MINUGUA - Octavo Informe
Resumen
Este es el octavo informe sobre la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz concertados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, presentado de conformidad con el mandato encomendado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala por la Asamblea General en su resolución 51/198 B. Ese mandato ha sido prorrogado reiteradamente, y expirará el 31 de diciembre de 2003. El informe abarca el período comprendido entre el 1° de mayo de 2002 y el 15 de julio de 2003. Este ha sido un período difícil para Guatemala y la aplicación de los acuerdos de paz se ha retrasado. Si bien se han logrado algunos avances, la sostenibilidad del proceso sólo podrá asegurarse si los guatemaltecos lo asumen como propio y se comprometen plenamente a llevarlo adelante.
I. Introducción
[editar]1. Este es el octavo informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), según el mandato encomendado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) por la Asamblea General en su resolución 51/198 B, de 27 de marzo de 1997. El informe abarca el período comprendido entre el 1° de mayo de 2002 y el 15 de julio de 2003.
2. La MINUGUA, que cumplirá su noveno año en 2003, está entrando en su fase final de operaciones. El mandato de la Misión se prorrogó nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2003, en virtud de la resolución 57/161, de 16 de diciembre de 2002, en que la Asamblea General tomó nota de la solicitud del Gobierno de Guatemala de una última prórroga hasta finales de 2004, teniendo en cuenta que las elecciones se celebrarían en 2003, y que un nuevo Gobierno habría de asumir sus funciones en enero de 2004. La resolución señaló la preocupación expresada por la sociedad civil guatemalteca y la comunidad internacional de que se crearían vacíos si la MINUGUA se retiraba de Guatemala antes de que el nuevo Gobierno hubiera asumido sus funciones y podido demostrar su compromiso con los acuerdos de paz.
3. El 18 de abril de 2002, comuniqué a la Asamblea General que había designado al Sr. Tom Koenigs de Alemania como mi Representante Especial en Guatemala y Jefe de la MINUGUA a partir del 1° de agosto de 2002. El Sr. Koenigs reemplazó al Sr. Gerd Merrem.
4. Durante el período que abarca el presente informe, la MINUGUA siguió verificando el cumplimiento de los acuerdos de paz e intensificando un programa de transición destinado a fortalecer la capacidad de los agentes nacionales para llevar adelante el programa de paz una vez terminada la Misión. Entre los asociados de la MINUGUA para la transición en Guatemala, se ha dado especial prioridad a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. En virtud de un memorándum de entendimiento firmado en 2002, la Misión ha venido impartiendo adiestramiento en materia de verificación de los derechos humanos, compartiendo así la experiencia obtenida en esa esfera desde el establecimiento de la MINUGUA.
5. En la estrategia de transición de la Misión también se atribuye gran importancia a velar por el seguimiento del proceso de paz por parte de la comunidad internacional, en particular por conducto de los organismos especializados y los fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas. La MINUGUA ha intensificado su coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la esperanza de que amplíe su presencia en Guatemala cuando parta la MINUGUA. También son muy importantes la asistencia técnica prestada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para las prioridades de la paz y los informes presentados por el equipo de las Naciones Unidas en el país sobre el cumplimiento de los compromisos socioeconómicos previstos en los acuerdos de paz. La Misión también ha venido apoyando los esfuerzos encaminados a fortalecer la función de las comisiones integradas por el Gobierno y la sociedad civil, establecidas en virtud de los acuerdos de paz para asegurar la continuación de la labor de aplicación y la participación en el proceso.
6. Los avances en la aplicación estuvieron por debajo de las expectativas y no bastaron para dar nuevo impulso a un proceso de paz que se había estancado en años anteriores. Si bien se verificaron avances en algunas esferas, como la promulgación de leyes contra la discriminación, el redespliegue de unidades militares y la elaboración de un Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, también hubo inacción con respecto a muchas cuestiones importantes. Además, los avances fueron eclipsados por tendencias negativas como el empeoramiento de la situación de la seguridad pública, la persistente corrupción, los reveses en la lucha contra la impunidad y la persistencia de una atmósfera de intimidación de los funcionarios de la justicia y los defensores de los derechos humanos.
7. Para consolidar la visión de los acuerdos de paz se requerirá una mayor voluntad política, la participación de todos los sectores de la sociedad, como así también la continuación de la participación de la comunidad internacional. La evaluación crítica de los avances durante este último período no debe ser motivo de pesimismo. Tampoco se deben perder de vista los logros más amplios del proceso de paz de Guatemala. Al acercarse las elecciones de noviembre de 2003 y la instauración de un nuevo gobierno el año siguiente, habrá que consolidar los logros obtenidos hasta la fecha y profundizar los procesos fundamentales de reforma.
Contexto político
8. Persistió la polarización política señalada en los informes anteriores, lo que ha obstaculizado aún más el avance del proceso de paz. La cooperación entre el Gobierno del Presidente Alfonso Portillo, los partidos políticos opositores, el sector privado y los grupos de la sociedad civil se tornó cada vez más problemática a medida que se acercaban las elecciones de 2003 y seguían aflorando denuncias de corrupción en los círculos oficiales. El Congreso no pudo obtener la mayoría de dos tercios requerida para aprobar la Ley Electoral y de Partidos Políticos que habría aumentado enormemente las oportunidades de participación, en particular de los miembros de los grupos indígenas maya, xinka y garífuna. El sector privado se ha opuesto sistemáticamente a los esfuerzos del Gobierno por aumentar las rentas públicas, y su Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, logró presentar numerosas impugnaciones constitucionales a los aumentos de impuestos.
