MINUGUA, Oficina regional de Quetzaltenango - Suplemento del Tercer Informe

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Verificación de los Acuerdos de Paz
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998


SUPLEMENTO DEL TERCER INFORME


OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO Y OFICINA SUBREGIONAL DE SAN MARCOS


MINUGUA
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala


INTRODUCCIÓN[editar]

1. El presente documento es un suplemento sobre la Verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala, correspondiente al período del 1o. de enero al 31 de julio de 1998. Recoge el trabajo de verificación de la Oficina Regional de Quetzaltenango, que cubre los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu, y de la Oficina Subregional de San Marcos. Evalúa el avance sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en temas considerados regionalmente prioritarios: desarrollo social, incluyendo educación, salud, vivienda y trabajo; desarrollo agrario y seguridad pública y justicia.

2. La región presenta una extensión territorial de 8,659 km2 y su población aproximada es de 2 millones de habitantes, de los cuales un 70 % vive en el medio rural. El 30% urbano se concentra especialmente en las cabeceras departamentales, así como en Coatepeque y San Pedro Sacatepéquez. El altiplano occidental es mayoritariamente indígena y conserva su cultura maya k’iché y mam, expresada en la vigencia de autoridades, costumbres tradicionales y otros aspectos de la vida social. Asienta su economía en la pequeña producción agrícola parcelaria, el uso colectivo de bosques y otros recursos naturales y en la artesanía. La boca costa y la costa, más mestizas, tienen importantes rasgos de modernidad, con una agricultura intensiva de productos de exportación en grandes extensiones de tierra, el uso estacional de mano de obra y cierto desarrollo en el sector de servicios. La diversidad, el contraste y la complejidad humana y ecológica son rasgos notorios de los 70 municipios de la región. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Retalhuleu tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del país; Quetzaltenango está en el nivel intermedio, mientras que San Marcos y Totonicapán están en los niveles más bajos.

Coyuntura regional[editar]

3. La firma de la Paz fue recibida por importantes sectores urbanos, indígenas y campesinos atentos al proceso, como la llegada de cambios substanciales en sus condiciones de vida económica, política y cultural. En otros, se manifestó algo de escepticismo y dudas sobre sus posibilidades y resultados. Amplios sectores de la periferia urbana, y sobre todo rurales, observaron el inicio del cumplimiento de la agenda de paz con cierta lejanía y desinformación pero, a la vez, con mucha esperanza. Pequeños sectores mantuvieron distancia del proceso por considerar que afectaba algunos intereses y posiciones.

4. Entre los rasgos de la coyuntura actual destaca la aglutinación de importantes sectores, fundamentalmente urbanos, en espacios de encuentro como las Mesas de Concertación de Occidente y de San Marcos. Estas instancias, con una alta capacidad organizativa, pero dispersa, favorecen la reconstrucción de la trama de la sociedad civil regional.

5. En las mesas de concertación participan instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, fuerzas civiles de seguridad, iglesias, medios de comunicación social, universidades y asociaciones de estudiantes, organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, así como también varias instancias de la mujer y de promoción de derechos humanos. En suma, las mesas están compuestas por más de 50 organizaciones en Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu, y más de 30 en San Marcos. En un proceso pedagógico de construcción de la tolerancia y el diálogo, estas instancias reúnen expectativas organizadas en favor del proceso de paz. Su accionar debe dirigirse hacia el máximo aprovechamiento de su capacidad de concertación y de formulación de proposiciones orientadas a la irreversibilidad del camino de la paz.

6. El sector indígena presenta una alta motivación para participar activamente en el proceso de paz. Asimismo, aporta y canaliza esfuerzos en favor del cumplimento de los compromisos asumidos por las partes. La Coordinadora de los Pueblos Maya de Guatemala (COPMAGUA), como interlocutor y actor importante para el fortalecimiento del proceso, juega un rol destacado.

