MINUGUA, Oficina regional de Cobán - Suplemento del Tercer Informe
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998
Y OFICINAS SUBREGIONALES DE CANTABAL Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
INTRODUCCIÓN[editar]
1. El presente documento es un suplemento regional sobre la Verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala, correspondiente al período del 1o. de enero al 31 de julio de 1998. MINUGUA, a través de la Oficina Regional de Cobán y las Sub-regionales de Cantabal y Fray Bartolomé de las Casas, cubre los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, más el municipio del Ixcán, que si bien pertenece al departamento de El Quiché, está integrado a la Oficina Regional.
2. La región de las Verapaces cuenta con cerca de un millón de habitantes, de los cuales más del 80% radica en el medio rural. Es una región esencialmente agrícola y se conformó a través de una colonización reciente, a finales del siglo pasado, en fincas de grandes extensiones dedicadas a la plantación de café y cardamomo. La región tiene un índice de desarrollo humano muy bajo; el departamento de Alta Verapaz posee el índice más bajo del país.
3. Este suplemento regional contiene el resultado de la verificación del cumplimiento de los compromisos en torno a tres temas contenidos en los Acuerdos de Paz: participación social, desarrollo social y administración de justicia. Ellos fueron seleccionados por ser ejes centrales de las Acuerdos y por tener importantes potencialidades de avance en la región. Estos temas están recogidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (A/50/956, anexo) y en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (A/51/410-S/1996/853, anexo). En su primera parte, el informe analiza el cumplimiento de los compromisos referentes a cada uno de los temas durante el período señalado; luego identifica las iniciativas que, por su incidencia en la región, deberían ser apoyadas con miras a consolidar los avances logrados.
Coyuntura regional[editar]
4. En las Verapaces, los espacios de participación y diálogo entre el Estado y la sociedad civil se han fortalecido y existe un importante y creciente protagonismo de diversas expresiones de la sociedad civil. Se percibe una paulatina apertura al reconocimiento de los derechos culturales de la población indígena, al mismo tiempo que se produce la reestructuración orgánica en las comunidades que, a medida que reconstruyen su tejido social, también se fortalecen. Es en este contexto que va creciendo el interés de la población por conocer más sobre el contenido de los Acuerdos de Paz; aunque aún es evidente la falta de información sobre su contenido y, en especial, sobre sus beneficios y avances.
5. Se observan interesantes esfuerzos por parte del Estado, en particular en materia de salud y educación, para crear una nueva institucionalidad que pueda satisfacer las necesidades de la población a mediano y largo plazo. Sin embargo, estos esfuerzos no dieron todavía resultados tangibles, que se traduzcan en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población en el ámbito del desarrollo social.
6. Desde otra perspectiva, la lentitud en la tramitación de los procesos judiciales es aún una de las debilidades principales del sistema de justicia en la región. Esta situación es resultado de la falta de control en el seguimiento de los procesos penales, tanto por parte del Ministerio Público como del Organismo Judicial.
PARTICIPACIÓN SOCIAL[editar]
7. El tema de la participación social, presente en varios de los Acuerdos de Paz, es particularmente relevante en la región. En este sentido, es necesario considerar la marginación de la mujer y de la población indígena, que constituye el 89% de la población en Alta Verapaz, y la escasa participación ciudadana en procesos electorales. Durante el período, este aspecto registró los mayores avances: se crearon varias instancias de participación y las instituciones estatales demostraron su voluntad de abrirse al diálogo y al consenso con los actores de la sociedad civil. Esta, por su parte, demostró su capacidad de reaccionar frente a la apertura de espacios de participación y, en muchos casos, asumió la iniciativa de promoverlos.
8. Así, desde 1997, funciona la Mesa de Resolusión de Conflictos de Tierras de Alta Verapaz (en adelante la Mesa), como uno de los esfuerzos más importante de concertación en la región. Esta instancia es el único ámbito de encuentro permanente entre el sector campesino y finquero y cuenta con el apoyo de importantes entidades gubernamentales y no gubernamentales. En las reuniones semanales de la Mesa participan los gremios campesinos Unidad Campesina del Norte (UNICAN) y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), y el más importante gremio empresarial de la región, los Caficultores Asociados del Norte (CAFESANO). Participan también los principales organismos estatales, como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y las organizaciones de la sociedad civil como la Organización para el Desarrollo y la Paz (ODE-PAZ), y la Pastoral Social del Arzobispado de Las Verapaces.
