercicio de la medicina.

El Plan Nacional de Salud, adoptado en 1973 y proyectado para una década, nos ha conducido hacia objetivos más acordes con nuestras ingentes necesidades de justicia. Un solo dato puede ilustrar los resultados de esta labor.

La mortalidad infantil decreció en estos 6 años en un 40 por ciento, al pasar de 69 a 38 por mil nacidos.

La mortalidad general se redujo del 9.9 en 1970 a 7 mil habitantes en 1976.

Estas cifras nos aproximan a los índices de sociedades más prósperas y nos sitúan por encima de países en semejante situación económica.

Ello tiene un significado mayor.

Nosotros lo hemos hecho con nuestros modestos recursos, sólo que destinados no al armamentismo ni al consumo dispendioso, sino al bienestar compartido.

Dentro de los programas de prevención de las enfermedades, se han aplicado un total de 217 millones de vacunas, producidas todas ellas en los laboratorios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Con ello hemos logrado erradicar, casi en su totalidad, los males que tradicionalmente habían afectado a grandes núcleos de población.

Durante el presente sexenio se construyeron mil 846 unidades de salud, elevándose el número de camas disponibles a 65 mil.

La creación de 242 unidades médicas para el sector rural, 60 clínicas - hospital y cerca de dos mil casas de salud, atendidas mediante el programa de médicos comunitarios, es una muestra más de la atención que hemos dado a este sector.

El primer día del actual Gobierno ofrecimos extender los beneficios de la seguridad social al mayor número de mexicanos.

Hoy puedo informar que en conjunto, las instituciones de seguridad social han aumentado la población derechohabiente de 11 millones 119 mil a 25 millones 20 mil personas, lo que representa más de 100 por ciento de incremento.

La nueva Ley del Seguro Social modificó esquemas tradicionales e hizo posible que comenzaran a llegar hasta los lugares más aislados del país la asistencia y la protección social.

A través de los programas de solidaridad hemos acudido en auxilio de lo grupos más desprotegidos, sin importar su capacidad contributiva.

Los habitantes de la zona ixtlera, los tabacaleros de Nayarit, los henequeneros de Yucatán , los tejedores de fibra de Región Mixteca de Oaxaca, Puebla y Guerrero, los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca Lagunera, los productores cafetaleros, los candelilleros, los apicultores, los cacaoteros, los copreros, los trabajadores forestales, los resineros, los mineros, los tejedores de palma y los campesinos de las zonas áridas y temporaleras reciben ahora, al igual que sus familias, la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esto significa que actualmente el número de campesinos protegidos representa más del 400 por ciento de los atendidos en 1970.

En total, la población amparada por el Instituto asciende a 21 millones 195 mil personas.

Se promovieron modificaciones al marco jurídico que rige las actividades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, a efecto de incluir a los trabajadores a la lista de raya y mejorar los servicios médicos y asistenciales en beneficio de los servidores públicos.

En este periodo el ISSSTE elevó su población derechohabiente en un 183 por ciento, al pasar de 1 millón 347 mil en 1970 a 3 millones 825 mil en 1976.

Atender la conservación y el mejoramiento del medio ambiente como elemento básico de salud y aún de sobrevivencia en nuestros días, ha sido otra tarea que inició el actual Gobierno.

En marzo de 1971 entró en vigor la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que ha hecho posible, hasta ahora, registrar 58 mil fuentes fijas contaminantes, de las cuales 42 mil se encuentran controladas.

En la atención a la niñez se sobrepasaron significativamente las metas y los objetivos programados.

No olvidaremos la mirada y la presencia de los niños del campo y de los que habitan los barrios pobres de la ciudad, los que pisan descalzos nuestra tierra para ir a la escuela, lo que no han tenido padres responsables, los que han sufrido hambre, lo que no hablan español y tienen que enfrentar un medio hostil, así como todos lo que ayudan en labores desproporcionadas para su edad.

A elevar sus condiciones de vida y preparar para ellos un futuro más justo y más libre se han dirigido los esfuerzos más nobles de estos años.

El Instituto Nacional de Protección a la Infancia fue transformado en el Instituto Mexicano para la infancia y la Familia, y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, IMAN, inició la ampliación de sus servicios al medio rural y a la provincia.

Sus resultados son el fruto de una nueva teoría y una nueva práctica de la solidaridad social.

A través de ella se han liberado importantes fuerzas de transformación, sobre todo femeninas, que hasta hace unos años se frustraban en los perjuicios y en pasatiempos frívolos.

Sólo en el medio rural un millón de mujeres campesinas se comprometen, voluntariamente, en el mejoramiento de sus comunidades, y miles de mujeres de las ciudades acuden en su apoyo a través de un Plan Nacional Coordinado que cubre 30 mil centros de población en cuatro quintas partes del país.

Quince mil parteras empíricas se han incorporado al sistema nacional de salud; se han promovido un millón 80 mil huertos familiares; se han distribuido 612 millones 507 mil raciones alimenticias para lactantes, madres gestantes y niños, y se han establecido centros vacacionales para niños campesinos en Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa y Aguascalientes.

Todavía falta un largo trecho por recorrer pero este despertar de la iniciativa, el ingenio y la voluntad solidaria de la mujer mexicana augura una marcha más acelerada para acabar con todo este vestigio de opresión.

Esta obra me obliga a romper una tradición y a ofrecer público reconocimiento a quien ha sido mi compañera en el sentido pleno de la palabra, a quien no ha abandonado un solo día su espíritu de participación y se ha comprometido con humildad en el aprendizaje de la sabiduría del pueblo, a quien lucha denodadamente al lado de los campesinos y de los pobres de la ciudad, a una intérprete fiel de la política social de la Revolución Mexicana y promotora incasable de una nueva moral revolucionaria.

A ella y a todas las promotoras sociales voluntarias, a todas las mujeres que han ofrecido su trabajo solidario y patriótico en beneficio de nuestro pueblo, expreso hoy mi reconocimiento más emocionado y más sincero.

Hemos observado, señores senadores y diputados, en relación con lo anterior, situaciones muy significativas: en todas las zonas militares hemos constatado, casi desde el principio de esta administración, que la señoras esposas de los generales, jefes y oficiales han dedicado su imaginación y grandes esfuerzos, desinteresados, para establecer centros de preparación de trabajo y estudio, tendientes a mejorar la vida de las familias de los elementos de base de nuestro ejército.

Las señoras esposas de los comandantes de zona han encabezado, en verdad, importantes tareas sociales cuyos frutos hemos podido apreciar objetivamente. a ellas, en múltiples ocasiones, le hemos dicho que esto se los agradecemos profundamente; que nuestro ejército ahora suma a su capacidad profesional y académica del más elevado rango, que se incrementará con la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, con un hondo sentido social que, sin duda, ha llevado grandes beneficios a nuestros esforzados soldados y sus familiares.

Nosotros comprendemos lo que significa para las esposas y los demás familiares de los integrantes de nuestras fuerzas armadas cada cambio de adscripción.

Lo que significa esperar en el antiguo sitio de residencia a que los hijos concluyan su año escolar e inscribirlos después en otras escuelas con niños que antes no conocían.

Lo que significa levantar la casa, salvar algunos muebles y sufrir su deterioro al ser enviados al lugar de nueva adscripción de sus esposos.

Y esta lealtad tiene su origen histórico en las compañeras de nuestros soldados revolucionarios.

Con gran esfuerzo, decoro y dignidad ahora, desde esta Administración, han comenzado a desarrollar un renovado sentido de la solidaridad hacia los miembros más modestos de nuestras Fuerzas Armadas y, sin duda, en los años próximos se ampliará en beneficio de ese sector tan importante de nuestro pueblo, que defiende nuestras instituciones y que mantiene y acrecienta su lealtad a la democracia.

Aquí les repito mi agradecimiento, señoras

De dos millones de niños que nacen al año, todavía uno nace sin servicios médicos profesionales.

Parteras y parteros, generalmente campesinos, sobre todo las primeras, desde siempre atienden muchos partos en el campo y en las zonas marginadas de las ciudades.

Hace cuatro años se iniciaron cursos de preparación elemental para mejorar la capacidad y la calidad de los servicios que prestan estas mujeres y los efectos ya se están percibiendo.

Esa vieja tarea popular que muchos esforzados seres humanos desarrollan, se ha visto ennoblecida.

No estamos tratando de imitar al médico descalzo de la comuna china, cuya tarea hemos observado; no tratamos de imitar tampoco las proyecciones de los servicios médicos profesionales de muchos otros países, queremos recoger ese esfuerzo social tradicional mexicano para alentarlo y fortalecerlo a través de la capacitación y el adiestramiento, igual que debemos seguir revalorando muchas otras tareas del campo.

Extraer del propio pueblo la sabiduría las prácticas y las experiencias, para integrar una verdadera tecnología, que no es de importación, que se genera en el ámbito popular desde hace mucho tiempo y que nos pertenece y estamos obligados a asimilar, con gran dignidad, en nuestros sistemas y en nuestros programas sociales.

En muchas pequeñas poblaciones hemos observado el trabajo entusiasta de promotoras que van de pueblo en pueblo, que convencen a sus compañeros, los campesinos, de utilizar métodos modernos de higiene, de mejoramiento de la vivienda y de alimentación.

En muchas oficinas públicas federales, bajo la dirección de secretarios de Estado, de jefes de departamento, de directores de empresas descentralizadas y, también en las oficinas de los señores gobernadores y presidentes municipales, hemos visto emerger otro sentido social en nuestras mujeres.

Ellas, generalmente de origen modesto o muy humilde, saben cuál es el problema que hay en los rincones de cada hogar en materia de salubridad, de alimentación o de educación.

Hay una nueva orientación para aprovechar mejor las energías sociales de las mujeres son muy grandes.

Sin duda, ahora que estamos superando ese menosprecio tradicional por lo que pueden hacer trascendiendo el hogar, la escuela o el taller donde han trabajado, el país ganará mucho con estas tareas, que constituyen una innovación, en los últimos años, en la vida pública mexicana

POLITICA SOCIAL II

Educación y Cultura

La educación y la cultura han ocupado un lugar básico en nuestro proyecto social.

Constituyen un fin en cuanto forman parte de la elevación de la vida de los individuos y de la colectividad y son, al mismo tiempo, instrumentos fundamentales para avanzar en el cumplimiento de los grandes objetivos de la nación.

Reorientar los términos de nuestro desarrollo implicó modificar también los contenidos y la estrategia de la educación, para hacerlos responder a las exigencias de una convivencia solidaria en lo social, equilibrada en lo regional, e independientemente respecto del exterior.

Al mismo tiempo, resultaba imperioso superar graves rezagos acumulados en la atención de la demanda escolar en los diversos niveles y en todos los campos del saber.

Para dar respuestas a este desafío, impulsamos a través de un amplio esquema participativo, una Reforma Educativa surgida del reconocimiento de nuestras necesidades reales; orientada a desenvolver en los educandos la percepción crítica y objetiva de la naturaleza y la sociedad, y fincada en los valores de nuestra identidad nacional.

La libertad no puede darse con plenitud en la ignorancia ni en el atraso, ni por tanto, podría ser fruto de un sistema educativo diseñado para reproducir la desigualdad y justificar la opresión.

Es ése sentido del artículo 3º. Constitucional y ése fue el punto de partida de un proceso que ahora tiene permanencia y solidez en la Ley Federal de Educación de noviembre de 1973, en la Ley que creó el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, expedida en noviembre de 1975, y en la Ley Nacional de Educación para Adultos aprobada en diciembre de ese mismo año.

Al imperativo de democratizar la enseñanza por sus postulados y por sus métodos, correspondió un gran esfuerzo para democratizarla también en cuanto a sus alcances, y hacer llegar sus beneficios a todos los grupos sociales y a todo el territorio nacional.

Esta tarea requirió un sustento material sin precedentes que pueda resumirse en el hecho de haber pasado de un presupuesto educativo de 8 mil millones de pesos, en 1970 a uno de 40 millones de pesos en 1976, es decir, cinco veces mayor que el del inicio de nuestra gestión.

Ello permitió elevar el ritmo de construcción a 47 locales diarios para la enseñanza, lo que en los seis años representa un total de 104 mil 383 aulas, laboratorios y talleres para diferentes niveles escolares.

Obra equiparable al doble de lo realizado en los 25 años anteriores a este régimen.

De 1970 a la fecha, la inscripción en el sistema de instrucción pública se elevó en 5 millones y en presente ciclo iniciarán sus clase 16 millones 600 mil educados, es decir, el 27 por ciento de la población total del país.

Este mes iniciarán sus labores en las escuelas primarias 12 millones 500 mil escolares, 3 millones 200 mil más de los ingresos durante el período escolar 1970-1971.

De ellos, 11 millones 100 mil, más de las siete octavas partes, serán niños de la provincia, del medio rural y de las regiones marginadas.

Así estamos combatiendo, en sus raíces, los vestigios del colonialismo interno y de la explotación feudal.

Emprendimos la revisión y actualización de los libros de texto gratuitos a fin de convertirlos en instrumento para la liberación de las potencialidades humanas, para impulsar una conciencia crítica capaz de enfrentar el constante asedio de la penetración cultural y para desterrar toda tendencia al conformismo inmovilizador y a la manipulación dogmática y autoritaria de las mentes infantiles.

Los nuevos textos no pretenden adaptar al estudiante a una situación política y social concreta, sino despertar en él la inquietud del hombre nuevo, del que se apresta a emprender las tareas de su tiempo, las que orientan a transformar la vida y a elevar los términos de la relación colectiva.

Los cambios introducidos en los libros fueron fruto del análisis profundo y de la discusión rigurosa. Una vez más salimos al paso de la reacción de minorías insignificantes, las que se oponen a todo avance, que viven en el pasado y temen al futuro, que quisieran detener la historia a costa del sacrificio del pensamiento, perpetuar la ignorancia y malograr la imaginación creadora, reprimiéndola en las viejas estructuras mentales, en el prejuicio y en la pobreza moral de los intereses creados.

Deberían acercarse a las moradas de los humildes.

Abrir los ojos para percatarse de cómo estos libros representan para millones de niños y jóvenes las ventanas del país y del mundo, cómo les permiten asomarse a los logros y a las carencias de la humanidad, cómo forman parte de sus anhelos de superación y de sus sentimientos de solidaridad, cómo lo hacen vivir y compartir el pensamiento de otros hombres, y como son los únicos volúmenes que se exhiben modesta, pero orgullosamente, en muchos hogares de la capital, de la provincia y del campo, y constituyen el patrimonio cultural de miles de familias.

Un patrimonio limpio, que contrasta con la subliteratura de una industria editorial al servicio de los más falsos y deleznables valores.

Con cuánta satisfacción puede informar hoy el Gobierno de la República que el tiraje de nuestros libros, de los libros de la educación mexicana, ascendió durante esta administración a 542 millones de ejemplares, lo que representa poco más de nueve libros por habitante, y un incremento de casi 200 millones de volúmenes respecto a los distribuidos en total los diez años anteriores.

Los esfuerzos por democratizar la enseñanza se hubieran visto limitados sin la firme determinación de atender a quienes, por la magnitud de la demanda educativa, se habían quedado atrás desde hace varios años.

Era necesario responder a esta inocultable realidad, extender la educación a los mexicanos adultos que están forjando nuestro presente, proporcionarles los elementos culturales necesarios para ejercer el derecho a realizarse.

Por ello, en diciembre de 1975, pusimos en marcha el Plan Nacional de Educación para Adultos.

Este programa fomenta en el educando una actitud que lo convierte en maestro y agente de su propia formación y demanda, quizá como ningún otro la participación solidaria de la comunidad en un verdadero movimiento popular.

El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, creado al inicio del actual Gobierno, contribuye con asistencia técnica al desenvolvimiento de este plan en todos los niveles, publica textos y produce programas de televisión.

La educación es tarea todos los miembros de la comunidad.

A los maestros ha correspondido participar activamente en este proceso, a partir de la transformación de sus propias mentalidades y actitudes.

Se ha puesto en marcha un movimiento de capacitación encaminando a superar las inercias que tendían a convertirlos en simples transmisores de conocimientos estadísticos, para exigirse, en cambio, en promotores de la inquietud constructiva, a través de una práctica constante de la democracia en cada aula.

Para respaldar esta política se establecieron los cursos de licenciatura en educación preescolar y primaria, y fueron modificados los planes de estudio en las escuelas normales.

Con los 15 mil 500 maestros que se incorporaron este año, serán 73 mil los maestros federales contratados durante el presente régimen; un 58 por ciento más de los que había en 1970.

Además, sus sueldos ahora son sustancialmente superiores a los que percibían al inicio de nuestro Gobierno.

A los maestros que en la ciudad y en el campo enseñan y aprenden, a los que acuden a las rancherías, a las comunidades indígenas y a los ejidos, la República les debe un testimonio de gratitud.

Ellos son los primeros y más tenaces heraldos de un mensaje que siempre se renueva en nuestro pueblo, un mensaje de integración nacional, de solidaridad de justicia y de libertad.

La educación secundaria o media básica constituye una etapa de la formación general encaminada a impulsar el desarrollo armónico de la personalidad del joven.

Aporta, además el acervo cultural mínimo a que debe aspirar todo mexicano.

Con la inscripción para el próximo ciclo escolar, de 2 millones 143 mil alumnos logramos elevar sus beneficios en un 76 por ciento respecto al primer año de este sexenio.

La reforma educativa en este ciclo ha permitido al alumno salidas colaterales.

En el caso de cualquier etapa de su formación, el estudiante se vea obligado a suspender los estudios, cuenta con bases suficientes para incorporarse a la actividad productiva sin ver frustrada su trayectoria personal al servicio de la sociedad.

La creación de nuevas instituciones como el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como la aplicación y actualización de las existentes, hicieron posible mejorar los sistemas en el nivel medio superior y extender los servicios de 308 mil a 700 mil alumnos, los que representa un incremento de más del doble respecto al inicio de esta administración.

El esfuerzo de llevar la enseñanza a las diversas zonas del país implicó profundas transformaciones en la estructura educativa tradicional.

Era necesario vincular la escuela a las realidades geográficas y a las necesidades y potencialidades económicas de cada región.

Por tradición heredada y no revisada durante muchos años, contamos con gran número de profesionistas para el sector de los servicios, que muchas veces no encuentran acomodo en las ciudades y se improvisan como técnicos en alguna rama relacionada o no con sus estudios.

México requiere técnicos preparados -no improvisados- para el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, técnicos que superen las concepciones elitistas de la educación y que remplacen el apego miope a una profesión individualista por la lealtad a su país y la solidaridad con su pueblo.

Al inicio de nuestro mandato, sólo existían contadas instituciones técnicas de nivel secundario y nivel superior.

Los alumnos de las primeras se veían compelidos a incorporarse a la educación tradicional o a abandonar sus estudios; los de las segundas, no alcanzaban a satisfacer las necesidades del país.

Había que llenar un gran hueco: multiplicar el número de las escuelas técnicas existentes y crear los primeros planteles técnicos de nivel medio superior o de preparatoria.

Con este criterio establecimos mil doce instituciones técnicas que cubren todos los niveles en las ramas agropecuaria, pesquera, comercial e industrial, distribuidas en todo el territorio nacional, lo que significa contar ahora con mil 301 planteles de este tipo y haber multiplicado casi por 5, el número de 289 que existían en 1970.

Lo más positivo de este logro radica en que se han diseminado en las comunidades de la República centros generadores de una nueva actitud del hombre ante la técnica.

Una nueva mentalidad que se finca en el desenvolvimiento pleno de las propias capacidades creadoras, orientadas a la solución de los problemas particulares de cada lugar del país y a partir de los recursos que ofrece el medio regional y nacional.

Para las zonas rurales, se contaba hace seis años con sólo 70 escuelas secundarias tecnológicas agropecuarias.

Con las 110 que abren sus puertas el presente mes, serán ahora 693, lo que significa haberlas aumentado 10 veces.

Creamos 76 centros de estudios tecnológicos agropecuarios donde el egresado obtiene, además del grado de bachiller, el título de técnico, y fundamos 17 institutos tecnológicos agropecuarios de nivel superior donde se ofrece la oportunidad de obtener un grado de técnico profesional en las ramas agrícola o pecuaria, o cursar la carrera de ingeniero en desarrollo rural.

Por otra parte, México, país con más de 10 mil kilómetros de costas, con un bajo índice alimenticio, con apremiantes necesidades de nuevas fuentes de trabajo, no contaba con instituciones técnicas en el ramo de la pesca.

Virtualmente partimos de cero en la tarea de prepararnos para transformar nuestros mares en campos de trabajo.

Lo hicimos a través de un plan integrado de educación en ciencia y tecnología marinas.

Durante esta administración se crearon 31 escuelas secundarias tecnológicas pesqueras, 6 centros de estudios a nivel medio superior o de preparatoria en ciencias y tecnologías del mar y 3 institutos de nivel superior.

Este mes abre sus puertas el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar, en La Paz, Baja California Sur.

En el ramo industrial logramos elevar el número de escuelas secundarias tecnológicas a 234, es decir, más el doble de las 98 existentes al inicio de nuestro mandato, y para el nivel de bachillerato abrimos 122 centros de estudios científicos y tecnológicos.

Al mismo tiempo, para contribuir a un desarrollo regional más equilibrado, se crearon el Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial del Soconusco y otros institutos tecnológicos en diversos Estados de la República, donde la juventud tiene la oportunidad de cursar estudios superiores en su propio lugar de origen.

En 1970 funcionaban 19 institutos tecnológicos regionales; con los 5 que se inauguran este mes, suman 47 los que atienden a más de 70 mil estudiantes en el interior del país.

Estas instituciones también han iniciado cursos a nivel de postgrado y programas de investigación.

Con el fin de coordinar los planes, programas y acciones de estos planteles, establecimos un organismo colegiado de consulta a través del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica.

Postulamos una filosofía educativa incompatible con cualquier dogmatismo. Igualmente rechazamos una concepción de la cultura como adorno improductivo de los privilegiados o como una forma de evadir la realidad.

La educación técnica y profesional debe entenderse como una herramienta para conocer y transformar la naturaleza y comprender y humanizar las relaciones sociales.

Una educación generadora de actitudes de inconformidad creadora, no sólo en el aula ni limitada a la transitoria época estudiantil, sino permanente y abierta a todas las actividades y a todas las fases de la vida.

Para apoyar las instituciones de enseñanza superior los subsidios federales ascendieron, en los seis años, a 21 mil 607 millones de pesos; sólo en este último año la cifra alcanza 8 mil 500 millones de pesos, el equivalente en precios corrientes a lo erogado por este concepto en los 25 años anteriores.

Este año las universidades de provincia recibieron también un fuerte apoyo; destinamos a ellas mil 500 millones de pesos, es decir 14 veces más que al inicio de nuestra gestión.

Durante el periodo escolar 1975 - 1976, las instituciones de enseñanza superior recibieron 496 mil 133 alumnos, el doble de los que se atendieron en el ciclo escolar 1970 - 1971.

El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México se elevó durante estos seis años de 565 millones a 3 mil 580, esto significa que se multiplicó por siete, lo que permitió ampliar y equipar sus instalaciones y construir las unidades profesionales de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Ixtacala y Zaragoza, así como los edificios de los institutos de Geofísica, Geología, Geografía, Astronomía, Física, Biología e Investigaciones Biomédicas.

La población escolar del Instituto Politécnico Nacional aumentó en este período de 74 mil alumnos a 146 mil.

