MINUGUA - décimotercer informe sobre derechos humanos

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DÉCIMOTERCER INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS
DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA


Guatemala, octubre de 2002




Nota del Secretario General(*)[1]
A/57/336 (1 de julio de 2001 - 30 de junio de 2002)


La situación en Centroamérica: procedimientos para establecer

la paz firme y duradera y progresos para la configuración de una región de paz,

libertad, democracia y desarrollo


Resumen

El presente informe es el decimotercero de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), que ha estado vigilando la aplicación de los acuerdos de paz concertados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El respeto de los derechos humanos se ha deteriorado durante el período que se examina, comprendido entre julio de 2001 y junio de 2002. Han aumentado las violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía, y la impunidad es la norma. La Misión observó que este deterioro está estrechamente vinculado con el estancamiento existente en relación con otros aspectos de los acuerdos de paz.

1. El documento adjunto contiene el informe sobre derechos humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) relativo a la verificación del cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I). Siguiendo la práctica establecida desde el comienzo de la Misión, entregaré un ejemplar del informe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la solicitud de que sea remitido a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos.

2. El informe, transmitido por el Jefe de Misión, es el decimotercero sobre la materia y abarca el período comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002, durante el cual la Misión continuó verificando el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El resultado de dicha verificación fue comunicado a la Asamblea General el 10 de julio de 2002 (véase A/56/1003).

3. En mi informe a la Asamblea General (A/56/391), transmití a ésta la solicitud de las partes signatarias de los acuerdos de paz de prorrogar el mandato de la MINUGUA. La Asamblea General amplió la duración del mandato hasta el 31 de diciembre de 2002 en su resolución 56/223, de 24 de diciembre de 2001, en la cual me reiteró su solicitud de mantenerla plenamente informada.

4. Expreso mi agradecimiento al Gobierno de Guatemala y a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca por la cooperación brindada a la Misión. Deseo también manifestar mi reconocimiento a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas en Guatemala por su constante colaboración y apoyo a la Misión y al proceso de paz de Guatemala.


I. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO EN QUE LA MISIÓN LLEVÓ A CABO SUS ACTIVIDADES[editar]

1. Durante el período que se examina, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) continuó verificando el cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I) y los aspectos de derechos humanos del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas (A/49/882-S/1995/256, anexo). Desde que la Misión fue establecida, el 21 de noviembre de 1994, ha recibido 150.000 visitas individuales y en grupo en relación con los derechos humanos y otros aspectos de los acuerdos de paz, y ha verificado casi 50.000 supuestas violaciones de los derechos humanos.

2. El trabajo de la Misión ha ido evolucionando a medida que avanzaba el proceso de paz. Hasta diciembre de 1996, en que se firmó el Acuerdo de paz firme y duradera (A/51/796-S/1997/114, anexo II), la Misión y su personal de unos 250 funcionarios internacionales se dedicaban exclusivamente a verificar el respeto de los derechos humanos. Posteriormente, con los mismos niveles básicos de personal y distribución en todo el país, la Misión ha verificado el cumplimiento de todos los acuerdos de paz. Dado el volumen de las tareas todavía pendientes, las partes solicitaron que la Misión continuase sus actividades, que se irían reduciendo gradualmente, hasta fines del año electoral 2003.

3. A los progresos en materia de derechos humanos registrados en las primeras etapas del proceso de paz, sucedió un largo período de estancamiento. Posteriormente, durante el período que se examina, la situación de Guatemala en materia de derechos humanos verdaderamente se deterioró. La MINUGUA verificó diversas denuncias de amenazas y de asesinatos de que fueron víctimas defensores de los derechos humanos, trabajadores de las iglesias, jueces, testigos, periodistas, activistas políticos y sindicalistas. Persistieron los linchamientos y la violencia colectiva. Los grupos ilegales y las estructuras clandestinas operaban impunemente. Los incidentes de violación de los derechos humanos por parte de la policía aumentaron considerablemente. La impunidad siguió siendo sistemática, ya que el Estado no cumplió con su obligación de investigar los delitos y sancionar a los responsables, mientras que sus propios agentes a menudo obstruían la acción de la justicia.

4. La crisis de Guatemala en materia de derechos humanos no entraña sólo el incumplimiento de los derechos civiles y políticos, sino la violación profunda y constante de los más diversos derechos sociales, económicos y culturales. En 1999, las partes convinieron en un nuevo calendario para cumplir con los compromisos pendientes respecto a los acuerdos de paz, en que se daba preponderancia a la necesidad de atacar las causas profundas del conflicto, como las políticas sociales discriminatorias, la desigualdad económica y la exclusión de la población indígena (véase A/55/389 párr. 11). Sin embargo, tres años más tarde, un gran número de esos compromisos siguen sin cumplirse. Tampoco se han cumplido mínimamente las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (véase A/53/928, anexo), especialmente las encaminadas a promover la reconciliación nacional y resarcir a las víctimas del conflicto armado.

5. La situación en el ámbito de los derechos humanos está siendo modificada por la transformación, en tiempos de paz, de importantes participantes en el conflicto armado. La URNG se desmovilizó y se transformó en un partido político, pero los militares aún no han redefinido sus funciones conforme a lo establecido en los acuerdos de paz. Los comisionados militares, los comités voluntarios de defensa civil (CVDC) y las anteriores fuerzas de policía también fueron desmovilizadas. Sin embargo, muchos ex comisionados y ex integrantes de los CVDC siguen ocupando puestos de dirigentes en sus comunidades y no han cambiado las ideas que expresan ni los métodos que usan, ni siquiera los de incitación a la violencia colectiva y los linchamientos. Muchos ex policías y ex soldados se incorporaron a la nueva Policía Nacional Civil (PNC), donde han cometido abusos que recuerdan prácticas frecuentes durante el conflicto armado. Asimismo, algunos ex policías y ex soldados son ahora propietarios o empleados de las empresas privadas de seguridad, cuyos efectivos son mucho mayores que los de la PNC, y que actúan en gran medida fuera del control del Estado. Hay indicios de que algunos antiguos integrantes de las fuerzas contrainsurgentes forman parte ahora de los grupos ilegales y las estructuras clandestinas de la delincuencia organizada.