9. Por las particularidades de la región, en especial la alta conflictividad en torno a la temática de la tierra, la Mesa realiza labores de mediación en conflictos de tierras y, muchas veces, intercede exitosamente en conflictos laborales. Cuenta, además, con la participación activa del representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo que facilita la comprensión de la normativa laboral. Indudablemente, la Mesa representa un espacio de concertación social a nivel departamental. Por otro lado, la Mesa ha participado en dos reuniones convocadas por la Comisión de Acompañamiento del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y representa así un buen ejemplo del fortalecimiento del poder civil en la región. Cabe destacar que, durante el período, el Gobernador Departamental reconoció formalmente la importancia de esta instancia y promovió su articulación al Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDUR). La participación en los CODEDUR se ha incrementado notablemente en la región; son beneficiarios de la cooperación alemana (GTZ), cuentan con una base de información mayor que en los demás departamentos del país y planes maestros de desarrollo.
10. En el Ixcán, donde el problema esencial es la falta de certeza jurídica en la posesión de la tierra, se conformó la Coordinadora Interinstitucional sobre Asuntos de Tierra, integrada por representantes de la Comisión Especial para la Atención a Repatriados y Refugiados (CEAR), del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), de la PDH, de la Pastoral Social del Ixcán, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y MINUGUA en calidad de observador.
11. Posteriormente, esta instancia evolucionó y se consolidó en Foro-Tierra, que conoce los problemas relacionados a la tenencia jurídica de la tierra y promueve el acercamiento entre las comunidades y las instituciones estatales involucradas en la solución de esa problemática. El Foro es un importante espacio de encuentro entre el Estado y la sociedad civil, especialmente con los comités de comunidades. Es necesario destacar los esfuerzos de todos los sectores participantes, en particular los del Instituto de Transformación Agraria (INTA) - que intentaría remediar ahora el atraso en la entrega de títulos y promover seguridad jurídica respecto de la tierra- y los de varios comités de tierras de las comunidades, que han demostrado que aún confían en el poder del diálogo y de la concertación. También fue importante la participación de los delegados de la Comisión Técnica para la Ejecución del Acuerdo de Reasentamiento (CTEAR) y de la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD), particularmente para que la población retornada pueda pasar de la actual situación de emergencia a una con condiciones de vida digna y sostenible -que aún no se han materializado-, tal como establece el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.
12. En Ixcán se conformó un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural (COMUDUR), ampliado a la participación social. Además del Gobierno Municipal, la presencia de representantes de las ONG locales, nacionales e internacionales, así como de la Cámara de Comercio y los presidentes de las siete micro regionales del Ixcán, representa un esfuerzo importante de acercamiento entre instituciones de gubernamentales y población. No obstante, existe el riesgo de crear excesivas expectativas en la población, que espera resultados tangibles que el COMUDUR no puede dar a breve plazo. La sostenibilidad de este esfuerzo de participación está limitada por la falta de recursos económicos de las personas que participan, la falta de una tradición de diálogo y cultura de participación democrática, así como la existencia de algunos representantes que, una vez elegidos, no mantienen una relación sistemática con las bases del sector al que deben representar.
13. En esta región multiétnica, aunque mayoritariamente queqchí, y plurilingüe, se confirmó el interés por la temática indígena con la creación de la Coordinadora Regional de las Organizaciones Mayas de Alta Verapaz (CROMAV) y de la Coordinadora Maya del Ixcán (CMI), las que representan interesantes iniciativas para la promoción del proceso de paz y complementan los esfuerzos de COPMAGUA para informar y consultar con las organizaciones indígenas a nivel regional. La falta de capacitación y las limitaciones económicas de sus miembros son una importante debilidad. Con el fin de fortalecer las aún frágiles estructuras de la mayoría de las organizaciones que conforman estas coordinadoras locales, COPMAGUA está estructurando eventos de capacitación dirigidos a representantes de estas organizaciones.