Su presupuesto se cuadruplicó con respecto a 1971, alcanzando mil 957 millones en 1976.

Se ampliaron las unidades de Zacatenco y Santo Tomás.

Se construyeron tres centros de estudios científicos y tecnológicos, la nueva Escuela Nacional de Homeopatía, las unidades de Xocongo, Culhuacán, Tepepan, Tecamachalco y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas.

En 1974 se entregaron al Instituto Politécnico Nacional 750 hectáreas en la exhacienda de "El Mayorazgo", localizadas en Milpa Alta, Distrito Federal, en los límites de los Estados de México y Morelos, para la construcción de la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, cuya primera etapa ya ha sido iniciada.

En esta ciudad habrá un Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, de Ciencias Exactas y Tecnológicas, de Ciencias Sociales y uno más que estudia aspectos específicos del urbanismo, arquitectura y diseño.

Estamos convencidos de que este gran esfuerzo es determinante para ampliar los horizontes de la educación popular y del desarrollo del país.

Se creó, en 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha abierto nuevas expectativas para la formación profesional, más acordes con las necesidades de nuestro medio y de nuestro tiempo.

Se estableció la Escuela Superior de Agricultura Tropical en Villahermosa, Tabasco; el Centro para Estudios de Química Aplicada a Productos de Zonas Desérticas, en Saltillo Coahuila, y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La Escuela de Agricultura de Chapingo se transformó en Universidad y se creó la Universidad del Ejército y las Fuerzas Armadas, de la que ya hemos dado cuenta.

Este mes quedará terminado el nuevo edificio de El Colegio de México.

México, país de jóvenes, cree en los afanes e inquietudes de la juventud.

Cuando la nación se empeña en allegarlos todos los medios a su alcance para su formación, lo hace confiada en que sabrán utilizarlos para la construcción del porvenir justo y solidario a que aspira nuestro pueblo.

No puedo soslayar que aún en las casas de estudio reductos minoritarios proclives a la autodenigración y fáciles presas de la provocación interna y externa.

Hay quienes en algunas instituciones con un lenguaje seudorrevolucionario, parecen trabajar por encargo expreso de grupos interesados en el atraso tecnológico, científico y cultural de nuestro país para hacerlo objeto de la dominación extranjera.

Estos pequeños grupos, sin embargo, no alteran el espíritu constructivo de trabajo y superación que alienta en las nuevas generaciones.

Han sido numerosas las jornadas que hemos dedicado a la discusión abierta con los estudiantes técnicos y universitarios del país.

Las más de las veces, el diálogo ha sido directo y en un clima de cordialidad y de búsqueda comprometida de soluciones, para abrir el camino a una sociedad cada día más justa y cada día más libre.

Ha sido un empeño sostenido para integrar los centros del saber a las grandes tareas nacionales, por contribuir a su transformación en verdaderas fuerzas revolucionarias, no meramente declamatorias ni mecánicas repetidoras de lemas prefabricados.

En fuerzas abiertas a la realidad, con un hondo sentido nacional y arraigada convicción popular.

Estas jornadas de diálogo con la juventud han sido, algunos de los momentos más reveladores para mi gobierno y también han constituido algunas de las horas más plenas que he vivido en estos años al servicio del país.

Por esta experiencia puedo afirmar, ahora con mayor convencimiento, que se puede tener fe en el futuro de México porque sus jóvenes hoy se preparan mejor y encauzan solidariamente su justificada rebeldía y su inconformidad creadora para eliminar el atraso y la explotación.

El servicio social que hemos impulsado con una nueva orientación puede llegar a convertirse en la gran fuerza de cambio que justifique el sacrificio que hace el país en favor de sus hijos más privilegiados, los que tienen la fortuna de ascender a los niveles superiores de la educación.

Es ahí donde podrá ponerse a prueba la autenticidad de su vocación popular.

Es ahí donde podrán aprender de la realidad y conocer en la práctica las aspiraciones de los trabajadores y de los campesinos y para apoyar legítimamente sus causas de reivindicación social.

Desde el primer día de este régimen advertimos que nuestro pueblo no podría desenvolverse en plenitud atenido exclusivamente a los conocimientos ajenos, ni decidir su futuro por sí mismo mientras factores externos fueran capaces de frenar o desviar nuestro camino.

De ahí el impulso, sin precedentes, que este gobierno ha dado al fomento de la investigación científica y tecnológica.

La tarea no ha sido fácil.

Hemos tenido que luchar contra el rezago de muchos años y que sortear múltiples obstáculos levantados por mentalidades colonizadas que pretendían encontrar en las fórmulas difundidas por las metrópolis, la solución de los problemas de los países explotados.

Falsas soluciones que a la postre agudizan la dependencia.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creado al inicio de nuestro gobierno, ha logrado discernir, con la más amplia participación de la comunidad científica y de las instituciones nacionales de enseñanza superior, cuáles deben ser los objetivos prioritarios y la estrategia de largo plazo en la materia, a través del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, ha fortalecido la infraestructura científica nacional, mediante la creación de 15 centros e institutos de investigación aplicada y experimental.

Vinculados, como están los asuntos nacionales a las condiciones prevalecientes en el ámbito internacional, a través de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados -que establece condiciones justas para la transferencia tecnológica- luchamos fuera de nuestras fronteras por un trato más equitativo en la materia.

La lucha por una transferencia equitativa de tecnología, así como la promoción de alternativas adecuadas a nuestras verdaderas necesidades, constituyen preocupaciones centrales a las que habrá de abocarse el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

Con esta misma voluntad de independencia hemos desplegado una amplia gama de esfuerzos destinados a la afirmación de nuestros propios valores.

Con la misma decisión que combatimos el colonialismo internacional nos esforzamos por erradicar el colonialismo interno.

Por ello, al allegar a las comunidades indígenas los elementos educativos que les permitan elevar sus capacidades y reivindicar sus derechos, lo hacemos sin el menor ánimo de imponerles formas de vida que le son ajenas, sino con absoluto respeto a sus esencias culturales, que enriquecen las de toda la nación.

Es el lenguaje el primer puente que tendemos a los indígenas.

No intentamos que abandonen su lengua, sino que la nuestra les sirva para comunicar al mundo su valor y su originalidad.

En este año, el Servicio Nacional de Promotores Culturales y maestros bilingües atendió a 300 mil niños, 101 mil 722 más que el último año, y a un millón 570 mil adultos, medio millón más que en el período anterior, en 3 mil agrupaciones indígenas de 70 regiones lingüísticas.

También se aumentó el número de brigadas y de misiones culturales, para contribuir al mejoramiento económico y social de los núcleos campesinos.

En 1971 funcionaban 43 brigadas y 110 misiones.

Actualmente trabajan 98 brigadas y 215 misiones, cada una de las cuales presta servicios a cinco comunidades con un total de 300 mil campesinos.

Asimismo, durante estos seis años, se abrieron 54 centros coordinadores indigenistas, que atienden a 2 millones 304 mil 970 personas, es decir el 74 por ciento de la población indígena del país, en regiones de 23 entidades federativas.

El fomento a las artes populares, el empeño en llevar a nuestras casas, oficinas públicas y reuniones internacionales las manifestaciones autóctonas, además de aprecio por el talento artístico de nuestro pueblo revela la voluntad de recuperar nuestra forma original de expresión, de integrarnos a la cultura universal porque tenemos algo propio que aportar.

Ante el mundo, en nuestras giras en el interior y al recibir a visitantes extranjeros, siempre hemos presentado con orgullo, como la más exquisita de nuestras galas, lo verdaderamente original de nuestro pueblo, lo que al distinguirnos nos identifica.

A la copia de objetos de dudosa calidad oponemos la creatividad, el lenguaje auténtico del artista popular.

A la pobreza material del artesano respondemos con la apertura de nuevos mercado para sus productos en el país y en el extranjero, con un amplio apoyo financiero proporcionado a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Por otra parte, hemos creado museos regionales en Oaxaca, Cuernavaca, Taxco, Guadalajara y Puebla; museos locales en otras ciudades de la República, museos escolares en el sector rural y Casas de la Cultura en diversas entidades federativas.

El instituto Nacional de Bellas Artes había caído en estrechos cauces burocráticos, por lo que fue necesario replantear sus objetivos y vincularlo a las tareas educativas del país.

Se creó el Centro Nacional de Investigaciones Musicales, la Compañía Nacional de Teatro y el Consejo de la Danza.

Se abrieron las puertas de importantes acervos bibliográficos, documentales y artísticos para el pueblo de México, con la adquisición del archivo fotográfico Casasola, que contiene más de 600 mil negativos sobre nuestra Revolución, y que será instalado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; de las bibliotecas y archivos de Alfonso Reyes, Alfonso Caso, Manuel Alvarez Bravo, Armando de María y Campos, Vicente Lombardo Toledano y Vanegas Arroyo, así como de la Pinacoteca de Alvar Carrillo Gil, que adquirimos desde el año de 1972.

Además, en breve se inaugurará el "Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas", en Jiquilpan, Michoacán.

Al mismo tiempo que hemos revalorado las aportaciones de la rica cultura nacional nos hemos propuesto ampliar el horizonte al intercambio fecundo con las más altas y auténticas manifestaciones del pensamiento y la sensibilidad de todos los pueblos de la tierra.

A partir de la suscripción de 23 tratados de intercambio cultural y 18 convenios básicos de cooperación científica y tecnológica, 4 mil 943 becarios mexicanos han acudido a centros de cultura en el extranjero y recibimos

en México a gran número de jóvenes de todos los países.

El genio de nuestros grandes artistas se ha difundido en todo el mundo a través de 450 exposiciones, que incluyen tanto la obra contemporánea, como las manifestaciones de nuestro pasado indígena.

El libro de nuestro país ha estado representado en decenas de exposiciones internacionales.

Coproducimos películas cinematográficas con numerosos países y se han organizado semanas del cine mexicano en varias capitales del mundo.

Nos acercamos a nuestros pueblos hermanos del Caribe con una misión artística y cultural que incluyó muestras de artes plásticas, libros y artesanías, así como conferencias, audiciones musicales y expresiones folklóricas.

La inquietud cultural de nuestro pueblo se manifestó en la numerosa asistencia a los museos del país que constantemente ofrecieron exhibiciones nacionales y del extranjero, en particular las muy relevantes del Museo "Oro del Perú", de los hallazgos arqueológicos de la República Popular China y de las pinturas maestras de los museos del Hermitage y Ruso de Leningrado.

Para completar estas labores, el gobierno tomó diversas medidas encaminadas a asegurar que los medios de comunicación cubrieran necesidades culturales insatisfechas.

El Estado asumió la responsabilidad de reivindicar una industria cinematográfica a la que no sólo se mantenía en quiebra material, sino también en franca decadencia artística, moral y cultural.

Rechazamos, por inescrupuloso e irresponsable, el falaz argumento de que la baja calidad del cine era producto de la demanda del pueblo, cuando lo cierto es que con ese pretexto se deformaba y corrompía su capacidad de apreciación artística y cultural.

Todavía falta mucho por hacer, pero es evidente que asistimos a un proceso acelerado de cambios saludables en la cinematografía nacional, a partir de la acción coordinada de los trabajadores manuales, técnicos e intelectuales de la industria apoyadas por el Estado.

La apertura de la Cineteca Nacional ha venido a satisfacer una antigua aspiración de vastos grupos de la sociedad, que ahora cuentan con un amplio acervo filmográfico de todos los tiempos y de todo el mundo.

Sus actividades no se han reducido a la capital de la República.

Tres unidades de cine móvil han llevado muestras de esta importante manifestación cultural a los poblados más lejanos de cada entidad de la República.

La radio sigue siendo un vehículo comunicador de primer orden en nuestro país.

Las emisiones de Radio educación, las de Radio Distrito Federal y las que manejan las instituciones de educación superior, con los programas que ofrecen las diversas dependencias en base al tiempo de que disponen por la nueva ley de la materia, han contribuido a elevar la calidad de la radiodifusión mexicana.

La voz de México también se escucha en el exterior.

Las transmisiones de Radio México cubren el Caribe, Centro y Sudamérica, el sureste de los Estados Unidos de América y Europa.

En el campo de la televisión, el gobierno cumplió sus funciones reguladoras y de vigilancia al retirar, por primera vez, la presentación de algunas series de contenido antisocial.

Al mismo tiempo, abrió nuevas opciones al receptor con la administración directa de un canal nacional, el 13, que junto con el canal 11 y Televisión Cultural de México, han sentado las bases de una comunicación colectiva acorde con las aspiraciones de superación y con los sentimientos de solidaridad que alienta nuestro pueblo.

Lejos de menoscabar la libertad de expresión, la participación del Estado en el cine, la radio y la televisión ha abierto nuevas alternativas a la libertad de los mexicanos y al tipo de producción cultural y artística que verdaderamente desean.

Asumimos la tarea de rescatar la capacidad de apreciación estética del pueblo, pero ello es también responsabilidad de la comunidad artística y cultural.

Se ha realizado un esfuerzo significativo para poner al alcance del mayor número de mexicanos, libros que les permitan profundizar en el conocimiento de la realidad del país y del mundo.

El Fondo Cultura Económica amplió considerablemente su radio de actividad en el país y en el extranjero.

Sólo en el último año publicó 400 títulos con un tiraje de 3 millones de ejemplares.

Asimismo para noviembre próximo la colección Sep Setentas habrá publicado, en 6 años, 312 títulos con un tiraje de 5 millones de volúmenes.

Hemos practicado una política educativa y cultural en clara correspondencia con los objetivos nacionales, en permanente compromiso con nuestras causas y abierta a las más altas corrientes del pensamiento universal.

En nuestra democracia no sólo tienen cabida todas las manifestaciones de la inteligencia crítica, sino que se han alentado como derecho inalienable de los mexicanos y como vehículo para enriquecer la vida nacional.

Dentro de la más irrestricta libertad, numerosos intelectuales han hecho valiosas aportaciones y han trabajado en esta Administración, al servicio de México.

Es muy satisfactorio que el último acto de mi gobierno, el día 30 de noviembre, sea precisamente la entrega de los premios nacionales de Ciencias, Artes y Letras, homenaje de la República a la creación artística y a la inteligencia.

DESARROLLO NACIONAL

A. Planeación.

Hace seis años, ante los cambios ocurridos en el país por un acelerado crecimiento material cuyos beneficios se concentraron en pocas manos y en unas cuantas regiones, ante una alta tasa demográfica que rebasaba la capacidad de las estructuras tradicionales para asimilar en condiciones de dignidad a millones

de nuevos mexicanos, y ante los crecientes desequilibrios del orden internacional, se hizo evidente la necesidad de revisar los términos de nuestra convivencia, discernir con verdadera autonomía las prioridades nacionales y prepararnos para hacer frente a los desafíos del futuro.

Era imperioso sacudir la inercia originada en tres décadas de prosperidad desigual y de una expansión de la fuerza productiva que relegaba las legítimas exigencias sociales y las sometía en nombre de una falsa y precaria estabilidad.

Era indispensable desechar la falsa ideología de un crecimiento que en aras de elevar los indicadores económicos postergaba las demandas de justicia social.

Era necesario también en esto, vencer el rezago de muchos años y poner las bases de la moderna planeación económica y social.

Planeación, que lejos de confiarse a las rigideces técnicas en que frecuentemente sucumbe se orientó a redefinir, primero, los objetivos políticos y sociales de la nación.

En el cumplimiento de este propósito nos empeñamos en romper todo prejuicio y todo sectarismo.

Eludimos la menor tentación de caer en alguna de las simplificaciones totalitarias.

Lo mismo se apartan de nuestra realidad y de nuestras aspiraciones el centralismo asfixiante de la dictadura burocrática, que la abdicación del Estado frente al capital.

Ante ambas tendencias reivindicamos la determinación de progresar con independencia, sin sacrificio de la justicia ni de la libertad.

Ante ambas corrientes levantamos con firmeza las banderas revigorizadas de nuestra Revolución.

Hemos dicho que nuestro régimen es de transición; de cambios que no implican, en forma alguna, desplazamiento hacia fórmulas ajenas a la Constitución, sino por el contrario, el reconocimiento de que nos habíamos alejado de sus preceptos básicos y de que era indispensable hacer valer su espíritu original e impulsar su aplicación, rechazando el entendimiento secreto con las esferas del poder económico y basándonos, en cambio, en una abierta y sólida alianza popular.

Fuimos mucho más adelante de las tendencias encontradas.

La estrategia de planeación que adoptamos se alejó de toda forma de autoritarismo y del supuesto absurdo de que el destino del país puede definirse por un hombre providencial o por unas cuantas mentes iluminadas en la soledad de un gabinete.

Por el contrario, optamos por promover un vasto diálogo nacional que si bien originó sacudimientos, fecundó la conciencia crítica del país y permitió precisar las metas verdaderamente deseadas por los mexicanos.

La respuesta popular hizo evidente una nueva correlación de fuerzas y no dejó duda de que, para avanzar, el Estado no podía quedar supeditado a prioridades definidas por pequeñas minorías internas ni por intereses extranjeros, sino que tenía que recuperar y fortalecer, de cara a los intereses mayoritarios, su prerrogativa de conducir la transformación económica y social.

Hay quienes quisieran que el país se limitara a la rutina de reaccionar con pequeñas medidas tácticas frente a los efectos perniciosos de la programación transnacional.

Ellos quisieran que el Estado se constriñera a la negociación, siempre desventajosa, ante las coyunturas y las fluctuaciones de la economía mundial, y a un papel de espectador ante las presiones de las minorías para imponer a la nación sus decisiones.

No conciben, porque no conviene a sus intereses, que el pueblo y el gobierno de México puedan formular de conjunto sus propios planes económicos y sociales de largo alcance.

Al sentar las bases de un sistema democrático de planeación sectorial y regional, quedó también claro que para ser compatible con las metas que persigue, no podría fincarse en la arbitrariedad, sino que tenía que desenvolverse en la libertad y para la libertad.

La planeación en la libertad ha hecho posible armonizar el objetivo primordial de mejorar los niveles de vida de la población, con el propósito de aumentar la producción.

Está dirigida a alcanzar nuestras prioridades esenciales: un reparto más equitativo de la riqueza; la generación de mayor número de empleos como medio para elevar las condiciones sociales y el fortalecimiento de la independencia nacional.

En consecuencia, rechazamos la pretendida existencia de un dilema entre la expansión económica y la redistribución, lo mismo que desechamos el falso supuesto de que un crecimiento acelerado pudiera, por sí mismo, liquidar la injusticia social.

Abandonamos, así la vía estrecha de la producción para un mercado de altos ingresos que tendía a agudizar la concentración, el empobrecimiento de las mayorías y la dependencia externa.

Pusimos en práctica medidas orientadas a crear un mayor número de empleos, suficientemente remunerados y socialmente útiles; aumentar el poder adquisitivo de los grupos menos favorecidos, tanto por un imperativo de justicia como para fortalecer nuestro mercado interno y dar así apoyo a las tareas productivas del país; alcanzar óptimo aprovechamiento de nuestros recursos humanos y naturales; a disminuir la concentración económica y obtener un desarrollo regional más equilibrado; a incorporar mano de obra campesina en las actividades manufactureras; a estimular la pequeña y mediana industria; a promover la fabricación de bienes de consumo popular, aumentando la inversión del Estado en este ramo; a subordinar la inversión directa de las compañías transnacionales a los imperativos del país; a mejorar la eficiencia de la planta productiva existente; a fomentar la fabricación de bienes de capital; a impulsar y a proteger la inversión nacional y señalarle a la inversión extranjera los campos complementarios en los que puede actuar; a utilizar y crear tecnologías acordes con nuestra realidad y a romper los vínculos de sometimiento de la industria mexicana, así como a fortalecer a través de ella, nuestra independencia económica.

Las fluctuaciones que tuvieron lugar durante el sexenio afectaron, sin duda nuestra escala de prioridades.

Superamos los obstáculos de coyuntura pero los cambios se llevaron a cabo sin descuidar la exigencia de sustentar nuestro crecimiento en bases firmes y perdurables.

Por ello, al mismo tiempo que adoptamos medidas urgentes para proteger el empleo, apoyar la estabilidad económica del país y responder a las justas demandas de las mayorías, decidimos no invertir en paliativos, sino en proyectos clave de largo alcance que hicieran posible superar los factores críticos de nuestra economía y que se habrían agudizado en el futuro.

Los resultados que ahora podemos presentar al pueblo de México, le aseguran un progreso sostenido y verdaderamente independiente.

B. Infraestructura.

La viabilidad de nuestro proyecto de desarrollo se finca en gran medida en la capacidad de la infraestructura para fomentar la producción y facilitar la distribución.

De ahí la obra sin precedente para integrar y ampliar los sistemas de transportes y comunicaciones del país.

La inversión aplicada a este propósito al pasar de 28 mil 300 millones en el sexenio 1964 - 1970 a 90 mil millones en la presente administración, se multiplicó por tres.

Triplicamos la red caminera construida en toda nuestra historia, al pasar de 70 mil kilómetros en 1970 a casi 200 mil con que contamos en este año.

La inversión total para la construcción de carreteras suma 36 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo invertido en la administración anterior.

Destaca, como obra de gran importancia vial, la conclusión de la carretera transpeninsular de Baja California.

El Programa de Construcción de Caminos de Mano de Obra, además de cumplir su cometido fundamental de comunicar a los núcleos de población tradicionalmente aislados, ha sido un eficaz instrumento para combatir la desocupación en áreas marginadas.

Durante el sexenio se construyeron más de 6 mil caminos de este tipo, cuya longitud fue superior a los 75 mil kilómetros.

La inversión efectuada en su realización ascendió a 5 mil 479 millones de pesos.

Entre 1971 y 1976 el equipo de carga de los ferrocarriles aumentó de 24 mil a 42 mil unidades y la capacidad de tracción se incrementó en más de un millón y medio de caballos de fuerza, con la incorporación de 591 nuevas locomotoras.

Esto permitió que la carga movilizada por el sistema ferroviario sea ahora 50 por ciento mayor que la transportada hace 6 años.

Simultáneamente se realizó la modernización de la red básica y se renovó su sistema de telecomunicaciones.

Nuestra red aeroportuaria se amplió con la construcción de once nuevas terminales aéreas en Cancún, Comitán, Cozumel, Chetumal, Guaymas, Loma Bonita, Loreto, Manzanillo, Mexicali, Nuevo Laredo y Zihuatanejo.

Con estas instalaciones, además de promover activamente el movimiento turístico nacional y extranjero, se integra en nuestro país el sistema más amplio e importante de América Latina.

También se efectuaron obras de mejoramiento de 36 aeropuertos y quedan 9 en proceso de construcción.

Con el propósito de atender la demanda de transporte aéreo, se modernizó el equipo de vuelo de Aeroméxico, con 10 aeronaves turborreactores que, además de mejorar e incrementar sus servicios, lo coloca en mejores condiciones competitivas.

Lograr que las terminales marítimas de la República se constituyan en unidades económicamente autosuficientes, utilizar al máximo sus instalaciones contribuir al fomento del comercio exterior y elevar las condiciones de vida de los trabajadores portuarios, fueron los objetivos que nos condujeron a la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos en 1971.

Este organismo lleva a cabo la reforma portuaria en los 12 principales puertos marítimos del país, mediante la organización de empresas de servicios portuarios y la creación en cada terminal, de la zona franca aduanal, quedando establecido, un sistema que agiliza los servicios y maniobras, con reducción paralela en sus costos de operación.