9. Las tensiones aumentaron en todo el país en junio de 2002 cuando los ex patrulleros de autodefensa civil bloquearon el parque arqueológico de Tikal y un aeropuerto e instalaciones petroleras cercanas a fin de exigir que se les pagara por los servicios que habían prestado durante el conflicto armado. La decisión del Gobierno de efectuar un pago a esos grupos suscitó fuertes críticas, debido a que los patrulleros habían participado en violaciones de los derechos humanos y a que a la sazón no se contaba con un programa de resarcimiento para las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto. Las manifestaciones se multiplicaron en todo el país, y en una protesta un ex patrullero resultó muerto, al parecer por la policía. En mayo de 2003, los ex patrulleros, iracundos por las demoras en la entrega de las prestaciones prometidas, incendiaron edificios municipales y un mercado en Chicacao (departamento de Suchitepéquez).
10. La seguridad pública empeoró aún más y el Gobierno tuvo que recurrir de nuevo a las patrullas militares para combatir el delito común. La sensación de inseguridad aumentó tras una racha de asesinatos a finales de 2002 y principios de 2003. Entre las víctimas contaron Antonio Pop Caal, destacado intelectual maya; Diego Velasco Brito, ex congresista maya; y José Fernando Lobo Dubon, ex presidente del Congreso. Una jueza que trabajaba en casos muy conocidos de tráfico de estupefacientes sobrevivió a un intento de asesinato en la ciudad de Guatemala en enero de 2003, en el que su vehículo fue acribillado a balazos. Esto ocurrió sólo unos días después del asesinato a tiros de un juez en lo contencioso administrativo. En tres violentos motines en las cárceles murieron docenas de personas.
11. Continuaron las amenazas y los ataques contra defensores de los derechos humanos, funcionarios de la administración de justicia, sindicalistas y periodistas[2]. Algunos reveses ocurridos en casos muy sonados de derechos humanos demostraron la persistente fragilidad del sistema de justicia. El clima de intimidación contra activistas también hizo que Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, y algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaran Guatemala. En vista de la inquietud suscitada por esos problemas, en marzo de 2003 el Gobierno y el Procurador de los Derechos Humanos, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, acordaron iniciar una investigación de los grupos clandestinos, respaldada internacionalmente con la participación de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Envié a Guatemala una misión exploratoria técnica integrada por expertos independientes y funcionarios de las Naciones Unidas para evaluar la viabilidad de semejante comisión.
12. La visita en septiembre de 2002, de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, puso de relieve el problema tan arraigado de la discriminación racial y la necesidad de avanzar en la aplicación del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.
13. Salieron a la luz nuevas acusaciones relacionadas con la corrupción y la influencia del tráfico de drogas y la delincuencia organizada en esferas gubernamentales. En enero de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos retiró su certificación de Guatemala como aliado en la lucha contra las drogas ilícitas. El Gobierno disolvió su policía antidrogas después de que algunos de sus miembros resultaron involucrados en casos de corrupción y violaciones graves de los derechos humanos. El Fiscal General de la Nación anunció que estaba iniciando el sumario contra cinco antiguos militares que presuntamente habían participado en actividades ilícitas. Al acercarse el final del período se produjeron detenciones y se siguieron investigando las denuncias de que funcionarios corruptos habían malversado importantes sumas de dinero de los fondos de seguridad social de la nación.
14. El 29 de diciembre de 2002 se conmemoró el sexto aniversario de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial a la que asistieron miembros del clero, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional. El Presidente anunció que había completado la desmovilización de la cuarta parte de los miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), la guardia presidencial que debía haberse disuelto hacía tiempo conforme a los acuerdos de paz. Posteriormente, el Presidente envió al Congreso un proyecto de ley que, de sancionarse, fijaría la desmovilización definitiva del EMP para noviembre de 2003.
15. Una huelga nacional de maestros paralizó las escuelas públicas durante dos meses. Los huelguistas se apoderaron de puertos, aduanas y aeropuertos antes de que la huelga se resolviera pacíficamente en marzo de 2003 tras las conversaciones facilitadas por el Arzobispo de Guatemala. Las organizaciones de campesinos realizaron protestas masivas para exigir tierras y una respuesta del Gobierno a la crisis que afectaba el mercado del café, con sus efectos negativos resultantes en el sustento de muchos pobres de las zonas rurales.
16. En mayo de 2003 comenzó oficialmente la campaña para las elecciones nacionales de noviembre. La primera vuelta se fijó para el 9 de noviembre y, de ser necesario, una segunda vuelta presidencial para el 28 de diciembre. Están en juego la presidencia, los 158 escaños del Congreso y los 331 municipios de la nación. El Tribunal Supremo Electoral inició una campaña de empadronamiento de votantes para contrarrestar el bajo nivel de participación observado históricamente, en especial entre los pueblos indígenas. La Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea anunciaron que enviarían observadores electorales. La campaña electoral se ha caracterizado por tensiones en torno a las aspiraciones presidenciales de Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso y ex gobernante de facto, al que en dos ocasiones anteriores le habían prohibido postularse por motivos constitucionales. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia confirmaron esas decisiones anteriores, pero fueron revocadas el 14 de julio por la Corte de Constitucionalidad, que aprobó la candidatura de Ríos Montt, lo que provocó una protesta por parte de dirigentes de derechos humanos y activistas constitucionales. Han surgido graves preocupaciones, pues tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar una apelación del fallo de la Corte de Constitucionalidad, estallaron disturbios y manifestaciones de violencia en la capital. En lo que pareció ser una protesta sumamente organizada, centenares de seguidores de Ríos Montt transportados en camiones se congregaron frente al Consejo Electoral.