6. Desde que terminó el conflicto armado, los elevados niveles de delincuencia han hecho que la seguridad ciudadana sea una de las principales preocupaciones de la población. Según estudios realizados, Guatemala ocupa el segundo lugar en Centroamérica, después de El Salvador, en cuanto a niveles de delincuencia. Sólo en los primeros cuatro meses de 2002 hubo 1.143 homicidios, de los cuales el 80% se cometieron con armas de fuego. Aunque es común que aumente la delincuencia en situaciones posteriores a los conflictos, ello no puede servir de excusa para que el Estado no responda con la debida firmeza. El aumento en el número de policías, jueces y fiscales en todo el país no ha producido ninguna mejora tangible y ha fomentado la tolerancia del público a los linchamientos y las operaciones de «limpieza social». A pesar de que se ha aumentado el número de tribunales y policías en las zonas rurales, no se han adoptado medidas eficaces concomitantes de lucha contra la pobreza, la discriminación y otras causas estructurales de la delincuencia.

7. En contradicción con el espíritu de los acuerdos de paz, se han ampliado las funciones del Ejército en materia de seguridad pública y otras esferas de gobierno. En noviembre de 2001, el Presidente de la República nombró Ministro de Gobernación, a cargo de la PNC, al Ministro de la Defensa, entonces General en activo. Otros militares y ex militares también fueron nombrados para ocupar cargos clave del Ministerio de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, el sistema de instituciones penitenciarias, la dirección de aviación civil y el instituto de turismo. Posteriormente, varios de ellos fueron separados del cargo antes de la reunión del Grupo Consultivo de febrero de 2002. En otra muestra de militarización, los jefes de la policía regional recibieron la orden de compartir sus informes diarios con los comandantes del Ejército en las regiones. El Gobierno también puso en manos de los militares tareas como la distribución de las raciones de alimentos, los suministros escolares y los fertilizantes subvencionados. Las reiteradas transferencias de fondos al presupuesto del Ejército contrastaban con los recortes en los presupuestos sociales del Gobierno para fines sociales, administración de justicia e indemnizaciones a las víctimas del conflicto, en violación manifiesta de los acuerdos de paz. En 2001, el Ejército gastó cerca del doble del monto aprobado por el Congreso, es decir casi la misma cantidad que en 1995, cuando todavía se estaba en pleno conflicto armado.

8. Al aproximarse las elecciones de 2003, el contexto político se ha polarizado al verse marcado por enconados debates sobre la política tributaria, una cobertura periodística muy crítica del Gobierno, acusaciones de corrupción a todos los niveles, mientras el Presidente denunciaba intrigas para desestabilizar el Gobierno. Los esfuerzos iniciales, nacionales e internacionales, para distender el clima de enfrentamiento no tuvieron éxito. Las disputas por la tierra, los conflictos sindicales y otros conflictos sociales se intensificaron en medio de una crisis agraria agravada por la caída de los precios mundiales del café y la escasez de fondos para las políticas sociales.

9. En la reunión del Grupo Consultivo celebrada en Washington, D.C., se sentaron las bases para volver a impulsar la aplicación de los acuerdos de paz. A raíz de un diálogo alentador celebrado entre el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, los principales países donantes renovaron sus compromisos, aunque los vincularon a los progresos en el programa de paz, incluido el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El Gobierno prometió acelerar la aplicación de los acuerdos de paz y luchar contra la impunidad, mejorar la seguridad de los ciudadanos y garantizar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el ambiente de optimismo decayó poco después de la reunión, cuando fue secuestrado y retenido durante tres días el Presidente del Banco Central y fue asesinado un testigo en un caso delicado de supuesta utilización de la Tipografía Nacional para fines políticos. El recrudecimiento de las amenazas y la violencia contra los trabajadores de derechos humanos, incluido el asesinato de un funcionario de la Fundación Rigoberta Menchú, desencadenó protestas y llamamientos al Gobierno para que iniciara una campaña enérgica contra los grupos ilegales y las estructuras clandestinas bajo sospecha.

10. Por solicitud del Gobierno, y atendiendo al deterioro de la situación de los derechos humanos, la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos visitó Guatemala en mayo de 2002. Se consideró que la elección de un nuevo Fiscal General y la de un nuevo Procurador de los Derechos Humanos servirían para mejorar la labor de esas instituciones en favor de los derechos humanos.

11. En junio de 2002, algunos ex integrantes de los CVDC llevaron a cabo protestas en el departamento de Petén para exigir que se los indemnizara por los servicios prestados durante el conflicto armado como fuerza auxiliar dirigida por el Ejército. El Gobierno señaló que estaba tratando de obtener con sus exigencias, lo que le mereció la crítica de que ello equivaldría a retribuir a quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. Mientras tanto, aún no se había creado el Programa Nacional de Reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, recomendación esencial de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y algunos proyectos experimentales estaban estancados por falta de fondos.


