Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007

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Sumario

Presentación[editar]

Para los meses finales del año 1991 todo se había convertido en un torbellino en Venezuela. Había reuniones casi todas las noches, hasta la madrugada. El Plan de Operaciones “Ezequiel Zamora” recibía sus últimos toques y uno de los aspectos que imprimía mayor actividad y requería mayor tiempo era la redacción final de los lineamientos generales del Programa de Gobierno Revolucionario, incluyendo los primeros decretos que habrían de firmarse para darle viabilidad.

Una directriz estratégica orientaba desde entonces el esfuerzo planificador. Diez años después, recuerdo claramente su enunciado: los objetivos estratégicos del proyecto nacional deben ser diseñados tomando como base las necesidades humanas.

Así lo hicimos. Y el 4 de Febrero de 1992, se hizo público aquel documento orientador, el cual constituye ahora el primer antecedente de este Plan de Desarrollo Nacional para el período 2001–2007, el primero de la Revolución Bolivariana.

Luego, en septiembre de aquél mismo año turbulento, y ahora en las celdas de la dignidad, fue elaborado un documento y presentado al país como propuesta ante la crisis desatada e incontrolable: Cómo salir del Laberinto. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 daba así otro importante paso para ir señalando el rumbo a seguir.

Cuatro años después, y en pleno proceso de crecimiento y avance, nuestro movimiento hizo pública una propuesta mucho más detallada, producto de innumerables discusiones y del aporte de muchos grupos de trabajo. Era 1996 y el gobierno de aquel entonces —último de la era puntofijista— había anunciado con bombos y platillos la llamada “Agenda Venezuela”, instrumento del más puro estilo neoliberal.

Fue cuando salió a la luz la Agenda Alternativa Bolivariana, un conjunto de líneas estratégicas con un grado de concreción bastante avanzado, que permitió desde su plataforma, elaborar en 1998 el Programa de Gobierno: “La Propuesta de Hugo Chávez para Transformar a Venezuela”. Y hoy, después del proceso constituyente se presenta a los venezolanos estas Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, cuyos antecedentes más recientes los constituyen el Programa Económico de Transición 1999-2000 de junio 99, el Programa Económico 2000 de marzo 2000 y el Programa de Gobierno: “La propuesta de Hugo Chávez para continuar la Revolución” de mayo 2000.

Durante las últimas décadas del siglo XX Venezuela vivió una severa crisis estructural. Desde el mismo resultado electoral del 6 de diciembre de 1998 se comenzaron a superar las causas de esta crisis. A partir del 2 de Febrero de 1999, día de cambio de gobierno se fueron ejecutando progresivamente diversas acciones y políticas que se constituyeron en un proyecto novedoso y alternativo. Este proyecto ha invocado la participación protagónica del pueblo venezolano y está instituyendo las bases sólidas del crecimiento y desarrollo nacional.

Éste es el primer Plan de la nueva era constitucional bolivariana. En él se consolidan las bases principistas y políticas para la interacción dinámica del crecimiento económico sostenido, las efectivas oportunidades y equidades sociales, la dinámica territorial y ambiental sustentables, la ampliación de las oportunidades ciudadanas y la diversificación multipolar de las relaciones internacionales.

Para superar la crisis estructural tenemos que lograr un profundo cambio estructural, y estas Líneas Generales dirigen la construcción de la nueva República.

Aun cuando la norma constitucional limita la propuesta del Plan a una formulación de un período de seis años, la visión del desarrollo contempla un mayor plazo. Esta visión de largo plazo busca establecer la dirección y la profundidad de los cambios requeridos y deseados en la adquisición y desarrollo del conocimiento y la información, el sistema que estructura la producción, las finanzas, el trabajo y el consumo, los procesos de justicia, legitimación y participación ciudadanas, y otros tantos que deben implantarse.

Para operativizar estas Líneas Generales se han establecido cinco equilibrios. La práctica de estos cinco equilibrios se fundamenta en la participación protagónica de todo el pueblo venezolano sin discriminación alguna Los cambios políticos ya generados a partir del proceso constituyente y la posterior Constitución Bolivariana hacen necesario profundizar acciones sustanciales que se conviertan en una real mejoría de la calidad de vida de todos. Cumplir con estos objetivos garantizará, entre otros propósitos, el reconocimiento y cumplimiento de la deuda social acumulada sentando las bases del desarrollo y la modernización de Venezuela.

Es de todos conocido que el logro del equilibrio económico y la reactivación del aparato productivo son requisitos para una mejor distribución del ingreso, y que un mayor ingreso familiar y comunitario contribuye a alcanzar un equilibrio social. Pero el logro del equilibrio económico no se alcanza por sí sólo, por sí sólo, ello demanda la justicia social. Lo económico afecta lo social, y a la inversa, y tal dinámica se da entre los cinco equilibrios debido a sus múltiples relaciones. Por lo que el cambio estructural de una economía rentista a otra de tipo productivo permitirá mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, en tanto se consideran los aspectos políticos, territoriales, sociales e internacionales vinculados.

Este cambio se logrará a través de un gran impulso a la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y la construcción de infraestructura, lo cual permitirá la masiva creación de empleos, pero tendrá que venir acompañado con y sustentado en un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de todos los niveles de educación, de salud y de la seguridad, tanto en todo el territorio como en el comportamiento político de la ciudadanía.

El equilibrio social, se encuentra orientado, no sólo a corregir las enormes distorsiones sociales con su gran carga de exclusión e injusticia, sino también a potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia. Ello responde a la necesidad de alcanzar el bienestar colectivo, de forma tal que la distribución de la riqueza y el ingreso que la crea, permita un alto grado de justicia político-económica y la erradicación de la pobreza como la gran meta a alcanzar.

El equilibrio territorial así mismo no puede verse aisladamente del desarrollo social y económico. La abstracción que representan las magnitudes económicas no puede tampoco hacernos olvidar que la vida de las personas y la actividad de las empresas tienen un fuerte anclaje en el espacio con sus respectivas posibilidades y limitaciones. Cada modelo de desarrollo nacional concibe una forma específica de ordenamiento territorial. El adecuado uso y ocupación del territorio nos permitirá mejores condiciones para tal desarrollo.

Las nuevas realidades mundiales nos evidencian que el equilibrio internacional descansará en la reafirmación de la vocación integracionista del país. Es por esto que se ha venido confirmando una política de relaciones internacionales equitativa y mutuamente respetuosa, que intensifique los procesos de cooperación e inserción de Venezuela en todo el ámbitomundial, enfatizando la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

Finalmente, estas Líneas Generales se cumplirán en una etapa que se ha denominado la Década de Plata (2001-2010). Esta Década de Plata es la transición, como fase previa, a la Década de Oro (2011-2020) que será la realización de la Revolución Bolivariana como manifiesta expresión del porvenir de prosperidad y redención para el pueblo venezolano.

El modelo venezolano[editar]

Construyendo un modelo para Venezuela[editar]

El hecho de que la revolución venezolana se esté llevando a cabo en forma pacífica y democrática, le imprime un carácter y un ritmo que les son propios. El proceso de control democrático de los instrumentos del poder, la construcción del bloque de fuerzas sociales, políticas e institucionales sobre las cuales debe sustentarse, aún está construyéndose. Por eso hemos caracterizado esta fase como de transición hacia la revolución bolivariana.

Este proceso comienza a hacerse efectivo con el desplazamiento de las elites que dominaron el escenario político en las últimas décadas y la aprobación, mediante referendum, de la Constitución Bolivariana, en la que se hace el diseño de la Venezuela que queremos. En ella se define al Estado Venezolano como democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna la preeminencia de los derechos humanos, mediante su ordenamiento jurídico y su acción, para lograr una vida en libertad, justicia, igualdad, solidaridad y democracia con responsabilidad social. Un Estado que tiene como sus fines esenciales, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar tales fines.

El mandato constitucional nos indica que debemos conducir al país hacia la maximización del bienestar colectivo, que se exprese en la ampliación de la democracia, mayor seguridad social, crecientes fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida para la población y mayor soberanía del país. Tales resultados deben garantizar la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento económico, que se traducirá en una justa distribución de la riqueza nacional, generada por una planificación de carácter estratégico, que democráticamente incorpore la participación colectiva, mediante la consulta abierta.

Estas orientaciones, establecidas en la Constitución, incluyen un mandato para que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, provea los mecanismos e instrumentos de acción necesarios para que la dinámica del país conduzca al logro de los fines esenciales.

El modelo planteado está vinculado con un sistema productivo diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial; donde la productividad y eficiencia deben ser la base de la rentabilidad empresarial. Se reserva al Estado la potestad de proteger la industria y la agricultura nacional cuando se enfrenta a una competencia desleal.

Uno de los aspectos más novedosos de la Constitución Nacional es la disposición sobre la protección y fomento de la economía social, como una estrategia para la democratización del mercado y del capital. En tal sentido, contempla la protección y promoción de las empresas del sector de la economía social (empresas familiares, cooperativas, asociaciones comunitarias para el trabajo). Se considera que las diversas formas asociativas, constituyen una forma deejercer los derechos de los ciudadanos.

Un elemento significativo, vinculado con la estabilización económica que gradualmente se viene afianzando desde 1.999, lo constituye tanto la neutralización de la tendencia inflacionaria que venía azotando a la economía nacional, como la recuperación de la senda del crecimiento económico, condición previa para el relanzamiento de la estrategia de desarrollo a largo plazo.

En el marco de una apropiada coordinación entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, se lanzó una estrategia que tiene por objeto recuperar las fuentes de fondos fiscales, controlar el gasto público y enfrentar los ataques especulativos sobre nuestro signo monetario, estabilizando con ello el mercado cambiario, donde se concentraban los efectos más nocivos para la estabilidad económica nacional.

El crecimiento del producto interno global fue una resultante del incremento del PIB real no petrolero, que traza una tendencia de especial significación si se considera que ello ocurre en todos los subsectores que integran el aparato productivo nacional. La intensidad y extensión del retorno al crecimiento es una señal de que la economía nacional reacciona frente a la recesión, en forma generalizada, una vez superada la incertidumbre política y la continua prédica negativa que venía minando la confianza del país en sus propias fuerzas endógenas de progreso y capacidad creadora.

La reactivación productiva, a partir del uso de la capacidad ociosa y la mayor capacidad de pago internacional, posibilitó una mayor disponibilidad de oferta en los mercados internos de bienes y servicios. Está surgiendo una mayor racionalidad en la cultura de consumo de la población, como consecuencia de una curva de aprendizaje, donde los agentes de demanda manejan con mayor claridad sus opciones presupuestarias, en términos de aprovechar menores precios, sin desmedro de la calidad de los productos adquiridos. Estos factores indican la presencia de un cambio estructural, que se manifiesta en el nivel de inflación del año 2000, que se coloca por debajo de lo que en el pasado reciente se consideraba su piso inercial, lo que está estrechamente relacionado con la generación progresiva de expectativas positivas sobre las potencialidades económicas del país.

Un elemento fundamental durante el período 1999-2000, fue el reconocimiento explícito de la deuda social, expresión del fracaso de las elites en lograr el acceso al bienestar de la gran mayoría de la población. El proceso de deterioro social progresivo se ha logrado detener, se ha asumido el compromiso de compensar la deuda social en un lapso determinado. Se puso en marcha un nuevo paradigma para retomar la senda del desarrollo y alcanzar el equilibrio social, que considera a la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza un imperativo ético, que no es contradictorio con la eficiencia económica. Es un modelo de política social diametralmente opuesto al enfoque neoliberal.

El Gobierno Nacional, desde sus inicios, ha tenido como prioridad devolverle la dignidad a los grupos poblacionales más pobres, lo que requiere de respuestas rápidas y eficientes.

Para lograrlo se emprendió el Plan Bolívar 2000, que es un plan cívico-militar dirigido a activar y orientar la recuperación y fortalecimiento de Venezuela y atender las necesidades sociales del país, proporcionando, en su primera fase, asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima exclusión social.

El Plan Bolívar 2000 ha establecido mercados populares, prestado atención médica y reparado escuelas. En salud y desarrollo social se ha fortalecido la red de ambulatorios y se está introduciendo una reorganización profunda del sistema de salud pública con énfasis en laatención primaria, apoyada en la organización comunitaria de la población, objeto de su atención.

Como producto de la política educativa se puso en marcha el Proyecto de Escuelas Bolivarianas y se incorporaron un millón de nuevos niños al sistema escolar.

La definición de una estrategia para la ocupación del territorio mediante la descentralización y la desconcentración, procurará un mayor y mejor crecimiento del país, un desarrollo más equilibrado y sostenible, a la vez que generará una mejora en la distribución territorial del ingreso, basado en el aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes regiones, lo que constituye un elemento de significación en la construcción del modelo venezolano de desarrollo.

El desarrollo más equilibrado del territorio obedece a una dinámica poblacional que favorece a las zonas situadas en los ejes de desconcentración. Para ello, será preciso la generación de nuevos empleos, el aumento del ingreso y la calidad de vida en esas zonas. Un mayor crecimiento y desarrollo económico en los ejes de desconcentración, posibilitará el incremento de la producción y del empleo y por ende una distribución del ingreso más equitativa.

Finalmente, con un carácter estratégicamente crucial, se está fortaleciendo la soberanía nacional, definiendo un perfil internacional propio, fundamentado en una visión multipolar de las relaciones internacionales, que permita que éstas se desenvuelvan sobre la base de la simetría y reciprocidad entre las naciones.

Se han obtenido logros muy importantes en la promoción de los intereses nacionales en el exterior, con particular énfasis en la defensa de la soberanía nacional, en el fomento de la integración latinoamericana y caribeña, en la revalorización del diálogo Sur-Sur y, por lo tanto, de los organismos multilaterales que agrupan a los países de América Latina y del Caribe, Asia y África. Venezuela ha tenido una amplia autonomía para aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización, así como para evadir sus amenazas y riesgos, moviéndose con flexibilidad y audacia en la escena internacional, buscando aliados e interlocutores, en función de los intereses superiores de la Nación. De allí la importancia que se otorga al fortalecimiento de foros como el Grupo de los Quince, el Grupo de los Setenta y Siete, el Movimiento de los No-Alineados, el Grupo de Río y otros de concertación política y económica como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur y la Asociación de Estados del Caribe.

El nuevo modelo de desarrollo de la sociedad venezolana[editar]

EL nuevo modelo fundamentará su evolución en el equilibrio de las fuerzas y factores que intervienen en la multidimensionalidad del desarrollo nacional. En este contexto el quehacer productivo diversificado y sustentable por su eficiencia y eficacia, será capaz de garantizar la generalización de los beneficios económicos como formula de equidad en el acceso al bienestar para toda la población. El perfil social del concepto de equilibrio se afinca en la exigencia histórica de balancear adecuadamente el interés individual y el interés social, especialmente la exclusión y marginalización de los más débiles y procurar un mejor vínculo racional y justo en la distribución social de la riqueza y el ingreso nacional generado, de tal forma que el modelo será incluyente en la atención de las necesidades de la población. A su vez la solución pacífica y civilizada de los conflictos de intereses se centrará en el respeto al derecho de los ciudadanos, frente a una gestión pública que deberá ser la expresión delconsenso como base de la legitimidad del Estado. Por otra parte, la motivación al logro y la disposición productiva de todos los agentes sociales del cambio será alcanzada por una sociedad que exigirá una participación corresponsable y democrática de todos los sectores, en todos los ámbitos y en cada momento del porvenir. Esta acción compartida y simultánea de toda la sociedad se manifestará en la desconcentración y descentralización de la toma de decisiones para llevar la dinámica del cambio a toda la nación y todo el territorio. Finalmente, como síntesis de la noción de soberanía y autodeterminación, la expresión externa de este desarrollo, exige que se promueva un entorno exógeno multipolar que garantice en la relación internacional la neutralización de las tendencias hegemónicas y desequilibradas del pasado.

En el mediano plazo esta noción de equilibrio múltiple se expresará en cinco equilibrios básicos:

Equilibrio Económico[editar]

En el lapso 2001-2007, se sentarán las bases de un modelo productivo capaz de generar un crecimiento autosustentable, promover la diversificación productiva y lograr la competitividad internacional en un contexto de estabilidad macroeconómica, lo cual facilitará una profunda y diversa reinserción en el comercio internacional globalizado.

Siguiendo la dirección de las Líneas Generales se logrará la superación definitiva de la volatilidad y el estancamiento, lo que traerá como consecuencia la definitiva disociación de la dinámica petrolera y el desempeño económico interno. Esto supone una política de sostenibilidad fiscal que tiene dos vertientes. En primer término, una mayor eficiencia en el gasto público, vinculado al logro de una mayor calidad de gasto, en el sentido de mejores servicios públicos, especialmente en salud, educación, energía, agua, transporte, seguridad jurídica y personal; ello hará surgir un ambiente de confianza propicio para la inversión privada y mejores Índices de Desarrollo Humano (IDH) para la población.

En segundo término, se requerirá una fuente adicional de ingreso fiscal, el cual se derivará de las nuevas ramas agrícolas, industriales y de servicios privadas, las cuales conformarán una nueva economía de exportación masiva de bienes y servicios, que, al lado de librar a la economía nacional de una excesiva dependencia de exportación de crudos y refinados primarios de origen petrolero, incrementarán sustantivamente los ingresos fiscales no petroleros.

Una planificación realista de la gestión financiera pública permitirá, en un lapso de tres a seis años, alcanzar el equilibrio del presupuesto ordinario, con límites de endeudamiento definidos por un nivel prudente de financiamiento extraordinario, en relación con el tamaño de la economía, las necesidades de financiamiento de la inversión productiva y la capacidad de la economía interna no petrolera para generar ingresos fiscales.

La sostenibilidad fiscal supone mantener una dinámica cambiaria de estabilización que se seguirá inscribiendo como ancla cambiaria. La política de bandas de flotación del tipo de cambio, alrededor de una paridad central fijada, coordinada por el Banco Central de Venezuela, continuará, para neutralizar los ataques especulativos que puedan originarse en capitales golondrina, o en expectativas irracionales a que está expuesto el mercado monetario y cambiario.

Las reservas internacionales seguirán siendo la columna vertebral de este contexto estabilizador.

La tendencia esperada en este crucial factor estratégico es hacia la estabilización autónoma, como consecuencia de la creciente sostenibilidad fiscal, surgida de un Estado más eficiente y eficaz.

En el mercado monetario se logrará una creciente correlación con las necesidades de monetización de la economía real, dentro de un sector financiero que habrá culminado su redimensionamiento, a través de fusiones y asociaciones estratégicas, para permitir la reducción radical del costo de transformación bancaria, posibilitando a corto plazo la disminución del costo de intermediación crediticia, que propiciará una baja significativa de las tasas de interés activas.

Al mismo tiempo, la elevación de las tasas pasivas a niveles reales positivos, será suficientemente atractiva para mantener el ahorro nacional como fuente del financiamiento de la inversión nacional, complementado por crecientes recursos de capital extranjero, que serán atraídos al fenómeno de desarrollo agrícola, industrial y de servicio acelerado que se propugna.

La sustentabilidad del crecimiento económico-social exigirá añadir, al motor del desarrollo que actualmente se concentra en el producto petrolero, nuevas ramas de producción agrícola, industrial y de servicio, capaces de generar una firme corriente de exportación a los mercados globalizados, al tiempo que podrá cubrir las demandas esenciales en el mercado interno. Esta expansión económica deberá estar concentrada en los sectores más competitivos y, al mismo tiempo, diversificarse suficientemente, para lograr construir un tejido industrial que le conceda al sistema económico nacional la menor vulnerabilidad posible.

La exigencia fundamental de crear una fuente adicional de divisas, a la que provee la exportación petrolera, se convertirá en un factor de refuerzo para la política de estabilización cambiaria, posibilitando el objetivo estratégico de alcanzar un tipo de cambio fijo, como consecuencia del equilibrio natural de oferta y demanda de divisas, más allá de la necesidad de intervenciones obligadas del Banco Central de Venezuela.

Por otra parte, la diversificación industrial y el impulso de crecimiento que ella desarrolle, pasarán a ser uno de los factores fundamentales de la sostenibilidad fiscal, al producir un incremento significativo de la recaudación tributaria de origen no petrolero.

La concepción de los planes de desarrollo sectorial y su vinculación con el marco general de políticas macroeconómicas, tomarán en cuenta las condiciones del contexto social y el nivel de desarrollo económico previo, por lo que se impondrán limites en la elección de los instrumentos de política económica que deben aplicarse. En ese sentido, deberá reconocerse que las Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Nación, en lo que se refiere a la gestión del Estado, orientarán la creación de condiciones macroeconómicas propicias para promover las políticas que induzcan a la iniciativa privada a actuar. Al mismo tiempo el Estado deberá fortalecer las fuentes de fondos de inversión, en los sectores considerados estratégicos, para cumplir los objetivos previstos en el modelo económico propuesto.

Una orientación fundamental de estas Líneas del Plan de Desarrollo será la apropiada distribución de los recursos y factores que determinan el nivel de inversión y de consumo. Es imperativo elevar la tasa de inversión a un nivel del orden del 20% del Producto Interno Bruto, pero ello debe tomar en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio dinámico del balance entre el ahorro y la inversión, para evitar la reaparición de presiones inflacionarias internas o efectos desfavorables en las cuentas externas.

De la misma manera, es necesario reconocer que los resultados del crecimiento económico tienen que expresarse a corto plazo, en el mejoramiento de los niveles de consumo de la población, e incluso en el sostenimiento de un alto nivel de consumo del sector público, lo cual limitará, en parte, la capacidad de inversión del Estado.

Esto coloca en un papel protagónico a la posibilidad de captar ahorro e inversión extranjera, y/o revertir pasadas tendencias a la salida de capital, creando condiciones atractivas para que estos recursos ingresen a la corriente de capitalización productiva que requiere el país. Una política audaz de asociaciones estratégicas en ramas y productos de alta demanda internacional, que atraiga al país capitales y tecnologías, será crucial para garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico del país.

Dentro de este contexto favorable se esperan tasas cada vez mayores de crecimiento real del PIB y del empleo que se traducirían en mayor ingreso familiar y la reducción continua del desempleo, subempleo e informalidad.

Equilibrio Social:[editar]

El equilibrio social estará dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo humano, mediante la ampliación de las opciones de las personas, el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades efectivas de educación, salud, empleo, de ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana.

El Gobierno Nacional asumirá la lucha por la superación de las profundas y amplias desigualdades sociales, no como acciones benéficas y asistenciales, para curar las heridas de los excluidos del mercado, sino como objetivos sociales y económicos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana, como condiciones para alcanzar la ciudadanía, porque incluye, además de los derechos políticos, los derechos económicos y sociales de la población.

De la misma manera, se asumirá que la lucha contra las desigualdades y la pobreza tendrá en cuenta la eficiencia económica, pero no subordinada a sus restricciones, por lo cual la política social, será parte de un conjunto más amplio de políticas, conformado por la estrategia de desarrollo de los sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo regional, la obtención de saldos favorables en los capitales de corto plazo, el incremento de la proporción de las inversiones productivas sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de economía social.

En el mismo orden de ideas, se impulsará la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales como una estrategia para conferirle legitimidad a la democracia y profundizarla y para aumentar la eficiencia económica, porque la profundización de los procesos democráticos requiere necesariamente una reducción significativa de la pobreza y de las desigualdades sociales.

El aumento de la productividad laboral estará vinculada con la disminución sustantiva de la pobreza y de las desigualdades sociales, que inciden favorablemente en los incrementos de la cohesión e integración social; ella será viable, incluso en el corto plazo, motivado a la subutilización de las capacidades de producción en que se encuentra el sector productivo y por los menores costos relativos de los bienes de capital.

Se pondrá en marcha una amplia política de incentivos fiscales que restablezcan y mejoren la tasa de acumulación del sector privado. El apoyo del Estado, consistirá en subsidios, acceso a créditos preferenciales, apoyo masivo para Investigación y Desarrollo, beneficios tributarios, entre otros, los cuales serán selectivos y temporales. Este apoyo tendrá, como contrapartida, un mejoramiento de la eficiencia relativa con respecto al mercado nacional e internacional y disposición a la reestructuración de los mecanismos de remuneración a los asalariados y democratización interna de los activos productivos.

Con el desarrollo de la Economía Social, la democracia se ampliará a la esfera del mercado y la economía. En efecto, en ella la solidaridad no es externa, ni se desarrolla después que la economía ha actuado, sino en el proceso económico mismo, porque se produce, se acumula y se distribuye con solidaridad. En esa misma línea, y compatible con la estrategia de desarrollo regional, se impulsará la democratización de la vida comunitaria.

El Estado enfrentará un aspecto crítico de la pobreza con la estrategia de atención integral para la promoción de la salud y la prestación de los servicios educativos fundamentales. Sin embargo, por las particularidades individuales y contextuales que asume la pobreza se realizarán intervenciones dirigidas a los individuos y se ejecutarán programas que actúen sobre el contexto sociocultural y económico de los espacios locales y regionales en que residen los pobres.

Equilibrio Político:[editar]

Construir la democracia bolivariana significa sentar las bases para lograr un sistema político en el que se hagan efectivos principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución: ser un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que, mediante su ordenamiento jurídico y su acción, garantice a sus ciudadanos la vida en libertad, donde impere la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Para lograr la democracia bolivariana es necesario la participación corresponsable de la ciudadanía. El principio de participación, que atraviesa toda nuestra carta magna, significa, además de ampliar y complementar a la democracia representativa, lograr que exista, entre elección y elección de los representantes, un mayor control de parte de la sociedad sobre los asuntos que los afectan directamente y dotar al Estado de mecanismos de ajuste y retroalimentación constantes, lo que hace que la velocidad de seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas estatales sea mayor, fortaleciendo su capacidad de adaptación y, como consecuencia, de competitividad. La participación no sólo amplia el ejercicio de la democracia, sino que es un requerimiento funcional que garantiza una mayor gobernabilidad a un Estado que cada día debe dar respuestas a una realidad compleja, con un alto grado de diversidad.

El principio de corresponsabilidad es complementario al de participación, los ciudadanos deben contribuir y formar parte de la solución de los asuntos que los afectan directamente. La creciente complejidad a la que tiene que enfrentarse el Estado, así como la velocidad de los cambios, crean grandes problemas de gobernabilidad, entendida como la capacidad de dar respuestas adecuadas y oportunas a las diferentes demandas que el ejercicio de sus funciones le exigen. La tendencia moderna es la de incorporar tanto a las organizaciones no gubernamentales, como a la sociedad en general, en la solución de los asuntos que las afectan.

Por ello, la acción del Estado se orientará a ser un agente activo en el estímulo y creación de ese tipo de organizaciones, para crear una red de relaciones, fundamentadas sobre principios democráticos participativos, que contribuyan al desarrollo armónico de la acción pública.

En nuestra estrategia partimos de la idea de que las resistencias potenciales al cambio están a lo interno de la Administración Pública, en su aparato burocrático, en los grupos sindicales, partidistas, burocráticos, tecnocráticos, que verán modificar la estructura de poder de la cual son beneficiarios y en los sectores de la sociedad que, dentro de una estructura clientelar, eran beneficiarios de las prebendas que le otorgaba el régimen. Mientras que los aliados potenciales están fuera, en los ciudadanos y organizaciones que se beneficiarán de una buena gestión pública, aliados que, contrariamente a quienes se resisten a las reformas, están dispersos, poco cohesionados, que ven afectados sus intereses en momentos diferentes, lo que dificulta que puedan ejercer una presión constante y efectiva para la transformación de la Administración Pública. De allí la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, por parte de la sociedad y de algunos organismos del Estado, sobre la Administración Pública y de hacer que esta última sea permeable, transparente y flexible, de forma tal que: sea sensible a los reclamos y presiones de su entorno; sus acciones estén a la vista de la ciudadanía, para que puedan ser mantenidas, controladas y tengan capacidad de adaptarse rápidamente a las experiencias y necesidades provenientes de su ambiente, para lo cual se requiere que en los procesos de transformación de la Administración Pública este comprometido y sea dirigido desde el más alto nivel gubernamental.

Para construir la democracia bolivariana se proponen tres objetivos fundamentales: consolidar la estabilidad social, desarrollar el nuevo marco jurídico institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica, para lo cual es necesario desarrollar la capacidad estratégica de regulación y gestión del Estado, una gestión pública que actúe en base a resultados y no de procedimientos, una alta capacidad de negociación y concertación del Ejecutivo, fortalecer el Estado de Derecho, una organización administrativa ágil y transparente, garantizar la participación ciudadana, construir el Estado Federal Descentralizado y establecer sistemas de rendición de cuentas.

Equilibrio Territorial:[editar]

La desconcentración del país como objetivo requiere un proceso de modificación del patrón de poblamiento, producción, inversión, distribución y recaudación solo concebible a mediano y largo plazo. En tal sentido, este objetivo forma parte del Proyecto Nacional de largo plazo y la estrategia para alcanzarlo se sustenta en la definición de ejes territoriales de desconcentración, que darán lugar a un nuevo equilibrio del territorio, y por ende a un nuevo concepto de su ordenación, y en la difusión y diversificación de la actividad productiva en las zonas más idóneas de esos ejes, con objeto de fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándole unas condiciones de calidad de vida dignas.

La dinámica productiva implícita, busca el aumento y la diversificación de la producción del país y, en lo posible, de la región que soporte la población, con la finalidad de incrementar el poder adquisitivo y procurar mayores oportunidades de empleo. La formación de recursos humanos y la promoción de actividades atendiendo a las potencialidades y limitaciones de especialización de cada región, con asistencia técnica y financiera serán dos pilares importantes en esta estrategia.

Se procurará un mayor bienestar y calidad de vida a los habitantes de la red de centros poblados ubicados en los ejes de desconcentración, impulsando el mejoramiento de los servicios públicos tales como sanidad, educación, vivienda, infraestructura urbana, bajo el concepto de densificar y eliminar paulatinamente la visión de ciudad extendida.

El desarrollo regional incorporará una dimensión ambiental, en su doble vertiente de protección del patrimonio natural y de factor cada vez más importante para el desarrollo económico y social en las sociedades avanzadas en el presente y cargado de posibilidades de generación de riqueza en el futuro más inmediato. Los recursos naturales y de ambiente no deben contemplarse solo desde la perspectiva de su conservación que es fundamental, por supuesto, sino también como recurso que hay que incorporar a la calidad de vida y al proceso de desarrollo. Hay que pasar de una concepción puramente utilitaria o defensiva a una actitud positiva. La rentabilidad social y económica de los recursos naturales y del ambiente del país, en un contexto de desarrollo sostenible, puede ser no solo una de las mejores formas de colaborar a la desconcentración, sino también de colaborar a la diversidad productiva mediante la potenciación de la industria y los servicios relacionados con el ambiente y todo lo que ello supone.

Equilibrio Internacional:[editar]

En el contexto internacional, Venezuela privilegiará el fortalecimiento de un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica de la comunidad de naciones.

Se partirá de la premisa de vivir en un mundo en el cual las directrices del orden internacional son el resultado de una interacción equitativa en la toma de decisiones mundiales, desechando así toda manifestación individualista que comprometa la libertad e igualdad de participación de los distintos actores del sistema.

La implementación del modelo democrático deberá dirigir sus objetivos a entablar relaciones de cooperación, en donde se hagan efectivos los intereses comunes de la política internacional.

De la misma manera, se continuará estimulando el consenso en cuanto a la necesidad de desarrollar políticas que permitan a los países de menor desarrollo relativo, enfrentar conjuntamente los problemas relacionados con el desarrollo económico y social con equidad.

En concordancia con la Constitución Bolivariana, Venezuela promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región.

Equilibrio Económico[editar]

OBJETIVO: Desarrollar la Economía Productiva[editar]

La política económica estimulará, el desarrollo de procesos de producción aguas abajo, la creación de un tejido de relaciones intersectoriales que integre la economía interna y genere crecientes niveles de valor agregado, del más alto nivel tecnológico y de la mayor competitividad internacional.

El imperativo de la justicia social exigirá que la diversificación de la producción este acompañada de un conjunto de medidas que permitan el desarrollo de una poderosa economía social. Entre ellas, la formación de microempresas, nuevas formas de cooperativas, empresas campesinas, acompañadas por medidas complementarias en materia financiera, asistencia técnica, capacitación, comercialización y reformas de los mecanismos de regulación.

Este desarrollo productivo favorecerá a las actividades económicas que se vinculen estrechamente a la vocación productiva de cada una de las regiones del país. Asimismo, se tomarán especialmente en cuenta los impactos ambientales de las actividades productivas, privilegiando además una progresiva reordenación espacial, que garantice el aprovechamiento sustentable de todo el territorio nacional.

El nuevo modelo que surgirá de la expansión de los sectores productivos y de servicios estará vinculado con el marco general de una gestión pública dirigida a crear condiciones macroeconómicas propicias, para fortalecer las fuentes de ahorro y promover la inversión pública y privada en los sectores considerados estratégicos.

El entorno externo influirá en el desempeño de la economía venezolana. Asimismo el mantenimiento de la cohesión social establecerá límites precisos al contenido y alcance de la política económica de corto y mediano plazo.

La intervención estadal habrá de renovarse, la participación adquirirá una importancia decisiva para conciliar acuerdos de mediano y largo plazo entre el Estado y la comunidad en torno a políticas publicas que generen convergencia con los propósitos comunes y estratégicos del Plan de Desarrollo de la Nación.

También se requerirá un cambio en materia de planificación, mediante técnicas que produzcan una mejor articulación de los procesos; mejoren la coordinación intersectorial y sectorial-territorial y alcancen una mejor organización para el dialogo y la concertación social.

Sub-Objetivos:[editar]

En el periodo constitucional se fortalecerá el proceso de estabilización económica a través de políticas que conduzcan al logro de los objetivos de sostenibilidad fiscal y la eliminación progresiva de la volatilidad económica. En segundo término, el incremento del ahorro y la inversión, la diversificación productiva y la internalización de los hidrocarburos asegurarán, un crecimiento económico sostenido, mediante la incorporación del cambio tecnológico y la mejora de la competitividad. En tercer lugar, se fortalecerá una economía social que estimule la democratización del capital y la legitimación del mercado, mediante formas organizativas alternas y autogestionables basadas en la diversificación social de la producción apoyada en un sistema de microfinanzas.

1.1 Alcanzar un crecimiento económico sostenido.[editar]

El crecimiento económico sostenido exige mejorar la productividad del capital existente y añadir nuevas actividades de producción industrial y agrícola, capaces de generar una firme corriente de exportación a los mercados internacionales de bienes y servicios, al tiempo que cubra las demandas esenciales en el mercado interno. Esta expansión económica deberá diversificarse suficientemente, para lograr construir un tejido industrial que le conceda al sistema económico nacional la menor vulnerabilidad posible.

La industrialización constituirá el eje de la diversificación productiva, principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión de las nuevas tecnologías y su capacidad para enlazarse con la producción primaria (agricultura y minería) y el área de los servicios (comercio), de manera de integrar cadenas productivas eficientes y competitivas.

La diversificación industrial y el impulso de crecimiento que ella desarrolle, pasarán a ser los factores fundamentales de la sostenibilidad fiscal, al producir un incremento significativo de la recaudación tributaria de origen no petrolero.

Por otra parte, se creará una fuente adicional de divisas, a la que tradicionalmente provee la exportación petrolera que se convertirá en un factor de refuerzo para la política de eliminación de la volatilidad económica, posibilitando el objetivo estratégico de alcanzar un tipo de cambio estable, como consecuencia del equilibrio natural de oferta y demanda de divisas, más allá de la necesidad de intervenciones normales del Banco Central de Venezuela.

1.2 Eliminar la volatilidad económica.[editar]

Los últimos veinte años de manejo de la política económica, se han caracterizado por la aplicación de políticas públicas discrecionales y cambiantes. Desde 1980 se han aplicado múltiples sistemas cambiarios. Se han tomado básicamente decisiones de corto plazo e inconsistentes, sin una visión estratégica. Se ha producido una gran volatilidad de los términos de intercambios (precios petroleros) que ha generado una gran dispersión de los ingresos y gastos fiscales, un gasto público prociclico, una fuerte tendencia a déficits crónicos que en numerosas oportunidades se resolvieron ineficientemente a través de importantes devaluaciones del tipo de cambio.

Esta situación trajo como consecuencia un deficiente desempeño económico y social caracterizado por una alta inflación y bajo crecimiento, el desplazamiento de la inversión, la reducción del salario real y el aumento del desempleo, de la informalidad y de la pobreza.

Durante el período constitucional, se fortalecerán las políticas públicas destinadas a disminuir la incertidumbre y eliminar la volatilidad de la economía. Una política fiscal que complemente la política monetaria, que elimine el resultado procíclico del gasto público, que compense la volatilidad que generan la variación de los términos de intercambio y los flujos financieros especulativos. Poner en marcha asimismo el Acuerdo Anual de Coordinación de Políticas Públicas y sobre todo instrumentar el conjunto de leyes previstas en la Constitución Bolivariana, así como las ya aprobadas por Ley Habilitante que darán un marco de seguridad jurídica y legislación estable necesarias para el Plan.

La eliminación progresiva de la volatilidad económica requerirá mantener una política cambiaria, como ancla nominal, en un mercado de divisas sin sobresaltos, que conjuntamente con el proceso de sostenibilidad fiscal, se constituirán en los instrumentos fundamentales para derrotar la inflación.

1.3 Internalización de los hidrocarburos.[editar]

El Proceso de internalización consiste en la utilización de los hidrocarburos como palanca de desarrollo de los sectores industriales y de servicios a los fines de generar un mayor valor agregado internamente y promover la participación del capital nacional en actividades vinculadas a la industria petrolera.

En esa forma, se utiliza el recurso más estratégico del país y el conocimiento asociado desarrollado durante 70 años por la industria petrolera, para ponerlas al servicio de un proyecto que permitirá cambiar progresivamente al país de una economía rentista a una economía productiva de transformación de los hidrocarburos.

El proceso de internalización se llevará a cabo mediante dos programas principales: La industrialización de los hidrocarburos aguas abajo de las corrientes de refinería, gas y petroquímica y el incremento del contenido nacional de bienes de capital, insumos, materiales y servicios demandados por parte de la actividad petrolera.

1.4 Desarrollar la economía social.[editar]

La economía social es una vía alternativa y complementaria a lo que tradicionalmente se conoce como economía privada y economía pública. Dicho de otra manera el concepto sirve para designar al sector de producción de bienes y servicios que compagina intereses económicos y sociales comunes, apoyado en el dinamismo de las comunidades locales y en una participación importante de los ciudadanos y de los trabajadores de las llamadas empresas alternativas, como son las empresas asociativas y las microempresas autogestionables.

Durante el período constitucional la Economía Social será impulsada a través de dos programas básicos: Uno dirigido a la democratización del capital y la legitimación del mercado a través del desarrollo de actividades productivas autogestionarias donde converjan formas de propiedad, distintas tales como microempresas, empresas comunitarias, nuevas cooperativas, pequeñas y medianas empresas y empresas campesinas.

El otro programa complementario al anterior, se refiere a la organización de un sistema de microfinanzas, apoyado en la Ley de Microfinanzas, Ley de Cooperativas, Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer y el Sistema Financiero Público, orientado a facilitar el acceso a los recursos financieros y la asistencia técnica a las comunidades populares y autogestionarias, empresas familiares y microempresas, que facilitará la promoción y desarrollo de los beneficiarios de la economía social.

Además de los servicios técnicos y financieros y de comercialización será necesario organizar programas masivos de capacitación destinados a microempresarios y trabajadores por cuenta propia, reformar diversos mecanismos de regulación que impiden la formación de microempresas, adecuar los servicios sociales, fomentar las organizaciones que contribuyen a la ayuda mutua, lograr la adecuada representación de la población menos favorecida ante los organismos del Estado y aprovechar la potencialidad redistributiva de la política fiscal.

La problemática de los campesinos y pequeños productores agrícolas será solucionada en forma integral. Esto exige, en primer término permitir a la población rural el acceso a condiciones de vida dignas y a políticas productivas adecuadas y en segundo término, el acceso a la tierra que sigue siendo una condición primordial para mejorar la distribución del ingreso y la riqueza en el campo.

1.5 Alcanzar la sostenibilidad fiscal.[editar]

Se entiende por sostenibilidad fiscal la necesidad de mantener en el largo plazo el conjunto de políticas fiscales que conduzcan al logro de las reglas macro-fiscales definidas por el Ejecutivo Nacional y contempladas como lineamientos en la Constitución Bolivariana. Es un proceso que tiene como propósito no solo fortalecer las finanzas públicas, sino también hacer mas eficiente la Administración Pública y mejorar la prestación de los servicios públicos a fin de promover el crecimiento económico y el bienestar social. El proceso se basa en un ajuste plurianual y gradual sustentado en una reforma fiscal y del sector público profunda.

El ajuste se llevará a cabo en un marco plurianual rediseñando las políticas fiscales de ingreso, gasto y endeudamiento, coordinando las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, haciendo consistentes las políticas laborales y sectoriales e implantando reformas legales e institucionales adecuadas y eficientes.

La sostenibilidad fiscal pasa por una reestructuración de la función pública, en la búsqueda de mayor eficiencia por unidad de gasto público y mayor eficiencia de recaudación por unidad de tributación interna, promoviendo la responsabilidad fiscal equitativa de los ciudadanos, complementada por la contrapartida de servicios públicos útiles que ella financia.

1.6 Incrementar el ahorro y la inversión.[editar]

La diversificación productiva y el desarrollo de una economía social requieren de una elevación sustancial de la tasa de inversión, lo cual a su vez necesita de una elevación de las fuentes de financiamiento, lo que en última instancia significa un incremento importante del ahorro.

Lo anterior requiere como condición indispensable elevar el ahorro público. Sin embargo, en materia de gastos corrientes, el objetivo de cancelar la deuda social reservará un destacado lugar en el Plan a los Programas Sociales donde habrá que realizarse un esfuerzo para mejorar la calidad de ese gasto, mediante evaluaciones precisas de sus efectos en la pobreza y en el desempleo.

En materia de ahorro privado se diseñarán políticas e instrumentos que favorezcan el ahorro de los ingresos provenientes del trabajo. La permanencia durante el periodo del Plan de un ambiente favorable para la inversión privada que elimine la inestabilidad, mejorará la posibilidad de incrementar el ahorro mediante el regreso de capitales de venezolanos desde exterior.

La contribución del ahorro externo al financiamiento del Plan se desarrollará mediante el uso de las fuentes provenientes de los organismos multilaterales de crédito y la inversión extranjera directa que debe favorecer el aporte efectivo de capital, tecnología, capacidad de dirección y el acceso a los mercados externos.