17. Los días 13 y 14 de mayo de 2003 se celebró en la ciudad de Guatemala una reunión del Grupo Consultivo, con la participación de representantes del Gobierno, los donantes, la sociedad civil y los partidos políticos, para evaluar los avances en la aplicación de los acuerdos de paz desde la reunión celebrada en Washington, D.C., en 2002. En los informes de la MINUGUA y otros miembros de la comunidad internacional se señalaron algunos avances, pero se lamentó que el proceso de aplicación no hubiese estado a la altura de las promesas del Gobierno. Las principales preocupaciones de la comunidad de donantes eran, entre otras, la continuación de los ataques contra los observadores de la situación de los derechos humanos, el hecho de que no se hubiera promulgado una ley de registro catastral y el lento progreso en lo tocante a mejorar la situación de los pueblos indígenas. Todos los participantes coincidieron en que los acuerdos de paz debían seguir siendo la hoja de ruta para el desarrollo de Guatemala. El Presidente anunció que presentaría un proyecto de ley para fortalecer la Comisión de Acompañamiento del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la Secretaría de la Paz a fin de asegurar la continuación de los acuerdos de paz durante el próximo gobierno. Los principales donantes reiteraron su firme apoyo siempre que los guatemaltecos siguieran comprometidos con el avance del proceso de paz.
18. Tras la reunión del Grupo Consultivo, el Gobierno presentó medidas para fomentar el proceso de paz en los meses restantes de su mandato, como la desmovilización total del Estado Mayor Presidencial, la aprobación de un presupuesto para 2004 que reflejara las prioridades de la paz, reducciones en el ejército, el inicio del Programa Nacional de Resarcimiento y la investigación de los grupos clandestinos, así como la aprobación de proyectos de ley pendientes como la ley del registro catastral y las leyes de acceso a la información, de clasificación y desclasificación, y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
19. El Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Kieran Prendergast, visitó Guatemala del 4 al 8 de julio de 2003 para examinar los planes de transición de la MINUGUA y reunirse con el Presidente Portillo y altos funcionarios gubernamentales, autoridades electorales y dirigentes de la sociedad civil. El Secretario General Adjunto destacó la necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales para aplicar los acuerdos de paz y celebrar elecciones creíbles y transparentes. También hizo hincapié en la necesidad de lograr un Estado de derecho y una participación política más amplia como elementos fundamentales para el futuro de Guatemala.
20. El 11 de julio de 2003, bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos, representantes de los principales partidos políticos firmaron una declaración en que expresaron su apoyo a los acuerdos de paz como “acuerdos estatales” que debían incorporarse en sus planes de gobierno y a la celebración de elecciones pacíficas y legítimas.
II. Implementación de los acuerdos de paz, 2002-2003
[editar]21. Las actividades de verificación de la MINUGUA se centraron en los ámbitos de los derechos humanos, los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, la desmilitarización y el fortalecimiento del poder civil, y los aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Al evaluar los progresos realizados, la Misión tuvo en cuenta el cronograma para la implementación y verificación establecido por la Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que se extiende a 2004. También se tuvieron en cuenta los compromisos contraídos por el Gobierno en la reunión del Grupo Consultivo celebrada en febrero de 2002 de asignar suficientes consignaciones presupuestarias para la implementación y aumentar los ingresos fiscales para sufragar los gastos del proceso de paz; luchar contra la impunidad, mejorar la seguridad de los ciudadanos y garantizar el respeto de los derechos humanos; aumentar la transparencia y promover el diálogo y la unidad nacional.
A. Los derechos humanos y la justicia; la lucha contra la impunidad
[editar]22. Una vez terminado el conflicto armado, la situación de los derechos humanos en Guatemala mejoró considerablemente, como lo demuestra la disminución del número de ejecuciones, desapariciones forzosas y casos de torturas. Los asesinatos políticos disminuyeron considerablemente y aumentó la libertad de prensa. Los progresos fueron mucho más lentos en lo que respecta a la lucha contra la impunidad y la consolidación del imperio de la ley, dos de los compromisos fundamentales del Acuerdo global sobre derechos humanos.
23. Las condiciones de seguridad pública se deterioraron, persistió la impunidad y se mantuvo el clima de intimidación de los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas que denuncié en mi informe anterior. Los presupuestos para las instituciones clave encargadas de mantener el imperio de la ley siguieron siendo insuficientes y la reforma judicial avanzó lentamente. El acuerdo entre el Gobierno y la sociedad civil sobre la creación de un programa nacional de resarcimiento para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado fue un importante paso adelante.
24. Los activistas de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados y antropólogos forenses fueron víctimas de amenazas, acoso y violencia. De fines de 2002 a mediados de 2003 se registraron varios incidentes graves, incluidos ataques contra tres jueces y dos fiscales públicos (uno de ellos el fiscal especial encargado de las violaciones perpetradas contra los defensores de los derechos humanos), y el asesinato de un testigo clave en el caso de Monseñor Juan Gerardi, por cuyo asesinato fueron condenados varios militares. Se produjeron allanamientos de las oficinas del Procurador de los Derechos Humanos en Izábal y en el domicilio en la ciudad de Guatemala de un destacado político opositor y un conocido activista de derechos humanos. En junio de 2003, el auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en Chimaltenango fue asesinado por desconocidos. También causaba profunda preocupación una serie de homicidios de jóvenes que participaban en programas de prevención y rehabilitación de delincuentes juveniles, según la organización no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos nada más que en la ciudad capital se registraron 37 asesinatos de este tipo entre noviembre de 2002 y enero de 2003.
25. El elemento común de todos estos casos era la falta de resultados de las investigaciones oficiales. La respuesta de la justicia ha sido limitada e insuficiente. La comisión presidencial y la oficina del fiscal especial encargado de investigar las amenazas contra los activistas de derechos humanos, creadas a mediados de 2002, no recibieron ni el apoyo financiero ni la colaboración de otras instituciones que necesitaban para lograr resultados.
26. Los casos descritos pusieron aún más de relieve el problema de los grupos clandestinos considerados responsables de muchos de estos incidentes. En marzo pasado, el Gobierno y el Procurador de los Derechos Humanos, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, acordaron establecer una Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad y pidieron a las Naciones Unidas que apoyara esta iniciativa. Investigaciones de este tipo, junto con mayores esfuerzos por fortalecer las instituciones permanentes de la justicia penal, podrían contribuir de manera considerable a identificar estos cuerpos y luchar contra ellos.