II. EXAMEN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL ACUERDO GLOBAL SOBRE DERECHOS HUMANOS[editar]

Compromiso I: Compromiso general con los derechos humanos[editar]

12. Durante el período en examen, la MINUGUA admitió 371 denuncias relativas a 3.213 presuntas violaciones de los derechos humanos considerados prioritarios en el Acuerdo global. Como resultado de la verificación realizada por la Misión, se confirmaron 5.845 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en este período o en períodos anteriores (véase el apéndice).

Derecho a la vida[editar]

13. Desde que se firmó la paz, los actos de violencia criminal han pasado a ser la principal amenaza al derecho a la vida. La población exige, sobre todo, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, los agentes del Estado siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. La Misión recibió denuncias de 89 presuntas violaciones de los derechos humanos durante el período, y confirmó 13 ejecuciones extrajudiciales y 25 intentos de ejecución. También se confirmaron seis violaciones de los derechos humanos denunciadas en otros períodos.

14. El uso excesivo de la fuerza por los miembros de la PNC fue la causa de que se produjeran varias ejecuciones extrajudiciales; algunos detenidos recibieron disparos mientras estaban bajo custodia. Otoniel Ramos Suchite, por ejemplo, murió el 17 de octubre de 2001 en Quebrada de Agua, Zacapa. Un grupo de unos 50 policías de La Unión, Gualán y Zacapa habían sido enviados a detener a Ramos Suchite, acusado de homicidio y robo. Según algunos testigos, la policía le disparó cuando salía de su casa desarmado.

15. El 29 de enero de 2002, en la aldea de Chocón, Izabal, algunos integrantes del Departamento de Operaciones Antinarcóticas de la policía dispararon contra un grupo de personas, dos de las cuales resultaron muertas. En un primer momento, la policía adujo que los muertos, Abinail Cerna Castañeda y Leonel Arnoldo Díaz Valenzuela, eran traficantes de drogas que habían opuesto resistencia. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC ha puesto a 17 oficiales de ese Departamento a disposición de la justicia en relación con el caso.

16. Varios asesinatos fueron objeto de una enorme atención en los medios de comunicación y de debates públicos. César Augusto Rodas Furlán, testigo en el caso conocido como de Tipografía Nacional, fue asesinado en febrero de 2002. Jorge Alberto Rosal Zea, miembro del Partido Patriota, fue asesinado en marzo de 2002. Guillermo Ovalle de León, funcionario de la Fundación Rigoberta Menchú, murió de un disparo en abril de 2002. Estos asesinatos siguieron a los del periodista Jorge Mynor Alegría Armendáriz en septiembre de 2001, y del Juez de Paz Miguel Geovanni Ávila Vásquez, en enero de 2002 (véanse los párrafos 29 y 43).

17. La Misión tuvo conocimiento de 57 episodios de linchamiento o intento de linchamiento contra 139 personas, con el resultado de 21 muertos, algunos de ellos menores de edad. En algunos casos, las autoridades no lograron evitar los linchamientos y, en otros, participaron en ellos. A menudo, los ataques fueron planificados e instigados por las autoridades municipales, los ex integrantes de los CVDC y los ex comisionados militares. En Matanzas, Baja Verapaz, el 20 de octubre de 2001, fueron linchados dos hombres y un menor, José Ical Xip, Juan Cuc y René Alfredo Cho, después de haber sido acusados de robo ante una multitud de 3.000 personas encabezada por alcaldes adjuntos, presidentes de comités cívicos e individuos que reivindicaban su carácter de dirigentes por haber terminado recientemente el servicio militar obligatorio.

18. Los linchamientos, que en su mayoría permanecen en la más completa impunidad, han ocurrido sobre todo en las provincias pobres donde el conflicto armado tuvo la mayor intensidad: Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Totonicapán, Baja Verapaz. Algunos casos recuerdan las prácticas violentas de la contrainsurgencia descritas en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Por ejemplo, el 8 de febrero de 2001, los habitantes de la aldea de Sayaxche, Petén, respondieron a la noticia de un robo organizándose en patrullas que capturaron a un hombre y dos muchachos, los torturaron y los mataron a tiros.

19. Desde 1996, en que, después de varios años, volvió a aplicarse la pena de muerte, se ha sentenciado a muerte a 87 personas y se ha ejecutado a cinco. No hubo nuevas ejecuciones durante el período en examen, aunque se ha sentenciado a muerte a 10 personas. En la mayoría de los casos hay problemas jurídicos suficientemente graves como para justificar una moratoria que desemboque en la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido la promesa del Presidente Portillo de tratar de establecer una moratoria. La aplicación de la pena de muerte en Guatemala viola en diversos aspectos las normas internacionales, como por ejemplo en que es obligatoria respecto de ciertos delitos, se impone para otros delitos además de los más graves y, en los casos de asesinato, se aplica con mayor frecuencia cuando se considera que el acusado es peligroso. No está claro cuál es la instancia de apelación para suspender la aplicación de esa pena. También se ha aplicado la pena de muerte en público, y antes de haberse agotado las apelaciones previstas en el sistema interamericano de derechos humanos. La pena de muerte viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Guatemala es signataria.

Derecho a la integridad personal[editar]

20. En el período que se examina aumentaron en un 128% los casos comprobados de tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por la policía. La Misión recibió denuncias de 551 presuntas violaciones de esa índole, de las cuales corroboró 270, la mayoría cometidas por integrantes de la PNC. Los casos confirmados de tortura disminuyeron en un 57% en el mismo período.

21. Siguen necesitándose controles internos y políticas eficaces para expulsar de la PNC a los miembros que cometen abusos. Si bien la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC ha logrado adelantos considerables a este respecto, el sistema judicial otorga escasa credibilidad a sus investigaciones. En parte, los abusos deben atribuirse a la falta de capacitación.