14. La complejidad cultural y multiétnica de la zona, la desconfianza y el temor, son factores que impiden a la mujer asumir roles más protagónicos. En este contexto, el proceso del Foro de la Mujer apareció como un mecanismo inédito que puso en marcha la participación de las mujeres desde la base y en su propio idioma, para incidir en políticas públicas. Se destacó en la región el dinamismo de las mujeres de la comunidad lingüística poqomchi, que cuenta con grupos con un alto nivel de organización, que han sostenido encuentros y varias reuniones con los alcaldes municipales para promover su colaboración y apoyo. En el Ixcán, la participación de la mujer se intensificó después de la creación de la Coordinadora de Mujeres del Ixcán, que ha sido un importante ámbito para el diálogo y la reconciliación. La Coordinadora envió delegadas al Foro Nacional de la Mujer y también fue tomada en cuenta en el Consejo Municipal de Desarrollo. Pese a las serias dificultades económicas, las mujeres de esta coordinadora han logrado mantener y consolidar su presencia en las instancias locales. Decididamente exitosa fue la colaboración de las organizaciones de mujeres con el Tribunal Supremo Electoral, cuya iniciativa conjunta permitió incrementar el empadronamiento femenino en los municipios de San Juan Chamelco y del Ixcán, gracias a reuniones regionales de planeamiento con las delegadas del Foro, realizadas en Cobán en diciembre de 1997.
15. Dentro del universo de la población desarraigada, los sectores de retornados y Comunidades de Población en Resistencia (CPR), han seguido participando activamente. Más compleja ha sido la situación de los desplazados internos dispersos, pues la falta de identificación de este grupo ha repercutido en la posibilidad de participar y expresar su voz organizadamente. Destaca la creación de la Coordinadora Regional de las Poblaciones Desarraigadas de Alta Verapaz y de la Coordinadora Regional de las Poblaciones Desarraigadas del Ixcán, que surgieron en el marco de la regionalización de la ACPD. Pese a estos esfuerzos, aún es necesario fortalecer la extremadamente débil presencia y representación de los desplazados internos.
DESARROLLO SOCIAL[editar]
16. Según el último informe del Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo (PNUD), la región de las Verapaces tiene el indice más alto de exclusión del desarrollo social del país. Por otro lado, Alta Verapaz tiene la tasa más alta de analfabetismo, con 66.4%. Más que en otras regiones, en las Verapaces el Estado debe incrementar la inversión pública, especialmente en la prestación de servicios sociales como educación y salud.
Educación[editar]
17. La descentralización de los servicios de educación se está realizando de forma acelerada. No obstante, aún no ha logrado un mayor nivel de eficiencia, debido a la falta de coordinación entre las direcciones departamentales y regionales, lo que burocratiza y resta operatividad a su trabajo. Ha aumentado notablemente la inversión en educación, particularmente en infraestructura, como la construcción y equipamiento de escuelas y alimentación para los niños. No obstante, falta resolver la problemática global de la población escolar que incluye, entre otros, el problema de deserción escolar, sobre el que Alta Verapaz tiene el índice más alto.
18. La participación de la población en los servicios educativos ha mostrado un ligero incremento. Entre los principales avances está el funcionamiento, en algunos municipios de Alta Verapaz, del jurado municipal de oposición, compuesto por representantes del Estado, la asociación de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, que tiene la función de elegir nuevos maestros para las vacantes de los centros educativos oficiales. Asimismo, se han creado nuevas escuelas en las comunidades marginadas de este servicio. Estas escuelas son dirigidas por los padres de familia organizados en Comités Educativos (COEDUCA), y supervisados por el Proyecto Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). Este sistema ha permitido hacer efectiva la participación de las comunidades en los distintos aspectos del servicio de educación, como el establecimiento de los requisitos para maestros y la definición del calendario escolar en función de las actividades agrícolas.
19. Hasta la fecha, no se ha extendido el sistema de COEDUCA a ninguna de las comunidades de retornados. Pese a ello, en algunas comunidades de los municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Cahabón, existen comités de padres o una junta escolar, ninguna de ellas con personería jurídica. Los retornados consideran que la formación de los COEDUCA no tiene en cuenta los puntos de vista de sus comunidades. El reconocimiento de los niveles educativos de los promotores de educación de las poblaciones desarraigadas se desarrolló, especialmente, entre las poblaciones retornadas cuyo seguimiento fue realizado por el ACNUR. En ese sentido, el plan específico de educación para la población desarraigada no tuvo una implicación concreta a nivel de la región, salvo en la comunidad Primavera del Ixcán (CPR). En febrero, dicha comunidad entregó los datos para la evaluación, homologación y acreditación de estudios de sus promotores de educación y está esperando la respuesta del Ministerio de Educación.