  • 1.1 Alcanzar un crecimiento económico sostenido.
    • 1.1.1 Diversificar la producción.
      • 1.1.1.1 Organizar un sistema integral de fomento a las exportaciones no petroleras. El surgimiento de un vigoroso sector de exportaciones no petroleras exigirá una acción deliberada del Estado para crear un entorno favorable para la competitividad en los mercados internacionales. Esto supone un conjunto de medidas fiscales, parafiscales, comerciales, financieras y de servicios que generen externalidades positivas en términos de reducción de costos e incremento de la productividad. El Estado asumirá firmemente una política expresa de fomento y promoción sistemática de las nuevas ramas agrícolas, industriales, mineras y de servicio con vocación exportadora.
      • 1.1.1.2 Integración regional orientada a fortalecer la capacidad de competir en los mercados regionales e internacionales. La integración económica latinoamericana debe revisarse para que constituya una palanca de acción efectiva a favor de la apertura de mercado a nuestra producción exportable. Una adecuada ponderación de las ventajas otorgadas y recibidas en el marco de los acuerdos suscritos o por suscribirse debe conducir a la creación de condiciones propicias para un mejor posicionamiento en mercados internacionales. Las relaciones comerciales multipolares, los acuerdos subregionales y la expectativa de un acuerdo económico continental (ALCA) inducen a programar el desarrollo intersectorial de la economía dentro de una clara perspectiva que debe determinar las ramas agrícolas e industriales donde se pueden lograr o se tienen ventajas competitivas sostenibles o incrementales a largo plazo.
      • 1.1.1.3 Organizar un moderno sistema de capacitación de la mano de obra para incorporar y difundir el progreso tecnológico. Un hito fundamental de la competitividad es la eficacia productiva en la mano de obra y ello a su vez está ligado con la incorporación de tecnología de punta en el desarrollo de un creciente volumen de bienes y servicios de alta calidad y bajo costo relativo. Para asegurar tales expectativas se reorganizará el sistema de capacitación de la fuerza de trabajo, que permitirá actualizar nuestra mano de obra a niveles de mayor progreso técnico. Ello debe estar complementado con el surgimiento de una infraestructura de investigación tecnológica directamente vinculada con los sectores empresariales como insumo estratégico de su mayor eficiencia económica.
      • 1.1.1.4 Darle prioridad a la mejora y expansión de los servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, agua, gas y otros.' El plan conducirá a la recuperación, mejora y expansión de los servicios básicos de tal manera que se reduzcan costos de producción y comercialización que vienen penalizando la formación de los precios y la competitividad del producto. Una apropiada cobertura de la demanda de energía eléctrica en correspondencia con la expansión productiva prevista, el aseguramiento del suministro de agua, la adecuación de la disponibilidad de gas para procesos industriales y para el consumo, la modernización acelerada de los servicios de telecomunicaciones serán una responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa privada para darle viabilidad y eficiencia de la producción nacional.
      • 1.1.1.5 Mejorar y construir nuevas obras de infraestructura de apoyo a la actividad exportadora. Un programa de reparación y mantenimiento de la red vial existente, el desarrollo de un sistema ferroviario nacional, la ampliación de puertos y aeropuertos, apoyándose fundamentalmente en una audaz política de concesiones será condición básica para garantizar una colocación oportuna, masiva y eficiente de nuestra producción exportable en los mercados internacionales.
      • 1.1.1.6 Desarrollar políticas proactivas para elevar la productividad, la competitividad y la innovación. Desde el Estado y en estrecha asociación con las universidades y la iniciativa privada se promoverá un sistema nacional de innovación en red, que vinculará a los centros de investigación y adaptación tecnológica con las empresas. Asímismo se desarrollarán planes específicos para el mejoramiento de la productividad, facilitando estímulos fiscales, funciones y técnicas para elevar la calidad de la producción industrial, reducir los costos unitarios y masificar la producción, haciéndola más competitiva nacional e internacionalmente.
      • 1.1.1.7 Mejorar y garantizar la existencia de mecanismos y fuentes de financiamiento del (corto, mediano y largo plazo) a la actividad exportadora. Se crearan condiciones para que los exportadores tengan acceso al financiamiento y al seguro para las exportaciones. De igual modo, se creará una red de instituciones, de promoción de las exportaciones en el exterior, vinculado a las delegaciones diplomáticas y al Banco de Comercio Exterior, para así promover la oferta exportable. Con la puesta en marcha del Banco de Desarrollo de Venezuela (BANDES), el capital de riesgo tendrá un impulso relevante para empresas dirigidas a diversificar la oferta exportable del país.
      • 1.1.1.8 Facilitar las asociaciones estratégicas y la participación del sector privado en empresas estratégicas. La multipolaridad comercial permitirá negociar con países, con grandes consorcios transnacionales y dentro de la Organización Mundial de Comercio, para abrirse espacio en los mercados mundiales. Las tendencias positivas de la globalización que apuntan a una transnacionalización productiva, signada por la búsqueda de la mayor competitividad en cualquier región del mundo, es campo propicio para asociaciones estratégicas entre capital nacional y extranjero, que derivarán en la modernización industrial del país.
      • 1.1.1.9 Simplificar los procedimientos administrativos y burocráticos que dificultan la actividad exportadora. El costo de la permisología y de los engorrosos procedimientos administrativos que afectan la actividad exportadora, tenderá a minimizarse con la eliminación previa y simple de instancias de tramitación que no tiene ninguna razón de ser y la organización de una taquilla única. A su vez la automatización de los sistemas de registro y control con fines fiscales contribuirán a reducir la intervención burocrática y su incidencia en los costos sobre los flujos de exportación del país.
      • 1.1.1.10 Desarrollar zonas francas de exportación y puertos libres con régimen fiscal especial. El fortalecimiento de la oferta exportable nacional se apoyará igualmente, en políticas más flexibles de tramitación aduanera, perfeccionamiento de proceso, devolución de impuestos o exoneraciones y preferencias arancelarias y con la implantación de una política de zonas francas de exportación y puertos libres que deben contar con el establecimiento de asociaciones estratégicas de mercado y dentro de la flexibilidad que se debe obtener en los acuerdos de integración.
    • 1.1.2 Fortalecer integración de cadenas productivas
      • 1.1.2.1 Diseñar y ejecutar programas de articulación entre los sectores primarios, manufactureros y servicios para inducir un mayor valor agregado nacional y progreso técnico. La reconstrucción del tejido industrial se alcanzará promoviendo la integración de la matriz intersectorial de la producción y proporcionando el desarrollo aguas abajo de los sectores líderes. La activación de cadenas productivas mediante una secuencia de agregación de valor que va desde la producción primaria, a la transformación manufacturera y de esta a su comercialización y servicios del consumidor final será esencial para consolidar un crecimiento económico real sostenible y las posibilidades de competir interna y externamente.
      • 1.1.2.2 Diseñar y ejecutar la cadena de proveedores nacionales al sector petrolero y otras actividades básicas. Se desarrollará gradualmente un mayor eslabonamiento de la cadena productiva vinculada a los hidrocarburos, mediante la incorporación de proveedores nacionales de materias primas y otros insumos a las empresas que prestan servicios al sector de hidrocarburos. En ese mismo sentido operará el fortalecimiento y expansión de los vínculos entre otras industrias básicas y sus consumidores nacionales de la metalmecánica y de la producción de insumos de diverso nivel de elaboración con destino a productores de bienes finales nacionales e internacionales.
      • 1.1.2.3 Mejorar y ampliar los programas de financiamiento y desarrollo de las cadenas productivas (corto, mediano y largo plazo). El Estado garantizará la existencia de mecanismos y fuentes de financiamiento seguros y suficientes, a costos razonables para la producción agrícola, minera, industrial y de servicios. Para ello se modernizará y coordinará el subsistema financiero público bajo la rectoría del Banco de Desarrollo de Venezuela (BANDES) y mediante acuerdos institucionales con el subsistema financiero privado que reactiva la intermediación bancaria con fines productivos.
      • 1.1.2.4 Inducir progreso técnico en los procesos y productos de la cadena, con programas diferenciados por regiones y por tipo de productores. La actualización tecnológica a nivel de las cadenas productivas claves, que incluye la industria básica (aluminio, níquel, acero, minerales no metálicos), industria turística y de servicios, será favorecida por programas de incentivos especializados atendiendo a las características de cada producto, su situación de mercados, su ubicación a nivel regional y la posibilidad de lograr por la vía de las asociaciones estratégicas, el aporte financiero y la experticia del capital internacional que le de acceso a las grandes corrientes de comercio transnacional.
      • 1.1.2.5 Combinar mecanismos de mercado con reglamentaciones para asegurar la explotación racional de la cadena productiva. El plan de reconstrucción del tejido industrial y la creación de un nuevo sector o conglomerado de ramas industriales y de servicio de exportación debe surgir de una combinación oportuna de política comercial, con un sistema regulatorio que garantice la libre competencia, la explotación racional de recursos y el aprovechamiento de aquellos eslabones de las cadenas productivas, en los cuales se tengan mayores posibilidades de éxito, en razón de obtener ventajas comparativas y competitivas.
      • 1.1.2.6 Darle prioridad a la expansión y mejora de los servicios básicos de apoyo a las cadenas productivas. El Estado venezolano promoverá el financiamiento y desarrollo de infraestructuras públicas y servicios básicos que constituyen un apoyo esencial para el sector productivo, en su condición de creación de externalidades imprescindibles para lograr la competitividad empresarial, especialmente en el caso de las cadenas productivas que liderizan el surgimiento de una economía más diversificada y con mayor capacidad de exportación.
    • 1.1.3 Garantizar la seguridad alimentaria.
      • 1.1.3.1 Promover un uso racional de la tierra agrícola, respetando el derecho de propiedad, erradicando el latifundio y penalizando la ociosidad de la tierra. La tierra agrícola es un desideratum de la posibilidad de autosuficiencia alimentaria de nuestra población. El plan contempla como uno de sus pivotes fundamentales triplicar la extensión de la tierra cultivable y de las tierras dedicadas a la ganadería, que contribuyen a la dieta básica del venezolano. Es necesario destacar que este programa será orientado a optimizar el uso de la tierra, aplicando como racionalidad básica, el reconocimiento del derecho a la propiedad privada de la misma, dentro de los parámetros de una definitiva y absoluta liquidación del latifundio improductivo y la penalización impositiva severa de la tierra que permanece ociosa. Tal criterio será también aplicado a las tierras que estando en manos del Estado y siendo susceptibles de explotación agrícola, permanecen sin utilidad económica alguna.
      • 1.1.3.2 Reorganizar y regular el sistema de comercialización y mercadeo de productos e insumos agrícolas. El incremento de la oferta de bienes agropecuarios en los mercados al por mayor y de demanda final exigirá una mejor fluidez, en los canales de comercialización y en el sistema de mercadeo tanto de los productos, como de los insumos requeridos por los productores. Se pondrá un especial énfasis en la lucha contra las llamadas “roscas” o circuitos controlados por grupos oligopólicos que estrangulan la entrega de las cosechas o su almacenamiento envileciendo los precios de los productos agrícolas cuando llegan al consumidor final.
      • 1.1.3.3 Atender con prioridad la conclusión de obras de infraestructura, tales como sistemas de riego, vialidad, almacenamiento, entre otras. Otro obstáculo que esta afectando el desarrollo de una mayor producción agrícola es la escasez o deterioro de la infraestructura soporte que determina muchas veces la materialización efectiva de las cosechas y la disminución del riesgo climático o del riesgo de su colocación oportuna en el mercado. Los sistemas de riego, la vialidad rural, el almacenamiento en silos y la refrigeración son puntos críticos de la creación de un sistema de agrosoporte que el Estado construirá como fórmula para mejorar los rendimientos y salvar o proteger las cosechas resultantes.
      • 1.1.3.4 Adecuar las políticas comerciales al plan nacional de desarrollo agrícola y alimentario. Los agricultores en cualquier parte del mundo, aún en los países mas desarrollados, dependen críticamente de la recepción de sus cosechas y productos en tiempo oportuno y a precios redituables. El incremento de la producción como objetivo estratégico de la seguridad alimentaria no debe ser factor de depresión de sus precios; por otra parte, la importación de productos de origen agrícola debe ser complementaria y no sustitutiva de la capacidad de producción nacional. Dentro de una adecuada racionalidad que equilibre los intereses del consumidor final y de los productores agropecuarios se desarrollará una política comercial de precios rentables, cupos de importación o contingentamiento, disposiciones fiscales y pararancelarias financieras que garanticen la recuperación de la agricultura nacional y la atención alimentaria de la población.
      • 1.1.3.5 Mejorar las instituciones de fomento y financiamiento al sector agrícola. El éxito del Plan Sectorial Agrícola lo determina la oportunidad y magnitud del financiamiento previsto a los productores. La disposición de los recursos en tiempo real, vinculado al ciclo de cultivo o reproducción exige la reestructuración y automatización de las instituciones y procedimientos de fomento agrícola. El gobierno nacional reunificará y fijará reglas claras y recursos suficientes tanto técnicos como financieros, para asegurar cada fase de la acción productiva y la recolección y comercialización de las cosechas y productos que con su venta a insumidores y consumidores, completa el circuito financiero con creciente capacidad para autofinanciamiento y adecuada rentabilidad para todos los actores de la cadena agroalimentaria.
      • 1.1.3.6 Instrumentar políticas descentralizadas de fomento de asociaciones sociales para la producción agrícola. El desarrollo del sector de la producción agrícola exigirá la acción deliberada del Estado para promoverlo, respaldarlo y financiarlo, atendiendo a las especificidades regionales y a su vez a la diversidad de rubros y productos cuyo cultivo exige una solución particular en cada caso. Los productores de algodón de arroz, cacao, maíz, café, oleaginosas, tubérculos, ganado vacuno, caprino, agricultores, pesquero, avícolas, etc., requieren un programa de acción especial cuyo único denominador común es tierra y financiamiento. La organización social de los productores asistencia técnica y su respuesta corporativa desde el ángulo del sector público serán esenciales para el éxito de la planificación agrícola.
      • 1.1.3.7 Disponer de financiamiento dirigido a la compra de bienes de capital e insumos esenciales. La magnitud, la oportunidad y el costo razonable del financiamiento agrícola será determinante para la concreción de la meta de crecimiento significativo de la producción agrícola. Se requiere una importante modernización en equipamiento agrícola el suministro de insumos esenciales tales como semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas y alimentos concentrados para animales, etc. Será especialmente atendido por redes organizadas de productores, que por asociación podrán obtener recursos de financiamiento y precios asequibles para una apropiada reducción o ajuste de sus costos de producción.
      • 1.1.3.8 Mejorar la información técnica y de mercados para el productor agrícola. La agricultura venezolana es un sector fuertemente afectado por la desinformación y la desorganización del sistema de comercialización, por ello se ha previsto crear un sistema o red de informática que sea capaz de canalizar la información técnica y de mercado más avanzada y actualizada posible en cualquier materia de interés para el productor. Asimismo se tiene planteado la sistematización de la red de mercadeo que vincule productores, transportistas, almacenistas, mercados mayoristas y minoristas para hacer equitativa la distribución de los ingresos generados en la cadena de comercialización. Finalmente se promoverá el desarrollo de las bolsas agrícolas y la compra y ventas a futuro, con la inclusión de un sistema generalizado de seguros agrícolas que reduzca el riesgo del negocio.
      • 1.1.3.9 Mejorar y ampliar los programas de formación y capacitación técnica y empresarial. La posibilidad de mantener y elevar la productividad agrícola depende de la actualización continua del productor tanto en las técnicas de producción como en el sistema gerencial más apropiado para dirigir con éxito esta actividad. Se pondrá énfasis en la investigación agropecuaria a nivel de los centros e instituciones científicas que realizan esta tarea y se reforzará la función de capacitación del CIARA, del INIA y del INCE Agrícola en procura de una mayor eficiencia y productividad del trabajador rural y de su nivel empresarial.
    • 1.1.4 Incrementar y fortalecer PYME
      • 1.1.4.1 Desarrollar instituciones y políticas distintas para los objetivos económicos y sociales de este sector. La pequeña y mediana empresa será un subsector estratégico de la repotenciación de las cadenas productivas aguas abajo. Su organización en redes y eslabonamientos para cada tipo de actividad fabril supone el diseño de políticas especializadas en atención a las características de cada rama industrial. Las cadenas metalmecánica, forestal, textil y química entre otras tendrán su propio esquema institucional y su política específica para definir los objetivos, los recursos y las instancias de financiamiento o mercadeo que permitan crear redes y motivaciones propicias para la recuperación y expansión de las PYME.
      • 1.1.4.2 Vincular la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. Es necesario superar el actual, desorganizado y cuasi anárquico sistema de funcionamiento de las PYME. La ausencia de vínculos orgánicos entre la pequeña, mediana y gran empresa crea costos o deseconomías y desperdicio de oportunidades de mercado y de mejoramiento técnico. Las tres instancias empresariales deben constituir un tejido industrial que favorezca economías de escala y aglomeración favorable a una mayor eficiencia productiva.
      • 1.1.4.3 Mejorar y ampliar los organismos de apoyo en asistencia técnica, financiamiento y capacitación. La asistencia técnica a las PYME será sistematizada con apoyo del sector empresarial y asesoría de la cooperación económica internacional. De igual forma se sistematizará y automatizará el financiamiento y fondos de garantía. Finalmente se creará una red de capacitación que involucre a las grandes empresas cuya fuente de suministro es la PYME, de tal forma que se mejoren los estándares de calidad de bienes y servicios que fluyen de uno a otro subsector.
      • 1.1.4.4 Establecer sistemas de incentivos favorables al sector, relacionados con las compras del Estado y compras en el país. Tal como lo practican todos los países, se desarrollará un diversificado sistema de incentivos a las PYME, otorgándole preferencias razonables en las licitaciones de adquisiciones gubernamentales, atendiendo al criterio de favorecer al productor venezolano, dentro de pautas de calidad y precio que estimulen el mejoramiento continuo de las perspectivas económicas de las PYME.
      • 1.1.4.5 Asegurar la fiscalización efectiva del cumplimiento de las medidas relacionadas con compras locales y del Estado. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política de compras estatales a las PYME, con preferencia a otras fuentes de suministros, se creará un sistema de supervisión dirigido a todo el sector público centralizado y descentralizado. Adicionalmente se instará a las empresas publicas a promover una política similar para fortalecer sus potencialidades de demanda para sus propios intereses de mercado.
      • 1.1.4.6 Establecer mecanismos de incentivos financieros o tributarios al sector. Como parte de la política de promoción y respaldo a las PYME se ha previsto desarrollar un conjunto de mecanismos e incentivos financieros que faciliten capital de trabajo oportuno y fondos suficientes de inversión en equipamiento para la modernización de las PYME. A su vez, se creará una batería de incentivos fiscales que conjuntamente con una política comercial más favorable relanzará el Sistema Nacional de las PYME.
      • 1.1.4.7 Difundir información sobre la capacidad de producción del sector para identificar oportunidades con la gran industria y la exportación. Se propiciará el surgimiento de sistemas de información y comercialización de las PYME que pueda desarrollar un potencial de exportación, en estrecha coordinación con las grandes industrias. La participación de las PYME en el mercado de partes automotrices o productos textiles, plásticos o químicos, alimentos o productos tipográficos y en general, cualquier línea de exportables donde una red de producción en cadena pueda ofrecer cantidad y calidad competitiva, operando como un sistema de producción en secuencia, donde cada rama ofrezca su mejor nivel de competitividad.
      • 1.1.4.8 Distinguir entre los objetivos económicos y sociales de la pequeña y mediana empresa para el desarrollo de instituciones y políticas consistentes. Se plantea el desarrollo de las PYME no solo como un subsistema eficiente de producción y distribución de bienes intermedios y finales a los mercados nacionales e internacionales, sino además como una red social donde se enfrente con éxito la generación de empleo e ingresos remunerativos para crecientes masas de población activa.
      • 1.1.4.9 Simplificar los trámites burocráticos y administrativos. Tal como se plantea en relación con el resto de las actividades productivas, se insistirá en la simplificación burocrática y en la reducción significativa de la permisología a los fines de la constitución o ampliación de las PYME y de su gestión empresarial. La desregulación administrativa y el desentrabamiento de la tramitación, crediticia, sanitaria o de comercialización será crucial en el éxito del programa de relanzamiento de las PYME.
      • 1.1.4.10 Mejorar y ampliar los programas dirigidos a emprendedores e innovadores del sector. Un subprograma especial del desarrollo de un sector de las PYME, lo constituye el estímulo y promoción del surgimiento de nuevos empresarios emprendedores e innovadores que con el respaldo del Estado incursionarán en la actividad productiva privada. Se considera que este programa será la palanca fundamental del relevo generacional en la clase empresarial del país con una visión de solidaridad, corresponsabilidad, modernización y audacia gerencial, especialmente en dirección a una diversificación social de la producción.
    • 1.1.5 Incorporar y adaptar nuevas tecnologías
      • 1.1.5.1 Masificar los programas de formación científica y tecnológica. La ciencia y tecnología acompañarán e inducirán los cambios técnicos requeridos en el ámbito económico para impulsar el crecimiento de la producción y la productividad. En ese sentido se propiciará la multiplicación de programas de formación científica bajo la convicción de que la infraestructura de investigación es un insumo estratégico fundamental para la innovación en el área productiva.
      • 1.1.5.2 Intensificar la vinculación de nuestros centros de investigación con centros de alto nivel en países avanzados, y estimular la capacitación de sectores regionales. El avance científico y la aplicación tecnológica es un campo que exige una estrecha vinculación de la investigación y la creación científica nacional con los centros del más alto nivel de los países mas avanzados. Una adecuada interacción debe facilitar la transferencia y la adaptación tecnológica que nos permita alcanzar la ventaja tecnológica de la producción nacional. Por otra parte se ha previsto llevar el desarrollo tecnológico a nivel regional por la vía de la creación de una red de información que le otorgue acceso directo a la información tecnológica mas avanzada para los productores de cualquier área del territorio nacional.
      • 1.1.5.3 Crear instrumentos financieros para estimular la investigación científica y tecnológica. El impulso a la investigación científica y el apoyo a las creaciones científicas deben contar con una fuente de financiamiento permanente tanto por parte del Estado como por parte de los sectores empresariales. Esto exige la asignación de recursos presupuestarios significativos a los institutos de investigación científica, adicionalmente debe promoverse la vinculación de los sectores productivos nacionales con las universidades y las instituciones de investigación científica del país como base para crear tecnología de punta de origen nacional.
      • 1.1.5.4 Masificar la instalación de infocentros que conviertan en un hecho rutinario la utilización de informática y telemática avanzada. El programa de difusión tecnológica se apoyará en la red de infocentros que se está instalando a nivel de las bibliotecas públicas, los centros comunitarios de formación y las instituciones educacionales, para promover especialmente en la juventud una cultura cotidiana en el uso de tecnología avanzada como fuente de información para la solución de problemas concretos que pudieran surgir dentro de los procesos de producción.
      • 1.1.5.5 Fomentar el vínculo del financiamientos productivos con el uso de tecnología creada por nuestros centros de investigación científica. Se propiciará la vinculación directa entre los programas de otorgamiento de crédito de las instituciones del sector público, condicionando la aplicación de una parte de los recursos de financiamiento a la aplicación de tecnología nacional, creada o adaptada en nuestros centros de investigación científica.
      • 1.1.5.6 Coordinación permanente e intercambio continuo de avances científicos entre los diversos institutos científicos del país. Se considera necesario superar el aislamiento en que se viene desarrollando la investigación científico tecnológica en el país, como consecuencia del escaso intercambio entre las diversas instituciones que realizan esta actividad a nivel nacional. En ese sentido se alentará la realización de programas de intercambio periódicos entre tales instituciones y la instalación de una red permanente histórica y actualizada de los avances alcanzados por cada institución individualmente.
      • 1.1.5.7 Incrementar el soporte científico y la asistencia técnica a los productores, proporcionada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las universidades y los institutos especializados de investigación específica. El plan nacional de ciencia y tecnología apoyará el desarrollo de la industria, la agricultura y los servicios, facilitando el acceso a la investigación tecnológica de los centros de investigación científica del país promoviendo la creación de centros de transferencia tecnológica que permita, a los productores nacionales la consulta técnica especializada en forma inmediata, para reducir el desface entre las invenciones y su uso en la vida cotidiana de la población.
      • 1.1.5.8 Reforzar el sistema nacional de capacitación y actualización tecnológica de la mano de obra. El Estado tiene previsto apoyar directamente al Sistema de Capacitación de la mano de obra, incorporando en los programas de capacitación técnica cualquier avance en materia de transferencia y adaptación tecnológica que pueda tener aplicación inmediata en la actividad productiva nacional.
    • 1.1.6 Consolidar el Sector Financiero
      • 1.1.6.1. Transformar y fortalecer el sistema financiero público con el propósito de optimizarlo, agilizarlo y potenciar su capacidad de asistencia técnica y financiera para desarrollar los sectores productivos. Se reorganizará el sistema financiero del sector público como factor complementario de la necesaria reactivación de la intermediación bancaria hacia el sector productivo nacional. A tal evento, se ha previsto respaldar el financiamiento de los sectores productivos con programas de endeudamiento a largo plazo, para garantizar el financiamiento del crecimiento económico del país. Este soporte financiero deberá aplicarse a partir de una rigurosa evaluación técnica que garantice la rentabilidad de las inversiones.
      • 1.1.6.2 Impulsar el Banco de Desarrollo (BANDES) de Venezuela, como instrumento de expansión, diversificación y desconcentración de la infraestructura social y productiva para el desarrollo integral del país. El gobierno nacional considera una prioridad crucial la recapitalización productiva y la desconcentración económica para superar definitivamente la crisis de crecimiento que padece el país. En ese sentido se está reorganizando y modernizando la función financiera del Estado y se colocará el Banco de Desarrollo de Venezuela (BANDES) como el ente rector de una avanzada estrategia de financiamiento, desde la fase de preinversión hasta la fase de maduración y plena producción de los proyectos que reactivarán masivamente la producción industrial, agrícola, minera y energética en todas las regiones del país.
      • 1.1.6.3 Fortalecer programas de financiamiento con el fin de apoyar sectores productivos para los pequeños y medianos productores. Se ha iniciado un nuevo mecanismo de financiamiento dirigido a las PYME con el objeto de complementar a las instituciones que como el Banco Industrial de Venezuela y el Fondo de Crédito Industrial, destinarán la mayor proporción de sus recursos al financiamiento de pequeños empresarios y productores innovadores. En ese sentido se están reformulando los estatutos legales de los diversos entes financieros del Estado para concentrar su acción crediticia en apoyo a los sectores mencionados.
      • 1.1.6.4 Ampliar y mejorar los programas de financiamiento de la banca privada a la agricultura, la pequeña y mediana empresa y microempresas. Los programas de financiamiento de la banca privada serán incentivados con la incorporación de mayores facilidades en términos de plazos, periodos muertos, tasas de interés y garantías exigidas de tal manera que se reabra la función privada para el sector productor a costos racionales y asimilables por parte de la agricultura, la pequeña, mediana y micro empresas.
      • 1.1.6.5 Desarrollar el concepto de “Cadena Financiera” A los fines de respaldar apropiadamente la función financiera pública y privada, se ha introducido el concepto de Cadena Financiera para reforzar la interrelación entre banca publica o privada y los productores, especialmente el caso de los productores pequeños y medianos, las instituciones aseguradoras y de otorgamiento de garantías, que permitirían la disminución del riesgo bancario y el abaratamiento del financiamiento con capital de riesgo.
  • 1.2 Eliminar la volatilidad económica.
    • 1.2.1 Lograr condiciones macroeconómicas para un crecimiento estable.
      • 1.2.1.1 Armonizar los objetivos de reactivación económica y de consolidación de la estabilidad macroeconómica. Se continuarán armonizando los objetivos de reactivación económica y de consolidación de la estabilidad macroeconómica, a través de la instrumentación de políticas dirigidas a lograr un crecimiento sustentable manteniendo el ritmo descendente de la inflación. En ese sentido, la estrategia económica coloca el énfasis en las políticas dirigidas a promover la oferta y la inversión, fundamentalmente a través de la implementación de incentivos fiscales y de la inversión pública en infraestructura, así como de reformas legales orientadas a establecer un entorno macroeconómico y un marco institucional, estable y favorable a la actividad económica productiva.
      • 1.2.1.2 Alcanzar el equilibrio intertemporal de las cuentas fiscales. Un elemento fundamental del objetivo de crecimiento estable está vinculado a la política fiscal en el sentido de garantizar la solvencia y la disciplina en la ejecución presupuestaria. Con este fin se ha previsto de acuerdo con lo exigido con la pauta constitucional desarrollar la programación de las finanzas públicas en un marco plurianual, que recoge la expresión cuantitativa de la planificación financiera del Estado y deberá orientarse hacia la eliminación gradual del déficit fiscal. Las reglas fiscales, incluidas en el texto constitucional y recogidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera (LOAF) exigen que el resultado de la gestión financiera del Estado optimice la relación ingresos-gastos dentro de un plazo determinado por el propio ente administrativo y sancionado por el ente legislativo.
      • 1.2.1.3 'Sustituir progresivamente el gasto público por el gasto privado como factor de impulso a la actividad económica. Históricamente el gasto público ha sido el factor activador de la demanda agregada y con ello de la actividad productiva nacional. Las limitaciones de ingresos tributarios que han venido afectando la gestión fiscal obligan a una concentración del gasto público en el financiamiento de actividades vinculadas a la prestación de servicios fundamentales para cumplir la función social, limitando por tanto la capacidad del Estado para intervenir en el desarrollo de actividades productivas que corresponden mas propiamente a la gestión privada.
      • 1.2.1.4 Concentrar el gasto fiscal en la solución de la problemática social. La concentración del gasto fiscal debe orientarse a la satisfacción de las prioridades públicas fundamentales considerando particularmente la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad pública y la defensa nacional.
      • 1.2.1.5 Generar externalidades positivas que incrementen la productividad pública y privada e incentiven la inversión. El Estado, en función de sus disponibilidades presupuestarias, desarrollará planes de apoyo financiero al sector productivo e implementará programas de inversión de infraestructuras públicas fundamentales para el servicio público y el crecimiento económico del país. Es importante señalar que la función mas eficiente del Estado como promotor del desarrollo económico estará asociada a la creación de externalidades positivas (economías de costo) que al tiempo que crean condiciones de competitividad a la empresa privada, se traducen en un impulso importante a la formación bruta de capital y a la formación de empleo.
      • 1.2.1.6 Modificar el perfil de la deuda pública externa hacia un pago de un servicio más equilibrado. El Estado debe hacer las previsiones anuales que le permitan generar superavit acumulables, para responder por la amortización de la deuda por el plazo y términos que hubiere contratado. Con este criterio de administración se distribuirá el impacto de la deuda pública dentro de un perfil intertemporal más adecuado a las disponibilidades de recursos presupuestarios que esté en capacidad de obtener el Estado.
      • 1.2.1.7 Modernizar la gestión pública. La función pública ineficiente ha venido penalizando gravemente la capacidad del Estado para atender, dentro de las limitaciones presupuestarias, sus obligaciones sociales fundamentales. Por ello se hace imperativo un esfuerzo radical por aumentar la eficiencia y la eficacia de la administración pública. En ese sentido impondrá una rigurosa disciplina en la aplicación del gasto y se continuará la reestructuración de la gerencia pública hasta optimizar sus resultados en función de la prestación de servicios que se traduzcan en bienestar para la comunidad.
      • 1.2.1.8 Usar los recursos del FIEM para independizar el gasto fiscal de las variaciones al mercado petrolero internacional (uso anticíclico de los recursos del FIEM). El funcionamiento efectivo del Fondo de Estabilización Macroeconómica, tal como lo plantea la Constitución Bolivariana tiene una especial significación, al actuar como mecanismo estabilizador. En la medida en que los excedentes de ingresos fiscales ordinarios susceptibles a la aplicación del FIEM sean ahorrados, la percepción de riesgo de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros mejorará notablemente al reconocer que existe una importante acumulación de fondos, utilizables en caso de un retroceso de los ingresos fiscales petroleros y no petroleros.
      • 1.2.1.9 Utilizar la política fiscal como complemento de la política cambiaria en su rol de ancla nominal de los precios. La política fiscal es un instrumento decisivo para cumplir el objetivo de abatir la inflación. La triple regla fiscal de equilibrio ordinario, límite de endeudamiento y límite del gasto, creará las condiciones favorables necesarias para evitar la incidencia desproporcionada del gasto público en términos de incrementos de liquidez que podrían empujar el alza de los precios al nivel del consumidor. La disciplina y la solvencia fiscal se convierten así en un muro de contención de la presión inflacionaria por el lado de la demanda.
    • 1.2.2 Estabilizar el Tipo de Cambio
      • 1.2.2.1 Mantener el esquema de bandas cambiarias con una paridad central ajustada a la inflación objetivo y tendencialmente destinada a la estabilización del tipo de cambio. En materia cambiaria se mantendrá la política de flotación del tipo de cambio, dentro de las bandas cambiarias que anualmente determinará el Banco Central de Venezuela, en directa vinculación con la tasa de inflación objetivo y con la tendencia del mercado de divisas. Las reservas internacionales apuntarán el sentido de escasa o ninguna variación, como consecuencia del equilibrio de precios relativos al que tiende la economía real del país.
      • 1.2.2.2 Fortalecer la autonomía del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela atendiendo la pauta constitucional, con estricto apego a la imperiosa necesidad de coordinación macroeconómica, mantendrá la autonomía en el monitoreo de la esfera monetaria de la economía, para que responda equilibradamente a los requerimientos de monetización generados por el ritmo y la velocidad del crecimiento de la economía real. La creación de dinero y su inyección a la liquidez monetaria estará gobernada por la exigencia estacional que marque el mercado y los requerimientos de estabilización que exige su correspondencia con la esfera fiscal.
      • 1.2.2.3 Generar una estrategia sustentada en la productividad real de la economía y no en una competitividad ficticia derivada de un subsidio cambiario. La política cambiaria tendrá su soporte básico más allá de la acumulación de reservas internacionales, en la recuperación de la productividad real interna en relación con la productividad media de los llamados socios comerciales internacionales, pues en última instancia la tasa de cambio será la expresión de la conquista de los mercados transables, determinada por la relación entre poderes adquisitivos que se originan en los niveles de productividad de cada país. Esa productividad deberá generarse hacia adentro de las empresas y ramas industriales en forma real, como consecuencia virtuosa de crecientes inversiones en tecnología y capacitación, que modificará a nuestro favor la comparación de precios relativos.
      • 1.2.2.4 Diseñar una política comercial complementaria a la cambiaria. La política comercial debe reforzar las políticas sectoriales que propenden a incrementar la productividad nacional, como único y definitivo instrumento de competitividad real para crear una producción transable de rápida y creciente colocación en los mercados internos nacionales de materia prima, insumos y/o bienes de capital, con diversos niveles de incorporación de valor agregado nacional. La política comercial se orientará a promover la reciprocidad como principio básico en los acuerdos de integración subregionales, y el aprovechamiento oportuno de las salvaguardias en el caso de sectores de producción que requieren ser temporalmente protegidos de la competencia abierta de las importaciones.
    • 1.2.3 Lograr el funcionamiento del mercado monetario.
      • 1.2.3.1 Regular el equilibrio de los flujos monetarios en función de la necesaria programación financiera que debe cumplir el Instituto Emisor y el Ministerio de Finanzas en el marco del acuerdo anual de Coordinación de Políticas Macroeconómicas. La política monetaria se conducirá en sintonía con la expansión productiva real y en atención a la coordinación macroeconómica rigurosa con la política fiscal, para drenar cualquier expansión de liquidez, que pudiera desbalancear la relación de cambio. Se producirá una sana interacción entre el equilibrio fiscal y la monetización vinculada al crecimiento real, favorable al equilibrio del crecimiento de la economía transable y no transable, favorecido por las entradas de capital productivo, tanto inversión extranjera, como por reabsorción del capital venezolano que retornará del exterior.
      • 1.2.3.2 Realizar las necesarias reformas estructurales en el sistema financiero y el mercado de capitales. El sistema financiero será objeto de reformas estructurales que deben restablecer efectivamente su función de intermediación, lo cual servirá de mecanismo orgánico o institucional para la transformación del ahorro del público en inversión productiva.
      • 1.2.3.3 Fomentar las fusiones bancarias para incrementar la eficiencia y producir una reducción de los costos de transformación. La necesaria transformación del sistema financiero conducirá al incremento de la productividad de sus servicios, mediante las fusiones y la extensión de medios automatizados, que acompañen su expansión, dentro del concepto de banca universal que permita consolidar los mercados de obligaciones internas y externas, primarias y secundarias, estimulando la baja de los costos de transformación del sistema financiero privado.
      • 1.2.3.4 Fortalecer la autonomía funcional y administrativa de los organismos supervisores como SUDEBAN, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores. El Estado debe garantizar, con su supervisión la confianza del público en estas instituciones. Para ello deberá desarrollarse el marco jurídico e institucional adecuado. Se procederá a reformar los organismos rectores y supervisores tales como: La Superintendencia de Bancos, El Banco Central, el Ministerio de Finanzas, FOGADE, la Comisión Nacional de Valores, entre otros, para modernizar sus estructuras y hacerlas cónsonas con el nuevo modelo de desarrollo y las nuevas realidades de los mercados de capitales internacionales.
    • 1.2.4 Garantizar seguridad jurídica y legislación estable. Existe la convicción general de crear un entorno legal que garantice a los inversionistas la existencia de un orden jurídico que sustente apropiadamente la actividad económica, en particular el derecho de propiedad, los derechos de autor, la libertad de movimiento de bienes y personas y el régimen legal aplicable en el caso de las nuevas actividades vinculadas a la explotación del negocio electrónico. En general se está realizando un esfuerzo significativo de modernización del régimen legal aplicable a las actividades económicas y financieras de tal manera de adaptarlo al marco jurídico derivado de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
    • 1.2.5 Fortalecer precios petroleros. Se mantendrá como política permanente la defensa de la cesta petrolera en el contexto de los acuerdos pactados en el seno de la OPEP. Adicionalmente, se plantea la diversificación del conjunto de subproductos y la ampliación de los mercados asociados a la red de refinerías ubicadas en los Estados Unidos y Europa, incluyendo su eventual ampliación a mercados ubicados en América del sur y Asia. El fortalecimiento de los precios petroleros y su estabilización se mantendrá relacionada con la política de bandas de precios acordadas por la OPEP y servirá de guía a la determinación del aporte petrolero al fisco y la eliminación de la volatilidad económica y fiscal.
  • 1.3 Internalización de los hidrocarburos.
    • 1.3.1 Asegurar la colocación de crudos y productos
      • 1.3.1.1 Realizar programas de inversión para mantener la capacidad de producción a mediano y largo plazo. La inversión en producción, refinación e investigación y desarrollo tecnológico debe aproximarse en el corto plazo a los estándares internacionales, y con ello desarrollar nuevos productos y procesos de producción atendiendo a las características de desempeño de costo, calidad y tiempo de entrega. Se promoverá el fortalecimiento de la inversión privada nacional en petróleo, complementándola con la con la inversión privada extranjera en el negocio del gas natural, petroquímica, orimulsión y mejoramiento de crudos pesados. Existe la posibilidad de procesar grandes cantidades de crudo pesado, y conjuntamente con la formulación adecuada de políticas de incentivos a la inversión, se espera un crecimiento del sector.
      • 1.3.1.2 Racionalizar los costos de producción para mejorar la competitividad de nuestros crudos y productos en los mercados internacionales. El objetivo general es orientar a las empresas de hidrocarburos hacia el logro de la competitividad, aumentar significativamente la productividad de los procesos y de los recursos humanos para disminuir los costos, a través de la modernización y automatización de los procesos, y midiendo continuamente el desempeño de las empresas del sector petrolero nacional, incorporando las mejores prácticas internacionales. De tal forma que uno de los objetivos específicos mas importantes es alcanzar un desempeño igual o mejor a las empresas petroleras de mejor nivel de rentabilidad a escala mundial.
      • 1.3.1.3 Fortalecer las relaciones con la OPEP y los países productores no OPEP. Se continuará fortaleciendo las relaciones con la OPEP, a fin de restituirle el control de la oferta en aras de defender los precios y aminorar el impacto sobre el medio ambiente. Con igual propósito, se intensificarán los acuerdos con otros países oferentes de hidrocarburos a nivel mundial. Así mismo, se procurará incentivar el diálogo productores-consumidores, así como profundizar programas de intercambio de información y análisis entre y con países productores, OPEP y no OPEP. Finalmente todo esto se irá consolidando bajo la profundización del análisis de inteligencia en el área geopolítica, que contribuya a una mejor comprensión del mercado.
      • 1.3.1.4 Ampliar la capacidad instalada de refinación y construir nuevas refinerías en el territorio nacional. Para mejorar la calidad de la cesta venezolana de hidrocarburos líquidos con fines de exportación será necesario mejorar nuestra capacidad de refinación, mediante la ampliación de las refinerías existentes y la construcción de nuevas refinerías en el país.
      • 1.3.1.5 Racionalizar y continuar los programas de apertura petrolera en las actividades no reservadas. La posibilidad de colocación de crudo en el exterior es una de las mayores fortalezas de la industria petrolera venezolana. El objetivo de desarrollar una estrategia de mercadeo internacional es buscar nuevos mercados y nuevas opciones que permitan incrementar y diversificar la producción. Según el Plan de Negocios de la industria petrolera, dentro de las políticas a implementar se encuentra la evaluación y renegociación de los Convenios Operativos, revisiones de los negocios nacionales e internacionales de PDVSA, promover auditorías técnicas y administrativas de los diferentes negocios de la industria petrolera y el análisis de nuevos negocios.
      • 1.3.1.6 Aplicar una política conservacionista para el racional aprovechamiento de las reservas de hidrocarburos. Mediante el redimensionamiento de los planes y proyectos de PDVSA y sus filiales, se adecuará el monto de sus inversiones a la evolución del mercado energético mundial y aplicar una política conservacionista que atienda al racional aprovechamiento de las reservas y a la maximización de sus beneficios económicos sin sacrificar los ambientes naturales en los cuales tiene lugar la explotación.
      • 1.3.1.7 Diversificar los mercados del petróleo crudo y sus productos derivados. Es necesario efectuar estudios de mercado que identifiquen las necesidades de los clientes nuevos y tradicionales, con el objeto de estar atento a ofrecer opciones de productos que sean rentables en el mercado. Además es imprescindible formar en PDVSA, un departamento con información actualizada de la evolución de la tecnología y con conocimientos de los procesos existentes y, con ello, desarrollar una estrategia para introducir innovaciones en productos y procesos existentes.
      • 1.3.1.8 Adaptar y mejorar la calidad de los productos derivados del petróleo orientados hacia la exportación y el mercado doméstico. La recomposición de las exportaciones petroleras en Venezuela consiste en la evaluación de los proyectos con fines exportables, en el sentido de buscar la construcción de nuevas refinerías con participación del sector privado y la optimización de la capacidad existente. En una acción conjunta del sector privado y el gobierno se promoverán la aplicación de mejores tecnologías y consecuentemente, se abordará los mercados internacionales competitivamente con productos de mejor calidad.
      • 1.3.1.9 Superar las dificultades operacionales de la industria petrolera Dentro de estas políticas destacan desarrollar la visión integral del encadenamiento productivo e identificar o desarrollar proveedores, clientes y organizadores de apoyo; como también desarrollar los recursos humanos en forma integral y desarrollar formas de financiamiento innovadoras que aseguren el flujo de capital necesario para continuar la expansión del negocio petrolero con la mayor eficiencia operativa.
      • 1.3.1.10 Fomentar los programas de cooperación energética, principalmente con los países de América Latina y el Caribe, con miras a la diversificación de nuestros mercados y la consolidación de nuestras relaciones bilaterales con esos países.
    • 1.3.2 Crear la industria del gas libre
      • 1.3.2.1 Incrementar la base de reservas probadas de gas libre y mejorar la red de transporte y distribución nacional, mediante la participación del capital privado. Uno de los objetivos será el de promover el desarrollo de la producción de gas libre, mediante el otorgamiento de licencias de exploración y producción. Igualmente se busca desarrollar su infraestructura de transporte y distribución, que evidentemente facilitará la expansión de la capacidad de producción con miras a atender suficientemente el mercado nacional y alcanzar una alta capacidad de exportación.
      • 1.3.2.2 Utilizar el gas libre como materia prima en procesos de industrialización, generación eléctrica y uso domestico a nivel nacional. Para Venezuela, un país con ingentes reservas probadas de gas, resulta imperativo desarrollar la infraestructura que asegure el aprovechamiento de las oportunidades implícitas en el crecimiento esperado de la demanda de gas. Se implantará una política de promoción a la utilización del gas a nivel doméstico, de generación eléctrica y en el resto del parque industrial venezolano, que será de gran impacto para el desarrollo nacional.
      • 1.3.2.3 Desarrollar programas de exportación de gas licuado, con la disponibilidad existente, después de atender los requerimientos nacionales. En lo que se refiere a este energético, se espera un crecimiento mas acentuado de su demanda mundial y, por otro lado, las necesidades de apoyar a las estrategias geopolíticas de las naciónes implican la estructuración de proyectos de exportación, vía licuefacción del gas metano y posicionarnos en los mercados internacionales, en especial del continente americano.
      • 1.3.2.4 Desarrollar asociaciones con el sector privado, que permitan incorporar nuevas tecnologías y la diversificación de mercados. Un factor importante para el desarrollo del gas es fomentar la creación de asociaciones entre productores-consumidores con el fin de concretar programas y proyectos que encaminen el desarrollo concertado, de este energético en el mercado nacional e internacional.
      • 1.3.2.5 Crear empresas mixtas de transporte y distribución Atendiendo la creciente demanda de gas, el Estado encauzará mecanismos gerenciales que permitan la incorporación del sector privado como ente fundamental del desarrollo de la comercialización del producto, todo esto con el objeto de expandir la estructura interna y externa del negocio.
      • 1.3.2.6 Consolidar la implantación del marco regulatorio e institucional que se deriva de la Ley. En esta materia se considera crucial la instrumentación de la ley y el reglamento para el sector gas, con el propósito de lograr la armonización de la normativa legal, como estrategia que sustentará el desarrollo de este sector.
    • 1.3.3 Internalizar la actividad petrolera y racionalizar el mercado interno.
      • 1.3.3.1 Industrialización de las corrientes de refinación. Entregar los productos de refinación con carácter prioritario versus su alternativa de exportación, a las industrias procesadoras en el país que generarán insumos químicos o productos finales para exportación y para la industria nacional, con lo cual se profundiza el tejido industrial.
      • 1.3.3.2 Impulsar la participación del capital privado nacional incorporando inversionistas venezolanos Desarrollando procesos de industrialización aguas abajo y estableciendo una cadena de proveedores nacionales de bienes y servicios a la industria petrolera, lograremos promover y mantener la formación de capital público e impulsar la creación de capital privado nacional, incorporando a inversionistas y ahorristas venezolanos. De este modo, la nueva estrategia petrolera se define como “una industria industrializadora”.
      • 1.3.3.3 Fortalecer la investigación nacional en la búsqueda de la diversificación de fuentes energéticas Es importante la inversión en investigación y desarrollo de fuentes energéticas alternas, debido a que sólo así aseguraremos el éxito multiplicador de la industria petrolera en el futuro que repercute finalmente en el desarrollo de la nación. Promover y financiar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en instituciones públicas en universidades y centros independientes, para capacitar recursos humanos con destrezas y habilidades en el área de la diversificación energética.
      • 1.3.3.4 Racionalizar el mercado interno con precios y tarifas estables y remunerativas Con el fin de favorecer las actividades productivas que dependen de este energético a nivel nacional, se establecerán y garantizarán tarifas estables y remunerativas y de esta forma, generar una estructura sana y eficiente del negocio. Este precio será continuamente evaluado sobre la base de los precios de consumo interno y a los del mercado internacional.
      • 1.3.3.5 Desarrollar procesos de industrialización de hidrocarburos, aguas abajo en el país. Promover la industrialización en el país mediante el desarrollo aguas debajo de los hidrocarburos va a permitir un nuevo sector industrial orientado a las inmensas posibilidades que Venezuela tiene en este campo.
      • 1.3.3.6 Desarrollar la cadena de proveedores nacionales de bienes y servicios a la industria petrolera. Se tiene como propósito direccionar las compras de insumos y servicios de la industria petrolera, en condiciones de calidad, entrega y precios con los importados, hacia abastecedores competitivos nacionales.
    • 1.3.4 Transformar los crudos pesados
      • 1.3.4.1 Establecer condiciones de mercado para hacer cada vez mas competitiva la producción de crudos mas pesados. Desarrollar alianzas con el sector privado nacional e internacional, que permitan fortalecer o complementar nuestra capacidad tecnológica. Igualmente, el Estado deberá garantizar un marco legal que resguarde las inversiones requeridas para la expansión de la producción y el comercio de este tipo de hidrocarburos.
      • 1.3.4.2 Mejorar la investigación que permita la valoración de los crudos pesados. Destinar recursos a la creación y/o fortalecimiento de programas de investigación e innovación tecnológica, dedicados al desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento de nuestros crudos pesados, con miras a que el negocio tenga una mayor y efectiva vinculación con la ingeniería nacional y las industrias venezolanas de bienes y servicios.
      • 1.3.4.3 Realizar acuerdos de cooperación técnica y comercial con empresas nacionales o extranjeras poseedoras de modernas tecnologías de procesamientos de crudos pesados. Establecer puentes estratégicos de comercialización y tecnología con la intención de contar con un aparato tecnológico de punta, y consecuentemente, establecer relaciones simbióticas que nos permitan adoptar las mejores prácticas de las mejores empresas.
  • 1.4 Desarrollo de una economía social.
    • 1.4.1 Fortalecer la microempresa y las cooperativas.
      • 1.4.1.1 Elevar los niveles de productividad y de ingresos de los sectores de microempresa, cooperativas y de la economía informal. Se destinarán recursos presupuestarios con el fin de proveer a los trabajadores de programas masivos de capacitación en el sector de la economía social, igualmente se crearán mecanismos que garanticen un apoyo integral de desarrollo tecnológico todo esto con el fin de aumentar la productividad que finalmente implicará un aumento de los ingresos de las familias de menores recursos.
      • 1.4.1.2 Generar mejores oportunidades de comercialización y gestión de negocios a las microempresas, cooperativas y a la economía informal. Por medio de estructuras de apoyo respaldadas por el Estado que incluyan el adiestramiento en la comercialización, la elaboración de estudios de mercado, rondas de negocios, capacitación de mercadeo, asistencia técnica y asesoramiento en comercialización y gestión de negocios, incorporación en las redes internacionales de comercio y finalmente garantizar información transparente para que los microempresarios, las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia mejor organizados puedan acceder a esta opción económica.
      • 1.4.1.3 Incorporar las microempresas y cooperativas a los programas de compras de bienes y servicios por parte del Estado. Para lograr esto es necesario aplicar estrategias informativas con el fin de mantener enterado a los nuevos empresarios sobre sus posibilidades que tiene como proveedor de bienes y servicios para el Estado. Es por esto fundamental eliminar las limitaciones tecnológicas o administrativas que impiden a este sector social participar como oferentes aceptables en el registro de empresas autorizadas para adquisiciones tanto del gobierno central como de los entes y empresas del sector público descentralizado y las Gobernaciones y Alcaldías.
      • 1.4.1.4 Destinar recursos presupuestarios para realizar programas masivos de capacitación en el sector de la economía social. Con el fin de generar los cambios necesarios para hacer una realidad la democratización del capital, es indispensable crear programas que adiestren a sectores de la población con mayores carencias en la actualización de la técnica y la práctica de administración y negociación en ciertas áreas de la actividad comercial o artesanal en la que se desenvuelven. Para esto es importante realizar estudios que determinen las áreas técnicas donde se desarrollan nuestros nuevos empresarios, con el fin de aupar esfuerzos y así promover el desarrollo microempresarial organizado.
      • 1.4.1.5 Promover programas para fomentar la organización y formación de empresas en la economía social. Analizar las necesidades económicas y culturales en las cuales los nuevos empresarios puedan desarrollarse con éxito, para esto se realizarán estudios que determinen las posibilidades de expansión de ciertas ramas productivas que, en conjunción con la capacitación y nuevas estructuras tecnológicas generen productividad y competitividad de tal manera de lograr un espacio de mercado estable y rentable.
      • 1.4.1.6 Reformar los mecanismos de regulación que impiden una mayor formación y organización de empresas de la economía social. El desarrollo de un fuerte sector productivo de bienes y servicios organizado con los principios de propiedad asociativa, autogestión y responsabilidad social está garantizado en la medida en que sean reformados mecanismos regulatorios que han impedido por muchos años la consecución de estos objetivos. La regulación debe existir, sin embargo deben ser depurados los mecanismos que generan costos indirectos elevados a las pequeñas empresas, provocando en consecuencia una alta recurrencia de quiebra de las mismas, con su secuela de pérdidas de empleos e ingresos familiares.
    • 1.4.2 Organizar el sistema de microfinanzas
      • 1.4.2.1 Facilitar el acceso a los recursos financieros y la asistencia técnica a las empresas de la economía social. Los resultados positivos de la economía social incluyen la misión de prestar servicios financieros a los nuevos empresarios, esto significa establecer pautas crediticias acordes con las necesidades y requerimientos de este sector, por medio de la aplicación de estrategias financieras que sean flexibles frente a cada situación individual, que incluyan la figura de las garantías solidarias. Igualmente es necesario el establecimiento de entes que evalúen y controlen la evolución del sector garantizando de esta manera la cobertura de sus necesidades de capital de trabajo y otros recursos de inversión.
      • 1.4.2.2 Otorgar productos y servicios financieros adecuados a las microempresas. Se trata de ofrecer productos financieros novedosos, de fácil manejo y servicios accesibles, para ello se hace necesario evaluar de forma periódica este nuevo sector para así, poder proveerlos de todas aquellas oportunidades acordes con sus características y cubrir de forma eficiente y rápida todos los requerimientos que exija la evolución exitosa de la economía social.
      • 1.4.2.3 Otorgar financiamiento dirigido hacia los sectores mas necesitados y sin oportunidades en el sistema financiero tradicional Las entidades productivas de la economía social contienen un conglomerado de personas con distintas carencias pero con una característica en común, han sido desde hace muchos años, excluidos del sistema financiero tradicional. Continuando la pauta de la economía social se hace necesaria la creación de mecanismos que incluyan nuevas reglas de juego que permitan el acceso de estos nuevos entes de la productividad nacional hacia nuevas oportunidades de financiamiento que le permitan expandir su horizonte empresarial.
      • 1.4.2.4 Contribuir a la transformación de la economía informal en un sistema formal de microempresa. Generar nuevas estructuras que resguarden a lo que hoy en día se denomina economía informal, de esta forma se promoverán las nuevas ideas que no tienen cabida en la empresa mercantil convencional, por lo cual se insertan en el sistema productivo nacional nuevas formas de producción que redundarán en beneficio de este segmento de la población mas pobre.
      • 1.4.2.5 Facilitar a la mujer, jefe del hogar, el desarrollo de sus capacidades técnicas. Crear eficientes mecanismos que permitan el acceso a los recursos financieros a las mujeres en situación de pobreza, que tienen ideas novedosas que las convierten en eventuales nuevas empresarias, partícipes dentro de las entidades productivas de la economía social. Debe incluir también programas de capacitación en técnica y tecnología comercial que les permitan ser competitivas dentro del mercado.
    • 1.4.3 Democratizar la propiedad de la tierra.
      • 1.4.3.1 Mayor justicia en la distribución de la tierra agrícola. La agricultura venezolana se caracteriza por una marcada concentración de la propiedad de las mejores tierras en un reducido número de familias y un vasto sector campesino sin oportunidades, que generalmente migra a las ciudades sin contar con otras opciones de empleo. Mediante la aplicación de la Ley de Tierras se iniciará un proceso de democratización de la propiedad rural que conducirá a una mayor justicia en la distribución de la riqueza y el ingreso en el campo, se regularizarán los títulos de las tenencias legítimas y se evitará la persistencia de conflictos y tenecias precarias.
  • 1.5 Alcanzar la sostenibilidad fiscal.
    • 1.5.1 Optimizar la tributación petrolera
      • 1.5.1.1 Aumentar la productividad del negocio petrolero. Se requiere de una revisión a fondo de las pautas de producción y mercadeo dentro del negocio petrolero que permita mejorar la productividad de la exportación y la ampliación de la base productiva y la reducción de los costos operativos de la industria.
      • 1.5.1.2 Racionalizar la tributación petrolera de acuerdo a la estrategia de largo plazo para equilibrar la relación entre los diversos tributos (Impuestos Sobre la Renta y Regalía). Se considera fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal que se logre alcanzar un equilibrio razonable en la relación entre el régimen fiscal del ISLR de PDVSA con el régimen fiscal propietario (regalía) para potenciar y estabilizar el ingreso fiscal petrolero neto del país.
      • 1.5.1.3 Alcanzar niveles de participación fiscal petrolera adecuados a fines de la sostenibilidad fiscal. Se plantea la determinación de la tasa mínima de regalía aceptable desde el punto de vista estratégico de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo y las medidas de rentabilidad del negocio petrolero.
      • 1.5.1.4 Fijar tasas para cada tributo de acuerdo a las actividades realizadas, incentivos a la producción y necesidades del fisco. La contribución fiscal petrolera deberá alcanzar un nivel acorde con la política de defensa de los precios, dentro de un margen determinado por el precio promedio de la cesta petrolera que represente mejor la política de estabilización en el mercado internacional del producto, los necesarios incentivos a la producción y el objetivo de sostenimiento de la solvencia fiscal.
    • 1.5.2 Aumentar y diversificar la recaudación no petrolera
      • 1.5.2.1 Creación de un sistema tributario coherente e integral a través de la racionalización, reforma de los tributos y mas eficiencia de la Administración Tributaria. Se requiere amplificar y diversificar las fuentes tributarias asociadas al sector no petrolero, tomando en cuenta la necesidad de un equilibrio razonable entre la urgente creación de una base fiscal no petrolera y la necesidad de incentivar el crecimiento de la economía real.
      • 1.5.2.2 Reducir la evasión, elusión e ilícitos tributarios a través del fortalecimiento de la Administración Tributaria. Se considera absolutamente imprescindible el cumplimiento de rigurosos objetivos de recaudación fiscal, promoviendo las acciones legales administrativas y técnicas que neutralicen las diversas formas de evasión y fraude fiscal.
      • 1.5.2.3 En materia de incentivos, revisar los existentes para hacerlos coherentes con las prioridades nacionales y atarlos a metas y desempeño. Se reconocerá con carácter prioritario la necesidad de desarrollar incentivos fiscales para crear condiciones favorables a la recuperación de las cadenas productivas, el fortalecimiento de un nuevo sector de exportación no tradicional y el estímulo a las regiones de menor desarrollo relativo.
      • 1.5.2.4 Ampliar el número de productos gravados y actualizar los valores y alícuotas aplicadas en los impuestos específicos al consumo. Se procederá a la revisión del régimen de tributación, exención y exoneración aplicado a este tipo de impuesto para disminuir los factores que estimulan la evasión del mismo, aumentar su rendimiento neto y eventualmente disminuir la carga promedio del mencionado tributo.
      • 1.5.2.5 Procurar el equilibrio entre los ingresos transferidos y las responsabilidades de gastos asumidos por los gobiernos subnacionales. Se concertará la revisión del sistema general de transferencia de ingresos fiscales a los gobiernos estadales y municipales por concepto de transferencia de competencia, para vincularlos con la distribución de responsabilidades de servicios públicos, sus costos y la necesidad de evitar el doble esfuerzo en áreas comunes de inversión pública.
      • 1.5.2.6 Alcanzar la armonización tributaria con los gobiernos subnacionales para lograr los objetivos prioritarios de desarrollo y evitar mayores distorsiones regionales. Se fomentará la cooperación con los gobiernos municipales y estadales para armonizar los objetivos del régimen de hacienda pública nacional y la creación de la hacienda pública estadal, evitando la doble tributación y la inequidad interregional del sistema de tributación y una optima y equilibrada administración de los recursos.
    • 1.5.3 Racionalizar gasto primario
      • 1.5.3.1 Establecimiento de una vinculación orgánica entre plan, programa, presupuesto, ejecución y control. La coordinación administrativa en la formulación y seguimiento de los objetivos del desarrollo económico se expresará en la estrecha interrelación entre los lineamientos del plan, los programas concretos que contiene el mismo y el presupuesto fiscal que provee los recursos para su ejecución real. Esta interacción fundamental compromete sustantivamente las posibilidades de éxito de la gestión pública del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales.
      • 1.5.3.2 Formulación del presupuesto basada en el establecimiento de metas, objetivos e indicadores de desempeño. La formulación del presupuesto, de acuerdo con el mandato constitucional, estará básicamente definida dentro de un marco plurianual que al vincularse con los programas operativos anuales debe reflejar las metas cualitativas y los resultados expresados en los indicadores de desempeños cuantificables.
      • 1.5.3.3 Instrumentación de un sistema eficaz de control y evaluación de gestión y de rendición de cuentas. De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario el cumplimiento y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por la autoridad legislativa estará sujeto al control de gestión, la rendición de cuentas y la sanción administrativa en caso de incumplimiento.
      • 1.5.3.4 Fortalecer los programas de reestructuración de la Administración Central y entes descentralizados, simplificación de procedimientos y recalificación del personal. La racionalización del gasto primario estará estrechamente relacionado con la optimización del tamaño de la Administración Pública, con la ejecución eficiente de funciones y procedimiento y la revisión de las necesidades efectivas de personal dentro de una sana reorganización de la burocracia nacional y subnacional.
      • 1.5.3.5 Eliminación progresiva de los fondos prefiscales y asignaciones legales. Se aplicará una profunda revisión de todo el sistema de asignaciones legales y fondos prefiscales para reducir a su mínima expresión la rigidez que esto crea en la administración presupuestaria.
      • 1.5.3.6 Asignar programas de mantenimiento de obras públicas a gobiernos locales. La reformulación de responsabilidades entre los distintos niveles de la administración pública nacional, estadal y municipal hace evidente la conveniencia de asignar la responsabilidad de mantenimiento de las obras públicas a los gobiernos locales, dado su evidente contacto cercano con el estado físico de las mismas y la identificación de las prioridades por parte de la comunidad.
      • 1.5.3.7 Focalizar los subsidios en sectores, regiones y personas mas vulnerables y vincularlos a metas y evaluación por desempeño. El sistema de subsidios, incentivos fiscales o asignaciones preferenciales deberá realizarse tomando en cuenta el grado de desarrollo económico y regional, la insuficiencia de servicios sociales y el nivel de pobreza existente. A este fin se creará un programa de indicadores de desempeño del cumplimiento de estas asignaciones.
      • 1.5.3.8 Revisar los precios y tarifas de los servicios públicos y de la asignación de transferencias del Gobierno Central. Descentralización de los subsidios operativos de los entes autónomos (transporte estudiantil, metro, electricidad, gas y agua, salud, educación, deporte, cultura etc). La asignación de precios y tarifas de servicios públicos o la transferencia de compensaciones financieras por razones de carácter social será objeto de una profunda reforma para considerar la descentralización o la distribución de su carga presupuestaria entre los distintos niveles de gobierno. Asímismo se prevé la aplicación de una precisa focalización de los subsidios a la población realmente necesitada de los mismos.
    • 1.5.4 Gestión de la Deuda Pública
      • 1.5.4.1 Presencia en los mercados internacionales de deuda. Desarrollo del mercado de deuda pública interna de mediano y largo plazo, que funcione complementariamente con las necesidades de financiamiento de los sectores productivos privados. Administrar el nivel de endeudamiento interno neto en función de las dimensiones del mercado de deuda doméstica, hasta tanto este mercado se desarrolle como fuente alterna de financiamiento, frente a las limitaciones que prevalezcan en los mercados internacionales de capitales. Debe tomarse en cuenta que, en última instancia, el financiamiento público compite con las necesidades de capital para inversión privada, además de cumplir un papel crucial como marcador del nivel de las tasas de interés.
      • 1.5.4.2 Someter a planificación rigurosa el nuevo endeudamiento exigido por los programas o proyectos de inversión productiva que no sean objeto de la política de concesiones, a la cual se le dará preferencia como instrumento de su financiamiento. El financiamiento en las grandes infraestructuras públicas que no pueda ser orientado hacia el régimen de concesiones a su ejecución mediante asociación estratégica con capital privado debe estar sometido a una prudente programación plurianual que mantenga en niveles moderados las obligaciones financieras del Estado y además deben cumplir con la condición de proveer la mayor rentabilidad económica y social para el país.
  • 1.6 Incrementar el ahorro y la inversión.
    • 1.6.1 Incentivar y crear condiciones para el ahorro. Es necesario fomentar una cultura del ahorro que de cause a un flujo masivo de recursos equivalentes a las necesidades de financiamiento de inversión que exige el objetivo de crecimiento económico acelerado previsto en el plan.
      • 1.6.1.1 Establecer incentivos para promover el ahorro personal y de las empresas. Incentivar el ahorro personal a través del régimen de contratación colectiva o individual ha sido hasta ahora un mecanismo importante en la creación de fondos de depósitos a nivel de los trabajadores. Asímismo el sector empresarial lentamente ha estado desarrollando la práctica de crear reservas de capital destinadas a la reinversión para la ampliación de las instalaciones o el financiamiento del capital de trabajo. A los fines de estimular esta fuente de creación de ahorro se estudiará la posibilidad de desarrollar diversos mecanismos de motivación al ahorro individual y corporativo, dentro del sector bancario nacional privado.
      • 1.6.1.2 Establecer condiciones macroeconómicas institucionales que permitan una tasa remunerativa al ahorro. El grado de estabilización macroeconómica que se pretende alcanzar en el período del plan, la reactivación de la actividad productiva asociada al objetivo de crecimiento esperado y el mejoramiento de la función bancaria tanto en lo relativo a la reducción de costos como al incremento de la productividad favorece la tendencia planteada en las estimaciones econométricas en el sentido de lograr a muy breve plazo tasas remunerativas al ahorro nacional.
      • 1.6.1.3 Crear condiciones que favorezcan el establecimiento de instrumentos para promover el ahorro. Se promoverá concertadamente con el sistema bancario nacional la diversificación de los instrumentos e instituciones de captación de ahorro, especialmente en relación con plazos, tasas de interés y el perfeccionamiento del sistema de fondos mutuales y de activos líquidos suficientemente atractivos para estimular la propensión a ahorrar tanto de los grupos familiares como institucionales.
    • 1.6.2 Desarrollar el mercado de capitales
      • 1.6.2.1 Fortalecer la Comisión Nacional de Valores. La modernización de la Comisión Nacional de Valores y la actualización del instrumento legal que la regula es un prerrequisito fundamental para el fortalecimiento de los mercados financieros del país y su eficiente interconexión con los mercados financieros globalizados.
      • 1.6.2.2 Ajustar el instrumento legal del mercado de capitales. La complejidad natural de los mercados de capital se ha amplificado en el marco de la rápida digitalización de las negociaciones en los mercados financieros a nivel internacional. La diversidad de los activos bursátiles, su diferente sistema de valoración, la compleja trama de intermediarios financieros y la amplia gama de fórmulas de rentabilización exigen un esfuerzo de modernización inaplazable para dotar al país de mecanísmos de intermediación que facilite la posibilidad de captar flujos de capital nacional e internacional para su desarrollo.
      • 1.6.2.3 Ampliar y darle profundidad al mercado de renta fija. El mercado de renta fija en Venezuela está escasamente diversificado y fuertemente concentrado en bonos de la deuda pública. Se requiere crear condiciones legales, institucionales y técnicas para propiciar la incorporación de nuevos activos de renta fija, incluyendo la posibilidad de operaciones en divisas extranjeras y otras fórmulas de promoción de la inversión en renta fija para crear en la población la cultura de participación en operaciones bursátiles.
      • 1.6.2.4 Crear instrumentos de corto, mediano y largo plazo que permitan un riesgo perceptible. Es necesario superar la extrema rigidez derivada de la escasa posibilidad que tiene el sector financiero de disponer de instrumentos de captación de ahorro de mediano o largo plazo. Se debe proceder a flexibilizar el régimen legal cuidando que los mecanismos de supervisión regulen el nivel de riesgo de las operaciones.
      • 1.6.2.5 Desarrollar un mercado secundario de deuda pública, privada, hipotecaria, individual y comercial. La ausencia de mercados secundarios tanto para los títulos públicos como los privados limita severamente el atractivo de los títulos valores para el inversionista financiero o de portafolio que necesita tener capacidad para movilizar los flujos financieros en atención a las necesidades de liquidez o la variación de oportunidades de beneficios generados por los mismos. Los mercados de activos financieros requieren la posibilidad de transar los valores adquiridos en mercados primarios independientemente del titular de la emisión original. Los mercados secundarios es el mecanismo que le da versatilidad a los mercados de capitales modernos.
      • 1.6.2.6 Crear condiciones para desarrollar el mercado de renta variable. Los mercados de renta variable en Venezuela se han visto limitados a un pequeño grupo de corporaciones. Es menester institucionalizar y promover entre los diversos inversionistas y empresas del país la cultura de la bursatilización del capital accionario, como mecanismo de democratización del capital que le daría un impulso creativo a la inversión productiva en el país.
    • 1.6.3 Desarrollar Cadenas Financieras. A los fines de respaldar apropiadamente a los sectores productivos, se desarrollará el concepto de Cadena Financiera para reforzar la interrelación entre la banca, las instituciones aseguradoras, los organismos que otorgan garantías y otra instituciones financieras con los productores, con el propósito de abaratar el financiamiento con la aplicación de distintos instrumentos financieros.
    • 1.6.4 Régimen de Seguridad y Fondos de Pensiones. La modernización del régimen de seguridad social representa un importante salto cualitativo en la institucionalización del mecanismo de protección y bienestar de los trabajadores y en general de la población venezolana. Igualmente la creación de fondos de pensiones constituirá uno de los mas importantes mecanismos de promoción de flujo masivos de ahorro interno para el financiamiento de la actividad productiva. La creación de los fondos de pensiones canalizará el ahorro interno público y privado cumpliendo al mismo tiempo la función social de previsión para los trabajadores y constituyéndose en fuente de fondos económicos y rentables para el desarrollo económico del país.
    • 1.6.5 Promoción de Inversión Productiva
      • 1.6.5.1 Atraer la inversión directa extranjera portadora de tecnología y mercado. La inversión extranjera en un complemento importante para el proyecto de aceleración del crecimiento económico y diversificación de las exportaciones que se ha previsto alcanzar en un mediano plazo, de tal manera de incorporar un motor adicional del desarrollo, que garantice la sostenibilidad del crecimiento económico, más allá de la eventual estabilidad del negocio petrolero. La inversión extranjera, incorporada mediante la asociación estratégica con el capital privado nacional, es una palanca segura para nuestra modernización tecnológica para garantizar el acceso exitoso a los mercados internacionales y para la capitalización productiva del país.
      • 1.6.5.2 Crear incentivos fiscales y financieros para las inversiones privadas en zonas de desconcentración económica. La experiencia exitosa de varias economías emergentes en el desarrollo acelerado de un fuerte sector industrial y/o de servicios de alta competitividad internacional indica claramente la necesidad de crear condiciones favorables para atraer inversionistas posicionados fuertemente en los mercados internacionales y nacionales con alta disponibilidad de recursos y control de tecnología de punta mediante la autorización legal de zonas francas de exportación, puertos libres con régimen fiscal especial y zonas especiales. Tales áreas o zonas especiales de inversión deben garantizar asimismo el desarrollo sustentable de la región donde están ubicadas, la generación de empleo directo e indirecto y una mejor distribución del ingreso a nivel territorial. Las anteriores facilidades deben complementarse con la aplicación de un régimen fiscal especial competitivo con el de otras zonas mas avanzadas del país, que se convierta en un estímulo real para la realización en esas zonas de actividades productivas y de servicios.