También la capacidad de construcción y reparación de los astilleros nacionales se amplió considerablemente y estamos ya en aptitud de reparar la totalidad de las embarcaciones que integran la flota mexicana.

La inversión pública en obras marítimas pasó de mil 650 millones de pesos, en la pasada administración, a casi 6 mil 400 millones en estos seis últimos años.

Ello ha permitido la construcción de 7 nuevos puertos, dentro de los cuales destacan el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Madero, Chiapas, que se han convertido en polos de desarrollo regional.

Asimismo, para consolidar la comunicación con la Península de Baja California y las islas del Caribe Mexicano, fueron adquiridos seis transbordadores, que demandaron una erogación de 793 millones de pesos.

La mayor parte del territorio nacional ha quedado unido a través de modernos servicios de telecomunicación.

En los últimos seis años, con una inversión de 23 mil millones de pesos, se amplió considerablemente la estructura básica de los servicios telegráficos, telefónicos, de radio y televisión, y a través del Plan Nacional de Telecomunicaciones Rurales, se extendieron los servicios a más de mil poblaciones de difícil acceso.

Se duplicó la capacidad de comunicación especial de la Estación de Tulancingo y se aumentó en un 60 por ciento la de los medios terrestres.

Con el fin de agilizar el manejo de la correspondencia, se modernizaron las técnicas de operación del correo y se pusieron en funcionamiento los centros mecanizados Benito Juárez y México.

Al mismo tiempo, se establecieron 763 nuevas unidades en zonas y poblados que carecían de servicio postal.

Un importante avance en materia de comunicaciones constituyó la compra de la mayoría de las acciones de Teléfonos de México, por parte del Gobierno Federal, en 1972, a partir de entonces, el nuevo enfoque y dinamismo en la prestación del servicio permitió su extensión hacia las zonas rurales y el crecimiento de su oferta en las áreas urbanas.

El número de poblaciones atendidas se incrementó más de un 100 por ciento al pasar de mil 462 en 1970 a 3 mil 518 en 1976.

Al mismo tiempo, fue posible duplicar el número de aparatos telefónicos que se tenía en 1970, pues tanto que a principios de sexenio la red telefónica, contaba con un millón 459 mil aparatos, hace unos días pusimos en servicio el aparato número 3 millones.

C. Desarrollo Agropecuario

El largo período de retracción económica en el medio rural, condujo a un deterioro dramático de las condiciones de vida del campesino y al riesgo de una carencia prolongada de los alimentos que requieren los mexicanos, fue una manifestación más de la irracionalidad de un modelo que estaba creando sus propias contradicciones al rezagar la producción de los insumos básicos, y al subestimar una actividad fundamental de nuestra economía y nuestra sociedad.

De ahí el empeñó por robustecer el campo mexicano con mejores recursos materiales y financieros, en revalorar sus cosechas, en dignificar a sus hombres y apreciar su labor en sus justas dimensiones, integrándoles en forma dinámica y funcional con los demás sectores productivos del país.

Ello implicó perfeccionar y modernizar las estructuras a su servicio, que se habían dejado caer en el envejecimiento y la ineficiencia.

También desplegamos una labor significativa, de la que ya se ha dado cuenta para multiplicar las oportunidades de educación conforme a la realidad y a las potencialidades de cada región, así como a las aspiraciones de sus hombres.

Todos estos esfuerzos fueron generados dentro del perfil programático que ha caracterizado al conjunto de la actividad administrativa.

Una de las medidas adoptadas por el actual Gobierno fuer crear la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario en cuyo seno se definieron las metas y objetivos en la materia y se instrumentaron importantes acciones para unificar criterios y hacer congruente la gestión de las diversas instituciones que concurren en esta área.

Se fusionó la banca oficial agropecuaria para evitar desperdicios y dar mayor racionalidad y justicia a la asignación de los créditos, en un proceso que culminó con la Ley General de Crédito Rural.

La Financiera Nacional de la Industria Rural, prevista en este ordenamiento como promotora de la industrialización de los productos agropecuarios, sustituirá al Fondo Nacional de Fomento Ejidal en este rubro, el que concentrará sus esfuerzos en la tarea específica de administrar los fondos comunes.

El monto del gasto público destinado al campo aumentó de 6 mil millones de pesos en 1970 a poco más de 60 mil millones de pesos en 1976.

Es decir, se multiplicó por diez.

Además, los créditos canalizados al agro se elevan, sólo en el presente año a cerca de 25 mil millones de pesos, y en el sexenio, alcanzan un total cercano a los 90 mil millones, más del doble, a precios corrientes, que los otorgados de 1936 a 1970.

Para mejorar las condiciones de vida de las pequeñas comunidades rurales y asegurar un trato justo en los esquemas de intercambio, se configuró el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, PIDER, que ha beneficiado con obras básicas por 7 mil millones de pesos a los más desprotegidos conglomerados del campo.

En 1972 iniciamos el Plan Benito Juárez, que a la fecha ha realizado construcciones por más de mil millones de pesos, en las que ahora es posible almacenar 277 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano, abrevaderos de ganado y riego de auxilio.

Con el objetivo de liquidar los vestigios del colonialismo interno y como un factor indispensable para el desarrollo compartido, como ya lo mencionamos, fortalecimos una política permanente de elevación de los precios de garantía de la producción agrícola.

Al mismo tiempo promovimos la formación de asociaciones de productores en defensa de sus derechos a través de empresas mixtas y organismos estatales, como TABAMEX, el Instituto Mexicano del Café, Productos Químicos Vegetales Mexicanos, que reúne a los cultivadores del barbasco, además de las agrupaciones de productores y trabajadores del limón, caña de azúcar, henequén, ixtle y candelilla.

Se ha dado considerable impulso en esta sexenio a la transformación de las actividades productivas del campo y a la fecha se encuentran en operación 351 empresas agro - industriales en los sectores forestales, agropecuario, industrial de construcción, turístico y pesquero, las que con una inversión acumulada de 651 millones de pesos generan una producción anual con valor de mil 480 millones y dan ocupación a 20 mil 161 ejidatarios.

Una de las experiencias más alentadoras en este rubro, es la aparición de nuevas formas de organización productiva, surgidas del ingenio y del espíritu solidario de las propias comunidades.

Es el caso de las industrias del pueblo en las que se han creado fórmulas para vencer la marginación y el desempleo.

A fin de fomentar estas experiencias auténticas de integración colectiva y de anhelo de superación de nuestro pueblo, fue promulgada el 27 de mayo pasado, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

El sistema cooperativo constituye un instrumento humanizador y altamente eficaz de la producción.

Reafirmar su vigencia para abatir los reductos materiales y mentales del feudalismo, ha sido una de las metas del actual Gobierno.

En estos años se ha logrado implementar un sistema económico rural, mediante la organización de productores y consumidores que, con inversiones reducidas, elaboran artículos de consumo popular, y crean empleos dignamente remunerados.

Con sólo 22 millones de pesos, 14 sociedades cooperativas cuentan ahora con 220 tiendas del pueblo que sirven a 22 mil familias.

Se han establecido, además 100 fábricas y talleres, 110 huertos frutícolas y 97 apiarios a través de otras 15 sociedades cooperativas.

Esto es sólo el principio de una nueva actitud constructiva y solidaria, para romper el círculo vicioso de la explotación física y de la sumisión a los gastados esquemas de un exacerbado individualismo.

Para cubrir los riesgos de la producción agropecuaria y proteger a los hombres del campo, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, que en 1970 operó 2 mil 722 millones de pesos, ejerce en este año 16 mil 333 millones de pesos y asegura 6 millones de hectáreas de diferentes cultivos, más de 700 mil cabezas de ganado y cubre el seguro de vida de 712 mil campesinos.

El agua es un bien escaso en la mayor parte del territorio nacional.

La utilización más eficiente de los recursos hidráulicos del país es un imperativo social y un elemento básico para activar la producción.

El Plan Nacional Hidráulico elaborado en el sexenio y pionero en su género en el mundo constituye un avance sin precedente que establece las premisas que deben regir el uso, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos acuíferos en los próximos 25 años.

La inversión pública para obras de irrigación en la presente administración alcanzó la cifra de 41 mil 944 millones de pesos.

Esto ha permitido beneficiar un millón 111 mil 438 hectáreas, entre nuevas, mejoradas y rehabilitadas, con lo que superamos la meta del millón de hectáreas que nos propusimos al inicio de mi gestión.

De esta superficie fueron incorporadas por primera vez a la explotación agrícola de riego 665 mil 64 hectáreas, la mayor extensión alcanzada en un sexenio.

Las 149 presas de almacenamiento construidas durante 1970 - 1976, permiten aumentar la capacidad en 10 mil millones de metros cúbicos.

Quedan en construcción 31 presas más, que habrán de almacenar otros 10 mil 387 millones de metros cúbicos.

Cuando la agricultura en muchos países se ve restringida por la falta de elementos modernos, en México duplicamos la superficie fertilizada.

Hoy la mitad de los campos cultivados emplean este insumo.

Logramos que la provisión de fertilizantes haya pasado, en estos seis años, de un millón de toneladas a un millón 700 mil, a precios no sólo inferiores a los del mercado mundial, sino además 20 por ciento más bajos, en términos reales a los de hace 6 años.

La producción de semillas mejoradas se ha cuadruplicado a partir de 1970.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas obtuvo 33 especies mejoradas de maíz, 13 variedades de frijol, y 15 de trigo, 7 de arroz, 7 de soya y 35 variedades de sorgo.

El último año se produjeron 133 mil toneladas de las diferentes variedades.

El resultado fundamental de estos esfuerzos puede resumirse a esta afirmación incuestionable: se ha recuperado la autosuficiencia en la producción de trigo, frijol, arroz y oleaginosas y este año volveremos a la autosuficiencia en el maíz.

Además, se han logrado acumular reservas de estos alimentos básicos.

Esto ha permitido mantener un saldo favorable en la balanza comercial agrícola de 4 mil millones de pesos en 1975.

En 1970 se cosecharon, en 14 millones 900 mil hectáreas, productos por valor de 33 mil millones de pesos; este año se cosecharán productos agrícolas con valor de 85 millones de pesos, en 16 millones 200 mil hectáreas.

La producción de café de 1970 fue superada en un millón de sacos al obtenerse, en 1976, 4 millones, con valor de 3 mil 800 millones de pesos.

Por concepto de exportación de este grano se obtuvieron 3 mil 500 millones de pesos, tres veces más que en 1970.

Estos beneficios fueron derramados entre cafeticultores.

De 7 pesos que se les pagaban en 1970 el precio subió a 17 pesos 40 centavos por kilo, lo que representa un incremento de 143 por ciento en el ingreso de campesinos.

La superficie dedicada a la fruticultura pasó, en estos últimos años seis años, de 511 mil a 660 mil hectáreas; la cosecha obtenida ha crecido de 5 a 7 millones de toneladas y su valor se ha duplicado al pasar de 30 mil millones de pesos a 68 mil millones.

La cosecha de cacao ha tenido un incremento anual del 7 por ciento durante el sexenio.

En el año en curso las 33 mil toneladas que se han obtenido superan las necesidades del mercado interno en un 67 por ciento, motivo por el que se aumentó la exportación de 104 millones de pesos en 1975 a 258 millones.

El tabaco producido este año tiene un valor de mil 71 millones de pesos.

Su venta en el exterior nos allegó divisas por más de 400 millones de pesos.

Todo ello ha permitido que los campesinos obtengan una utilidad de 455 millones de pesos.

Como consecuencia directa de la caída del precio internacional, decidimos reducir la siembra de algodón.

Sin embargo, la producción actual de 860 mil pacas es suficiente para abastecer el mercado nacional y colocar algunos excedentes en el exterior.

Emprendimos la magna tarea de sanear la industria azucarera.

Elevamos el precio de azúcar -estabilizado durante 12 años-, en beneficio de los productores.

Consolidamos el crédito oficial al sector con la creación de la Financiera Nacional Azucarera, coordinamos la comercialización del producto y derivados a través de la Unión Nacional de Productores de Azúcar e integramos administrativamente estos organismos en la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.

En octubre del año pasado expedimos una nueva legislación que favorece el incremento de la productividad en el campo y en los ingenios.

La producción de azúcar, en el presente año, alcanzará la cifra de 2 millones 543 mil toneladas.

El pago de la materia prima según el grado de contenido de azúcar, repercute favorablemente sobre su aprovechamiento industrial y sobre la economía de los cañeros, quienes recibieron, en la zafra 1975 - 76, 2 mil 645 millones de pesos por alcances equivalentes a 8 veces más que en el ciclo 1969 - 70.

Como apoyo a las actividades de estos trabajadores se constituyó un fideicomiso con mil millones de pesos que permite a los productores cañeros, ejidatarios, y pequeños propietarios, organizados para el trabajo colectivo, adquirir maquinaria y equipo de producción agrícola.

Para promover su bienestar social, se formó otro fideicomiso destinado a la construcción de casas - habitación para los trabajadores de los ingenios y uno más para obras sociales en beneficio de los cañeros de escasos recursos.

La estructura de la Operadora Nacional de Ingenios ha permitido que los 31 ingenios oficiales eleven su participación en la producción nacional azucarera del 24 por ciento en el período 1965 - 1970, al 55 por ciento en el período 1971 - 1976.

En este año la producción de azúcar en los ingenios de la Operadora alcanzará un millón 385 mil toneladas.

La política de la UNPASA para las exportaciones, permitió que el azúcar aportara divisas por 7 mil 815 millones de pesos en el actual sexenio, superando en 2 mil 220 millones, el valor de las exportaciones en el sexenio pasado.

Además, ingresó 2 mil 300 millones de pesos por la exportación de mieles, para hacer un gran total de 10 mil 115 millones en divisas en los seis años.

La reestructuración azucarera está en marcha.

Como en todo proceso de cambio aún existen desafíos que es necesario vencer.

Está en manos de los productores y de las instrucciones perfeccionar las fórmulas de trabajo y de retribución, tanto para elevar las condiciones de vida de los cañeros como para fortalecer esta industria fundamental.

El mercado del azúcar ha sido utilizado como arma de presión contra los países productores con miras a doblegar sus decisiones soberanas.

En la empresa de instrumentar los principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, convocamos al Primer Encuentro de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, que se realizó en Cozumel, en 1974, en el que disidimos, junto con otras 17 naciones, formar el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe de Exportadores de Azúcar, que se constituyó el 12 de marzo de este año y del que ahora forman parte 22 Estados miembro.

Hemos impulsado nuestro desarrollo pecuario con el Plan Nacional Ganadero, proyecto integral aplicado a través de programas de incremento a la capacidad forrajera, al mejoramiento genético, la sanidad animal, y la incorporación de nuevas áreas a esta actividad, convencidos de que sólo a través de la mejoría y ampliación de las explotaciones ganaderas podremos lograr la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población.

Establecimos plantas de alimentos balanceados para uso animal en las diversas regiones del país centros regionales de fomento y desarrollo pecuario, expedimos la Ley de Sanidad Fitopecuaria, creamos el Centro Nacional de Sanidad Animal, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios y toda una red nacional de laboratorios de diagnóstico de patología animal; pusimos en marcha un programa de aprovechamiento forrajero e incorporamos a la ganadería, a través del Programa Nacional de Desmontes, 417 mil 520 hectáreas de pastizales.

Con la vacunación de 14 millones de equinos se controló la encefalitis equina venezolana, con lo que México se colocó como el único país latinoamericano que controla esta epizootia.

El valor de la producción pecuaria ha aumentado en un 19 por ciento al pasar de 26 mil millones de pesos en 1971 a 31 mil millones en 1976.

En esos mismos años el valor de la ganadería se incrementó casi en un 100 por ciento, con lo que llegó este año a 191 mil 669 millones de pesos.

Hemos promovido el aprovechamiento de los recursos forestales con criterios que evitan caer en el dispendio o en la subutilización.

En 1970, la producción forestal maderable era de 6 millones de metros cúbicos, en 1976, se obtendrán 7 millones.

El valor de estos productos pasó de mil 356 millones a 3 mil 575 millones de pesos, en esos mismos años.

En 1970 el grado de avance del Inventario Nacional Forestal era de 34 por ciento.

De 1971 a la fecha se concluyeron los levantamientos en 12 Estados más lo que representa un avance total del 90 por ciento.

La participación del sector público en el aprovechamiento racional de los bosques se ha extendido notablemente, a través de 8 empresas en las que se ha asociado con los ejidatarios, a quienes ha liberado de la explotación de los antiguos detentadores de esta riqueza nacional.

La inversión de 64 millones de pesos que se canalizó a esta actividad entre 1964 y 1970 se incrementó 33 veces, al llegar a mil 146 millones en la presente administración.

La producción pesquera constituyó por muchos años una actividad inexplicablemente rezagada en un país como el nuestro, que cuenta con amplios recursos explotables.

En estos seis años hemos invertido en este sector 2 mil 550 millones de pesos, cantidad superior a la inversión acumulada en los 40 años anteriores.

Entre 1971 y 1975 la flota pesquera de altura aumentó en mil 160 embarcaciones y en el presente año se incorporan 574 más.

Cumplimos la meta que nos fijamos de construir 500 embarcaciones camarones.

Al finalizar el sexenio, se contará con un total de 3 mil 293 barcos, más del doble de los que integraban nuestra flota en 1970.

Para fortalecer la pesca ribereña y continental pusimos en marcha un plan de dotación de embarcaciones menores, y al término de nuestra administración los equipos entregados a través de este programa ascenderán a 6 mil.

Hemos actualizado los dos principales ordenamientos que rigen la actividad; concentramos, bajo la denominación Productos Pesqueros Mexicanos, las diferentes empresas públicas que intervienen en el sector; creamos un sistema de educación y capacitación a lo largo de nuestros litorales y establecimos el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática y el Instituto Nacional de la Pesca.

Todo ello, en concordancia con nuestra decisión soberana de crear la Zona Económica Exclusiva en nuestros mares.

Estas nuevas condiciones han permitido duplicar la producción pesquera, al pasar de 254 mil toneladas que obteníamos en 1970, a 475 mil durante este año.

Es cierto que aún estamos lejos de lograr un aprovechamiento cabal de nuestros recursos pesqueros.

Pero se ha creado la conciencia y se han dado los primeros pasos para obtener cada vez mejores rendimientos de esta importante reserva alimenticia de nuestro pueblo.

Entre las distorsiones que impuso el desarrollismo a nuestro proyecto social revolucionario, hay que señalar específicamente los efectos perniciosos de un crecimiento imitativo, con la vista en los modelos metropolitanos y dirigido a un consumo suntuario y por lo mismo altamente estratificado.

Ello fue producto de una actitud empresarial que en muchos casos no supo responder a los estímulos del crédito, a la protección fiscal y arancelaria, al abastecimiento por muchos años subsidiado de los energéticos, a la formación de cuadros preparados a través del sistema educativo, a la ampliación de la infraestructura y aún el aplazamiento de las demandas salariales que caracterizó a los decenios anteriores.

Era necesario rectificar las tendencias de un modelo industrial que estaba propiciando sus propios estrangulamientos no solamente a través del desempleo y el subempleo de su propia capacidad instalada y de su propio capital.

¡Y a esto pretenden llamar racionalidad algunos voceros de la regresión!

Fortalecer la industria y racionalizar su crecimiento conforme a las necesidades de nuestra realidad, exigió cambiar el énfasis hacia actividades que habían permanecido rezagadas fundamentalmente las industrias básicas y las empresas medianas y pequeñas.

No podíamos seguir obedeciendo pautas indiscriminadas de sustitución de importaciones, en los términos impuestos por las coyunturas mundiales.

Debíamos constituir cimientos más sólidos para nuestro progreso, a partir de la expansión del mercado interno, la integración de las actividades productivas, la exportación de manufacturas y el desplazamiento selectivo de importaciones.

Ante aquellos que critican y condenan la participación del Estado en la economía, respondemos que en un país donde la población y las necesidades crecen en forma acelerada, que padece además graves desequilibrios sectoriales y regionales, así como una injusta distribución del ingreso, no es posible señalar límites a la gestión económica del Estado.

Ahí donde la improvisación nos hacía más vulnerables a las tendencias a la concentración y a los planes desnacionalizadores, pusimos el énfasis en la previsión programática y en la fijación de nuestros propios términos de racionalidad.

No aceptamos la alternativa artificial que se ha querido imponer al país entre el estancamiento y el desequilibrio.

Esta falta alternativa constituiría por sí misma un callejón sin salida porque en ambos casos la mayor carga gravitaría sobre los grupos más desprotegidos y constituiría un condicionamiento inaceptable a la acción de las legítimas instituciones nacionales.

Los agentes de la subordinación deben escucharlo bien:

El pueblo de México no está dispuesto a la abdicación, ni acepta que otros determinen sus decisiones soberanas.

La crisis de un mundo amenazado por la inestabilidad y la irracionalidad del poder monopólico, no hacen sino reafirmarnos en el imperativo de seguir reforzando nuestra propia capacidad de sobrevivencia y de progreso económico y social.

Ese es el camino para dinamizar la economía, al servicio de los grandes objetivos de nuestra vida de relación.

Rechazamos por lo tanto la falacia, la miopía, y la parcialidad de las fórmulas y los modelos economistas con los que se ha pretendido someter los más altos fines de la sociedad, y menoscabar el ejercicio auténtico de la soberanía nacional.

Durante el periodo que termina, la gestión económica del Estado, lejos de limitarse a la mera reacción defensiva ante la presión externa y la abstención interna, asumió la iniciativa de fortalecer un desarrollo independiente y en beneficio de la mayor parte de la población.

No se constriñó sólo a enfrentar las situaciones inmediatas, sino que fundó las bases para hacer viable el proyecto nacional y abrir el paso a las generaciones venideras.

Nacional Financiera ha recuperado su papel de primer banco de fomento al desarrollo industrial.

El financiamiento total autorizado en este período ascendió a casi 128 mil millones de pesos, cantidad que equivale a más de la mitad del total autorizado desde su fundación hace 42 años.

Entre 1971 y 1976, Nacional Financiera invirtió 8 mil 107 millones de pesos en el capital de 89 empresas industriales, cifra sin precedentes que refleja la magnitud del apoyo otorgado para consolidar la estructura financiera de diversas empresas y para programas de ampliación de plantas existentes.

El programa de mayor prioridad en términos de promoción de nuevas industrias ha sido el de bienes de capital, en este aspecto, en los últimos 2 años se constituyeron, con apoyo de la institución, 8 empresas productoras de este tipo de bienes.

Se cuenta, además, con los planes y negociaciones adelantadas para establecer otras

15 empresas de la misma rama y se están estudiando 21 nuevos proyectos, que junto con los anteriores, producirán tornos, fresadoras, tractores de oruga, ejes y frenos automotrices, maquinaria textil, cigüeñales, motores, transformadores y aisladores eléctricos, y centrífugas para la industria azucarera, entre otros.

Durante la presente administración Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX) se ha constituido en la segunda financiera de fomento industrial del Gobierno Federal, desarrollando industrias básicas, fomentando la exportación de manufacturas, mexicanizando empresas de interés nacional y proveyendo de recursos crediticios a empresas y organismos del Sector Público, a sus empresas filiales y a la pequeña y mediana industria y al turismo.

Para cumplir con los objetivos anteriores, SOMEX, ha aumentado la captación de fondos provenientes del ahorro interno en 6 mil millones, duplicando los niveles de 1970.