27. La decisión de una corte de apelaciones de revocar la condena de un ex coronel del ejército por el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack constituyó un revés decepcionante en la lucha contra la impunidad. La condena había sido vista como un hito, ya que había puesto fin a la impunidad de que gozaban desde hacía mucho tiempo los militares en Guatemala. La posibilidad de sancionar a agentes del Estado por la violación de derechos humanos quedó demostrada con la condena de 16 agentes del ahora disuelto Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil por su papel en las ejecuciones extrajudiciales cometidas el año pasado en Chocón, una comunidad del departamento de Izábal.
28. Continuaron los casos de linchamiento sin que hubiera una respuesta firme del Estado, salvo medidas aisladas de prevención por parte del Organismo Judicial y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (que estableció una mesa nacional contra los linchamientos).
29. Aunque algunas instituciones de la justicia, como la Policía Nacional Civil, recibieron un aumento presupuestario nominal en 2003, las cantidades asignadas siguieron siendo insuficientes para emprender los planes de expansión y reforma que tanta falta hacían. Un ejemplo especialmente preocupante es el del Instituto de Defensa Pública Penal que tuvo que recortar drásticamente los servicios que prestaba a causa de la falta de fondos.
30. El debido funcionamiento de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos es esencial para la protección de los derechos humanos en Guatemala y debe tener la máxima prioridad. A este respecto, la decisión del Congreso de nombrar a un nuevo Procurador con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil constituyó un hecho positivo. Aunque la Institución sigue confrontando problemas considerables, su reorganización y afianzamiento bajo la dirección del Procurador Sergio Morales son alentadores. Lamentablemente, el proceso de reforma ha sido afectado por las exiguas asignaciones presupuestarias, que han obligado a la Institución a depender de la cooperación internacional para financiar su reestructuración.
31. La reforma penitenciaria no ha avanzado mucho, a pesar de los tres graves motines que pusieron de relieve la anarquía, el hacinamiento y la corrupción del sistema. El Congreso no aprobó la ley de reforma penitenciaria y hasta el momento las autoridades han evitado un examen riguroso de las raíces presupuestarias y administrativas de esos problemas. Todavía no se han aplicado las recomendaciones de la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario.
32. La seguridad de los jueces es esencial para la independencia judicial; las medidas adoptadas para protegerlos, sin embargo, han surtido pocos efectos. La Corte Suprema de Justicia dio algunos pasos en ese sentido, al crear una dependencia especial de seguridad para proteger a los jueces y proponer un programa especial de seguro de vida.
33. Es sumamente importante ampliar el acceso a la justicia, sobre todo en las zonas rurales. A pesar de que se inauguraron tres nuevos centros de administración de justicia en zonas remotas de población predominantemente indígena, las dificultades de coordinación interinstitucional y las políticas poco claras para la contratación de personal bilingüe limitaron su eficacia.
34. Se recortaron considerablemente los presupuestos de varias instituciones que participaban en la capacitación de los profesionales de la justicia, incluidas la Escuela de Estudios Judiciales, la Academia de la Policía Nacional Civil y la Escuela de Estudios Penitenciarios. La Unidad de Formación y Capacitación del Instituto de Defensa Pública Penal fue prácticamente eliminada.
35. En julio de 2003, el Gobierno inauguró la Comisión Nacional de Resarcimiento para crear y administrar un Programa Nacional de Resarcimiento de las víctimas de los 36 años de conflicto armado, lo que significó un progreso importante en el cumplimiento de los acuerdos de paz y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esto se logró mediante negociaciones celebradas entre el Gobierno y los miembros de una coalición de organizaciones de víctimas, con los buenos oficios de la MINUGUA. La Comisión debería encargarse de establecer rápidamente el programa de resarcimiento y el Gobierno debería asignar fondos suficientes para financiar los pagos. Es importante que el Congreso rectifique su decisión de no apoyar los resarcimientos y asegure la financiación y la estabilidad institucional de los pagos aprobando el programa con carácter de ley.
36. El Gobierno siguió ratificando instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno demostró que estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos y de negociar arreglos con las víctimas o sus familias, incluso en el caso de Myrna Mack. Una excepción a esta tendencia positiva en la esfera internacional fue el hecho de que el Congreso no tomó medidas respecto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a pesar de que el tratado contaba con el apoyo de la presidencia y de las organizaciones de derechos humanos y de que había sido objeto de una opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad.
B. La identidad y los derechos de los pueblos indígenas
[editar]37. Poco se ha avanzado a lo largo de los años con respecto a la implementación del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, a pesar de la importancia central que éste reviste en un país en que aproximadamente la mitad de la población es indígena. Los pueblos indígenas de Guatemala siguen sufriendo discriminación étnica, racial y cultural generalizada, no tienen acceso adecuado a los servicios sociales básicos y registran niveles desproporcionados de pobreza, incluso de indigencia. Así pues, sigue sin reconocerse en su justa medida que la diversidad étnica es una de las características que definen el país y una de sus mayores riquezas.
38. Aunque muchos aspectos de ese Acuerdo siguen pendientes se han adoptado varias medidas positivas. El Gobierno facilitó el acceso a los monumentos culturales nacionales para que se pudieran practicar los ritos de la tradición maya. En mayo de 2003, justo antes de la reunión del Grupo Consultivo, el Congreso promulgó una nueva ley que facilitaba el uso de los idiomas indígenas en las esferas oficiales. También se adoptaron normas que penalizaban la discriminación en sus distintas manifestaciones, incluso la discriminación por motivos de género.