22. Más del 70% de las denuncias admitidas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurrieron en los departamentos de Petén, Guatemala y Cobán. En un caso, Luis Méndez, obrero de la construcción de Belice, fue golpeado fuertemente por la policía de Petén en cuatro ocasiones. Como resultado de los golpes, sufrió fractura de nariz y fue necesario extirparle el bazo; lo amenazaron de muerte y le pusieron una pistola en la boca. El Ministerio Público abrió una investigación, pero la policía de Petén falsificó los informes para proteger a los responsables. Los oficiales que participaron en la paliza siguen en servicio activo.

Derecho a la libertad y seguridad personales[editar]

23. A lo largo del período bajo examen continuaron las denuncias de amenazas, intimidación y acoso y siguió faltando determinación para investigar esos actos y castigar a los responsables. El número de denuncias recibidas prácticamente se duplicó, llegando a 938, y la MINUGUA confirmó 430 infracciones. El clima de intimidación se pone de manifiesto en el hecho de que dos tercios de los casos correspondieron a amenazas, incluso amenazas de muerte. Esos casos, entre los que se incluyen los de amenazas contra activistas de los derechos humanos, periodistas, funcionarios de la justicia, sacerdotes y líderes sindicales, se detallan en otro apartado del presente informe. Sometidos a amenazas, los testigos y las personas que sacaron a la luz el caso de la Tipografía Nacional también huyeron del país.

Derecho a la libertad de asociación y reunión[editar]

24. Aunque las amenazas y demás actos de intimidación tuvieron un efecto negativo, fueron esperanzadoras para la Misión la iniciativa que ha dado como fruto la organización del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, una nueva coalición de organizaciones no gubernamentales, y la decisión de crear un Consejo Nacional de Poblaciones Indígenas.

25. La Misión recibió nuevas denuncias de amenazas contra líderes sindicales e informaciones sobre casos de acoso y allanamiento en las sedes de los sindicatos. La Misión comprobó la existencia de prácticas antisindicales en la oficina del Contralor General, que había manifestado abiertamente su intención de suprimir los dos sindicatos de la institución; esos sindicatos han perdido 500 trabajadores desde 1999.

26. Los líderes sindicales siguen siendo objeto de amenaza e intimidación. Por ejemplo, Juan Fidel Pacheco Coc, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Inmigración, informó de que había recibido amenazas de muerte. La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala denunció amenazas telefónicas, así como la vigilancia de su sede y de algunos de sus miembros. El 15 de abril de 2002, unos pistoleros en motocicleta dispararon contra la casa de Carlos Guzmán Ganuz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Nueva Concepción, Escuintla.

27. Las reformas del Código Laboral que entraron en vigor el 1º de junio de 2001 fueron un paso adelante para adaptar la legislación de Guatemala a los Convenios Nos. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la libertad sindical y al derecho de sindicación y de negociación colectiva. No obstante, el Ministerio de Trabajo ha reconocido que subsisten grandes obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos laborales.

Derecho a la libertad de expresión[editar]

28. A lo largo del período que se examina, algunos periodistas fueron víctimas de violencia, amenazas e intimidación. Sin embargo, los periódicos y otros medios de comunicación criticaron al Gobierno libremente y en voz alta y pusieron al descubierto escándalos de corrupción.

29. El caso más grave fue el asesinato, el 5 de septiembre de 2001, de Jorge Mynor Alegría Armendáriz, director de un programa de Radio Amatique, en Puerto Barrios, Izabal. La víctima había denunciado actos de corrupción de las autoridades provinciales y del alcalde de Puerto Barrios. Enrique Aceituno, director de un programa informativo en la misma emisora, y que también había criticado la corrupción, dimitió tras recibir amenazas.

30. En la Ciudad de Guatemala, el 10 de abril de 2002, el periodista independiente David Herrera fue forzado a entrar en un vehículo por unos desconocidos que le dijeron que lo matarían si no les entregaba unos documentos en que se informaba sobre unas exhumaciones realizadas en cementerios clandestinos. Herrera consiguió escapar de sus secuestradores y huyó del país. El 20 de septiembre de 2001, la directora del diario El Periódico, Silvia Gereda, fue perseguida por unos desconocidos en un automóvil.

31. En noviembre de 2001, el Congreso aprobó la Ley de colegiación profesional obligatoria, que despertó cierta inquietud por si pudiera suponer un intento de restringir la libertad de expresión de los periodistas. La Corte de Constitucionalidad falló provisionalmente que no era necesaria la colegiación profesional para ejercer la libertad de expresión. También levantó sospechas de censura la reforma del artículo 196 del Código Penal relativo a las publicaciones y espectáculos obscenos y la obligación de que las exposiciones públicas estuvieran previamente autorizadas por el Ministerio de Cultura.

Derechos políticos[editar]

32. El Congreso designó a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, encargado de supervisar las elecciones generales de 2003. Las partes en el Acuerdo global consideraron primordial la protección de los derechos humanos, y en el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral se preveía la reforma de la Ley electoral y de partidos políticos.

33. En el período que se examina, el Congreso aprobó modificaciones de la Ley electoral y de partidos políticos que la Corte de Constitucionalidad devolvió al Congreso con objeciones. El Congreso debería ocuparse de aprobar la Ley sin demora de modo que el nuevo régimen electoral haya entrado en vigor bastante antes de las elecciones de 2003. La Misión considera que con las modificaciones se introducen medidas adecuadas para alcanzar el objetivo de los acuerdos de paz de reducir la abstención y elevar la participación de la ciudadanía en las elecciones. Las modificaciones relativas a la documentación, el registro electoral, la descentralización de los centros de votación y las campañas de educación cívica exigirán un esfuerzo especial del Tribunal Supremo Electoral.

Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas: casos de discriminación[editar]

34. En el período que se examina, la Misión recibió denuncias de discriminación y de violaciones de las garantías legales, como obstrucción de la justicia y la falta de disposición para ofrecer acceso a la justicia en los idiomas indígenas.

35. En uno de los ejemplos de discriminación, en Sololá, el 10 de diciembre de 2001, unos guardabosques del Gobierno detuvieron de forma ilícita y arbitraria a Pedro Beto Ixcoy y Víctor Coxaj Chanchava Guerra, pertenecientes al grupo étnico quiché. Esas dos personas habían extraído una sustancia natural utilizada en ceremonias mayas de una especie de pino protegida por la legislación sobre medio ambiente. En este caso también se produjeron graves violaciones de las garantías procesales.

36. El 27 de diciembre de 2001, dos mujeres del grupo étnico q’anjobal sufrieron acoso sexual cometido por el juez del centro de administración de justicia de Santa Eulalia, Huehuetenango. Aunque las mujeres presentaron una denuncia ante la policía en que nombraban al supuesto acosador, la Oficina del Fiscal General rehusó investigar, alegando que las víctimas no habían identificado al agresor. No hubo una investigación a fondo de la junta de disciplina judicial.

37. En junio de 2002, se negó la entrada a un restaurante de la Ciudad de Guatemala a Irma Alicia Velásquez Nimatuj, una mujer de etnia maya que ejerce una profesión liberal, porque llevaba un traje típico indígena. El caso suscitó una considerable atención pública y amplios debates en los medios de difusión, así como una rara petición pública de disculpa de los propietarios del restaurante. El incidente puso de manifiesto la existencia de actitudes racistas y la necesidad de leyes que tipificaran como delito la discriminación étnica.

38. En otro caso ilustrativo, unos concejales de Totonicapán llevaron a cabo una campaña de calumnias contra las autoridades indígenas tradicionales de la población e intentaron anular las elecciones al cargo de alcalde indígena.

Compromiso de perfeccionar las normas y mecanismos de protección de los derechos humanos[editar]

39. En el período que se examina se ratificaron importantes tratados en relación con los derechos humanos: la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

40. La voluntad del Estado de utilizar los mecanismos establecidos en los instrumentos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y observar su cumplimiento ha permitido que se dictaran disposiciones de indemnización en causas presentadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) informó de que, en el período que se examina, el Estado ofreció indemnizaciones económicas en tres causas sometidas a los procedimientos de solución amistosa de la Comisión, y de que en otros dos casos la Corte ordenó que se pagaran indemnizaciones.

41. La Corte de Constitucionalidad dio un paso adelante al declarar inconstitucional la ley por la que se aplazaba de forma indefinida la entrada en vigor del Código de la Niñez y la Juventud, al tiempo que se ordenaba al Congreso que fijara una fecha para su entrada en vigor. Existe un proyecto en virtud del cual la ley de protección de los derechos del niño entraría en vigor en diciembre de 2003. La Corte de Constitucionalidad también falló que el Estatuto de la Corte Penal Internacional era compatible con la Constitución de Guatemala. El Gobierno presentó el Estatuto al Congreso para su aprobación.

42. La Política del Ejecutivo sobre derechos humanos, presentada por la COPREDEH a finales de 2001, todavía no se ha concretado en actividades tangibles y concertadas que cuenten con el apoyo de los demás poderes del Estado y de la sociedad civil.

Compromiso II: Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos[editar]

43. A lo largo del período que se examina continuaron los atentados y la intimidación contra los funcionarios de la justicia. En enero de 2002 fue asesinado Miguel Geovanni Ávila Vásquez, juez de paz de Gualán, Zacapa (véase el párrafo 16). Esta muerte se suma al asesinato, el año anterior, de Álvaro Hugo Martínez, juez de paz de Senahú, Alta Verapaz (véase A/56/273, anexo, párr. 43). En julio de 2002 estaba previsto que se celebrara el juicio de tres personas en relación con este último caso, pero otros 10 sospechosos han escapado a la detención. El 9 de abril de 2002, el alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, y un grupo de seguidores amenazaron al juez del juzgado penal de primera instancia de la población en relación con causas que se instruían en el juzgado. Varios fiscales de causas de gran repercusión pública también denunciaron amenazas. En mayo de 2002, la sede del Instituto de la Defensa Pública Penal fue saqueada por unos desconocidos.

44. La Corte Suprema de Justicia creó una Dependencia de Seguridad Judicial, pero sus posibilidades quedaron limitadas por las restricciones presupuestarias que afectan al poder judicial. El número de expedientes en manos del fiscal especial para las amenazas y la intimidación contra los jueces, fiscales y abogados aumentó hasta superar los 150 en el primer semestre de 2002. Sin embargo, sólo una causa acabó en condena.

45. Las limitaciones presupuestarias siguieron entorpeciendo la labor del sistema judicial. Una reducción presupuestaria del 12% y la demora en la transferencia de fondos al poder judicial crearon un ambiente de tensión pública entre ese poder y el Congreso, que se negaba a aprobar un aumento suplementario. Para solucionar este problema se constituyó una comisión bipartita del poder judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. El Congreso también rechazó un incremento presupuestario para la oficina del fiscal especial, pero el Presidente de la República anunció su intención de compensar en parte la escasez de fondos.