Sus activos totales alcanzan ya los 13 mil 700 millones.

Controla 40 empresas filiales industriales, 16 de las cuales se promovieron en los últimos cinco años, proporcionando ingreso a 17 mil familias.

Durante la presente administración, sus empresas aumentaron en 24 veces el valor de sus exportaciones y sus ventas pasaron de mil 800 millones en 1971 a 6 mil en 1976.

En cuanto a la eficiencia de las empresas industriales de SOMEX, se consolidó su posición financiera y se logró racionalizar su rentabilidad, en tal forma que entre 1971 y 1976 sus utilidades aumentaron de 48 millones a 200 millones y, lo que es más significativo, actualmente el 95 por ciento de ellas operan con utilidad.

Se fortaleció la capacidad productiva del sector Paraestatal, mediante la ejecución de importantes planes de creación y expansión de empresas, principalmente en los campos estratégicos de los energéticos, la siderurgia, la petroquímica, los fertilizantes y la minería.

Las realizaciones alcanzadas se apoyan en una sólida base de planeación y coordinación de las Empresas del Estado.

Para fortalecer esta tarea se crearon la Comisión Coordinadora de la Política Industrial del Sector Público, la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo Industrial, la Comisión Nacional de Energéticos, la Comisión Nacional Coordinadora para el Desarrollo de la Industria Siderúrgica y la Comisión Coordinadora para el Desarrollo de la Industria de Maquinaria y Equipo, en las que se ha cimentado la programación de este sector.

De los 86 organismos públicos registrados en 1970 cuyos activos totales ascendían a 123 mil millones de pesos, se pasó a ejercer el control sobre 740 entidades públicas, cuyos recursos alcanzan más de 462 mil millones.

El volumen de las adquisiciones sujetas a vigilancia pasó de 21 mil millones de pesos, en 1970, a 90 mil millones en 1976 y se lograron ahorros por más de 2 mil millones de pesos, gracias a la acción coordinada de las compras del sector público.

El avance en el control ha traído consigo una mayor eficiencia en la capacidad productiva y administrativa, lo que se traduce en que el 70 por ciento de las empresas del Estado arrojan resultados positivos, a pesar de que su funcionamiento obedece a un marcado interés social.

En manos de la Nación, el petróleo y la electricidad se han convertido en un poderoso instrumento para fortalecer nuestra soberanía.

El dinamismo y la vitalidad del México contemporáneo tienen su más firme expresión en estas industrias básicas.

A la fecha, la producción de hidrocarburos es de más de un millón de barriles diarios, cifra que significa un incremento del 100 por ciento con relación a la que se obtenía al iniciarse el sexenio.

Este es un esfuerzo apoyado en nuestra propia capacidad.

La reinversión fue posible, entre otras medidas, gracias a la necesaria revisión de los precios del combustible.

Esto ha constituido un paso fundamental para consolidar el techo energético del país que asegura la viabilidad histórica de nuestro proyecto social.

En 1973 localizamos en el área de Chiapas y Tabasco los mantos petroleros más importantes.

En la actualidad, esta zona permite disponer de 530 mil barriles diarios, cifra que representa alrededor del 50 por cien o de la producción nacional.

Uno de los efectos favorables de tan importantes descubrimientos fue convertirnos nuevamente en país exportador de petróleo, lo que ha permitido financiar nuevos planes de expansión económica y de promoción social.

Aumentar la capacidad de refinación y satisfacer el consumo de productos derivados es preocupación permanente de Petróleos Mexicanos.

Para ello, se canalizaron 57 mil 434 millones de pesos en los diferentes programas de la institución, lo que convierte a PEMEX en la entidad que realiza mayores inversiones en el país.

Con tal volumen de recursos se realizaron importantes ampliaciones en las refinerías de Salamanca, Guanajuato, Minatitlán, Veracruz Ciudad Madero, Tamaulipas y Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

Al mismo tiempo dispusimos la construcción de tres nuevas refinerías en Cadereyta, en el Estado de Nuevo León; Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca; y Tula, en el Estado de Hidalgo; está última inaugurada en marzo del presente año.

La capacidad de refinación del sistema se ha incrementado en 62 por ciento de 1970 a la fecha.

En 1971 fue promulgado el nuevo reglamento de la industria petroquímica, que establece las bases de complementación del Estado y los particulares dentro de ella y los límites de la inversión extranjera.

Merced a la aplicación de este reglamento, a la fecha, más del 70 por ciento del capital invertido en petroquímica secundaria pertenece a los mexicanos.

En la Cangrejera, Veracruz, iniciamos la construcción del complejo petroquímico más grande e importante de América Latina.

Se construyen otras unidades, entre las que figuran tres plantas de amoniaco que producirán 3 mil 500 toneladas diarias.

También en el sector eléctrico rompimos un peligroso nudo que amenazaba las posibilidades del progreso nacional.

Al margen de toda actitud medrosa dispusimos que se realizaran las cuantiosas inversiones que requería la industria para cubrir los rezagos que pesaban sobre ella.

De esta manera cumplimos nuestro compromiso anunciado en año pasado: duplicar la capacidad instalada de generación.

Pasar en este renglón de 6 millones de kilovatios en 1970 a 12 millones en el presente año y beneficiar con este servicio a 14 millones de personas más, requirió una inversión de 26 mil millones de pesos, los cuales provinieron, en forma considerable, de la oportuna elevación de las tarifas y de la justa revisión de los subsidios.

El año pasado dispusimos que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus subsidiarias pasaran a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Se logró así concluir la integración de la industria.

Era esta una meta indispensable para romper la secuela de dispersión dejada por los años en que este recurso vital estuvo en manos extranjeras.

La reestructuración está haciendo posible llevar la luz hasta los últimos rincones del país, elevar la eficacia de los servicios y redoblar la potencia generadora.

Para lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones eléctricas e interconectar los diferentes sistemas, en 1972 iniciamos el cambio de frecuencia en el sistema central.

Estos trabajos, que originalmente se tenía planeado concluir en 1979, han sido terminados.

Nos anticipamos tres años.

Se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ordenamiento que estipula la planeación a largo plazo, la fabricación nacional de los equipos y herramientas necesarios, y el establecimiento de las previsiones financieras de la empresa.

Esta disposición prevé, asimismo, la gestión de los trabajadores en la administración.

Quiero insistir en que los problemas intergremiales por los que atraviesa la industria, y ocasionalmente algunas otras del Estado, no pueden responder al esquema en el que los obreros y patrones discuten entre sí por intereses radicalmente distintos, sino que existe una responsabilidad paralela del Gobierno y los trabajadores, ubicada en un proyecto común.

Ninguna querella, ninguna demanda, ninguna pretensión y menos aún cuando conducen a suspensiones ilegales de labores, podrá estar por encima de los intereses superiores de México.

Reitero que no sólo vemos con beneplácito el despertar de la conciencia política que alienta en cada ciudadano y en cada organización sino que nos hemos empeñado en fomentar esa movilización de las conciencias, como un elemento básico de nuestro avance y de la madurez de nuestro pueblo.

Lo que es necesario precisar ahora y siempre, es que las luchas sociales deben seguir el cauce que señala la Ley y nunca perder de vista que antes de toda pugna interna, por sobre todo interés particular o de grupo, están los intereses de la colectividad, de sus recursos básicos, que integran el patrimonio de la Nación, y la subsistencia de las propias fuentes de trabajo.

En los primeros meses de ese año fue inaugurada la primera etapa de la termoeléctrica de Tula Hidalgo, que por su capacidad total de un millón 200 mil kilovatios será la mayor del país.

Quedan en proceso de construcción 44 nuevas unidades generadoras en 22 plantas, con un potencial de 10 millones de kilovatios.

A fin de elevar el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, hemos efectuado ampliaciones en algunas centrales y emprendido la construcción de otras.

Destacan por su magnitud, el sistema hidroeléctrico del Río Grijalva donde se construye la obra más importante de la historia eléctrica del país, la planta de Chicoasén, que a su terminación generará 2 millones 400 mil kilovatios y la planta de la Angostura, con capacidad de 900 mil kilovatios.

Hemos estimulado el empleo de nuevas fuentes de energía.

En 1973 pusimos en servicio la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California, con la que somos el primer país de nuestra región que genera electricidad mediante el aprovechamiento del vapor del subsuelo. Iniciamos la construcción de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, que a su terminación generará un millón 200 mil kilovatios.

En 1972 quedó establecido el Instituto Nacional de Energía Nuclear para utilizar ésta en forma pacífica.

Los trabajos de exploración que llevó a cabo el Instituto, permitieron elevar nuestras reservas de uranio a 8 mil toneladas.

Es altamente satisfactorio poder informar a esta Honorable Representación que, prácticamente, ha sido concluido el proceso de mexicanización de la minería.

Actualmente el 99 por ciento de la producción nacional se obtiene de 920 empresas mineras mexicanas.

La inversión del Estado aplicada a esta actividad, entre 1970 y 1976, supera la efectuada en los 70 años anteriores.

Con ello duplicamos la participación del sector público en la minería nacional.

En este renglón el Estado ofrece un nuevo ejemplo de superación en la capacidad administrativa y la eficiencia económica.

En 1970 sus empresas del ramo operaban con una pérdida de 78 millones de pesos, en tanto que para 1975 se registraron utilidades por 800 millones.

En correspondencia con estos empeños, el valor de la producción minera aumentó de 7 mil 400 millones de pesos en 1970 a 15 mil millones en 1976.

Para estimular el resurgimiento definitivo de la minería y garantizar su desarrollo subordinado y coordinado a los intereses generales de la Nación se expidió, a fines de 1975, la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera.

Por la acción integrada de los sectores público y privado, a través de la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica, fue posible que en capacidad de producción de acero también duplicáramos el potencial de nuestra patria.

Un programa de inversión conjunta de 45 mil millones de pesos en el sexenio, más de cuatro veces mayor que los 10 mil 517 millones invertidos desde la fundación de esta industria en nuestro país, hizo posible el salto histórico de 4 millones que 800 mil toneladas de capacidad productiva con que se contaba en 1970, a 10 millones que se alcanzarán al finalizar este año.

El mes pasado entraron en apelación las nuevas instalaciones de Altos Hornos de México, que elevan su capacidad de un millón y medio de toneladas en 1970, a 3 millones 750 mil.

El consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colorada entró en operación al inicio de 1975 y su producción en ese año ascendió a un millón 170 mil toneladas de pelets de mineral de hierro, cifra que ha significado una disminución de más de 420 millones de pesos en las importaciones de mineral de hierro y chatarra.

Las necesidades de este insumo básico nos llevaron a autorizar un nuevo proyecto que elevará la capacidad de producción del Consorcio a 3 millones de toneladas en 1978.

El primer día del sexenio advertimos que no era conveniente limitarnos a producir en pequeño, y desde instalaciones rudimentarias, ni a reaccionar con respuestas tímidas a los grandes retos del desarrollo nacional.

Hoy, a unos meses de concluir el actual Gobierno y a unos días de la inauguración de la primera etapa del Complejo Siderúrgico Lázaro Cárdenas - Las Truchas, podemos informar que el significado de esta obra va mucho más allá de su muy considerable valoración física:

Es la manifestación de la capacidad y de la voluntad de un pueblo liberado de todo prejuicio pesimista o autodenigrador.

Es la mejor muestra de que nuestros obreros, nuestros técnicos y especialistas y nuestras instituciones no se dejan vencer ante la magnitud de ninguna empresa.

Los obstáculos y los problemas que día a día hubo que resolver, fueron arrastrados con energía, con infinita confianza en nosotros mismos y en el país.

Ojalá que esta prueba de nuestra aptitud para planear y ejecutar acciones de largo plazo, pueda sacudir aquellas mentalidades deslumbradas por el eficientismo metropolitano y tan proclives a menospreciar nuestros propios esfuerzos.

Con esta obra rendimos el mejor homenaje a un mexicano visionario que luchó porque las bases de nuestra industrialización fueran verdaderamente nuestras, el Presidente Lázaro Cárdenas.

Nunca en la historia de nuestro país se había emprendido un proyecto de tal magnitud en un lapso tan corto, jamás una empresa mexicana había requerido de la concentración de tantos esfuerzos económicos y humanos.

Sólo en esta primera etapa, la construcción de la planta ocupó 12 mil trabajadores.

Además, Ciudad Lázaro Cárdenas es la primera experiencia mexicana en el campo de las ciudades nuevas.

Cuenta con una sólida infraestructura: ferrocarril, puerto, carreteras y parques industriales y atiende con urgencia las necesidades de vivienda, escuela y salud pública de la población.

Este complejo industrial ya ha transformado la fisonomía de toda la región de la desembocadura del Río Balsas y ha creado ahí un nuevo polo de desarrollo económico que llegara a ser la cuarta zona industrial del país.

Así se concibió desde el principio y así se planeó su desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo.

En su primera etapa producirá un millón 300 mil toneladas de acero y dará ocupación permanente a 5 mil 500 trabajadores.

Para la segunda etapa, que se realizará entre 1976 y 1982, la producción alcanzará más de 3 millones y medio de toneladas y los trabajadores llegarán a 10 mil y está previsto que a mediados de la década de los 90, con la culminación de la cuarta etapa, la producción sea de 10 a 11 millones de toneladas de acero.

El Combinado Industrial de la Ciudad Sahagún, integrado por 11 empresas que generan más de 17 mil empleos directos, desempeña una importante función en el desarrollo tecnológico y la integración industrial de México.

El valor de la producción de sus tres empresas principales, Diesel Nacional, Siderúrgica Nacional y la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, pasó de mil 718 millones de pesos en 1970 a 8 mil 600 millones en 1976.

Las inversiones realizadas ascendieron aproximadamente a 7 mil 500 millones de pesos.

La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril habrá entregado, al término de 1976, 17 trenes con 153 carros para el Sistema de Transporte Colectivo, cumpliendo con el compromiso de mexicanización de este servicio que nos impusimos hace dos años.

Asimismo ha entregado 412 carros - tanque como parte del primer programa de producción de este tipo de unidades que se realiza en México y que han tenido magnifica aceptación por parte del sistema ferroviario y de Petróleos Mexicanos.

Estos resultados son fruto de una firme voluntad nacional por romper la inercia desarrollista impuesta desde el poder económico de dentro y de fuera.

Constituyen un esfuerzo decidido por integrar nuestra propia concepción de desarrollo nacional. Una concepción más justa, más solidaria, más nuestra.

Con los pasos que se dieron para superar los rezagos productivos en los sectores básicos y para atender los legítimos reclamos de los núcleos humanos marginados, se han establecido las nuevas bases y los nuevos causes de nuestro avance económico y social. Aún enfrentamos numerosos problemas.

Nunca los eludimos a lo largo del sexenio y jamás podríamos sentirnos plenamente satisfechos por lo logrado en un país de tan grandes carencias y en el que tantos objetivos están por alcanzarse.

En muchos campos, como lo he repetido estamos a la mitad del camino.

Pero lo que es incuestionable es que esos problemas no se originan, como lo han pretendido algunos interesados, en el cambio de estrategia ni en las reformas introducidas al viejo modelo de desarrollo.

Por lo contrario, habría que preguntarnos qué hubiera ocurrido en el país de haber continuado el proceso de concentración y de marginación, la regresión de nuestra capacidad productiva y a las tenencias a la desnacionalización de nuestra sociedad.

Los efectos de una herencia de irracionalidad en injusticia acumulada, que aún padecemos, ilustran de manera irrecusable la necesidad de profundizar en el empeño de acercarnos, cada vez más a los términos de nuestro proyecto nacionalista y revolucionario. Podemos ver en el futuro con optimismo.

La transformación jurídica e institucional emprendida en el actual Gobierno, sin duda será perfeccionada y adecuada al paso del tiempo y ante nuevos impulsos de superación.

La obra física será incrementada.

Los resultados prácticos. -cada vez menos condicionados por las resistencias internas y las presiones del exterior- alcanzarán mayores proporciones.

Lo verdaderamente importante de estos años y lo digo con toda franqueza, absolutamente convencido, es la determinación firme de contar con una orientación del desarrollo en la dirección que demandan los mexicanos, a la luz de sus propias necesidades y aspiraciones y de cara a su propio destino.

E. Desarrollo Regional y Urbano

Enfrentamos con decisión, en sus causas profundas y también en sus efectos más dramáticos, las tendencias a la centralización económica, política y social que subsisten en el país.

El centralismo es una herencia de las prácticas del poder colonial, que se agudizó a lo largo de nuestra historia en virtud de una concepción del desarrollo que subordinaba los imperativos nacionales a las exigencias de la capitalización, acumulada en pocas manos y en unas cuantas regiones.

Desde el inicio de nuestro régimen pusimos en marcha un programa general de descentralización que permitiera distribuir, en forma equilibrada en todo el territorio nacional, las oportunidades de empleo y educación, las oficinas de la administración pública y los beneficios de la seguridad social.

Sesenta y tres de las principales instituciones públicas llevaron a cabo sus programas de desconcentración, e instalaron en el interior de la República oficinas que han acercado las decisiones y los servicios federales a la población de todos los Estados. Ampliamos y reglamentamos el régimen de empresas maquiladoras y otorgamos estímulos fiscales y crediticios para el establecimiento de pequeñas y medianas industrias.

Estos programas han permitido ampliar la planta industrial, generar mayor empleo y arraigar al consumidor fronterizo al mercado nacional.

El número de empresas maquiladoras es cinco veces mayor que en 1970.

Con la idea de impulsar dos regiones económicamente atrasadas, una en el litoral del Pacífico y otra en el Caribe mexicano, autorizamos la ejecución de los proyectos turísticos de Ixtapa - Zihuatanejo, en guerrero y de Cancún, en Quintana Roo.

Su realización comprende obras integrales de infraestructura que, al atraer al inversionista, generan una mayor corriente turística nacional e internacional que se traduce no sólo en un volumen creciente de divisas, sino también en mayor empleo y en el estímulo de otras actividades económicas, principalmente agrícolas y de servicios en esas regiones.

Una tarea fundamental para los trabajos de planeación regional y el aprovechamiento racional de nuestros recursos es la realizada por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional.

Hasta la fecha a ejecutado la aerofotogrametría del 93 por ciento del país, y ha elaborado 3 mil cartas topográficas y de recursos que incluyen geología, edafología y usos actuales y potenciales del suelo.

Los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico, que funcionan en todas las Entidades federativas, y que presiden los ciudadanos gobernadores, han constituido un elemento esencial en la formulación y jerarquización de las inversiones públicas de alcance estatal y regional.

Desde los primeros días del actual gobierno pusimos especial énfasis en la atención de las regiones tradicionalmente marginadas, a fin de incorporarlas definitivamente al desarrollo nacional, a través del establecimiento de la Comisión Nacional de Zonas áridas y de Centros Coordinadores de las Regiones Huicot, Mixe y Maya, Tzeltal, Tzotzil, Tojolobal y Lacandona.

Evitamos el despoblamiento de los centros que, como si hubiésemos aprendido las lecciones de nuestra historia, se estaban dejando morir, en la proximidad de la frontera norte, y ahí tenemos como ejemplo el pueblo de Naco, en Sonora, que ha recobrado, con un nuevo impulso vivificante, la confianza en México y en los mexicanos.

A las medidas fiscales y administrativas para promover el progreso equilibrado del país, hay que agregar un impulso material sin precedentes a favor de la provincia.

A ella destinamos el 80 por ciento del gasto público federal total en el sexenio, que se ha traducido en tangibles beneficios.

No hubo Estado de la República que no recibiera un apoyo fundamental.

Para sólo dar unos ejemplos:

- Viviendas para 3 mil personas y más de 2 mil hectáreas irrigadas en Aguascalientes;

- La remodelación total de Tijuana, la transpeninsular y el puerto interior de Cabo San Lucas en Baja California Norte y Baja California Sur;

- La electrificación, la dotación de agua potable y la creación de un distrito de riego en Campeche;

- La ampliación de Altos Hornos y la rehabilitación de un distrito de riego en Coahuila; la creación de importantes fuentes de empleo en la industria siderúrgica en Colima;

- Nuevos polos de desarrollo de la industria petrolera, 2 grandes plantas hidroeléctricas y un nuevo puerto en Chiapas;

- La apertura de minas, caminos, presas y hospitales en Chihuahua;

- Una carretera y la rehabilitación de un sistema de riego en Durango;

- Nuevas plantas productoras de amoniaco y fertilizantes, así como 3 nuevas clínicas en Guanajuato;

- El mejoramiento sustancial del sistema de agua potable de Acapulco, la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, un complejo turístico, 3 carreteras y 4 sistemas de riego en Guerrero;

- Una planta de la industria eléctrica, una refinería de petróleo, la apertura de nuevas fuentes de empleo en la Ciudad Sahagún, 2 carreteras, una vía férrea y un plan hidráulico en Hidalgo;

- Dos hospitales, la carretera Puerto Vallarta - Barra de Navidad y 4 distritos de riego en Jalisco;

- Dos plantas termoeléctricas, 2 hospitales, 2 conjuntos habitacionales, una carretera y una presa en el Estado de México;

- La mayor planta siderúrgica de América Latina, una carretera, un ferrocarril, un puerto y 2 zonas de riego en Michoacán;

- Una línea de transmisión y una vía férrea en Morelos;

- Un complejo turístico, un puerto y rehabilitación de un distrito de riego en Nayarit;

- Una refinería, la ampliación del suministro eléctrico, 3 hospitales y una carretera en Nuevo León;

- Una refinería, 3 carreteras y una presa en Oaxaca; una planta industrial, 2 hospitales y la rehabilitación de un distrito de riego en Puebla;

- Una vía férrea y una zona de riego en Querétaro; dos aeropuertos y un complejo turístico en Quintana Roo;

- Dos ingenios, una fábrica de papel y 2 distritos de riego en San Luis Potosí;

- Dos plantas hidroeléctricas, una presa y 2 distritos de riego en Sinaloa;

- La ampliación de la generación eléctrica, mil viviendas y la reconstrucción de la carretera de Empalme a Nogales en Sonora;

- Plantas petroleras y azufreras, gaseoductos y oleoductos, una carretera y un gran complejo agrícola ganadero en Tabasco;

- La ampliación sustancial de la industria petrolera, 2 carreteras, un aeropuerto, 2 sistemas de riego y una presa de Tamaulipas;

- Una vasta red de caminos en Tlaxcala y la remodelación de la Casa de la Cultura y la Plaza Central en la capital de este Estado;

- Una planta de amoniaco, un complejo de la industria petroquímica, una carretera y un sistema de riego en Veracruz;

- Varias plantas industriales y una de generación de energía eléctrica en Yucatán; y

- Tres zonas de riego en Zacatecas.

Nuestro afán por apoyar a la provincia estará vivo hasta el día final de nuestro mandato.

En los últimos meses habremos de visitar nuevamente todos los Estados de la República.

Al lado de las acciones de fondo para combatir los desequilibrios regionales, atendimos las apremiantes necesidades de los centros urbanos.

En apoyo de 46 ciudades localizadas en los litorales y fronteras del país, las Juntas Federales de Mejoras Materiales invirtieron mil 834 millones de pesos entre 1971 y 1976.

El mes pasado inauguramos en Tijuana, Baja California, la primera etapa del desarrollo urbano "Río Tijuana"; es la obra de regeneración más importante realizada en México y comprende la canalización de 4 y medio Kilómetros del río, a su paso por el centro geográfico de la ciudad eliminando los riesgos de inundación de 400 hectáreas y los asentamientos precarios que representaban un grave problema social, por el peligro en que se encontraban más de diez mil personas de perder sus vidas y pertenencias.