39. Gran parte de la legislación estipulada en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas sigue pendiente, incluso las leyes que reconocen las formas indígenas de tenencia de la tierra, facilitan el acceso de los indígenas al espectro radioeléctrico y afianzan la educación bilingüe. Guatemala no ha reconocido aún la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas para recibir denuncias individuales. Especialmente desalentador para las organizaciones indígenas ha sido la falta de interés del Congreso en adoptar legislación para tipificar el delito de acoso sexual e imponer penas más severas cuando la víctima sea indígena. La Oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena, creada en virtud de los acuerdos de paz, carece aún de presupuesto suficiente para poder extender sus actividades al interior del país.
40. No se avanzó mucho en la promoción del acceso a la justicia de los pueblos indígenas en sus propios idiomas, ya sea mediante un sistema de intérpretes o contratando jueces, fiscales y otros funcionarios que hablen estos idiomas. Sin embargo, las decisiones tomadas en tres juicios distintos en el período que nos ocupa indican que hay mayor conciencia de la obligación de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
41. Las reformas de la enseñanza para reflejar la diversidad lingüística y cultural del país siguieron avanzando lentamente. Se han adoptado medidas positivas, como la creación de programas piloto de educación bilingüe, la elaboración de programas de estudios interculturales y el aumento en el número de escuelas normales, bilingües, pero es necesario aplicarlas en escala mucho mayor.
42. En marzo de 2003, el Presidente Portillo inauguró una Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas. Su eficacia dependerá en última instancia de su capacidad de formular recomendaciones y de la voluntad del Gobierno de aplicarlas.
C. Desmilitarización y fortalecimiento del poder civil
[editar]43. La consolidación de las instituciones civiles y la reestructuración de las fuerzas armadas en un marco institucional democrático han seguido avanzando lentamente, a pesar de los progresos para disolver el Estado Mayor Presidencial y desplegar las fuerzas armadas con arreglo a criterios de defensa nacional y no consideraciones de seguridad interna.
44. En el campo legislativo, los resultados fueron dispares. A pesar de que el tema ha sido largamente debatido por el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, todavía falta promulgar las leyes de acceso a la información, clasificación de la información estatal, control de las armas de fuego y municiones y reglamentación de las empresas privadas de seguridad. Sin embargo, el Congreso aprobó una ley que proponía una alternativa civil al servicio militar obligatorio, como se estipulaba en los acuerdos de paz.
Seguridad pública
45. La Policía Nacional Civil quedó considerablemente debilitada al cabo del período que se examina. El Gobierno respondió al creciente problema del delito recurriendo al ejército para las tareas de seguridad pública, en lugar de reforzar la Policía Nacional Civil. Esta tendencia reduce las posibilidades de desarrollo de la Policía Nacional Civil y demora la retirada de las fuerzas armadas de la realización de tareas civiles. La Misión ha confirmado que en muchos casos los soldados patrullan sin la presencia de la policía y el comandante de la zona militar planifica las operaciones.
46. Las perspectivas de que en el futuro se adopten políticas más coherentes de seguridad y defensa mejoraron con la colaboración entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para crear el Consejo Asesor de Seguridad, previsto en los acuerdos de paz. El Consejo, creado por decreto presidencial en febrero de 2003, ha entablado un diálogo con representantes de la sociedad civil para determinar su estatuto y su plan de trabajo. El Consejo, formado por ciudadanos prominentes, debería contribuir a la formulación de políticas en materia de seguridad pública y defensa.
47. El Ministerio de Gobernación y los representantes de la sociedad civil, con la asistencia técnica de la MINUGUA, elaboraron un nuevo reglamento disciplinario de la policía que todavía debe ser aprobado por la Junta Ejecutiva. Este reglamento facilitará el despido de los funcionarios corruptos o abusivos. La creación de oficinas de la Policía Nacional Civil que se ocupen de los derechos humanos, las cuestiones de género, la labor policial comunitaria y los asuntos multiculturales debería mejorar las prácticas policiales en esas esferas.
Fuerzas armadas
48. En 2002 el gasto de las fuerzas armadas fue inferior al de los dos años anteriores, pero una vez más excedió el objetivo del 0,66% del PIB, estipulado en los acuerdos de paz. Ese fue el sexto año consecutivo en el que los gastos excedieron los objetivos fijados en los acuerdos. En 2002 el presupuesto final del Ministerio de la Defensa Nacional fue de 1.238 millones de quetzales, un 24% más de la cantidad aprobada por el Congreso. Tampoco había transparencia con respecto al uso de los fondos, ya que las autoridades militares afirmaron que el secreto militar les impedía responder a las preguntas del Congreso acerca del presupuesto.
49. Después de varios años de estancamiento en esta esfera, el ejército logró progresos sustanciales en el redespliegue de sus unidades de conformidad con las funciones de defensa exterior. El Ministerio de la Defensa Nacional desactivó tres zonas militares y 16 destacamentos, al tiempo que mantuvo el polémico destacamento de Rabinal (Baja Verapaz). Esa instalación no cumple ningún objetivo táctico y sigue provocando desavenencias con las numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos que viven en la comunidad.
50. Los representantes del Ministerio de la Defensa Nacional y de la sociedad civil mantuvieron discusiones acerca de la elaboración de un Libro Blanco de Defensa Nacional en el marco de las mesas de diálogo organizadas por el PNUD y la Organización de los Estados Americanos. El consenso alcanzado en estos debates debería ser la base de una nueva política de defensa y de una nueva doctrina militar.
51. Las medidas adoptadas para disolver el Estado Mayor Presidencial (EMP) parecían indicar que este proceso se había vuelto irreversible, aunque todavía existían ciertas dudas sobre si llegaría a terminarse antes de que finalizara el mandato del Gobierno actual. El Gobierno informó de que a finales de 2002 se había desmovilizado a 186 miembros del EMP y, en mayo de 2003, a 107 más, con lo que quedaban 449 miembros en plantilla. Al final del período de que se informa, el Congreso estaba estudiando un proyecto de ley por el que se suprimía el EMP con efecto al 30 de noviembre de 2003, al tiempo que se legalizaba la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), institución civil que progresivamente ha ido asumiendo las funciones del EMP en virtud de los acuerdos de paz. Desde su creación, la SAAS ha proporcionado seguridad, de forma profesional, tanto al Vicepresidente y a su familia como a los ex Presidentes.