46. En marzo de 2002, el Sr. Dato’ Param Cumaraswamy, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de los magistrados y abogados, recomendó que se aumentara el presupuesto para la protección de jueces, abogados y fiscales, se proporcionaran más recursos al fiscal especial encargado de investigar las amenazas, se mejorara la capacitación del personal de seguridad destinado a la Corte Suprema, se facilitaran seguros de vida a los jueces y se reforzara el programa de protección de las víctimas (véase E/CN.4/2002/72/Add.2, párr. 92).

47. En el período que se examina fueron elegidos un nuevo Procurador de los Derechos Humanos y un nuevo Fiscal General, sobre la base de unos procesos participativos con una amplia intervención de la sociedad civil, que tomó en consideración la ética y los méritos profesionales de los candidatos. La principal tarea a que se enfrenta el nuevo Fiscal General es la de aumentar la eficacia y autonomía del Ministerio Público, cuyos problemas de funcionamiento han contribuido a que reinara la impunidad. El nuevo Procurador de los Derechos Humanos ha sido fuente de grandes expectativas respecto a la posibilidad de superar las limitaciones de su oficina.

Compromiso III: Compromiso en contra de la impunidad[editar]

48. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos confirmadas desde el final del conflicto armado son infracciones de las garantías legales, especialmente respecto de la obligación del Estado de prevenir e investigar los delitos y castigar a los responsables. En el período que se examina, la Misión recibió denuncias en relación con 723 supuestas infracciones y confirmó 4.719 infracciones denunciadas en el período en cuestión y en períodos anteriores.

49. La mayor responsabilidad respecto del incremento de ese tipo de violaciones recae sobre el Ministerio Público, seguido del poder judicial y la PNC. El caso de la matanza de Dos Erres, en que 189 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron a manos de miembros del Ejército en el departamento de Petén en 1982, es emblemático de este problema. El Gobierno ha adoptado medidas decididas para indemnizar a las familias de las víctimas recurriendo a los procedimientos de solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de las peticiones de cooperación del Gobierno, el proceso penal contra los miembros del Ejército acusados no ha avanzado desde que se inició en 1994 (véase A/55/174, anexo, párr. 62). Todavía está pendiente la decisión sobre si la Ley de reconciliación nacional protege a los soldados de ser procesados.

50. El derecho a la justicia sigue siendo precario en Guatemala. Los avances registrados en causas de gran repercusión, como el asesinato de la antropóloga Myrna Mack y de Monseñor Juan José Gerardi, se han logrado a costa de un riesgo enorme para los civiles y funcionarios que participaron en los juicios. Los procesos judiciales se retrasan continuamente debido a los recursos de apelación dilatorios. Un ejemplo de ello es el caso de Xamán, en que, en octubre de 1995, unos soldados mataron a 11 miembros de una comunidad de refugiados que habían regresado e hirieron a 30 más. El Ejército, por medio de intervenciones de abogados sin vinculación oficial con las fuerzas armadas, ha obstruido la justicia de forma sistemática.

Compromiso IV: Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos; regulación de la portación de armas[editar]

51. Las principales partes que intervinieron en el conflicto armado han sufrido transformaciones desde la firma de los acuerdos de paz. Muchos ex integrantes de los comités voluntarios de defensa civil (CVDC) y ex comisionados militares han conservado sus funciones de liderazgo en los órganos de gobiernos municipales, juntas de desarrollo y juntas locales de seguridad o sus cargos de alcaldes auxiliares, en las comunidades en las que cometieron delitos graves durante el conflicto. Suelen desempeñar esa función de forma autoritaria recurriendo a la intimidación para resolver controversias a su favor y aprovechándose de los temores de que pueda volverse a la violencia, como en el pasado. Estas prácticas y su continua participación en actividades de «inteligencia social» de la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército parecen indicar que siguen teniendo lazos con los militares y sugieren la necesidad de introducir nuevos cambios.

52. Los aparatos clandestinos y grupos ilegales empleados en las actividades de contrainsurgencia durante el conflicto han sufrido también transformaciones. Los procedimientos judiciales no han afectado a esos aparatos ni a sus miembros. Los compromisos de los acuerdos de paz referentes a los mecanismos de control que se proporcionaría al Estado, tales como el fortalecimiento de la capacidad de investigación policial y judiciales, y el reforzamiento de los organismos de inteligencia civil y los controles del congreso sobre estos organismos, no se han cumplido. Amparados por la impunidad, estos aparatos se han reagrupado y persiguen intereses comerciales e influencias políticas ilegales. Dado que el Estado ya no comete abusos de los derechos humanos siguiendo un programa, las relaciones de esos grupos con las instituciones del Gobierno son difusas, aunque sus integrantes siguen ocupando algunos cargos fundamentales y vínculos informales con la policía, los funcionarios de justicia y los servicios de inteligencia militar.

53. Funcionarios de las más elevadas instancias del Gobierno han señalado a la atención pública la existencia de esos aparatos clandestinos. En noviembre de 2001, el Presidente de la República declaró que había redes y mafias clandestinas arraigadas en el Ministerio de Gobernación y en otras instituciones del Estado. Durante la reunión del Grupo Consultivo, el Presidente reconoció que en el Estado habían penetrado intereses corruptos. En mayo de 2002, la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República hizo públicos sus documentos de trabajo relativos al establecimiento de una política gubernamental de lucha contra esos aparatos. El nuevo Fiscal General ha denunciado la existencia de estructuras de la delincuencia organizada dentro de su oficina.