20. Algunas ONG indígenas de la región firmaron un convenio con el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) e iniciaron su participación en la alfabetización de la población adulta. Esta actividad se ha visto afectada por la falta de materiales educativos en queqchí, lo que provocó el cierre temporal de algunos centros. En cuanto a la educación bilingüe, la representación departamental de la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI), está cumpliendo con sus funciones pese a serias restricciones financieras (desde enero de 1998 no ha recibido las partidas presupuestarias correspondientes). En la región, la cobertura es de aproximadamente 300 escuelas, pero el nivel educativo cubierto es solamente preprimaria, iniciándose recientemente labores en los primeros grados de primaria.
21. Se está desarrollando el programa de desayunos escolares que, si bien registra dificultades por la falta de recursos, tiene éxito en cuanto a la participación de las comunidades. En los reasentamientos de retornados en Alta Verapaz el programa será implementado en 1999.
Salud[editar]
22. En el período se observaron avances en la descentralización y desconcentración de las estructuras del Ministerio de Salud en la región. Su objetivo es ampliar la cobertura de los servicios de salud a través de la suscripción de convenios con organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones o gremios de la sociedad civil. Por su lado, las jefaturas de salud han iniciado la implementación del Sistema Integrado de Atención en Salud (SIAS). Cabe resaltar que una de las dificultades enfrentadas para la puesta en marcha del SIAS, ha sido la falta de acuerdos con las organizaciones no gubernamentales del sector salud, ya que éstas temen ser fiscalizadas por el Ministerio de Salud, temor compartido por los llamados “curanderos”. También se evidenciaron resistencias a la implementación del SIAS, por la falta de sensibilización e información sobre el significado del nuevo sistema. Es necesario anotar que las instituciones contratadas para su implementación no cuentan, necesariamente, con experiencia de trabajo en el sector salud. Aparentemente, al momento de la firma de los convenios, se ha privilegiado el conocimiento y la experiencia de trabajo en la zona. Ejemplo de ello es la participación del gremio cafetalero CAFESANO y la organización no gubernamental Talita Kumi, especializada en educación.
23. La medicina indígena tradicional atraviesa un proceso de rescate y valoración, manifestado por el hecho que una gran parte de la población hace uso de ella como un método tradicional de curación. Este esfuerzo ha sido asumido por algunas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Mujeres Mayas del Norte y la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud y, a pedido de la población indígena, por el Centro de Salud de San Juan Chamelco, en Alta Verapaz. Este centro recibe la cooperación técnica de la Organización Panamericana para la Salud. El empeño va dirigido fundamentalmente a la medicina preventiva, capacitación de comadronas o parteras tradicionales y promotores de salud. En lugares de retorno, la medicina tradicional se aplica ampliamente y se planifica la siembra de jardines botánicos, ya que los promotores de salud recibieron capacitación sobre el tema durante su refugio en México.
24. Como resultado de las actividades de la Comisión Multisectorial de Medicamentos, se logró negociar directamente los precios con los productores y comercializadoras a través de contratos abiertos, con lo que se estableció un mejor sistema de control de calidad, se logró disminuir los precios de los medicamentos esenciales y mejorar el abastecimiento. Las jefaturas de salud hicieron uso de fondos para abastecer de medicamentos a los centros y puestos de salud, pero su distribución en los departamentos del interior es aún problemática, ya que a veces quedan almacenados por falta de transporte. Asimismo, la implementación de farmacias populares tuvo un impacto favorable, mejorando el acceso de la población a los medicamentos básicos.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA[editar]
25. En la región, el sistema de administración de justicia no responde a las necesidades de la población monolingüe (queqchí, achi’ o pokom). Su funcionamiento y la posibilidad de acceso de la población se ven seriamente limitados por la difícil comunicación territorial de las Verapaces y la extrema pobreza de sus habitantes. Esta situación se ve agravada por la insuficiencia de mecanismos de defensa pública.