Los yacimientos de viviendas de cartón y los extensos depósitos de chatarra que proyectaban una imagen indigna de nuestro país ante 20 millones de visitantes al año, han sido eliminados, dando a sus antiguos moradores la oportunidad de reubicarse en zonas urbanizadas y seguras en otros rumbos de la ciudad.

Esta obra, sin precedentes, representa una inversión de mil 400 millones de pesos, de los cuales de recuperará un 60 por ciento, con el producto de las ventas.

Con esta relevante realización de la ingeniería y el urbanismo mexicanos, se dota a la ciudad de Tijuana en 52 kilómetros de nuevas calzadas que resuelven agudos y antiguos problemas del tránsito citadino.

Se rescataron 2 millones de metros cuadrados de terrenos de alto valor comercial que se encuentran a la venta, y respecto de los cuales a la fecha se han realizado operaciones de 300 millones de pesos, algunas con visionarios empresarios nacionalistas, que se disponen a continuar rescatando los mercados fronterizos para la industria mexicana.

En las obras del Plan de Acapulco se invirtieron mi 457 millones de pesos durante la presente administración, suma que permitió la realización de grandes obras de infraestructura urbana en beneficio de más del 50 por ciento de la población de nuestro país más importante centro turístico.

El Distrito Federal, concentración urbana donde habitan más de 8 millones de mexicanos, ha recibido especial atención para resolver los conflictos que genera su impresionante crecimiento.

Se realizaron cuantiosas inversiones que resolvieron problemas trascendentes del funcionamiento de la ciudad, en el sistema de Drenaje Profundo, obra que elimina el peligro de inundaciones en la metrópoli.

El túnel de 60 kilómetros es una obra de ingeniería única en el mundo.

Se concluyó asimismo, la primera etapa del Circuito Interior, importante obra vial que coadyuvará a resolver el agudo congestionamiento en la circulación de vehículos de la ciudad; en su ejecución se invirtieron mil 963 millones de pesos.

El punto neurálgico de la comercialización nacional de frutas, verduras y legumbres se localiza, precisamente, en el centro de la ciudad, en el barrio de la Merced, sobre 50 hectáreas que comprenden una cuarta parte de zonas viales un conjunto de edificios históricos y una serie de construcciones mal adaptadas.

Para substituir estas viejas instalaciones de La Merced, se inició la construcción de la Central de Abastos, así como las obras de infraestructura necesarias, en 865 hectáreas ubicadas al oriente de la ciudad.

La nueva Central será un instrumento clave para la distribución eficiente de alimentos, y para la protección de los grandes grupos de productores y consumidores de nuestro país, permitiendo además la recuperación de una de las zonas de mayor tradición y valor arquitectónico para incremento del patrimonio de la capital, y el alivio considerable del tránsito de vehículos en el casco viejo de la ciudad.

Por primera vez en la historia del país se pusieron las bases para la planeación y la regulación del crecimiento de las ciudades.

El estado asumió plenamente la responsabilidad de no dejar a los habitantes citadinos en manos de los traficantes de la miseria al promulgar las reformas a los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución General de la República, así como la Ley General de Asentamientos Humanos.

Los objetivos de la nueva legislación son incuestionables: mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana; aprovechar, en beneficio social, los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza; lograr el desarrollo equilibrado del país armonizando la interrelación de la ciudad y el campo; obtener una distribución equilibrada de los centros de población en el territorio nacional, integrados en un marco de desarrollo regional; fomentar una adecuada interrelación socioeconómica de nuestras ciudades y propiciar el establecimiento de centros urbanos de dimensiones medias, a fin de evitar las grandes que producen impactos económicos negativos y grave deterioro social y humano.

La Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano ha puesto a disposición de los Comités de los Estados todas las experiencias que en esta materia han reunido el Gobierno Federal.

Los Poderes Estatales habrán de contar con sus propias leyes de asentamientos humanos antes del 6 de febrero de 1977.

Todas estas acciones, todas estas medidas, todas estas obras, revelan la prisa, la prisa justificada de un país y de un pueblo que anhelan superar, dentro de la ley, las dolorosas contradicciones persisten entre México desarrollado y el México de la marginación.

Política Exterior

Después de la segunda gran guerra el mundo entra a un período de profundas transformaciones.

Es la etapa en que se acelera la liberación y con ella la emergencia de los pueblos antaño sojuzgados.

No obstante el esfuerzo heroico y la lucha tenaz desplegada por la más vasta explosión revolucionaria de la historia, quedan todavía intactos muchos de los lazos del mundo colonial y se han establecido, a la luz de las nuevas condiciones de la época, otras formas de sujeción y de dominio.

Hoy sabemos claramente que la descolonización política, para producir sus últimas consecuencias requiere ir asociada a una más amplia estrategia de liberación social y emancipación económica.

Al mismo tiempo surgieron en estas últimas tres décadas, nuevos poderes económicos y militares que han conducido a una estructura más policéntrica de la convivencia internacional prevaleciente al inicio de los años de la guerra fría.

Ante este panorama se debaten en nuestro tiempo dos grandes tendencias.

La de quienes buscan profundizar el proceso liberador acentuado en el presente siglo y consolidar en la esfera internacional un orden auténticamente democrático y la de aquellos que, aferrados a un universo de privilegios se empeñan hoy, como siempre en impedir el cambio histórico y prolongar por nuevos o antiguos sistemas la hegemonía de unos Estados sobre otros.

La primera concepción postula un universo de naciones libres corresponsabilizadas de la conducción del mundo contemporáneo, la segunda es la visión tradicional de un mundo manipulado por las minorías del poder económico y burocrático.

Está en debate el problema central del ejercicio de la libertad en las sociedades y la soberanía de las naciones.

Por un lado, la aspiración de toda empresa humanista y revolucionaria: que los pueblos y los hombres merecen un destino propio que deben ejercer cabalmente; y por el otro, la postura de quienes por diversas vías y lenguajes políticos abogan por una organización dictatorial en el seno de cada Estado y la convivencia mundial.

Frente a la política del poder que ha dividido al mundo en esferas de influencia, patrocinado la carrera armamentista, promovido el intervencionismo político y militar y estructurado un sistema económico al servicio de la injusticia y la explotación, los países del Tercer Mundo, integrados por los pueblos que habitaron durante siglos la periferia del mundo imperial, persiguen la transformación cualitativa de las bases que está sujeta la vida internacional.

Ante este estado de cosas México no ha permanecido indiferente.

Desde un principio nuestra historia nos vinculó al más ancho campo de los acontecimientos del mundo exterior. Vivimos en carne propia el sistema colonial y hemos padecido las más brutales manifestaciones del expansionismo.

La Revolución Mexicana, como todo movimiento genuinamente libertador, estuvo nutrida de una vocación antiimperialista de un sentido profundo de solidaridad internacional.

Había sido sepultada además, hace mucho tiempo, por el mundo de la interdependencia y la comunicación, la época en que las naciones se refugiaban en un ilusorio aislamiento para intentar resolver sus problemas.

Por razones internas tampoco podíamos permanecer indiferentes a los acontecimientos del mundo exterior.

La estructura inequitativa de los intercambios económicos y tecnológicos internacionales obstaculizaba seriamente cualquier intento por impulsar nuestro progreso interno.

Decisiones económicas y monetarias tomadas en los centros de poder, así como un agudo proceso inflacionario generado esencialmente por las economías de los países altamente industrializados, lesionaron el ritmo de crecimiento de nuestra planta productiva y afectaron los niveles de vida y de ocupación de amplios sectores de nuestra población.

Toda la estrategia de desarrollo interno tenía que estar enlazada con el diseño y la práctica de una política exterior que abriera nuevos horizontes a nuestro progreso.

Así quedaron definidos los dos presupuestos fundamentales de nuestra política internacional, la creación de las condiciones y la búsqueda de nuevas alternativas para impulsar el desarrollo económico y social del país y la participación creativa, responsable y solidaria con las fuerzas progresistas, con los países del Tercer Mundo, en la lucha que libran para combatir la irracionalidad, la explotación y la injusticia.

En suma, por estricta convicción política y por acato a un imperativo histórico que no podíamos desdeñar, decidimos impulsar una política exterior al servicio de nuestra democracia interna y de la democracia entre las naciones.

Al hacerlo, aspiramos a combinar la vitalidad de los principios emanados de nuestra historia, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, con la generación de nuevas tesis y una presencia internacional más activa y dinámica.

Hemos aspirado a superar la barrera del aislamiento y el cerco de un peligroso bilateralismo al que nos conducía la inercia de la dependencia.

En 6 años casi duplicamos nuestros contactos amistosos con los pueblos del mundo.

Al inicio del presente sexenio, México tenía vínculos diplomáticos con 67 naciones y en la actualidad tenemos relaciones con 129 países.

La decisión de diversificar los intercambios económicos y tecnológicos respecto de un solo país, nos condujo también a impulsar nuestro comercio exterior y a promover una diplomacia activa y emprendedora.

Hemos visitado a lo largo del sexenio 9 países de Europa, 4 de Asia, 9 de áfrica, y Medio oriente y 14 de América.

México ha sido anfitrión de más de treinta altos dignatarios, Jefes de Estado, de Gobierno y Cancilleres.

Durante el período que cubre este Informe nos honraron con sus visitas los Presidentes de Yugoslavia, Mariscal Josip Broz Tito, y de Guatemala, general Kjell Eugenio Laugerud García.

Recibimos a los primeros ministros de Dinamarca, señor Anker Henrik Joregensen; de Guinea, doctor Lanzana Beavogui; del Canadá, señor Pierre Elliot Trodeau; y de Luxemburgo, señor Gastón Thorn.

También nos visitaron los ministros de Asuntos Exteriores del entonces Vietnam del Sur, señor Nguyen Thi Bina; de la República Democrática Alemana, señor Oskar Fisher; de Israel, señor Ygal Allon, y de los Estados Unidos de América, señor Henry Kissinger. Con todos ellos en un plano de igualdad y respeto recíproco sostuvimos conversaciones abiertas, y establecimos contactos e intercambios fructíferos que se han convertido a su vez en el mejor sostén de nuestra autonomía.

En el mes de mayo recibimos la visita conjunta de distinguidos dirigentes de partidos políticos social demócratas de Europa y Latinoamérica, quienes a lo largo de un sincero diálogo patentizaron su total respaldo a las luchas emprendidas por México en favor de un nuevo orden económico internacional y a su defensa de los Derechos Humanos en Chile y España.

Invitado por el Presidente de la República de Guatemala general Kjell Eugenio Laugerud García, visité ese país hermano y vecino en noviembre del año pasado.

Reiteré a los guatemaltecos la solidaridad de México con los países productores de plátano y dejé constancia del propósito del Gobierno de la República de ingresar a la Unión de los países productores y Exportadores de Banano.

Como resultado de las giras que realizamos en el exterior suscribimos más de 160 acuerdos o convenios internacionales, de los cuales aproximadamente una tercera parte son de cooperación científica y técnica o de asuntos culturales, y la otra mitad de cuestiones económicas y comerciales.

En este mismo contexto se insertan los convenios de cooperación celebrados con la Comunidad Económica Europea y con el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que abrieron para México los mercados y los adelantos tecnológicos de 17 países de Europa Occidental y Oriental.

Consignamos aquí también los acuerdos que establecieron la Comisión Mixta México - Comunidad del Caribe y la Comisión Mixta Andina - Mexicana.

La lucha por la paz no puede realizarse a través de los esquemas rígidos y formales en que se ha escudado la indiferencia de la diplomacia tradicional, los problemas de nuestra época son de tal magnitud y seriedad que ya no es posible eludir las consecuencias ni aplazar irresponsablemente las soluciones.

Estamos obligados a enfrentar y combatir, en su origen, las causas fundamentales de la violencia: las actitudes hegemónicas, el armamentismo y la injusticia internacional.

A lo largo de estos 6 años, hemos opuesto con firmeza, a los dictados de la política del poder, la autoridad inimpugnable que se deriva de una política de principios.

México ha levantado su voz en todos los foros internacionales y en los centros de decisión más importantes, para protestar contra el colonialismo, la intervención en los asuntos internos de cada Estado y las violaciones perpetradas en contra de la soberanía de los Estados y los derechos de los pueblos y de los hombres.

Hemos respaldado las decisiones encaminadas a rescatar los recursos naturales de países empeñados en un alentador proceso de liberación y su derecho de imprimir a su vida social la orientación que dicte el interés público; nos hemos solidarizado con movimientos de liberación anticoloniales y combatido, enérgicamente, el bloqueo económico de poderosas naciones a países que ensayan su propio camino.

En una etapa histórica caracterizada por las decisiones autoritarias, pugnamos en todo momento por abrir paso a la expresión de la voluntad de las mayorías.

Esta firme resolución de oponernos a las actitudes hegemónicas de cualquier signo ideológico, nos condujo a actuar estrechamente vinculados con los países que hoy propugnan el tránsito de una dirección paternalista a una conducción colectiva de los asuntos mundiales.

A pesar de sus evidentes limitaciones, la Organización de las Naciones Unidas se presenta hoy como la única opción institucional para la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

Desde el principio del régimen abogamos por el desarrollo de sus funciones, por la ampliación de sus facultades y la vigorización de su capacidad para resolver las tensiones y los conflictos de nuestros días.

El día 7 de octubre del año pasado, por segunda vez hablamos a nombre de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Subrayamos en esa ocasión que no podía reprocharse a los países del Tercer Mundo que aspiraban a la fundamentación democrática del poder mundial.

Propusimos fortalecer la capacidad de decisión de la Asamblea General que actualmente encuentra limitadas sus funciones respecto del Consejo de Seguridad en materias, en que esto ya no es justificable, así como la reducción de los temas sobre lo que pueda interponerse el veto y, además, extenderlo a uno o varios miembros del Tercer Mundo a fin de lograr en el Consejo de Seguridad un equilibrio que corresponda a la verdadera composición del actual escenario internacional.

Hoy reafirmamos la urgente necesidad de una reforma estructural de la Organización para que ésta pueda cumplir con la misión que le han asignado las grandes mayorías del mundo, de contribuir al modelamiento de una nueva sociedad universal.

Igual énfasis y dirección ha tenido nuestra política para renovar la estructura y el funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos.

Lo dijimos en los lugares y en los momentos adecuados, y hoy lo repetimos: América Latina forma parte del Tercer Mundo.

Sus luchas son coincidentes y paralelas a las que libran otras naciones contra el colonialismo y las modernas tentativas de sojuzgamiento.

Los países latinoamericanos tienen ante sí la responsabilidad Histórica de rechazar la inercia que los circunscribe a las relaciones continentales, hacer a un lado pretendidos determinismos geopolíticos y abrirse al intercambio y a la solidaridad con los pueblos que en otros continentes se comprometen a la misma batalla por la afirmación nacional.

A iniciativa de nuestro país, se acordó incluir en la Carta de la OEA, el principio del pluralismo ideológico, perfeccionar el relativo a la no intervención y adoptar el criterio de la mayoría simple en las votaciones para reformar dicho instrumento.

De igual manera, la firme posición de México condujo a que la Organización rectificara los acuerdos que menoscababan la libertad a los países miembros, para establecer relaciones con la hermana República de Cuba.

Hemos combatido y combatiremos toda manifestación que aspire a perpetuar viejos esquemas de sujeción y neocolonialismo.

Fue precisamente esta actitud la que inspiró nuestra negativa tajante a asistir a la VI Asamblea General de la OEA, que se celebró recientemente en la ciudad de Santiago de Chile.

Nuestro rechazo a la política de la fuerza, nos llevó a condenar, sin miramientos, toda violación a los derechos humanos y toda persecución dictatorial por razones políticas.

Consecuentes con esta posición, rompimos relaciones diplomáticas con el actual régimen de Chile que derrocó, con el apoyo del exterior, al Gobierno Constitucional del patriota Presidente Salvador Allende. De igual forma rechazamos toda relación con los gobiernos racistas de Sudáfrica y Rodhesia.

Igualmente en defensa de los derechos humanos y preocupados por la amenaza que significaba para la paz, denunciamos ante la Organización de las Naciones Unidas los dramáticos sucesos acaecidos en España a finales del año pasado, que estuvieron a punto de crear una peligrosa fricción internacional.

Estamos atentos a la evolución de los acontecimientos en España y hacemos votos, junto con los sectores progresistas de esa nación, porque el proceso democratizador marche con mayor celeridad.

Quiero informar a la representación nacional -y esto en parte ha trascendido durante los dos últimos años- que he recibido la visita frecuente de los más altos representativos y dirigentes de todos los grupos de los más diversos matices políticos, de la oposición democrática y republicana española. No he querido ocultarlo y ahora lo ratifico amplia y abiertamente.

De todos los grupos, a lo largo de los años, me han visitado en la casa presidencial de los Pinos o en Palacio Nacional; he charlado ampliamente con ellos; he manifestado que México continúa con su política de compromiso con la tradición democrática española; que ciertamente en los años de este periodo y desde mi campaña presidencial, por parte del gobierno español actual, directa o indirectamente, tuvimos una serie de insinuaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas; que siempre México ratificó su profundo afecto porque el pueblo español representa la madre patria; que estamos igualmente orgullosos de nuestros orígenes indígenas y de nuestros orígenes españoles y que no debemos autodenigrarnos por nuestra condición histórica y sociológica, como se hizo en el pasado, atendiendo a una u otra moda, por cualquiera de estos orígenes; que estamos orgullosos de nuestro mestizaje, de la nacionalidad que estamos construyendo y que, definitivamente seguiremos fieles a nuestro compromiso con la democracia española.

Con los representantes de los distintos sectores de la oposición democrática española; no solo con los republicanos que vinieron como emigrantes de 1936 a 40 y siguieron viniendo después a México, sino también con los que he saludado en distintas capitales, fundamentalmente en Caracas, en Río de Janeiro, en Moscú, en Londres, en los Estados Unidos, en Yugoslavia, en algún otro país, hemos ratificado que México se mantendrá fiel a este principio.

Y cuando nos han preguntado -no cuáles serían las condiciones que nosotros impondríamos al gobierno español, porque sería intervención- sino cuáles serían las características de una situación que nos llevaría a pedir relaciones, modestamente, hemos manifestado siempre, usando los mismos términos, expresando las mismas ideas, que queremos que se vaya camino seguro de un parlamento en donde estén representados todos los partidos políticos; que se consolide la libertad de prensa; que salgan todos los presos de las cárceles; que los emigrados, sin distinción, puedan regresar a su patria; que sólo así nosotros veremos cumplido fielmente nuestro compromiso con el pueblo español.

Yo veo ya difícil que en tres meses estas circunstancias se aceleren.

De darse, aunque fuera en los últimos días, el Gobierno de la República, en uso de sus facultades constitucionales -y que lo sepa desde ahora el país entero- pedirá relaciones diplomáticas a España.

Pero pienso que lo más probable es que esto tenga oportunidad de hacerlo el próximo Gobierno de la República.

Cuando se haga, a fines de este Gobierno o durante el próximo, evidentemente la medida contará con el apoyo mayoritario del pueblo mexicano, porque seremos fieles a nuestro compromiso con el pueblo de España y con su tendencia democrática, hasta el último momento.

El asilo político se encuentra vinculado estrechamente a la preservación de los derechos del hombre.

Su concesión justificada enaltece a las instituciones y vigoriza nuestro ideario de libertad.

Así, la Revolución Mexicana participa activamente en la protección de los valores humanos más perdurables.

Esta institución adquiere especial significado en un momento en que las violaciones de los derechos individuales se generalizan en forma alarmante en el Continente.

Me enorgullezco en comunicar a esta Asamblea soberana que en transcurso de la actual administración casi dos mil personas de distintas nacionalidades solicitaron y obtuvieron protección en nuestras embajadas.

Se ha publicado por ahí, recientemente, en unión de otras mentiras por parte de grupitos de presión que se han improvisado en furibundos enemigos de México, que importantes instituciones de nuestro país están dirigidas por asilados chilenos.

Es una de tantas mentiras con que se quiere hostilizar a México.

Nosotros estamos muy orgullosos de haber dado asilo a la señora viuda de Allende -a esa gran mujer latinoamericana que tanto se parece, por su drama y por su acción, a Margarita Maza de Juárez- y a muchos centenares de chilenos, que están trabajando en algunas universidades.

Entre ellos vinieron técnicos que fueron expulsados, también, por el fascismo chileno, apoyado desde el exterior.

Aquí los hemos ayudado a instalarse y a trabajar.

Se han portado decentemente.

Algunos timoratos predecían que iban a participar en actos de violencia o de terrorismo.

En esfera internacional, más bien pensamos que el terrorismo viene de otro lado; porque el territorio es fascista.

Y decimos que viene de otro lado porque el tipo de víctimas que ha escogido, de personas tan estimables, entre ellos algunos cónsules extranjeros, el señor gobernador actual de Guerrero que está transformando el Estado; el señor licenciado José Guadalupe Zuno; esa gran mexicana: Margarita López Portillo; gente de bien, gente de pro, nos hace pensar en que quieren que éste o el próximo gobierno desate lo que se llama una "cacería de brujas", y que a cualquier disidente, a cualquier articulista que critique algo del gobierno o de la situación internacional, o a cualquier poeta que escriba con libertad, o a cualquier muchacho melenudo, o a cualquiera que nos vea feo, se le persiga.

¡Eso va a pasar en México!

Por el contrario a los estudiantes universitarios y politécnicos les hemos pedido, por ejemplo, que sean críticos, que sean disidentes; que su inconformidad por problemas nacionales o internacionales, por injusticias de todo género, no se agote dentro de las aulas.

Les exhortamos, por el contrario a que se preparen y salgan a luchar, cuatro o cinco años después, por transformar con un sentido positivo a la sociedad.

A quienes escriben les hemos dicho que no improvisen censuras para ganarse la vida; piensen a fondo, que estudien.

Que la inteligencia de México está integrada por esos millares y millares de egresados de las universidades, del Politécnico, de las universidades de provincia, de los tecnológicos, que están transformando el país, al servicio de la Revolución, y que ellos, libremente, escogieron su carrera y han escogido su destino.

Que no se haga mal uso de nuestras libertades.

Pero a pesar de que, con frecuencia hay una gran irresponsabilidad en la improvisación de puntos de vista y de expresión, el gobierno no viola ninguna garantía, ni mucho menos despliega una "cacería de brujas".

Hemos fomentado el diálogo.

Dentro del propio gobierno, con mucha frecuencia a lo largo del sexenio, hemos concurrido a juntas en que señores Secretarios de Estado y directores de empresas descentralizadas, durante horas, acompañados de sus inmediatos colaboradores y de colaboradores muy jóvenes, recién salidos de nuestras aulas superiores, con entera libertad han debatido, sin considerar las ideas de su jefe inmediato, ni las ideas del Presidente, como algo indiscutible.

La verdad tenemos que descubrirla entre todos.

Y aquí hay muchos dirigentes obreros y campesinos que saben que en sus sindicatos, en sus ejidos hemos estado muchas veces y muchas horas hablando de sus problemas y rompiendo las formas tradicionales de comunicación para llegar a la esencia de las cosas. Este es el método político que hemos seguido para adentrarnos en los procesos sociales e impulsar las transformaciones que se requieren.

Tenemos que combinar estas enseñanzas con lo poco que aprendimos en la Universidad.

Se aprende poco en las aulas.