7. Si bien se observa la creciente participación de instituciones y organizaciones en la nueva dinámica regional, dirigida a aportar a las transformaciones ya iniciadas, es necesario el involucramiento de otros sectores como los partidos políticos, el sector empresarial y finquero. La presencia del Gobierno en la dinámica del proceso de paz se percibe a través de los gobiernos municipales que, salvo excepciones, tienen una activa participación. Sin embargo, el compromiso de los gobiernos departamentales requiere una presencia más activa en la dinámica regional. Es de fundamental importancia ampliar espacios de participación en los consejos de desarrollo regionales y departamentales, a fin de que los planes de desarrollo y políticas públicas se adecuen al contexto regional.


DESARROLLO SOCIAL[editar]

8. El Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria (ASESA), establece que corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país, de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad se asegure en forma integrada la eficiencia económica, el aumento de los satisfactores sociales y la justicia social. Establece la necesidad de la participación social en el proceso, no sólo de desarrollo sino de consolidación de la paz, como requisitos para el mejoramiento integral de los niveles de vida de la población y como condiciones sin las cuales el desarrollo social que se pretende alcanzar no sería posible.

Educación[editar]

9. Con el incremento al presupuesto de educación en 1998, el Estado inició la descentralización en favor de las direcciones departamentales, otorgándoles una mayor responsabilidad en el manejo de programas. Desde 1996 se ha observado un incremento significativo en la matrícula escolar. No obstante, el proceso requiere todavía de una decidida acción pedagógica, administrativa y financiera departamental, coordinada entre todos los programas del sector, para aproximarse a las metas previstas en el ASESA.

10. Dentro del Programa de Atención Integral y el Programa de Atención Preprimaria, el incremento de maestros contratados y alumnos inscritos fue significativo. Como en todo inicio de un proceso, la inasistencia de maestros y la paulatina deserción escolar afectan estos esfuerzos. Una adecuación de los contenidos educativos a la realidad económica regional y la flexibilización de ciclos escolares a las necesidades zonales, ambas medidas previstas en la reforma educativa, son urgentes. Ello ayudará a vencer los crónicos y altos índices de repetición de 1o. y 2o. grados, que inciden también en la deserción escolar y en el analfabetismo funcional. En Retalhuleu, la ampliación de la cobertura gracias al incremento en la contratación de maestros y al incremento de la matrícula escolar, producto del esfuerzo de escuelas oficiales, privadas y por cooperativas, ha logrado avances substanciales. Los resultados alcanzados también fueron importantes en Quetzaltenango y Totonicapán, pero se requiere armonizar el incremento de la cobertura a través de la educación bilingüe y las acciones del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA).

11. En el marco del Programa Nacional de Educación (PRONADE), los Comités de Educación (COEDUCA), 54 en Quetzaltenango y 55 en Totonicapán, dependen administrativamente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos (FUNDAP-FEVI) y, en lo que respecta a la asignación de maestros, de las direcciones departamentales. Pese al funcionamiento inicial positivo, aún persisten dificultades derivadas de esa doble dependencia. La mayoría de COEDUCA avanzaron significativamente en la obtención de su personería jurídica. Es de destacar el esfuerzo por nombrar maestros y capacitadores procedentes de la misma zona, con el necesario apoyo comunitario y de los padres de familia.

12. Entre las limitaciones más importantes se hallan la escasa educación bilingüe y la débil atención personalizada al alumno en las escuelas multigrado, lo que afecta la calidad de la educación. En San Marcos, el Ministerio de Educación contrató a Servicios Profesionales Educativos Integrales (SEPREDI), para dar seguimiento técnico, pedagógico, administrativo y financiero a los COEDUCA. La cobertura del PRONADE se extiende a 181 comunidades de 23 municipios del departamento, con preponderancia en el altiplano y comunidades distantes. Cuenta con 378 maestros contratados y 17 orientadores técnicos itinerantes. Las comunidades, a través de sus comités respectivos, controlan, vigilan y apoyan la administración escolar. Entre 1997 y el primer semestre de 1998 hubo un significativo incremento, de más del 50 %, en el número de COEDUCA y, por ello, en la cobertura lograda.