Información e inteligencia
52. Aún no se habían logrado progresos concretos en la creación de un sistema de inteligencia de Estado para la sociedad civil. Uno de los objetivos de la Comisión de Alto Nivel, creada a finales de 2002 por el Ministerio de Gobernación y los representantes de la sociedad civil, es seguir avanzando en esta esfera clave. La Comisión elaboró un proyecto de ley para crear un Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información y otro proyecto de ley sobre armas de fuego por el que se transferiría el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional al Ministerio de Gobernación.
53. La Secretaría de Análisis Estratégico, institución civil creada en virtud de los acuerdos, quedó debilitada por recortes presupuestarios y cambios en su diligencia.
D. Aspectos socioeconómicos y agrarios, y cuestiones de género
[editar]54. En virtud del Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el Gobierno debería fomentar el desarrollo rural y subsanar las grandes desigualdades sociales que existen en Guatemala, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, y por lo menos un 15% está sumido en la indigencia. La insuficiencia de recursos para las instituciones pertinentes y la falta de progreso en el ámbito legislativo obstaculizaron los avances en esta esfera.
55. La persistencia de la crisis del precio del café exacerbó la situación ya precaria del campesinado de Guatemala, complicando aún más las perspectivas de reducir la pobreza rural. A principios de 2003, el Gobierno aceptó una propuesta presentada por las organizaciones de la sociedad civil para financiar un plan de emergencia por la crisis del café, que comprendía el fomento de la diversificación de los cultivos y la adquisición de nuevas tierras para los campesinos sin trabajo.
Desarrollo rural y aprovechamiento de las tierras
56. La falta de un sistema nacional de catastro sigue siendo un obstáculo importante al desarrollo rural y a la resolución de los conflictos sobre la tierra. Las medidas adoptadas en esta esfera han sido erráticas y los donantes, que han aportado fondos multilaterales y bilaterales importantes a los proyectos de catastro, manifestaron una creciente frustración. En dos ocasiones distintas, el Presidente Portillo retiró del Congreso los proyectos de ley sobre el catastro, antes de presentar finalmente un tercer proyecto de ley ampliado en abril de 2003. Se espera que el Congreso sancione el proyecto de ley, que es esencial para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. La creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios fue un paso adelante hacia la formulación de políticas agrarias coherentes y coordinadas.
57. Quedan pendientes otras cuestiones legislativas importantes, como la ley sobre jurisdicción agraria y ambiental. Tampoco se ha hecho ningún progreso respecto de las leyes relacionadas con el impuesto sobre tierras ociosas e impuestos territoriales, que se consideran importantes para fomentar el mercado de tierras rurales.
58. En el presupuesto de 2003 no se asignaron fondos para la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, que desempeñó un papel importante al contribuir a resolver pacíficamente algunos de los casi 2.000 conflictos sobre la tierra registrados en el país. La financiación provisional proporcionada por el Gobierno en abril de 2003 evitó el cierre de la institución pero fue insuficiente para impedir que se recortaran numerosos puestos y se cerraran varias oficinas regionales.
59. El presupuesto asignado al Fondo de Tierras fue, una vez más, inferior a la cantidad estipulada en el decreto ejecutivo por el que en 1998 se creó el Fondo como mecanismo clave de los acuerdos de paz. El Fondo ha dependido en gran medida de préstamos multilaterales y ayuda externa, y no ha logrado mayores progresos en su objetivo de obtener tierras para las poblaciones necesitadas. Queda pendiente la creación de un fondo de garantías que ayudaría a movilizar recursos privados para el crédito agrario y la recuperación de grandes extensiones de tierras, en particular en las regiones del Petén y de la Franja transversal del norte, que fueron irregularmente adjudicadas por los gobiernos anteriores.
60. En abril de 2003 se iniciaron conversaciones para definir la política de desarrollo rural entre el Gobierno, los campesinos, los grupos indígenas y miembros del sector privado, en el contexto de las mesas de diálogo organizadas por el PNUD y la Organización de los Estados Americanos.
Política fiscal y transparencia
61. Los acuerdos de paz exigen que se asignen presupuestos suficientes a los ministerios, las secretarías y otras instituciones gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos. La ley sobre el presupuesto de 2003 introduce mejoras en esa esfera con respecto al año anterior, pero las asignaciones siguen siendo insuficientes, lo que pone en peligro la supervivencia de instituciones clave, como la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra y el Instituto de Defensa Pública Penal. Además, durante el año pasado, el Gobierno continuó distorsionando las prioridades del presupuesto aprobado mediante transferencias, principalmente en favor de las fuerzas armadas. El resultante aumento del 24% en el presupuesto efectivo de 2003 del Ministerio de la Defensa Nacional sólo fue superado por el aumento del 95% para el Estado Mayor Presidencial.
62. Uno de los motivos más importantes de la insuficiencia de las partidas presupuestarias es que Guatemala sigue sin aumentar los ingresos fiscales al 12% del PIB, como se estipula en los acuerdos de paz. Aunque se ha registrado una mejora notable en la recaudación de impuestos y en la administración fiscal, la base fiscal solamente aumentó a un 10,5% del PIB en 2002 y los pronósticos actuales indican que en 2003 no superará el 10,7%. El Gobierno no es el único responsable del bajo nivel de ingresos; el sector privado organizado mantiene su firme oposición al aumento de los impuestos.