54. La Misión recibe información sobre esos grupos de una amplia diversidad de fuentes, pero la naturaleza clandestina de esos grupos dificulta la verificación de esa información. El Estado tiene la responsabilidad de realizar investigaciones sobre esos grupos y desmantelarlos. No obstante, la Misión halló pruebas de una red clandestina de funcionarios civiles y militares asignados, de manera oficial u oficiosa, a instancias de gobierno de la rama ejecutiva y judicial. El Ministerio Público está investigando casos en los que esta red, mediante el empleo de métodos sofisticados desde el interior de los organismos de inteligencia, supuestamente desvió fondos de las cuentas bancarias de las instituciones públicas, incluidas algunas cantidades procedentes de la ayuda exterior.

55. En febrero de 2002 en la Ciudad de Guatemala tuvo lugar un tiroteo entre miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército que dejó un balance de dos miembros del Ejército muertos y tres policías heridos, y sacó a la luz una serie de actividades criminales clandestinas. Se informó de que los dos miembros del Ejército muertos y uno de los policías, agregado a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor, formaban parte de un grupo clandestino que, en el momento del tiroteo, estaba supuestamente tratando de robar el dinero del rescate que se estaba pagando por una víctima secuestrada. Fuentes oficiales anunciaron públicamente que el incidente fue originado por un desafortunado malentendido de coordinación durante una operación conjunta entre la policía y los militares. Hay indicios de que los informes de la policía fueron alterados por órdenes de instancias superiores como parte de una operación de encubrimiento. La MINUGUA recibió información de que uno de los miembros del Ejército, Lucian Ordóñez Reyes, fue herido durante el tiroteo y posteriormente asesinado tras rendirse a la policía. Dos oficiales del Ejército relacionados con el grupo clandestino fueron enviados al extranjero. Por orden del Ministerio de la Defensa, las armas ilegales utilizadas por los soldados en el tiroteo fueron después registradas como armas legales por el Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM) del Gobierno.

56. Al parecer, redes paralelas dentro del sistema penitenciario facilitaron la fuga masiva de 78 reos de la prisión de máxima seguridad de Escuintla en junio de 2001 (véase A/56/273, anexo, párr. 52 del documento). El Ministerio Público debería investigar el papel que desempeñaron los reos Iboy Ramírez y Solis Mejicanos en la preparación de la fuga, y sus conexiones con estructuras paralelas dentro de la PNC y los organismos de inteligencia. Según algunas informaciones contrarias a lo que la policía indicó, la muerte de esos dos reos en agosto de 2001 no fue el resultado de un enfrentamiento entre grupos rivales.

57. Los expertos estiman que, por lo menos, hay 1,5 millones de armas de fuego en circulación en Guatemala, muchas ilegalmente, lo que constituye uno de los principales factores de la existencia de elevadas tasas de homicidio en el país. El DECAM sólo tiene registradas 181.051 armas de fuego. Ese mismo organismo informó de la venta de más de 33 millones de unidades de municiones durante 2001, lo que representa un aumento del 50% con respecto al año precedente. El Congreso no ha abordado los temas principales de los acuerdos de paz relacionados con el control de las armas de fuego ni ha aprobado ninguna nueva ley de armas y municiones.

Compromiso V: Garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos[editar]

58. Aumentaron las denuncias de amenazas, intimidación y violencia contra activistas de los derechos humanos, y se señaló a la atención del público la posible participación en ello de grupos clandestinos. Fue en este contexto cuando la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, Sra. Hina Jilani, visitó el país entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2002. Su presencia puso de manifiesto el interés de la comunidad internacional por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y la necesidad de que el Gobierno adopte medidas más eficaces para protegerlos.

59. La muerte a tiros el 29 de abril de 2002 de Guillermo Ovalle, funcionario de la Fundación Rigoberta Menchú, fue un asunto de especial y honda preocupación. Aunque se acusó a dos hombres con antecedentes penales de ser los perpetradores del crimen, la Misión ha instado a que la investigación en curso tuviera en cuenta posibles motivos políticos en el asesinato. Las amenazas contra los equipos antropológicos forenses que participan en exhumaciones de fosas comunes también suscitaron grave preocupación pública y atrajeron expresiones de solidaridad de la comunidad internacional.

60. La Misión verificó las denuncias de amenazas y hostigamiento, entre ellas amenazas telefónicas, interceptaciones telefónicas, vigilancia de organizaciones y de sus miembros, y robos que, a primera vista, parecían ser delitos comunes. Entre las personas amenazadas se encontraban Matilde González, miembro de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, y Alvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, También recibieron amenazas las siguientes organizaciones: la agencia de noticias Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), el Movimiento pro Justicia, la Fundación Myrna Mack, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, la Coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Alianza contra la Impunidad, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala. Los equipos forenses amenazados pertenecían a las siguientes organizaciones: la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas y el Equipo de Antropología Forense. La casa parroquial de la diócesis de Nebaj fue intencionadamente incendiada y destruida; el personal de la diócesis había participado en investigaciones sobre derechos humanos.

61. Las amenazas de muerte enviadas en tres cartas distintas a 11 antropólogos forenses, siete defensores de los derechos humanos y periodistas muy conocidos y cinco miembros del clero fueron especialmente preocupantes porque estaban firmadas en nombre de grupos clandestinos. Además, las víctimas fueron agredidas con expresiones ideológicas similares a las utilizadas para justificar las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

62. Aunque se aumentó la protección policial para los defensores de los derechos humanos amenazados, el Estado no ha cumplido como debiera su responsabilidad primordial de investigar y castigar a los que estaban detrás de las amenazas y los actos de intimidación. El problema se ha acentuado en los últimos meses por las amenazas a funcionarios de las más elevadas instancias de gobierno. El Gabinete de Seguridad y Derechos Humanos, integrado por el Vicepresidente de la República, los Ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Fiscal General y otros altos funcionarios, se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos. No obstante, tras las continuas amenazas, las organizaciones de derechos humanos criticaron la falta de una respuesta concreta y eficaz. En mayo de 2002, el nuevo Fiscal General nombró un fiscal especial para que investigara las actividades ilegales llevadas a cabo contra los defensores de los derechos humanos.