ESTRATEGIAS[editar]

Diversificación productiva[editar]

En el periodo 2001-2007 se habrá logrado la superación definitiva de la inestabilidad macroeconómica y el estancamiento. Esto supone, una estrategia en dos vertientes.

En primer término, una mejor gestión financiera pública permitirá, en un lapso de tres a seis años, alcanzar el equilibrio del presupuesto ordinario, con límites de endeudamiento definidos por un nivel prudente de financiamiento extraordinario, en relación con el tamaño de la economía, las necesidades de financiamiento de la inversión productiva y la capacidad de la economía interna no petrolera para generar ingresos fiscales.

El objetivo de sostenibilidad fiscal pasa por una reestructuración de la función pública, que sigue exigiendo profundidad en relación a la búsqueda de mayor eficiencia por unidad de gasto público y mayor eficacia de recaudación por unidad de tributación interna, bien sea con el mecanismo del impuesto al valor agregado, el régimen aduanero y otros rubros impositivos, pero siempre promoviendo la responsabilidad fiscal equitativa de los ciudadanos, incrementada por la contrapartida de servicios eficientes que ella financia.

La eliminación de la inestabilidad económica requiere asímismo mantener una dinámica cambiaria de estabilización que se seguirá inscribiendo por un tiempo adicional, como ancla cambiaria. La política de bandas de flotación del tipo de cambio, alrededor de una paridad central fijada, coordinada por el Banco Central de Venezuela, continuará, en los próximos años.

En el mercado monetario se logrará una creciente correlación con las necesidades de monetización de la economía real, dentro de un sector financiero que habrá culminado su redimensionamiento, a través de fusiones y asociaciones estratégicas, para permitir la reducción radical del costo de transformación bancaria, posibilitando a corto plazo la disminución del costo de intermediación crediticia, que propiciará una baja significativa de las tasas de interés activas.

En segundo término la sustentabilidad del crecimiento económico exige añadir al factor dinámico que actualmente se concentra en el producto petrolero, nuevas ramas de producción agrícola, industrial y de servicio, capaces de generar una firme corriente de exportación a los mercados globalizados, al tiempo que pueda cubrir las demandas esenciales en el mercado interno.

El crecimiento sostenido no queda reducido al ámbito de los sectores tradicionales más bien se amplia a la esfera del sector de la economía social, donde la solidaridad no es externa, ni se desarrolla después que la economía ha actuado, sino en el proceso económico mismo, porque se produce, acumula y se distribuye con solidaridad a través de empresas autogestionarias respaldadas con un sólido sistema microfinanciero.

En síntesis, en el ámbito macroeconómico se propenderá a un riguroso equilibrio fiscal que en un perfil plurianual, alcance a cumplir la triple regla fiscal de control del déficit, control del gasto y control del endeudamiento público. A su vez y en estrecha coordinación con lo anterior se propenderá a un tipo de cambio estable cuya responsabilidad recae en el Banco Central de Venezuela. En directa correspondencia con la disciplina fiscal y monetaria se debe alcanzar la definitiva estabilidad de precios y consecuentemente una tendencia a niveles de inflación de un digito. Dentro de este contexto favorable se esperan tasas cada vez mayores de crecimiento real del PIB y del empleo que se traducirían en mayor ingreso familiar y reducción continua del desempleo; subempleo y la pobreza.