26. Durante el período se han registrado acciones en favor del fortalecimiento de la administración de justicia en la región. Se han realizado varios encuentros entre operadores de justicia, como Policía Nacional (PN), Ministerio Público (MP) y jueces, que han contribuido a reforzar los conocimientos técnico-jurídicos de los efectivos de la PN. Estos avances se han concretado gracias a la colaboración de instituciones relacionadas a la actividad de la justicia, como la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, el MP y la Procuraduría General de la Nación, que han creado un espacio de acercamiento de estas instituciones con la PN. Destaca la necesidad de incrementar las actividades que fomenten la cooperación y la comunicación interinstitucional, para que cada una de las instituciones detecte sus debilidades en la aplicación del Código Procesal Penal y defina métodos de aplicación.
Organismo Judicial[editar]
27. La falta de acceso a la justicia en el propio idioma es todavía un factor de discriminación que afecta a la mayoritaria población indígena de la región. En algunos juzgados de Alta Verapaz se han incorporado jueces bilingües: los jueces de paz son queqchí parlantes en San Cristóbal, Chahal y San Pedro Carchá. En Rabinal, Baja Verapaz, ha sido nombrado un juez de la etnia achí, el primero que es indígena en el municipio, lo que ha provocado reacciones positivas en la población. Por otro lado, no todas las instancias de administración de justicia poseen recursos para la contratación de traductores que garantice el servicio de forma gratuita y oportuna a los procesados, así como tampoco un sistema estandarizado que permita cubrir las demandas de intérpretes legales. También se carece de manuales jurídicos que faciliten la tarea del traductor y de los jueces. La sensibilidad de los operadores de justicia para entender los retos del multilingüismo y aceptar la necesidad de traductores es aún insuficiente. Una encuesta realizada en el período en el Centro Preventivo para Hombres de Cobán, Alta Verapaz, indicó que de los 161 entrevistados, 57 (34.4%) no entendían español y, de ellos, 10 no tuvieron acceso a su idioma en su relación con el sistema de justicia.
28. Con la entrada en vigencia de las reformas al Código Procesal Penal (Decreto 79-97), se establecieron procedimientos más expeditos y eficientes para que los operadores de justicia realicen sus funciones de forma transparente y dentro de los plazos razonables. No obstante, la falta de recursos materiales y humanos es todavía una debilidad constante en los juzgados de la región, que ha limitado la aplicación efectiva de esta ley. A ello se suman las deficiencias del sistema de archivo que provocan que las causas más antiguas sean relegadas ante las que se han recibido más recientemente. Esto origina con frecuencia la excedencia del plazo de detención de los reos, causando una evidente violación al debido proceso. Un estudio de la población carcelaria de Las Verapaces, realizado durante el período, indicó que el 14% de los reos tienen más de 2 años de guardar prisión preventiva y el 31% entre 1 y 2 años.
29. En el período, la aplicación de las reformas del Código Procesal Penal parece evidenciarse a través de la considerable disminución del número de causas registradas en el Juzgado 2o. de Instancia. Muchas de las denuncias son trasladadas al Juzgado de Paz por ser faltas o delitos de menores. Las reformas le han permitido al MP actuar como depurador en los procesos y seleccionar los casos que deben ser dirigidos al Organismo Judicial.
30. La apertura de nuevos juzgados es otro aspecto importante para mejorar el acceso a la justicia. Para alcanzar el objetivo de un juzgado de paz por municipio, dos nuevos juzgados se abrieron en los municipios de Chahal y San Gerónimo y se contempla abrir otros cuatro en la región. Cabe destacar también la reciente creación del Juzgado de Sentencia de Salamá, Baja Verapaz, lo cual permitirá una mejor distribución de la carga de trabajo. El Juzgado de Sentencia de Cobán, hasta hace poco el único para toda la región, estaba siendo saturado de expedientes pendientes de juicio oral. Desde la creación del Juzgado de Sentencia de Salamá, 48 causas fueron enviadas desde Cobán al nuevo juzgado.
31. En relación a los juzgados de paz, las reformas al Código Procesal Penal les permiten resolver alternativamente algunos conflictos y contribuir a la desjudicialización, aplicando el criterio de oportunidad y absteniéndose de ejecutar la acción penal en aquellos delitos cuya pena no sea mayor de 5 años. Además, a través de la conciliación y de la mediación, la desjudicialización debería tender a dinamizar las causas conocidas por el juez, lo que en muchos casos no ocurre porque los jueces de paz aún desconocen las facultades que les confiere la ley. Ejemplo de ello es la situación de la población carcelaria del Centro Penitenciario de Cobán, donde un 17 % de los detenidos han cometido delitos que merecen penas menores de tres años y el 1% penas de entre tres y cinco años.