63. A pesar de haberse nombrado a un Fiscal Especial contra la Corrupción hubo pocos resultados tangibles en la investigación de los principales casos de corrupción descubiertos en los últimos años. Se adoptaron algunas medidas positivas gracias al apoyo del Banco Mundial, como la creación de una Comisión para la Transparencia y contra la Corrupción y la aprobación por parte del Congreso del Sistema Integral de Administración Financiera, que debería ahora ampliarse al Congreso, los municipios y los fondos sociales.
Descentralización
64. Un conjunto de leyes sobre los Consejos de Desarrollo, el Código Municipal y la descentralización han abierto nuevas posibilidades para una mayor participación de la sociedad en la planificación del desarrollo a nivel local, en particular de los grupos tradicionalmente excluidos, como las mujeres y los pueblos indígenas. Sin embargo, fue decepcionante la falta de consideración que el Gobierno nacional prestó a las listas de candidatos al cargo de gobernador propuestas por los Consejos reorganizados de varias regiones. La falta de una política nacional clara de descentralización y las divergencias entre las instituciones estatales respecto de la interpretación de las nuevas leyes también han sido obstáculos al progreso en la materia.
Educación
65. El presupuesto del Ministerio de Educación aumentó en un 12% respecto del año anterior, pero no bastó para lograr un aumento importante en la cobertura, implementar la reforma educativa ni mejorar la infraestructura física. El monto destinado por Guatemala a la educación —un 2,5% del PIB en 2002— siguió siendo uno de los más bajos de América Latina.
66. La reforma de los programas de estudio se extendió al nivel primario y se abrieron más escuelas normales bilingües. Sin embargo, varios programas se vieron afectados, incluidos los de becas para niños y de desayunos y almuerzos escolares, principalmente debido a falta de organización y de fondos. La huelga del magisterio a comienzos de 2003 puso al descubierto las múltiples deficiencias del sistema educativo, sin que se hayan propuesto soluciones de largo plazo. Un resultado fue la fusión del reputado Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo con el nuevo Sistema para la Descentralización de la Gestión Educativa creado en marzo de 2003, decisión adoptada sin consultar a importantes actores como la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa.
Salud y vivienda
67. El Ministerio de Salud Pública vio reducido su presupuesto en 2003. Los servicios de atención sanitaria siguieron siendo precarios, especialmente en las zonas rurales, de población predominantemente indígena. Se dio poca importancia a las medidas preventivas básicas y la falta de agua potable siguió siendo un problema crónico en muchas comunidades rurales.
Género
68. Las reformas de los Consejos de Desarrollo han abierto nuevos espacios para la participación de las organizaciones femeninas a nivel nacional, regional y departamental. Se estableció la Secretaría Presidencial de la Mujer para garantizar que las políticas públicas se ajustaran a las directrices centradas en el género, pero su presupuesto fue insuficiente para cumplir plenamente con su mandato. Una coalición de grupos femeninos y otras organizaciones de la sociedad civil preparó un proyecto de ley que incorporaba una perspectiva de género en el Código de Trabajo, sobre el cual el Congreso no adoptó ninguna decisión.
Reasentamiento de poblaciones desarraigadas e incorporación de excombatientes
69. No se adelantó mucho en la elaboración de políticas sostenibles sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas o desplazadas, ni en la integración definitiva de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin embargo, la construcción de 5.700 viviendas para personas desplazadas por el conflicto fue una medida positiva. No prosperaron otros compromisos con los mismos grupos con relación a la tierra, el desarrollo productivo, la salud y la educación.
70. La falta de una política de desarrollo rural y el limitado acceso de los habitantes de zonas alejadas a los servicios básicos siguió obstaculizando la reintegración plena y productiva a la sociedad de los miembros desmovilizados de la URNG. En mayo de 2003, llegó a su fin un importante proyecto financiado por la Unión Europea para apoyar la reincorporación de los excombatientes. Deben asignarse recursos nacionales al Fondo Fiduciario para Proyectos Productivos, dirigido tanto a las poblaciones desmovilizadas como a las reasentadas, que ha estado pendiente de aplicación los dos últimos años.
III. Observaciones
[editar]71. Guatemala dio un paso valiente y difícil al firmar los acuerdos de paz, con los que se procuraba poner fin al conflicto e iniciar una transformación profunda y ambiciosa del país. El carácter complejo y global de los acuerdos dificulta el progreso aun cuando se cuenta con suficiente voluntad política y se dispone de recursos financieros. Pero la dimensión de los problemas o el tiempo necesario para su solución no deben transformarse en una justificación para dejar de avanzar más decididamente en este sentido. Los grandes desafíos requieren grandes esfuerzos y aunque en este informe se documentan algunos progresos importantes y muchas razones para mantener el optimismo, también se recuerda que es necesario hacer esfuerzos más sustanciales.
72. El apoyo y el aliento internacionales seguirán siendo importantes, pero el proceso será sostenible a largo plazo sólo en la medida en que los guatemaltecos lo sientan como propio y asuman la responsabilidad de llevarlo adelante. Me complace enormemente que los principales partidos políticos de Guatemala se hayan comprometido a seguir adelante con el proceso de paz. También son motivo de aliento la participación de las organizaciones de la sociedad civil y su entusiasmo para elaborar programas futuros de trabajo en torno a la aplicación de los acuerdos.
73. En los meses que restan del mandato del actual Gobierno debe hacerse todo lo posible para cumplir con los compromisos pendientes de los acuerdos de paz. Debe disolverse completamente el Estado Mayor Presidencial y acelerarse la adopción de medidas contra la discriminación. En el presupuesto de 2004 deben reducirse los gastos militares y dedicarse recursos considerablemente mayores a las necesidades sociales y a las instituciones propias de un Estado de derecho, como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Deben adoptarse en su totalidad los proyectos de ley prioritarios de la agenda legislativa para la paz, elaborada por la Comisión de acompañamiento del cumplimiento de los Acuerdos de paz, incluida la ley de catastro, las leyes de acceso a la información y de clasificación y desclasificación de información estatal, y la ley marco de inteligencia civil. También debe ser prioritario promulgar legislación para fortalecer las instituciones clave creadas por los acuerdos y encargadas de su aplicación, y comenzar la implementación del Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Cada una de estas medidas fue señalada en la reunión de este año del Grupo Consultivo como una prioridad a corto plazo para Guatemala.
74. Para el éxito del proceso de paz a mediano y más largo plazo se requerirán instituciones estatales fuertes, capaces de articular políticas públicas a largo plazo con recursos financieros suficientes para avanzar en el amplio programa de los acuerdos: los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la seguridad pública y la política de defensa nacional, el desarrollo rural, la salud y la educación.
75. Se precisa un firme compromiso a largo plazo para fortalecer las instituciones estatales de la justicia, incluidas la policía, los tribunales, la Fiscalía General de la Nación y el sistema penitenciario, además de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Las políticas de derechos humanos deben formularse en consulta con las organizaciones de la sociedad civil, lo que supone, además, la dificultad de romper los ciclos de desconfianza que han obstaculizado el diálogo. Éstas y otras medidas concertadas deben adoptarse para derribar el muro de la impunidad que está impidiendo a Guatemala alcanzar todos los frutos de la paz.
76. En lo referente a los pueblos indígenas, las estrategias para intensificar la aplicación de los acuerdos de paz deben incluir la promoción de las políticas públicas elaboradas en consulta con los pueblos indígenas para reducir gradualmente el nivel existente de discriminación. Deben tenerse en consideración las numerosas propuestas legislativas elaboradas por los pueblos indígenas. El Organismo Judicial debe hacer mayores esfuerzos para que los pueblos indígenas accedan a la justicia en su propia lengua y que se respete más el derecho indígena. También debe considerarse la posibilidad de introducir cambios en la Constitución, para que el marco jurídico de Guatemala se ajuste a los acuerdos de paz y los tratados internacionales ratificados por el país. La reanudación del progreso en la aplicación del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas tendría efectos positivos en todo el país, fortaleciendo su democracia y promoviendo el desarrollo de un Estado multiétnico, multicultural y multilingüe.
77. Es necesario adoptar medidas audaces en la esfera de la desmilitarización y el fortalecimiento del poder civil. La transformación de las fuerzas armadas requiere su plena subordinación a la autoridad civil y una estructura, unos efectivos, una doctrina y un despliegue acordes con una sociedad democrática en tiempos de paz. Debe aprobarse la legislación pendiente, así como una nueva política de defensa y doctrina militar, y debe progresarse en el establecimiento de un sistema de inteligencia civil con control democrático. Es preciso trabajar decididamente para reforzar a la Policía Nacional Civil y su academia, y asegurar que la policía cuente con el adiestramiento, la dotación, los recursos y el alcance nacional necesarios para garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos.
78. El proceso de paz no puede prosperar si se lo priva de fondos o si las prioridades de los acuerdos de paz no se reflejan en el presupuesto nacional. Los esfuerzos para aumentar la base tributaria, en un marco de transparencia, deben ser apoyados por el sector privado y toda la sociedad. Al asignarse los recursos públicos debe darse prioridad a los acuerdos de paz, teniendo en cuenta las demandas cada vez mayores de servicios sociales y las actuales tasas de crecimiento económico.
79. Es fundamental seguir avanzando con el desarrollo rural para superar las causas estructurales del conflicto armado. Todos los sectores deben participar en discusiones encaminadas a elaborar políticas estatales a largo plazo que reflejen la diversidad de la nación. El Gobierno también debe comprometer recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los compromisos jurídicos relativos a la tierra y el desarrollo rural, principalmente mediante la formulación de una ley de jurisdicción agraria y ambiental, y de reformas para establecer mecanismos de resarcimiento en relación con los conflictos sobre la tierra.
80. El proceso electoral en Guatemala se ha visto afectado por una serie de incidentes desafortunados, algunos de los cuales han conducido a la violencia. Algunos, también, fueron el resultado de actos de provocación, lo que sugiere que hay quienes no se han comprometido plenamente con los principios fundamentales de las elecciones democráticas, a saber la tolerancia, el pluralismo y la no violencia. Únicamente en un clima de paz, sin amenazas ni intimidación, los votantes guatemaltecos pueden ejercer su derecho de elegir libremente a sus dirigentes y hacerlos responsables de su actuación.
81. En conclusión, permítaseme expresar mi agradecimiento a las partes y en particular al Gobierno de Guatemala por la cooperación que han seguido prestando a la Misión. Si la Asamblea General aprueba el pedido del Gobierno de que se prorrogue el mandato de la MINUGUA hasta 2004, la Misión tendría más tiempo para llevar a cabo su estrategia de transición, y también se daría la oportunidad de acompañar a un nuevo gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de paz durante su crucial primer año en ejercicio.
82. La comunidad internacional debe seguir centrando su cooperación en el marco de los acuerdos de paz mientras, al mismo tiempo, se intensifican los esfuerzos nacionales para sostener el proceso. Incluso cuando la MINUGUA ponga fin gradualmente a sus operaciones en Guatemala, las Naciones Unidas mantendrán su compromiso, con la convicción de que los acuerdos de paz son el camino mejor y el único viable para lograr una paz y un desarrollo duraderos en el país.
Notas
[editar]- ↑ Documento presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas al Quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, con fecha 11 de agosto de 2003 y código A/58/267 para ser incluido en el tema Tema 26 del programa provisional*: La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”.
* A/58/150.
** La presentación de este informe se aplazó para poder incorporar los resultados de las consultas realizadas en la Organización. - ↑ En junio de 2003 hombres armados irrumpieron en el hogar de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, y lo amarraron y amenazaron junto a familiares.