Hasta que no se sale a luchar por la vida, en contacto con los problemas de los hombres, nuestro campo de conocimiento es muy reducido.

Y esto es parte de la inconformidad que recomendamos a los estudiantes: que se preparen y que, con rebeldía, salgan a la vida a luchar, a servir a los obreros y a los campesinos y a integrar un modelo de acción que sea realmente revolucionario para transformar la sociedad.

Ninguno de estos agentes de cambio social será perseguido.

Los terroristas han asesinado a un gran capitán de empresas de Monterrey, don Eugenio Garza Sada; querían asesinar a Margarita López Portillo; por su audacia y su valor Rubén Figueroa se salvó; por una presión de los Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y de campesinos y obreros, dejaron libre al licenciado Zuno; pero no hemos incurrido en eso a que se nos ha querido llevar: a una persecución de los izquierdistas, de los disidentes y de los críticos.

Pensamos que para preservar nuestras libertades es preferible sobrellevar y combatir específicamente a una "Liga 23 de Septiembre", tiene ningún trasfondo ideológico, que caer en la provocación, en una reacción policiaca estatal cerrada, que romper nuestras instituciones democráticas, como ha pasado en algunos países por hechos que lamentamos mucho, pero que creemos son transitorios.

Estas son nuestras convicciones políticas.

Habremos de salvar nuestra democracia y nuestro espíritu crítico; y habremos de seguir siendo inconformes frente a los privilegios internos e internacionales

De acuerdo con la nueva Ley General de Población aprobada en su oportunidad por la representación popular, se ha ampliado a todos los perseguidos del mundo, y no sólo a los latinoamericanos, el derecho de cobijarse bajo el asilo que concede el pueblo de México.

La misma preocupación por la dignidad del nos ha llevado a enfrentar decididamente el grave problema de los trabajadores migratorios mexicanos no documentados.

Hemos reconocido la necesidad de resolver este problema en el fondo, a través de la creación acelerada de empleos en el campo y en la industria.

A este fin se ha encaminado toda la política gubernamental de desarrollo.

Pero estamos obligados al mismo tiempo, a atender de inmediato este fenómeno producido por una conjunción de factores que operan, subrayo, en ambos lados de la frontera.

Hoy en la tribuna más elevada de México protestamos enérgicamente contra la flagrante violación de los Derechos Humanos y los atentados contra la vida y la dignidad de compatriotas nuestros, que merecen el respeto que toda sociedad civilizada aspira a otorgar a los seres humanos, independientemente de consideraciones formales, como las que se refieren a su calidad migratoria.

Rechazamos la idea de un nuevo convenio de braceros porque con ello nunca se evitó en el pasado la emigración no documentada.

La historia de estos convenios a partir de la Segunda Guerra Mundial nos demuestra que las cuotas, lejos de resolver el problema lo incrementaron.

La postura que asumimos en materia de derechos humanos y la defensa que estamos realizando de la dignidad del hombre en todos los rincones del planeta no han tenido vacilaciones.

Nuestros compatriotas saben bien que la actitud que hemos mantenido ante el gobierno norteamericano ha sido y será inflexible.

La nación puede estar segura que haremos todo lo necesario para salvaguardar con firmeza inquebrantable, en cualquier circunstancia, los derechos de los mexicanos.

Unos de los signos más relevantes de la política exterior de México ha sido su militancia permanente en contra del armamentista.

Los arsenales nucleares con que cuentan actualmente las "superpotencias" equivalen aproximadamente a un millón de bombas como la que en Hiroshima dio muerte a más de 100 mil personas.

Los gastos de la escalada militar en el mundo alcanzan la suma de 300 mil millones de dólares al año.

La carrera de los armamentos representa el más grande monumento elevado a la irracionalidad.

Al peligro permanente que esto implica para la supervivencia de la especie, se suma el más inmenso desperdicio de recursos que conoce la historia y uno de los más serios obstáculos para el avance de la justicia económica en las relaciones internacionales

El desarme representa por ello la vía más segura para la superación de las formas políticas, intelectuales y científicas del autoritarismo, así como una alternativa sólida para la transferencia de recursos materiales y energías humanas para fines pacíficos.

En 1974 y en 1975 la delegación mexicana logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara dos resoluciones censurando la falta de avances sustantivos en las conversaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, conocidas con las siglas SALT, y por las cuales se instó a ambos

Estados a lograr progresos inmediatos en la materia.

Por otra parte, hemos apoyado, insistentemente, la idea de que se convoque a una Conferencia Mundial de Desarme y sugerido la conveniencia de que ésta pueda llegar a institucionalizarse con el objeto de que cumpla en su materia, la misma función que desempeña en cuestiones económicas la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. (UNCTAD.)

Nuestro país, promotor de la desnuclearización en América Latina, ha brindado apoyo permanente a todas las iniciativas presentadas en Naciones Unidas para constituir nuevas zonas libres de armas nucleares y en la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares celebrada en mayo de 1975, México, con el copatrocinio de otras naciones del Tercer Mundo, sometió la propuesta de dos proyectos de protocolos adicionales relacionados con la "cesación definitiva de todos los ensayos nucleares" y con la "cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear".

No obstante el apoyo abrumador de los países participantes que mereció nuestro proyecto, éste fue rechazado por los centros del poder.

Igualmente en la Conferencia de Desarme de la ciudad de Ginebra, México ha pugnado por la prohibición total del uso de armas químicas y de modificaciones del ambiente como elemento de ataque, así como se ha opuesto tajantemente, a la resolución patrocinada por las grandes potencias en esta materia, porque no está animada de una clara voluntad política para solucionar tan grave problema.

De igual manera que frente las actitudes hegemónicas, y a la escalada armamentista, México ha actuado con valentía y espíritu creativo frente al gran problema de nuestra época, que constituye la injusticia internacional.

El déficit de la balanza de pagos de los países periféricos, que importaba unos 12 mil 200 millones de dólares en 1973, ascendió a 33 mil 300 millones en 1974 y a más de 40 mil millones en 1975. De acuerdo con la tendencia actual, esta suma llegará a 112 mil millones en 1980.

El endeudamiento externo de estos países, que ascendía a más de 100 mil millones en 1973, se habrá duplicado a fines de 1976.

Por ello la moneda de muchos países del Tercer Mundo está flotando, como la nuestra desde hoy.

Estos datos revelan una situación adversa de carácter estructural, que no podemos resolver con medidas parciales o meramente cuantitativas.

Se requiere un cambio profundo en las relaciones económicas internacionales.

En tanto esto no ocurra, nuestros países seguirán importando a precios de inflación, la maquinaria agrícola, las plantas industriales y algunas materias primas que requieren, mientras que, por otro lado seguiremos siendo presa de una verdadera explotación internacional al pagársenos nuestras materias primas y en general, nuestros productos de exportación, a precios, sumamente bajos.

Esta es la clave del asunto, hablando con toda simplicidad.

El actual déficit anual de 20 millones de toneladas de cereales para la alimentación de los pueblos del Tercer Mundo, aumentará hasta 100 millones de toneladas en el año dos mil, si no se canalizan inversiones suficientes en la producción agropecuaria en estas naciones.

Estas cifras no constituyen la derivación de una situación de coyuntura, sino son consecuencia de la estructura misma de las relaciones económicas internacionales.

Por su parte, el incremento demográfico y el problema del desempleo, manifestaciones de aquella situación, contribuyen a su agravamiento y conforman un panorama de carencias intolerables para millones de hombres.

Por esto hemos señalado reiteradas veces que sobre las actuales reglas los llamados países en vías de desarrollo en realidad se encuentran en una franca involución hacia la miseria y la dependencia.

Al choque tradicional de unas potencias con otras como amenaza permanente de la paz, se añade ahora la inminencia de una conflagración de igual trascendencia y magnitud: la explosión desesperada de los pueblos marginados.

Luchar sin descanso por la transformación de esta estructura inequitativa de las relaciones internacionales, ha representado desde el inicio de mi gobierno, y lo representará hasta el último día de mi mandato, un compromiso fundamental.

El cumplimiento de este compromiso no constituye tan sólo un imperativo humanista, sino una necesidad vital impostergable para garantizar la paz mundial.

Contamos en la realización de esta empresa, con una brillante tradición de política exterior, con la razón moral de un país que nunca ha agredido a otro, ni ha vulnerado jamás ninguna prescripción del derecho internacional, con la herencia de una inflexible actitud anticolonial de quienes lucharon por nuestra independencia y de quienes con Juárez reconquistaron el derecho a la nación, contamos también con el legado humanista de la Revolución Mexicana y la vocación de nuestro pueblo para abordar las causas más nobles y combatir por los ideales más justos.

En todas las entrevistas que sostuvimos con jefes de Estado y de Gobierno o líderes mundiales, y en los 15 foros internacionales, órganos y conferencias de las Naciones Unidas, en que intervenimos, analizamos sin ambages la estructura del sistema injusto de explotación mundial, basado en la división colonial del trabajo, en la rapiña de los recursos naturales y en la desvalorización de las materias primas y del esfuerzo humano de los pueblos del Tercer Mundo.

Este sistema, señalamos, ha acumulado el poder y la riqueza en unas cuantas sociedades opulentas y condenando a más de las tres cuartas partes de la población de la Tierra a una vida de permanente escasez y a millones de seres humanos, al hambre y a la insalubridad endémicas.

Manifestamos en todo momento, que las soluciones a los problemas y cuestiones que confronta el mundo solamente podrán alcanzarse si nos decidimos a enfocarlas desde una perspectiva global.

Con la representación de México asistí a la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos.

Ahí sostuvimos que los problemas de los asentamientos humanos son efectos de un orden económico internacional y nacional injusto y que en consecuencia debían de ser analizados en ese contexto.

Las resoluciones tomadas al término de la Conferencia recogieron este planteamiento fundamental.

Reconociendo el valor que supone y el papel que desempeña la denuncia de las injusticias y el señalamiento de las deficiencias, nos decidimos a participar con otras naciones en una más ardua y compleja tarea, la de proponer las bases y los mecanismos para instaurar el Nuevo Orden Económico Internacional.

La meta que nos trazamos ha sido la de promover una nueva organización de la vida económica entre las naciones, fundada no en la voluntad de dominio y explotación, sino en la decisión de establecer e impulsar una cooperación equitativa entre los pueblos.

Este es el origen y el significado de la proposición que sometimos a la comunidad de naciones en el seno de la III UNCTAD en Santiago de Chile.

Después de casi tres años de arduas negociaciones fue aprobada por una abrumadora mayoría de 120 votos a favor, frente a 10 abstenciones y 6 votos en contra la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Este documento representa hoy en día una posibilidad concreta para fincar una auténtica cooperación mundial, constituye una alternativa sólida y madura de asociación equitativa del trabajo humano, el capital, la tecnología y los recursos naturales de las naciones altamente desarrolladas y los países del Tercer Mundo.

Su formulación fue fruto de un ejemplar y alentador esfuerzo democrático y su texto recoge las normas fundamentales de la experiencia internacional y las conquistas más avanzadas de nuestros días.

Ante la inflexibilidad o la intransigencia estéril, frente a las actitudes demagógicas o desesperadas, constituye la Carta un documento objetivo y equilibrado que acabará siendo reconocido aun por aquellos países que votaron en su contra.

Su implementación ha representado, desde el momento en que fue aprobada, un objetivo prioritario de nuestra política exterior.

Si antes rechazamos que se sometiera a votación un texto claudicante o mediatizado, en estos meses nos hemos opuesto a la posibilidad de que se le conserve en los anales de las Naciones Unidas como una mera declaración de principios.

Desde que la Carta fue aprobada, ha habido una serie de conquistas, de realizaciones entre países latinoamericanos o de asociación con países de otros Continentes, con intereses económicos comunes, que nos convencen de que aquellos postulados, paulatinamente, se están llevando a la práctica.

Como ejemplo, están nuestras luchas para defender los precios del café y del azúcar:

Hemos estado unidos en los últimos años con los países de todos los Continentes que producen café, para defendernos ante las grandes bolsas internacionales y de su gran capacidad de especulación en Nueva York o en Londres; hemos estado unidos con todos los países latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos y Caribe, sin distinción de ideas, para defender los precios del azúcar, para coordinar una estrategia de exportación y para condicionar intercambios tecnológicos o desarrollar proyectos constructivos comunes.

Cuando la Comisión Nacional del Azúcar organizó en los Pinos la reunión de representantes de los países azucareros, era de verse por ejemplo, al representante brasileño sentado junto al representante cubano, junto a otros veinte, con las más distintas ideologías políticas, las que no nos han impedido hablar de intereses comunes.

Esto es muy importante.

Cuando hemos propuesto el Sistema Económico Latinoamericano como un foro de negociación para defender la economía de nuestros países, defender el precio de lo que vendemos y defendernos ante los precios de lo que compramos, así como para asegurar un intercambio justo de conocimientos tecnológicos, también lo hemos hecho aplicando los principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Cuando hemos fundado la creciente flota del Caribe (NAMUCAR) para que no quede la carga de los países ribereños de ese hermoso mar en manos de los monopolios mundiales, lo hemos hecho también en nombre de la solidaridad que estrictamente señala, entre países con problemas comunes, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Incidentalmente quiero afirmar que en estos años estrechamos fecundas relaciones con los países de esa zona.

Antes, absurdamente, parecía que se nos había olvidado que México tenía costa en el Caribe, compartiendo responsabilidades de desarrollo económico con Centroamérica, con las islas mayores y menores de Las Antillas y con Colombia y Venezuela.

Se han escrito en las universidades y en las escuelas técnicas del país docenas, muchas docenas de tesis profesionales sobre el tema de la Carta.

Y, por cierto, ha sido injusto que esta posición, mexicana se le llame "Carta Echeverría".

Aquí quiero manifestarlo, como lo he hecho en distintos foros, pero aquí sobre todo, cuando se presentó en Chile la doble oportunidad, a principios de 73, de la invitación del Presidente Allende para visitar su país -en contra el cual se acrecentaban las presiones externas que, conjugadas con las internas, provocaran el derrocamiento antidemocrático-, y la realización, también en Santiago, de la Tercera Reunión de la UNCTAD, yo invité a Los

Pinos a maestros universitarios y tecnológicos; a jóvenes profesionales, incluso a algunos estudiantes; invité a jóvenes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Industria y el Comercio y de Hacienda, y les pregunté qué podría proponer México.

Así el diseño y la redacción esencial de la Carta nació de un grupo de economistas, sociólogos, abogados, ingenieros que conocen los problemas de la tecnología, y de algunos jóvenes estudiosos.

Es el producto de las preocupaciones revolucionarias y nacionalistas de personas que han sabido canalizarlas no por el camino fácil de la gritería y del alboroto - o de la reacción subrepticia de algunos grupos que aspiran a hacer partidos políticos y que son profundamente irresponsables al manipular a jóvenes que provocan desordenes, que traen como consecuencia reacciones conservadoras, sino por el camino arduo de los jóvenes verdaderamente revolucionario, jóvenes estudiosos que saben aprovechar el gran esfuerzo que hace el pueblo de México por su educación.

Es el verdadero origen de este documento, que va avanzando en el mundo (aplausos) en beneficio real de los pueblos pobres y oprimidos, y que no se guía por propósitos imperiales o expansionistas de ningún género.

Me refería a la lucha por la implantación de la Carta.

Recientes acontecimientos en la vida internacional, revelan que estamos avanzando en una segunda fase.

En agosto último el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó, sin ningún voto en contra y con sólo abstenciones, un proyecto del Tercer Mundo que acelerará la puesta en marcha de la Carta y vigilará su aplicación.

En la reciente Conferencia de los países no alineados celebrada en Colombo, las resoluciones adoptadas y las intervenciones de numerosos Jefes de Estado y de Gobierno, recogieron este instrumento como bandera de la lucha para llevar adelante la tarea de implantar el Nuevo Orden Económico Internacional.

Este Nuevo Orden contenido en la Carta supone la definición de principios básicos reguladores, pero al mismo tiempo la congregación y la puesta en marcha de un programa de colaboración económica entre los países sujetos a la explotación.

Con la misma intensidad que ha actuado en la definición de su entorno normativo, México está participando creadoramente en la tarea de diseñar los mecanismos para organizar la cooperación internacional.

En el campo regional latinoamericano y en el más amplio de nuestras relaciones con todos los países del Tercer Mundo, en los terrenos monetarios, financiero comercial, industrial, tecnológico, del transporte y de la información, hemos abogado por la articulación de esfuerzos, la transferencia de experiencias y recursos, así como la creación de organismos multinacionales, que contribuyan a a la defensa de nuestras economías.

Esta fue la intención que animó la propuesta de nuestro país en el Perú el 15 de julio de 1974 del Sistema Económico Latinoamericano, posteriormente de la Naviera Multinacional del Caribe.

Estos dos organismos quedaron formalmente constituidos en octubre y diciembre de 1975, respectivamente, con la membresía de 25 países latinoamericanos en el primer caso y de 3 Estados caribeños en el segundo.

El SELA y la NAMUCAR, así como las diversas asociaciones de productores de materias primas que hemos comenzado a organizar, apuntan los principios de una colaboración económica genuinamente latinoamericana, sin tutelas ni asesorías metropolitanas, que podrá conducir en el futuro a la consecución del viejo y hasta ahora defraudado anhelo de nuestra integración regional.

El 9 de febrero de 1974, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propusimos la creación de un Banco Mundial de Alimentos para acudir en auxilio de los pueblos desesperados por el azote del hambre.

Meses más tarde ante la Conferencia Mundial de Alimentos reiteramos esa proposición y añadimos que esta institución debía operar también con un Banco Financiero de Fomento al Desarrollo Agrario.

Los países asistentes a esta trascendental reunión resolvieron la creación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, así como la de una reserva internacional de cereales para casos de emergencia.

Es imprescindible ahora dar los pasos necesarios para llevar adelante ambas resoluciones.

Durante el IV Periodo de Secciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrado en Nairobi, Kenia, las propuestas medulares del Tercer Mundo para organizar un sistema nacional y equitativo de relaciones económicas, se enfrentaron nuevamente al bloqueo tenaz de la intransigencia.

A pesar de ello los países del Tercer Mundo representados en dicha Asamblea y algunas naciones, industrializadas que actúan con mayor visión, encararon el establecimiento, con sus propios aportes, del Fondo Común para el Establecimiento e Reservas de Estabilización de Productos Básicos.

El monto total de estos fondos fue estimado en 3 mil millones de dólares y habrá de proteger los precios de 10 productos fundamentales de los que dependen los ingresos de nuestros países.

México contribuyó activamente a la concreción de la idea, así como a otras resoluciones constructivas aprobadas en el seno de la Conferencia y con toda oportunidad anunció públicamente su voluntad de colaborar con recursos financieros y técnicos al establecimiento y la operación de este mecanismo.

En Alejandría, el 4 de agosto de 1975 propusimos la organización y el encuadramiento de todos nuestros empeños, de cooperación, en un Sistema Económico del Tercer Mundo.

Esta iniciativa coincide con los esfuerzos que en este campo han venido realizando, recientemente, los Países No Alineados, para proteger sus legítimos derechos en las transacciones internacionales, mediante la utilización de su poder de negociación colectivo y para explorar posibilidades concretas de colaboración económica, financiera, industrial y tecnológica.

A fin de llevar adelante con la mayor premura este proceso, México propuso la celebración de una Conferencia de mayor rango sobre la Cooperación Económica entre los países del Grupo de los 77.

Esta reunión habrá de celebrarse en México del 13 al 19 del presente mes, y tendrá a su cargo revisar los mecanismos y dispositivos de cooperación, así como fortalecer y concretar la voluntad común de impulsar unidos, nuestro progreso económico y social.

La dedicación a esta tarea crucial de la época y nuestra experiencia directa de los numerosos obstáculos que se oponen a la cooperación entre nuestras naciones, nos condujo a fundar el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

Esta Institución, que será inaugurada el próximo día 14 en la ciudad capital, aspira a combatir la inercia de un pasado de coloniaje, así como la pasividad que conduce a nuestros pueblos a renunciar a sus propias decisiones para recorrer su camino.

En su seno habrá de reunirse información recopilarse experiencias organizativas y tecnológicas, así como promoverse la elaboración de estudios y la aplicación de soluciones adecuadas a nuestras realidades.

El Centro ha terminado sus locales en San Jerónimo, con el apoyo que concertamos de algunos particulares, organizados en una asociación civil.

Ha integrado un fideicomiso mediante el Banco de México, a efecto de que tenga una verdadera independencia, pero con la colaboración del Estado revolucionario.

Cuenta con un patronato compuesto por el Rector de la Universidad Autónoma Nacional de México, el de la Universidad Autónoma de México, y el de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Director del instituto Politécnico Nacional, el de El Colegio de México, el del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el del Centro Nacional de Educación Técnica Industrial y por los Secretarios de Relaciones Exteriores Educación Pública y de la Presidencia.

La presencia en el Patronato de las instituciones educativas mencionadas obedece al propósito de que nuestros principales centros de educación superior reciban oportunamente información acerca de tecnologías y procedimientos propios que se han puesto en práctica, con éxito, en diversos países.

Debemos tener presente que un gran problema de nuestras universidades, de todas y de nuestras instituciones técnicas, es que fueron organizadas y se han conservado de acuerdo a programas de estudio muy tradicionales; siguen formando individuos profundamente individualistas de tipo liberal, y se siguen alimentando de la información técnica y científica de países de gran desarrollo.

Por tanto, es urgente renovar todos los planes de estudio, y llevar la Reforma Educativa a los niveles superiores para después transformar a México.

Con experiencia de 30 años al servicio de mi Partido y al servicio de gobiernos revolucionarios, y sobre todo con la experiencia que de la Presidencia de la República, abrigo la más profunda, la más objetiva de las convicciones que en tanto no se produzcan profesionales, técnicos e investigadores con un sentido social distinto, no con una tendencia individualista predominante; mientras no se transformen a fondo nuestras instituciones de educación superior, desde sí misma, con base en su autonomía, no se producirá, por más griterías seudorrevolucionarias que haya, un verdadero movimiento revolucionario en nuestras universidades e instituciones técnicas.

Esto, el Gobierno no puede ni debe intentar hacerlo solo; mucho menos imponerlo.

La reforma tiene que ser profunda y autogenerada por universitarios conscientes, responsables históricamente.

Se necesita otro tipo de hombres, otro tipo de profesionales, con otro concepto del desarrollo independiente del país y con los ojos abiertos a lo que pasa en los países pobres.

A veces algunos piensan que las grandes tecnologías de los grandes países industrializados, capitalistas o socialistas, pueden trasplantarse de alguna manera, sin tomar en cuenta las circunstancias distintas en que se dieron.

Esto, en uno y otro caso, es complejo de inferioridad, aunque algunos se digan revolucionarios.

Se necesita que diseñemos nuestros propios productos industriales, viviendas para los campesinos y los obreros, así como nuevos métodos de financiamiento que aprendamos a liberarnos de muchos aspectos onerosos de la medicina tradicional y que nos ocupemos de tantas y tantas cuestiones de la alta cultura y la técnica, mediante esa revolución o esa reforma autogenerada en nuestras instituciones de alta cultura.

El proceso de adaptación al establecimiento económico y social, en nuestros países, se da un alto porcentaje entre los egresados de las escuelas superiores.

Inclusive aquellos muchachos que prorrumpían en grandes y profundas críticas dentro del fuero de la protección, de la impunidad de los patios y los jardines hechos con el esfuerzo del pueblo, llegan a adaptarse.

