MINUGUA, Oficina regional de Quiché - Suplemento del Tercer Informe
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
INTRODUCCIÓN
[editar]1. Este es un suplemento regional sobre la verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala, correspondiente al período del 1o. de enero al 31 de julio de 1998. La información consignada es producto de la verificación realizada por la Oficina Regional de El Quiché y la Oficina Subregional de Nebaj, en el departamento de El Quiché. Los temas fueron elegidos por su especial importancia en el departamento: la participación social, en especial de la mujer indígena; el desarrollo social, salud; el desarrollo rural, los conflictos de tierras en el área Ixil; la situación de los desplazados internos y la situación de la seguridad pública, en particular el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC).
2. El departamento de El Quiché, situado en el altiplano nor-occidental de Guatemala, tiene una extensión territorial aproximada de 8.372 km2, que incluye las áreas k’iche’e Ixil y, al norte, el Ixcán. (Por razones de comunicación y operativas, la verificación de El Ixcán corresponde a la Oficina Regional de Cobán). La población del departamento es de 537.651 habitantes, de los cuales, según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo 149.526 son población económicamente activa. La mayor parte de la población vive en el área rural. Es uno de los departamentos que se caracteriza por tener una población mayoritariamente indígena (83.4%), que en algunos municipios supera el 90%. Existen cuatro grupos étnicos principales: el k’iche’, que es el más numeroso; el ixil, que se asienta en la región conocida como área Ixil (Nebaj, Cotzal y Chajul); el poqomchí, con presencia en los municipios de Uspantán y Chicamán; y los considerados subgrupos k’iche’s como los sakapultekos y uspantekos, entre otros.
3. El Quiché fue uno de los departamentos más afectados por el enfrentamiento armado interno, que produjo, entre otras consecuencias, muchas pérdidas humanas y desplazamientos de población. También fue escenario de una intensa militarización, acompañada de la desarticulación y polarización de la sociedad civil. Algunos de estos efectos son todavía visibles hoy y explican la persistencia de diversos fenómenos de violencia. Ejemplo de ello son los graves conflictos municipales, que alcanzan expresiones como el asesinato del Alcalde en funciones de Santa Cruz, Luis Yat, y el elevado número de linchamientos que ocurren en la región. Actualmente, El Quiché presenta todavía una débil institucionalidad estatal y una sociedad civil insuficientemente articulada. No obstante, pese a estas limitaciones, progresivamente están surgiendo nuevos liderazgos y se ha puesto en marcha el proceso hacia un lenguaje de propuesta.
4. Desde otra perspectiva, según el citado informe del PNUD, El Quiché posee uno de los índices más bajos de desarrollo humano del país. Registra una tasa de analfabetismo del 63.5% y cerca del 80% de la población vive en situación de pobreza. En este contexto, la implementación del proceso de paz en el departamento avanza con lentitud y la mayor parte de la población desconoce el contenido de los Acuerdos de paz. Sin embargo, también existen manifestaciones concretas de la influencia del proceso de paz: el despliegue de la PNC que, aunque todavía parcial, es una contribución efectiva en favor de la seguridad ciudadana; el proceso de involucramiento de las mujeres mayas; la intención de elaborar un plan de prestaciones de seguridad social para los trabajadores migrantes a la costa sur del país; la búsqueda de consenso entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil para la adopción de medidas preventivas en salud, los pasos tomados para solucionar los conflictos agrarios más apremiantes y el reasentamiento de las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (CPR).
5. Un cambio positivo en la experiencia política del departamento es la Mesa de Seguimiento de los Acuerdos de Paz de El Quiché. Creada a finales de abril de 1997, la Mesa nació para ofrecer un marco de referencia que permitiera analizar el significado de la paz en Guatemala y divulgar, dar seguimiento y apoyo al proceso de implementación de los Acuerdos de Paz. Está integrada por representantes de la Gobernación Departamental, la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Dirección Regional de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la Conferencia de Iglesias Evangélicas, la PNC, la Coordinadora de Organizaciones Mayas, la Coordinadora Departamental del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Bosques y el Foro de la Mujer.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
[editar]Mujer indígena
[editar]6. Los Acuerdos de Paz reconocen la doble discriminación que afecta a la mujer indígena, por su condición de mujer y de indígena. La participación de este mayoritario sector de la población para lograr el reconocimiento y el respeto de sus derechos, se produce en el contexto de la reciente finalización de décadas de enfrentamiento armado, con sus secuelas de violencia. Los avances en la participación de la mujer en El Quiché, están necesariamente enfocados hacia las condiciones de participación de la mujer maya.