  • 1.1 Aumentar y diversificar la economía exportadora no petrolera.
    • 1.1.1 Diversificar la producción. Se considera que es posible desarrollar nuevas ramas industriales, agrícolas y de servicios que generen bienes de capital e insumos de mayor valor agregado al que actualmente se exporta, sin descartar la posibilidad de participar también en mercados de bienes finales en los que se tenga condiciones favorables de demanda.
      • 1.1.1.1 Inserción de Venezuela en la economía internacional. Los mercados internacionales ofrecen para Venezuela oportunidades que permitirán diseñar estrategias de crecimiento basadas en las posibilidades que ofrece una integración con la economía mundial. La nueva integración regional latinoamericana será fundamental para instrumentar políticas tendientes a lograr una mayor competitividad internacional, aplicar medidas tendientes a elevar el nivel de interdependencia económica recíproca y aprovechar la potencialidad que ofrecen las negociaciones conjuntas de los países latinoamericanos frente a terceros países.
      • 1.1.1.2 Apertura racional y no generalizada a la competencia internacional. Acordar una especialización subregional o continental que todos los países miembros respeten y al mismo tiempo suscriban las grandes empresas multinacionales, permitirá eliminar la pugnacidad entre grupos económicos de países, por atraer la localización de procesos productivos de un país en desmedro de otro, desapareciendo las mudanzas periódicas de ramas fabriles que desequilibran el desarrollo armónico y promueven la desaparición masiva de empleos a nivel nacional.
      • 1.1.1.3 Mejora y homogenización de la productividad y la competitividad Esto será el resultado de una eficiente asignación de recursos y factores, respaldada por una política comercial, fiscal, tecnológica y financiera que se exprese en un conjunto de incentivos concretos, limitados en el tiempo y condicionados a la exigencias de metas de productividad que eviten el proteccionismo permanente.
      • 1.1.1.4 Incorporación de progreso técnico. La política se apoyará en la amplia flexibilidad del mercado de tecnología, las asociaciones estratégicas para acceder al uso de patentes tecnológicas de punta y la creación tecnológica nacional, previstas dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
      • 1.1.1.5 Tarea conjunta público y privado para mejorar la competitividad internacional. La diversificación productiva nacional y especialmente el desarrollo de una avanzada industria exigirá un alto grado de concertación de esfuerzos entre los sectores público y privado, donde ambos asumirán el rol fomentador y el de agente directo de la transformación productiva esperada.
      • 1.1.1.6 Apoyar la industria hacia los mercados externos basada en recursos naturales competitivos. El esfuerzo productivo se concentrará en el desarrollo aguas abajo del sector de los hidrocarburos especialmente en cuanto a la industria química y la explotación gasífera, el desarrollo agrícola con propósitos exportables, la especialización en secciones competitivas de la cadena de producción forestal, industrias básicas ( Aluminio, Nikel, Acero y Minerales no metales), e industria turística y de servicios de alta tecnología.
      • 1.1.1.7 Mejorar la calificación de la mano de obra y fortalecer la base empresarial nacional. Una condición para alcanzar una mayor competitividad está fundada en el nivel de calificación de la mano de obra y en la y en la calidad gerencial del sector empresarial que tendrá que enfrentar la competencia de una experimentada presencia de países emergentes que se han posicionado parcialmente de los mercados internacionales desde hace mas de una década.
      • 1.1.1.8 Infraestructura básica de apoyo para la inserción internacional. El programa de infraestructura, contemplara prioritariamente la expansión de la infraestructura de transporte y almacenamiento que permita una eficiente movilización de bienes hacia los sistemas portuarios y aeroportuarios que concentrarán la salida de la oferta exportable.
      • 1.1.1.9 Servicios básicos de apoyo, energía telecomunicaciones, entre otros. Una fuente decisiva de la creación de externalidades favorables para la competitividad de nuestra oferta exportable estará fundamentada en el suministro eficiente y oportuno de servicios avanzados de telecomunicaciones, energía eléctrica, uso y disposición de aguas y otros servicios básicos.
      • 1.1.1.10 Concertación estratégica entre el estado y el sector empresarial. La interacción entre los sectores público y privado demandara una expresa y deliberada concertación que se exprese en un esfuerzo planificado para la implantación de los programas de incentivos, políticas de promoción, complementación financiera y la negociación de los acuerdos de comercialización y la debida salvaguarda de nuestro acceso a los mercados subregionales.
      • 1.1.1.11 Reestructuración industrial. La reestructuración industrial se apoyará en la recuperación y actualización del tejido interindustrial actual y la expansión aguas abajo del proceso de transformación productiva.
      • 1.1.1.12 Reformulación de la política comercial. La política comercial se orientará a promover la reciprocidad como principio básico en los acuerdos de integración subregional y ello exigirá el aprovechamiento oportuno de las salvaguardas en el caso de sectores de producción que requieran ser temporalmente protegidos de la competencia abierta de las importaciones.
      • 1.1.1.13 Fortalecer los mecanismos de financiamiento de la exportación El apalancamiento financiero de la producción exportable será reforzado por el aporte de flujos de capital por parte del sistema financiero público, especialmente apoyado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ( BANDES ) y el Banco de Exportación (Bancoex).
      • 1.1.1.14 Simplificación de procedimientos administrativos y burocráticos. La permisología de exportación será drásticamente simplificada de tal forma que reduzca sustancialmente los costos y lapsos de transacción comercial, especialmente en lo que se refiere a la administración del sistema aduanero del país.
      • 1.1.1.15 Desarrollo de zonas francas y puertos libres de exportación. Se propiciará el desarrollo de zonas francas y puertos libres de exportación en los cuales se otorgarán privilegios fiscales que estimulen la localización de productos que generan beneficios en términos de empleo, demanda de bienes intermedios, capacitación de mano de obra y experiencia comercial internacional.
      • 1.1.1.16 Incentivos fiscales a la exportación. Se negociará con los productores de exportación un programa de incentivos fiscales, bonos de exportación para la agricultura, la disminución de los fletes de los bienes de exportación, la desmaterialización de la cancelación del Draw Back y de los bonos de Exportación (CERT certificados de reintegro tributario) mediante un mecanismo de pago inmediato o deducción anticipada sujeta a control posterior del SENIAT.
    • 1.1.2 Fortalecer integración de cadenas productivas.
      • 1.1.2.1 Articulación entre el sector industrial y actividades de explotación de recursos naturales y los servicios. El concepto de tejido interindustrial exigirá una estrecha imbricación en el eslabonamiento necesario entre el sector de transformación y las actividades de explotación de recursos primarios, en una secuencia de creciente agregación de valor que incluso debe extenderse hasta las actividades vinculadas al sector servicio.
      • 1.1.2.2 Financiamiento de la cadena productiva. El sector financiero público promoverá recursos y negociaciones que favorecerán la disposición de crecientes flujos financieros para apoyar la expansión del sector industrial y agrícola privado como agente directo de la reactivación de las cadenas productivas.
      • 1.1.2.3 Apoyo tecnológico a la cadena productiva. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología apoyará el desarrollo de la cadena productiva ofreciendo respuestas tecnológicas inmediatas e intensificando la vinculación entre los centros de investigación científica y el sector productivo.
      • 1.1.2.4 Aprovechamiento reciproco implícito en la articulación de la agricultura y la industria. La cadena agroindustrial exigirá una concertación promovida por el Estado para equilibrar la relación beneficio-costo de ambos eslabones de tal forma que exista mayor equidad en la distribución de la rentabilidad.
      • 1.1.2.5 Asistencia técnica para asegurar la calidad, regularidad y precios de las materias primas. El Ministerio de Producción y Comercio proveerá los mecanismos y acuerdos intersectoriales necesarios para asistir técnicamente a los productores de materias primas de tal manera que se pueda lograr un estándar de calidad mayor, asegurar la regularidad de los suministros y recibir un precio justo por los mencionados insumos.
      • 1.1.2.6 Servicios básicos de apoyo a las cadenas productivas. La reorganización de los servicios básicos de apoyo a la producción se orientarán a la creación de condiciones favorables para la reactivación de las cadenas productivas, ello demandará un importante esfuerzo de inversión pública directa o de concesiones o asociaciones estratégicas para la expansión de dichas facilidades.
    • 1.1.3 Garantizar la seguridad alimentaria.
      • 1.1.3.1 Uso racional y justo de la tierra agrícola. La Ley de Tierras propiciará la revisión del aprovechamiento de las tierras con capacidad agrícola como factor de producción, tomando en cuenta un equilibrio justo entre los campesinos desprovistos de tierras y los propietarios que hacen un uso productivo ineficiente de las mismas.
      • 1.1.3.2 Elevar la productividad agrícola. La demanda de alimentos, exige la elevación sustancial de la productividad del sector para cubrir la oferta interna e incluso abrir las posibilidades de exportar a precios competitivos y asequibles a la capacidad de compra de la población.
      • 1.1.3.3 Fuentes de financiamiento seguras para la agricultura, utilizando el sistema público y los acuerdos institucionales con la banca. El Gobierno Nacional incrementará significativamente el aporte a FONDAPFA para fortalecer su función crediticia, permitiéndole operaciones de primero y segundo piso. Igualmente se coordinará con el sistema bancario privado el incremento de los préstamos agrícolas y el mejoramiento de sus condiciones.
      • 1.1.3.4 Sistema de comercialización y mercadeo de productos agrícolas. Se concertará con el sector privado la asistencia técnica y la provisión de fondos de inversión para la modernización y automatización de la red de comercialización de productos agrícolas, de tal manera que sea superada la actual fragmentación y oligopolización del sistema de mercadeo.
      • 1.1.3.5 Definir prioridades de abastecimiento interno agroalimentario. La reactivación de la agricultura considerará necesariamente la priorización del abastecimiento nacional, tomando en cuenta la capacidad real de producción especializada, considerando el factor climático y los suelos que determinan las ventajas reales comparativas mas favorables.
      • 1.1.3.6 Rescate y ampliación de la infraestructura de riego, vialidad, almacenamiento y transporte Se prevee un masivo esfuerzo de inversión y modernización para la recuperación de las infraestructuras de apoyo al sector. Ello supone el restablecimiento operativo de los sistemas de riego y la reparación y mantenimiento de la vialidad rural.
      • 1.1.3.7 Matriz de incentivos para la agricultura. El gobierno nacional de común acuerdo con los productores agrícolas definirá el programa de incentivos fiscales y financieros que se aplicarán en función de las prioridades exigidas por la seguridad alimentaria de la nación.
      • 1.1.3.8 Aporte científico y de asistencia técnica a los productores agrícolas. Dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología se incrementará la asignación de recursos para asegurar un eficiente apoyo científico y técnico a los productores agrícolas en el estudio de suelos, certificación de semillas, mejoramiento de especies animales, centros de recría y técnicas de cultivo y producción.
      • 1.1.3.9 Adecuar la política comercial al desarrollo agrícola. La política comercial del sector agrícola será revisada para tomar en cuenta la necesaria equidad que debe regir en el intercambio comercial, frente a la evidente protección y subsidio indirecto que reciben los productores agrícolas de nuestros socios comerciales, lo cual viene ocasionando una creciente competencia desleal de las importaciones, respecto a la producción nacional.
      • 1.1.3.10 Desarrollo rural. La modernización de la producción agropecuaria esta estrechamente ligada a un desarrollo rural integral, por lo que el Ministerio correspondiente coordinará con otros organismos nacionales y regionales la complementación de los planes agrícolas con programas de salud, educación, capacitación, seguridad y prestación de servicios básicos que eleven la calidad de vida de la población campesina.
    • 1.1.4 Incrementar y fortalecer la pequeña y mediana empresa
      • 1.1.4.1 Acceso a procesos productivos, técnicos de administración, gestión y comercialización modernos. Esta política se cumplirá estimulando la concertación de diversas empresas vinculadas por la secuencia que se produce en las cadenas productivas. El Ministerio de Producción y Comercio conjuntamente promoverá la realización de programas para modernizar los procesos de producción y comercialización de este subsector industrial.
      • 1.1.4.2 Sistemas apropiados de capacitación laboral y gerencial. La actualización técnica de la mano de obra y del nivel gerencial detendrá el proceso de obsolescencia que viene afectando al capital humano de la pequeña y mediana industria. Por lo tanto el Gobierno Nacional desarrollará programas especiales, con el respaldo de las organizaciones empresariales para superar esta limitante a la eficacia productiva del subsector.
      • 1.1.4.3 Acceso a sistemas informatizados para evaluación por desempeño y difundir su potencialidad por Internet. El Ministerio de Ciencia y Tecnología pondrá a la disposición de los pequeños y medianos empresarios sistemas telemáticos para el control y seguimiento de la producción, poniendo a disposición de dichas empresas la red de infocentros que se esta extendiendo en el territorio nacional.
      • 1.1.4.4 Acceso al crédito de largo plazo. Se potenciará significativamente al acceso al financiamiento de largo plazo para las PYMI, en condiciones de tasa de interés periodo de gracia, garantías y seguros de crédito razonables.
      • 1.1.4.5 Banca publica de segundo piso que actúe como mayorista de crédito a través de la banca comercial. El sistema financiero del sector público, que actúa en calidad de banca de segundo piso colocará fondos financieros de administración por la banca comercial privada y pública, destinados al financiamiento exclusivo de las PYMI en condiciones preferenciales y de rápida liquidación.
      • 1.1.4.6 Fondos de garantía para la absorción del riesgo. Con el objeto de superar la limitación que enfrenta el crédito a las PYME por parte de la banca comercial privada, como consecuencia de las elevadas exigencias de garantía reales y personales, se ha dispuesto reforzar la capacidad y el alcance del sistema nacional de garantía.
      • 1.1.4.7 Ampliar sus mercados tanto interno como de exportación. Se ha previsto ofrecer desde el sector público el respaldo técnico, económico e institucional para organizar la red de comercialización tanto hacia el mercado interno como en los internacionales en los que las PYME puedan ofrecer sus productos.
      • 1.1.4.8 Articular y difundir la oferta de las PYME, y la calidad de sus productos, precio y cumplimiento. Se propiciará la creación de un sistema articulado con la asociación de los empresarios que permita la difusión a nivel nacional e internacional de las características de la oferta de las PYMI y de los mecanismos que facilitarían su entrega inmediata y segura a posibles demandantes con la garantía de regularidad en el cumplimiento de los suministros.
      • 1.1.4.9 Internacionalización de la pequeña y mediana industria que aproveche el mercado regional. Se considera que una extensión natural de sus posibilidades de comercialización surgirán del aprovechamiento de los mercados subregionales, a partir del mejoramiento de sus niveles de calidad y precios.
      • 1.1.4.10 Conformación de redes asociativas y acuerdos de complementación. El éxito comercial de las PYME estará determinado por la posibilidad de atender satisfactoriamente la escala de la demanda que se genera normalmente en los mercados nacionales e internacionales.
      • 1.1.4.11 Concertación estratégica orientada a desarrollar iniciativas locales de desarrollo. La diversificación económica y territorial se expresará en la concertación pública y privada para apoyar y fomentar todas las iniciativas locales de desarrollo que expandan el tejido industrial, incluyendo la acción de los nuevos empresarios emprendedores.
    • 1.1.5 Incorporar y adaptar nuevas tecnologías
      • 1.1.5.1 Instituciones y políticas de innovación y difusión tecnológica. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología propiciará las asociaciones estratégicas entre nuestros centros de investigación científica y tecnológica y las organizaciones similares de los países mas avanzados, para el mejor aprovechamiento de su aplicación a la producción agrícola, industrial y de servicios nacional.
      • 1.1.5.2 Capitalizar y potenciar los patrones de especialización productiva e inserción en el comercio internacional. La vía para lograr modernizar el aparato productivo nacional será el aprovechamiento de los patrones de especialización productiva en los cuales se puedan crear ventajas competitivas específicas para acceder al mercado internacional.
      • 1.1.5.3 Aumentar el valor agregado nacional y los contenidos de ingeniería nacional. La esencia del plan de diversificación en relación con el uso de la tecnología estará en la concreción de un mayor valor agregado nacional y esto a su vez dependerá del contenido generado por la ingeniería nacional.
      • 1.1.5.4 Incrementar el gasto público y privado destinado a la investigación, difusión y transferencia de tecnología. Se ha previsto quintuplicar en el período del plan el monto de las asignaciones presupuestarias destinadas a fomentar la modernización tecnológica del aparato productivo y se incentivara igual esfuerzo al sector empresarial privado.
      • 1.1.5.5 Formación de nuevas tecnologías integradas a la competitividad. La propuesta tecnológica se concentrará en la creación de competitividad por la absorción de tecnología de punta y la creación tecnológica propia.
      • 1.1.5.6 Políticas tecnológicas horizontales focalizadas en aquellos sectores competitivos. La focalización del esfuerzo de modernización tecnológica será necesaria para asegurar que las cadenas productivas prioritarias cuente efectivamente con la ventaja técnica en su inserción económica internacional.
      • 1.1.5.7 Apoyar mecanismo de difusión de conocimiento en empresas no competitivas (Subvenciones a proyectos, incentivos tributarios, capital semilla) La difusión del conocimiento técnico y científico se apoyará en el sistema nacional de universidades, las cuales se incorporarán a una red coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que favorecerá la subvención a proyectos de investigación, la desgravación tributaria para la adaptación tecnológica moderna de la industria y el financiamiento, de la investigación de nuevas aplicaciones tecnológicas a la producción.
      • 1.1.5.8 Mecanismos apropiados a la protección de la propiedad intelectual. Se fortalecerá el régimen legal de protección de la propiedad intelectual, registro de patentes tecnológicas y asociaciones estratégicas en materia científica a nivel subregional. Así mismo se formalizarán acuerdos internacionales en la materia con los centros mas avanzados de creación científica en la materia.
      • 1.1.5.9 Fomento de complejos productivos (Cluster). Se favorecerá y se respaldará técnica y financieramente el desarrollo o implantación de los complejos productivos integrados ( Cluster ) en función del surgimiento de áreas especiales en donde se concentren parques industriales de alta competitividad.
    • 1.1.6 Consolidar el sector financiero
      • 1.1.6.1 Sistema financiero público en función de las prioridades productivas y socioeconómicas. Se concentrarán los recursos financieros del sector público en los programas considerados estratégicos dentro del Plan de Desarrollo Nacional tales como: Reactivación del tejido industrial, surgimiento de una fuente de exportación no petrolera, apoyo a la seguridad alimentaria y expansión de servicios fundamentales para el aumento de la calidad de vida.
      • 1.1.6.2 Desarrollo de servicios financieros con bajos costos de intermediación. Se considera crucial el restablecimiento de la intermediación crediticia al sector productivo a costos razonables para permitir rentabilidad y competitividad a la producción nacional. La reducción de los costos de intermediación se propiciará en el sistema financiero público y se concertará con el sistema financiero privado.
      • 1.1.6.3 Desarrollo de instituciones publicas y privadas con distintos perfiles de rentabilidad y riesgo. El sistema financiero público será reformado para lograr la diferenciación de rendimiento y riesgo que corresponde a cada estrato empresarial y a cada categoría de préstamo en términos de plazo y garantía exigida.
      • 1.1.6.4 Regulación prudencial que permita reducir los márgenes de intermediación. Se modernizará el sistema de regulación prudencial, bajo la coordinación de SUDEBAN, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central de Venezuela y la Comisión Nacional de Valores. Se buscará un equilibrio entre la necesidad de proteger la salud del sistema financiero y su impacto de costo en los márgenes de intermediación crediticia.
      • 1.1.6.5 Desarrollo de instituciones de crédito a largo plazo. Se considera esencial la incorporación en los términos mas amplios en el régimen legal correspondiente, de la posibilidad de promover a la brevedad de un sector de instituciones de crédito a largo plazo que puedan respaldar los grandes proyectos de inversión públicos y privados.
      • 1.1.6.6 Desarrollo del mercado de valores. Se requiere promover un amplio desarrollo del mercado de valores en ese sentido, se estimulará la democratización del capital empresarial tanto público como privado, mediante la bursatilización de la propiedad accionaria de las empresas.
      • 1.1.6.7 Programas sociales de financiamiento a la agricultura y la pequeña y mediana empresa. Se contemplará como un componente estratégico por sus implicaciones sociales, el financiamiento a la agricultura y la PYMI, a través de los llamados programas sociales de crédito. Por tal razón se concertará un tratamiento preferencial a estos sectores, con un cupo suficiente de recursos para apoyar su capitalización.
  • 1.2 Reducción de la incertidumbre y los costos que genera la volatilidad económica. Uno de los logros más importantes de la política económica, aplicada desde el año 1999 ha sido, la recuperación progresiva de los equilibrios macroeconómicos. Los éxitos alcanzados en materia de reducción de la tasa de inflación y el control del déficit fiscal, deben mantenerse. Esto resalta la importancia de consolidar y mejorar algunos de los patrones de manejo de la política económica en el corto y el mediano plazo.
    • 1.2.1 Condiciones macroeconómicas para un crecimiento sostenido
      • 1.2.1.1 Sistema de bandas cambiarias, con una paridad central ajustada a la inflación objetivo. Se espera un comportamiento de los flujos externos del país que permitirá mantener un nivel significativo de acumulación de reservas internacional que también apuntalara la estabilización del tipo de cambio. En definitiva, hacia al final del período como consecuencia de la convergencia de la tasa de inflación externa e interna se habrá alcanzado una condición de paridad sostenible del poder adquisitivo del bolívar frente al dólar.
      • 1.2.1.2 Políticas fiscal y monetarias en el marco del Acuerdo Anual de Coordinación de Políticas Macroeconómicas. La coordinación de la política fiscal y monetaria será concertada anualmente entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas para garantizar que la monetización de la economía responda a la demanda de dinero generada por la expansión de la economía real.
      • 1.2.1.3 Política fiscal como complemento de la política cambiaria en su rol de ancla nominal de precios. El propósito de la política y solvencia fiscal impuestas como exigencias de corte constitucional es neutralizar definitivamente el déficit fiscal recurrente que se tradujo en el pasado en endeudamiento y expansión inorgánica de la liquidez con consecuencias alcistas sobre el nivel de los precios internos. De esta forma la política fiscal respaldara la perspectiva antinflacionaria que hasta ahora se ha fundamentado en el ancla nominal de los precios a partir de la estabilización cambiaria.
      • 1.2.1.4 Instrumentar los Decretos-Leyes y sus reglamentos aprobados por las Leyes Habilitantes. Desde el punto de vista institucional la estrategia económica exige completar la modernización del régimen legal, mediante la instrumentación de los Decretos-Leyes y la reglamentación de los mismos previstos en las Leyes Habilitantes de tal forma que se transmita a los agentes económicos una señal clara de la existencia de reglas de juego claras y permanentes dentro de un estado de derecho que promueve la iniciativa privada con responsabilidad social.
      • 1.2.1.5 Fortalecimiento del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Se mantendrá con estricto apego a lo dispuesto en la ley correspondiente, la acumulación de los recursos fiscales petroleros excedentes en el FIEM para constituir una reserva de fondos en dólares que al tiempo que fortalece la posición del bolívar en el corto plazo, transmite la decidida intención de neutralizar la volatilidad económica que proviene de la inestabilidad del mercado petrolero internacional.
    • 1.2.2 Estabilizar el tipo de cambio
      • 1.2.2.1 Política cambiaria en función de la inflación objetivo del Plan. Los valores que determinan el margen superior e inferior de la banda serán determinados por el instituto emisor atendiendo a las necesidades de flexibilización que exija el flujo de requerimientos normales de divisa, utilizando el soporte de las reservas internacionales frente a los ataques especulativos que pretendan desvirtuar el normal desenvolvimiento de los mercados cambiarios.
      • 1.2.2.2 Fortalecimiento de las reservas internacionales del BCV. Se producirá un continuo incremento en el monto de las reservas internacionales que fortalecerá la base monetaria del país y constituirá un fuerte respaldo a la política de tipo de cambio estabilizado.
      • 1.2.2.3 Diseñar una política comercial consistente con la política cambiaria. La política comercial consistente con la política cambiaria de estabilización se apoyará en la conquista de mercados sobre la base de calidad superior, precio real mas competitivo y regularidad y suficiencia en la atención de la demanda de nuestros productos a nivel nacional.
    • 1.2.3 Funcionamiento del mercado monetario y financiero
      • 1.2.3.1 Funcionamiento del sistema financiero y el mercado de capitales. El funcionamiento eficiente de la red bancaria y la mayor fluidez del mercado de capitales determinará el oportuno flujo de recursos de inversión para apuntalar el crecimiento económico.
      • 1.2.3.2 Fomentar fusiones bancarias para incrementar la eficiencia del sistema financiero. Continuará la reordenación del sistema financiero para optimizar el tamaño de la red bancaria en función de la reducción de los costos de transformación que debe resultar de la mayor eficiencia del sistema derivado de la automatización creciente y una mayor escala del negocio.
      • 1.2.3.3 Óptimo funcionamiento del sistema de microfinanzas. La visión integral del desarrollo de la economía productiva exige que el circuito económico correspondiente al subsector de microempresarios se integre eficientemente a la economía formal, ello exige que esta amplia gamma de microempresas supere la alta mortalidad muchas veces causada por la ausencia casi absoluta de fuentes de financiamiento de capital de trabajo en el sistema bancario tradicional. Por ello se pondrá la máxima atención para optimizar el funcionamiento del Banco de Pueblo, del Banco de la Mujer y del resto de las instituciones que atiende la microfinanza para darle confiabilidad y extensión de su vida productiva a este subsector de la economía social.
      • 1.2.3.4 Normas estrictas de regulación y supervisión prudencial del sistema financiero. Se considera que la reforma del sistema de supervisión bancaria y en general el desarrollo de una moderna normativa prudencial debe mejorar notablemente el desarrollo del sistema bancario.
    • 1.2.4 Garantizar Seguridad Jurídica y Legislación Estable
      • 1.2.4.1 Delimitación clara de atribuciones y responsabilidades de los entes regulatorios. El Gobierno Nacional y las instituciones creadas especialmente para la aplicación de la norma asumirán la responsabilidad de aplicar las leyes en forma proactiva para dinamizar el proceso económico reduciendo los costos en términos de recursos y tiempo que la concepción burocrática de la función pública habría desarrollado a partir del viejo régimen legal.
      • 1.2.4.2 Pro competencia y antimonopolio eficiente. En atención a la normativa generada en el propio texto de la Constitución de la República y de acuerdo con lo que en especifico recogen las leyes con respecto a la competencia desleal y el monopolio se actuará firmemente en el estimulo y la protección de la libre competencia y el respeto al derecho y la equidad en la acción de todos los agentes económicos tanto de la producción como del consumo.
      • 1.2.4.3 Tribunales de Justicia objetivos y eficientes. Se modernizará la infraestructura de los tribunales de justicia y se asegurará que el sistema opere con objetividad y equidad, garantizando el derecho y el justo proceso que transmitirá el mensaje de la existencia de una auténtica seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad productiva.
    • 1.2.5 Fortalecer precios petroleros
      • 1.2.5.1 Mejorar composición de la cesta petrolera venezolana. El Ministerio de Energía y Minas desarrollará un plan que permita mejorar la composición de la cesta petrolera venezolana, a favor de una mayor proporción de productos derivados de mejor precio y mayor valor agregado nacional. Esto permitirá elevar el precio promedio de la cesta de productos y la participación venezolana en los mercados mundiales correspondiente.
      • 1.2.5.2 Ratificar política de defensa de los precios petroleros. Una de las líneas maestras de la política económica, particularmente de la política petrolera que se mantendrá irreductible a lo largo del periodo del plan será la política de defensa de los precios petroleros, en el contexto de los acuerdos de la OPEP y en las negociaciones generales que se tienen planteados entre productores y los consumidores a nivel mundial.
  • 1.3 Internalización de los hidrocarburos. Fortalecer la competitividad y rentabilidad del sector hidrocarburos mediante nuevas inversiones que mejoren su capacidad de producción, a mediano y largo plazo, que aseguren la colocación de productos primarios y secundarios y su desarrollo aguas abajo. Las actividades productivas ligadas a la explotación de los hidrocarburos ofrecen oportunidades excepcionales para el desarrollo aguas abajo de productos conexos, de industrias proveedoras de bienes y servicios especializados, que actualmente se nutren de insumos y equipos importados. Se combinan en esa forma, capacidad de producción nacional, mercado y usuarios exigentes en calidad y precios. Este núcleo industrial, está en capacidad de convertirse en un proveedor seguro y confiable en servicios de ingeniería, reactivos químicos, tuberías y maquinarias especializadas, en un esquema de sustitución eficiente de importaciones y posteriormente en un exportador con alto componente tecnológico.
    • 1.3.1 Asegurar la colocación de crudos y productos
      • 1.3.1.1 Mantener la capacidad de producción a mediano y largo plazo. La capacidad de producción de la industria petrolera debe seguir un patrón centrado en la explotación eficiente del recurso; de manera que los cambios bruscos en la demanda mundial del crudo no afecten negativamente la operatividad de la estructura productiva del negocio petrolero.
      • 1.3.1.2 Destinar recursos financieros a la exploración y producción de crudos livianos y medianos. Las actividades de exploración y producción de livianos y medianos deberán contar con recursos financieros suficientes y estar estrechamente coordinadas con el fin de optimizar el proceso de producción y así aumentar las economías de escala y la competitividad de la industria.
      • 1.3.1.3 Disminuir los costos operativos de PDVSA. Se requieren altos niveles de inversión destinada a la innovación tecnológica, frenando la feroz obsolescencia del capital fijo y una política laboral mas acorde con la estrategia de desarrollo de la empresa. Adicionalmente, sería conveniente estudiar y evaluar continuamente los mecanismos de abastecimiento en insumos nacionales y extranjeros para aumentar la rentabilidad de la industria. Igualmente, es indispensable mantener y propiciar alianzas multinacionales con inversionistas que estén en capacidad de fomentar técnicas de producción eficientes.
      • 1.3.1.4 Fortalecer la participación de PDVSA en la producción de hidrocarburos. Es imperativo aplicar medidas como la diversificación de los productos procedentes del petróleo; así como, desarrollar la industria petroquímica, la industria de bienes de capital y demás industrias nacionales que estén vinculadas con el negocio petrolero; por lo tanto, provocando un efecto multiplicador positivo sobre la industria petrolera nacional y el incipiente parque industrial venezolano.
      • 1.3.1.5. Política conservacionista en el aprovechamiento de las reservas de hidrocarburos. En virtud de propiciar el mejor aprovechamiento de las reservas, se promueve el uso de técnicas de explotación y producción en armonía con la preservación del medio ambiente, y, por consiguiente, evitar externalidades negativas que se traducirían en mayores costos sociales para las generaciones futuras.
      • 1.3.1.6 Diversificar los mercados internacionales de crudos y productos. Como puente de la política exterior y el perfeccionamiento del negocio petrolero se profundizaran la integración de negocios internacionales con clientes no tradicionales, apoyando los distintos acuerdos firmados o por firmarse con diversos países del mundo, de la misma manera serán fortalecidas las relaciones bilaterales con el Caribe, Centro América y Mercosur.
      • 1.3.1.7 Mejorar la calidad de los derivados de hidrocarburos destinados a la exportación. Para satisfacer, la diversificación y la exigencia de los mercados internacionales, resulta indispensable mejorar los procesos productivos de la industria petrolera de acuerdo a las pautas comerciales mundialmente aceptadas, mediante la ejecución de proyectos para el incremento de la capacidad de refinación del crudo en Venezuela, esto incluye la posibilidad de construcción de nuevas refinerías con participación del sector privado y la optimización de la capacidad existente.
      • 1.3.1.8. Optimizar la relación crudos y productos en la cesta venezolana de exportación. Reformular la estructura productiva de exportación de la industria petrolera, en el sentido de incrementar la venta de productos con alto valor agregado, este es el caso de la transformación de los crudos, que generan mayores ingresos de divisas para el Estado.
      • 1.3.1.9. Programas Costa Afuera de explotación de hidrocarburos. Continuando con esta misma línea de política de aumentar la capacidad de producción se iniciaran los programas de exploración y subsiguiente explotación petrolera costa afuera. Tomando en cuenta la experiencia exitosa de otros países en esta materia, se podrían conformar asociaciones estratégicas con el fin de desarrollar procesos productivos más eficientes con una tecnología mas avanzada.
    • 1.3.2. Crear la industria del gas libre
      • 1.3.2.1 Expandir las reservas probadas de gas libre, así como organizar su transporte y distribución. Uno de los objetivos será el de promover el desarrollo de la producción de gas libre por medio del otorgamiento de licencias de exploración y producción en áreas de tierra firme y preparación del proceso licitatorio costa afuera acompañado por una contratación más flexible, impulsando así la máxima participación de terceros en el negocio.
      • 1.3.2.2 Uso del gas como materia prima para el desarrollo productivo interno. La satisfacción de la creciente demanda de fuentes alternas de energía limpia y más económica que originará el desarrollo económico interno a nivel industrial, generación de electricidad y uso domestico, será prioritaria en el desarrollo de la industria del gas.
      • 1.3.2.3 Desarrollar a mediano y largo plazo el gas licuado para la exportación. La evolución de la demanda mundial de gas es y será creciente, por esto debemos asociarnos con dueños de tecnologías y mercados para desarrollar eficientemente yacimientos o maximizar el uso de la capacidad de producción de gas licuado.
      • 1.3.2.4 Desarrollar programas de asociaciones con el sector privado nacional e internacional. Se conformarán empresas mixtas de transmisión y distribución para la expansión de la infraestructura y desarrollo del negocio del gas a nivel nacional e internacional. El sector privado deberá caracterizarse por aportar capital, tecnología, gerencia y mercados, necesarios para el crecimiento de la industria.
    • 1.3.3 Internalizar la actividad petrolera y racionalizar el mercado interno.
      • 1.3.3.1 Desarrollar la cadena aguas abajo de los hidrocarburos. Se desarrollará la cadena aguas abajo de los hidrocarburos, para promover la industrialización del país, incentivos a los sectores industriales privados venezolanos que estarían asociados con la industria petrolera.
      • 1.3.3.2 Desarrollar otras fuentes de energía no convencional. En aras de racionalizar el consumo energético, se tomarán medidas orientadas hacia la explotación óptima de los otros recursos. La investigación y la diversificación de las fuentes de energía como son la Biomasa, Solar y Eólica, se llevará a cabo bajo el supuesto de una transformación progresiva del aparato productivo nacional.
      • 1.3.3.3 Hacer remunerativo el mercado interno de hidrocarburos y tarifas adecuadas. Se realizarán programas de ajuste en los niveles tarifarios sobre la revisión de la estructura costos y márgenes de ganancia, de tal manera que se pueda hacer más rentable el negocio de los hidrocarburos internamente, sin afectar negativamente la solvencia económica de la población con menos recursos monetarios. Paralelamente, la diversificación de la gama de los derivados del producto petrolero es clave en este proceso de mejorar la competitividad de la industria y fortalecer su presencia en el mercado interno de hidrocarburos.
    • 1.3.4 Transformar crudos pesados
      • 1.3.4.1 Investigación para valorar crudos pesados. Se continuará con la misma línea de política de mantener el liderazgo venezolano en conocimiento exhaustivo en la producción de crudos pesados. Las principales universidades del país y los centros de investigación vinculados a la materia petrolera, se adoptarán a los cambios que los mercados y la tecnología de la información han traído.
      • 1.3.4.2 Transferencia de tecnología en procesamiento y valoración de crudos pesados. Además de la investigación se apuntalará el proceso de transferencia de tecnología como herramienta estratégica para el desarrollo de este tipo de crudo estratégico para Venezuela.
      • 1.3.4.3 Nuevos acuerdos para el uso de la Orimulsión. Se promoverá la inversión privada nacional y extranjera en el negocio de la Orimulsión, privilegiando la adopción de tecnología ecológicamente sustentable. Existen ciertos acuerdos en proceso de finiquito como lo son aquellos preestablecidos con China, Canadá, India y Bangla Desh, que se traducirán en un mercado más amplio para la colocación y comercialización del producto.
      • 1.3.4.4 Uso interno de la Orimulsión. Debido a las grandes capacidades de producción de Orimulsión en Venezuela, además de su eficiencia en términos de costos y protección ambiental, se analizará difundir su utilización en aquellas industrias vinculadas a la generación de energía eléctrica.
  • 1.4 Democratizar el capital y legitimizar el mercado.
    • 1.4.1 Democratizar el capital y legitimizar el mercado.
      • 1.4.1.1 Elevar los niveles de productividad y de ingreso de las empresas de la economía social. Se pondrá especial atención a los aspectos que tienen que ver con una mayor eficiencia de las empresas autogestionadas, para lo cual se aplicarán programas de capacitación y adiestramiento, condiciones favorables en el mercado, se generarán mecanismos que regulen el costo de financiamiento de sector, además se proveerá a las microempresas de dispositivos que le permitan la adición y modernización de nuevas tecnologías.
      • 1.4.1.2 Incorporación de la economía informal a la economía social. Resulta de suma importancia la incorporación de la economía informal a la economía social; para alcanzar este propósito se pretende institucionalizar a cada una de estas empresas bajo las fórmulas legales que no generen excesivos costos, y suavizar los métodos de regulación que actualmente se aplican.
      • 1.4.1.3 Aumentar los grados de sustentabilidad productiva de las microempresas. El Estado deberá condicionar escenarios de encuentro sirviendo como mediador entre las microempresas, propiciando la conformación de grupo de cooperación en distintas ramas de la productividad, es decir, cooperativas tecnológicas, cooperativas de capacitación, intercambio de productos, generando de esta forma relaciones de complementariedad que consolidan al sector de la economía social como una nueva referencia de progreso.
      • 1.4.1.4 Suministrar mejores oportunidades de comercialización a las microempresas (compras del estado). Se generarán mecanismos que flexibilicen los requerimiento de compras del Estado permitiendo de esta forma la entrada a este programa de las microempresas, esta será una forma de propiciar una saludable evolución de la economía social.
      • 1.4.1.5 Articulación dinámica con la pequeña, mediana y gran empresa. Es importante la conformación de una red industrial donde confluyan pequeñas, medianas y grandes empresas, estableciendo relaciones simbióticas que generen beneficios a todas las partes y permitan una evolución saludable de la economía social. Entre los beneficios directos para estos protagonistas está la posibilidad de modernizar e incorporar a la economía informal en esta nueva concepción de la economía social. Lograr este objetivo implica la necesidad de regular los mecanismos que garanticen relaciones empresa-empresa eficientes.
      • 1.4.1.6 Política de incentivos para incorporar la banca comercial al sistema de microfinanzas. El Estado generará incentivos para la Banca, con el fin de propiciar la flexibilización de las pautas de financiamiento a los microempresarios. Estos incentivos tienen que ver con la promoción de la función de la micro financiera en la banca en sus carteras de crédito para las microempresas. Esta política generará cambios significativos en el sistema, pues además de contar con instituciones del sector público, la banca privada dedicará espacios a los pequeños empresarios. Se utilizará para los microempresarios las posibilidades de financiamiento que otorgan las instituciones multilaterales de financiamiento para este sector.
      • 1.4.1.7 Transformación del trabajador informal en un microempresario. Con la intención de crear una estructura económica saludable, se pondrá sumo interés en convertir a los trabajadores informales en pequeños empresarios. En primer lugar se reducirán los impuestos Municipales, Estadales y Nacionales, Derecho de Frente, etc. Además de esta medida, el Estado establecerá programas de capacitación gerencial brindándole al potencial microempresario la posibilidad de estructurar sobre bases sólidas las pequeñas empresas en formación.
      • 1.4.1.8 Promoción de organizaciones e iniciativas de participación controlados por sus integrantes. El Estado deberá promocionar la conformación de organizaciones e iniciativas de participación y servir de mediador y gerente, promocionando equipos de trabajo, cooperativas, dispositivos legales y estructurales que estimulen la posibilidad de negociar entre pequeños empresarios que se complementen, creando una clase empresarial emergente.
      • 1.4.1.9 Acceso al crédito publico y privado. Se tiene planteado la aplicación de créditos públicos y privados para los microempresarios, el microempresario se establecerá como un deudor responsable en un contexto de confianza como agente productivo. Por tal motivo se establecerán condiciones especiales de crédito y garantías que estimulen los pagos regulares de las deudas.
      • 1.4.1.10 Programas masivos de capacitación para los participantes de la economía social. Los pequeños empresarios tendrán la posibilidad de adiestrarse en materias gerenciales y administrativas, que le permitirán estar acorde con las pautas de desarrollo económico planteada. Esto será así en la medida en que se establezcan las posibilidades y áreas reales de las microempresas, las demandas del mercado y los aportes que a este respecto se puedan hacer.
      • 1.4.1.11 Nuevos mecanismos de regulación de la economía social. Es importante plantear mecanismos novedosos de regulación que permitan, dentro de un marco legal e institucional establecido a incorporar al mercado de forma efectiva y significativa a los protagonistas de la economía social, generando los espacios económicos con estructuras flexibles de precepto estadal. Los beneficios tendrán que ver con el establecimiento de una red industrial cuyo éxito está garantizado como parte de un modelo de desarrollo donde los protagonistas generan los cambios para su bienestar.
    • 1.4.2 Organizar el sistema de micro finanzas
      • 1.4.2.1 Promover formas de capacitación y financiamiento en las zonas rurales. Las microempresas establecidas en las zonas rurales deben ser vistas como el gran impulsador de cambios dentro de la rígida estructura agraria venezolana, por esto el Estado impartirá capacitación tecnológica y gerencial que le permita a los campesinos valerse por si mismos, igualmente se establecerán oficinas de apoyo técnico donde estos nuevos empresarios recurrirán en busca de ayuda profesional en las áreas que atañen a sus empresas. De forma paralela el Estado garantizará mecanismos de financiamiento acorde con las posibilidades y características de las microempresas campesinas, garantizando la flexibilización de los instrumentos tradicionales del financiamiento.
      • 1.4.2.2 Cofinanciamiento con la banca privada. Es importante el papel que la banca privada puede cumplir dentro del desarrollo de las microempresas, la idea es conformar un sistema de microfinanzas en donde además de la participación del sector público como garante del proceso, sea incluida la Banca. Su participación está caracterizada por la conformación de acuerdos de cofinanciamiento con otros entes, ejecución de fideicomisos, planes de financiamiento paritario acordes con las características y necesidades de este sector de la economía social.
      • 1.4.2.3 Plena aplicación de la Ley de Tierras. Durante el período del Plan estará en vigencia la Ley de Tierras que conjuntamente con un un plan de atención integral al campesino y al pequeño productor agrícola, van a permitir iniciar un proceso de recuperación de las condiciones de vida en el sector rural nacional, que ha sido históricamente postergado.
  • 1.5 Equilibrio entre ingresos y gastos ordinarios en una trayectoria determinada en un marco plurianual. El manejo de las finanzas públicas tendrá como propósito el logro de la Sostenibilidad Fiscal, en una trayectoria determinada por un marco plurianual. Se establece como restricción prioritaria, la regla de equilibrio ordinario para el período 2005-2007 lo cual implica un período de transición entre los años 2002-2004 que oriente las finanzas públicas a una estricta disciplina financiera, que permita un mejor uso de los recursos ordinarios para financiar el gasto, un aumento sustancial de su productividad especialmente de los recursos utilizados en la política social y prestar atención a los efectos que sobre las finanzas públicas tiene la descentralización y la reforma de la seguridad social.
    • 1.5.1 Optimizar la participación fiscal petrolera
      • 1.5.1.1 Equilibrio en la relación entre el impuesto sobre la renta y la regalía. Se aumentará el porcentaje de la regalía hasta un nivel adecuado a la realidad de las empresas petroleras, para así contar con una renta fiscal petrolera más estable a mediano plazo y compensar esta alza con una disminución proporcional en el impuesto sobre la renta, como una opción atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros.
      • 1.5.1.2 Participación fiscal en función de las necesidades del fisco y la industria. Se crearán mecanismos que garanticen un nivel de ingresos a razón de la participación fiscal petrolera de forma tal que el Estado, en su papel de rector de las políticas públicas necesarias para generar bienestar y desarrollo a la Nación, pueda proveer los bienes y servicios requeridos para impulsar el desarrollo de todos los sectores.
    • 1.5.2 Aumentar y diversificar la tributación no petrolera. El Estado generará una fuente de ingresos internos estable en el largo plazo complementando el ingreso petrolero con el proveniente de gravámenes a los sectores no petroleros. Evitando así que el presupuesto público este sujeto a la volatilidad del mercado petrolero.
      • 1.5.2.1 Reestructuración y modernización del Sistema Tributario. El Estado optimizará la planificación tributaria para ofrecer una retribución digna al esfuerzo realizado en el pago de los impuestos, en la medida en que el dinero proveniente de los impuestos no petroleros sea bien empleado se podrá concientizar a la población de que el pago de los mismos replicará en su propio beneficio.
      • 1.5.2.2 Reducción de la evasión y los ilícitos tributarios. El Estado por medio del SENIAT establecerá medidas para la reducción de la evasión y los delitos en esta área como, el aumento del monto de las sanciones aplicadas a los evasores, así como también una mayor penalización a personas jurídicas o naturales que eludan los impuestos, igualmente a todo el que se haga cómplice en este delito. Se establecerá como requisito indispensable en ciertas negociaciones y contrataciones la certificación de solvencia con el fisco de las empresas participantes.
      • 1.5.2.3 Modificación de la Ley del I.V.A. Se ampliará la base de tributación a través de la disminución de las exenciones existentes y la incorporación de un mayor número de contribuyentes reduciendo el umbral de tributación. Estas modificaciones buscan reducir el nivel de regresividad del impuesto y eliminar progresivamente las distorsiones que generan las exenciones en el aparato productivo.
      • 1.5.2.4 Modificación de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. La Reforma a la ley planteará incrementar el número de contribuyentes, en particular de personas naturales, a través de reducción del monto mínimo de exención, revisión de los desgravámenes permitidos, incluyendo el concepto de desgravámen único y la reducción del número de tramos. Se revisará el mecanismo de ajuste por inflación y de los desgravámenes para las personas jurídicas. Además se reformará el sistema de recaudación y pago del impuesto, disminuyendo las razones para evadir su cumplimiento. Finalmente se mejorará la plataforma tecnológica del sistema, permitiendo al SENIAT llevar una información más completa de los contribuyentes.
      • 1.5.2.5 Sustitución del actual Impuesto a los Activos Empresariales por un mecanismo de Impuesto sobre la Renta mínimo alternativo. Se revisará el sistema de tributación a la actividad económica con lo cual podría sustituirse el actual I.A.E. y su impacto rígido sobre los contribuyentes. Se plantea la posibilidad de sustituirlo por un mecanismo de impuesto sobre la renta mínimo alternativo, revisando el mecanismo de cálculo, pago y alícuota a aplicar. Así mismo, se plantea la posibilidad de crear regímenes simplificados de tributación (monotributo) para ser aplicados a aquellos contribuyentes de menor significación.
      • 1.5.2.6 Ampliación del número de productos gravados por impuestos específicos al consumo. Para lograr una progresividad en los impuestos deberá estudiarse los bienes gravados y los exonerados, reduciendo de una forma eficiente la exoneración del impuesto a ciertos productos. A este fin se ampliará el número de productos gravados y actualizará los valores y alícuotas aplicadas.
      • 1.5.2.7 Armonización de la tributación nacional con el régimen tributario local. Lograr el equilibrio entre la tributación transferida y las responsabilidades de gastos asumidos por los gobiernos subnacionales. Alcanzar asimismo la armonización tributaria con los gobiernos subnacionales para satisfacer prioridades nacionales y locales.
    • 1.5.3 Políticas para racionalizar el gasto público y aumentar su calidad y productividad.
      • 1.5.3.1 Vinculación orgánica entre Plan de Desarrollo, Plan Operativo Anual, Presupuesto. Esta interrelación orgánica se plantea con el fin de garantizar que los objetivos y metas del Plan de Desarrollo que tiene una expresión de mediano plazo, se reflejen en el Plan Operativo Anual con instituciones de seguimiento de corto plazo y al mismo tiempo que se expresen en una asignación presupuestaria con la mayor especificidad posible para comprometer a la totalidad de la administración del Estado en la estrategia de desarrollo.
      • 1.5.3.2 Reconstrucción de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. Con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario reestructurar los esquemas establecidos en la Administración Pública Nacional y de esta forma aumentar su calidad y productividad. Reestructurar la Administración Pública implica la clasificación de misión, visión y metas de este sector, así como también el cambio de procesos gerenciales que permitan la aplicación, sin traumas, del modelo de desarrollo.
      • 1.5.3.3 Mejora de la relación entre los ingresos transferidos y la responsabilidad de gastos asumidos por los gobiernos subnacionales. Se aplicará un estricto control de los ingresos transferidos a los gobiernos subnacionales para establecer en que medida se asignan a la responsabilidades precisas de gastos para los cuales se determinó la transferencia poniendo énfasis en las necesidades de que tales asignaciones se dirijan a la atención de necesidades sociales y públicas nacionales y locales.
      • 1.5.3.4 Mantener gastos en áreas prioritarias sociales. Se concentrarán esfuerzos en el gasto social y particularmente en el gasto educativo, salud y seguridad que representan los hitos fundamentales de una política que intenta atender como objetivo fundamental la recuperación y aumento de la calidad de vida de la sociedad venezolana.
      • 1.5.3.5 Eliminación progresiva de los fondos prefiscales y compromisos legales previstos en la ley de presupuesto. El propósito de esta política es disminuir la rigidez presupuestaria generada por asignaciones exigidas por la vía legal independientemente del nivel de ingresos que logre captar el Estado. Esto no significa eludir la responsabilidad de cubrir esas necesidades, si no su adaptación a la capacidad efectiva de financiamiento del Estado derivada de los niveles de recaudación reales.
      • 1.5.3.6 Subsidios dirigidos exclusivamente a sectores, regiones y población mas vulnerables. Se plantea la revisión del sistema general de subsidios previsto por el Estado de tal manera que los mismos se concentran preferiblemente en sectores productivos, regiones del país y poblaciones más vulnerables o de menor capacidad económica. El Estado venezolano considera que la política de subsidios debe permanecer pero será exigente en la focalización de su destino como mecanismo de redistribución social.
      • 1.5.3.7 Incentivos fiscales coherentes con prioridades nacionales y regionales. El sistema de desarrollo planteado estará directamente vinculado con las prioridades definidas. En este sentido se plantean instrumentos fiscales tales como exoneraciones, desgravámenes y retornos fiscales; a través de medios automatizados no solo se otorgaran en tiempo real oportuno si no que podrán efectivamente controlarse y sancionarse el desvío de los mismos cuando no correspondan a las prioridades.
      • 1.5.3.8 Concesiones para iniciar un programa de construcción de infraestructura pública. Con el objeto de racionalizar el gasto público, se pretende otorgar concesiones para iniciar programas de construcción de infraestructura pública cuyos proyectos responden a necesidades establecidas por estudios de demandas de servicios.
      • 1.5.3.9 Mantenimiento de la infraestructura pública por los gobiernos subnacionales. La distribución de responsabilidades que surge de la descentralización administrativa considera que la reparación y mantenimiento de las infraestructuras públicas es mas eficiente e inmediata al asumirla los gobiernos estadales y locales, que tienen contacto directo y permanente con las necesidades en esta materia.
      • 1.5.3.10 Sistemas de evaluación de control y rendición de cuentas para la Administración pública centralizada y descentralizadas. Con el objeto de evitar la duplicidad de funciones y asegurar la mayor eficiencia en la ejecución de obras y prestación de servicios de mantenimiento se establecerá un sistema de seguimiento para asegurar la eficacia y eficiencia de la aplicación de los recursos que cada nivel de gobierno asigne para el mejor funcionamiento de las infraestructuras públicas.
      • 1.5.3.11 Formulación de los precios y tarifas públicas a nivel nacional. La asignación de precios y tarifas de precio de bienes públicos tomará en cuenta como prerrequisito básico la cobertura de los costos de operación y explotación de la actividad concreta a la cual están referidos y un margen de rentabilidad mínimo exigibles para evitar el deterioro de la prestación de los servicios y exigir a los gerentes públicos mayor eficacia en su gestión. En los casos extremos en que la población atendida corresponde a estratos de muy baja condición económica se aplicaran tarifas preferenciales o subsidios específicos compartidos por los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal).
      • 1.5.3.12 Transferir los subsidios operativos de los servicios públicos a los gobiernos subnacionales. La política de transferencia de los subsidios operativos a los gobiernos subnacionales responden a la posibilidad de que estas instancias administrativas de practicar un control más directo y específico del uso de los fondos destinado a este propósito. Adicionalmente se procurará asociar la fuente de financiamiento de los subsidios a los servicios básicos (transporte, electricidad, gas, agua, etc.) a mecanismos fiscales que recauden tales proventos de la propia comunidad beneficiada directamente por el servicio en cuestión.
      • 1.5.3.13 Participación de agentes comunitarios y solidarios en la asignación de recursos presupuestarios. Las asignaciones de recursos presupuestarios estarán relacionadas con servicios locales o regionales, y para su asignación se tomará en cuenta la opinión y colaboración de la comunidad. Con ello se aspira legitimizar el objetivo social perseguido por estas asignaciones al focalizarlas en la población más necesitadas de ellos.
    • 1.5.4 Gestión de la deuda pública
      • 1.5.4.1 Mercado de deuda pública interna de mediano y largo plazo. El desarrollo del mercado de deuda pública interno obedece a una estrategia de reciclaje financiero que tiene el propósito de fortalecer las instituciones internas y crear una cultura de confianza en los títulos-valores públicos, con lo cual se construiría una plataforma firme para vincular el rendimiento financiero al concepto de riesgo soberano.
      • 1.5.4.2 Presencia del país en los mercados internacionales de deuda y optimizar el actual perfil de amortización de la deuda pública externa. La política de financiamiento apoyada en la captación de recursos de los mercados internacionales de deuda estará estrechamente correlacionados con una estrategia firme de reducción del endeudamiento externo y una suavización de su impacto anual mediante un programa de renegociación y recompra de obligaciones en el exterior que se traduzcan en una pauta de amortización atenuada y de bajo impacto presupuestario.
      • 1.5.4.3 Planificación rigurosa del nuevo endeudamiento necesario para los programas y proyectos. En primer lugar, la preferencia por el uso del ahorro público como fuente fundamental de su financiamiento; en segundo lugar, al otorgamiento de concesiones rentabilizadas primordialmente por el precio asignado al servicio, en tercer lugar por el endeudamiento asociado a prestamos de exportación de países suplidores de equipos, o de origen de los contratistas internacionales participantes en el desarrollo de este tipo de inversiones y el uso preferencial del financiamiento multilateral.
      • 1.5.4.4 Mejor uso del financiamiento. El financiamiento multilateral será reevaluado para precisar su verdadero aporte en términos del beneficio real que genera su aplicación al desarrollo de inversiones públicas. Así mismo se concentrará exclusivamente en inversiones sociales y apoyo a sectores productivos de renglones banderas de zonas especiales y de las regiones más deprimidas del país.
  • 1.6 Fomentar el ahorro masivo y el financiamiento de la inversión.
    • 1.6.1 Fomentar el ahorro masivo
      • 1.6.1.1 Establecimiento de tasas de interés pasivas, reales y positivas. La política monetaria y financiera debe conducir a una situación de mercado propicia para la racionalización de las tasas de interés, las cuales deberán evolucionar en correspondencia con la tendencia desinflacionaria y al mismo tiempo responder a una motivación efectiva de la propensión a ahorrar.
      • 1.6.1.2 Cambio en los patrones de comportamiento del consumo y ahorro privado. El surgimiento de una cultura moderna de consumo y ahorro privado será inducido por el propio crecimiento económico y la condiciones de estabilidad monetaria y financiera que propiciarán el mejoramiento del ingreso familiar, una mayor calidad de vida y un prudente sentido de planificación económica y confianza en el futuro de toda la población.
      • 1.6.1.3 Mecanismos de ahorro forzoso previsional (fondos de pensiones). El nuevo sistema de seguridad social trae aparejado un sistema de fondo de pensiones que va a representar el mecanismo mas importante de canalización de ahorro interno en los próximos años. Este ahorro por su carácter previsional se convertirá en fuente natural del financiamiento a largo plazo.
      • 1.6.1.4 Requisito de Ahorro previo para acceder a créditos (Ley de Política Habitacional). Se condicionará el otorgamiento del crédito hipotecario, asociado a la Ley de Política Habitacional a la acumulación de ahorro previo en una magnitud razonable por parte del aspirante a usar este mecanismo de financiamiento a la vivienda. El propósito es contribuir a la creación de la cultura de ahorro dentro de la población.
      • 1.6.1.5 Estabilidad macroeconómica para el fomento del ahorro privado. El principal factor de motivación para el fomento del ahorro privado será la estabilidad macroeconómica, entendida como la expresión de bajas tasas de crecimiento en los precios internos, estabilización de la tas de cambio, equilibrio presupuestario y expectativas positivas de crecimiento económico que generarán el clima de confianza propicio para motivar la elevación de la propensión a ahorrar.
      • 1.6.1.6 Compra de bonos y acciones de empresas en el mercado de valores. Con este fin se condicionarán las facilidades financieras y de mercado para inducir al sector empresarial a usar la institución bursátil como factor de intermediación en la captación de fondos para sus necesidades productivas.
      • 1.6.1.7 Redefinición de la política fiscal (sostenibilidad fiscal) a fin de elevar el ahorro publico. La política de sostenibilidad fiscal tenderá crecientemente a restablecer la capacidad de ahorro del sector público y su utilización como fuente principal de financiamiento de la inversión pública. Este precepto se convertirá en exigencia rigurosa de la formulación anual del presupuesto.
      • 1.6.1.8 Desarrollo de instituciones financieras captadoras de ahorro. De común acuerdo con el sector bancario y financiero privado se crearán nuevos mecanismos e instituciones de ahorro que abran la posibilidad de generar instrumentos de depósitos a plazos diversos.
      • 1.6.1.9 Reducción sustancial de las transferencias de recursos al exterior. El Gobierno Nacional conjuntamente con el Banco Central de Venezuela concertará con el sistema bancario nacional la implementación de una política de incentivos financieros e institucionales y creación de confianza que reduzcan a su mínima expresión la propensión a la transferencia de fondos de ahorro hacia el exterior.
      • 1.6.1.10 Uso racional del endeudamiento externo a largo plazo. El endeudamiento a largo plazo se regulará estrictamente para concentrarlo exclusivamente en el financiamiento de grandes proyectos de inversión productiva solo después de agotar la posibilidad de desarrollo mediante concesiones o asociaciones estratégicas con capital privado.
      • 1.6.1.11 Uso adecuado de la inversión directa extrajera. La apertura hacia la inversión extranjera se orientará hacia la captación de capital privado internacional que aporte además del necesario flujo financiero, tecnología de punta y acceso a mercados garantizados para la creación de los nuevos sectores de diversificación de exportación.
      • 1.6.1.12 Evitar la volatilidad de los flujos financieros externos. Se mantendrá una vigilancia estrecha y seguimiento permanente a los flujos especulativos o inestables de entrada y salida de capital previendo los correctivos necesarios pera neutralizar los ataques eventuales que periódicamente pretenden socavar la estabilidad monetaria y cambiaria de la economía nacional.
    • 1.6.2 Desarrollar el mercado de capitales
      • 1.6.2.1 Modificaciones legales que mejoren el funcionamiento del mercado de capitales. Se continuará la actualización del régimen jurídico que regula el mercado de capitales, en el entendido que es necesario un fuerte crecimiento de la función ahorro-inversión, como base del crecimiento acelerado que se ha planteado para el período del Plan. La modernización del marco jurídico de la oferta pública de títulos-valores se orientará a promover una mayor confianza en el sistema, garantizando la transparencia de las operaciones y asegurando un tratamiento equitativo a los intereses y propiedades de compradores y vendedores del mercado bursátil. En ese sentido se realizará las mejoras legales que atiendan a la exigencia de fluidez, seguridad, economicidad y democratización del Capital.
      • 1.6.2.2 Reestructuración de la comisión nacional de valores. El eje fundamental de la modernización del mercado de capitales será la reforma del organismo encargado de fiscalizar y regular el funcionamiento de la oferta y demanda de títulos-valores. La automatización de la oferta pública de acciones, bonos u otros instrumentos de captación de capital dentro del país y en el exterior (cuando se trate de empresas nacionales que hagan ofertas en los mercados internacionales de capitales), debe ser objeto de un riguroso seguimiento para proteger los intereses de los tenedores nacionales de esos títulos valores; tanto en operaciones rutinarias de compra y venta de títulos.
    • 1.6.2.3 Mercado secundario de deuda publica y privada. La transacción periódica de títulos valores diversos, tanto de deuda pública como privada, será un mecanismo cada vez mas importante para acceder a recursos líquidos exigidos por el flujo de fondo de inversión a corto, mediano y largo plazo. Los bonos, participaciones, repos e hipotecas son la expresión de posibilidades de portafolio, que emitidos en una amplia variedad de plazos y rendimientos permiten al ahorrador y al inversionista contar con la fluidez necesaria para equilibrar la rentabilidad buscada con el riesgo asumido por cada operación.
      • 1.6.2.4 Mercado de renta variable. El mercado accionario en Venezuela será fuertemente promovido para crear una creciente democratización de la capitalización empresarial. La cultura accionaria empresarial como base de la propiedad de empresas será un factor clave de la expansión productiva, por lo que se estimulará la apertura accionaria del empresariado nacional hacia los mercados bursátiles, garantizando que la valoración y formación de los precios de las acciones en la bolsa de valores respondan al libre juego de la oferta y demanda, legalmente regulado por el Estado; en este particular, será necesario que la negociación de acciones se haga rutina predominante en el mecanismo ahorro-inversión de la economía venezolana. El logro de esta expansión se apoyará en políticas de incentivos a la bursatilización accionaria, la diversificación de las categorías de inversión en capital variable y la estricta regulación y vigilancia de la oferta pública de adquisición (OPA) para proteger los intereses de los accionistas minoritarios, más aún tomando en cuenta la posibilidad de controlar patrimonialmente las empresas más eficientes del sector privado, por parte de grupos de inversionistas nacionales o extranjeros que podrían pasar a dominar amplios sectores de la economía del país.
    • 1.6.3 Desarrollo de cadenas financieras
      • 1.6.3.1 Modificaciones legales y coordinación institucional que permitan vincular banco (1° y 2° piso) sociedades de garantías, capital de riesgo y bancos de desarrollo en el corto mediano y largo plazo. Se desarrollará el concepto de cadena financiera para promover dentro del régimen legal un eslabonamiento eficiente entre las instituciones de 1° y 2° piso y otros segmentos especializado para el financiamiento de corto, mediano y largo plazo. A este fin se prevé tres grandes cursos de acción: Banca comercial para el financiamiento a corto y mediano plazo de empresas con acceso normal al crédito; Banca comercial en combinación con sociedades de garantías para el financiamiento a corto y mediano plazo de empresas con acceso limitado al crédito; y Banca comercial en combinación con sociedades de garantías y mercados de capitales para el financiamiento de mediano y largo plazo de empresas con escaso acceso al mercado de capitales.
    • 1.6.4 Régimen de Seguridad Social y Fondo de Pensiones
      • 1.6.4.1 Aprobación del sistema de seguridad social por la Asamblea Nacional. Se cumplirá con el propósito de garantizar la seguridad social de toda la población independientemente de su condición económica. Adicionalmente, este beneficio se convertirá en uno de los mecanismos más importante de redistribución del ingreso con lo cual quedará liberada la capacidad adquisitiva de la población en forma ostensible hacia otras necesidades fundamentales en la generación de una mejor calidad de vida. Por otra parte, la creación de los fondos de pensiones, será la fuente de ahorro interno más importante para financiar la formación bruta de capital requerida por el crecimiento acelerado previsto e incorporará a los mercados financieros la opción material del financiamiento a largo plazo.
    • 1.6.5 Promoción de la Inversión Productiva
      • 1.6.5.1 Estructurar el sistema financiero publico. El Estado venezolano orientará el manejo de sus flujos de capital a través de una coordinación financiera prevista el la Ley Orgánica de Administración Financiera, que debe permitir la optimización del flujo de fondos en el sentido de lograr un rendimiento razonable mientras permanecen depositados y la más eficiente aplicación cuando se disponga su uso para el financiamiento de la inversión pública la atención de compromisos presupuestarios en necesidades sociales y financiamiento de apoyo al sector productivo privado.
      • 1.6.5.2 Disponibilidad de instrumentos adecuados para el financiamiento de la inversión. El cumplimiento del plan de financiamiento se realizará haciendo uso de la mas amplia variedad de instrumentos de deposito y aplicación de los fondos, tales como: diversas formas de pago de tesorería, fideicomisos de administración, de inversión y de operación; certificado de participación, capital de riesgo, financiamiento de capital de trabajo, financiamiento de adquisición de equipos, financiamiento de obras, etc.
      • 1.6.5.3 Disponibilidad de financiamiento a largo plazo (Banco de Desarrollo). La creación del Banco de Desarrollo configura el primer paso de una estrategia destinada a concentrar el potencial financiero del Estado y orientarlo efectivamente al financiamiento de la economía real, mediante el apalancamiento directo e indirecto en los programas prioritarios para el desarrollo de la producción nacional.
      • 1.6.5.4 Acceso al crédito de las empresas pequeñas y medianas. Se impulsará una profunda reorientación de las instituciones de financiamiento de la PyME para enfatizar como objetivo fundamental de las mismas la función crediticia, sin desmedro de su salud financiera y de la posibilidad de alcanzar de obtener una razonable rentabilidad en sus operaciones. Se desarrollaran mecanismos automatizados y simplificados que aseguren un rápida disponibilidad de los mismos al empresariado agrícola, industrial o de servicio que lo requiera.
      • 1.6.5.5 Medidas deliberadas del sector publico para alcanzar las dos políticas anteriores. Las medidas mas importantes para optimizar las función financiera del Estado están relacionadas con la coordinación de la función crediticia del sector público, la reforma de Foncrei, la reforma de Foncacfa, la concertación con el sector privado para desarrollar paquetes financieros preferenciales hacia los sectores prioritarios, la asignación masiva de recursos para los fideicomisos de financiamiento de inversiones para préstamo y para capital de riesgo.
      • 1.6.5.6 Disminuir los márgenes de intermediación. Se implementarán acuerdos y medidas destinadas a la reducción significativa de los costos de la intermediación financiera con el objeto de lograr una significativa reducción de las tasas de interés activas y al mismo tiempo una recuperación de las tasas de interés pasivas, sin que ello suponga un deterioro de la rentabilidad del negocio bancario.
      • 1.6.5.7 Atraer inversión directa extranjera. El contexto de modernización jurídica, la garantía de libre competencia, las reglas de juegos claras, la modernización de los regímenes tributarios y aduaneros, la estabilización cambiaria y en general nuestras ventajas comparativas por la amplia potencialidad de nuestros recursos naturales el mayor nivel de capacitación de la mano de obra serán factores propicios para la creación de un ambiente de confianza a la inversión extranjera en el país.