Llegan a buscar empleo incluso a los despachos de los abogados más conservadores y de los prestanombres de México.

Llegan, en fin, a claudicar en forma total, a corromperse.

Ellos habían entendido su vida universitaria como una rebeldía juvenil pasajera, porque carecían de una verdadera convicción revolucionaria.

Actuaban impulsados por lecturas apresuradas, por consejos superficiales, atenidos a unas cuantas orientaciones realmente ingenuas.

Queremos ser autocríticos y queremos ser revolucionarios y volver a nuestra verdad; no tratar de reproducir extralógicamente lo que pasó en 1917 o en 1918 en otros países, para aplicarlos aquí en México, por ejemplo ahora que se quería realizar un paro eléctrico.

Eso es simplemente ingenuo, porque se parte de modelos de acción política totalmente fuera de nuestra realidad.

Por ello los obreros y todo el pueblo de México reaccionaron con apoyo de su Ejército.

A los jóvenes -el pueblo así lo quiere- , con un verdadero encauzamiento democrático, con una política nacionalista, tenemos que orientarlos al campo.

Es muy difícil que los muchachos que llegan a la capital quieran volver a la provincia; se quedan aquí a engrosar las filas de los desocupados.

En varias universidades del interior, que tienen distintas tendencias, se organizan ya instituciones de servicio social.

Particularmente, en estos momentos, en la Universidad de Guadalajara, en la de Morelos y en la de San Luis Potosí.

Así ocurre también, en la Universidad de Querétaro y en otra forma, en la de Puebla y en otra en la de Sinaloa y en otra más en la de Chihuahua, y en todas seguramente porque los jóvenes están más en contacto con la naturaleza, con los ranchos inmediatos y con los campesinos del lugar.

Hay grupos interdisciplinarios de servicio social no solamente de carácter estudiantil sino de tipo profesional, de egresados titulados, que se organizan para salir al campo y a las zonas marginadas de las ciudades a trasformar la realidad.

Se trata de un nuevo tipo de profesionales, como todavía no los forman las universidades, pero ya hay una reacción muy positiva para los propósitos de desarrollo justo e independiente.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo va a provocar reacciones así; va a traer conocimientos de América Latina, de áfrica; y de Asia; va a asimilar tecnologías de los grandes países industriales para transformarlas de acuerdo a nuestros requerimientos y ofrecerlas a nuestras instituciones de alta cultura, a través de su Patronato.

Hay una rebeldía contra los procedimientos tradicionales, contra el inmovilismo, contra el estancamiento, contra la falta de espíritu de renovación.

Este es el origen del Centro y esos son los propósitos del Patronato.

Estos se discutirán con la dirección del Centro -que está en este momento en manos del exterior de la Universidad de Guadalajara, un eminente universitario- y, se llevarán sin duda, a la práctica.

El nuevo Sistema Económico Mundial y la instauración de un orden democrático en las relaciones entre los Estados supone una profunda transformación del Derecho Internacional.

Contribuir a su maduración y enriquecimiento ha sido también afán prioritario de mi Gobierno.

En los tres periodos de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que se han celebrado desde 1974, México ha asumido la defensa activa de los intereses de los países del Tercer Mundo.

Esta labor se ha encaminado a salvaguardar los derechos de todos los pueblos a explotar aquellos recursos marinos considerados patrimonio común de la humanidad, y a garantizar su aprovechamiento para fines pacíficos, así como a promover soluciones justas y equitativas a todas las cuestiones que en la Conferencia se han dilucidado, especialmente respecto de los temas relativos a la anchura del mar territorial, la plataforma continental, la Zona Económica Exclusiva y el régimen de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo más allá de la jurisdicción nacional.

Fundado en estos principios anuncié a la Asamblea General de las Naciones Unidas la decisión soberana del Gobierno Mexicano de establecer una Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta 200 millas náuticas a partir de la línea de baja mar a lo largo de la costa, sin menoscabo a la navegación, sobrevuelo o tendido de cables internacionales submarinos entre el mar territorial y el límite de la zona.

Al aprobar el honorable Congreso de la Unión el establecimiento de dicha zona, la República Mexicana, sin afectar a pueblo alguno, afirmó su cabal dominio sobre todos los recursos naturales en un área náutica de más de 2 millones de Kilómetros cuadrados. Por otra parte, la ejecución de las obras de encauzamiento del Río Bravo que prevé el Tratado de Límites de 23 de noviembre de 1970, en la región de Ojinaga, Chihuahua y en la de Reynosa, Tamaulipas, ha sido planeada con el objeto de que a fines del próximo mes de noviembre del presente año quede totalmente terminada, y realizar durante la actual administración el cambio de frontera que dejará resuelto este caso de particular interés para nuestro país, pues se reintegran a su soberanía 650 hectáreas de tierra de buena calidad.

Hace casi 6 años me comprometí ante el pueblo de México a la realización de una política internacional independiente.

El pueblo puede estar seguro que nuestra actuación en el exterior ha estado invariablemente encaminada a realizar sus ideales y satisfacer sus justas aspiraciones.

La Política interior y la exterior son parte de una misma estrategia.

Las responsabilidades de un Estado revolucionario para combatir el colonialismo fuera y dentro de sus fronteras han sido la guía permanente de nuestras acciones en el exterior.

En los asuntos económicos tomamos en cuenta las prioridades de nuestra estrategia de desarrollo, así como la necesidad de impulsar en nuestra sociedad la justicia distributiva y el pleno empleo.

La resolución favorable que alcanzamos en el caso de la salinidad del Río Colorado, representa gráficamente esta orientación profunda de nuestra política exterior

En nuestras relaciones con el país más poderoso de la Tierra tomamos siempre en cuenta las necesidades de los hombres del campo de Baja California.

Igualmente, cuando propusimos la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, así como el Sistema Económico Latinoamericano, cuando pugnamos por un Nuevo Orden Internacional y cuando afirmamos los derechos de los países del Tercer Mundo a defender los precios de sus productos, tuvimos presente el imperativo de hacer justicia a los campesinos productores de materias primas agrícolas, a los trabajadores industriales y a los empleados públicos; tuvimos presente en suma, el derecho de todos los mexicanos a llevar una vida digna y a participar en el esfuerzo colectivo para impulsar el progreso de la Patria.

No somos un País poderoso, ni es nuestro interés ejercer cualquier tipo de hegemonía.

Los principios que hemos defendido, las causas que hemos abordado no son meras abstracciones retóricas, constituyen el fruto de un azaroso proceso histórico, el nuestro y el de todos los países que han sufrido la injusticia, la explotación y el coloniaje. Los avances que hemos alcanzado no nos conducen a la autocomplacencia.

Son tantos los problemas del mundo que tenemos por delante, y las injusticias que faltan por remediar, que no podemos permitirnos la pausa, pero tampoco el desaliento.

En la realización de esta noble empresa hemos arrostrado el ataque injusto y superficial, la calumnia y el denuesto.

Poderosos intereses económicos han financiado y promovido esos ataques insidiosos contra México.

Pequeños grupos dentro de nuestro país, alejados de los grandes problemas y aspiraciones nacionales han festejado las agresiones del exterior y participado activamente en el vano empeño de vulnerar las decisiones independientes de la Nación.

No se trata de un fenómeno nuevo, ni exclusivo de nuestro país, ni de la época.

Pero en México no tuvieron ni tendrán éxito la obstrucción extranjera ni sus colaboracionistas internos.

A pesar de ellos la Nación es hoy más libre y más independiente, ha fortalecido sus soberanía, tendido puentes y estrechado vínculos de amistad y colaboración con todos los países del mundo, empeñados en el último cuarto del Siglo XX en erradicar la explotación, instaurar la justicia y convertir la historia en una experiencia auténtica liberadora de los pueblos y de los hombres.

MENSAJE POLITICO

Una etapa más de la vida nacional está próxima a concluir.

Juntos, pueblo y Gobierno, hemos cumplido un intenso período en el itinerario de México hacia su plena libertad.

Durante seis años, por el mandato soberano de la ciudadanía, me correspondió la responsabilidad de coordinar el esfuerzo de los mexicanos.

La tarea llega a su término constitucional, político y humano para el gobernante.

Para el pueblo, será sólo un episodio de su inacabable batallar en la historia.

Este ha sido tiempo de cambio.

Las cifras y aun los hechos más elocuentes que este informe reseña apenas dan constancia del desafío moral que significaba, para todos, abrir el camino de una nueva sociedad.

Nada de cuanto la Nación realizó durante estos años es fruto de un designio personal o de un esquema preconcebido por el gobernante.

Inconformidades manifiestas y demandas largamente diferidas obligaban a modificar aspectos esenciales de la conducta pública.

El país crecía en la desigualdad.

Los esfuerzos productivos se nutrían del desequilibrio y en vez de reducirlo, tendían a consolidarlo.

La injusticia y el contraste social comenzaban a ser aceptados, bien como fatalidad, bien como precio que había que pagar en función del progreso.

La esperanza de la juventud difícilmente encontraba curso en las instituciones y no pocos de nuestros conceptos, sobre el país y sobre el mundo, se habían vuelto francamente anacrónicos.

Era indispensable someter nuestras ideas y nuestras prácticas a una profunda revisión.

Enfrentar la realidad nacional con una leal y militante conciencia revolucionaria.

Era preciso alertar la opinión ciudadana, sacudir el mutismo y la indiferencia, hacer del pensamiento crítico sistema de gobierno.

Era menester, en suma, actualizar mediante el análisis nuestra visión de México y reformular, en consecuencia, los objetivos del desarrollo.

El empeño nacional de renovación correspondió a una preocupación universal sobre los efectos del colonialismo económico.

La marginación y la dependencia aparecen, hoy día, no como fenómenos inevitables, menos aún como fruto de la incapacidad intrínseca de ciertos pueblos.

Sabemos que resultan de un prolongado proceso de explotación internacional que sirve de apoyo al colonialismo interno.

La tradición revolucionaria de México nos llevaba al encuentro de aquellas comunidades que sólo pueden realizarse en la lucha común contra la discriminación y el despotismo de los más fuertes.

El propósito último de todos nuestros actos ha sido reencontrar la identidad política del país y, con ella, la identidad nacional.

Quienes vinculan sus intereses y su destino a centros externos de poder que no creen en México ni confían en la potencialidad creadora de su pueblo.

Defender, en cambio, nuestra identidad y nuestros verdaderos intereses es afirmar los valores en que se sustentan la independencia y proponer la justicia como única vía para edificarla.

Todo cuanto hemos emprendido se funda en la filosofía del texto constitucional.

Hacer vigentes sus avanzados preceptos y llevarlos incluso al ámbito internacional eran, a un tiempo, imperativo de congruencia y de supervivencia, la democracia social, síntesis de la doctrina mexicana para el desarrollo, es objetivo permanente de la Nación desde sus orígenes.

Conjuga la necesidad de ampliar el régimen de libertades y la de garantizarlas mediante una conducta solidaria.

Postularla de nuevo, con toda decisión, es ofrecer a las nuevas generaciones el camino de nuestra propia historia.

La sola formación de la riqueza no es el desarrollo.

Una sociedad avanza cuando evoluciona su pueblo.

Gobernar no es, tan sólo, administrar bienes y proporcionar servicios.

Es alentar las energías de la comunidad y buscar los caminos que la hagan progresar en lo moral, en lo cultural y en lo social.

Gobernar es coordinar la tarea histórica de una nación.

Por eso nuestros actos de gobierno, aun los más nimios, han sido orientados conforme a un mismo proyecto que mira al porvenir.

Cuanto hemos hecho e intentado se proponía apresurar el tiempo de México para hacerlo más contemporáneo y más auténtico.

Nada, sin embargo: ni las conquistas materiales y sociales, ni las leyes promulgadas, ni las instituciones erigidas, es obra consumada.

Su permanencia y efectos dependen de la continuidad en la acción revolucionaria.

Vencimos incontables resistencias pero el pasado no fue definitivamente sepultado.

Siglos de servidumbre y decenios de contradicciones pesan todavía sobre el presente y el futuro del país.

A quienes habrán de proseguir la tarea toca en adelante recoger lo mejor de nuestro esfuerzo e incorporarlo, con mayor talento y energía, a una nueva realidad.

Hombres, enfoques y procedimientos nuevos -todo cuanto era joven- fue decididamente promovido.

Optamos siempre en favor del pueblo y en contra del privilegio.

Las fuerzas del cambio y los grupos sociales mayoritarios son hoy más combativos y poderosos que ayer.

El país sabe con claridad lo que quiere realizar y lo que debe cancelar.

Conoce mejor los rostros y las tácticas de sus tenaces adversarios.

Está dispuesto a perseverar en la lucha y alcanzar la victoria.

Un mandato constitucional concluye, pero su término reanima el impulso popular de renovación.

La no reelección absoluta del Poder Ejecutivo es clave de nuestro sistema político.

Lo es también la fortaleza de un Partido Revolucionario que otorga coherencia y continuidad a nuestro proyecto histórico.

Partido que enlaza el quehacer de las generaciones y mantiene en el poder de la República a los obreros, a los campesinos y a los sectores populares de México.

A la política de camarillas y al monopolio de los grupos cerrados de poder se oponen, en México, la puntual sustitución de los hombres en los cargos públicos y la vigencia histórica de un Partido mayoritario.

La estabilidad, que hace fructífero el esfuerzo colectivo, la permanencia de los principios y los cauces abiertos a la innovación, derivan de esa fórmula superior, según la cual los hombres somos transitorios y sólo perdura la potestad del pueblo.

El Partido Revolucionario Institucional, -al que he servido desde la juventud y a cuya doctrina he querido ser leal en toda función pública- se ha robustecido ahora por efecto de la lucha social.

Durante estos años, fueron los trabajadores, del campo y de la ciudad, los protagonistas centrales de la acción política.

La Alianza Popular ha sido el soporte y la expresión combatiente de la ideología nacional.

La conciencia que de sus derechos y posibilidades han adquirido los grandes núcleos sociales, sus logros concretos y su mayor articulación son hoy la más firme garantía del proceso revolucionario.

México necesita, frente a los desafíos que le aguardan en años próximos, fincar su soberanía, en un gobierno popularmente fuerte.

He ahí la tarea política de estos meses, confirmada por la voluntad ciudadana en los comicios del 4 de julio.

Una revolución no prevalece si sólo se conforma con la apariencia del cambio.

Alterar el orden de las cosas no es necesariamente transformarlas.

En la medida que las reformas iniciadas hayan penetrado en la realidad y en las conciencias, habrán de subsistir.

Por ello, el mejor legado de nuestros empeños es la convicción progresista que hoy comparte la mayoría de los mexicanos y el nuevo perfil de su representación política, reflejado en estas Cámaras del Congreso de la Unión, testimonio de una voluntad irreversible de progreso social en la independencia.

No admite nuestro régimen el vacío político.

Algunos quisieran que la vida nacional se aletargara cuando se aproxima la sucesión de los poderes: que el Gobierno suspendiera el trabajo que lo justifica y la transición constitucional ocurriera sin la movilización democrática del pueblo.

Desearían el abandono temporal del escenario público por parte de sus Legítimos ocupantes -las mayorías nacionales- para suplantarlas, e imponer al Estado absurdas condiciones.

Lejos de ello, todos los días han sido para la República, de febril actividad creadora.

La Nación ha laborado sin desmayo, y -al mismo tiempo- ha replanteado sus problemas y esperanzas en la más extraordinaria jornada cívica de que tenga memoria esta generación de mexicanos.

Más amplia es la consulta ciudadana, más se aleja el país de cualquier tentación autoritaria.

Los silencios de ayer estuvieron en el origen de muchas desviaciones.

Hoy, en cambio, la presencia multitudinaria de la demanda popular y la palabra libre, resguardada el contenido democrático de las instituciones.

México ha vivido, durante estos meses uno de los mejores esfuerzos del mundo en desarrollo.

Ha rechazado el fácil camino de la sumisión en un razonado y concluyente plebiscito por el que afirmó su determinación libertaria.

Una a una, han sido desgastadas las tesis de la reacción, exhibidas sus complicidades, vencidas sus estrategias.

Es la Nación misma, sus más limpias tradiciones y el proceso revolucionario que la impulsa, quienes han alcanzado la victoria con el voto del pueblo en las urnas.

Nuestro país ha dado, ciertamente, una gran lección.

Ha probado que al margen de presiones y amenazas, de inútiles enfrentamientos y de provocaciones que son fruto de la impotencia, es capaz de fortalecer su unidad esencial en la democracia.

Ha probado la enorme vitalidad de su pueblo y su aptitud reflexiva para evaluar avances y para esclarecer los problemas nacionales y encontrar la solución que compromete a todos.

La abstención cívica fue sólo inocente preocupación o táctica estéril de minorías.

Un pueblo celoso de su libertad no desoye jamás el llamado a la responsabilidad ciudadana no escatima su concurso en las decisiones que definen el porvenir.

Menos aún cuando se sabe parte de un continente asediado por las dictaduras y de una época en que la autonomía de los pueblos y la dignidad de los hombres se gana únicamente con la lúcida y tenaz determinación de ser libre.

Nuestro pueblo entendía que no es la incapacidad del adversario para presentarse en el foro del debate público lo que otorga a una justa su carácter democrático, y que éste no se disminuye por la ausencia deliberada de un contendiente.

Comprendía que es la voluntad participativa de los ciudadanos y su interés en integrarse al quehacer político; la lealtad a las instituciones representativas y la confianza de la mayoría en la claridad de sus procedimientos, lo que hace de un sistema político una democracia.

La amplitud y entusiasmo del sufragio popular rebasaron toda predicción.

Muy pocos regímenes democráticos - tal vez ninguno - cuentan hoy con semejante respaldo ciudadano.

Gracias a ello, el país ha redoblado su seguridad en el futuro y los nuevos poderes harán frente, muy pronto, a las complejas tareas nacionales con una indiscutible legitimidad política.

El pueblo les ha confiado los atributos de la soberanía para que prosigan con firmeza la obra de la Revolución.

El significado de los comicios: el sentido con que se expresó la voluntad de los mexicanos es inequívoco.

No se trata, por cierto, de un refrendo al desempeño concreto de este Gobierno, cuyos alcances los habrá de considerar la historia.

Se trata de la continuidad profunda que la Nación espera en su esfuerzo por el desarrollo.

Se trata de una decisión irrevocable: la de seguir avanzando por el rumbo que la Constitución señala.

Los mexicanos no elegimos el conformismo.

Sabemos que el camino por recorrer es más arduo que el que hemos dejado atrás.

Conocemos la dimensión de la miseria, de la injusticia y de la soberbia.

Advertimos que cada sexenio presentará mayores dificultades y más amenazantes desafíos; que el pueblo multiplicará sus demandas porque más necesita y aspira; que las tareas públicas requerirán planes más concretos y medidas más audaces, mayor solidaridad de quienes todo lo han recibido, actitud más combativa de quienes ansían progreso y más depurado patriotismo de todos.

Importan los programas y los hombres, habíamos afirmado.

Los que nuestro pueblo eligió representan la síntesis de su experiencia, la imagen fidedigna de sus luchas y esperanzas, el trazo más confiable de los objetivos que garantizan el porvenir.

Implican un rechazo a las debilidades y complacencias que en el pasado nos apartaron del compromiso ideológico con el pueblo.

Los propósitos son revolucionarios los hombres han sido forjados en la lealtad con que sabrán honrar su pacto social con las mayorías.

México se ha empeñado en hacer de su doctrina, programa.

No basta hoy la intuición genial, la rectitud pública o el laborioso despliegue de acciones transformadoras.

La realidad del mundo nos es aún adversa y la índole de nuestros recursos exige racionalidad y previsión para que sirvan al mayor número y pongan a salvo nuestra autonomía.

La planeación democrática, por la que el país ha optado, es el perfil contemporáneo de la Revolución.

El progreso material es sólo un testimonio contingente de la historia.

Lo que, a final de cuentas, resume y prolonga el esfuerzo de las generaciones es el patrimonio acumulado en la aptitud de los hombres.

En las virtudes de nuestros hijos se justifican siglos de sacrificio.

En la valía de sus dirigentes y en la calidad de su pueblo se expresa la verdadera evolución de un país.

México tendrá, porque lo ha merecido, un gobierno digno de su destino.

El Estado es obra superior de la cultura: articula los valores que la sociedad entraña y persigue.

Nuestro país ha remontado ya la edad de la improvisación y el caudillismo.

Ha decantado sus instituciones democráticas y fraguado con ellas la integración nacional.

Ha llegado a un plano de su desarrollo en el que sólo los hombres conformados en el estudio y la auténtica militancia, reflexivos en la decisión y valientes en la conducta, pueden aspirar a conducirlo.

Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo.

Desde esta alta tribuna, en la que comparezco por última vez, quiero expresar mi gratitud de hombre y mi reconocimiento de gobernante a quienes han cumplido conmigo la jornada.

La obra de la República no es aventura personal ni puede acometerse en el aislamiento. Inestimables colaboradores, jóvenes y experimentados -esforzados todos- compartieron lealmente las vicisitudes de nuestra lucha.

En ella contamos siempre con la guía certera y la proximidad afectuosa de nuestros compatriotas y con la adhesión esperanzada de los más humildes sin la cual pierden sustancia las tareas del Gobierno y el camino de la Revolución se cancela.

Es una trayectoria de la Nación, pero cada circunstancia es irrepetible.

A cada gobernante toca una tarea singular limitada en su ejercicio por el tiempo exacto de su mandato.

Ha de librarse a ella con plenitud, derrotando en sí mismo la ambición bastarda, la mezquindad y la fatiga.

Ha de emprenderla con la más honrada determinación de prefigurar en los avances de hoy, el porvenir que México ambiciona.

Cada gobernante asume su plena responsabilidad en la historia.

Ha de tomar las decisiones de su investidura en una realidad concreta; no la que hubiera deseado, sino la que resulta del pasado y del momento que vive.

Ha de tomarles según el mejor legado de la Nación y el ejemplo de quienes la forjaron, confiando -siempre- en la capacidad revolucionaria del pueblo.

Muchas decisiones podrían ser aplazadas eludiendo los compromisos fundamentales del servicio público, pero al hacerlo se agigantan los problemas y se reduce, con el paso del tiempo, la capacidad de resolverlos.

Son precisamente las acciones no cumplidas y los silencios cómplices del pasado, lo que obligó en estos años, al pueblo y al gobierno de México, a realizar un esfuerzo sin precedentes, para recuperar el tiempo perdido y restaurar el rumbo de la Revolución.

Por eso nos comprometimos a no volver a incurrir en esta evasión histórica.

Por ello, sin pequeñez en el propósito, sin egoísmo, todas las decisiones que asumimos durante el sexenio, fueron inspiradas en la voluntad de abrir un horizonte más amplio, más libre y más justo para los mexicanos de hoy y de mañana.

Esa ha sido la norma superior de nuestros actos.

La verdadera dimensión de lo alcanzado está aún en la entraña del tiempo.

Será fecunda si, como estoy cierto, con la Revolución Mexicana y con la Constitución de 1917 proseguimos, todos, ¡Arriba y Adelante!

Contestación del Dip. Heladio Ramírez López, Presidente del Congreso.

Señor Presidente de la República:

Desde las comunidades más pobres, hasta las ciudades más industrializadas; desde las chozas más humildes, hasta las grandes mansiones; los mexicanos esperaban hoy, la síntesis del relato de una historia en donde todos hemos sido actores.