13. Actualmente, CONALFA tiene planificado alfabetizar 11,872 personas en Quetzaltenango, 8,020 en Retalhuleu y 8,938 a Totonicapán, con un total de 28,830 personas en esta la región. En el caso de San Marcos, el 14,5 % de las 131,507 personas analfabetas se encuentran en este momento incorporadas al proceso de alfabetización de CONALFA. Por otro lado, mediante convenios firmados entre el Gobierno y organizaciones no gubernamentales, se ha logrado un significativo in- cremento en esta materia respecto a 1997. A pesar de los esfuerzos de CONALFA por incrementar el índice de alfabetización en la región, el ausentismo escolar, producto de causas socioeconómicas diversas, sigue siendo un gran obstáculo.

14. En un 80% de las escuelas oficiales de los 4 departamentos se ha entregado la cartilla cívica. Sin embargo, aún no es utilizada convenientemente debido, entre otras razones, a la ausencia de una capacitación previa a los maestros.

15. El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas establece la participación gubernamental en una política de desarrollo que beneficie al conjunto de las áreas de reasentamiento. La educación de los retornados en las fincas Buenos Aires y El Edén (San Marcos) se encuentra bajo la responsabilidad de la comunidad. Cuentan con 6 promotores para atender 123 niños que cursan desde pre-escolar hasta 6o. grado. Es importante señalar que los promotores, formados en México, continúan dictando sus clases pese a la carencia de equipo y materiales didácticos. El Ministerio de Educación está pagando el salario mensual de los promotores, conforme a lo establecido en el Plan Específico de Educación. El hecho que las aulas son galeras destinadas a alojar a los campesinos en la época de la corta del café, cuyos trabajos comienzan a finales de agosto, pone en riesgo la continuidad de las clases y provoca que su situación sea más precaria que la del resto de la población.

Salud[editar]

16. La ampliación de la cobertura institucional en salud es un importante avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La primera fase incluye la inversión y habilitación de infraestructura en los municipios; la segunda, consiste en la contratación y formación integral de los profesionales y la celebración de convenios con organizaciones no gubernamentales para atender lugares más alejados. El Ministerio de Salud Pública delega gradualmente la responsabilidad de la cobertura de salud al Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS). Con una cobertura institucional aproximada del 40 % de la población, el SIAS desarrolla programas de atención priorizando las enfermedades según el contexto geográfico, climático y el saneamiento ambiental. Aunque los programas de atención materno infantil están en ejecución, la situación es todavía preocupante. Según las Jefaturas Departamentales de Salud de la región, aún persisten altas tasas de morbi mortalidad.

17. Los principios del SIAS - mayor acceso de la población a la atención en salud, mayor cobertura y participación social en la implementación de esta política - difieren cualitativamente de la atención que dan algunas instituciones intermediarias en las áreas geográficas menos accesibles, como también de los estudios y prácticas de la medicina indígena. El cumplimiento de las metas de este sector se facilitaría si el SIAS flexibilizara su implementación. Las particularidades culturales, lingüísticas y religiosas deberían ser incorporadas creativamente al sistema de salud.

18. Según la Jefatura Departamental de Salud, a través de las farmacias populares se ha facilitado el acceso a medicamentos a menor costo, cubriendo aproximadamente el 50 % de la demanda total. No se ha logrado una cobertura mayor debido a procedimientos burocráticos generados por las políticas de centralización institucional, la insuficiencia de recursos y la subejecución de los existentes.

19. El financiamiento y descentralización del sistema de salud se encuentra en un lento proceso de implementación. Para dinamizarlo, es necesario fortalecer la participación de los consejos de salud departamentales y las organizaciones no gubernamentales indígenas.

20. Los retornados de San Marcos cuentan con un pequeño dispensario, con fondos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que les proporciona primeros auxilios y medicinas a bajo costo. La atención está a cargo de un médico practicante voluntario. También disponen de 4 promotores en salud y 2 parteras capacitadas por la Asociación de Servicios Comunitarios. Aldeas cercanas también se benefician de este servicio.

21. Respecto a los desmovilizados de la URNG, se observó que la atención en salud para el primer grupo de excombatientes (listado A) de Quetzaltenango es más accesible que para el resto de los desmovilizados. Los primeros cuentan con un programa dirigido desde la capital, que reconoce gastos médicos en los casos que ameritan atención especial, a diferencia de los que acuden a servicios estatales. La Fundación Guillermo Toriello (FGT) inició una coordinación para regularizar la atención médica de todo el sector desmovilizado.

Vivienda[editar]

22. Aún cuando existe un nuevo plan para generar soluciones habitacionales populares, su centralización es una de las principales limitaciones para el acceso al crédito. La ausencia de una representación del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) en los departamentos, así como la falta de información y de poder de decisión de las 13 agencias de los 6 bancos locales, autorizados por el FOGUAVI para la evaluación de los proyectos que les presentan las lotificadoras, constituyen importantes obstáculos. La insuficiente e inadecuada divulgación del programa, así como los escasos recursos económicos de los potenciales beneficiarios para sufragar su traslado a la capital, completan el difícil panorama que deben enfrentar los sectores más necesitados de la población que requieren acceder al crédito. Esto amerita una revisión del programa de FOGUAVI que flexibilice los requisitos, utilizando mecanismos alternativos de otorgamiento de crédito y descentralizando la toma de decisiones.

23. En La finca Santa Anita, Quetzaltenango, donde están asentadas 35 familias, el proyecto de vivienda está en su primera etapa (construcción de dos cuartos para cada familia) bajo la responsabilidad de la Cruz Roja Internacional. Una segunda etapa será ampliada con fondos de FOGUAVI. Se inicia así, la atención de la crítica situación habitacional de los desmovilizados en la región.

Trabajo[editar]

24. Respecto a la modernización y descentralización del Ministerio de Trabajo, se avanzó parcialmente con capacitación y talleres en mediación y conciliación, el nombramiento de un asesor en la inspectoría de Quetzaltenango y la dotación de equipo. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado traducirse en un cambio tangible.

25. La situación laboral presenta algunas características que requieren mayor atención de las autoridades. Entre ellas cabe destacar la condición desigual de los trabajadores indígenas que migran del altiplano a las fincas de la costa suroccidental, el elevado número de violaciones a los derechos laborales, la evasión del pago de salarios mínimos y, en algunos casos, la doble planilla salarial en las fincas; la debilidad de las instituciones para reaccionar ante los problemas del sector, ejemplificado por el hecho que, durante el período, ningún caso laboral ha llegado a fase de debate; la necesidad de una mayor y adecuada información en las instituciones acerca de la realidad del sector y la desconfianza de los trabajadores en las autoridades laborales. Es imprescindible que las instituciones estatales se fortalezcan para poder resolver conflictos laborales y garantizar la vigencia de la ley en la zona de la costa y boca costa. Asimismo, algunas actuaciones fuera del marco de la ley por parte de los guardianes de las fincas, no favorecen la plena vigencia de los derechos laborales ni del derecho de asociación, destacando que en el período no se ha formado ningún sindicato.

26. Ante la ausencia de oportunidades de empleo de los desmovilizados en las fincas, debido a la desconfianza de la patronal en este sector, resulta urgente la atención del tema de la inserción laboral por parte de la Comisión Especial de Incorporación y de la FGT.


SITUACIÓN AGRARIA[editar]

27. En el marco de la problemática de tierras, en la región se han presentado ante el Fideicomiso del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) 6,000 familias en demanda de tierra. De ellas, 2,000 pertenecen a los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu y Totonicapán y 4,000 al de San Marcos y están organizadas en 16 Comités Pro-Tierra. Hasta el momento, FONTIERRAS ha realizado sólo una compra, la Finca San Marcos Niza, de 450 hectáreas, que beneficia a 179 familias de la Coordinadora Mam Las Victorias.

28. De los 17 conflictos de tierras conocidos en Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu, 10 son atendidos por la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), casi todos ellos en etapa de investigación. Es motivo de preocupación que esta intervención se haya limitado a conflictos menores y que los de alta intensidad y recientes hechos dramáticos, como Barreneché - Argueta, no hayan logrado una atención adecuada. En San Marcos, 6 de las 11 solicitudes dirigidas a CONTIERRA se encuentran en fase de seguimiento. En ciertos casos seguidos por CONTIERRA, como el que enfrenta a los caseríos de Piedra Parada y La Felicidad, en San Antonio Sacatepéquez, la suspensión del proceso judicial ha permitido un arreglo directo entre las partes. La visita a los actores en conflicto, para sensibilizarlos y entablar un diálogo constructivo, ha tenido especial importancia en el caso de las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco. Es de resaltar que la intervención de CONTIERRA en San Marcos, con el propósito de alcanzar soluciones negociadas, ha logrado detener medidas de hecho y enfrentamientos.

29. La urgencia de la intervención de las instituciones en la región se justifica por la violencia que provoca la problemática de la tierra. Adicionalmente, en algunos conflictos intercomunitarios, como Ixchiguán-Tajumulco y Barreneché-Argueta, o en ocasión de desalojos violentos como en la finca El Tablero y en el parcelamiento La Blanca en Ocós y en conflictos entre particulares, se ha podido verificar que derechos fundamentales han sido afectados.

30. La Oficina del Registro de la Propiedad en Quetzaltenango inició su proceso de modernización. Con nuevo equipo y en una acción coordinada con el sistema bancario, está conformando una base informativa que permitiría despachar solicitudes de certificación de propiedad desde diversos lugares de la región.

31. De forma paralela a estos importantes avances en la canalización institucional de los problemas de la tierra, se ha observado también la persistencia de algunos obstáculos. Entre ellos, cabe señalar la carencia de un mercado de tierras transparente, que regule su precio y permita a FONTIERRAS atender una mayor demanda; la inexistencia de una jurisdicción agraria que contribuya a atender la problemática; la aún débil presencia de CONTIERRA en la región y la falta de un registro y catastro actualizados.


SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA[editar]

32. En la región se han observado importantes esfuerzos respecto a la administración de justicia, como por ejemplo la capacitación a nivel de las fiscalías, que se traducen en una progresiva mejoría en comparación con años anteriores. No obstante, la dotación de recursos adecuados y la formación de los operadores de justicia son los grandes retos para el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad. El difícil acceso a la justicia por parte de la población indígena se produce por discriminación o falta de atención adecuada, por la distancia entre juzgados y comunidades, así como también por la dificultad de comunicación y comprensión intercultural. La corrupción, la escasa formación de funcionarios, la deficiente coordinación interinstitucional y el centralismo, aunados a la escasa asignación presupuestaria, generan una preocupante debilidad institucional de los órganos de justicia. Destaca la iniciativa, en San Marcos, de crear el Comité Coordinador para el Fortalecimiento de la Justicia, en cuyas reuniones mensuales se discuten temas administrativos y sustantivos. La activa participación de los cuerpos civiles de seguridad es uno de los retos para el buen funcionamiento del sector.

Defensoría Pública[editar]

33. Esta dependencia no brinda sus servicios en respuesta a la solicitud directa de los particulares, sino que sólo atiende los casos que le asignan los juzgados, siempre que los ciudadanos solicitantes cumplan con los requisitos. Paralelamente, el volumen de causas se incrementó a medida que la población tuvo conocimiento de la existencia de este servicio. A efectos de optimizar la función de la institución, sería de suma importancia impulsar el programa de capacitación existente y contar con recursos humanos y logísticos adecuados. Es importante también avanzar en la descentralización del servicio y de su administración.

Juzgados de Paz Comunitarios[editar]

34. La creación de los juzgados de paz comunitarios ha facilitado que la población acceda, en su municipio y en su propio idioma, a la rápida solución de los conflictos. Estas instancias fueron creadas en Santa María Chiquimula, Totonicapán y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. La norma que creó estos juzgados estableció la consulta con las autoridades comunitarias para su conformación. En el caso del juzgado de Santa María Chiquimula, uno de sus integrantes fue elegido con cierta participación popular, en tanto los otros dos fueron nombrados directamente por la Corporación Municipal.

35. Los fallos se basan en una combinación, para cada caso, del derecho formal y los usos y costumbres locales, evidenciando dificultades en la comprensión de ambos sistemas jurídicos. Respecto de las penas, los jueces optan generalmente por no recurrir a la privación de libertad, refiriéndose comúnmente al trabajo comunitario. En cuanto a la competencia en materia civil, en la práctica el tribunal dicta fallos provisionales que luego envía al juzgado departamental para su aval. Su desempeño hasta hoy, como experiencia piloto, ha puesto de manifiesto la necesidad de una instancia que coordine administrativamente su funcionamiento, así como de un sistema que oriente la resolución de los conflictos entre ambas fuentes de derecho.

Intérpretes judiciales[editar]

36. En el marco del compromiso de promover programas de formación de intérpretes judiciales, contemplado en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, destaca el programa de formación del Proyecto de Justicia y Multiculturalidad, ejecutado por MINUGUA, que está concertado por al menos cuarenta organizaciones. Con la aprobación y apoyo de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones de Quetzaltenango y de las Fiscalías de Totonicapán y Quetzaltenango, desde noviembre de 1997 el proyecto desarrolla un programa de apoyo técnico para los intérpretes en funciones, que busca reforzar la implementación de los servicios lingüísticos en derecho procesal penal y desarrolla un programa de sistematización de la demanda de traducción. Es un hecho destacable que, desde julio de 1997, existen 10 intérpretes nombrados en el Organismo Judicial y 2 en el Ministerio Público, que fueron capacitados en el referido proyecto.

37. La presencia de intérpretes ha facilitado enormemente el acceso a la justicia de la población indígena. Es necesario ampliar y fortalecer este servicio que contribuye a evitar actos de corrupción por parte de algún personal auxiliar, así como a la presencia de “intérpretes ocasionales” que no están en capacidad de garantizar el derecho de traducción legal. La dificultades encontradas son: a) las deficiencias para la documentación escrita en idiomas indígenas debido a dificultades en redacción, falta de validación de neologismos jurídicos y falta de implementos técnicos (computadora y grabadora); b) la resistencia por parte de algunos oficiales y auxiliares a la presencia de intérpretes y c) la falta de nombramientos de intérpretes para cubrir plazas que ya fueron presupuestadas para el año 1998 por el Ministerio Público.

Seguridad Pública[editar]

38. Respecto a la referencia que hace el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática a la creación y despliegue de un nuevo cuerpo civil de seguridad, en junio se desplegó en Quetzaltenango la Policía Nacional Civil (PNC), cuadruplicando el contingente policial anterior. Los 562 elementos desplegados están distribuidos en 18 dependencias que cubren territorialmente todos los municipios del departamento. En el municipio de Zunil, el alcalde en nombre de la población rechazó el despliegue, argumentando que ese municipio no necesitaba la presencia de fuerzas de seguridad, por lo que se destacaron en Cantel. En el municipio de Cabricán, donde estaba previsto instalarse una estación, el local cedido por el alcalde no cubría las necesidades mínimas, ubicándose finalmente en San Mateo. En San Marcos parte de la población organiza comités para recibir el despliegue previsto para agosto, sin embargo, en los municipios de Sibinal y Concepción Tutuapa se rechaza su presencia. En relación a los locales de la PNC, caben dos consideraciones: a) la infraestructura se considera adecuada y es comparativamente superior a la que existía anteriormente y b) si bien se han realizado esfuerzos para la dotación de equipamiento adecuado, éste aún no satisface plenamente los requisitos para que la PNC realice eficientemente sus funciones.

39. Con el despliegue realizado, se esperaba una presencia más visible, un aumento de patrullajes en las cabeceras departamentales y controles vehiculares en las carreteras. Es necesario que se produzcan avances cualitativos y cuantitativos para responder a las expectativas de la población. En cuanto a la realización de patrullajes combinados, éstos continúan bajo la responsabilidad de la Zona Militar 17-15. Esto es, aparentemente, consecuencia de la reciente instalación de la PNC en el departamento y sus carencias logísticas y de posicionamiento en la sociedad. La participación y conducción de las gobernaciones favorecería el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Gubernativo 90-96, mientras dure el apoyo del Ejército en labores de seguridad pública.

40. La mayoría de la dotación policial proviene del oriente del país y en su totalidad ha recibido el curso de retroalimentación. No se han identificado hasta ahora efectivos maya hablantes, lo que afectaría las relaciones de colaboración y confianza con la población, dado que hay municipios que sobrepasan el 90% de población indígena. Se requiere un mayor esfuerzo gubernamental por reclutar e incorporar población local en el nuevo cuerpo policial.

41. Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha logrado una eficiente coordinación entre Ministerio Público, Organismo Judicial y la PNC, situación que no fortalece el trabajo investigativo y la administración de justicia.


OBSERVACIONES[editar]

42. Una evaluación general del período, en cuanto al cumplimiento del Acuerdo Cronograma en la región, permite señalar que han existido avances significativos y que aún se mantienen entre la población las esperanzas y las expectativas generadas por la firma de la paz.

43. Con el incremento de las asignaciones presupuestarias ministeriales, la inversión en desarrollo social inició la dinamización de acciones en las dependencias departamentales. A pesar de las dificultades, los mejores resultados se perciben en los sectores de salud y educación. Un mayor poder de decisión y un incremento en la capacidad de gestión, incidiría favorablemente en los logros obtenidos hasta el momento. Los mínimos avances en materia de vivienda y de trabajo evidencian la necesidad de acciones adicionales. El financiamiento y descentralización del sistema de salud se encuentra en un lento proceso de implementación. Para dinamizarlo, se hace necesario fortalecer la participación de los consejos de salud departamentales y las organizaciones no gubernamentales indígenas en el sistema.

44. La agilización de la descentralización y modernización del Estado prevista en los Acuerdos de Paz; la coordinación de entes responsables del desarrollo social; la concertación y participación activa de la sociedad civil en todos sus sectores y una adecuada divulgación de las acciones sectoriales realizadas, son elementos que contribuirían al proceso iniciado.

45. En el marco del desarrollo rural, la situación de la gestión de tierras, como conflictos, demandas y registro de propiedades es aún delicada en la región, en especial en el departamento de San Marcos. Luego de algunos avances importantes en su inicio, hoy se observa un estancamiento preocupante. El establecimiento de oficinas de CONTIERRA y FONTIERRAS en la región contribuiría a aliviar las tensiones existentes y aproximaría a las partes enfrentadas. Pese a los importantes avances en la canalización institucional de los problemas de la tierra, se observan los obstáculos siguientes: a) la necesidad de un mercado transparente de tierras que regule su precio y permita a FONTIERRAS atender una mayor demanda, b) la inexistencia de una jurisdicción agraria; c) la débil presencia de CONTIERRA y, d) la falta de registro y catastro actualizados. Reconociendo la importancia de COPMAGUA en su rol interlocutor, la participación de los sectores indígenas de la región es imprescindible.

46. Se destaca en el sector administración de justicia la modernización en las fiscalías de la región, en contraste con el Organismo Judicial. El acceso a la justicia por la población indígena se ha visto beneficiado por la creación de plazas para intérpretes y, en ciertos aspectos, por la instalación de los juzgados de paz comunitarios. La insuficiente coordinación entre fiscalías, Organismo Judicial y cuerpos civiles de seguridad, retarda el acceso a la justicia, favorece la impunidad y, por consiguiente, desacredita al sistema. En este contexto, se destaca la iniciativa de San Marcos, que mediante un gran esfuerzo interinstitucional, generó un espacio de participación para vencer las limitaciones y fortalecer al sector justicia.

47. Una limitación crónica del proceso es la escasa divulgación de los Acuerdos de Paz, lo que genera confusas interpretaciones y reacciones desfavorables a las decisiones gubernamentales (como la ley del IUSI y Código de la Niñez). Los esfuerzos en educación y divulgación realizados en la región requieren de una acción coordinada.

48. MINUGUA en la región, y dentro de su mandato, continuará ofreciendo sus mejores esfuerzos para el logro de los objetivos de la agenda de la Paz.


Enlaces externos[editar]