DESARROLLO ECONÓMICO SECTORIAL[editar]

En el ámbito sectorial es donde radica el éxito del Nuevo Modelo de Diversificación Productiva.

La modernización de la producción y la comercialización, su grado de diversificación intersectorial y su vinculación con las cadenas productivas es lo que permitirá viabilizar una economía competitiva sostenible.

En ese sentido, se considera que el surgimiento del nuevo tejido industrial deberá concentrar sus esfuerzos en una primera fase, en las cadenas productivas donde nuestra competitividad tenga más ventajas.

Si Venezuela logra desarrollar un mayor eslabonamiento de la cadena productiva vinculada a los hidrocarburos, conseguiría independizarse económicamente de la inestabilidad del precio del petróleo, pudiendo incluso compensar en valor agregado, lo que eventualmente pudiera perderse con las bajas de precio en la exportación de crudos.

Por otra parte, debe considerarse que el concepto estratégico de las cadenas productivas, industrias líderes y nuevos emprendedores, no tiene suficiente dimensión de desarrollo solo en el tamaño económico del mercado interno. Se requiere crear condiciones para acceder al mercado externo, donde existen posibilidades de innovación tecnológica, recursos de capital y escala de demanda, que garantizan su rentabilidad.

En ese sentido la evolución reciente de los mercados mundiales evidencia que esos factores colocaron en ventaja creciente a las economías asiáticas emergentes, donde el crecimiento económico está estrechamente correlacionado con el incremento de las exportaciones.

1. Hacia una agricultura moderna y sustentable[editar]

Se requiere una agricultura capaz de garantizar la seguridad alimentaria de la Nación en un contexto de explotación sustentable y con capacidad de desarrollar un potencial de exportación de rubros competitivos que estimule una tendencia creciente a mejorar la balanza comercial agrícola, a tales efectos se establecen los siguientes objetivos:

  • Incrementar significativamente el aporte de la producción interna a la demanda nacional de bienes agrícolas.
  • Desarrollar una estrategia para la seguridad alimentaria de la Nación.
  • Promover el renacimiento de una agricultura de exportación competitiva.
  • Recuperar la dinámica de desarrollo rural y el bienestar de la población campesina.
  • Lograr una tasa, significativamente superior, en el crecimiento de la producción agrícola respecto a la tasa de crecimiento de la población.
  • Incentivar el incremento significativo de la inversión en el sector agrícola.
  • Elevar significativamente los niveles de productividad del sector en sus rubros de mayor importancia en especial los de mejor perfil potencial de exportación.
  • Crear escenarios financieros favorables para el mejoramiento del empleo y remuneración del empresario agropecuario y el campesino.
  • Crear mecanismos financieros seguros para garantizar el cumplimiento exitoso del ciclo de producción agropecuario.

2. Desarrollar integralmente el motor petrolero de la economía[editar]

Aprovechar las oportunidades que para Venezuela presenta el comercio mundial diversificado, es la premisa fundamental, por esto se mantendrá la estrategia petrolera sustentada en los acuerdos planteados en la OPEP. Extendiendo el desarrollo de esta fuente energética aguas abajo para incrementar el valor agregado nacional de la cesta petrolera y el mejor aprovechamiento del gas como opción de consumo interno y exportación. A tales efectos, se llevarán a cabo los programas necesarios para alcanzar los objetivos siguientes:

  • Fortalecer los vínculos con la OPEP que permitirán garantizar la estabilidad de los precios y el fortalecimiento de la estrategia de este organismo.
  • Impulsar la cooperación energética y las relaciones comerciales con países productores OPEP y no OPEP.
  • Alcanzar la estabilización del ingreso fiscal y del propietario del recurso petrolero (acuerdos de regalía y dividendos)
  • Fomentar proyectos que incrementen la capacidad de refinación de crudo en el país a mediano y largo plazo.
  • Desarrollar mecanismos que faciliten el otorgamiento de licencias de exploración y producción en tierra firme y costa afuera, con el fin de promover el desarrollo de la producción de gas libre.
  • Promover la industrialización de corrientes de refinería y la evaluación de la aptitud industrializadora de productos refinados de las plantas de mejoramiento del crudo de la Faja.
  • Fomentar la participación de empresas proveedoras venezolanas en los procesos de contratación de obras y servicios para la industria petrolera.
  • Procurar el incremento de la oferta de exportables por parte de empresas venezolanas en el sector petrolero y gas.
  • Adecuación y racionalización del uso de combustibles conforme a los acuerdos internacionales, esto implica la utilización por parte de toda la población de la gasolina sin plomo como combustible automotor.
  • Impulsar los cambios necesarios para generar una nueva estructura organizativa que permita direccionar el área de exploración y producción, así como también la de planificación e inteligencia de mercado y el fortalecimiento de las inspecciones técnicas de hidrocarburos.
  • Incrementar la Inversión en el sector petrolero.
  • Elevar de manera progresiva los niveles de productividad del sector en sus rubros de mayor importancia.
  • Desarrollar la industrialización del petróleo aguas abajo en el contexto de lo que se ha denominado la cadena productiva de los hidrocarburos.
  • Adecuar escenarios financieros acordes a las necesidades de crecimiento del sector.
  • Recomposición de las reservas de hidrocarburos.
  • Mantener la competitividad de la industria petrolera nacional.

3. Una minería competitiva y ecológica[editar]

Orientar la explotación hacia el aprovechamiento racional de los recursos con especial atención a su impacto ecológico como parte de un desarrollo económico sustentable para el país. A este respecto se ordenará y fortalecerá el sector minero, continuando su reactivación, aprovechando los potenciales existentes, preservando el ambiente y mejorando la situación económica y social de las regiones. En tal sentido se establecen para la Minería los objetivos siguientes:

  • Incrementar el aporte fiscal generado por la explotación minera en todo el territorio nacional.
  • Desarrollar la infraestructura necesaria para promover la renovación tecnológica de la explotación minera, para simplificar y automatizar el sistema de concesiones.
  • Fortalecer el abastecimiento de las materias primas minerales a la industria nacional.
  • Mejorar la balanza comercial del sector minero.
  • Incentivar la vinculación de las remuneraciones y el empleo con el incremento de la productividad que logre el sector.
  • Promover la competitividad de las exportaciones venezolanas en el mercado internacional de minerales.
  • Fortalecer las asociaciones estratégicas para el desarrollo de exportaciones competitivas de producción minera.
  • Desarrollar sobre bases socialmente rentables la explotación de pequeña minería, regularizando este sistema de explotación.
  • Monitorear rigurosamente el impacto ambiental de la explotación minera.
  • Promover el incremento significativo de la inversión en el sector minero.
  • Optimizar los niveles de productividad del sector en sus rubros de mayor importancia, en especial los que tienen opción real para la exportación.
  • Generar escenarios favorables al desarrollo del sector a partir de asociaciones estratégicas que incluyan financiamiento, tecnología y acceso a mercados.
  • Crear condiciones propicias para integrar aguas abajo la producción minera al resto de las cadenas productivas nacionales vinculadas a cada tipo de mineral.

4. El Sector Eléctrico como un sistema integrado[editar]

En este sector se fortalecerá la red eléctrica nacional con un sistema integrado y funcional, que lleve el servicio a todo el territorio y en particular a cada unidad productiva, domicilio y servicio público en general, con elevada eficacia técnica y eficiente resultado económico, la instrumentación de las políticas, programas y proyectos de este sector, conducirán al cumplimiento de los siguientes objetivos:

  • Establecer lineamientos geoestratégicos de las energías primarias que posee el país.
  • Incentivar el desarrollo endógeno de las redes que atienden al parque industrial y comercial, al igual que en las zonas residenciales.
  • Diseño de un conjunto de normas, reglas y procedimientos que produzcan una base sustentable para una red de comercialización eficiente.
  • Establecer la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como órgano regulador del sector.
  • Separar las actividades de generación, transmisión y distribución, como lo establece la ley.
  • Crear el Centro Nacional de Gestión, que será una empresa del Estado encargada del Despacho de Energía el la Red Nacional de Transmisión.
  • Generar un mercado mayorista donde se den cita generadores y grandes usuarios.
  • Mejorar y equilibrar con alto estándar de servicio las diferentes empresas eléctricas a nivel nacional.
  • Abrir la actividad de generación térmica a la libre competencia.
  • Incorporar el Ente Regulador del Gas.
  • Definir a nivel espacial el área de competencia de las empresas de distribución para que haya una integración eficaz entre empresa, municipio y población.
  • Promover el incremento significativo de la inversión en el sector.
  • Optimizar los niveles de productividad del sector eléctrico.
  • Crear un mercado que incentive el uso eficiente de las energías primarias en la búsqueda de competitividad en la generación de energía para uso interno y la exportación.
  • Utilizar y desarrollar tecnologías que permitan diversificar y optimizar las fuentes primarias para generar electricidad.
  • Fortalecer las interconexiones eléctricas entre Venezuela – Brasil y Venezuela – Colombia, tomando en consideración el desarrollo de las potencialidades de cada país.
  • Reestructurar las empresas del sector eléctrico.
  • Desarrollo de la electrificación rural.
  • Desarrollo de proyectos complejos que abarquen áreas múltiples como riego, vialidad, transporte y electricidad.
  • Utilizar tecnologías de uso de gas de carbón y Orimulsión para la generación de electricidad.
  • Diseñar mecanismos que permitan estandarizar los tributos nacionales, estadales y municipales, asociados a la prestación del servicio eléctrico, para eliminar su actual volatilidad y/o diversidad.
  • Velar por la eficiencia en la regulación y el establecimiento de responsabilidades por la omisión, distorsión y retardo en el cumplimiento de sus funciones.
  • Tender a la unificación de los entes reguladores de la energía.
  • Utilizar la Orimulsión como soporte del crecimiento del consumo eléctrico nacional permitiendo el desarrollo endógeno de las tecnologías asociadas.
  • Dirigir subsidios de la electricidad a los sectores de bajos recursos, manteniendo la estabilidad financiera de las empresas.
  • Bolsa Eléctrica para ahorro nacional.
  • Promoción de las inversiones privadas en el sector eléctrico.

5. Reconstrucción del tejido interindustrial y creación de un nuevo motor de crecimiento económico[editar]

La diversificación económica y la posibilidad de lograr el crecimiento sostenible imponen necesariamente la actualización tecnológica del aparato industrial existente a partir de las cadenas productivas más favorables y las industrias líderes en una estrategia de creación de valor agregado “aguas abajo”, dentro de las limitaciones que impone la creciente competencia generada por la internacionalización de los mercados de manufacturas. Al mismo tiempo será necesario promover el surgimiento de nuevas ramas industriales de gran capacidad exportadora vinculadas a la producción de bienes e insumos de tecnología avanzada y creciente grado de elaboración en el país, para penetrar los mercados internacionales en competencia con otros países emergentes, dentro de la nueva inserción estratégica de Venezuela en el comercio internacional.

En síntesis recuperar la industria manufacturera existente y crear una industria de exportación de alta competencia serán fundamentales para el éxito del plan de desarrollo económico planteado. Durante el período del Plan se han establecido los objetivos siguientes:

  • Recuperar y renovar la base tecnológica de la planta industrial existente para darle capacidad competitiva en el mercado interno de manufacturas.
  • Incrementar el valor agregado nacional en los productos manufacturados en el país.
  • Elevar el uso de la capacidad ociosa dentro del potencial productivo de la industria existente.
  • Mejorar la competitividad del tejido industrial con la integración interindustrial de la pequeña, mediana y gran empresa mediante formas asociativas, alianzas estratégicas para el financiamiento y el acceso a los mercados.
  • Promover la creación de nuevas ramas industriales de alta competitividad orientadas hacia la exportación.
  • Desarrollar nuevos productos y procesos vinculados al surgimiento de nuevos emprendedores.
  • Impulsar la integración económica regional para garantizar la inserción acelerada de los nuevos sectores de exportación en los mercados globalizados, aplicando las debidas salvaguardas en los casos que sea necesario.
  • Fortalecer los mecanismos financieros públicos y privados para capitalizar el surgimiento de una poderosa industria de exportación.
  • Concretar los canales de intercambio intersectoriales que garanticen la continuidad, oportunidad y economía de los suministros de insumos nacionales a la industria en expansión.
  • Crear externalidades positivas para apoyar la competitividad del sector industrial.
  • Optimizar los niveles de productividad de las cadenas productivas en sus eslabones de mayor importancia, en especial los que tiene opción real para exportar.
  • Propiciar escenarios favorables al desarrollo del sector a partir de asociaciónes estratégicas que garanticen una combinación favorable de acceso a alta tecnología, aporte de capital financiero y particularmente participación de los nichos de mercado a nivel internacional.

6. Progresiva recuperación y expansión de la infraestructura física[editar]

La posibilidad de crear externalidades positivas a la competitividad económica de la industria, la agricultura, el comercio y los servicios surgirá de la rápida recuperación de la red de infraestructura de apoyo a la producción (sistemas de riego, sistemas de almacenamiento de granos, sistemas de almacenamiento en frío, puertos, aeropuertos, vialidad rural y urbana) que presenta grandes problemas de deterioro físico como consecuencia de la ausencia de una cultura de mantenimiento.

Asimismo será necesario un masivo programa de reparación de infraestructura de servicios públicos esenciales, tales como instituciones educacionales, hospitales, instalaciones deportivas y culturales, que también operan con escasa eficiencia en la prestación de servicios vitales a la calidad de vida de la población.

Por otra parte, se tendrá que complementar el esfuerzo de recuperación y mantenimiento con una apreciable expansión de este tipo de obras públicas, dada la evidente insuficiencia de las mismas y el impacto que su carencia genera sobre los costos de producción y sobre el bienestar colectivo, convirtiéndose en factores de estrangulamiento y deseconomías para la mejor integración interindustrial y espacial de la producción nacional.

La acelerada pauta de crecimiento económico y social que se aspira promover exige una importante masificación de inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento del sector de la construcción. Para que la infraestructura cumpla con su papel fundamental se establecen los siguientes objetivos:

  • Recuperar masivamente las infraestructuras productivas y sociales existentes.
  • Desarrollar un intensivo programa de mantenimiento y actualización del equipamiento físico en materia de riego, transporte equipos médicos, educativos, culturales, de deporte y seguridad.
  • Reparación y ampliación de las redes viales troncales, secundarias y rurales.
  • Expansión y modernización del sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica.
  • Ampliación del sistema de servicios públicos fundamentales: agua, gas y teléfonos.
  • Expansión y desarrollo de una extensa red ferroviaria nacional.
  • Modernización de sistemas de puertos y aeropuertos.
  • Incentivo a la masificación del desarrollo de viviendas especialmente a los estratos de la población medios y bajos .
  • Reorganización del sistema de ciudades y su interconexión.
  • Desarrollo de infraestructuras y sistemas de servicios en Zonas Especiales y regiones fronterizas.
  • Promover sistemas de financiamiento y contratación apropiadas al desarrollo de la construcción de viviendas populares y de clase media.
  • Modernizar el régimen de concesiones para facilitar la inversión privada en construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de uso público, tanto productivos como de servicio social.
  • Crear condiciones propicias para alentar la inversión en construcción tanto por su capacidad de crear empleos, como por su papel generador de reactivación económica.

7. El sector comercio y los servicios[editar]

El sector comercio es la piedra angular que determina la posibilidad de acceder al consumidor nacional o internacional. En el desarrollo de este sector se crean las condiciones que permitirán orientar la economía productiva hacia mayores grados de competencia en el mercado interno con lo cual se respaldan los objetivos antiinflacionarios, al materializar la oferta que satisfaga las necesidades de la población optimizando la calidad y cantidad de los suministros.

Al promover acuerdos de integración subregionales que contengan como premisa la reciprocidad de los beneficios, será alcanzado el horizonte que en su vertiente externa tendrá la maximización del intercambio comercial. Igualmente se procurará el aprovechamiento adecuado de las salvaguardas en el caso de sectores de producción que deben ser protegidos de la competencia abierta de las importaciones de nuestros socios comerciales o de terceros países donde se otorgan beneficios de proteccionismo indirecto. Como actividad clave para el desarrollo nacional se establecen para el comercio los siguientes objetivos:

  • Alcanzar mayores niveles de competitividad (hacia fuera y hacia adentro) para generar una estructura de precios relativos favorables a la producción nacional.
  • Modernizar los sistemas que constituyen las redes de distribución, procurando superar la fragmentación de mercados y los mecanismos de comercialización.
  • Establecer relaciones entre los productores primarios y los transformadores industriales con el fin de eliminar las estructuras de mercado oligopólicas que intervienen en la variación de los precios conteniendo de forma artificial la oferta y su impacto negativo en términos de inflación.
  • Impulsar el proceso de apertura económica promoviendo la revisión de los acuerdos subregionales con el fin de obtener resultados equitativos para el productor nacional.
  • Desarrollar un nuevo sistema aduanero acorde con los nuevos tiempos que reduzca problemas coyunturales como el contrabando masivo y amparados bajo artificios legales.
  • Estimular, por medio de estrategias comerciales, la libre competencia en la economía interna.
  • Incentivar la inserción de los productos nacionales dentro del mercado mundial y regional estableciendo y asumiendo como premisa básica de competencia, la calidad superior, el precio mas competitivo y una mayor capacidad de suministro.
  • Garantizar eficientes condiciones de financiamiento para los exportadores y crear redes institucionales de apoyo, conjuntamente con el sector privado.
  • Impulsar el subsector de las telecomunicaciones convirtiéndolo en uno de los ejes fundamentales para el crecimiento del país, por lo que se promoverán nuevas inversiones que contribuyan a la diversidad, calidad, expansión y desarrollo de servicios que incorporen a la población y los sectores empresariales e institucionales a la masificación mundial de la información.
  • Diseñar y aplicar normas y reglamentos que promuevan –en base a la Ley de Telecomunicaciones- principios garantizadores de una competencia sana y un desarrollo social con equidad.
  • Garantizar la incorporación, por medio de políticas educativas y de modernización tecnológica, de la población total venezolana a la telecomunicación, a través de estructuras como los INFOCENTROS, por medio de los cuales la informática y el Internet se hacen accesibles a todos los venezolanos.
  • Impulsar el incremento significativo de la inversión en el sector comercio, telecomunicación y otros servicios.
  • Incrementar los niveles de productividad del sector en sus rubros de mayor importancia, y en especial en aquellos con opción a la exportación.
  • Propiciar escenarios favorables para el desarrollo del sector, mejorando las condiciones de empleo y remuneración, dada su masiva capacidad de generar puestos de trabajo.

8. El sector turismo, un nuevo rubro de exportación[editar]

El turismo será una de las fuentes más vigorosas de generación de divisas, en el caso venezolano llegará a aportar un significativo impulso al flujo de exportación dentro de la balanza comercial, como base de la diversificación de la oferta exportable nacional.

En el período del plan se adoptará una audaz política nacional de multidestinos turísticos, mediante un mercadeo sistemático y efectivo, la capacitación tecnológica de los recursos humanos vinculados a la actividad, la modernización de la infraestructura de servicios, el fortalecimiento de los entes rectores a nivel nacional y una activa descentralización y organización de la población venezolana, orientada hacia la creación de una cultura turística moderna, como parte de una mejor calidad de vida.

El desarrollo de un masivo flujo turístico nacional e internacional plantea el cumplimiento de los siguientes objetivos:

  • Consolidar los espacios turísticos existentes garantizando la infraestructura y servicios públicos necesarios y propiciar la organización de las comunidades en unidades de producción.
  • Desarrollar nuevos espacios turísticos bajo criterios de sostenibilidad con el fin de incrementar nuestra oferta turística.
  • Adecuar los entes de la administración pública relacionados con la actividad turística de acuerdo a las nuevas realidades operacionales.
  • Desarrollar un sistema nacional de información y control de la gestión turística.
  • Implementar la cadena productiva turística como factor fundamental de creación de empleos y generación de divisas.
  • Ampliar y modernizar la infraestructura turística del país.
  • Desarrollar un mecanismo de promoción y financiamiento de la inversión turística
  • Incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo turístico del país.
  • Desarrollar una estrategia de poblamiento fronterizo vinculada a la creación de núcleos turísticos para incrementar la presencia venezolana en esas regiones.
  • Establecer una adecuada política aerocomercial para estimular la competitividad del sector turístico nacional en la demanda mundial de este servicio.
  • Reactivar el concepto de línea aérea bandera y reactivar la Compañía Nacional de Navegación para establecer alianzas comerciales internacionales en la facilitación del negocio turístico.
  • Fomentar la cooperación nacional e internacional entre operadoras locales y turísticas.
  • Democratizar la participación de la población, de los trabajadores y los gremios en los beneficios del turismo.
  • Reducir la vulnerabilidad financiera de los entes turísticos.
  • Establecer una política de promoción nacional e internacional del turismo.
  • Reforzar el carácter privado de la actividad turística, asociándola a su función social y pública.
  • Reafirmar el régimen de playas y parques nacionales, racionalizando el otorgamiento de concesiones turísticas en función de la protección ambiental.
  • Adecuar la Ley de Turismo, Ley de Multipropiedad y de tiempo compartido, la Ley de Casinos y otros conceptos recreativos para impulsar la cultura turística de la población.
  • Promover la inversión turística nacional e internacional de carácter privado, a partir de un audaz plan de incentivos fiscales y financieros.
  • Fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas y operadores turísticos a través de acuerdos multilaterales y binacionales en materia de protección de inversiones, doble tributación y transporte de pasajeros.

Equilibrio Social[editar]

OBJETIVO: Alcanzar la justicia social[editar]

El Plan de Equidad Social es el instrumento de acción de gobierno que tiene como imperativo ético y político, responder a las necesidades sociales alcanzando la equidad como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana. Este objetivo exige transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de la población, separada y distanciada históricamente del acceso equitativo a la riqueza y al bienestar, y construir una nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y el ejercicio garantizado de los derechos, como seres humanos y sujetos sociales con autonomía en todas las esferas de acción de la vida social, consagrado así en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El cambio de orientación que se plantea hacia la equidad social, establece un patrón distinto de valores, un nuevo sujeto y objeto de transformación social y nuevas capacidades transformadoras de acción: la valoración, protección y defensa de la calidad de vida de todos los habitantes en territorio venezolano; como resultado de la universalización de los derechos sociales, garantizando la equidad de acceso a recursos, a medios de atención y a condiciones materiales y de bienestar; hecho tangible a través de acciones integrales, constantes y sistémicas que respondan a las necesidades sociales de grupos humanos y territorios sociales, según sus diferentes formas de expresión y exigencias en la realidad.

En este sentido, los principios orientadores del equilibrio social son la universalidad, la equidad, la participación y la corresponsabilidad como base de la garantía de todos los derechos para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.

La universalidad consiste en garantizar a todos y todas los derechos sociales establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela, mediante la aplicación de políticas progresivas orientadas al disfrute pleno y efectivo de los mismos. La corresponsabilidad alude a las obligaciones compartidas. Todos como sociedad y estado somos solidariamente responsables del destino individual y colectivo, lo cual obliga a asumir el rol participativo decisorio que nos conduzca a alcanzar metas sociales bajo formas de organización multivariadas con o sin el Estado.

El concepto de equidad social, rompe con la dicotomía tradicional que divide lo social de lo económico, subordinando lo primero al predominio de lo segundo. Dentro del objetivo de la equidad, el modo de producción económico es inherente y substrato fundamental de las condiciones de vida de la población y principal determinante de sus expresiones asimétricas.

Asimismo, la búsqueda de la equidad social abandona definitivamente las políticas de “combate a la pobreza” o la “protección de grupos vulnerables”, insistentemente utilizadas en el pasado dentro de un marco de aparente neutralidad política que utilizan categorías y métodos circulares para comprender y actuar parcialmente sobre la realidad social, dejando perpetuarse los mecanismos esenciales que le dan existencia.

Estas políticas plantean el supuesto objetivo de superar la pobreza, a través de medidas falsamente equitativas – focalizadas o de corte compensatorio - de entrada a circuitos de bienes y servicios para pobres que profundizan su segregación, desvalorización como seres humanos y como ciudadanos de segunda categoría - que buscan remediar las fallas de un sistema económico y social en si mismo injusto y excluyente, que reproduce y acentúa históricamente las brechas de inequidad entre grupos humanos y territorios. En oposición a éstas políticas, el Plan de Equidad Social aboga por la equidad desde la visión universalista, transformándose en la expresión superior de justicia que garantiza a todos y todas el ejercicio de derechos, dando a cada cual según su necesidad y pidiendo de cada cual según su capacidad.

La conquista de la equidad social, dá también otra dimensión política al rol del Estado y de la Sociedad: la garantía de los derechos sociales en forma equitativa tiene sustento en la restitución y el fortalecimiento de lo público como espacio de apropiación por, del y para el interés colectivo; e instrumento de poder ciudadano, preservado por el Estado como su obligación intransferible e irrenunciable. Esta es una tarea de deberes compartidos entre Estado y Sociedad, actuando de manera corresponsable en cualquier proceso que resguarde la legítima relevancia del interés colectivo sobre toda acción que contribuya a crear las capacidades, medios y condiciones para asegurar el ejercicio pleno de derechos a todo el pueblo venezolano.

Lo público, reconstituido en espacio de garantía del interés colectivo se convierte así en instrumento de poder ciudadano, no entendido como poder transferido o cedido, si no como la creación de un nuevo poder capaz de hacer valer legítimamente la participación de la sociedad, las comunidades y familias en la formulación, ejecución y evaluación de decisiones públicas, y en la rendición de cuentas y contraloría pública.

Los objetivos estratégicos que orientan el alcance de la equidad social buscan: i) la universalización de los derechos con garantía de equidad, ii) la reducción de las brechas de riqueza, ingreso y calidad de vida, y iii) la apropiación de lo público como espacio del interés colectivo y construcción de ciudadanía.

Para alcanzar la equidad social, el Estado asume el imperativo ético y político diseccionado a disminuir las brechas y construir la equidad como un ejercicio de gobernabilidad revolucionaria.

Sub-Objetivos[editar]

2.1 Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa.[editar]

La garantía de universalización de los derechos sociales con equidad rompe con la visión tradicional de la focalización y la concepción circular de atacar la pobreza con políticas, programas y servicios segmentados para pobres, ambos producto del modelo económico neoliberal que justifica una realidad injusta de inequidades sociales, incluyendo sus consecuencias más brutales como muertes, pérdida de años de calidad de vida y traumas sociales, a favor de crecimiento económico y realización social de los seres humanos bajo el libre juego de las reglas del mercado. El objetivo de universalización con equidad se basa, por el contrario, en el reconocimiento de derechos a todos los habitantes en territorio venezolano, sin discriminación de ninguna clase, preservando la autonomía de cada ser humano por medio de respuestas que garanticen la atención a grupos y territorios en el contexto específico y de acuerdo con las exigencias de sus necesidades sociales. Lo anterior se traduce en definir un eje estratégico que es superar las inequidades priorizando las necesidades sociales, educiendo la brecha y profundizando la descentralización hacia nuevos actores presente en los territorios sociales.

  • 2.1.1 Educación de calidad para todos. Los principales lineamientos de la política en materia de educación, se materializan en acceso, permanencia y prosecución, con base a la respuesta a las necesidades sociales para garantizar condiciones de universalidad con equidad. La calidad de la educación es concebida desde dos perspectivas, la calidad formal y la calidad política. La calidad formal se refiere a la capacidad técnica y científica, con el desarrollo de capacidades de aprendizaje de contenidos y de métodos de relevancia académica. La calidad política se refiere al desarrollo y empoderamiento de los valores de democracia solidaria, participativa y protagónica que conllevan a la construcción de ciudadanía: capacidad de ser sujetos de acción social individual y colectiva, de organizarse de manera asociativa y cooperativa, cultivo de la identidad cultural, con sentido universal y criticidad práctica con aptitudes para conquistar y practicar sus derechos humanos.
    • 2.1.1.1 Garantizar el acceso y permanencia al sistema educativo. El Estado conjuntamente con la familia y la sociedad garantizarán el derecho a la educación como un derecho humano y social. Para ello, se desarrollarán acciones que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, ejecutar programas socioeducativos que aseguren la permanencia en el sistema educativo y dirigidos a romper el círculo de inequidad social.
    • 2.1.1.2 Extender la cobertura de la matricula en los niveles y modalidades del sistema educativo. Este objetivo comprende extender la cobertura y calidad de la matrícula en los niveles y modalidades del Sistema Educativo, especialmente de la educación preescolar y de educación básica, diversificada y profesional priorizando la población rural e indígena, de las fronteras considerados éstos como territorios con necesidades sociales. Se llevará a cabo con la articulación de programas y proyectos no convencionales de atención al niño en edad preescolar contribuyendo a la atención integral de calidad de vida infantil, ampliación de la oferta educativa en el nivel de educación Media, Diversificada y Profesional. Además, consiste en la cobertura del programa de niños y niñas no escolarizadas a todos los estados del país, la ampliación de los cursos de capacitación y el desarrollo de programas de post-primaria, postsecundaria y aceleración de los aprendizajes en las zonas de difícil acceso, tales como zonas rurales, fronterizas e indígenas.
    • 2.1.1.3 Articular el sistema educativo y el sistema de producción de bienes y servicios. Vinculado a la pertinencia social de la educación está la articulación entre educación, capacitación y la investigación entre sí y con el sistema de producción de bienes y servicios, de tal manera que la información y el conocimiento adquiridos en el proceso de formación contribuya a elevar la eficiencia productiva. En este proceso la formación profesional desempeña un rol destacado al igual que la reactivación de las Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias.
    • 2.1.1.4 Desarrollar la planta física y la dotación educativa en sus diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Este objetivo consiste en el desarrollo de la planta física y la dotación de mobiliario, equipos y materiales didácticos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Para garantizar la calidad de la formación y la ampliación de la oferta educativa en consonancia con los requerimientos de la educación moderna y de la vinculación con la política deportiva y cultural del Estado. Igualmente, comprende la construcción de nuevas plantas físicas, adecuación de las Escuelas Bolivarianas, nuevas aulas de preescolar, planteles de educación técnica; el establecimiento de un sistema de mantenimiento y conservación integral de la planta física y de su dotación con participación de la comunidad educativa; la dotación oportuna y suficiente de mobiliario, equipos y materiales didácticos.
    • 2.1.1.5 Equidad y educación superior. La Educación superior está orientada a consolidar las competencias como ciudadanos y como trabajadores, para contribuir al desarrollo del país, comprometida con la disminución de las inequidades y de las desigualdades sociales. En el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la política de Educación Superior está orientada al aumento de la pertinencia social de la educación superior, al mejoramiento de la equidad en el acceso y en el desempeño estudiantil, al mejoramiento de la calidad y la eficiencia, al fortalecimiento de la función de extensión, a la instrumentación de una negociación estratégica con las universidades oficiales y al desarrollo de un sistema de Educación Superior. La mayor pertinencia social de la Educación Superior consiste en que las funciones de docencia, investigación y extensión, los programas y actividades, satisfagan las demandas de la sociedad y estén vinculados con los programas de desarrollo económico, social, cultural y regional.
    • 2.1.1.6 Atención integral de niños y jóvenes no escolarizados. Este objetivo está dirigido a contribuir a la superación de la situación de inequidad social, al no estar incluidos al sistema escolar, consolidando sistemas de protección social que universalicen los derechos que garantizan la equidad de la población no incluida.
    • 2.1.1.7 Erradicar el analfabetismo. Este objetivo está dirigido a aumentar los niveles de alfabetización de la población de esta manera erradicar el analfabetismo en nuestro país y contribuir a elevar los niveles de integración social de esta población. . Se ejecutará con la promoción de programas de lecto-escritura en las localidades de mayor porcentaje de analfabetas y la integración de estudiantes, comunidad y trabajadores en campañas de alfabetización.
  • 2.1.2 Salud y calidad de vida para todos. El concepto de salud parte de un enfoque social, que la concibe como un derecho humano fundamental y universal y una necesidad vital para las personas. Su protección y defensa representa la conquista de la calidad de vida. Este concepto rompe con el tradicional e intenta ir más allá de los servicios de atención de enfermedades. Se concibe la promoción de la calidad de vida como el desarrollo de intervenciones que se orienten a la transformación de las determinantes y causalidades (económicas, sociales, culturales, geográficas) que influyen el proceso salud – enfermedad. Se construye partiendo de que la salud es el indicador de la síntesis de los resultados del desarrollo económico y social. Por ser una necesidad humana y un derecho fundamental, en primer lugar la salud tiene que ser considerada como un bien de interés público, es decir, garantizada por el Estado y la sociedad en forma conjunta donde lo público integra lo privado; en segundo lugar, promover la salud como desarrollo de las capacidades para el ejercicio de la autonomía de los individuos y del colectivo incluyendo las políticas y acciones educativas para la calidad de vida, la protección de la vida, la prevención de enfermedades, la asistencia curativas en tiempos oportunos y adecuados, y el acceso universal a los servicios básicos.
    • 2.1.2.1 Garantizar el derecho a la salud a toda la población como necesidad humana y bien de interés público, en todos los ámbitos de la acción pública nacional. Este objetivo implica el derecho a la salud se garantiza en forma corresponsable entre el Estado, la sociedad y la familia debido a que es un bien de interés público, donde lo público no es exclusivo del Estado y donde se incorpora al sector privado bajo el concepto de la salud como un derecho a la vida. Esta forma corresponsable equivale también para las asociaciones entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal), entre los poderes públicos y entre el estado y las organizaciones comunitarias en el desarrollo de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población.
    • 2.1.2.2 Promover la salud privilegiando la calidad de vida y la superación de las inequidades. La promoción de la salud entendida como la creación oportunidades para generar capacidades condiciones de vida óptimas. Esto supera el concepto tradicional de la promoción, dirige su atención hacia la intervención de la determinantes, a fin de configurar soluciones posibles.
    • 2.1.2.3 Desarrollar un Sistema Público Nacional de Salud, único, descentralizado, intergubernamental, intersectorial y participativo. Este objetivo supone el rescate del carácter público de la salud y postula la integración de todos los entes públicos prestadores de servicios en un Sistema Público Nacional, cuyo objetivo es garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud de forma universal y equitativa. La construcción de este sistema implica recuperar procesos colectivos de interacción donde el Estado - la sociedad – y la familia de forma corresponsable confluyan a garantizar la calidad de vida y la salud. Esto implica generar nuevos mecanismos de coordinación intergubernamental que permitan la negociación y concertación de políticas, programas y proyectos entre el gobierno nacional, gobierno estadal y municipal. La participación ciudadana en la conformación de este sistema será de vital importancia para la incorporación en el diseño gestión de los puntos que integran la agenda pública de salud y por último el fortalecimiento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social como rector de la política de salud.
    • 2.1.2.4 Universalizar el acceso a la salud en función de las necesidades sociales y espacios territoriales. El gran desafío que se nos presenta en los próximos años, es universalizar con equidad. Lo anterior supone reconocer que todos tienen derecho y que en un primer momento establezco prioridades para atender y garantizar los derechos a necesidades sociales más urgentes. Esto implica organizar la estructura organizativa y los recursos para que de forma progresiva extender los servicios y ampliar las acciones de salud y protección social, así como también las asignaciones presupuestarias.
  • 2.1.3 Seguridad social universal. En la Constitución Nacional están los principios fundamentales que orientan el sistema de seguridad social del país, rompiendo con el paradigma “laboralista” , centrado en el empleo, de la seguridad social y asumiendo la seguridad social como derecho, como garantía de en tanto ciudadanos y no en tanto trabajadores.
  • 2.1.4 Vivienda y ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Este objetivo está orientado al desarrollo de nuevas soluciones habitacionales con criterios participación de la comunidad, privilegiando a los grupos poblacionales que no tienen acceso. El concepto orientador de la vivienda será hábitat el cual incluye los servicios básicos y los servicios sociales respectivos. Para lo cual se requerirá:
    • 2.1.4.1 Consolidar el sistema nacional de vivienda. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga rango constitucional a los derechos ambientales y la educación ambiental y desarrolla un capítulo especial que eleva estos derechos ambientales al más alto nivel En este sentido expone: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener al ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro”. Nuestra Constitución asume la noción de Desarrollo Sustentable como un paradigma que debe ser aplicado en la agricultura, la industria y la producción en general. Igualmente asume el concepto de seguridad ambiental referida no solo a la protección de las áreas ecológicamente frágiles sino también al ambiente urbano y el sistema industrial Sobre esta base iniciamos la construcción de una política que parta de la crítica de las relaciones ecosociales y el estilo de desarrollo dominantes. Igualmente debe asumir la defensa del patrimonio natural mediante la revitalización y la ampliación del espacio político y la reconstrucción del tejido social. Cuando hablamos de política ambiental necesariamente tenemos que definir el objeto de esa política. El carácter de la política, sus alcances y limitaciones, sus requerimientos estructurales y funcionales están todos condicionados por esa definición del objeto. En este sentido queremos referirnos a una serie de principios que delinean nuestra idea del ambiente y su abordaje a través y desde una política ambiental. La postura de dominación de la naturaleza por el ser humano ha estado asociada a la de dominación del hombre por el hombre. La visión antropocéntrica concibe a la naturaleza como una ilimitada proveedora de recursos, con una fe ciega en la ciencia y la tecnología postulando que los problemas ambientales exigen sólo soluciones técnicas. El ser humano y la sociedad no están en un entorno sino que viven con él, forman parte de él. El ser humano interacciona intensamente y continuamente con el ambiente. Ni uno ni otro se pueden estudiar aisladamente, en tanto mutuamente se determinan aspectos de su estructura y funcionamiento. El ambiente es unitario y no reducido a lo “humano” o lo “natural”. La interacción entre los sistemas humano y ambiental es dinámica y se desarrolla en el tiempo y en el espacio. La delimitación del ambiente es contingente a cómo se define el sistema humano. El ambiente es complejo y heterogéneo en el tiempo y en el espacio. El ambiente como sistema heterogéneo se convierte en asiento de significados y valoraciones muy diversas. Cada persona, grupo humano, sociedad o cultura tiene una visión del ambiente. Proponemos una concepción que permita combinar esas visiones para tener un conocimiento más válido del ambiente. Se trata de una perspectiva que enfatiza la colaboración y no la competencia. Esta perspectiva debe incidir creativa y eficazmente, no sólo en la manera como entendemos y manejamos el ambiente, sino en la manera como entendemos y manejamos el mundo organizacional referido a ese ambiente. Supone una praxis que es a la vez social y ambiental y que se fundamenta en una preocupación ética, en un esfuerzo integrador que va más allá de las variables humanas. El ambiente, en tanto que dimensiòn fundamental, tiene una gran relevancia política nacional e internacional. Como tal debe ser asumido desde una perspectiva holística e integral para la conducción y reconstrucción del país. Lo ambiental incide sobre y es a su vez influenciado por las políticas económica, social, educativa, científico-tecnológica, cultural, geopolítica, de defensa y soberanía nacional, por mencionar sólo algunas, muy generales. Como alternativa a la política ambiental entendida como mera “administración de los recursos naturales” es necesario impulsar una política ambiental innovadora que parta de un enfoque ecológico (en el sentido amplio e integral de la palabra), que entienda al ser humano y a toda su actuación política como una realidad y un proceso indisolublemente ligado a la Naturaleza, siendo absolutamente interdependientes. Se trata de una política ambiental fundamentada en una nueva ética, en una teoría social ecológica y en una acción política revolucionaria capaces de reconocer que lo que ha separado a los grupos humanos de la naturaleza son relaciones sociales que han simultáneamente separado entre sí a los propios humanos. Para poder superar los problemas ambientales debe actuarse sobre sus raíces que son eminentemente sociales. Esta acción implica el establecimiento de un sistema de relaciones ecosociales de cooperación y reciprocidad, y una práctica política participativa que permita a la sociedad hacer uso de su sabiduría colectiva, sus logros culturales, sus innovaciones tecnológicas y su creatividad innata, en beneficio de la gente y la naturaleza”. Supone también una incorporación vigorosa y protagónica de los pobres y los excluidos en el proceso de construcción de este nuevo sistema, promoviendo simultáneamente la eliminación de las desigualdades estructurales y el arraigo de una sensibilidad popular no destructiva y conciliatoria en relación al ambiente (sensibilidad en parte histórica y ancestral y en parte construida en el curso de las luchas sociales). Este nuevo orden ecosocial implica necesariamente el abandono del modelo “desarrollista” y la promoción de las capacidades del tejido asociativo para impulsar desde el Estado y en conjunción con la sociedad un proyecto de país que enfatiza la calidad de vida ( y no el nivel de vida), la relocalización socioambiental y socioterritorial de la población sobre la base del equilibrio socioeconómico, sociohistórico, cultural y ecológico, la democracia participativa y protagónica, la autonomía solidaria, la autogestión, el reforzamiento y complementaridad dinámica de las identidades (nacional, regionales, locales, étnicas), una economía humanista y ecológica (basada en una nueva racionalidad productiva, en la diversidad de formas del bienestar humano y su armonía con el entorno, en relaciones de intercambio y disfrute equitativas y multipolares), el reconocimiento de múltiples valoraciones en relación a la naturaleza (que resignifique la biodiversidad y el patrimonio natural más allá del valor económico, aunque lo incluya) y un uso de los recursos que garantice la durabilidad de los equilibrios ecosistémicos.
    • 2.1.4.2 Dotar a la población venezolana de los servicios de agua potable y saneamiento logrando el cumplimiento de calidad de servicio, cobertura y sustentabilidad. Este objetivo esta asociado a desarrollar amplios programas de dotación de servicios de agua potable y saneamiento, como una medida fundamental para garantizar la salud de la población y mejorar su calidad de vida, por los efectos tangibles e inmediatos en la prevención de enfermedades y en la reducción de los índices de morbimortalidad por endemias relacionadas con la carencia de estos servicios, asi como a garantizar el acceso a los servicios de de todos los ciudadanos, incluyendo a los de menores ingresos o baja capacidad de pago, aplicando, entre otros, los principios de solidaridad, igualdad y equidad. Para garantizar la sustentabilidad en el tiempo de los objetivos logrados, se creará una nueva institucionalidad para la gestión de estos servicios, definiendo y poniendo en funcionamiento los entes que deben ocuparse de las políticas y planes relacionados con la prestación de los servicios y la coordinación del sistema financiero. Igualmente, ampliará su capacidad regulatoria sobre la prestación de estos servicios, todo lo cual redundará en una mejor defensa de los interés de los usuarios y prestadores de servicios y en la garantía del bienestar colectivo.
    • 2.1.4.3 Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo. Contribuyendo a incrementar la calidad de vida mediante la ordenación, administración y uso sustentable de los Recursos Naturales, basados en un sistema de información, planificación ambiental a través de un proceso permanente y sistemático de protección de los Recursos Naturales. Consolidando la conservación de la fauna, sus habitas y el uso sostenible del patrimonio genético del país. Restaurando la diversidad biológica en la Cordillera de los Andes de la costa y en el área Nororiental: Apure, Barinas, Portuguesa y Sur del Lago Asegurando la conservación y uso sostenible de los recursos forestales y de la vegetación en general para el desarrollo económico y social del país.
    • 2.1.4.4 Optimizar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación. Logrando el saneamiento y/o remediación de áreas ambientales degradadas, mediante la rectoría de la gestión sustentable del manejo de los desechos sólidos, control de emisiones admofericas, aguas residuales y residuos peligrosos. Promoviendo y fortaleciendo la Gestión Ambiental Integral en las Zonas Económicas Especiales, Eje Occidental, Falcón. Eje Oriental, Amazonas y Bolívar en materia de residuos sólidos urbanos. Implementando un Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos domiciliarios, hospitalarios y peligrosos, con énfasis en las Zonas Económicas Especiales. Desarrollando e implementando un plan nacional para el tratamiento de las aguas residuales.
    • 2.1.4.5 Conservar y manejar las cuencas hidrográficas para garantizar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. Creando y consolidando un Sistema Nacional, que considere a la cuenca como una unidad fundamental de gestión ambiental, para garantizar la calidad y la cantidad del recurso hídrico. Garantizando la gestión sustentable de los recursos agua, suelo, y clima con la participación de los actores claves para la estrategia ambiental, en cuencas hidrográficas. Consolidando el sistema nacional de información del recurso hídrico. Instalando la red hidrometereologica a través de la integración de los distintos sistemas de medición y monitoreo de los parámetros hidrometereologicos y la creación del Centro Nacional de Alerta y Pronostico Garantizando la disponibilidad del recurso agua, con fines de agua con fines de abastecimiento para el consumo humano, hidroelectricidad, agrícola a través de una gestión integral de las cuencas.
    • 2.1.4.6 Promover la participación de los actores del desarrollo nacional de la gestión ambiental. Implantando la educación ambiental en todos los niveles y modalidades de la educación formal y no formal o popular Propiciando la creación de organizaciones para la cogestión de los recursos locales en concordancia con los lineamientos de la agenda XXI Facilitando los medios de información adecuados para la toma de decisiones y solución de problemas locales por parte de las comunidades.
  • 2.1.5 Seguridad ciudadana permanente. La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano, garantizando la superación de situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la vida de las personas, sus propiedades, la paz y la convivencia pacífica. La garantía de los niveles de seguridad ciudadana y jurídica se alcanzarán con la superación de los desequilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias preventivas, control del delito y reestructuración del sistema penitenciario, con elevada participación de la familia, los medios de comunicación y de la escuela. El enfrentamiento de los índices de criminalidad, se asume como una política integral, que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente más pobres y, por la otra, una política específica para la prevención y combate de la criminalidad y la violencia. Desde el punto de vista de la política específica para la prevención y combate del delito y asegurar así la tranquilidad ciudadana, se plantea el fortalecimiento de la coordinación policial, con la creación del centro de coordinación de inteligencia, el incremento de la participación ciudadana en la prevención y control del delito, la modernización de los sistemas de la protección policial de los ciudadanos y de los hogares. El régimen judicial propiciará el incremento y la acumulación de la penalidad en delitos graves y la oportunidad de reinserción social a los transgresores de la ley que se regeneren, dentro de un sistema penitenciario descentralizado y profesionalizado. Se acelerarán los procedimientos jurisdiccionales para hacer más eficiente la administración de justicia y se organizará una administración descentralizada de la custodia y rehabilitación del recluso y el desarrollo de programas de atención post-penitenciaria, con la creación del Instituto Autónomo Penitenciario. Se concederá primera prioridad a la organización de protección civil y administración de desastres, para proteger a la ciudadanía frente a las situaciones que constituyen amenazas, riesgo para su integridad física o de sus propiedades ante catástrofes o calamidades publicas. Se actualizará el marco jurídico-normativo de la seguridad ciudadana, el Código orgánico de seguridad ciudadana (Ley de policía de investigaciones científicas, penales y criminológicas, Ley de bomberos y bomberas, Código de ética de los órganos de seguridad ciudadana, Código de convivencia ciudadana, Ley de policía nacional, Ley de protección civil y de la administración de desastres). Finalmente, se modernizará el control de la inmigración, consistente en la regulación del ingreso, permanencia y salida de los extranjeros del territorio venezolano y se consolidará la automatización de los servicios de identificación y de Registros y Notarías.
  • 2.1.6 Acceso pleno a la cultura La cultura constituye uno de los fundamentos del proceso transformaciones que ocurren en la sociedad venezolana. Los principios de la política cultural están orientados a la construcción de la democracia bolivariana y de la ciudadanía, el fomento de la paz y la preeminencia de la utilización de medios democráticos; a la consolidación de Venezuela como un estado social de derecho y de justicia; el desarrollo de una economía solidaria y productiva; la ocupación y consolidación equilibrada del territorio y el ejercicio de la soberanía en la integración multipolar.
    • 2.1.6.1 Desarrollo del Sistema Nacional de Cultura. El desarrollo del Sistema Nacional de Cultura consiste en la articulación de las diferentes acciones e iniciativas de la sociedad civil organizada, comunitarias, gubernamentales, del sector privado y en la articulación de la participación democrática y el intercambio de experiencias en todas las entidades geográficas en la creación de soluciones regionales y locales a los problemas considerados culturales. El estado promoverá la coordinación con el sector privado el desarrollo cultural relativo a la programación cultural, desarrollo sociocultural comunitario, investigación, formación especializada, artesanías e impulso a las pequeñas y medianas empresas de servicios culturales.
    • 2.1.6.2 Desarrollo de espacios culturales en las comunidades. Se concreta en el desarrollo de un conjunto de iniciativas que promueven la compenetración entre cultura, educación, procesos regionales y locales y patrimonio cultural e histórico, mediante un amplio plan movilizador que promueva la participación democrática e intercambio de experiencias entre las comunidades, comprende entre otras acciones, jornadas de reafirmación e identidad cultural en las diferentes comunidades, congresos culturales y encuentro nacionales de cultura. Esta estrategia está dirigida al estímulo a la creatividad, la asimilación de valores, creación de hábitos de aprendizaje, desarrollo de las inteligencias múltiples.
  • 2.1.7 Universalizar el deporte y fortalecer el deporte de alto rendimiento. El deporte es considerado fundamental para la formación integral y la salud física y mental del ser humano, con la práctica deportiva dirigida al fortalecimiento del deporte recreativo para la salud y el deporte de rendimiento. El deporte será extendido a los sectores laborales, a los discapacitados, a la población penitenciaria, a los indígenas y los campesinos, mediante la participación de la sociedad civil en la organización del deporte a escala local y de una mayor inversión en los programas de preparación de atletas, el mejoramiento de la infraestructura deportiva existente en el ámbito nacional, el apoyo a los gobiernos locales y regionales en el desarrollo de programas, para la recuperación de los espacios deportivos, la formación de entrenadores y la dotación oportuna y suficiente de implementos deportivos a los centros educativos.
    • 2.1.7.1 Desarrollo del deporte recreativo para la salud. Esta estrategia consiste en la realización de proyectos deportivos, recreativos y para la salud descentralizada a nivel municipal; La ejecución directa de eventos masivos a nivel municipal y sectorial; El fortalecimiento de la sociedad civil, que comprende el apoyo logístico y financiero a organizaciones comunitarias deportivas, el apoyo logístico y financiero a entidades deportivas municipales, la realización de cursos nacionales para la formación de recursos humanos, el asesoramiento y supervisión a las organizaciones participantes en el Programa Deportes para Todos y el apoyo logístico y financiero a Federaciones Deportivas. El fortalecimiento de la cobertura del deporte escolar a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, de manera gratuita y obligatoria, para así contribuir al proceso de formación de los estudiantes e identificar posibles talentos deportivos. Así mismo, se desarrollará la municipalización deportiva, para desarrollo deportivo local, que comprende el apoyo logístico y financiero a entidades deportivas municipales, asesoramiento a entidades deportivas regionales y la edición de publicaciones informativas periódicas.
    • 2.1.7.2. Desarrollo del deporte de rendimiento. El deporte de rendimiento consiste en el mejoramiento de la eficiencia deportiva competitiva, mediante un proceso de entrenamiento sistemático y organizado hasta alcanzar niveles superiores. Con esta estrategia se persigue la masificación del deporte competitivo, con el incentivo al mayor número de personas de distintas características sociodemográficas a la práctica deportiva competitiva organizada y alcanzar rendimiento superiores, con la búsqueda de resultados sobresalientes en el sistema deportivo nacional e internacional. El desarrollo de esta estrategia comprende fundamentalmente, la detección, selección de talentos y formación deportiva, la preparación y participación en eventos deportivos nacionales e internacionales y asistencia integral al atleta y el mejoramiento de los centros de preparación deportiva. El desarrollo del deporte de alta competencia tiene por objeto promover el fortalecimiento a nivel nacional e internacional del Deporte de Alta Competencia e incluye la preparación y participación en eventos nacionales e internacionales, la preparación y participación en eventos del Ciclo Olímpico y la contratación de técnicos
  • 2.1.8 Atención especial para la población en pobreza extrema. El objetivo es lograr la equidad social, lo cual implica romper con las inequidades en las oportunidades de acceso a la población en salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda digna, educación, protección contra la violencia, capacidad autónoma de generación de ingresos y poder ciudadano, mediante políticas que generen acciones para potenciando las capacidades y espacios de realización hasta la superación de las inequidades, es decir, el acceso universal a los servicios y bienes de valor social. Esta definición priorizar la inversión social a las necesidades sociales no satisfecha entre los grupos sociales de forma integral, intersectorial y progresiva, y con una visión compartida entre los diferentes sectores de la sociedad de operar hacia concretar la universalidad de los derechos sociales. Para alcanzar este objetivo se requiere:
    • 2.1.8.1 Cobertura universal a programas y servicios sociales integrados en redes comunitarias. El nuevo modelo de atención a cubrir los déficit de respuesta con cobertura de carácter universal y equitativo, a través de programas y servicios sociales integrados a redes comunitarias, a nivel nacional, estadal y municipal, para intervenir sobre dominios territoriales definidos en proporción a la magnitud, complejidad, capacidades y recursos que las necesidades sociales exijan. Los marcos territoriales de las redes sociales integradas actúan como espacio político - social de empoderamiento de los derechos para la concertación de metas de calidad de vida entre autoridades públicas y comunidades, con la finalidad de potenciar la capacidad operativa de las políticas y acciones públicas.
    • 2.1.8.2 Protección a grupos humanos con mayores condiciones materiales y sociales de inequidad. Este objetivo está dirigido a garantizar la protección de los grupos excluidos de la red de atención social, tales como niños de la calle, indigentes, personas con discapacidad, grupos sociales afectados por desastres naturales, víctimas de violencia intrafamiliar, población con adicciones y grupos poblaciones con elevada carga familiar. Igualmente, el sistema de protección social comprende la creación de condiciones para la inserción laboral de los grupos sociales excluidos, favoreciendo el acceso al financiamiento de actividades productivas, la instrucción para el empleo, la inserción laboral protegida, libre escolaridad y acceso a sistemas y tecnologías de información a grupos poblaciones en situación de inequidad: mujeres jefes de hogar, jóvenes desertores del sistema escolar, personas con discapacidad e indígenas.
  • 2.1.9 Recreación al alcance de las mayorías. La recreación tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la salud física y mental de la población. El gobierno nacional tiene como prioridad la democratización de la recreación, con el desarrollo de programas de utilización del tiempo libre, de descanso, de turismo social y laboral. Se rehabilitarán las instalaciones recreativas de los trabajadores. De igual manera se apoyará el fomento del turismo popular, que permita que los venezolanos, y especialmente, los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores pobres conozcan los distintos lugares turísticos del país. Se fomentarán los procesos de intercambio turísticos masivos, con participación de la población organizada.
  • 2.1.10 Información veraz y oportuna. Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para convertirlas en instrumentos estratégicos de la democracia participativa por la capacidad de movilizar que tienen los medios para crear apropiación colectiva de medios alternativos que pueden ser utilizados como iconos en la intervención de las demandas y necesidades en las áreas de educación, salud, ambiente, participación ciudadana, alimentación y corresponsabilidad en el libre acceso a la información y la transparencia.

2.2 Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.[editar]

El mejoramiento de la distribución del ingreso y de la riqueza es una condición necesaria para disminuir el conflicto distributivo entre capital y trabajo, con la satisfacción de los intereses de los asalariados y de los sectores laborales subutilizados. El mejoramiento de la distribución del ingreso y de la riqueza se alcanzará con el fortalecimiento de la economía social, la democratización de la propiedad de la tierra, la generación de empleo productivo y la reestructuración del régimen de remuneraciones.

  • 2.2.1 Fortalecer la economía social. El fortalecimiento de la economía social está orientado a contribuir a la democratización del mercado, con el desarrollo de actividades económicas de carácter asociativo, donde los trabajadores o la comunidad son los dueños del patrimonio de las empresas, no existiendo una separación entre el capital y el trabajo, ni contratación de trabajo asalariado. La demanda pública se constituirá en soporte para la democratización del mercado. De tal manera, que los bienes y servicios de los programas sociales serán demandados a empresas asociativas, así como la demanda de los servicios sociales y de transporte, entre otros. Los demandantes del sector público de los respectivos bienes y servicios realizarán las acciones para reorientar la demanda pública a empresas del sector de economía social. El fortalecimiento del sector de economía social se alcanzará las siguientes estrategias:
    • 2.2.1.1 Fomento de las entidades de la economía. Las modalidades de empresas del sector de economía social, mediante las cuales de fomentará una mejora en la distribución del ingreso, con criterios productivos, son entre otras, las siguientes:
      • Empresas comunitarias. Las empresas comunitarias están organizadas por la propia comunidad, para la satisfacción de la misma comunidad o necesidades individuales. Las aportaciones provienen de los propios miembros de la comunidad, sin que existan retribuciones por esas aportaciones iniciales para la constitución de las empresas.
      • Empresas asociativas. Son empresas de gestión democrática, de propiedad personal repartida, donde no existe separación entre el capital y el trabajo. El capital de estas empresas se constituye con aportes de los trabajadores y los excedentes se distribuyen en proporción a los aportes realizados.
      • Empresas familiares. Empresas de propiedad familiar, normalmente dirigidas y organizadas por el jefe o jefa del hogar, que usualmente funciona en el domicilio de la familia, compartiendo activos para actividades propias del hogar y de la empresa.
    • 2.2.1.2 Fortalecimiento de la red de economía social. El fortalecimiento de la red de economía social está referido al desarrollo de la institucionalidad de la articulación orgánica de las entidades de base de la economía social, en redes sustentables, con el apoyo a los organismos de integración del movimiento cooperativo y a otras entidades de integración de la economía popular y el fomento de nuevas entidades de integración.
  • 2.2.2. Democratizar la propiedad de la tierra. La democratización de la tierra, como parte del desarrollo regional, es necesaria para la superación de la pobreza y de las desigualdades predominantes en el medio rural, para aumentar los flujos de ingresos de los grupos sociales relativamente más pobres. En tal sentido este objetivo comprende:
    • 2.2.2.1 Regularizar la propiedad de la tierra. Comprende la regularización de la tenencia y propiedad sobre predios rurales de acuerdo al principio de la función social de la tierra, implica el fortalecimiento de la seguridad jurídica y geodésica de la propiedad de la tierra a través de la modernización, actualización y vinculación de los sistemas catastral y de registro público, lo que permitirá al Estado la toma de decisión en cuanto al régimen de tenencia de la tierra propiedad de la nación hacia el productor agrícola, acto de justicia social que incrementará la inversión en el agro, al dinamizar el mercado de tierras en Venezuela.
    • 2.2.2.2 Dotación de tierras. Para trabajos agrícolas o pecuarios a aquellos trabajadores rurales, que carezcan de ellas o sean insuficientes para la escala de su actividad productiva.
    • 2.2.2.3 Apoyar la permanencia de los productores en las tierras que están cultivando. Favoreciendo su adquisición y fomentando el desarrollo de formas asociativas de producción, mercadeo, financiamiento y transformación de productos.
  • 2.2.3 Generar empleo productivo. La generación de empleo productivo, es un objetivo estratégico al contribuir al acceso de ingreso suficiente para la adquisición de bienes y servicios suministrados por el mercado y un medio de realización personal. La generación de empleo productivo, estable y bien remunerado comprende a los trabajadores con empleo dependiente y a los trabajadores con empleo independiente. Se alcanza como resultado de la interacción de la política social, la política económica, la política laboral y la política activa de empleo. La política social crea condiciones para mejorar la calidad de la fuerza de trabajo, para que se incorporen al mercado de trabajo trabajadores, sanos, educados y entrenados. La política económica actúa desde el lado de la demanda de empleo; la política laboral crea un marco legal para facilitar y promover la generación de empleo y las políticas activas de empleo comprende las acciones del estado para aumentar los niveles de ocupación, ante las insuficiencias del aparato productivo de crecer al ritmo del crecimiento de la fuerza de trabajo. El aumento del nivel de empleo se alcanzará con la creación de condiciones económicas atractivas para la inversión privada, el mejoramiento de la eficiencia de la inversión pública y la expansión de los sectores productivos con elevado impacto en la generación de empleo, el desarrollo de políticas activas de empleo, la modernización del sistema de formación profesional y de los mecanismos institucionales del mercado de trabajo.
    • 2.2.3.1 Crear condiciones económicas para expandir la demanda de empleo. La expansión del empleo establece y bien remunerado está vinculada al desarrollo de la economía productiva, con el crecimiento económico sostenido y el incremento de la inversión, lo cual requiere de la estabilización macroeconómica y del desarrollo económico productivo.
    • 2.2.3.2 Desarrollar políticas activas de empleo. La vinculación entre crecimiento económico y generación empleo productivo es insuficiente para la absorción la oferta de fuerza de trabajo.
    • 2.2.3.3 Consolidar los servicios de intermediación y de capacitación laboral. La consolidación de los servicios de intermediación laboral se alcanzará con la creación del Servicio Nacional de Empleo, que comprende la Red de Agencias de Empleo y la Red de Observatorios de Empleo, para la atención integral de la población desocupada. Los servicios de capacitación laboral están orientados a satisfacer la demanda proveniente de los sectores productivos, atender la demanda de capacitación proveniente de la población joven que busca trabajo por primera vez y de los cesantes.
    • 2.2.3.4 Fortalecer los mecanismos institucionales del mercado de trabajo. Los mecanismos institucionales del mercado de trabajo están referidos a la institucionalidad regulatoria y organizativa dirigida a la superar, con un sentido de corresponsabilidad social, las fallas producidas por el mercado. Entre los principales mecanismos institucionales se encuentran la protección del poder adquisitivo de los trabajadores subordinados con salario el mínimo, la ampliación la cobertura y mejoramiento de la calidad de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva.
  • 2.2.4 Reestructurar el régimen de remuneraciones. En el ámbito del empleo dependiente, el gobierno promoverá la reestructuración del régimen de remuneraciones, donde se vincule la remuneración a los resultados económicos y a la rentabilidad de las empresas, con las modalidades de salario social, salario-participación y salario-inversión, las cuales serán incluidas en la reforma de la legislación laboral. La negociación colectiva son instrumentos privilegiados para la instrumentación de este objetivo. La reestructuración del régimen de remuneraciones comprende:
    • 2.2.4.1 Fomentar el salario social. El salario social consiste en la reversión social de la rentabilidad de la empresa en servicios para el trabajador y su familia.
    • 2.2.4.2 Promover el establecimiento de salarios participativos. Consiste en una modalidad de remuneración que permite conservar el empleo en coyunturas recesivas. La modalidad de los salarios participativos incorpora un componente variable a las remuneraciones de los trabajadores, vinculado a los resultados económicos de las empresas, lo que genera dos tipos de oportunidades. Por un lado, un círculo virtuoso, entre salario y productividad, porque el componente variable de las remuneraciones al factor trabajo se convierte en un incentivo para que los trabajadores y los empleadores se comprometan aún más con el aumento de la productividad, al aumentar los salarios y aumentar la rentabilidad.
    • 2.2.4.3 Fomentar el salario-inversión. Esta modalidad salarial consiste en que los trabajadores son socios de las empresas donde trabajan como empleados con empleo dependientes, percibiendo una remuneración como asalariados más una remuneración como socios en proporción a sus aportes de capital. Las fuentes de financiamiento de los trabajadores de sus aportes de capital puede provenir de sus propios ahorros o de sistema financiero público. A tal efecto los trabajadores constituirán fondos de ahorro laboral para realizar sus aportes de capital.

2.3 Fortalecer la participación social y generar poder ciudadano, en espacios públicos de decisión.[editar]

Este objetivo implica dar el salto hacia la materialización de una democracia participativa y protagónica, lo cual establece una ruptura con el concepto tradicional de participación. Se trata de una nueva relación del Estado con la sociedad donde lo público es asumido por la gente y por el Estado de forma corresponsable. Esto obliga a cambiar la forma de gobernar, gobernar con los ciudadanos. En este sentido, el ciudadano tiene derecho a participar en la formulación, la ejecución y el control de las políticas públicas, a ejercer de manera directa la democracia por diferentes mecanismos y las comunidades organizadas a convertirse en nuevos sujetos de descentralización.

  • 2.3.1 Incentivar el desarrollo de redes sociales El desarrollo de redes sociales atraviesa los ejes de la creación de redes y el fortalecimiento de las existentes. Las redes sociales son entendidas como el conjunto de conexiones que proceden de un punto central o se conectan con él. El punto de conexión es garantizar los derechos sociales y humanos de forma universal y equitativa, permitirá establecer mecanismos de comunicación y participación en la toma de decisiones y en la formación de iniciativas de desarrollo comunitario.
  • 2.3.2 Promover las organizaciones de base. El ejercicio de la participación protagónica contribuirá al desarrollo de nuevas organizaciones con expresiones y naturalezas distintas a las tradicionales. El apoyo y promoción del nacimiento de organizaciones de bases formará parte de la nueva plataforma social con sentido de inclusión y generación de poder ciudadano.
  • 2.3.3 Estimular la sociedad contralora de lo público. La contraloría social es una estrategia para que las comunidades organizadas se conviertan en vigilantes efectivas de la gestión pública en sus distintos niveles, para garantizar la idoneidad de la acción del estado en el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades, mediante el desarrollo de unidades comunitarias para el monitoreo y control de gestión de la agenda pública planificada.
  • 2.3.4 Fomentar la corresponsabilidad ciudadana. Los ciudadanos además de ser titulares de derechos y de organizarse para reclamarlos, tienen la responsabilidad social de contribuir con su compromiso a la construcción de ciudadanía, respetando la legalidad, cumpliendo sus deberes laborales, teniendo conciencia ambiental y de cuidado de los bienes y servicios públicos interesándose por los asuntos públicos, de alcance local. Comunitario o nacional y formado parte de proyectos colectivos. Integrándose en las redes sociales, como una forma de poner en práctica su responsabilidad social. A tal fin se promoverán programas educativos y de comunicación que permitan fortalecer la conciencia y el compromiso de la ciudadanía con lo público y lo comunitario.

ESTRATEGIAS[editar]

Incorporación (inclusión) progresiva[editar]

  • 2.1 Disminuir progresivamente las inequidades sociales, priorizando las necesidades sociales y profundizando la descentralización.
    • 2.1.1 Cobertura y calidad de la educativa
      • 2.1.1.1 Reforma curricular para alcanzar la pertinencia social. La reforma curricular tiene como objetivo alcanzar la pertinencia social, aspecto sustantivo de la calidad formal y política. Avanzando hacia un enfoque curricular abierto, flexible, con una perspectiva transdisciplinaria, compatible con el proyecto de sociedad, que enfatiza la solidaridad, la autogestión, la ciudadanía, la democracia protagónica y participativa, la democratización del mercado y la economía. Tomará en cuenta las características de los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje, las demandas regionales y locales, el contexto socio-cultural de la escuela, las innovaciones educativas, los saberes populares y los avances científicos y tecnológicos.
      • 2.1.1.2 Fortalecimiento de los programas y proyectos no convencionales de atención al niño preescolar y escolar. El fortalecimiento de los servicios educativos está dirigido a la creación de condiciones que permitan la prosecución escolar y un mejor rendimiento escolar, mediante programas de salud preventiva, participación de la comunidad, asistencia socioeconómica en situación de pobreza o con necesidades especiales. Esta estrategia comprende el fortalecimiento (cobertura y calidad) de programas de comedores escolares, la cobertura de los servicios médico-odontológico y la reestructuración del Seguro Escolar y de los programas Beca Escolar y Crédito Educativo.
    • 2.1.2 Articulación sistema educativo y sistema de producción. El sistema de formación profesional está dirigido a mejorar las calificaciones de los trabajadores dependientes e independientes, así como a satisfacer los requerimientos de capacitación provenientes de demanda de las empresas y la proveniente de las comunidades, especialmente, de las más pobres. El sistema de formación profesional permitirá la acreditación y las entradas y salidas al mismo, de tal manera de que no exista una elección temprana definitiva entre el trabajo y la educación, sino que el sistema educativo en su conjunto facilite las entradas y salidas permanentes entre el trabajo y la educación, para que los estudiantes culminen su formación en el nivel de educación superior. El sistema educativo será flexibilizado, a tal punto que ofrecerá una formación estratégica, durante el ciclo de la educación básica, para desarrollar las competencias esenciales y una preparación vinculada al mundo del trabajo, quedando abiertas las oportunidades de continuar estudios superiores.
      • 2.1.2.1 Modernización de las escuelas técnicas. La modernización de la educación técnica media comprende la actualización curricular, la dotación de maquinarias y equipos tecnológicamente avanzados, la actualización docente y la adecuación de la planta física. La escuela técnica permite el desarrollo de capacidades que mejoran las condiciones para incorporación inmediata al mercado de trabajo de la población juvenil, sin requerir necesariamente el tránsito por carreras universitarias. La reactivación y modernización de las escuelas técnicas en Venezuela son prioritarias para contribuir a conferirle viabilidad al desarrollo de los sectores productivos. Los avances tecnológicos ocurridos y las demandas provenientes del sector empresarial requieren de recursos humanos con nuevas competencias, por lo cual se requiere la inmediata actualización de la Escuela Técnica, que comprende una educación de alta calidad, con programas curriculares basados en grupos tecnológicos homogéneos, con acentuada pertinencia social.
    • 2.1.3 Infraestructura Educativa
      • 2.1.3.1 Aumentar la capacidad física instalada del nivel de preescolar. Esta estrategia consiste en la construcción de aulas de preescolar; la construcción y ampliación de los espacios físicos requeridos, tales como aulas, comedores, espacios de recreación; establecer convenios de cooperación con el sector público y privado y organizaciones de la comunidad para el mantenimiento de las instalaciones y en la dotación de equipos, mobiliario y materiales didácticos actualizados.
      • 2.1.3.2 Adecuar la planta física de las Escuelas Bolivarianas de Educación Básica y de las Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias. Esta estrategia consiste en la construcción y ampliación de los espacios físicos de las escuelas bolivarianas del nivel de educación básica y de las escuelas técnicas industriales y agropecuarias, tales como aulas, comedores, espacios de recreación, laboratorios; la dotación de equipos, mobiliario y materiales didácticos actualizados y el establecimiento de convenios de cooperación con el sector público y privado y organizaciones de la comunidad para el mantenimiento de las instalaciones y en la dotación de equipos, mobiliario y materiales didácticos actualizados.
      • 2.1.3.3 Diseño y fortalecimiento del sistema de información sobre necesidades de infraestructura. Para el desarrollo de la planta física y de la dotación se constituirá y fortalecerá una unidad administrativa coordinadora, la cual requerirá de un sistema de información de infraestructura y dotación, que permitirá conocer la planta física existente y su dotación, para desarrollar la inversión requerida en desarrollo de la planta física y de su dotación.
    • 2.1.4 Equidad y Educación Superior
      • 2.1.4.1 Mejorar la equidad en el acceso y la prosecución de los estudiantes en el nivel de educación superior. Para alcanzar la equidad en el acceso y la prosecución en este nivel educativo, se procederá a la reformular el proceso de admisión al sistema de educación superior. Se establecerá y se promoverán mecanismos financieros, como el de beca-trabajo, que permitan la prosecución de los estudios, desarrollar un programa integral de atención social, asistencial y educativa para los estudiantes de los estratos sociales relativamente más pobres. Se aumentará la cobertura en las instituciones oficiales, particularmente en aquellas que ofrecen carreras del área tecnológica.
      • 2.1.4.2 Elevar la calidad y eficiencia de las instituciones de educación superior. Elevar calidad y la eficiencia en las instituciones de educación superior comprende el desarrollo de la carrera académica en las instituciones de superior y reduciendo los tipos de dedicación a Dedicación Exclusiva y Tiempo Convencional; la implantación de un sistema de evaluación y acreditación académica y la revisión permanente del currículo, para dar respuestas a los rápidos cambios en las condiciones del desarrollo del conocimiento; el desarrollo de una negociación estratégica con las universidades oficiales; el fortalecimiento de las unidades de investigación, para la formación integral de docentes e investigadores la promoción de la reflexión en las instituciones de Educación Superior sobre esa responsabilidad. El mejoramiento de la calidad y la eficiencia de las instituciones de Educación Superior comprende, igualmente, por un lado, de la promoción y apoyo del crecimiento de las ofertas de postgrado, su vinculación con la investigación y la extensión y muy especialmente a los programas doctorales y, por el otro de incentivar la práctica de estrategias pedagógicas que faciliten el trabajo en grupos, la cooperación, el trabajo interdisciplinario y la integración de las funciones universitaria en los currícula.
      • 2.1.4.3 Fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional para el sector de educación superior. Esta estrategia consiste en vincular al sector de Educación Superior, en el nivel político y de dirección y académico, con los cambios, tendencias en el ámbito mundial e insertar al país en los programas de homologación curricular y de acreditación que se están realizando en la región. Esta estrategia de ejecutará con el fomento de sistemas integrados de información académica interinstitucional, con el apoyo al desarrollo de redes regionales e interregionales de investigación del país, el intercambio de investigadores nacionales e internacionales; incentivando el desarrollo de programas de investigación, extensión y cooperación entre las instituciones de Educación Superior de Venezuela y de otros países, especialmente de América Latina y El Caribe; fomentando la realización de intercambios, mediante la realización de distintos tipos de eventos que permitan la discusión de los problemas que confrontan los países de América Latina y del Caribe, enfatizando aquellos problemas del ámbito educativo.
      • 2.1.4.4 Promoción de una mayor interrelación del sector de educación con las comunidades. Esta estrategia consiste en la promoción de programas integrales e interinstitucionales de extensión por parte de las instituciones de Educación Superior con sus comunidades de entorno, el cual se alcanzará con la extensión del servicio social a todas las carreras de Educación Superior, con el incremento del tiempo de las pasantias, prácticas profesionales, con lo cual se contribuye al fortalecimiento de la relación educación-trabajo. Igualmente, se procederá a la incorporación de las unidades y programas de extensión de las instituciones de Educación Superior a los proyectos de las instituciones gubernamentales. Se realizarán alianzas estratégicas con los sectores productivos y se fortalecerá la creación de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas de negociación y asistencia técnica a empresas y sectores productivos.
      • 2.1.4.5 Desarrollo del Sistema Educación Superior. La estrategia de desarrollo del Sistema de Educación Superior comprende acciones dirigidas al establecimiento de una sistema de coordinación interinstitucional, holístico e integral que responda a las necesidades sociales y a las expectativas individuales de formación; con el establecimiento de mecanismos de articulación y cooperación entre las universidades, institutos y colegios universitarios y las instituciones de educación media, principalmente las escuelas técnicas; facilitar progresivamente la transformación de las estructuras organizativas de las universidades e institutos autónomos hacia formas más flexibles de trabajo académico y la adecuación de la legislación del sector de educación superior a sus necesidades de desarrollo y a las disposiciones de la nueva Constitución.
    • 2.1.5 Atención integral a los niños, niñas y jóvenes no escolarizados. Este objetivo se alcanzará con las siguientes estrategias y acciones:
      • 2.1.5.1 Ampliar los programa de niños y niñas no escolarizadas a todos los estados del país e incremento de la formación de los maestros itinerantes de preescolar para apoyar el componente pedagógico de los hogares de cuidado diario, multihogares y escuelas rurales.
      • 2.1.5.2 Ampliar los cursos de capacitación y formación profesional.
      • 2.1.5.3 Desarrollo de programas de posprimaria, postsecundaria y aceleración de los aprendizajes en las zonas de difícil acceso, tales como zonas rurales, fronterizas, y barrios marginales.
      • 2.1.5.4 Fortalecimiento de programas y apoyo de iniciativas de nivelación educativa para la población desertora y excluida de la red de atención social.
    • 2.1.2 Garantizar el derecho a la salud. Este objetivo se alcanzará con la implementación de las siguientes estrategias:
      • 2.1.2.1 Crear los mecanismos de corresponsabilidad de todos los poderes públicos, instituciones públicas y privadas y las comunidades en el cumplimiento del derecho a la vida.
      • 2.1.2.2 Impulsar la reorientación del gasto en salud hacia la resolución efectiva de los problemas de salud.
      • 2.1.2.3 Desarrollar un sistema nacional de información en salud, bajo la dirección del Estado que rija para todos los ámbitos de la acción sanitaria. Estas estrategias se alcanzan mediante dos acciones concretas; i) el desarrollo y fortalecimiento de los Consejos de Salud y Desarrollo Social a nivel estadal y local, así como también los Consejos Comunitarios de Salud y ii) la elaboración de metodologías de asignación de recursos de acuerdo a prioridades territoriales y desempeño institucional.
      • 2.1.2.4 Promover las capacidades y oportunidades de la población para mejorar sus condiciones de vida.
      • 2.1.2.5 vida. Fortalecer las acciones de comunicación, información y educación para la salud y la La acción fundamental para la ejecución de esta estrategia es el desarrollo de un sistema comunicacional dirigido a la promoción de los derechos sociales y a la calidad de vida definida como la materialización de las necesidades relacionadas con las causas y determinantes que la originan.
      • 2.1.2.6 Desarrollo de un sistema público nacional de salud
        • Integrar dentro de un sistema único la gestión, el financiamiento y las acciones de todos los organismos e instituciones públicas, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
        • Estructurar un sistema de coordinación intergubernamental, intersectorial y participativo en la toma de decisiones para el diseño de políticas, el desarrollo de planes, la asignación financiera y la gestión de recursos de salud.
        • Profundizar el proceso de descentralización que permitan que las instancias locales participen en la toma de decisiones sobre políticas y acciones en salud.
      • 2.1.2.7 Universalizar el acceso a la salud.
        • Reorganizar los servicios y recursos de salud con base en una planificación territorial y necesidades sociales.
        • Adecuar la organización y las intervenciones de salud sin discriminación alguna y atendiendo a la diversidad cultural, lingüística y de género.
        • Asegurar la gratuidad de atención a la salud.
        • Fortalecer la calidad, cobertura e impacto de la red de servicios de salud según niveles de complejidad de la realidad social.
        • Diseño de una metodología para el desarrollo de la planificación por necesidades sociales.
        • Desarrollo de actividades de atención integral que incluya la promoción y el acceso a los servicios de toda la población.
        • Apoyo a las iniciativas locales y comunitarias para la administración de servicios de salud.
    • 2.1.3 Seguridad social universal
      • 2.1.3.1 Desarrollo de un sistema público de salud. El sistema de salud tiene por objeto garantizar la salud como un derecho social que debe ser universal, gratuito y equitativo. Se rige por principios de solidaridad y pertinencia, en el sentido de hacer sentir al ciudadano que la protección de su vida contra los riesgos de la enfermedad es una responsabilidad compartida por todos los sectores de la comunidad a la cual pertenece.
      • 2.1.3.2 Desarrollo de un sistema de pensiones universal y solidario. El sistema de pensiones ha desarrollarse es considerado, igualmente, no lucrativo, con pensiones y jubilaciones no menores al salario mínimo, con derecho a la pensión como ciudadanos y no solamente como trabajador que ha contribuido.
      • 2.1.3.3 Establecimiento de un sistema de empleo y desarrollo laboral. En este caso se trata de fomentar el empleo, proteger temporalmente a los cesantes, cubrir las contingencias de maternidad, garantizar las compensaciones salariales por ausencia transitoria del trabajo que no sean causados por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y proteger la contingencia de paternidad que surge en caso de muerte de la madre.
      • 2.1.3.4 Atención de los riesgos laborales. El Sistema de Riesgos Laborales, que estará integrado por dos áreas de acción. La primera es la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, atendida en función de la Ley Orgánica de Prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. La segunda área de acción será la creación de un régimen administrativo que le garantice a los trabajadores, ante la eventualidad de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el financiamiento de los costos por parte de su empleador, mediante la atención medica integral, la rehabilitación como trabajador una vez superada la contingencia y el pago de las indemnizaciones por discapacidad temporal o permanente y por muerte.
    • 2.1.4 Vivienda y ambiente
      • 2.1.4.1 Promover la atención prioritaria a la población con necesidades sociales no satisfecha y a las políticas de desconcentración territorial.
      • 2.1.4.2 Facilitar el acceso a la vivienda propia a través de la creación de mecanismo de acceso al financiamiento.
      • 2.1.4.3 Fortalecer el sistema de descentralización y desconcentración del sistema de vivienda.
      • 2.1.4.4 Impulsar los programas de manejo integral de desechos sólidos
      • 2.1.4.5 Ampliar y rehabilitar la cobertura de agua potable y de aguas servidas.
      • 2.1.4.6 Articular acciones entre los diferentes organismos para el desarrollo de servicios sociales.
    • 2.1.5 Seguridad Ciudadana. La estrategia se centrará en tres aspectos fundamentales:
      • 2.1.5.1 Fomentar programas de prevención dirigidos a la comunidad con base en los valores de justicia, defensa a la vida, tolerancia, igualdad de derechos, igualdad de género y respeto a las diferencias.
      • 2.1.5.2 Promover la organización de seguridad comunitaria.
      • 2.1.5.3 Incentivar el desarrollo de mecanismos intergubernamentales para el aumento de la cobertura y calidad de los servicios policiales.
    • 2.1.6 Deporte
      • 2.1.6.1 Descentralización y desconcentración de los programas deportivos y recreativo para su ejecución a nivel municipal y comunitario.
      • 2.1.6.2 Fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales deportivas.
      • 2.1.6.3 Impulsar los programas de formación del recursos humanos.
      • 2.1.6.4 Incentivar a la población a la práctica deportiva competitiva y organizada.
      • 2.1.6.5 Coordinar el desarrollo de programas de atención integral al deportista.
  • 2.2 Desarrollar procesos de articulación entre la política social y económica para el impulso de acciones de economía social.
    • 2.2.1 Aumentar la riqueza
      • 2.2.1.1 Fortalecer el aparato productivo para ampliar el mercado interno.
      • 2.2.1.2 Desarrollar procesos de articulación entre la política social y económica para el impulso de acciones de economía social.
      • 2.2.1.3 Impulsar el proceso productivo en las comunidades que permitan el incremento del ingreso y la distribución aumentando el capital en la comunidad.
    • 2.2.2 Economía Social. Las estrategias centrales para alcanzar estos objetivos son:
      • 2.2.2.1 Democratizar el mercado
      • 2.2.2.2 Promoción y fortalecimiento de empresas asociativas, entre ellas: empresas comunitarias y familiares.
      • 2.2.2.3 Impulsar programas orientados a promover el encadenamiento de financiamiento, producción , administración y comercialización.
      • 2.2.2.4 Creación de una instancia de coordinación sectorial para garantizar el cumplimiento de las acciones de economía social.
    • 2.2.3 Empleo. El desarrollo de políticas que específicamente tengan efectos en la demanda de empleo productivo, las cuales consisten en:
      • 2.2.3.1 Consolidar el rol empleador de las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa tiene un rol destacado en la generación de empleos estables y bien remunerados, pero se encuentran relativamente limitadas en su desempeño, por carencia de financiamiento apropiado, dificultades de acceso a la información y conocimientos tecnológicos y de tipo gerencial y debilidades en los canales de comercialización, por lo que se hace necesario impulsarlas desde los mecanismos que establece la Ley de Microfinanzas, la formación y capacitación para el trabajo productivo social. La heterogeneidad de las PyMEs requiere que los instrumentos de apoyo sean flexibles, superando así las políticas estandarizadas. El apoyo a las PyMEs, para consolidar su rol empleador de mano de obra, comprende mejorar el acceso a la información, a la tecnología, al financiamiento y a la comercialización.
      • 2.2.3.2 Desarrollo de un sistema de asesoría: la consolidación de las pequeñas y medianas empresas en su rol de generador de empleo, requiere de un sistema permanente y diversificado de asesoría y consultoría diferenciada según las necesidades y la demanda de servicios de cada firma.
      • 2.2.3.3 Fortalecimiento de la institucionalidad local: es necesario fortalecer la infraestructura institucional de carácter local, que desempeñe el rol de articulador, intermediario y proveedor de los servicios de consultoría, que permita a su vez fomentar la formación de recursos humanos especializados en consultorías a las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo así a la generación de empleo a profesionales universitarios.
      • 2.2.3.4 Aplicación de incentivos fiscales. La pequeña y mediana industria serán fortalecidas con una amplia política de incentivos fiscales “no parasitarios”, selectiva y temporal, en función de resultados que restablezcan y mejoren la tasa de acumulación del sector privado, la expansión del empleo productivo y la democratización del mercado, con la democratización interna de los activos, para lo cual se ejecutarán las siguientes medidas:
      • 2.2.3.5 Protección y ampliación de la nómina con incentivos fiscales al sector de la de la pequeña y mediana industria manufacturera. Los incentivos fiscales, pueden suspender el draw-back a las empresas exportadoras y a las empresas que proveen de insumos a las empresas exportadoras, contra metas de exportación y de generación de empleos.
      • 2.2.3.6 Reducción temporal de impuestos sobre la renta a las pequeñas y medianas empresas, contra metas de aumento de la producción y de reducción de empleos.
      • 2.2.3.7 Refinanciamiento de la deuda de las pequeñas y medianas empresas, con compromisos concretos de aumento de la producción y de mantenimiento o incremento del nivel de empleo.
      • 2.2.3.8 Fortalecer e incentivar el autoempleo comunal. Consiste en el desarrollo de proyectos de infraestructura social y equipamiento comunitario, donde los trabajadores perciben una remuneración equivalente al salario mínimo. Los principales criterios de este programa:
        • Empleo temporales con una duración equivalente a la duración de la obra.
        • Descentralizados y ejecutaos a través de Alcaldías y comunidades organizadas.
        • Dirigido a comunidades localizadas en la misma zona donde se desarrollará la obra.
  • 2.3 Articular el proceso de descentralización con participación en las políticas sociales.
    • 2.3.1 Promoción y difusión de los valores que constituyen la democracia participativa, con la finalidad de informar, promover, orientar, motivar, difundir y educar sobre la participación ciudadana.
    • 2.3.2 Impulsar la organización y la capacitación a nivel de parroquias, barrios, territorios sociales y familias en función de garantizar la participación y el protagonismo del pueblo en los asuntos públicos, haciendo realidad el principio de corresponsabilidad.
    • 2.3.3 Asegurar la participación en la formulación de los mecanismos de regulación y operación de los preceptos Constitucionales en materia de participación.
    • 2.3.4 Desarrollo de nuevos mecanismos de comunicación para dotar a las comunidades de la información sobre los planes, metas y programas a desarrollar en el área social, económica y política, a fin de garantizar la transparencia de la gestión y afianzar la confianza en lo público.
    • 2.3.5 Acompañamiento es un proceso de auto educación que facilita la construcción social permanente del gobierno popular, con el desarrollo de prácticas de gestión popular comprometida con las transformaciones sociales. Este proceso consiste en la elaboración de planes de desarrollo local sustentables, la promoción de distintas formas asociativas, especialmente de cooperativas, de tal manera que el pueblo organizado alcance poder económico sostenible.
    • 2.3.6 Promoción de medios de comunicación comunitarios. Los medios de comunicación comunitarios apoyan el proceso de democratización de la comunicación, con el desarrollo de instrumentos y medios de comunicación alternativos necesarios para el diálogo social, la resistencia cultural, la autoformación, la difusión de los propios intereses y de las experiencias organizativas y de ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Para el diseño de cada política social es necesario:
      1. Privilegiar medidas, programas y acciones dirigidas a superar las inequidades sociales. con énfasis en las acciones intersectoriales.
      2. Convertir los proceso de información, comunicación y planificación en las vías para la articulación de acciones, equilibrar esfuerzos y recursos según prioridad social y refuerzo de la estrategia de intersectorialidad.
      3. Dirigir el gasto social hacia la solución de las necesidades sociales.
      4. Desarrollar acciones comunicativas, informativas y educativas para imprimir direccionalidad y conexiones al que hacer institucional.
      5. El rescate del carácter público de los derechos sociales, incluyendo en la agenda de las políticas públicas la garantía de los derechos.
      6. Fortalecer la institucionalidad del sector social, lo cual implica desarrollo organizacional, fortalecimiento de capacidades estratégicas, administrativas normativas y financieras.
      7. Reordenar los modos de atención y gestión de los servicios sociales de acuerdo a las metas establecidas en la agenda de la política social las cuales se diseñan como respuesta a las necesidades sociales.
      8. Promover la calidad de vida de todos los venezolanos y todas las venezolanas, haciendo énfasis en la transformación de las condiciones de vida como respuesta a la materialización de las necesidades sociales.
      9. Profundizar la participación y la descentralización en a defensa y promoción de los derechos, en la formulación y gestión de proyectos de servicios sociales.

Equilibrio Político[editar]

OBJETIVO[editar]

En el programa de gobierno proponíamos transformar el marco institucional dentro del cual los diferentes actores políticos, económicos y sociales se desenvuelve y toman sus decisiones.

El proceso constituyente, que culminó con la elaboración de la Constitución Bolivariana, mediante la cual se diseñó el marco institucional de la V República, fue un paso decisivo en esa dirección. Corresponde ahora sentar las bases para la institucionalización del nuevo modelo político, un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, desarrollar el marco jurídico y los mecanismos de la gestión pública que garanticen a sus ciudadanos la vida en libertad, el imperio de la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y, en general, el predominio de los derechos humanos. Para lo cual nos proponemos construir la democracia bolivariana mediante la participación protagónica y corresponsable de la ciudadanía.

Construir la democracia bolivariana.[editar]

Construir la democracia bolivariana significa la consolidación del Proyecto Político de la V República, será el resultado de haber satisfecho las demandas y proyectos contemplados en los planes de desarrollo político, social, económico, territorial e internacional; de haber establecido nuevas redes de relaciones sobre la base de la participación democrática entre el Estado y la sociedad, dentro del nuevo marco jurídico institucional, diseñado en la Constitución Bolivariana.

De esta manera, estamos contribuyendo significativamente a lograr principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual es fundamental la participación activa de la ciudadanía en los asuntos que les atañen y el funcionamiento adecuado de los Poderes Públicos, que mantenga el sistema de contrapesos establecidos en la Constitución, para garantizar la democracia y evitar desviaciones en el ejercicio del poder.

Para poder construir la democracia bolivariana es necesario la participación corresponsable de la ciudadanía. La participación, además de profundizar el ejercicio de la democracia, constituye un mecanismo funcional que contribuye significativamente tanto con los procesos adaptativos del Estado, al estar permanentemente retroalimentados mediante la participación ciudadana, como con la viabilidad de las políticas estatales, con lo cual se minimizan los problemas de gobernabilidad, entendida como la capacidad del Estado para dar respuestas adecuadas y oportunas a sus diferentes requerimientos funcionales, dentro de los cuales destacan las demandas directas de la ciudadanía.

La corresponsabilidad complementa la participación, mediante ella se incorporarán, tanto las organizaciones no gubernamentales como la sociedad civil en general, en la solución de los asuntos que las afectan, en ese sentido existen múltiples experiencias exitosas tanto nacionales como internacionales. La Administración Pública en su ordenamiento jurídico, tendrá como mandato ser un agente proactivo de la participación ciudadana.

Sub - Objetivos[editar]

3.1 Consolidar la estabilidad política y social[editar]

Consolidar la estabilidad política y social significa: responder a las demandas de los ciudadanos, organizar la actuación de las instituciones del Estado con miras a la eficiencia en el logro de sus fines, proveer de las herramientas necesarias a los órganos que ejercen el Poder Público, para el ejercicio eficaz de sus competencias. Para lograrlo es necesario desarrollar la capacidad estratégica, de regulación y gestión del sistema político.

Para ello, se prevé la consolidación del sistema político y social de la democracia bolivariana, a través del desarrollo de la capacidad estratégica, de regulación y gestión.

  • 3.1.1 Diseñar e implantar el Sistema Nacional de Planificación. Se trata de establecer el funcionamiento de un Sistema Nacional de Planificación que sea estratégico, democrático, participativo y de consulta abierta; que tendrá lugar dentro de un marco donde: las competencias y acciones de cada uno de los organismos de la Administración Pública estén entrelazados de forma armónica, los planes anuales y plurianuales estén relacionados con los fines del Estado, las estadísticas y la información facilite la discusión y concertación de ideas en la orientación de las acciones del Gobierno, y la participación ciudadana en los procesos de planificación, actúe como elemento cohesionador del sistema político y social. La implantación del Sistema Nacional de Planificación requiere:
    • 3.1.1.1 Vincular los procesos de planificación, presupuesto y gestión. Alinear y armonizar los procesos de planificación con los de presupuesto y otros sistemas de gestión administrativo-financiero, requiere entrelazar una visión que oriente el diseño y formulación de las políticas públicas (expresados en el Plan Operativo Anual y en el Proyecto de Presupuesto); con el proceso de dirección y canalización institucional de las políticas públicas; con la ejecución física y financiera y con el seguimiento, evaluación y control, a fin de mejorar la acción gubernamental. Vincular la planificación con el presupuesto y la gestión tiene como intención desarrollar lo establecido en el Artículo 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: “En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno, se establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados (...) El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.” Los organismos rectores de las áreas de Planificación y Finanzas, les corresponde desarrollar las bases metodológicas así como el proceso de seguimiento y evaluación de los Planes y su relación con los respectivos recursos presupuestarios y financieros asignados a los organismos de la Administración Pública Nacional.
    • 3.1.1.2 Desarrollar el marco plurianual de presupuesto. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público regula el marco plurianual de presupuesto, que se expresará en el Proyecto de Ley del Marco Plurianual del Presupuesto que será elaborado por el Ministerio de Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Banco Central de Venezuela. El marco plurianual de presupuesto se elaborará para un período de tres años y establecerá la estrategia mediante la cual el Ejecutivo Nacional se propone alcanzar determinados niveles de ingresos ordinarios, suficientes para cubrir los gastos ordinarios. En este sentido, establecerá los límites máximos de gastos y de endeudamiento, así como indicadores y otras reglas de disciplina fiscal que permitan asegurar la solvencia y sostenibilidad fiscal y equilibrar la gestión financiera nacional.
    • 3.1.1.3 Diseñar e implantar un Sistema Integral de Información y Estadísticas Nacionales. Las estadísticas y censos nacionales son competencia del Poder Público Nacional (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 156), constituyen insumos importantes y necesarios para la toma de decisiones por parte de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional en el proceso de formulación, dirección, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.
    • 3.1.1.4 Establecer mecanismos que faciliten la participación de los ciudadanos y de la sociedad organizada en los procesos de planificación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha definido órganos donde la participación ciudadana juega un rol protagónico en los procesos de planificación de las políticas públicas, a fin de garantizar una planificación estratégica, participativa y de consulta abierta, estos órganos son: a nivel municipal los Consejos Locales de Planificación Pública, a nivel estadal los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y a nivel nacional el Consejo Federal de Gobierno. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece que los órganos y entes de la Administración Pública, promoverán la participación ciudadana a través de las comunidades organizadas y de otras organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas. Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que elaborará y aprobará la Asamblea Nacional, establecerá las bases y principios de la participación ciudadana.
  • 3.1.2 Mejorar la Calidad de la Gestión Pública. Mejorar la calidad de la gestión pública implica prestar servicios orientados a satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos mediante procesos transparentes que permitan combatir la corrupción a través de mecanismos eficientes y eficaces dirigidos a racionalizar el gasto público y rendición de cuentas que garanticen una gestión por resultados vinculada a las necesidades de los ciudadanos. Este objetivo requiere crear e implantar mecanismos flexibles, orientados a dotar a quienes compete la dirección de las políticas públicas, de herramientas para mejorar la acción, por este motivo se prevé institucionalizar los compromisos de gestión, establecer el sistema de evaluación del desempeño institucional, implantar el sistema integrado de gestión administrativo-financiero para el Sector Público, simplificar trámites administrativos en las organizaciones del Estado y sistematizar las compras y contratos gubernamentales. En este sentido, se establecen un conjunto de políticas dirigidas a la incorporación selectiva y gradual de los entes públicos al sistema nacional de evaluación por resultados, la prestación de servicios de manera ágil y transparente, marcos regulatorios adecuados para la prestación de servicios sociales básicos, apoyo a los entes públicos para el diseño de los indicadores de evaluación del desempeño, atención a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Mejorar la calidad de la Gestión Pública requiere:
    • 3.1.2.1 Institucionalizar los Compromisos de Gestión. Los Compromisos de Gestión, son instrumentos a través de los cuales se establecen acuerdos entre organismos del Estado y entre estos y los ciudadanos, que servirán para la coordinación y ejecución de proyectos. Por otra parte, permitirán obtener recomendaciones para el mejoramiento de las acciones de los órganos y entes de la Administración Pública. Los elementos para el diseño de los compromisos de gestión están contemplados en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
    • 3.1.2.2 Diseñar e implantar el Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional. La Evaluación del Desempeño Institucional es una herramienta de la gestión pública por resultado. Esta permite valorar el proceso de ejecución de las políticas públicas, programas gubernamentales y/o gestión en las instituciones. Igualmente, a través de los Compromisos de Gestión es posible evaluar el desempeño institucional a partir del análisis de los resultados de los compromisos logrando obtener recomendaciones oportunas para mejorar la acción gubernamental.
    • 3.1.2.3 Implantar el Sistema Integrado de Gestión Administrativo- Financiero para el Sector Público. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, de conformidad a la Constitución Bolivariana de Venezuela, define en su Artículo 2 que: “La administración financiera del sector público comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la captación de ingresos públicos y en su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado...” Los sistemas que lo integran son los de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, tributario y de administración de bienes. De conformidad al artículo 4 de esta misma Ley Orgánica: “El Ministerio de Finanzas coordina la administración financiera del sector público nacional y dirige y supervisa la implantación y mantenimiento de los sistemas que la integran...” En este sentido, culminar el desarrollo del proyecto Sistema Integrado de Control y Gestión de las Finanzas Públicas (SIGECOF) es importante a los fines de mejorar la calidad de gestión pública.
    • 3.1.2.4 Diseñar e implantar el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos. En el marco de lo dispuesto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, y a fin de mejorar las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, el diseño e implantación de un plan de simplificación de trámites administrativo pretende racionalizar las tramitaciones que realizan los ciudadanos ante la administración pública con el objeto de mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad.
    • 3.1.2.5 'Diseñar e implantar un Sistema Nacional de Compras y Contratos Gubernamentales. El Sistema Nacional de Compras y Contratos Gubernamentales permitirá al sector público realizar sus licitaciones de bienes y servicios de manera eficiente, transparente y democrática.
  • 3.1.3 Fortalecer la Capacidad de Gestión Estratégica del Ejecutivo Nacional. Fortalecer la capacidad de gestión estratégica del Ejecutivo Nacional requiere de información oportuna para negociar, coordinar, evaluar y concertar con los diferentes actores del Gobierno y de la sociedad, acciones orientadas al logro de los fines del Estado. A continuación se explica los alcances requeridos para el fortalecimiento de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo Nacional.
    • 3.1.3.1 Fortalecer la coordinación entre los órganos del Ejecutivo Nacional. Fortalecer los procesos de coordinación entre los órganos del Poder Ejecutivo Nacional conlleva compartir la visión sobre la dirección de la acción de gobierno del Presidente de la República, fortalecer los medios a través de los cuales ellos toman decisiones, concertar acerca de la manera de resolver los problemas y coordinar acciones para un cumplimiento eficiente y de calidad de los servicios que prestan. En este sentido, se hace necesario que el Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el ejercicio de sus competencias, presente alternativas sobre la organización y funcionamiento de la Administración Pública, como instrumento para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo Nacional.
    • 3.1.3.2 Desarrollar el nuevo marco institucional en las relaciones laborales del Ejecutivo Nacional. Los Artículos 89, 96 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagran los principios que deben considerarse al momento en que representantes del Poder Ejecutivo Nacional negocian las respectivas convenciones colectivas de trabajo. El Artículo 89 señala que: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado...”, El Artículo 96 señala el derecho que tienen los trabajadores del sector público a la negociación colectiva del trabajo y el Artículo 141, enuncia los principios que rigen el ejercicio de la Función Pública; considerando estos principios se ha definido el desarrollo de mecanismos para dotar y fortalecer la capacidad de negociación de los representantes del Ejecutivo Nacional frente a una convención colectiva de trabajo.
    • 3.1.3.3 Desarrollar mecanismos para la concertación de políticas públicas con la sociedad organizada Incorporar en el proceso de formación de políticas públicas a los ciudadanos y a la sociedad organizada, garantiza un alto nivel de eficiencia de la gestión pública, porque compromete a los actores con las diferentes fases del proceso. Además es un deber del Estado y de la sociedad facilitar este proceso.
    • 3.1.3.4 Desarrollar mecanismos para la coordinación de formación de políticas públicas entre los niveles políticos territoriales. La coordinación de políticas públicas entre los niveles políticos territoriales es esencial para lograr los fines del Estado. Entonces, el ejercicio de las competencias que corresponde a cada uno de estos niveles políticos-territoriales (Municipal, Estadal y Nacional), debe garantizar los principios que consagran el Estado Federal en Venezuela: integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Por esta razón se hace necesario que los órganos que ejercen el Poder Público sean garantes de la dirección y consecución de los logros del Plan Nacional de Desarrollo.
    • 3.1.3.5 Desarrollar programas que promuevan la coordinación entre los poderes públicos nacionales En la actualidad hay problemas que no pueden ser solucionados o corregidos por una rama del Poder Público Nacional, por lo que se hace necesaria la coordinación, concertación y colaboración entre ellos. Éstos tienen carácter estructural, por lo que su solución no es en el corto plazo. En este sentido, se propone desarrollar programas que puedan tener impacto significativo en la ciudadanía, relacionado con problemas de índole nacional, y que requieran la coordinación entre poderes públicos nacionales, como programas de coordinación de seguridad ciudadana y programas orientados a combatir la corrupción.

3.2 Desarrollar el nuevo marco jurídico institucional[editar]

Para el logro de la vigencia plena del Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, es necesario completar y complementar el marco institucional adecuándolo al nuevo ordenamiento jurídico, para ello debe establecerse una estructura de incentivos que conduzca a los individuos y a las organizaciones a actuar dentro de él, contribuyendo así al logro de los fines esenciales del Estado.

El nuevo marco jurídico institucional se logrará a través de la transformación estructural del aparato del Estado. Para lo que se requiere el logro de los siguientes objetivos específicos: formar las yes de la nueva institucionalidad y construir el nuevo esquema institucional de funcionamiento de la Administración Pública.

  • 3.2.1 Formar las leyes de la nueva institucionalidad. Con la finalidad de adecuar y flexibilizar a las instituciones de la V República, es necesario la promulgación de un conjunto de leyes que contribuyan a completar y complementar la nueva institucionalidad, es decir, crear un marco jurídico actualizado de la Administración Pública, coherente con las bases orgánicas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este proceso de formación de leyes será posible a través de una adecuación progresiva de las leyes y reglamentos que desarrollarán las disposiciones constitucionales y una estructura de incentivos que conduzca a que los individuos y las organizaciones actúen dentro del marco jurídico institucional establecido. Para la formación de las leyes de la nueva institucionalidad es indispensable:
  • 3.2.2 Construir el nuevo esquema institucional de funcionamiento de la administración pública. Este nuevo esquema institucional incorporará una nueva filosofía de funcionamiento de la Administración Pública, que va a servir de catalizador de procesos para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos. En este marco será necesario adecuar la estructura organizativa de la Administración Pública; ajustar el marco que regula la Función Pública a las exigencias de la nueva institucionalidad, esto es valorar a través de mecanismos eficientes el desempeño de los funcionarios públicos y aprovechar de forma óptima el recurso humano disponible, y finalmente se prevé promover en los funcionarios de alto gobierno de la Administración Pública Nacional la importancia del liderazgo en la conducción de procesos. Igualmente se requiere:
    • 3.2.2.1 Desarrollar el nuevo mapa organizativo de la Administración Pública Nacional. Definir el mapa organizativo implicará fusionar, transformar, crear y/o eliminar organizaciones de la Administración Pública Nacional, con la intención de adecuar las instituciones al nuevo marco constitucional y legal.
    • 3.2.2.2 Desarrollar la Nueva Función Pública. El desarrollo de la nueva Función Pública permitirá transformar y modernizar la Administración Pública Nacional, a través de cambios en los sistemas de personal.
    • 3.2.2.3 Fortalecer la Capacidad Gerencial de los Funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Nacional. Crear instancias para fortalecer las competencias necesarias en el área de conducción y solución de problemas en los funcionarios de alto nivel a través de un proceso de formación y capacitación de los cuadros gerenciales.
  • 3.3 Contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica. Para hacer efectivo los fines del Estado establecidos en la Constitución, es necesario que los ciudadanos no sean sujetos pasivos sino protagonistas de su propio destino, así se garantiza que la acción de los Poderes Públicos esté a su servicio. La participación ciudadana en los asuntos públicos, potencia, redimensiona, hace efectiva la democracia y complementa el principio de participación. No obstante, a las disposiciones constitucionales, la participación está aún insuficientemente desarrollada, a pesar de que su construcción es vital para el funcionamiento adecuado de las instituciones de la V República. Mediante ella se reestablecerán las redes de relaciones entre el Estado y la sociedad, sobre la base de la participación protagónica de los ciudadanos y el ejercicio genuino de la democracia, lo que constituye una forma de control social de la Gestión Pública que evitará las posibles desviaciones en el ejercicio del poder por parte de los órganos que ejercen los Poderes Públicos.
    • 3.3.1 Propiciar y crear mecanismos e instancias para la participación ciudadana. Crear mecanismos e instancias para la Participación Ciudadana exige a los órganos y entes de la Administración Pública incorporar, en sus procesos, espacios para la interacción de los ciudadanos con el Estado, a los efectos de incrementar el nivel de gobernabilidad y otorgar a la ciudadanía su legítimo protagonismo en los procesos de formación de políticas públicas. El Estado y la sociedad deben generar condiciones para estimular la participación social organizada en los asuntos públicos y abrir espacios que permitan a los ciudadanos ejercer la corresponsabilidad en los asuntos públicos. A continuación se expone el alcance a un nivel más específico:
      • 3.3.1.1 Promover la creación de redes de participación ciudadana en la gestión pública. La materialización de la participación ciudadana en los asuntos públicos potencia, redimensiona, hace efectiva la democracia y complementa el principio de participación. En este sentido, se ha previsto desarrollar programas orientados a promover su participación como parte de una estrategia para mejorar la acción de las instituciones en la prestación de servicios públicos.
      • 3.3.1.2 Desarrollar mecanismos de seguimiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Los órganos y entes de la Administración Pública deben desarrollar mecanismos de seguimiento, a fin de evaluar el impacto de la participación ciudadana en los procesos de formación de políticas públicas. La validación de este proceso retroalimentará y fortalecerá esta nueva concepción, democrática y participativa, de la gestión pública.
    • 3.3.2 Construir el Estado federal descentralizado. De conformidad con el Artículo 4 de la Constitución: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado (...) y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.” El principio federal consagra la distribución territorial o vertical del Poder Público, la cooperación orienta a los órganos políticos territoriales a concurrir, colaborar e intervenir en los asuntos públicos con corresponsabilidad y solidaridad en el logro de los fines del Estado y la descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población. La construcción de este nuevo Estado Federal y Cooperativo se logrará a través del avance en los procesos de descentralización y transferencia de competencias, y con la actuación coherente y consistente entre los niveles de gobierno. A estos fines se requiere:
    • 3.3.3. Establecer sistemas de rendición de cuentas. El Sistema de Rendición de Cuentas como instrumento para que la ciudadanía evalúe la gestión pública, en función de los planes, objetivos y metas previamente definidos, facilita el proceso para mejorar la prestación de los servicios públicos. Este sistema contempla diversas modalidades de rendición de cuentas por parte de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo Nacional, así como de los funcionarios públicos que apoyan la gestión. El sistema incluye el diseño, la reglamentación respectiva y el proceso de implantación, de conformidad con las disposiciones constitucionales recogidas en el Proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública, a través de las siguientes políticas: promover los cambios institucionales en el interior de la Administración Pública que permitan la participación de la comunidad e Instituciones Públicas facultadas para dar respuestas a la participación ciudadana en la gestión pública.

ESTRATEGIAS[editar]

Participación protagónica corresponsable[editar]

Ahora bien, para lograr estos objetivo general y sub-objetivos es necesario:

  • Desarrollar la capacidad estratégica, de regulación y gestión del Estado, mediante el mejoramiento y homologación de planes y presupuestos públicos; el fortalecimiento de las capacidades de planificación en los Ministerios; la automatización e integración de los sistemas de evaluación de los planes; programas y proyectos; la incorporación de los ciudadanos y la sociedad organizada en los procesos de planificación.
  • Orientar una gestión pública por resultados, a través de la incorporación selectiva y gradual de los entes públicos al sistema nacional de evaluación por resultados; el impulso de una prestación de servicios de manera ágil y transparente; la adecuación de los marcos regulatorios para la prestación de servicios sociales básicos; el apoyo a los entes públicos para el diseño de los indicadores de desempeño; la racionalización del gasto administrativo y sustantivo; más y mejor atención a las demandas de los ciudadanos.
  • El aumento de la capacidad de negociación y concertación del Ejecutivo Nacional, por medio de la ampliación de los mecanismos institucionales de negociación del Ejecutivo Nacional; el mejoramiento de la coordinación entre los poderes públicos a nivel nacional e interterritorial; la creación marco institucional transparente para la negociación con los diferentes sectores y actores sociales.
  • El fortalecimiento del Estado de Derecho mediante: el impulso de una estructura de incentivos que conduzca a que los individuos y organizaciones actúen dentro del marco institucional establecido; la adecuación progresiva de las leyes y reglamentos a las nuevas disposiciones constitucionales.
  • La organización administrativa en forma ágil y transparente por medio de la transformación y racionalización del funcionamiento del sector público; la dignificación y profesionalización de la función pública; la modernización de la Administración Pública coordinada desde el más alto nivel; el posicionamiento de los Ministerios en la rectoría y coordinación de los entes adscritos; el otorgamiento a la gerencia pública de facultades para emprender reformas y mejoras en los servicios públicos.
  • Asegurar la participación ciudadana, a través: del estímulo a la participación social organizada y la creación de espacios institucionales para la participación ciudadana en la gestión pública.
  • La construcción del Estado Federal Descentralizado mediante: la profundización de los procesos de transferencia de competencias y la coherencia y consistencia entre los niveles de gobierno.
  • Establecer sistemas de rendición de cuentas mediante: la promoción de los cambios institucionales en el interior de la Administración Pública que permitan la participación de la comunidad; facultar a las instituciones para dar respuestas a la participación ciudadana en la gestión pública.

Equilibrio Territorial[editar]

OBJETIVO: Ocupar y consolidar el territorio[editar]

La política territorial estará dirigida a disminuir los desequilibrios territoriales, modificando el patrón de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad económica a lo largo del país en armonía con la vocación específica y ventajas comparativas de cada región, racionalizando los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos, e incentivando la inversión privada.

Sub - Objetivos[editar]

4.1. Aumentar las actividades productivas y la población en áreas de desconcentración[editar]

El propósito fundamental de la política territorial en el período 2001-2007 estará destinado a fortalecer la capacidad para fijar e incrementar la población y las actividades económicas en las áreas de desconcentración (ejes de desarrollo, regiones y zonas especiales de desarrollo sustentable). A tales fines se deben lograr condiciones que permitan a la población alcanzar un adecuado nivel de calidad de vida y evitar su desplazamiento hacia grandes centros urbanos.

4.2. Incrementar la superficie ocupada.[editar]

La agricultura es ampliamente reconocida como una actividad empleadora y descentralizadora en términos territoriales. De los 40 millones de hectáreas con vocación agrícola que existen en el país, actualmente se ocupa escasamente alrededor de un millón, mientras se importa una gran cantidad de productos agrícolas. El aumento de la superficie cultivada y la protección de las áreas con potencial agrícola son requerimientos para el desarrollo del país, en tanto garantes del abastecimiento de productos alimenticios para la población. Por lo tanto la diversificación productiva en sectores como agricultura y agroindustria, forestal, turismo, energía -entre otros- y la localización más racional de la actividad económica en las zonas de desconcentración con base al uso racional de los recursos naturales, la dotación de tierras e insumos para la producción y la infraestructura de apoyo a la misma, representan esfuerzos fundamentales para la ocupación y consolidación del territorio.

4.3. Mejorar la infraestructura física y social para todo el país[editar]

Ocupar y consolidar el territorio de forma más equilibrada demanda la articulación de los centros de producción, con los centros de consumo y los centros de exportación a nivel nacional, por lo que se requiere emprender esfuerzos para la dotación y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento urbano de los centros poblados, infraestructura necesaria para garantizar adecuadas condiciones de salud, educación y seguridad, los sistemas de vialidad y transporte multimodal, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, que permitan el disfrute de una calidad de vida acorde con las exigencias de la sociedad contemporánea. Para avanzar hacia el logro de los objetivos generales se requiere precisar un conjunto de objetivos más específicos, los cuales permitirán estructurar las acciones que conducirán al resultado deseado como lo es OCUPAR Y CONSOLIDAR EL TERRITORIO DE FORMA MÁS EQUILIBRADA.

Sub - Objetivos[editar]

4.1. Aumentar las actividades productivas y la población en áreas de desconcentración.[editar]

  • 4.1.1 Mejorar los servicios públicos y las condiciones ambientales en las áreas de desconcentración. El mejoramiento de los servicios de redes y de educación, salud, cultura, recreación y seguridad, así como el manejo y disposición final de desechos y el tratamiento de aguas servidas, contribuirán a elevar la calidad de vida de la población y a estimular la localización de las actividades productivas en las áreas de desconcentración.
    • 4.1.1.1. Mejorar las condiciones de salubridad ambiental, calidad de agua, manejo de desechos sólidos y tratamiento de aguas servidas.
    • 4.1.1.2. Armonizar los planes sectoriales de energía, agua y transporte para generar actividades productivas en los ejes de desconcentración.
  • 4.1.2 Establecer programas de desarrollo rural integral. En cuanto a los servicios y estímulos que se requieren para garantizar la seguridad alimentaria del país, la atención a los centros poblados del campo significará impulsar de forma definitiva la producción agrícola básica y la agroindustria, las cuales requieren el desarrollo de las cadenas productivas de los rubros bandera y estratégicos de forma competitiva, en coherencia con prácticas conservacionistas y con el diseño de formas organizativas que estimulen a los productores a asociarse en las diferentes actividades de la cadena. productiva.
    • 4.1.2.1. Mejorar las condiciones de la vivienda, la salud y la educación en centros poblados rurales.
    • 4.1.2.2. Incorporar programas de identidad cultural que refuercen el arraigo a las regiones de origen.
  • 4.1.3. Promover incentivos para la localización de actividades productivas y de población. El logro de un mayor crecimiento y desarrollo económico en las zonas de desconcentración, con base en las potencialidades y ventajas comparativas que ellas poseen, es uno de los soportes de la nueva política territorial. Con el propósito de desarrollar actividades productivas y generar empleo con fines desconcentradores, que contribuyen a asentar nueva población, se requiere establecer un programa de incentivos y subsidios que promueva las inversiones privadas. Dicho programa de incentivos y subsidios permitirá estimular a la pequeña y mediana empresa en diversos sectores de la producción de bienes y servicios, la cual contribuirá a activar el mercado inmediato, creando circuitos económicos que se cierran en las mismas regiones y generando una alta democratización del capital. Estará, también, contribuyendo al incremento del poder adquisitivo de la población. En síntesis, a elevar la calidad de vida en las zonas de desconcentración.
    • 4.1.3.1. Desarrollar programas de vivienda y producción para pobladores y nuevos pobladores de las zonas contenidas en poligonales urbanas de razonable densidad.
    • 4.1.3.2. Proveer condiciones especiales para el establecimiento de nuevas actividades productivas.
  • 4.1.4. Promover el establecimiento de zonas especiales de desarrollo. Teniendo presente el objetivo de Ocupar y Consolidar el Territorio, se promoverán áreas del territorio, cuya vocación y potencialidades naturales serán aprovechadas para localizar de forma sustentable actividades productivas, asentamientos humanos e infraestructura física y social, y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y a lograr un mayor equilibrio territorial.

4.2. Incrementar la superficie cultivada en las zonas de desconcentración.[editar]

  • 4.2.1. Racionalizar el uso de recursos naturales. Se aprovecharán de manera sustentable los recursos agua, suelos, energías primarias, y los recursos que se ubican en el espacio marítimo, entre otros, razón por la cual la recuperación, conservación y protección de las cuencas hidrográficas críticas es prioridad en los próximos años, así como el mantenimiento y preservación de los suelos de categoría I para la producción agrícola, los reservorios de aguas subterráneas y el uso de las energías primarias, como el carbón, bitumina, gas y agua, para la energización del país.
    • 4.2.1.1. Recuperar, conservar y proteger cuencas hidrográficas críticas.
    • 4.2.1.2. Mantener y preservar los suelos de categoría I para la producción agrícola.
  • 4.2.2. Dotar de tierras e insumos para la producción. La tierra constituye uno de los factores claves para impulsar el desarrollo productivo; por tanto, la aprobación e instrumentación de un marco legal que permita administrar este recurso en función del desarrollo sustentable del país se convertirá en requerimiento básico para aumentar la superficie ocupada. Este elemento servirá de estimulo a la producción de los rubros bandera y estratégicos del sector agrícola, sector forestal, turístico, minero y a la agregación de valor a través de la grande, pequeña y mediana industria.
  • 4.2.3 Incrementar la infraestructura de apoyo a la producción. El elevado riesgo y la baja rentabilidad de un medio rural que no cuenta con la infraestructura requerida ha originado el retraimiento de las actividades productivas y, particularmente, de la actividad agrícola. Para atender la producción de los rubros bandera y estratégicos del sector agrícola, se instrumentarán programas para la construcción, mantenimiento y optimización de los embalses y sistemas de riego, asimismo se prevé la construcción, reparación y mantenimiento de la vialidad agrícola, obras de saneamiento, electrificación, servicios de agua potable, aguas servidas, disposición final de desechos, almacenamiento y comercialización de productos. Esta infraestructura contribuirá a dinamizar los diferentes sectores, incrementando el empleo y mejorando las condiciones en el medio rural.
    • 4.2.3.1. Construir, mantener y optimizar embalses y sistemas de riego.
    • 4.2.3.2. Construir la red mallada de infraestructuras que dinamicen las actividades productivas.
  • 4.2.4 Promover actividades agrícolas, industriales, turísticas, mineras y energéticas. La vocación natural y las potencialidades que tiene cada zona de desconcentración constituyen aspectos fundamentales para convertir sus ventajas comparativas en ventajas competitivas; en este sentido se abordará -de manera integral- el desarrollo de las cadenas productivas de los rubros establecidos como prioritarios en los sectores de la agricultura, minería, turismo y energía, entre otros, avanzando de esta manera en la diversificación productiva de la economía.. La promoción de estas actividades debe considerar los aspectos que han sido establecidos en el equilibrio económico

4.3. Mejorar la infraestructura física y social para todo el país[editar]

  • 4.3.1. Incrementar el equipamiento de centros poblados, racionalizando el ordenamiento urbano A los fines de consolidar un sistema de ciudades en el ámbito nacional, adecuado al desarrollo de los ejes de desconcentración, se mejorarán las condiciones de vida de los centros poblados, por medio de la recuperación, mantenimiento y construcción de infraestructura de equipamiento y de servicios necesarios para garantizar a su población el acceso a los diferentes bienes y servicios básicos, como son: educación, salud, cultura, recreación, deportes, vivienda, agua potable, tratamiento de aguas servidas, manejo y disposición final de desechos, transporte, vialidad urbana etc. Este equipamiento e infraestructura se realizará en función de los Planes de Desarrollo Sustentable de los diferentes centros poblados, los cuales deben expresar la función que cumplirá cada ciudad dentro del proceso de desarrollo del país.
    • 4.3.1.1. Incrementar y mejorar la dotación de infraestructura y servicios básicos en centros poblados.
    • 4.3.1.2. Construir o mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.
    • 4.3.1.3. Recuperar, mejorar y conservar el equipamiento de centros poblados.
  • 4.3.2. Mejorar la vialidad y el transporte multimodal La vialidad y el transporte son elementos esencialmente ordenadores del territorio. A los fines de la estrategia territorial, es importante garantizar un sistema vial que permita la conexión entre los diferentes centros poblados. Por su parte, el sistema multimodal de transporte integrará el territorio nacional, horizontal y verticalmente, uniendo eficientemente las fuentes de materia prima, los centros de producción, los centros de consumo y centros de comercialización. En este sentido se avanzará en la recuperación, mantenimiento y construcción de la vialidad urbana, interurbana y rural en coherencia con el desarrollo de los modos de transporte aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario.
    • 4.3.2.1. Construir, recuperar y mejorar la vialidad urbana, privilegiando el transporte masivo superficial.
    • 4.3.2.2. Desarrollar un sistema multimodal de transporte, privilegiando las actividades productivas y estimulando los ejes de desarrollo.
    • 4.3.2.3. Consolidad y mejorar la vialidad rural.
  • 4.3.3. Mejorar y construir sistemas de información y comunicación. A objeto de avanzar en el desarrollo integral del país, se contempla la promoción de servicios de telecomunicaciones en los centros poblados urbanos y rurales. Esto significará la prestación de servicios de teléfonos, fax, radio, televisión, internet, etc. los cuales permitirán manejar información actualizada y a mejorar en tiempo real las comunicaciones entre los diversos centros poblados del país y el resto del mundo, contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad de las actividades productivas y la calidad de vida de la población.
    • 4.3.3.1. Promover el establecimiento y mejorar los servicios de información y telecomunicaciones en las zonas urbanas y rurales.
    • 4.3.3.2. Mejorar la calidad y cobertura de los sistemas de telecomunicaciones existentes.
  • 4.3.4. Construir sistemas de generación, transmisión y distribución de energía. Actualmente, el 70% de la energía consumida es producida por hidroelectricidad. El desarrollo económico y social del país requiere contar con fuentes sustentables de energía, por lo que se prevé diversificar los sistemas de generación utilizando recursos como carbón, bitúmina, gas, entre otros; al mismo tiempo, se culminarán las centrales hidroeléctricas previstas y se recuperarán los sistemas de generación termoeléctrica y de transmisión y distribución que existen actualmente y presentan un gran deterioro. El desarrollo de la industria gasífera, como estrategia nacional, constituirá una fuente confiable de energía para apalancar el desarrollo del país. A los fines del logro de los objetivos señalados se actuará coherentemente en cada una de las siguientes materias:
    • Articulación del territorio nacional a través de los ejes de desconcentración Occidental, Orinoco-Apure y Oriental.
    • Desarrollo y fortalecimiento, en los ejes y en las regiones (Oriente, Centro, Centro Occidente, Occidente, Llanos y Guayana), de un sistema de ciudades relacionadas entre sí y con el resto del país.
    • Impulso, a través de planes integrales, al desarrollo de zonas especiales, a fin de aprovechar sus recursos para la expansión productiva y la generación de empleo con fines desconcentradores.
    • Promoción del desarrollo de los sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas (SARAOS) como espacios del territorio orientados al desarrollo rural integrado, organizados para la participación autogestionaria de diferentes actores, creando relaciones a través de la cadena de producción agroindustrial con el fin de mejorar la calidad de vida.
    • Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y equipamiento urbano de apoyo al sistema de ciudades que contribuya a elevar la calidad de vida de la población y a crear condiciones favorables a la inversión privada.
    • Establecimiento de un programa de capacitación de recursos humanos, atendiendo a las especificidades de cada región.
    • Establecimiento de un programa de incentivos para promover las inversiones en los ejes de desarrollo.
    • Impulso -a través de la cogestión- al desarrollo de los servicios públicos, como elementos que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población asentada y por asentarse en el sistema de ciudades a consolidar en los ejes de desarrollo.
    • Establecimiento -dentro del marco del desarrollo sustentable- de programas dirigidos a la conservación, defensa, mejora y aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en los ejes de desarrollo.
    • Incentivo a la participación de la sociedad civil organizada en el control de la gestión ambiental.
    • Establecimiento de criterios de sostenibilidad que permitan evaluar -de forma oportuna y con calidad- los planes, proyectos y programas orientados al desarrollo económico y social en los ejes de desarrollo.
    • Impulso a la adecuación y modernización de los organismos de la administración pública central y descentralizada, con base en las exigencias del modelo de desarrollo sostenible que requiere el país.
    • Formulación e instrumentación de un plan de fortalecimiento institucional que contribuya a desarrollar las competencias de los gobiernos estadales y municipales ubicados en los ejes de desarrollo.
    • Formulación e instrumentación de un proceso de descentralización que permita la participación activa y corresponsable de la sociedad organizada en la toma de decisiones.
    • Instrumentación de mecanismos para la coordinación y seguimiento de los planes, programas y proyectos a ejecutarse en los ejes de desarrollo entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal).
    • Establecimiento de lineamientos y acuerdos para la integración y seguridad del país con los países vecinos que conforman las fachadas de integración Caribeña, Andina y Amazónica, y con el resto del mundo.
    • Diseño y ejecución de planes de desarrollo sostenible en las ciudades fronterizas ubicadas en los ejes de desarrollo, que permitan el intercambio económico, cultural y social con los países vecinos, en igualdad de condiciones.

ESTRATEGIAS[editar]

El Equilibrio Territorial se orientará a desarrollar un modelo de ocupación del territorio mediante la estrategia de descentralización desconcentrada, a partir del potencial y las restricciones ambientales y culturales del mismo.

Descentralización desconcentrada[editar]

En el marco de la estrategia desconcentradora, cuando se hace referencia al estilo de desarrollo se quiere expresar que el modelo territorial es -sobre todo- el que condiciona enormemente el modo de vida de las personas, la calidad de vida, la cohesión social y también el impacto ambiental. Por eso, la geografía siempre ha jugado un rol importante en el desarrollo de los países.

En la actualidad, a nivel mundial se está produciendo una nueva versión de la dualidad socio-espacial, con un alcance y significado global, cuya expresión es un mosaico de lugares o zonas altamente individualizadas. Estas zonas se conocen con el término genérico de región[1].

Desde el punto de vista del interés nacional, esta noción de región se relaciona, interna y externamente, con varios niveles geográficos:

  • Mundial: constituido por una red de actividades económicas: finanzas, comercio, inversión extranjera directa, corporaciones transnacionales, entre otras.
  • Binacional y multinacional: representado por bloques de integración tales como la Comunidad Europea, el Grupo de los Tres, NAFTA, CARICOM, Pacto Andino y MERCOSUR, entre otros.
  • Nacional: determinado por el Estado Soberano.
  • Regional: emergente o reemergente; constituye una articulación de la economía y la política.
  • Local: constituido por los estados y municipios. Es, en esta porción del territorio y en su gente, donde se manifestarán, en última instancia, los beneficios del desarrollo.