7. La discriminación contra la mujer maya adquirió diversas formas en el departamento. Es común que se argumente que ella no tiene interés en participar; que desconoce qué es la participación y en qué la beneficia. Adicionalmente, existe cierta confusión en torno al concepto de “enfoque de género”, lo que ha dificultado la integración de la mujer a los distintos proyectos y su participación en los beneficios. Como consecuencia del conflicto, la pobreza, la militarización de la región y las influencias externas a las comunidades, se sufrió una desestructuración de los sistemas y normas tradicionales, incluso respecto de los roles de la mujer y el hombre. Esto dañó el tejido social y los valores culturales propios y, según las mujeres de esta región, es la razón de que encuentren dificultades para su participación aún en el seno de sus propias familias.
8. No obstante, el conflicto armado también generó sólidas organizaciones de mujeres e impulsó su participación, aunque minoritaria, en organizaciones mixtas de la sociedad civil. Ejemplo de las primeras es la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Del segundo, pueden mencionarse entre otras, la Defensoría Maya y el Comité de Unidad Campesina (CUC), organizaciones que originariamente fueron de denuncia y reivindicación en torno al tema de los derechos humanos y de la tierra y ahora se enfocan en el proceso de paz.
9. La constitución del Foro de la Mujer, fruto de los Acuerdos de Paz, representa la primera experiencia, en el país y en la región, para unificar a las mujeres guatemaltecas en un ámbito de análisis y de actuación conjuntos a nivel nacional. En el Quiché, el Foro nació a finales de 1997 y está mayoritariamente integrado por mujeres indígenas (k’iche’s, uspantekas, sakapultecas e ixiles), provenientes de varias organizaciones de la sociedad civil y con participación, en especial, de comadronas, sacerdotisas, ancianas y líderes comunitarias. Sus integrantes son conscientes de que los nuevos espacios de participación podrían afianzar su unidad y organización y permitirles avanzar en sus demandas. Además, algunas líderes consideran necesario integrar sus formas culturales en la organización y en el trabajo del Foro.
10. El incidir en las políticas públicas desde un enfoque de género, objetivo estratégico del Foro de la Mujer, aún no es percibido en toda su dimensión por las mujeres de El Quiché. Su preocupación prioritaria es ver cómo resolver sus necesidades inmediatas, a la vez que dudan de la posibilidad de apertura de espacios políticos para ellas. Este sentimiento de escepticismo proviene de los muchos años de marginación y discriminación que sólo podrían contrarrestar hechos concretos, es decir, políticas públicas y programas específicos en su beneficio.
11. El Foro cuenta con delegadas titulares que lo representan a nivel regional y dos representantes de las mujeres organizadas de cada uno de los municipios del departamento. Está dividido en asambleas lingüísticas en k’iche’, uspanteko, sakapulteko e ixil y en asambleas multi-sectoriales, conformadas por mujeres que hablan k’iche’ y español. Cabe destacar que ambas asambleas trabajan unidas, bajo la coordinación de una junta directiva. Este sistema no coincide con la estructura del Foro a nivel nacional, pero ha demostrado eficacia. Por otro lado, la Comisión Coordinadora del Foro de la Mujer ha percibido la importancia y complejidad de las áreas k’iché e ixil; por ello las ha desligado de la Región II, que compartían con Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos y creó la Región VIII, sólo para El Quiché.
12. Respecto a la legitimación del Foro en el departamento, éste intenta participar en diversos espacios, como el Consejo Departamental de Desarrollo. Si bien el Consejo no aceptó su solicitud de integrarse a las reuniones, por no estar contemplado en la ley actual, la Comisión de Género de la Unidad Técnica Departamental del Consejo de Desarrollo tiene la voluntad de incluir al Foro en las próximas sesiones de trabajo. Por otro lado, el Foro está representado en la Mesa de Seguimiento de los Acuerdos de Paz de El Quiché.
13. La participación de la mujer es apenas visible en las asociaciones de desarrollo o en organizaciones como comités pro mejoramiento. La Oficina de la Mujer del Ministerio de Agricultura tiene interés en apoyar a las mujeres para que desarrollen proyectos productivos, pero problemas como la falta de documentación personal afectan esta iniciativa.
DESARROLLO SOCIAL
[editar]Salud
[editar]14. Algunos de los aspectos más importantes contenidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria son la reducción de la mortalidad materno infantil; la erradicación de la poliomielitis y el sarampión; el acceso a medicamentos básicos a bajo costo; la descentralización y desconcentración de los servicios de salud y la mejora de las prestaciones de la seguridad social, así como la valoración y rescate de la medicina indígena y tradicional. En la región se observan dificultades para el cumplimiento de los compromisos relativos a la salud, lo que resulta en la persistencia de situaciones de extrema gravedad.
15. Ejemplo de esta situación fue el alarmante brote epidémico de tos ferina en el área norte de la región Ixil. Este se inició en la comunidad de Ilom, Municipio de Chajul, cuya cobertura de vacunación durante 1997 fue una de los más bajas del país. Este acontecimiento puso de relieve las limitaciones del sector público para hacer frente a la situación. La reacción del Ministerio de Salud fue meramente puntual y evidenció la carencia de una política de atención más estructurada para áreas que requerían atención prioritaria. De hecho, no se pudo evitar la extensión del foco epidémico a otras comunidades del Municipio de Nebaj. Los problemas logísticos dificultaron el control del brote epidémico, ya que no fue posible garantizar la ”cadena de frío”, condición necesaria para que las vacunas se mantuvieran en buen estado y llegasen a las comunidades afectadas, caracterizadas por su lejanía y difícil acceso. Asimismo, hubo falta de información y de la divulgación apropiada. El no realizar campañas de información en el idioma de las comunidades dificultó aún más la prevención y control del brote epidémico.
16. El análisis comparativo de los datos de la Jefatura del Área de Salud del departamento, respecto de la cobertura de vacunación de los años 1995, 1996 y 1997, revela la ausencia de mayores cambios. Incluso los datos del primer semestre de 1998 indican una tendencia de cobertura menor a la registrada en 1997. Por su parte, los índices departamentales de mortalidad materno infantil de 1997 indican la persistencia de una alta tasa: mortalidad infantil 40,03/1.000 y materna 138/100.000. De no registrarse cambios sustantivos en la política de salud de la región, será muy difícil que se puedan cumplir los compromisos de erradicación del sarampión y la poliomielitis en el año 2,000 y de reducción de la mortalidad materno infantil.
17. Respecto a la descentralización de los servicios de salud, el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) se encuentra en proceso de implementación en 10 distritos del Quiché: San Antonio Ilotenango, Chiché, Sacapulas, Joyabaj, Chupol, Canillá, San Andrés Sajcabajá, Cunén, Nebaj y Chichicastenango. Está previsto que los centros de salud tipo A (con capacidad hospitalaria) como Joyabaj, Uspantán y Nebaj pasen a cumplir las funciones que les asigna el SIAS. También se prevé el mejoramiento de la calidad de los servicios y prestaciones de los centros de salud tipo B y de los puestos de salud. La implementación del SIAS en El Quiché es apoyada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP) y la Cooperación Alemana (GTZ).
18. El Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM) que regula la venta social de medicamentos, se está implementando muy lentamente en el departamento, aunque las negociaciones entre las autoridades municipales y los jefes de distrito de salud han logrado algunos acuerdos para su desarrollo. Por otro lado, según la jefatura de salud, no se contempla la integración de la medicina indígena y tradicional en el PROAM.
19. En relación a los compromisos relativos a mejorar las prestaciones de los servicios de seguridad social de los trabajadores, cabe señalar que la coordinación de la OPS en el departamento y la gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de El Quiché, están elaborando un plan de prestaciones para los trabajadores migrantes. Éste les dará cobertura en la región de origen, durante el traslado y en las áreas donde están ubicados los lugares de trabajo. Según los responsables de la OPS/OMS departamental, el flujo migratorio hacia la costa es de aproximadamente el 33% de la población de El Quiche, fenómeno que afecta también las campañas de vacunación y programas específicos de desarrollo económico sostenible. Sería necesario un estudio socioeconómico pormenorizado que identifique las causas históricas de este fenómeno social y recomiende soluciones sostenibles.
SITUACIÓN AGRARIA Y DESARROLLO RURAL
[editar]Conflictos de tierras en el área Ixil
[editar]20. La situación agraria está presente en varios de los Acuerdos: el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La situación agraria en el área Ixil adquiere características particulares. El 95% de la población es indígena que, históricamente, ha trabajado pequeñas propiedades para su subsistencia, sin títulos de propiedad debidamente registrados. Como consecuencia del enfrentamiento armado, cientos de familias abandonaron sus tierras. Después de la firma de la paz, se encontraron con sus tierras ocupadas por otras familias que también fueron víctimas del enfrentamiento. Esto produce numerosos conflictos comunitarios cuyo denominador común es el desarraigo social provocado por el conflicto armado. La inaccesibilidad a la tierra causa mayores niveles de pobreza ya que en el área Ixil no existen otras fuentes de trabajo. Muchas familias se ven obligadas a emigrar a otras regiones del país para trabajar en las grandes plantaciones, bajo condiciones laborales inadecuadas.
21. Uno de los problemas más serios es la seguridad jurídica sobre la tierra, que afecta a comunidades enteras, grandes propietarios e incluso a las municipalidades. Esta situación alcanza cada vez mayores niveles de confrontación, que se traducen en un ambiente de inestabilidad e inseguridad. En la actualidad, los tipos de conflictos de tierras que se presentan en el área son: a) la ocupación de tierras/propiedad de desplazados; b) la existencia de dos o más títulos de propiedad; c) la especulación sobre el precio de las tierras para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas; d) los conflictos entre títulos municipales y privados o municipales y nacionales; e) la posesión de tierras con alguna autorización del dueño; f) la falta de delimitación apropiada de tierras; g) la usurpación de baldíos/invasión de tierras y h) la ocupación de fincas por problemas laborales. Entre las situaciones más apremiantes a solucionar por su importancia social, figuran: finca La Perla (con las comunidades de Ixhtupil, Sajsiván, Ilóm y Sotzil), finca La Estrella Polar, finca Las Pilas-Santa Marta, Cimientos, Xaxboj, y los terrenos que fueron declarados Reserva Ecológica Visis Cabá.
22. Distintas instituciones estatales han intervenido en algunos conflictos, especialmente en el Municipio de Chajul, buscando soluciones por la vía de la conciliación. Son aún limitados los avances para cumplir con los compromisos adquiridos en negociaciones. Muchas veces las partes en conflicto demuestran escasa voluntad para flexibilizar sus posturas y llegar al consenso. Las instituciones estatales tienen limitaciones de recursos y capacidad para un seguimiento adecuado. Recientemente, la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) ha manifestado voluntad para abordar la situación del área y promover una estrategia interinstitucional que atienda la demanda agraria ixil.
23. En el marco de una tradicional ausencia en la región de instituciones estatales que podrían proporcionar diferentes servicios, destaca la reciente instalación del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) y la formación de la Red de Agentes de Desarrollo Agropecuario Sostenible (RADEAS). Por otro lado, se observa sólo una presencia puntual de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), para apoyar a las comunidades en las negociaciones y en la formulación de propuestas, con asesoría técnica y jurídica.
24. Las autoridades ixiles y representantes de las comunidades han expresado la urgente necesidad de resolver los conflictos agrarios más apremiantes, pues su persistencia constituye un serio obstáculo en la búsqueda de soluciones para el desarrollo rural. Para el área Ixil se requiere una estrategia de desarrollo rural sostenible y que promueva la participación, desde una perspectiva más integral y a largo plazo. Existen limitadas iniciativas dirigidas por organizaciones no gubernamentales como Adel Ixil, la Asociación Chajulense, Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario (ALIANZA), Solidaridad Internacional, Proyecto Quiche, ALA 93-22. La acción de estas organizaciones es dispersa, con muy poca participación de las autoridades locales, con dinámicas propias e incidencia limitada.
25. La situación agraria del área Ixil demanda de los diferentes actores (incluyendo a la cooperación internacional) un conocimiento profundo de los diferentes conflictos. Requiere propuestas de solución que consideren la historia y la cultura de los ixiles y una estrategia de desarrollo rural sostenible, elaborada en concertación entre el Gobierno y los principales actores locales.
DESPLAZADOS INTERNOS
[editar]26. El departamento de El Quiché, altamente afectado por la violencia del conflicto armado, registra un alto índice de población desplazada. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, se han visto avances positivos en relación al cumplimiento del reasentamiento definitivo de la población de las CPR de la región Ixil. Del 30 de mayo hasta el 2 de junio de 1998, se efectuó el primer traslado de 1,200 personas hacia la finca El Tesoro, en la Zona Reina, adquirida con fondos gubernamentales bajo condiciones especiales de crédito. La población está en proceso de reasentamiento por lo que aún permanecen en albergues temporales. Posteriormente, entre el 7 y el 11 de julio de 1998, se efectuó un nuevo traslado de 220 familias de la CPR hacia la finca Maryland en Retalhuleu. El último grupo fue trasladado a finales de septiembre, únicamente 200 familias que, debido a la falta de recursos alimentarios, habían abandonado la CPR y ahora esperan las negociaciones finales para la compra de tierra para su reasentamiento.
27. Mientras la situación de los desplazados internos organizados en las CPR evoluciona adecuadamente, resta aún mucho para encontrar una solución a la problemática de los desplazados internos dispersos. En la región Ixil, esta población ha formado varias organizaciones, entre ellas: el Movimiento de Desarraigados, que atiende a 8.260 familias en 7 municipios; CONDEG, que por el momento atiende aproximadamente 134 familias, la mayoría en Chajul; la Asociación “Kambal Chuqab Tinimit” de Xix, que asiste a 486 familias en 9 comunidades y la Unión de Reasentamiento, constituida por cerca de 60 familias, ex miembros de las CPR, pertenecientes a 3 comunidades.
28. Estas organizaciones se relacionan entre sí mediante la Asamblea Consultiva de las Poblaciones Desarraigadas (ACPD), pero no tienen ninguna coordinación a nivel operativo o político, lo que impide la adopción de una estrategia conjunta. Otro factor que dificulta la implementación de algunos de los compromisos del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, es la persistencia, entre algunas autoridades locales, de la percepción de que esta es población “guerrillera”. Mientras tanto, las organizaciones continúan las negociaciones para la obtención de tierras para sus miembros. Unas a través de la ACPD y otras a través de negociaciones bilaterales con el Gobierno (CONTIERRA y FONTIERRAS).
29. Recientemente se formó el Consejo Regional de Desplazados de Uspantán, que asiste a los desplazados dispersos de los municipios de Uspantán, Cunén y Chicamán. El consejo nació a partir de una iniciativa de CONDEG, el que a través del contacto con distintos líderes y grupos de desplazados del área, tiene intenciones de legalizarse ante la Municipalidad de Uspantán. Por su parte, la organización no gubernamental ALIANZA está asesorando al comité directivo del consejo. Además, se convino que la ALIANZA ejecutará los pequeños proyectos de desarrollo que se diseñen para las diferentes comunidades de la región y será quien canalice las solicitudes hacia instituciones internacionales o a través de la Unidad Técnica Municipal (UTM) de Uspantán, cuando los proyectos excedan su capacidad; por su parte, las peticiones de tierras se canalizarán a través del CONDEG y la ACPD. Por último, el CONDEG tiene la expectativa de coordinar su trabajo con los demás grupos de desplazados del departamento, para unir esfuerzos y obtener beneficios comunes.
30. En cuanto a la documentación personal de la población desarraigada, se realizaron esfuerzos para documentar a las CPR y fomentar la documentación personal en los municipios donde se celebraron elecciones el pasado mes de junio. Sin embargo, el desconocimiento de los registradores sobre la aplicación de la Ley de Documentación Personal para la Población Desarraigada y la ausencia de una campaña de sensibilización en las comunidades más alejadas, han sido grandes obstáculos para esta iniciativa. En este contexto, destaca el inicio del “Proyecto de Apoyo a la Documentación”, financiado por la Unión Europea (UE) y asesorado por la Universidad Carlos III, de España. Este proyecto solventará la contratación de dos registradores por municipio, por un período de un año, para que se dediquen especialmente a documentar a la población desarraigada. Esta iniciativa debería ser acompañada por una amplia campaña de motivación que destaque la importancia de la documentación personal, particularmente entre la población femenina, que tiene el porcentaje más alto de falta de documentación.
SEGURIDAD PÚBLICA
[editar]Despliegue de la Policía Nacional Civil
[editar]31. La situación de la seguridad pública y la impunidad de los hechos delictivos son dos importantes preocupaciones de la población del departamento. Es por ello que resulta especialmente relevante el despliegue de la PNC. Su presencia abre nuevas expectativas sobre el tema de la seguridad pública, pero es también un enorme desafío para el nuevo cuerpo policial, ya que la población del departamento se ha caracterizado por su desconfianza hacia los anteriores cuerpos policiales. La PNC inició su despliegue en El Quiché el 1o. de marzo, instalándose una comisaría en Santa Cruz, una estación en Nebaj y subestaciones en Santa Cruz, Chichicastenango, Nebaj, Cotzal y Chajul. Luego, el 9 de julio, se desplegó en Sacapulas. A la fecha, los efectivos a nivel departamental suman 281, de los cuales 22 son de la etnia Ixil.
32. En comparación con la anterior fuerza policial, el despliegue de la PNC representa un significativo aumento de recursos humanos y materiales. No obstante, aún persisten ostensibles carencias materiales que se deben tener en cuenta para evaluar adecuadamente el impacto de su despliegue. La verificación demostró que éste no fue acompañado de ninguna mejora sustantiva en los antiguos recintos policiales de la antigua Policía Nacional o de la Guardia de Hacienda. En consecuencia, los locales aún no reunen las condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones asignadas a la policía. Adicionalmente, persisten deficiencias en las condiciones de trabajo y alojamiento de los nuevos efectivos. Para ilustrar esa situación, cabe señalar que algunas subestaciones carecen de celdas y, en otras, éstas son ocupadas por los propios agentes para no dormir a la intemperie.
33. También son deficitarios los medios materiales y logísticos, especialmente de armamento y vehículos y, en algunos casos, ha vuelto la práctica frecuente que hace que los agentes deban pagar la reparación de los neumáticos. Adicionalmente, se ha constatado la carencia de otro tipo de transporte, como motocicletas o mulares, que serían un apoyo mucho más efectivo al trabajo policial en zonas de topografía compleja. Destaca también la falta de bastones, esposas, munición de reserva, equipo de oficina y vestuario adecuado al clima. Además, sería necesario dotar a cada subestación de líneas telefónicas, fax y fotocopiadoras y mejorar el sistema de comunicaciones por radio.
34. En cuanto al aspecto operacional, la PNC desplegó 20 efectivos adscritos al Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA), que ejercen control sobre la tala ilegal de árboles, un tema sensible en el departamento. Sin embargo, no se ha desplegado personal especializado ni poseen los medios técnicos para la investigación criminal; tampoco cuentan con personal entrenado en el manejo de situaciones de crisis, especialmente necesario en un departamento caracterizado por graves conflictos municipales y linchamientos.
35. En todas las unidades policiales se han establecido turnos de servicio de 21 días de trabajo por 9 de descanso; y jornadas de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de disponibilidad. Este sistema, junto al régimen de acuartelamiento, permite a la PNC afrontar la escasez de personal; pero el régimen de acuartelamiento no es ciertamente el más adecuado para relacionarse con la población. Por otro lado, el traslado de los agentes a su lugar de origen insume desde dos hasta cuatro de los días de descanso. La aplicación del régimen disciplinario merece un seguimiento pormenorizado, debido a su importancia en este momento inicial de la PNC.
36. Respecto al papel de la mujer en la nueva policía, se ha constatado que en varias comisarías las agentes realizan labores administrativas e, incluso, de aseo de las unidades, como en la Comisaría de Santa Cruz. Esta práctica, de la que está excluidos los agentes varones, contraviene el concepto de profesionalización de la nueva PNC y constituye un trato discriminatorio hacia la mujer.
37. En las zonas urbanas causó un impacto inmediato y favorable el rápido inicio de los patrullajes de la PNC. Sin embargo, hasta la fecha se continúan realizando sin objetivos claros y sin suficiente planificación. En las zonas rurales, la presencia de la PNC ha sido poco significativa debido, en parte, a la insuficiencia de efectivos y medios de transporte adecuados. En general, es apreciable un trato esmerado y correcto de los nuevos agentes hacia la población. Sobresale el interés y disposición de los efectivos desplegados en la región Ixil para relacionarse y establecer vínculos de colaboración con la comunidad. Pese a la mencionada falta de organización de los patrullajes, la PNC ha ido revirtiendo la negativa imagen que la población tenía de la policía. Ello se ha visto favorecido por la presencia de efectivos ixil y k’iche’ hablantes, que representan más de una tercera parte de los efectivos desplegados en la región. La experiencia de la PNC en los tres municipios ixiles debería ser considerada no sólo como la materialización de un compromiso emanado de los Acuerdos de Paz, sino como un ejemplo de efectivo trabajo policial en zonas indígenas esencialmente monolingües.
38. También se ha podido verificar un aumento sustantivo de la actividad policial, especialmente en cuanto a diligencias, detenciones y patrullajes, en comparación al período previo al despliegue de la PNC en el departamento. En cuanto a los linchamientos, luego de un difícil período en que se incrementaron, se ha producido una disminución gradual. La presencia de la PNC pudiera estar restando dinámica a este fenómeno. Por otra parte, se han registrado acciones de la PNC frustrando linchamientos aún a riesgo de sus propias vidas. Asimismo, algunas zonas que tenían tradicionalmente una alta ocurrencia de asaltos, como las rutas de Chichicastenango, son consideradas en la actualidad como relativamente seguras.
OBSERVACIONES
[editar]39. En El Quiché, la implementación de los Acuerdos de Paz avanza con lentitud. Las graves carencias que enfrenta la población en su vida cotidiana dificulta la percepción de ciertos avances realizados en la infraestructura departamental o en educación. Sin políticas sociales decididas será difícil que la población, en su conjunto, otorgue la confianza que se precisa. Una de las grandes demandas del proceso de paz es la mejora de las tasas de analfabetismo, de subempleo y de pobreza que caracterizan al departamento. Además, es necesaria una política de descentralización del Estado que permita la obtención de más medios económicos y de una autonomía de los poderes locales.
40. En términos generales, el nivel de participación social de El Quiché es bajo. Las secuelas del conflicto armado han dejado entre la población un fuerte sentimiento de desinterés y escepticismo, al que se suma el aún escaso conocimiento de los Acuerdos de Paz, que evidencia la cada vez más apremiante necesidad de una campaña de información entre la población. Sin embargo, esa situación está cambiando progresivamente. El interés de las mujeres, sobre todo indígenas, por organizarse en el Foro de la Mujer es quizás la expresión más clara de esta nueva tendencia. Al mismo tiempo, el movimiento de base indígena intenta también reorganizarse como un brazo regional de COPMAGUA, aunque aún no puede hablarse de una participación general del pueblo maya en este esfuerzo. En cuanto a los Consejos de Desarrollo, hay poca participación de los alcaldes y de las organizaciones populares. Por otro lado, la Mesa de Seguimiento de los Acuerdos de Paz sí apunta a una ampliación y consolidación, con la entrada de nuevas organizaciones y de la cooperación internacional. Será importante que las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil activen los nuevos espacios de participación que figuran en los acuerdos.
41. En cuanto a la participación de la mujer en el departamento, la dinámica del Foro es un punto de partida que las mujeres indígenas desean moldear según sus propias necesidades y concepción de la vida. Será importante tener en cuenta este punto de vista para que la estructura del Foro permita el desarrollo particular de las mujeres de El Quiché. Por otro lado, diversas entidades coinciden al manifestar que es necesario coordinar todas las iniciativas dirigidas a mejorar la situación de la mujer y afirman además su disposición en este sentido; pero también coinciden en señalar la importancia de que el Estado apoye la participación de la mujer en todos los niveles, en beneficio de la sociedad.
42. Luego del brote de tos ferina en la región Ixil se generó un cierto escepticismo en la población en cuanto a que las autoridades nacionales pudieran dar una respuesta satisfactoria a la problemática de la salud. Esta apreciación parecería revertirse a partir del acercamiento entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de consenso para la adopción de las medidas preventivas adecuadas. Esta concertación dio origen a la creación del Comité Pro Salud, con el apoyo del Gobierno Municipal de Nebaj, iniciativa digna de ser promovida en otros municipios.
43. El acceso de la población a los servicios de salud continúa siendo precario, especialmente en las cabeceras municipales, acentuándose el peligro de nuevos focos epidémicos en las comunidades más aisladas. En el contexto actual de transición y ante el inminente inicio de la campaña electoral,algunos sectores no gubernamentales han manifestado su preocupación de que las acciones dirigidas al desarrollo social y a la prestación de servicios sanitarios sean politizadas, relegando a un segundo plano el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Es necesario extremar el cuidado para evitar esa percepción, así como reforzar la confianza de la población del departamento en el proceso de paz y sus beneficios.
44. Los actores locales, autoridades, organizaciones y comunidades, consideran que no se puede hablar de desarrollo rural sostenible sin que se resuelvan los conflictos de tierra en la región. Por ello, resulta importante fortalecer las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, como CONTIERRA. Uno de los factores que hace más difícil la resolución de los conflictos es la incompatibilidad que existe entre los usos y costumbres de las comunidades indígenas y el actual sistema jurídico del Estado. Además, la población y las autoridades carecen de información sobre las instituciones y procedimientos que han de seguirse sobre el tema tierra.
45. Para revertir el cuadro de desconfianza histórica de la población hacia las autoridades estatales, es indispensable la presencia de las instituciones del Estado a nivel regional en la implementación de proyectos de desarrollo rural sostenible, en forma consensuada con los actores de la sociedad civil.
46. Es necesario fortalecer las diferentes organizaciones de desplazados, particularmente mediante la promoción de su descentralización operativa. Ello contribuirá a que las demandas de las comunidades lleguen de forma más expedita a las instancias de apoyo, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
47. También es necesario reforzar la difusión del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas entre los desplazados dispersos, que por su condición no acceden a los canales organizados. Esta población desconoce, por ejemplo, como acceder al FOGUAVI o a FONTIERRAS. Se debe igualmente reforzar la información sobre los procedimientos para obtener la personalidad jurídica, pues se desconoce que hoy los trámites se pueden efectuar a nivel municipal.
48. El cumplimiento de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz que benefician a las poblaciones desarraigadas no se han implementado de forma equitativa en la región. Mientras las comunidades de desplazados organizados en la CPR-Sierra han tenido atención y apoyo institucional, los grupos de desplazados dispersos, especialmente los de la zona norte e Ixil, no la han tenido. En este contexto, las instancias gubernamentales no han considerado la excepcionalidad de esta población, conforme lo establece el Acuerdo. Esta situación ha creado descontento en la población desplazada, lo que abona al escenario conflictivo de la región, que fue una de las más afectadas por el enfrentamiento armado.
49. Respecto a la PNC, algunos de los principales problemas que influyen en su labor derivan de las carencias en infraestructura y logística policiales; y en lo operacional, de las insuficiencias registradas en la gestión de recursos humanos y materiales, técnicas policiales y de personal capacitado para integrar unidades especializadas. No obstante las deficiencias señaladas, es notoria una mejora sustantiva en la situación de seguridad pública a partir del despliegue de la PNC. La Oficina estima que la superación de esas carencias es indispensable, puesto que lo contrario podría llevar a retrocesos y aún a revertir, a corto o mediano plazo, la positiva tendencia registrada.