Ministerio Público[editar]
32. Respecto al MP, la Fiscalía de Alta Verapaz se encuentra integrada por 3 agentes fiscales y un fiscal departamental, quienes asumen toda la actividad procesal del departamento. Ha sido muy útil la labor de la fiscalía móvil en lugares distantes, como los municipios de Panzós, en mayo de 1997, y Playa Grande en diciembre de ese mismo año. Los municipios de Chisec y Fray Bartolomé de las Casas merecen similar atención, por su lejanía de la cabecera departamental y las dificultades que presenta a la población concurrir para darle seguimiento a los casos. No obstante la importante iniciativa de la fiscalía de dar cobertura a los mencionados municipios durante el año pasado, es necesario llamar la atención sobre la falta de continuidad que recibió esta planificación, ya que desde esa fecha no se ha vuelto a repetir.
33. En la región es también preocupante la falta de capacidad del MP para reunir pruebas en la etapa preparatoria de los procesos penales, lo que produce que al cumplirse los 3 meses que establece la ley para la investigación, la única solución viable es solicitar el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso. Actualmente, la oficina del MP de Baja Verapaz cuenta sólo con dos agentes fiscales, quienes asumen la carga laboral lentamente. Esto incide negativamente en el trámite de juicios de impacto social, como por ejemplo los de masacres.
Defensa Pública[editar]
34. La Defensoría Pública de Alta Verapaz está integrada por dos abogados, de los cuales uno entiende el idioma queqchí. Del volumen de causas patrocinadas por la Defensoría objetivamente se desprende la imposibilidad de una atención adecuada a los juicios y la necesidad de la ampliación del equipo. Debido al desconocimiento de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, que dispone la designación de oficio del abogado privado, persiste la falta de sensibilidad del profesional del derecho sobre la gratuidad del servicio a personas de escasos recursos, lo que limita la relación de la defensa pública con la asociación local de abogados. Hasta el momento, la Defensa Pública no sostiene ninguna relación con otras organizaciones representativas de la sociedad civil, lo que hace más ardua su labor, toda vez que no tiene el respaldo de ningún sector social. Con respecto al MP y Organismo Judicial, existe poca comunicación y coordinación, lo que también disminuye la efectividad de su trabajo.
OBSERVACIONES[editar]
35. A pesar de los rezagos del conflicto y de la extrema pobreza en que vive la población, la sociedad civil y algunas instituciones gubernamentales, presentan una interesante propensión a la concertación y al diálogo, así como una mayor voluntad por asumir el reto que implica la participación. No obstante, sólo una profunda labor de educación, el estímulo a la participación democrática y la capacitación sobre los mecanismos apropiados para ello, podrán provocar un salto cualitativo en la efectividad de la participación en la región. Asimismo, la agenda de los Consejos de Desarrollo todavía no incluye la elaboración de planes de desarrollo ni la formulación de políticas públicas, por lo que se considera particularmente importante la articulación de los CODEDUR, junto a otras iniciativas tales como la Mesa. Las autoridades podrían proporcionar más apoyo y reconocimiento a las instancias de participación: el reconocimiento formal de la Mesa por el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural sobre asuntos agrarios constituiría un avance; las autoridades podrían también considerar la Mesa como aliado para construir nuevos espacios de concertación sobre otras problemáticas como salud y educación. Al momento de diseñar estrategias de desarrollo social, como por ejemplo el SIAS y el PRONADE, sería fundamental tomar en consideración la opinión de las organizaciones indígenas, a través de las agrupaciones de organizaciones mayas CROMAV y CMI. Por otro lado, una evaluación de la situación de los desplazados internos en la región permitiría identificarlos mejor y facilitaría su integración en los procesos de participación.