Querían conocer el presente y el futuro de un país que ha sostenido nuevas y grandes batallas para avanzar en la conquista de su independencia, pero sobre el que pesan todavía, siglos de "servidumbre y contradicciones".

Queremos hoy comprender la razón y la esencia de un sexenio de inconformidad creadora, que nos lleva a la transformación de nuestra democracia para alcanzar un proyecto nacional que logre la igualdad en la libertad.

Para millones de compatriotas que acaban de escucharlo, no se trata simplemente, de haber conocido las contundentes cifras de cada peso invertido en la administración pública.

Se trata de un relato profundamente humano del que se destaca la acción concertada en todo el país, para dotarlo de los recursos que promueven su capacidad creativa, fortalecen su dignidad como Nación, y constituyen una nueva enseñanza, tan perdurable, que nos hace más dueños de nuestro destino.

Este gobierno es de militancia ideología y de práctica revolucionaria.

Sin límite de horarios y sin barreras de protocolo, realiza un gran viraje histórico.

Al principio, comunidades de la Sierra y el Valle, de la costa y la montaña, no daban crédito a sus ojos.

Veían a un Presidente escalando peñascos, cruzando ríos, demandando el diálogo y la denuncia, en busca de la verdad.

La crítica y la severa autocrítica del Presidente sorprendió, confundió al principio, pero los estudiantes le hablaron en el mismo tono y denunciaron arbitrariedades.

Los indígenas fueron oídos en Los Pinos y expusieron una larga lista de quejas.

Crímenes ignorados, durante años por los artífices de una falsa estabilidad.

Al demandar usted la verdad, el país recobró el verbo de la insurgencia.

Pidió valor civil al pueblo y hoy hemos adoptado nuevamente el lenguaje de la inconformidad creadora.

El Presidente deja una enseñanza: no debemos admitir ni manipulación retórica, ni simulación en los quehaceres públicos.

Quienes piensen que la crítica ha sido un gesto irreverente a quienes le antecedieron, se guían por el estrecho criterio de una supuesta tradición.

Debe entenderse con claridad, que la crítica y la autocrítica son prueba de honestidad revolucionaria, y que son, además, una respuesta contundente a las provocaciones, a las asechanzas físicas y verbales, a la cobardía del rumor.

El 1 de diciembre de 1970, usted negó ante el país que existiera un dilema inevitable entre la expansión económica y la redistribución del ingreso.

Señalo que quienes pregonan que primero debemos crecer, para luego compartir, se equivocan o mienten por interés.

Desde ese día los mexicanos hemos abatido los muros de la falsedad que intentó levantar una élite gerencial mistificadora de nuestra Revolución y de nuestra Constitución.

El pueblo se había visto asediado por las fuerzas del neocolonialismo político que trataron de imponer la economía del crecimiento en la desigualdad, a través del autoritarismo.

Pero nuestro pueblo jamás abdicó de su temperamento libertario; esperó al líder, encontró a Luis Echeverría y con él lucha hoy contra el oscurantismo y el autoengaño; contra los heraldos de la dependencia y contra la marginación.

Sólo así pudimos remontar el esquema prefabricado por las metrópolis de poder.

El desarrollismo como fórmula imitada pretendió resolver, a través de saltos en la historia, lo que debía ser un esfuerzo de continuidad. Imbuidos por el espejismo de generar un proceso industrializador dependiente en lo tecnológico, se trastocaron los objetivos fundamentales de largo alcance, que son: eliminar la marginación y elevar substancialmente las condiciones de vida del pueblo.

Al rendir protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expresó usted que:

"El quehacer de la República es compromiso común. Actuaremos por mandato de la soberanía nacional e iremos tan lejos como el pueblo quiera".

En esta definición, México encontró un llamado y un desafío.

En lugar de haber mantenido una inercia reaccionaria o haber seguido el modelo de la dependencia, nuestro pueblo optó por oír su llamado y acompañarlo hacia arriba y adelante, hasta el límite de sus fuerzas.

Y en esa ruta llegará tan lejos, que ninguna potencia por fuerte que sea, ni grupo criollo alguno por antimexicano que sea, podrá menguar el gran trecho histórico ganado, ni frenar la velocidad de la marcha.

Convencidos, de que sólo es válido el cambio social cuando tiende a cerrar las brechas de la desigualdad, desde aquel diciembre de 1970 nos hemos abierto paso hacia la emancipación plena de los mexicanos en lo interno, porque ninguna solidaridad social es posible en la servidumbre.

Cinco días después de haber protestado cumplir con la Constitución, usted, señor Presidente, recorrió el desierto y las zonas de miseria; integró la Comisión Nacional de Zonas áridas e inició la acción indetenible del rescate a los elementales derechos de los campesinos.

En México, la lucha agraria es razón y fuerza de la Revolución.

Antiguos señoríos feudales y nuevas formas de un latifundismo financiero en el campo han tramado estrategias subrepticias para recobrar sus potestades, y establecer nuevas líneas de dependencia a través de una agricultura de exportación que, de espaldas a las necesidades del pueblo, es una vía para perpetuar el subdesarrollo y la sumisión de los campesinos.

Son los hombres de paja utilizados por las transnacionales que organizan nuevas guardias blancas, los profesionales de la falacia y el rumor, los que ejercen el terrorismo desde las finanzas.

Tristes manifestaciones de quienes tienen los estómagos llenos y pretenden recurrir al chantaje con burdas imitaciones, que desde ahora están condenadas a fracasar porque para ello siempre habrá, como existe ahora, la respuesta de un pueblo organizado.

Quisieran que en México se erigieran nuevos señoríos de poder y que en nombre de una mal entendida libertad de empresa se arrasara la libertad.

Pero se equivocaron rotundamente.

Abatieron campesinos, pero jamás la raíz de su causa que es la misma del Presidente Echeverría.

Para este régimen, la Reforma Agraria es ante todo, darle contenido y razón de ser al derecho a la tierra, proporcionando con ella agua, crédito y pago justo de los productos obtenidos por el trabajo de las manos campesinas.

Es recuperar los terrenos nacionales para que sean poblados por mexicanos; entiéndase bien, y no por extranjeros.

Es devolver, verdaderamente, las tierras a las comunidades indígenas.

Es combatir el coloniaje interno, y emprender un intenso proceso organizativo de los campesinos como camino para introducir la técnica, para crear empleos, pero singularmente, para liquidar la explotación en todas sus formas.

Entiéndase bien: no puede enjuiciarse el ejido como una forma de producción ineficaz, por aquéllos que detentando todos los privilegios, en su tiempo, le negaron el agua, la infraestructura para la producción, la técnica, el crédito y sólo le arrojaron las migajas de un financiamiento, que en el fondo, no era sino otra forma de sometimiento.

Ofende y subleva la conciencia que ataquen al ejido quienes pretendieron destruir su vida democrática, acentuaron el individualismo, cometieron despojos, concentraron tierras y pusieron en peligro la estabilidad de nuestra Nación, al convertir al campo en un polvorín que estuvo a punto de estallar.

Mienten quienes han afirmado en campañas contumaces, que el régimen del Presidente Echeverría ha pretendido destruir la propiedad privada.

Lo que ha ocurrido es que se han recuperado las tierras de los ejidos y de las comunidades; se han ejecutado resoluciones presidenciales que a base de subterfugios impedían que las tierras llegaran a manos de los campesinos.

Se han destruido odiosos e irritantes privilegios, de quienes pretendían conservar vastas propiedades por encima de la ley.

Si queremos ser siervos de las potencias, dejemos el proceso de organización agropecuaria al libre juego de los intereses.

Si ansiamos la libertad, hagamos del agrarismo una planeación productiva y participativa.

Ejido sin organización es servidumbre y simulación agraria, es delito social.

Dejar de producir o estorbar el reparto de las tierras, es grave atentado a la Nación.

Alianza en la producción y equidad en la participación es objetivo revolucionario y democrático que el pueblo merece y habrá de cumplir.

Esta es la preocupación creadora de Luis Echeverría y con ella luchan los campesinos de México.

Reforma Agraria, equidad fiscal y justicia para los trabajadores, son partes que hacen del todo, coherencia en la conducta revolucionaria.

Durante los años transcurridos de este gobierno, no hay uno de ellos, que no registre grandes decisiones a favor de la clase obrera.

Las garantías sociales son irrenunciables.

Su cumplimiento e incesante expansión son metas básicas de nuestra democracia social y razón profunda de que en México el poder corresponde a una vasta alianza popular de obreros, campesinos y clases populares.

Ante los fenómenos inflacionarios, el Presidente expresó que no serían las clases humildes, las clases laborantes, sino las de altos ingresos, las que deberían compartir los mayores riesgos.

En lugar de permitir que los efectos de ese fenómeno limitaran nuestra estrategia distributiva, aceleramos su proceso.

Era falso que a mayores salarios, mayores precios y menor producción.

La clase obrera y el gobierno no se dejaron atrapar por la escalada de la especulación.

La primera etapa de nuestro reencuentro constitucional se abrió paso al anular progresivamente las prácticas que hacían del campo el subsidiario de las zonas urbano - industriales.

Ese primer movimiento fue el articulador entre los intereses del sector campesino y el de los obreros organizados, en favor de quienes el presente régimen ha ampliado y multiplicado sus derechos; ha mantenido incólume el derecho de huelga y creado nuevos instrumentos de equilibrio en los factores de la producción, con la Comisión Nacional Tripartita como organismo deliberante y consultivo; el INFONAVIT como garantía tangible de cumplimiento del artículo 123; el FONACOT como fuente de crédito social y el respeto a la democracia interna en las organizaciones sindicales.

El derecho de huelga es constitucional e irreductible.

Pero no debe confundirse con el boicot a México o con la agresión a la autonomía de las universidades.

Democracia social es justicia en la libertad, es contenido del diseño constitucional dado en los artículos 3o., 27 y 123.

Al enarbolar los derechos de las mayorías, el gobierno ha creado múltiples instrumentos de reivindicación: la protección al salario mediante su revisión anual para ajustarlo al costo de la vida, y la defensa de su poder de compra mediante el ejercicio del derecho a través del Instituto y la Procuraduría de Defensa del Consumidor.

La planeación urbana con la Ley General de Asentamientos Humanos, y el acceso a la organización, al crédito y al trabajo de muchos humanos marginados que se da en la Ley de Solidaridad Social entre muchas otras, integran la fisonomía de un auténtico derecho popular.

Es así como se operó un proceso de reencuentro con la filosofía de los Constituyentes de Querétaro.

Así es como se recobró la vigencia del pacto social entre las clases agrarias, obrera y popular, en una alianza para construir el nuevo orden económico y luchar por la unidad nacional.

Sí, pero por la unidad de una sociedad equitativa y no por la simple conjunción de los desiguales.

Para ello, el Presidente Echeverría sigue agitando las conciencias pusilánimes.

Por ello, preferimos una visión descarnada del país, al cómodo ministerio de la utopía que eterniza los contrastes económicos y los desdibuja, para convertirlos en vitrina del consumismo.

En materia de política económica, la vía definida por el gobierno, colocó prioritariamente las medidas orientadas a cancelar los desequilibrios sociales, geográficos y sectoriales.

No era ya aceptable el desarrollo estabilizador, denominación que complació a los exégetas del privilegio.

El haber alentado por más tiempo el mito del milagro mexicano, habría dado lugar a una economía insular que, a plazo imprevisible, haría romper la pretendida estabilidad del sistema.

Bien lo señalo usted, los milagros económicos no existen, lo que existe son los efectos de una publicidad tendenciosa.

Comprendemos la trascendencia y la necesidad de las medidas económicas adoptadas por usted el día de hoy.

Sabemos que estas medidas no eran aconsejables al principio de su gobierno, porque ello hubiera hecho imposible llevar adelante las profundas transformaciones que ha realizado en todos los órdenes y porque en aquel momento eran otras las circunstancias prevalecientes en el mundo.

México que no vive en el aislamiento ha recibido la influencia de los profundos desequilibrios monetarios del mundo actual.

Cuando la producción de los países más industrializados ha dado señas de abatimiento, y cuando sus monedas se han visto impactadas por la crisis, resultaba ya necesario que nuestro país, en aras de seguir adelante, realizara a su vez revisión monetaria.

Sabemos muy bien que en septiembre de 1976 la alternativa que usted tuvo al frente, era crear las condiciones para encontrar el nuevo nivel de intercambio del peso mexicano o dejar que nuestra planta industrial y la producción en el campo se abatieran, y se agravaran los niveles del desempleo.

Para evitarlo, es necesario hacer que nuestros productos cuesten menos en el extranjero y así poder vender mucho más.

Es necesario evitar que los traidores de siempre se enriquezcan con simples operaciones monetarias sin trabajar, sacando su dinero del país, donde se requiere para crear fuentes de trabajo y para atender nuestras grandes y urgentes necesidades sociales.

De igual manera, al encarecerse frente a nuestra moneda los productos extranjeros, se reducirá la acción de los contrabandistas y los exagerados gastos con que algunos millonarios gustan de hacer el ridículo fuera de nuestras fronteras.

Mientras el país progresa en un marco de justicia y libertad, mientras nuestra capacidad se expande con obras que acrecientan el potencial generador de riqueza y de divisas, mientras aumenta el prestigio de nuestra solidez económica en el mundo y la confianza de la comunidad financiera internacional, aún hay algunos medrosos que se resisten a participar en el gran proyecto nacional.

El país no es una empresa que se pueda manejar con criterio de caja registradora.

Pero aún utilizando los más estrictos sistemas de evaluación, podemos afirmar que esta medida, lejos de hacer vulnerable a nuestra economía, la fortaleció en el corto y en el largo plazos.

Sabemos que esta disposición de usted, habrá de imprimir un mayor dinamismo a nuestra planta productiva; que nuestra economía se hará más fuerte y que todo ello redundará, como usted lo ha señalado, en la generación de más empleos para los mexicanos, en la multiplicación de alimentos, vivienda, vestido, educación y en mayores niveles de bienestar social.

Los obreros, los campesinos y los integrantes del sector popular, representados en esta Cámara, damos por todo ello, nuestro más amplio respaldo a esta patriótica y valiente decisión de su gobierno.

Y digo patriótica y valiente, porque usted no quiso en aras de un falso, de un triste concepto de la popularidad, transferir estas decisiones al próximo gobierno y dejar que a lo largo de estos tres meses se deteriorara la situación económica de México.

Si los que han venido usufructuando una desmedida capacidad de consumo, que la han convertido en libertinaje para el desperdicio, copiando servilmente, ridículamente las formas de vida de las metrópolis, se sienten afectados y les parece una medida impopular, los grandes núcleos humanos del país que no pueden, ni aspirar a importar modelos decadentes de consumo, no sólo aplauden esta actitud popular y nacionalista del gobierno, sino que se disponen a emprender una gran movilización; a tomar la iniciativa para impedir que unos cuantos pretendan desviar los objetivos de esta decisión, encareciendo u ocultando los artículos de primera necesidad.

A partir de ahora y en forma permanente, nos constituiremos en severos vigilantes para lograr que estas medidas se cumplan hasta sus últimas consecuencias.

Ante la nueva política monetaria surgirán quejas y lamentaciones de los poderosos.

¿Y las quejas de los niños tejedores de palma de la Mixteca?

Esos acallados lamentos sólo han sido recogidos, igual que todas las demandas aplazadas, por un Presidente en campaña que supo interpretarlos al determinar impuestos sobre los artículos suntuarios, para con ellos llevar agua potable, alimentos y escuelas a los desheredados.

La política internacional de México es la expresión de su combativa soberanía.

Al salir de la triangulación en el comercio exterior, los campesinos y trabajadores han logrado captar ingresos que antes iban a llenar las cajas fuertes de los monopolios.

Hoy luchamos contra el hambre y la injusticia en todas las latitudes del planeta.

Cuando las grandes potencias destinan más de doscientos billones de dólares al furor bélico y a la paradójica conquista del espacio, la geografía del hambre, como lo dijera Josué de Castro, asuela a multitudes que alcanzan ya los mil millones de habitantes en el Tercer Mundo.

En esta encrucijada, México no se refugia en la resignación, ni hará el juego a los intereses de la oligarquía internacional.

Por el contrario, seguiremos construyendo la nueva democracia internacional y defenderemos nuestro derecho soberano sobre nuestros recursos naturales.

Que se entienda bien en todas partes: el petróleo, el azúcar, el café, los minerales, los fertilizantes y otras materias primas, son ante todo patrimonio del pueblo y jamás serán puestas en subasta para provecho de las potencias

Por este principio, ante el Club de Roma y la FAO demostró usted la falacia del catastrofismo y propuso instrumentos de justicia internacional como el Banco Mundial de Alimentos y el Fondo de Garantía de las materias primas.

A la difícil descolonización política aún en contienda, debe seguir una auténtica descolonización económica.

Frente a las dictaduras financieras y militares de los imperios, el Tercer Mundo se levanta como fuerza emergente e indetenible.

Así lo concibió usted cuando propuso la única infraestructura para un mundo de paz en el nuevo orden económico de la justicia.

Cuando se expresó el consenso del Tercer Mundo que es la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

De ese instrumento jurídico surgen los organismos pioneros de una nueva independencia:

El Sistema Económico Latinoamericano y la Naviera Multinacional del Caribe, que se conjugan con esa conquista de nuestra soberanía que es la Zona Económica Exclusiva de las 200 millas de nuestros mares.

Acabamos de asistir a un proceso electoral que confirma la vocación cívica del pueblo y su rechazo al abstencionismo pregonado por emisarios del pasado.

Frente a la violencia prefabricada de quienes quisieran ver instalado el fascismo, resaltó la actitud ciudadana en las urnas, producto de la política social y de las reformas constitucionales que dotan de igualdad jurídica a la mujer; que reflejan la participación de los jóvenes para que puedan ser electos diputados desde 21 años y senadores desde los 30, que abren mayores posibilidades a los partidos para ampliar sus bases y lograr la confrontación plural de la democracia.

En este diseño político se encuentran aún obstáculos puestos por muchos años de rigidez y por el subdesarrollo de la información y la educación.

Qué difícil es vencer la dogmática y la repetición mimética de viejos cartabones, pero nos hemos decidido a hacerlo, y por ello hemos optado por los riesgos de la democracia, antes de caer en la provocación del autoritarismo.

En esta escuela, las aulas están abiertas desde la niñez; en esta nueva filosofía del ser y no del poseer, están trabajando los educadores, las trabajadoras sociales, las parteras empíricas y toda esa multitud de voluntarias del campo y la ciudad, impulsadas por la creatividad rebelde de la compañera de los humildes, María Esther Zuno de Echeverría.

Ningún país que pretenda conservar sus libertades esenciales ha podido destruir de un golpe los residuos feudales y de la esclavitud.

El gran rezago histórico que constituyen cuatro siglos de dominación colonial y una secuela de intervención extranjera, nos heredaron una realidad lacerante que es a la que el Presidente Echeverría se ha enfrentado.

De ahí que en estos seis años de ajuste entre el ser y el deber ser de la Nación, hayamos retomado las fibras íntimas de la moral revolucionaria para convertirlas en acciones congruentes con los objetivos de la Constitución.

Pero este fenómeno no es ni fortuito, ni efímero.

Se debe al magisterio de una conducta pública vertical, insobornable, que se enfrentó a la frivolidad de quienes desde el poder público quisieran defraudar al pueblo.

Se debe al comportamiento del Presidente de la República que es ventana abierta, energía infatigable e integridad ante los enemigos del pueblo.

El país que nos deja el Presidente Echeverría puede cuantificarse en una obra pública de grandes dimensiones humanas y materiales.

Pero muy por encima de ello está la nueva mentalidad de los mexicanos: Ahora podemos mirar al futuro sin vendajes ni servidumbres.

A su tiempo, el pueblo vulneró el derecho conservador y ahora se vale de un derecho transformador.

Al afirmarse esta nueva ética política, se puso de manifiesto el vigoroso apoyo del Poder Legislativo, lo que hizo posible que en estos seis años se alcanzara la mayor y más alta legislación social de la Revolución Mexicana.

Esta Quincuagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrada por legítimos representantes de obreros, de campesinos, de las clases medias, por jóvenes, mujeres, intelectuales universitarios, técnicos y por las minorías políticas que conforman la pluralidad ideológica de México, no incurre, no quiere incurrir, en el error de óptica que consistiría en estimar que todas las decisiones, por serio, se han convertido plenamente en realidades.

Sabemos que no estamos al cabo del camino y que están por delante, todavía obstáculos numerosos y difíciles.

Sabemos que al vencer viejos problemas se generan nuevas necesidades que habremos de afrontar.

Comprendemos que frente a la fatiga, frente a prácticas de corrupción, y frente a los imponderables del subdesarrollo sólo una firme estructura ideológica, nos puede guiar en el combate cotidiano.

En él, y para mantener incólume la vigencia de nuestra soberanía, México cuenta con sus fuerzas armadas de fuerte origen popular, que constituyen un ejemplo de integridad cívica y nacionalismo.

México vive nueva ética en la Administración Pública.

A este Gobierno correspondió abrir paso a una nueva generación sujeta a la más dura prueba.

Quienes mostraron fragilidad en sus principios, recibieron la condena del pueblo; pero también, es cierto que han surgido jóvenes, en las más altas responsabilidades, que bien aprendieron el valor de la moral revolucionaria señalada por el Presidente Echeverría.

A tres meses de la apertura de un nuevo sexenio, que por muchos conceptos será decisivo para el país, este régimen tiende un puente histórico para unir más anchos caminos.

No perderemos ya el nuevo rumbo, porque el país se ha consolidado.

Supo conducir a usted a la Primera Magistratura y el pueblo bien ha elegido a quien conoce a fondo las disyuntivas en que vive México: a José López Portillo.

Ya no caven retrocesos ni extravíos.

La secuencia de la historia no podrá ser fraccionada mientras el pueblo siga siendo vigía intransigente.

Por ello, la presencia de José López Portillo en este Informe, confirma la legitimidad de nuestra decisión soberana y niega la supuesta teoría de los vaivenes sexenales fabricada por la contrarrevolución.

Es este un Gobierno de transición revolucionaria, que mira hacia el Siglo XXI.

Es, un Gobierno de las mayorías, de la profunda reforma en la democracia para construir una sociedad sin inquietudes, un México sin dualidades.

Es un Gobierno que dio gran impulso a la educación; que llevó seguridad social sin paralelo al campo; que introdujo vías de acceso y comunicación a las zonas más aisladas; que impulsó las actividades de las universidades, respetando íntegramente su autonomía; que incorporó a los indígenas al interés reivindicativo, tratándolos como verdaderos seres humanos y no como pretexto de intelectuales elitistas; que respetó la división de poderes constitucionales y el pacto federativo; que impulsó las luchas de los países débiles, al crear el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que será como diría el Presidente Senghor, el canto de protesta y el nervio creador que proyectará el anhelo, el ansia infinita de Asia, áfrica y América Latina, de vivir en una sociedad liberada y justiciera.

Desde este Congreso del pueblo, declaramos hoy, que estamos resueltos a seguir legislando por el cambio; a no admitir desviaciones, ni dogmas.

Estamos dispuestos a cumplir con nuestro deber histórico y llevar más adelante las decisiones del pueblo, de ese pueblo erguido, que tanto ama usted, y por el que ha luchado, sin descanso, apasionadamente.

Fuentes:

http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/echev/index.html

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/50/1er/Ord/19760901-I.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf