MINUGUA, Oficina regional de Zacapa - Suplemento del Tercer Informe

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Verificación de los Acuerdos de Paz
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998


SUPLEMENTO DEL TERCER INFORME


OFICINA REGIONAL DE ZACAPA


MINUGUA
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala



INTRODUCCIÓN[editar]

1. Este es un suplemento sobre la Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Guatemala, correspondiente la período entre el 1o. de enero y el 31 de julio de 1998. Su contenido, de alcance regional, se centra en aspectos laborales, agrarios y en la modernización de la administración de justicia, considerados de especial relevancia en la región durante el período.

2. La Oficina Regional de Zacapa realiza su labor en el sector nororiental de la Guatemala, abarcando los 34 municipios de los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa, con una extensión territorial de 16.026 km2 (15% del territorio nacional) y una población aproximada de 970,000 habitantes (9% de la población del país). Alrededor del 76% de la población se ubica en el área rural y el 24% restante en centros urbanos. El 82% de la población es criolla o ladina y el 18% restante se divide entre mayas (queqchís y chortis) y de origen afrocaribeño (garífunas).

3. El nororiente cuenta con uno de los índices regionales de desarrollo humano más altos de Guatemala; no obstante, estos índices descienden sensiblemente en las áreas rurales y dramáticamente en las indígenas de Chiquimula y de Izabal. Esta mejor posición de desarrollo humano global se explica, en parte, por la concentración de importantes procesos de producción de los sectores primario (producción de materia prima y agricultura) y terciario (servicios), con cierto grado de desarrollo productivo industrial. En la región destacan las empresas productoras y exportadoras bananeras, las portuarias, las turísticas, las fincas agroindustriales con cultivos no tradicionales, la minería y la producción de cemento.

4. Comparativamente, la región cuenta con una mayor presencia institucional del Estado, así como con un mayor grado de organización y liderazgo político, lo cual le otorga un gran potencial de receptividad a los beneficios de la paz.

5. En la región se están creando progresivamente condiciones para el diálogo y el consenso en torno a los temas contenidos en los Acuerdos de Paz. En este marco se ha constatado la buena disposición y cooperación de los cuatro gobernadores departamentales de la región, el de la mayoría de las alcaldías municipales y la práctica totalidad de las instituciones sectoriales estatales del ámbito regional y departamental. De igual manera, destaca el apoyo al proceso de paz de la Iglesia Católica, especialmente a través de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, Obispo de Zacapa y Chiquimula y Prelado de Esquipulas y Monseñor Luis María Estrada Paeteau, Obispo Vicario Apostólico de Izabal, así como de la Oficina por la Paz y la Justicia del Vicariato Apostólico de Izabal y de la Pastoral Social de Zacapa. Por otro lado, están cumpliendo un rol importante varios medios y profesionales de la comunicación de la región, que han dado cobertura al seguimiento de los avances del proceso y mostrado su compromiso con la paz.

6. No obstante, existen varios factores que dificultan una mayor adhesión popular a la agenda de la paz. Así, entre otros, cabe mencionar el escaso impacto del fin del enfrentamiento armado en virtud del alejamiento de los escenarios de la guerra en que éste se desarrolló la mayor parte del tiempo; los elevados índices de ineficacia y los casos de corrupción de la institucionalidad estatal; el desconocimiento del proceso y de los Acuerdos de Paz, así como de las instituciones por ellos creadas; la identificación de la paz con la grave situación de inseguridad pública, las dificultades económicas y la creciente conflictividad social en el sector bananero de Izabal; la confusión popular generalizada entre delincuencia común y violaciones a los derechos humanos y, por último, la enraizada costumbre de la portación y uso de armas de fuego, que agudiza el clima de violencia e inseguridad.


RELACIONES LABORALES[editar]

7. En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (A/50/956, anexo), -en adelante Acuerdo Socioeconómico-, se subraya la importancia de las relaciones laborales como elemento esencial de la participación social en el desarrollo socioeconómico, así como de la eficiencia económica. Por ello se habla de una reorientación de las relaciones laborales, impulsando en el seno de las empresas la cooperación y la concertación trabajadores-empleadores. Si bien se está ante el inicio de un proceso de cambios y mejoras en este sentido, las tendencias de los últimos meses en la región han demostrado que todavía hay un largo camino por recorrer.

8. Durante el periodo, han tenido lugar importantes conflictos, originados en reclamos laborales, que muchas veces siguen transcendiendo al ámbito penal. Por el contrario, la conciliación, sobre todo en los casos más graves, no ha jugado su papel de favorecer una resolución rápida, eficaz y consensuada entre las partes. Uno de los principales y más complejos conflictos es el que se inició en la zona bananera de Izabal y que, pese a un dilatado proceso de negociación, no ha logrado solución. Progresivamente, el problema de origen laboral ha tenido consecuencias económicas a nivel nacional, afectando negativamente la actividad productiva de las fincas bananeras, con grandes pérdidas para empresarios y trabajadores. Este conflicto ha puesto en evidencia las dificultades existentes para encontrar vías de negociación en las relaciones laborales, así como las limitaciones para un efectivo desarrollo de la libertad sindical, originadas con frecuencia en ciertas prácticas de algunas patronales y por la falta de respuestas adecuadas de las instituciones estatales encargadas del cumplimiento de las normas.

La situación laboral y las instituciones administrativas y judiciales laborales[editar]

9. Durante el período, en las distintas fincas de la región, especialmente en las bananeras como Mopa, Panorama, Alabama, Arizona o Panchoy, los trabajadores tomaron diversas iniciativas dirigidas, tanto a reclamar mejoras en las condiciones de trabajo, como a establecer una organización sindical o un comité ad hoc que los represente. Estos procesos enfrentaron dificultades en su fase inicial, es decir, en los emplazamientos a las empresas para la negociación de los pliegos de peticiones. Se han encontrado varios casos en los que la actuación del Estado, tanto a nivel administrativo como judicial, no ha mostrado la celeridad y la eficacia necesarias para proteger y garantizar adecuadamente el goce de los derechos de libre asociación.

10. Conforme a fuentes oficiales, coincidentes con las denuncias recibidas por la oficina Regional, la gran mayoría de las infracciones laborales se refieren al no pago de indemnizaciones en los casos de despidos. Este dato, conforme a la realidad laboral observada en la región, sería indicativo de la escasa frecuencia con que se acude a las inspectorías de trabajo en defensa de otros derechos laborales.

11. Se ha constatado que los despidos o amenazas de despido son todavía una práctica común en las fincas, lo que inhibe que otras infracciones sean denunciadas. Esta situación que se ve favorecida por la casi inexistencia de inspecciones de oficio. El incumplimiento de los pactos colectivos también es objeto de solicitudes de conciliación, aunque con frecuencia pasan al ámbito judicial. Las actividades de conciliación de las inspectorías se limitan a gestiones sencillas, como el cálculo de indemnizaciones o de pago de prestaciones, mientras que los casos que presentan niveles más elevados de complejidad pasan directamente a los tribunales.

12. En la región, las inspectorías de trabajo no logran cumplir con sus objetivos debido a serias carencias de personal calificado, así como de recursos financieros y materiales. La inadecuada infraestructura con que cuentan, así como la insuficiente preparación académica de los inspectores, impiden el desarrollo adecuado de sus tareas. Es ilustrativo que ninguno de los inspectores de la región tuviera conocimiento de la existencia de la Unidad de Protección al Menor Trabajador ni de la Oficina de Resolución de Conflictos. Por otro lado, son frecuentes las quejas de los usuarios sobre la falta de interés para realizar inspecciones o conciliaciones, así como sobre varios casos de corrupción.

Casos laborales[editar]

13. El conflicto laboral del enclave bananero de Izabal, que desde febrero de 1998 se agravó notoriamente, se remonta a años de tensión en las relaciones de trabajo. El 9 de febrero, los trabajadores de las fincas Alabama y Arizona, propiedad de un productor independiente, plantearon un conflicto colectivo de carácter económico social ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Familia de Puerto Barrios. Al día siguiente, el Juez previno a las partes de no tomar represalias, conforme a la ley. Los 21 trabajadores que plantearon el conflicto colectivo fueron despedidos; la patronal aduce que ya se les había despedido, mediante un comunicado de recorte de personal que se certificó ante la Sub-Inspectoría de Trabajo Regional III, el 6 de febrero. A pesar de que los trabajadores alegan la falsedad de dicha certificación y mantienen que se les despidió en los días 12 y 13 de febrero, la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (mediante posterior resolución de 17 de julio) la dio por válida. Según los afectados y otros testigos, el 14 de febrero no se permitió el ingreso a las fincas a todo trabajador que se negara a firmar una declaración de desistimiento de apoyar al comité ad hoc constituido y de formar parte de la organización sindical del lugar, vinculada a la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).

14. A partir de ese momento el conflicto ha ampliado sus efectos: se paralizaron las actividades, no se pagaron salarios, hubo división entre los trabajadores y serios problemas para aquéllos que vivían en la finca cuyo paso se obstaculiza por guardias de seguridad privados. A todo ello se suman la sucesivas acciones judiciales de ambos lados, como los recursos de apelación contra la resolución del 19 de febrero de reinstalación de los trabajadores (resuelta favorablemente por la Corte de Apelaciones mediante la resolución mencionada de 17 de julio), incidentes de declaratoria de huelga ilegal, impugnaciones de nulidad, etc.

15. En el caso de las dos empresas que operan en las fincas Mopa y Panorama, el 19 de febrero los trabajadores presentaron ante el mismo juzgado de Puerto Barrios un conflicto colectivo para negociar un pliego de peticiones de mejora de las condiciones de trabajo. El mismo día, el juez emitió la resolución de ley. Frente a ello, las patronales detuvieron el trabajo en las fincas decretando días feriados y luego realizaron un despido masivo. Los trabajadores plantearon ante el juez un incidente de paro patronal ilegal y aseguran que, ante la lentitud de respuesta, (el juez no notificó el trámite hasta el 27 de marzo), bloquearon el acceso a los lugares de trabajo, argumentando que era para impedir actos de sabotaje y proteger sus hogares en las fincas. La patronal inició un incidente de huelga ilegal (aceptado recientemente en la sala de apelaciones), tramitado con celeridad, y denunciaron penalmente a los trabajadores ocupantes de las fincas por usurpación, perturbación de la posesión, amenazas, coacción y daños, solicitando su aprehensión y desalojo.

16. Paralelamente se denunció penalmente a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banano de Izabal (SITRABI), que agrupa a los trabajadores de la empresa BANDEGUA y asesoraba a los empleados de las otras empresas mencionadas. Los dirigentes no estaban ocupando las fincas ni estaban en huelga. No obstante, el fiscal distrital solicitó su aprehensión y el juez la ordenó, sin investigar la veracidad de la denuncia. Adicionalmente, las patronales iniciaron un proceso para la declaratoria de responsabilidad civil de los dirigentes y obtuvieron el embargo precautorio sobre las sumas recaudadas en concepto de cuotas sindicales del SITRABI.

17. El curso del conflicto de la finca Panchoy es similar. Se originó en el reclamo de mejoras salariales y el emplazamiento judicial que solicitaron los trabajadores, cuyo posterior despido provocó la paralización de las fincas, en las que se produjo una división de los trabajadores entre quienes apoyan y adversan a los reclamantes. El caso fue más grave debido a que empleados de seguridad de la finca dispararon e hirieron a dos trabajadores, hecho que el Ministerio Público investiga. Finalmente el 13 de mayo, en el marco de la realización de una diligencia judicial, las partes llegaron a un acuerdo, gracias al cual se volvió al trabajo y se reiniciaron las actividades.

18. El 4 de mayo, unos 5.000 trabajadores de 13 fincas de la zona paralizaron el tránsito de la carretera al Atlántico, a unos 15 kms. de Puerto Barrios, medida de fuerza que señalaron estaba dirigida a difundir sus reclamos ante las máximas autoridades y a solicitar la formación de una Comisión de Alto Nivel para atender la problemática. La acción fue organizada por los sindicatos vinculados a UNSITRAGUA, pero el SITRABI, miembro de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), manifestó su preocupación por la situación y su eventual apoyo a las acciones tomadas. Cuando se aceptó la solicitud de formar dicha comisión, los trabajadores suspendieron la medida. La creación de la “Comisión de Alto Nivel”, como instancia negociadora, fue considerada un gesto de buena voluntad de las autoridades del Estado para favorecer la finalización de tan grave situación. La Comisión contó con la mediación del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, el Fiscal General de la Nación y el Secretario de la Corte Suprema de Justicia (en su integración inicial). MINUGUA fue invitada a participar en calidad de observadora.

19. El 12 de mayo, la sesión de la Comisión fue interrumpida debido a la detención de dos dirigentes sindicales del SITRABI en la puerta del local de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos , ordenada por el Juzgado de Puerto Barrios en relación a la acusación penal mencionada anteriormente. La Misión emitió un comunicado público al respecto.

20. Posteriormente, esta Comisión siguió reuniéndose hasta que, el 29 de julio, emitió un comunicado público en que dio a conocer la respuesta de las partes a la propuesta de solución presentada; esta propuesta contemplaba, entre otros puntos, el reinicio inmediato de todas las labores, reinstalación de trabajadores, el no reclamo de pagos de salarios durante el período de conflicto y la celebración de un convenio para ajustar las condiciones de trabajo a niveles similares a las de otras unidades productivas de la región. Los trabajadores aceptaron la propuesta, pero ésta no fue la actitud de los representantes patronales quienes, incluso, en el caso de las fincas Alabama y Arizona, expresaron su separación de las actividades de mediación de la Comisión.


SITUACIÓN AGRARIA[editar]

21. En la región del nororiente, el mayor número de demandas o solicitudes de tierras presentadas al Fideicomiso del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) corresponden al departamento de Izabal, donde se abrieron 11 expedientes, en Zacapa se abrieron dos y en El Progreso sólo uno. Hasta la fecha ningún caso se ha resuelto en favor de la adquisición de tierras. La mayor demanda de tierras en Izabal proviene del norte del departamento, donde las tierras son aptas para la agricultura y la ganadería, además de tener un gran potencial minero. Los principales obstáculos para la demanda organizada de tierras en Izabal son el desconocimiento de las posibilidades que ofrecen las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, el aislamiento de las poblaciones, el limitado manejo del idioma español de la población queqchí y la escasa presencia de organizaciones.

22. En cuanto a la actuación de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) en torno a los conflictos de tierra en la región, al 30 de junio, dicha institución tiene abiertos 16 expedientes del departamento de Izabal (7 de ellos declarados fuera de su competencia); 3 de Zacapa, todos en proceso de evaluación; 2 en Chiquimula y 1 en El Progreso, que fue conciliado. A pesar de que las comunidades llevan estos conflictos ante CONTIERRA y que existe buena disposición de sus funcionarios, los procesos de investigación y de búsqueda de solución han sido lentos, factor que pudo haber favorecido que, en algunos casos, las tensiones existentes se exacerben aún más. Este fue el caso del conflicto entre las aldeas Santa Rosalía y 4 comunidades más de Zacapa por un lado y, por otro, la aldea Maraxcó y otras 4 aldeas de Chiquimula, donde el 25 de marzo último se llegó a la adopción de medidas de hecho que llevaron al bloqueo de la carretera CA-9. Ese mismo día se nombró una comisión presidencial con participación de FONTIERRAS, CONTIERRA, el Instituto Geográfico Nacional y la Organización de Estado Americanos en calidad de observador.

23. En el norte del Lago Izabal, especialmente en El Estor, habitan comunidades indígenas queqchí. Se tiene conocimiento de casos de ciertas familias con propiedades en la zona que, excediendo sus límites de propiedad, usurparían terrenos del Estado habitados por las comunidades indígenas y los inscribirían a su favor, aparentemente para uso ganadero y agrícola extensivo. Su objetivo se ve facilitado por lo aislado del lugar, el desconocimiento del idioma español y de la ley por parte de los queqchí, así como por su temor a denunciar para evitar represalias. Posteriormente, las comunidades indígenas son denunciadas por delito de usurpación. Debería prestarse también atención a la falta de seguridad sobre la tenencia de la tierra que afecta a la población garífuna, acentuada por la falta de registro de los inmuebles en varias comunidades del municipio de Livingston.

24. Esta situación reviste mayor gravedad debido a que contra uno de los propietarios referidos y algunos de sus ayudantes obran órdenes de captura no ejecutadas desde hace más de un año por la presunta comisión de graves delitos. El referido empresario y otros de sus presuntos cómplices requisitoriados por la ley, han sido vistos repetidamente en el centro urbano de El Estor, lo que evidencia, cuando menos, la tolerancia de los funcionarios de justicia y seguridad locales. Por situaciones como la descrita, los casos de las comunidades Rubel Hu y Rubelpec han sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

25. Otros conflictos, como los de Sepós y Chegoyo en El Estor, o entre Santa Rosalía, Zacapa, y Maraxcó, Chiquimula, y unas 8 aldeas limítrofes más, son generados por disputas entre comunidades que no cuentan con la suficiente tierra para desarrollar sus actividades agrícolas.


FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL[editar]

26. En relación con el compromiso 16 f) del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (A/51/410-S/1996/853, anexo), uno de los mayores logros del período ha sido la creación de dos Centros de Mediación y Conciliación, en Zacapa y en la aldea San Pablo, que deben facilitar la agilización de la justicia por medio de la desjudicialización. Con el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos de América (USAID), la iniciativa supone un plan piloto para la resolución alternativa de conflictos en todas las ramas jurídicas, incluida la penal, en virtud del art. 8 del Decreto 79-97, de reformas al Código Procesal Penal. Sin embargo, si bien estos centros se han abierto con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia, todavía no cumplen con el registro correspondiente en dicha Corte, para que los acuerdos allí obtenidos puedan ser homologados por los jueces. Se espera que con la puesta en marcha de estos centros de mediación y conciliación se produzca un descongestionamiento progresivo, tanto del Ministerio Público como de los juzgados locales.

27. El Proyecto de Apoyo al Ministerio Público de Zacapa es ejecutado por el Centro de Enfoque de Zacapa del Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector Judicial/Centro de Apoyo al Estado de Derecho-CREA/USAID. Este ha facilitado la labor administrativa del Ministerio Público mediante la formación de un sistema de archivo único computarizado para el ordenamiento de los expedientes. Por otro lado, en el marco de la especialización del Ministerio Público de Zacapa, cabe destacar la creación de una unidad de delitos de impacto social y otra destinada a los delitos desjudicializables, así como la apertura de una Fiscalía de Menores en Zacapa en el mes de mayo.

28. El Organismo Judicial en Zacapa, durante este período, se ha visto reforzado con la creación de un Juzgado de Familia y de Menores, así como la instalación de un Juzgado de Paz en Río Hondo, el 6 de marzo pasado.

29. En cuanto a la reforma del Servicio Público de Defensa Penal, en los cuatro departamentos de la región este servicio mantiene una notable insuficiencia. Con el fin de avanzar en esta materia se ha dispuesto un abogado más en las Defensorías Públicas de Zacapa e Izabal, con el apoyo de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento de la Cooperación Española.

30. Por otra parte, se debería enfatizar aún más en el funcionamiento multilingüe del sistema de justicia, sobre todo en aquellos lugares de la región donde hay un mayor porcentaje de población indígena, ya sea queqchí, chortí o garífuna que no pueden gozar del derecho de acceso a la justicia en su propio idioma.

31. Los esfuerzos desplegados en este proceso de fortalecimiento han encontrado serios obstáculos en la acentuada debilidad presupuestaria del sector justicia, así como en la falta de preparación técnica y profesional de los mismos actores. Desde otra perspectiva, la corrupción persistente entre algunos operadores de justicia constituye uno de los factores que más debilita la administración de justicia en su conjunto. Ello obedece, en buena medida, a que frente a casos de corrupción, las autoridades no suelen adoptar medidas de sanción o, en su caso, se limitan a trasladar al funcionario a otra región, sin imponerle sanciones de carácter administrativo ni el inicio de acciones penales. Esta extendida práctica no sólo revela la debilidad del régimen disciplinario, sino que termina por afectar el libre acceso a la justicia y favoreciendo la impunidad.

32. La constante movilidad de los operadores de justicia constituye otro factor que desestabiliza el funcionamiento de la administración de justicia en la región. En el período, esa movilidad ha ocasionado la paralización de varios procesos judiciales y afectado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Así sucedió en los Tribunales Orales en Chiquimula, Zacapa y en el Progreso, entre los meses de enero y abril, por la falta de vocales para su integración.

33. En el período destaca la creación, con los auspicios de la Oficina Regional de Zacapa, del Grupo y la Instancia de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia en Zacapa y Chiquimula, respectivamente. Están conformados por la totalidad de los operadores de justicia y de seguridad departamentales y locales, las Auxiliaturas de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, COPREDEH, y el Centro de Apoyo al Estado de Derecho CREA/USAID. Las actividades realizadas en este marco contaron con el efectivo apoyo de la Fundación Myrna Mack, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia.

34. Estas instancias están abriendo un espacio para el análisis y discusión de los problemas actuales de la administración de justicia, partiendo de una actitud propositiva, que desemboque en el planteamiento de propuestas y soluciones tendentes a reforzar la administración de justicia local. De hecho, estos grupos analizan las conclusiones del Informe de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia y han señalado la necesidad urgente de generalizar la oralidad en los procesos judiciales. En relación con este punto, ambas instancias han mostrado su preocupación por el hecho que la excesiva lentitud de los procedimientos civiles y laborales ha generado una desconfianza tal entre la población, que ha ocasionado la búsqueda de soluciones dentro de la vía penal ante cualquier tipo de conflicto, incidiendo de esta forma en la saturación de los juzgados de lo penal y paralizando los procesos a raíz del consecuente planteamiento de una cuestión prejudicial de carácter civil o laboral. Ante ello, se estima que el fortalecimiento de la administración de justicia pasa necesariamente por la agilización de los procedimientos civiles y laborales.

35. Está previsto realizar experiencias similares en los departamentos de Izabal y El Progreso y, de lograrse también en los departamentos de Jalapa y Jutiapa, se estaría en condiciones de crear una Instancia Regional de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia en Oriente.

36. Del mismo modo, durante este período se destacan los foros y actividades llevados a cabo y programados conjuntamente en torno a la seguridad pública y administración de justicia con representantes del sector privado reunidos en las Cámaras de Comercio, filiales de Zacapa, Izabal, Chiquimula y Esquipulas, con el apoyo especial del Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala.


OBSERVACIONES[editar]

37. En la región se han observado avances en la creación de condiciones para el diálogo y el progresivo apropiamiento de los Acuerdos de Paz, como lo demuestra la buena disposición de la gran mayoría de autoridades y el apoyo de organizaciones sociales, eclesiales y medios de comunicación. No obstante, es necesario impulsar una amplia política de difusión de los contenidos de los Acuerdos de Paz, con el fin de remover los obstáculos que impiden una mayor adhesión popular en torno a ellos. La conformación de la Mesa de Concertación o de Convergencia para la Paz de Oriente, iniciativa que ya tiene el respaldo de amplios segmentos oficiales y no gubernamentales, sería un gran avance y fomentaría la participación ciudadana en un necesario diálogo intersectorial que beneficiaría el acercamiento entre los gobiernos departamentales, locales y las organizaciones de la sociedad civil.

38. La región ha sido escenario de graves conflictos originados en reclamos laborales, que con frecuencia fueron trasladados al ámbito penal. Es necesario redoblar los esfuerzos para que el Estado, tanto a nivel administrativo como judicial, alcance la capacidad necesaria para proteger adecuadamente el goce de los derechos laborales reconocidos por la ley, en especial en relación al derecho a la libre asociación. De otro lado, para favorecer la efectiva función de las inspectorías de trabajo en la región, es fundam&ental adoptar las medidas necesarias para superar sus graves carencias de personal calificado, así como de recursos financieros y materiales.

39. En el marco de la situación agraria y a pesar de la importancia que tiene el tema de la tierra para gran parte de la población de la región, las solicitudes de tierras presentadas al Fideicomiso del Fondo de Tierras han sido escasas y en el período ninguna había terminado con una resolución favorable. Para facilitar la demanda organizada de tierras en la región, y en especial en Izabal, se considera necesaria una mayor difusión de las oportunidades que ofrecen ésta y otras instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, particularmente dirigida a las comunidades más alejadas y también en su propio idioma. En cuanto a los conflictos de tierra y la actuación de CONTIERRA, en la región se ha observado que las comunidades están confiando crecientemente en esta dependencia, así como en la buena disposición de sus funcionarios; no obstante, atendiendo a las tensiones que rodean a estos conflictos, sería importante que CONTIERRA busque las vías más efectivas y rápidas para sus tareas de investigación y propuestas de solución.

40. En el período, el sistema de administración de justicia en la región mostró avances en su proceso de fortalecimiento, dirigido a vencer los grandes retos que constituyen la falta de acceso a la justicia, la lentitud de los procesos judiciales, así como los casos de corrupción y falta de capacitación de algunos operadores. La creación de centros de mediación y conciliación, la instalación de nuevos juzgados, la apertura de la fiscalía de menores y la creación de nuevas unidades en el Ministerio Público, así como la agilización en su labor administrativa, son pasos importantes en este sentido. Sin perjuicio de profundizar estos avances, para lo cual es fundamental superar la debilidad presupuestaria existente, es necesario una sustantiva mejora en el funcionamiento multilingüe del sistema de justicia, en especial en las áreas con un elevado porcentaje de población indígena. También es primordial que las autoridades realicen un decidido esfuerzo por investigar y sancionar con rigor todo los actos de corrupción de algunos operadores de justicia, que está afectando gravemente la credibilidad del sistema en su conjunto.

41. La creación y funcionamiento de instancias de apoyo al fortalecimiento de la justicia, en Zacapa y Chiquimula, así como la importante participación que han logrado convocar por parte de las autoridades concernidas y organizaciones de la sociedad civil, constituyen una experiencia innovadora y efectiva de diálogo y propuesta en estos departamentos, cuya ampliación merece ser apoyada en la región.


Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]