36. Para acelerar la cobertura y mejorar la calidad educativa, es necesario atender, entre otros, los siguientes factores: la implementación de la educación bilingüe intercultural en los centros que todavía no gozan de ese servicio; promover la actualización constante de los maestros en metodologías de educación bilingüe intercultural; proveer de materiales educativos en forma sostenida a todos los centros; incrementar el presupuesto del sector y transferir las partidas oportunamente y motivar una mayor participación de los padres de familia en la labor educativa formal. La realización de un foro regional sobre educación, permitiría identificar claramente las necesidades y potencialidades existentes en el sector, facilitando la convergencia de esfuerzos. A fin de evitar descoordinación entre las diferentes estructuras del Ministerio de Educación, sería muy adecuado descentralizar PRONADE, para que la toma de decisiones sobre la implementación de los COEDUCA se haga a nivel departamental, integrando así sus actividades con las funciones ya existentes de las direcciones departamentales de educación.
37. Por otro lado, una mayor labor de sensibilización a nivel regional sobre la finalidad del SIAS permitiría superar las resistencias encontradas para su aceptación. Tomando en cuenta que los promotores comunitarios de salud no sólo cumplen una función de “alerta temprana” en el caso de enfermedades catastróficas, sino que también deberán actuar en situaciones de emergencia o en tratamientos ambulatorios, sería importante garantizar el abastecimiento de medicina e insumos a través de un efectivo apoyo logístico. Paralelamente, el estudio y el rescate de la medicina tradicional indígena, tanto a nivel de las comadronas y promotores de salud como con los jardines botánicos, merecería mayor atención.
38. De lo expuesto en la sección sobre la administración de justicia, se desprende la necesidad de que sus operadores mejoren las pautas organizativas de su trabajo, para evitar la extremada lentitud de los procesos y el desaliento en los usuarios del sistema. Por ser una vía de entrada a la administración de justicia, es prioritario el fortalecimiento del MP. Su falta de dirección en las investigaciones, y las deficiencias de apoyo policial y de coordinación entre ambas instituciones, redundan en la paralización de los procesos y el encarcelamiento preventivo de reos por plazos que exceden los legalmente previstos.
39. Por su parte, la iniciativa del MP de garantizar el acceso a la justicia a través de la fiscalía móvil en los municipios más lejanos del departamento de Alta Verapaz, parecería ser una de las formas más eficaces y concretas de mejorar la imagen institucional y acercar la justicia a la población. Esta iniciativa ha generado opiniones favorables en las comunidades visitadas y propiciado un mayor acercamiento a la población. La institucionalización de las fiscalías móviles, con recursos humanos y logísticos propios, propiciaría un mayor acercamiento de la población de zonas distantes a las instancias de justicia.
40. El positivo hecho de nombrar jueces bilingües en los juzgados situados en municipios con población indígena, ha permitido una más clara interpretación de los hechos planteados y el respeto del principio de que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el auxilio de interpretación en su idioma. A la luz de esta importante iniciativa, el esfuerzo de capacitación de jueces y operadores de la región sobre la gestión del sistema de interpretación judicial y sobre el plurilingüismo, merecería mayor atención. Al mismo tiempo, sería útil facilitar a las organizaciones indígenas de la región un espacio para discutir sobre el uso de medios alternativos de resolución de conflictos.
41. Es significativo el hecho de que pese a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en el Centro Preventivo se encuentran personas detenidas por delitos de menor gravedad. Ello sugiere la necesidad de una capacitación más profunda sobre estas reformas a los operadores judiciales, así como una mayor orientación del personal judicial a través de circulares que ilustren el uso adecuado de las medidas desjudicializadoras en los juzgados de paz.
42. Para superar las debilidades del sistema judicial y fortalecerlo, es necesario continuar el esfuerzo de coordinación entre los administradores de justicia de la región, pues la cooperación interinstitucional y la correcta utilización de las reformas del Código Procesal Penal, produciría homogeneidad en los criterios de aplicación y agilizaría los procesos judiciales.
43. Como se señaló al inicio de este suplemento, los temas tratados son ejes fundamentales de los Acuerdos de Paz con mayor potencial de avances a nivel regional. Para que los cambios plasmados en los Acuerdos sean efectivos, los manifiestos esfuerzos de los actores locales, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, requieren de mayor apoyo de las instituciones gubernamentales a nivel central. La intensificación de la acción de la administración pública consolidaría el proceso de paz en la región. MINUGUA, conforme con su mandato, seguirá contribuyendo en la región al cabal cumplimiento de los compromisos que se derivan de los Acuerdos de Paz.