En síntesis, la nueva visión del desarrollo territorial que se presenta está dirigida a promover, por vía de la descentralización desconcentrada, un desarrollo humano sostenible -es decir, un mejoramiento de la distribución territorial del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades de cada región- que se exprese, espacialmente, en una ocupación racional, armónica y eficiente del territorio para lograr una distribución equilibrada de las actividades productivas, las inversiones para las generaciones actual y futura y un verdadero desarrollo institucional, a fin de avanzar hacia una sociedad democrática.

Sobre la base de las condiciones geográficas, económicas, culturales y ambientales existentes, la estrategia del Gobierno Nacional, en el orden territorial, se apoya en los siguientes elementos:

  • Fachadas de integración: Amazónica, Andina y Caribeña, que permitirán favorecer tanto el desarrollo de las regiones fronterizas como la comunicación con los países vecinos, a través de la integración de los grandes ejes fluviales y del transporte ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo.
  • Ejes de desconcentración: Occidental, Orinoco-Apure y Oriental, que conforman regiones programa cuyos recursos presupuestarios serán dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura y al mejoramiento de los servicios públicos en los centros poblados ubicados a lo largo de cada uno, a los efectos de generar condiciones favorables a la inversión privada.
  • Dinámica regional: que privilegiará las actividades productivas de acuerdo a la vocación y potencial propios de cada región, tomando en consideración los sectores definidos como dinamizadores, es decir, pequeña y mediana industria, agricultura y agroindustria, minería, petróleo y petroquímica, turismo, e infraestructura y servicios.

Para la implementación de la estrategia territorial, a fin de orientar la actividad de planificación en los ámbitos que sobrepasan las competencias de los gobiernos estadales y municipales y de coordinar y compatibilizar los requerimientos de los diferentes estados y municipios con los de la Nación, se reactivaron los organismos regionales de desarrollo, es decir, las Corporaciones de Desarrollo de la Región Central, CORPOCENTRO, de la Región Los Andes, CORPOANDES, de la Región Zuliana, CORPOZULIA, de la Región de Los Llanos, CORPOLLANOS, de la Región Guayana, CVG, y la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental, FUDECO; la Región Oriental quedó bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Planificación y Desarrollo, debido a que CORPORIENTE se encuentra en proceso de liquidación.

A los efectos de la estrategia territorial, en conocimiento de que existen diferencias con la regionalización establecida en el instrumento legal actualmente vigente en la materia, el Decreto No 478 del 08-01-80, las regiones se agruparon sobre criterios fundamentalmente funcionales (flujos económicos, recursos naturales, formaciones geográficas determinantes -como cuencas hídricas- lazos culturales o étnicos, entre otros), tal como se señala a continuación:

  • Región Central (Aragua, Miranda, Carabobo, Vargas y Distrito Capital)
  • Región Centro Occidental (Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy)
  • Región Occidental (Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia)
  • Región de Los Llanos (Apure, Barinas y Guárico)
  • Región Guayana (Amazonas y Bolívar)
  • Región Oriental (Anzoátegui Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre)

La estrategia de descentralización desconcentrada se orientará a ocupar y consolidar el territorio venezolano mediante un desarrollo más equilibrado, que genere -en unos casos- y potencie -en otros- una dinámica poblacional y económica favorable a una ocupación territorial más racional y eficiente.

A tales fines, será preciso adelantar un conjunto de estrategias, políticas y medidas para cada uno de los objetivos generales descritos.

4.1.Creación de zonas especiales de desarrollo sustentable (ZEDES) en áreas con gran potencial[editar]

Esta estrategia central, definida a los fines de AUMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA POBLACIÓN EN AREAS DE DESCONCENTRACIÓN, permitirá corregir los desequilibrios territoriales poniendo énfasis en la localización de actividades económicas, asentamientos humanos y el desarrollo de infraestructura en nuevas áreas, aprovechando el potencial de los recursos existentes, para obtener progresivamente una ocupación territorial más racional y eficiente, una distribución del empleo y el ingreso más equitativa y un mayor bienestar social para todos.

Para adelantar la creación de esas Zonas Especiales se requiere un conjunto de POLÍTICAS y MEDIDAS que contribuirán a enmarcar los planes, programas y proyectos de forma tal que respondan al propósito general.

  • 4.1.1. Crear Zonas Especiales de Desarrollo Económico Sustentable (ZEDES) con gran potencial.
    • 4.1.1.1. Se establecerán los Ejes de Desarrollo Orinoco-Apure, Occidental y Oriental como zonas de desconcentración de la política territorial que darán lugar a una nueva ordenación del territorio y a la difusión productiva en sus zonas más idóneas, con el objeto de fijar el mayor volumen de población a la cual se garantice unas dignas condiciones de vida.
    • 4.1.1.2. Se desarrollarán Zonas Económicas Especiales bajo criterios de territorialidad, potencialidad de recursos, economía deprimida y baja concentración poblacional. Este programa se iniciará con las zonas de Barlovento, Sur de Aragua-Norte de Guárico, Sur del Lago de Maracaibo y Guajira Venezolana, Maripa-La Tigrera-Guarataro, Puente Páez-Puerto Nutrias, Mesa de Guanipa, Sur Cojedes-Portuguesa y Dependencias Federales, así como cualquiera otra que comparta similares características.
    • 4.1.1.3. Se constituirán Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas, SARAOS, como áreas organizadas para coadyuvar al desarrollo rural integrado, orientadas hacia la creación de asociaciones solidarias para la autogestión, el fomento de la cadena de producción agroindustrial y la creación de la red institucional para impulsar los proyectos dinamizadores.
    • 4.1.1.4. Se crearán espacios fronterizos (terrestres, marítimos, fluviales) que serán objeto de un proceso de integración dentro del mismo contexto nacional, a partir de realidades diferenciadas que se caracterizan por determinados potenciales y restricciones, formas de organización social y representaciones culturales.
  • 4.1.2. Establecer el marco legal para crear las ZEDES (crear, revisar y actualizar). Se elaborará el marco legal que permita gerenciar el desarrollo sustentable de las ZEDES, cuya acción inmediata será la revisión, actualización y consolidación de los instrumentos jurídicos necesarios para regular la especificidad del desarrollo en cada una de las diferentes zonas especiales.
    • 4.1.2.1. Se revisará y adecuará el marco jurídico nacional (Plan Nacional de Ordenación del Territorio, PNOT, Ley Orgánica para la ordenación del territorio, Ley de suelos y agua)
    • 4.1.2.2. Se creará el marco legal y decretos.
    • 4.1.2.3. Se definirá el marco institucional de gestión de las ZEDES.
  • 4.1.3. Fortalecer la capacidad de gestión de las instancias de gobierno territorial para el desarrollo sustentable y armónico de las ZEDES.
    • 4.1.3.1. Se fortalecerá la capacidad de gestión de las instancias de gobierno territorial para el desarrollo sustentable y armónico de las ZEDES, para lo cual se adelantarán programas de asistencia técnica en materia de planificación, gestión, seguimiento y control en las áreas social, económica, política, administrativa, territorial e institucional. Instrumentación de programas dirigidos a incrementar la generación de recursos propios que les permita fortalecer sus finanzas y la coordinación entre los niveles de gobierno, así como sistemas estadísticos y la operación de bases de datos que alimenten los procesos de planificación y toma de decisiones.
    • 4.1.3.2. Se fomentará y consolidará el régimen de coordinación institucional para el desarrollo de áreas fronterizas.
    • 4.1.3.3. Se adecuarán, progresivamente, las estructuras de los entes de la administración pública a las nuevas responsabilidades que demanda la estrategia de descentralización desconcentrada.
  • 4.1.4. Elaborar planes integrales de desarrollo de las ZEDES, dentro del marco de la política nacional de desarrollo regional y los planes sectoriales nacionales.
    • 4.1.4.1. Se elaborarán los planes para los tres Ejes de Desarrollo.
    • 4.1.4.2. Se elaborarán los planes de las Zonas Económicas Especiales
    • 4.1.4.3. Se elaborarán los planes para las zonas de desarrollo fronterizo.
    • 4.1.4.4. Se racionalizará el crecimiento urbano en áreas de desconcentración.
    • 4.1.4.5. Se elaborarán estudios de base para sustentar los proyectos de inversión.
  • 4.1.5. Establecer incentivos asociados a los planes respectivos para impulsar el desarrollo de las ZEDES.
    • 4.1.5.1. Se crearán incentivos fiscales especiales.
    • 4.1.5.2. Se adelantarán programas de dotación de tierras e insumos para la producción.
    • 4.1.5.3. Se implantará un régimen de tarifas de servicios públicos subsidiadas.
    • 4.1.5.4. Se darán facilidades de financiamiento.
    • 4.1.5.5. Se crearán microempresas, cooperativas y pequeñas empresas que fortalezcan las asociaciones solidarias básicas de la comunidad para la autogestión, en las áreas metalmecánica, forestal, minera, agrícola y turística, y organicen la sociedad civil en el medio rural a través de la diversificación de su actividad productiva.
  • 4.1.6. Rescatar, mejorar, conservar e incrementar la infraestructura y los servicios que permitan generar condiciones favorables para la inversión productiva pública y privada y el establecimiento de la población en las ZEDES.
    • 4.1.6.1. Para generar condiciones favorables a la inversión, se mejorarán los servicios públicos de los centros poblados ubicados en los ejes de desconcentración, mediante la realización obras de infraestructura que contribuyan a un mayor bienestar y a elevar la calidad de vida de la población (vivienda y servicios conexos, equipamiento y dotación de servicios de educación, salud, recreación y deporte, cultura, electrificación y comunicaciones).
    • 4.1.6.2. Se dotarán las ZEDES de la infraestructura de apoyo a la producción (vialidad, electrificación, comunicaciones, sistemas de riego, embalses, entre otros), que permita aprovechar y mejorar su potencial de desarrollo.
    • 4.1.6.3. Se construirán obras y se dotará de servicios que permitan la recuperación, conservación y manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales e incluyan la operación y mantenimiento de obras hidráulicas, el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras para el control de inundaciones y de la erosión; así como la conservación de lechos de ríos, estabilización de los cauces y la ejecución de proyectos de saneamiento del recurso agua.
  • 4.1.7. Promoción del desarrollo rural integrado. Se atenderá, prioritariamente, la producción agrícola primaria y agroindustrial, con énfasis en las prácticas conservacionistas y en la reactivación, transformación y dinamización de las cadenas agroproductivas que propicien la competitividad, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del medio rural.
    • 4.1.7.1. Se impulsará la economía integral asociativa.
      • Se promoverá la participación de la población organizada en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas socioeconómicos.
      • Se dará apoyo a los medianos y pequeños productores, a través de la instrumentación de la asistencia integral, para fortalecer sus capacidades agroproductivas.
      • Se fortalecerán las asociaciones solidarias básicas de la comunidad, para la autogestión.
      • Se construirá la red institucional para abordar las acciones físicas, ambientales, políticas, jurídicas, económicas, culturales y sociales.
      • Se creará la cadena de producción agroindustrial que constituye la base económica de las áreas de desconcentración.
      • Se establecerán fuentes de financiamiento que garanticen el acceso al crédito agrícola.
      • Se organizará la sociedad civil en el medio rural a través de la diversificación de su actividad productiva.
4.2. Creación de condiciones para el desarrollo productivo diversificado[editar]

Esta estrategia se orienta al logro del objetivo dirigido a INCREMENTAR LA SUPERFICIE OCUPADA. Su instrumentación requiere un conjunto de POLÍTICAS y MEDIDAS, las cuales permitirán orientar planes, programas y proyectos, y avanzar hacia mayores niveles de concreción que contribuirán al logro del objetivo.

  • 4.2.1. Establecimiento del marco legal que defina los diversos aspectos contemplados en la estrategia de descentralización desconcentrada.
    • 4.2.1.1. Se promulgará la Ley de Uso de la Tierra y Desarrollo Rural, y su reglamento.
    • 4.2.1.2. Se revisará la Ley de Ordenación del Territorio.
    • 4.2.1.3. Se revisará la Ley Forestal, Suelos y Aguas.
    • 4.2.1.4. Se promulgará la Ley de Aguas y su reglamento.
    • 4.2.1.5. Se elaborará la reglamentación de explotación minera en función de la protección ambiental
    • 4.2.1.6. Se actualizará la Ley Penal del Ambiente
  • 4.2.2. Regularización de la tenencia de la tierra en función del desarrollo sustentable del país.
    • 4.2.2.1. Actualización del catastro. Las medidas para maximizar del uso de la tierra estarán dirigidas a la actualización del catastro rural, el monitoreo de la producción, definición de metodologías para el cobro impositivo del uso de la tierra tomando en cuenta la capacidad de producción de los propietarios, extensión de las tierras, potencial de las tierras, servicios a la producción, factor climático, tiempo de uso inadecuado de la tierra, series históricas de promoción de rubros a nivel de municipios, a los fines de determinar la eficiencia de los productores, entre otras.
    • 4.2.2.2. Regularización de la tenencia de la tierra. La regularización de la tenencia de la tierra incluirá medidas como el acondicionamiento legal y físico de las tierras, actualización del catastro, zonificación agrícola, identificación de sistemas de producción, estudios socioeconómicos de la población a beneficiar, determinación de la extensión de las propiedades en función de las potencialidades del medio físico, rentabilidad de las propiedades y tamaño de las familias, así como del proceso a seguir para la adjudicación de las tierras.
  • 4.2.3. Líneas de investigación en el uso y manejo de los recursos naturales.
    • 4.2.3.1. Para la promoción de la investigación se incorporarán las universidades en el proceso investigativo, y se creará y fortalecerá la infraestructura necesaria para el desarrollo de tal actividad, incluyendo la dotación de insumos, personal y financiamiento. Igualmente, se crearán centros de información interconectados con redes mundiales de investigación en materia agrícola y agroindustrial que faciliten los estudios de mercado interno y externo. Es necesario que la investigación a realizar esté enfocada al uso, aprovechamiento y conservación, con fines económicos, de los recursos naturales, a la sustitución de productos importados, introducción de nuevas especies, nuevas tecnologías, estudios de mercado interno y externo, manejo de productos y sub productos para la comercialización, biotecnología y controles biológicos, así como a estudios estratégicos para la explotación de recursos mineros y protección del medio ambiente.
  • 4.2.4. Promoción de actividades productivas prioritarias.
    • 4.2.4.1. Agrícola y forestal. Para impulsar el sector agroindustrial forestal se crearán aportes financieros para la realización de estudios de preinversión, la ampliación de capacidades productivas e innovación tecnológica y estudios de mercado. Por otra parte se desarrollarán los planes forestal y agroindustrial, que incluirán asesorías sobre los procesos de gestión para la construcción, instalación, procesamiento y mercadeo, financiamiento para la pequeña y mediana industria a los fines de su construcción y puesta en marcha, organización de los productores para la producción con fines agroindustriales, construcción de parques industriales, normatización de la producción con fines de exportación (control de calidad). En este orden de ideas, se comercializarán los productos estableciendo una política de precios que privilegie las nuevas áreas a consolidar y tomando en cuenta las necesidades de apertura del mercado nacional. Para ello, se aplicarán medidas dirigidas a la construcción de infraestructura para recepción y almacenamiento de productos (silos, centros de acopio, almacenes, etc), manejo arancelario ágil en función de los precios de mercado, establecimiento de tarifas especiales para el transporte de productos, creación de la “bolsa agrícola”, y organización de los productores para la definición de las metas de producción y precio, conjuntamente con la agroindustria.
    • 4.2.4.2. Industrial. Como apoyo al sector industrial se rehabilitará la infraestructura de parques industriales, se implementarán los Planes Nacionales de desarrollo forestal y del hierro y el acero, el Programa Nacional de Capacitación a la PYME, el programa de reactivación económica de empresas, el Proyecto Araya Macuro, y se dará continuidad a los programas de nuevos emprendedores y de cadenas productivas. Asimismo, se requerirá el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Industrial y del Instituto Nacional de Desarrollo Industrial, y la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Garantías Recíprocas, entre otras medidas.
    • 4.2.4.3. Turismo
    • 4.2.4.4. Energía.
    • 4.2.4.5. Minería.
  • 4.2.5. Promoción de rubros bandera y estratégicos. Para estimular los rubros bandera y estratégicos, se realizará una zonificación agrícola y forestal, se elaborarán planes de desarrollo de los rubros bandera y estratégicos bajo criterios de máxima eficiencia de los factores de producción, apertura de mercado y diversificación de los patrones de consumo, y se priorizarán los recursos de la cartera agrícola hacia las nuevas áreas a ocupar. En el área forestal, se completará el Plan Forestal Nacional, creando incentivos y reembolsos e implementando el manejo comunitario de los bosques.
    • 4.2.5.1. Se impulsará el desarrollo de rubros bandera: palma africana, arroz, caña de azúcar, cacao, café, ganadería de doble propósito, pesca y acuicultura.
    • 4.2.5.2. Se impulsará el desarrollo de rubros estratégicos: algodón, maíz blanco, sorgo, granos leguminosos, raíces y tubérculos, hortalizas y musáceas.
  • 4.2.6. Protección y conservación del ambiente.
    • 4.2.6.1. Cuencas hidrográficas. Las medidas fundamentales para la protección y conservación de cuencas hidrográficas y acuíferos serán la ordenación territorial de las cuencas, la declaración de zonas protectoras, reservas hidráulicas, correcta ubicación de áreas de disposición de desechos, aplicación de criterios de racionalización de actividades en función del potencial de las áreas, educación ambiental (técnicas de conservación), extensión agrícola y asistencia técnica, control y seguimiento de la calidad de las aguas, especialmente por el uso de agroquímicos y desechos.
    • 4.2.6.2. Suelos. En lo que respecta al suelo, las medidas estarán dirigidas a la investigación relacionada con su manejo, zonificación de cultivos, aplicación de técnicas de conservación de suelos (cultivos en curva de nivel, mínima labranza, rotación de cultivos), saneamiento de tierras, extensión agrícola y asistencia técnica.
  • 4.2.7. Diversificación de fuentes energéticas primarias
    • 4.2.7.1. Carbón.
    • 4.2.7.2. Derivados de petróleo pesado.
    • 4.2.7.3. Gas.
    • 4.2.7.4. Agua.
  • 4.2.8. Construcción, ampliación, reparación y mantenimiento de infraestructura. En relación con el aprovisionamiento de agua para actividades productivas y consumo, las medidas a tomar serán, en primer término, la evaluación de la oferta y la demanda de agua, con participación regional y local. Igualmente, el diseño y construcción de las obras de infraestructura (embalses, sistemas de riego, acueductos, pozos, etc), sobre las cuales se tendrá control, seguimiento y mantenimiento. Otro de los aspectos fundamentales será la organización de los usuarios o constitución de empresas de servicio para la administración y mantenimiento parcial de las obras.
    • 4.2.8.1. Infraestructura básica:
      • servicios públicos (agua potable, aguas servidas, electrificación, etc.)
      • infraestructura social (escuelas, centros de salud, etc.)
    • 4.2.8.2. De apoyo a la producción:
      • vialidad agrícola
      • embalses y sistemas de riego
      • obras de saneamiento
      • almacenamiento, comercialización, electrificación
  • 4.2.9. Fortalecimiento de la comunidad productiva.
    • 4.2.9.1. Asistencia técnica.
    • 4.2.9.2. Extensión y capacitación.
    • 4.2.9.3. Financiamiento (insumos, maquinaria y equipos)
    • 4.2.9.4. Organización comunal.
    • 4.2.9.5. Organización de productores para la conformación
  • 4.2.10. Seguridad
    • 4.2.10.1. Seguridad ciudadana.
    • 4.2.10.2. Seguridad a la producción. Para la preservación de la producción en caso de siniestros, se adoptarán medidas tales como seguro agrícola, refinanciamiento, promoción de servicios de vigilancia reconocidos por el Estado y fortalecimiento de los teatros de operaciones.
    • 4.2.10.3. Seguridad al medio ambiente.
  • 4.2.11. Promoción de actividades productivas en comunidades indígenas. Para fortalecer las comunidades indígenas como elemento fundamental para la consolidación y ocupación del territorio, se elaborarán planes específicos por comunidades acordes a sus características etnoculturales; asimismo, se definirán las áreas ocupadas por estas comunidades, articulando los planes de desarrollo del gobierno nacional y las necesidades propias de cada etnia en particular; se crearán centros de atención adecuados a cada necesidad, a los fines de gestión de su desarrollo (educación, salud, seguridad); se realizará investigación sobre los usos-costumbres indígenas con miras a la diversificación de la producción, introducción de nuevas tecnologías adaptadas a su ambiente y nivel de desarrollo; control y seguimiento de las actividades desarrolladas por organismos internacionales en áreas indígenas.
  • 4.2.12. Elaboración de planes
    • 4.2.12.1. Se elaborará el plan forestal.
    • 4.2.12.2. Se elaborará el plan turístico.
    • 4.2.12.3. Se elaborará el plan minero.
    • 4.2.12.4. Se elaborará el plan de desarrollo agrícola y agroindustrial.
    • 4.2.12.5. Se elaborarán los planes sectoriales de rubros agrícolas bandera y estratégicos.
    • 4.2.12.6. Se elaborarán los planes del hierro, el acero y el aluminio.
    • 4.2.12.7. Se elaborarán los planes sociales: salud, educación, vivienda y servicios.
4.3. Desarrollo territorial equilibrado en todo el ámbito nacional.[editar]

Esta estrategia para el objetivo de MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL, está dirigida a lograr el crecimiento y desarrollo de los diferentes espacios en función de sus recursos, potencialidades y vocaciones, dentro de un sistema de ciudades que sirva de apoyo al proceso de desarrollo económico y contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

La búsqueda de ese desarrollo territorial equilibrado en todo el ámbito nacional requiere, también, de un conjunto de POLÍTICAS y MEDIDAS que sirvan de orientación a los planes, proyectos y programas dirigidos al logro del objetivo general.

  • 4.3.1. Establecimiento del marco legal correspondiente que permita afianzar la nueva política territorial de descentralización desconcentrada. del Gobierno Nacional. Se elaborarán, revisarán, actualizarán y/o sancionarán, según sea el caso, las siguientes leyes que permitirán, entre otras, afianzar la política territorial:
    • 4.3.1.1. Ley de Ordenación del Territorio.
    • 4.3.1.2. Ley de Planificación.
    • 4.3.1.3. Ley Orgánica y Ley Penal del Ambiente.
    • 4.3.1.4. Ley de Gestión y Mitigación de riesgos.
    • 4.3.1.5. Ley de Ordenación Urbanística.
    • 4.3.1.6. Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del poder público.
  • 4.3.2. Elaboración de planes. Se elaborarán los planes requeridos para establecer las pautas que contribuirán al logro del desarrollo territorial equilibrado
    • 4.3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo Regional y Planes regionales de desarrollo.
    • 4.3.2.2. Plan Nacional de Ordenación del Territorio y Planes estadales de Ordenación del Territorio.
    • 4.3.2.3. Planes de Ordenación Urbanística y Planes de desarrollo urbano local.
    • 4.3.2.4. Planes de sectores estratégicos (hierro, acero, aluminio, forestal, turismo, etc)
    • 4.3.2.5. Plan Nacional de Mitigación de riesgos.
  • 4.3.3. Consolidación de un sistema de ciudades en el ámbito nacional, adecuado a la estrategia de ocupación territorial. Se consolidará un sistema de ciudades en el cual se definan las vocaciones y jerarquías de los principales centros poblados del país en correspondencia con la nueva estrategia territorial de descentralización desconcentrada.
    • 4.3.3.1. Ocupación eficiente de las áreas urbanizadas. Se consolidará el eje centro norte costero y, dentro de él, se fortalecerá el Área Metropolitana de Caracas como centro de negocios nacional e internacional, prestatario de servicios altamente especializados y asiento de las principales actividades político administrativas, económicas y financieras, acompañado de medidas que tiendan a limitar el crecimiento incontrolado de los diferentes centros poblados. Se fortalecerán los centros regionales (Barcelona-Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Maracay, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal y Maracaibo) como prestatarios de servicios altamente especializados, atractivos a la inversión pública y privada. Se fortalecerán los centros subregionales de primer orden (Valle de la Pascua, El Tigre-San José de Guanipa, Porlamar-Pampatar-La Asunción, Carúpano, Cumaná, Maturín, Tucupita, Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho, San Fernando de Apure, Calabozo, San Juan de los Morros, Puerto Cabello-Morón, San Carlos, San Felipe, Acarigua-Araure, Guanare, Guasdualito, El Vigía, Mérida, Valera-Trujillo, Ciudad Ojeda-Cabimas, Coro-La Vela, Punto Fijo-Los Taques, Machiques) como prestatarios de servicios especializados, asiento de las principales actividades político administrativas y económicas a nivel subregional y/o estadal, y líderes de sus espacios geográficos y económicos, según sus vocaciones locales.
    • 4.3.3.2. Fortalecimiento del eje San Cristóbal-Tucupita.
    • 4.3.3.3. Consolidación de centros fronterizos e indígenas Se consolidarán áreas y centros poblados fronterizos así como comunidades indígenas, y se integrarán al desarrollo nacional, reafirmando la seguridad de las personas y bienes de las poblaciones fronterizas y protegiendo y manteniendo las especificidades sociales, culturales y económicas de las comunidades indígenas.
  • 4.3.4. Recuperación, mejoras y construcción de la infraestructura básica y de servicios, así como dotación y equipamiento de la misma, de manera equitativa tanto el ámbito urbano como en el rural.
    • 4.3.4.1. Vivienda y servicios conexos: salud, educación, recreación y deporte.
    • 4.3.4.2. Servicios de redes: agua potable y cloacas y alcantarillado que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros poblados de ámbito urbano y de ámbito rural.
    • 4.3.4.3. Vialidad terrestre, fluvial y ferroviaria.
    • 4.3.4.4. Vialidad portuaria y aeroportuaria. Para articular el territorio, se implementarán programas de recuperación, mejoramiento, construcción y/o ampliación de la vialidad terrestre, fluvial y ferroviaria, así como la infraestructura portuaria y aeroportuaria; paralelamente, se establecerá un sistema multimodal de transporte, para conectar eficientemente las fuentes de materia prima con los centros de producción, los centros de consumo y los puertos de exportación, y permitir la articulación del país y su integración a los países vecinos a través de las fachadas andina, amazónica y caribeña.
    • 4.3.4.5. Telecomunicaciones
      • Se mejorará la calidad y cobertura de los sistemas de telecomunicaciones existentes y se promoverá el establecimiento del servicio en zonas urbanas y rurales deficitarias.
    • 4.3.4.6. Energía.
      • Se mejorarán los sistemas de transmisión y distribución de energía para prestar un servicio de calidad.
      • Se aumentará la capacidad de generación de electricidad en las zonas deficitarias del país, utilizando las distintas fuentes energéticas de acuerdo a su disponibilidad en la región o localidad a abastecer.
      • Se intensificará el uso de gas en el país.
    • 4.3.4.7. Turística.
    • 4.3.4.8. Se equipará la planta física educativa y médico asistencial, entre otras, para su adecuado funcionamiento; y se mejorará la dotación, en calidad y cobertura, de los servicios de agua potable, tratamiento de aguas servidas, aseo urbano y domiciliario y disposición de desechos sólidos, entre otros, que permitirán crear condiciones atractivas para la localización de población.
  • 4.3.5. Establecimiento de incentivos, así como de estímulos a actividades económicas complementarias, que permitan atraer la inversión a los fines del desarrollo territorial equilibrado.
    • a) El desarrollo se financiará a través de diferentes tipos de incentivos fiscales especiales que se diseñarán para atraer capital privado nacional e internacional hacia la construcción de grandes infraestructuras; para estimular su participación en actividades económicas estratégicas, como agricultura, industria manufacturera, turismo, etc, así como en actividades económicas complementarias y en el área de telecomunicaciones (tarifas de servicios subsidiadas, financiamiento en condiciones ventajosas, entre otras medidas)
    • b) Se establecerán acuerdos binacionales para la construcción de infraestructura en regiones fronterizas que les permitan su integración con el resto del país y con los países vecinos.
    • c) Se fomentará la pequeña y mediana empresa del sector de la construcción y la autoconstrucción de viviendas, y estimular la conformación de microempresas y asociaciones cooperativas de la población., como actividades que generan una alta democratización del empleo.
    • d) Se usarán los instrumentos crediticios y fiscales de las políticas habitacionales como estímulo a los centros poblados a fortalecer.
  • 4.3.6. Desarrollo de modelos de gestión territorial que permitan fortalecer las capacidades en los ámbitos estadal y municipal.
    • a) Se fortalecerán las capacidades de los gobiernos estadales y municipales y de las autoridades locales fronterizas.
    • b) Se impulsará la incorporación de la sociedad civil al quehacer, mantenimiento y mejora de los servicios básicos, y la formación de mancomunidades para la administración y mejoramiento de la infraestructura de servicios.
    • c) Se generarán condiciones favorables para la incorporación de la población, especialmente de los productores, en la construcción y mantenimiento de la vialidad rural.
    • d) Se impulsará la articulación y fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, estadal y municipal, para la recuperación de la vialidad, a través de planes de trabajo coordinados, con énfasis en las principales vías para el transporte masivo.

Equilibrio Internacional[editar]

OBJETIVO: Fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar[editar]

La política internacional está dirigida a estimular la gestación de un mundo multipolar, diversificando las modalidades de relacionamiento, privilegiando las relaciones con los países latinoamericanos y caribeños y redefiniendo el modelo de seguridad hemisférica.

5.1 Impulsar la multipolaridad de la sociedad internacional[editar]

Con el propósito de revertir la tradicional concentración de poder en los organismos internacionales y estimular la acción concertada de los países en vías de desarrollo, estimularemos la solidaridad y la cooperación entre los distintos actores del sistema internacional, para que las directrices que, de ella, emerjan, sean el resultado de una interacción equitativa en la toma de decisiones mundiales.

La mayor legitimidad que se derivará de esta democratización permitirá contrarrestar las medidas unilaterales de carácter extraterritorial.

  • 5.1.1 Configurar un sistema mundial más equilibrado. Se propiciarán cambios estructurales en los organismos internacionales con la finalidad de fortalecer las posiciones de los países en desarrollo. De la misma manera, se defenderán iniciativas para la supresión de medidas unilaterales de carácter extraterritorial.
  • 5.1.2 Promover la democracia participativa y protagónica. Se reiterará, en foros mundiales y regionales, la importancia y significación de la democracia participativa.
  • 5.1.3 Coadyuvar a la promoción y protección de los Derechos Humanos, Se mantendrá una presencia activa en los foros internacionales que traten el tema de los Derechos Humanos, en particular la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en la OEA. Esto supone promover la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y participar activamente en la elaboración de la Carta Andina de Derechos Humanos.
  • 5.1.4 Intensificar el apoyo al proceso de pacificación regional. Continuaremos colaborando activamente en las negociaciones de paz del conflicto interno colombiano y auspiciaremos iniciativas tendentes a fomentar la confianza, el diálogo, la solución pacífica de las controversias y la seguridad en la región.

5.2 Promover la integración latinoamericana y caribeña[editar]

Teniendo claro el mandato constitucional de la integración, es importante resaltar que los desafíos que representa el desarrollo humano, las desigualdades sociales y los altos niveles de pobreza podrán abordarse con mayor eficacia en la medida en que los países de Latinoamérica y el Caribe profundicen su integración regional y fomenten efectivamente, tanto el diálogo y la cooperación Sur-Sur como el Norte-Sur.

Por ello, la cohesión de los países latinoamericanos y caribeños, mediante la consolidación e instrumentación de su identidad común, se convertirá en el mecanismo idóneo para ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la región y mejorar en forma sostenida y equitativa sus niveles de bienestar social.

  • 5.2.2. Impulsar la integración política como opción estratégica. En aras de darle contenido político al proceso de integración, impulsaremos el concepto de una política de seguridad y defensa común latinoamericana. En el mismo orden de ideas, propugnaremos el desarrollo de una política exterior común andina y el fortalecimiento del Grupo de Río como el mecanismo más representativo de la región en materia de concertación política.
  • 5.2.1. Impulsar un nuevo modelo de integración económica en América Latina y el Caribe. El estimulo de un mundo multipolar y la cristalización de una estructura internacional más participativa y democrática supone privilegiar las iniciativas regionales. En este sentido, se impulsará el ingreso de Venezuela como Miembro Asociado de MERCOSUR y la asociación entre MERCOSUR y CAN y se supeditará las negociaciones del ALCA a la previa conclusión de los acuerdos latinoamericanos. En aras de profundizar los acuerdos vigentes, impulsaremos los acuerdos destinados a desarrollar la agenda social y la integración económica entre los países andinos. De la misma manera se promoverá el funcionamiento de los Grupos de Alto Nivel del G-3 y su Acuerdo de Libre Comercio y se profundizará la presencia de Venezuela en Centroamérica y el Caribe en materia ecológica, pesquera y de explotación de hidrocarburos.
  • 5.2.3. Potenciar el intercambio cultural y humano en el área Latinoamericana y del Caribe. Crearemos cátedras bolivarianas en los países latinoamericanos y fortaleceremos la actividad de los Institutos Venezolanos de Cooperación y Cultura existentes en el Caribe De la misma manera, negociaremos la unificación de criterios legales en América Latina para permitir la validez continental de los certificados profesionales y haremos seguimiento a la propuesta del pasaporte andino.
  • 5.2.4 Propulsar el acercamiento de América Latina con otros países y regiones. Se continuará estimulando el diálogo del Grupo de Río con la Unión Europea, Japón, China, India y Rusia e intensificaremos la presencia de Venezuela en el Foro América Latina – Asia del Este. De igual modo, apoyaremos el inicio de un diálogo interregional América Latina – África, estableciendo un puente entre el Grupo de Río y la Unión Africana

5.3 Consolidar y diversificar las relaciones internacionales[editar]

El reacomodo de la escena internacional, a partir del desplome del sistema bipolar, no ha cesado; por ello la cooperación entre los países en desarrollo es cada día más necesaria para incrementar los índices de bienestar de sus habitantes y lograr, fomentar el diálogo coherente, decidido y homogéneo con los países desarrollados.

  • 5.3.1 Reafirmar las relaciones con los países vecinos y los socios económicos de Venezuela. Intensificaremos el diálogo y la cooperación con los países vecinos y profundizaremos la relación comercial, especialmente la energética, con los Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, China, India, Rusia. En el mismo orden de ideas, propulsaremos una vinculación más intensa y diversificada con la Unión Europea.
  • 5.3.2 Fortalecer la cooperación Sur – Sur. El fortalecimiento de las relaciones entre los países latinoamericanos, africanos y asiáticos será posible en la medida en que los organismos de consulta y concertación, tales como el Grupo de los 15, el Grupo de los 77, el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de Río perfeccionen sus mecanismos de actuación. Venezuela dará un decidido apoyo para que esto sea posible.
  • 5.3.3 Ampliar las relaciones con otras regiones y países. La construcción de espacios multipolares supone ampliar el número de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones activas y profundizar la calidad de esas relaciones. En este sentido, se estimulará la presencia política e intercambio comercial con países extracontinentales.

5.4 Fortalecer el posicionamiento de Venezuela en la economía internacional[editar]

Si bien es cierto, que la constante interacción efectuada en el seno de Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha favorecido el incremento de los precios del crudo y mejorado nuestros ingresos para atender el desarrollo social, no lo es menos, que la volatilidad asociada a la dependencia de la exportación de un solo producto, requiere de una acción igualmente decidida en el fortalecimiento de la posición de Venezuela en la economía mundial, lo cual, debido a los acelerados cambios tecnológicos observados en los últimos años, supone un esfuerzo deliberado y sistemático por ampliar nuestras exportaciones no tradicionales y añadir valor a las tradicionales.

  • 5.4.1 Afianzar la vigencia y la proyección de la OPEP. Se continuará el decidido apoyo al fortalecimiento de la OPEP y su política de estabilización de precios. Esto supone, además de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la Segunda Cumbre OPEP y estrechar la cooperación con otros países productores, alentar la inclusión de nuevos miembros en la Organización, particularmente del Asia Central
  • 5.4.2 Acelerar la internacionalización de la economía de Venezuela. La volatilidad de la economía venezolana se aminorará en la medida en que se identifiquen y exploten nuevos mercados para productos no tradicionales; lo cual demanda el fortalecimiento de las capacidades económicas y comerciales de las misiones diplomáticas.
  • 5.4.3 Contribuir al incremento de las asociaciones estratégicas. Con la finalidad de incrementar el valor agregado de las exportaciones energéticas venezolanas y diversificar sus mercados se ampliarán las inversiones de PDVSA en el mercado refinador suramericano; de la misma manera, se apoyará la internacionalización de la CITGO hacia Centroamérica, Puerto Rico y el resto del Caribe y se respaldará la inserción de PDV en el Norte de Brasil. Con la finalidad de incrementar la valorización de la tecnología petrolera venezolana, se continuará estimulando la venta de ORIMULSIÓNâ a los mercados de China, India y Europa Oriental.

5.5 Promover un nuevo régimen de seguridad integral hemisférico[editar]

En base de la nueva constitución bolivariana, se definirá un nuevo régimen de seguridad hemisférica cuyo atributo fundamental será su carácter integral y multidimensional. Ella permitirá profundizar los espacios multipolares de inserción. En este sentido, los objetivos serán los siguientes:

  • 5.5.1 Implementar el nuevo modelo de la Fuerza Armada Nacional. Desarrollar un nuevo modelo de Fuerza Armada que estimule la inteligencia colectiva, el desarrollo económico, la estabilidad política, la integración social, el desarrollo tecnológico y la ocupación eficiente del territorio.
  • 5.5.2 Fortalecer la defensa regional. Se desarrollarán iniciativas, particularmente con los países vecinos, encaminadas a construir un marco estable de seguridad y cooperación internacional, inspirados en intereses comunes, que permitan el fortalecimiento de instituciones regionales económicas y hemisféricas militares.

ESTRATEGIAS[editar]

Pluralización multipolar[editar]

El equilibrio internacional se orientará a estimular la gestación de espacios multipolares que se contrapongan a la dinámica unipolar y globalizante resultado de la abrupta terminación de la era bipolar. En efecto, a pesar del poder avasallador de la globalización, nos encontramos en medio de un orden mundial en gestación, donde hay posibilidades de orientar el sistema internacional por cauces más democráticos y de mayor participación para todos los Estados en las decisiones globales que los afectan.

Esto será posible, mediante la pluralización de las relaciones internacionales, tanto en términos del número de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones activas, como la diversidad y calidad de esas relaciones.

  • 5.1 En cuanto al objetivo de IMPULSAR LA MULTIPOLARIDAD DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL, se plantea, como estrategia fundamental, el fortalecimiento de los organismos supranacionales y de las iniciativas multilaterales. La instrumentación de esta estrategia exige una serie de políticas y medidas, que enmarquen los planes, programas y proyectos para que respondan al propósito general. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:
    • 5.1.1 Apoyar reformas tendentes a democratizar el proceso de toma de decisiones en los organismos internacionales.
      • Se apoyarán los esfuerzos destinados a reformar y ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
      • Se propondrá una reevaluación de los criterios utilizados por los organismos financieros internacionales para otorgar prestamos y ayudas;
      • Continuar denunciando las medidas unilaterales impuestas por las grandes potencias.
    • 5.1.2.- Coadyuvar a la promoción y protección de los derechos humanos.
      • Se destacará la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, para que los derechos económicos, sociales, políticos y culturales tengan la misma relevancia que los derechos políticos y civiles.
      • Se aprobará la Ley de Refugiados y Asilados;
      • Se apoyará el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en esta materia.
    • 5.1.3.- Contribuir al perfeccionamiento de una agenda común de los países del Sur.
      • Estimular foros, conferencias y eventos en temas como inversiones, transferencia de tecnología, reducción de deuda externa, generación de bienes públicos internacionales y preservación de la biodiversidad.
      • Estimular el fortalecimiento del grupo de no alineados y el G-15.
      • Propiciar la reducción de gastos militares y la gestación de iniciativas tendentes a fomentar la confianza, el diálogo y la solución pacífica de controversias.
  • 5.2 La PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA, se plantea, como estrategia, la profundización de la integración económica y social y el impulso del sistema político latinoamericano. Para ello se han diseñado las siguientes políticas y medidas:
    • 5.2.1.- Impulsar el ingreso de Venezuela como miembro asociado del MERCOSUR y la asociación entre MERCOSUR y la CAN. Esto con la finalidad de que se consolide un espacio económico sudamericano mediante la convergencia progresiva entre la Comunidad Andina y el Mercosur que, afianzados en un solo gran bloque, sea lo suficientemente sólido para enfrentar un reto como el planteado por el ALCA.
    • 5.2.2.- Intensificar presencia de Venezuela en el Caribe
      • Fortalecer Institutos Venezolanos de Cooperación y Cultura.
      • Fortalecer embajadas venezolanas en las naciones caribeñas.
      • Diversificar intercambios de Venezuela con la región.
  • 5.3 El objetivo de CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES, estará sustentado por el dialogo directo entre los jefes de estado con la finalidad de sentar un piso político sólido al desarrollo futuro de las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, permitirá proyectar la propuesta transformadora venezolana en el sistema internacional sobre la base de las siguientes políticas y medidas:
    • 5.3.1.- Intensificar las relaciones económicas con Asia Se estimulará el incremento del flujo comercial y las inversiones con Japón, China, Corea e India; de la misma manera se ampliará la presencia diplomática en los países miembros de la ASEAN, en particular Malasia y Singapur.
    • 5.3.2.- Iniciar acercamiento con países del Asia Central y del Medio Oriente Se profundizarán las relaciones políticas y de cooperación con los países del Medio Oriente, enfatizando las relaciones bilaterales con los países árabes y promoviendo el intercambio con Israel. De la misma manera, en virtud de su potencialidad energética, se iniciarán contactos diplomáticos con Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán, Turkmenistán, Kazakstán y Azerbaiyán y se evaluará la factibilidad de establecer una Embajada en Kazakstán con jurisdicción en esos países
    • 5.3.3.- Estimular intensificación de relaciones con Francia, Rusia, China e Irán En el marco de la diplomacia multipolar se estimularán los intercambios económicos y acuerdos políticos con países seleccionados de Asia y Europa.
    • 5.3.4.- Ampliar relaciones de cooperación con países de Europa Oriental Se estimulará la venta de orimulsión en el mercado de Europa Oriental, al mismo tiempo, se incrementará la presencia diplomática en la región.
  • 5.4 El FORTALECIMIENTO DEL POSICIONAMIENTO DE VENEZUELA EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL estará basado en la mejora y diversificación de la oferta exportadora venezolana.
    • 5.4.1.- Contribuir al fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Se velará por el cumplimiento de los acuerdos de producción y se alentará la incorporación de nuevos miembros. De la misma manera de promoverá la cooperación entre las empresas nacionales petroleras de la organización y se ampliará el alcance del Fondo OPEP.
    • 5.4.2.- Contribuir al incremento de las asociaciones estratégicas Se estimulará la conformación de empresas binacionales con países vecinos con la finalidad de capitalizar las economías de escala derivados de mercados más grandes. En el mismo orden de ideas, se apoyarán las asociaciones estratégicas en el sector aluminio y siderúrgico.
    • 5.4.3.- Incrementar el valor añadido de las exportaciones energéticas Se apoyará la ampliación de la presencia de PDVSA en el mercado refinador suramericano, así como de la internacionalización de la CITGO hacia Centroamérica, Puerto Rico y el Caribe y la incursión de PDV en el Norte del Brasil.
    • 5.4.4.- Estimular la creación de un nuevo sector exportador Se transformará el marco institucional de apoyo a las exportaciones no tradicionales, fortaleciendo a BANCOEXPO e incrementando las agregadurías comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • 5.5 Finalmente, la PROMOCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD INTEGRAL HEMISFÉRICA estará basado en la incorporación de la Fuerza Armada Nacional al desarrollo nacional y hemisférico, sobre la base de las siguientes estrategias: 5.5.1.- Creación de unidades de desarrollo Se propiciará la participación ciudadana en unidades cívico-militares que puedan dar respuesta a las demandas de la población.
    • 5.5.2.- Promoción del diálogo democrático en la integración: Se estimulará el diálogo democrático con los países de la región en torno a formas eficaces de cooperación que respeten la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la igualdad jurídica de las naciones.

Pie de Página[editar]

  1. Las regiones son áreas subnacionales, cuya extensión es inferior al área del país y trasciende el límite de un estado, para abarcar un conjunto de estados, o porciones de éstos. Se caracterizan por algún nivel de desarrollo metropolitano o urbano con su correspondiente conurbación asociada. Son, en pocas palabras, un marco espacial común, compartido por un grupo de personas, que aloja una densa mezcla de actividades socio-económicas sujetas a fuerzas centrípetas o de polarización.