III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES[editar]

63. Durante el año objeto de examen la situación de los derechos humanos en Guatemala se deterioró. El clima de intimidación empeoró por las amenazas y el asesinato de jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos. Los grupos ilegales y aparatos clandestinos prosiguieron sus actividades. Se produjeron linchamientos y hubo un aumento generalizado de la impunidad. El Estado no cumplió con su deber de investigar los crímenes y castigar a los responsables. Algunos agentes del Estado intervinieron para obstruir a la justicia. Hubo también un notable aumento de abusos de derechos humanos cometidos miembros de la Policía Nacional Civil.

64. La situación de deterioro de los derechos humanos está estrechamente relacionada con la situación de estancamiento en otros aspectos de los acuerdos de paz. El panorama de discriminación étnica y profundas desigualdades sociales y económicas de Guatemala persiste después de más de cinco años de la firma de los acuerdos de paz. La falta de voluntad política y la débil respuesta institucional del Estado han defraudado las expectativas de los guatemaltecos, que confiaban en que el proceso de paz trajera a sus vidas mejoras tangibles más allá de la cesación del conflicto.

65. El Gobierno no ha adoptado ninguna medida decisiva encaminada a reforzar el poder civil y desmilitarizar a la sociedad guatemalteca, como se prevé en los acuerdos de paz. Ello puede verse, por ejemplo, en las funciones asignadas al Ejército contrarias a los acuerdos de paz, la ampliación del presupuesto del Ejército más allá de los límites establecidos, el mantenimiento de la misma estructura sobre el terreno empleada por el Ejército durante el conflicto interno, la intervención del Ejército en operaciones de seguridad pública en circunstancias no excepcionales y la designación de oficiales militares y ex miembros del Ejército para ocupar puestos esenciales de la administración pública.

66. El Gobierno tiene la responsabilidad fundamental de enfrentarse a los grupos ilegales y aparatos clandestinos y desmantelarlos. Esos grupos y aparatos en parte son un legado sin resolver del conflicto y de su anterior estructura de contrainsurgencia, y aunque actúan con relativa autonomía, mantienen una relación ambigua con el Gobierno y no son parte de un programa del Estado, se han convertido en un serio obstáculo al proceso de paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Esos grupos ilegales también representan una amenaza para las personas e instituciones que entablen procedimientos judiciales que amenacen a sus intereses. Para enfrentarse a esos grupos será necesario, como mínimo, fortalecer la capacidad de investigación criminal y crear los organismos de inteligencia civil previstos en los acuerdos de paz.

67. Para avanzar en las cuestiones relativas al proceso de paz, la justicia y la reconciliación, se necesitan medidas más rigurosas que protejan a los defensores de los derechos humanos, los funcionarios de la justicia, los testigos, los periodistas, los dirigentes sindicales y el clero. Un primer paso importante para combatir los temores generados por las amenazas y agresiones consistiría en realizar investigaciones serias de los casos más emblemáticos y castigar a los responsables.

68. El Gobierno debería cumplir sus compromisos para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones que protegen los derechos humanos y luchan contra la corrupción. Se trata de compromisos esenciales del proceso de paz y exigencias prioritarias del pueblo guatemalteco. La impunidad ha desacreditado a las instituciones que luchan contra la delincuencia y mina la confianza del público en la administración de la justicia. Las principales instituciones, especialmente las de la rama judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, sufren escasez de fondos. Las reformas legislativas que se emprendan deben ir acompañadas de políticas que protejan a los funcionarios de las influencias políticas, la corrupción, las presiones y las amenazas. Las instituciones que garantizan el imperio de la ley y protegen los derechos humanos deben purgarse de todas las personas que se han hecho inmerecedoras de prestar servicio en ellas. El nuevo Fiscal General se enfrenta a un problema importante para lograr que su oficina, que es una de las que más gozan de impunidad, sea más independiente y eficaz.

69. La Misión acoge con satisfacción la ratificación de varios tratados internacionales de derechos humanos durante el período objeto de examen y recomienda que se adopten otras medidas en la misma dirección, entre ellas las siguientes: el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir denuncias de personas físicas; la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Segundo Protocolo Facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos relacionados con la abolición de la pena de muerte; y la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una tarea urgente aún pendiente para el Gobierno es la de avanzar, en estrecha consulta con la sociedad civil, en el plan de acción nacional para los derechos humanos.

70. La aprobación de la legislación adicional contemplada en los acuerdos de paz reforzaría el marco legislativo de los derechos humanos. Se adoptaron medidas importantes, entre ellas la incorporación de reformas al Código de Trabajo, la Ley General de Descentralización, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Aún quedan por cumplir los siguientes compromisos: la reforma del Código Penal a fin de tipificar la discriminación étnica y el acoso sexual como delitos; la aprobación de una nueva ley de armas y municiones y el establecimiento de leyes que regulen las empresas privadas de seguridad y el sistema penitenciario; y el establecimiento de una ley por la que se cree la Comisión por la Paz y la Concordia recomendada por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Una rápida aprobación de las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos contribuiría a garantizar el respeto de los derechos políticos en las elecciones de 2003, especialmente mediante una mayor participación de la población pobre de las zonas rurales, la población indígena y las mujeres.

71. Dadas las graves deficiencias encontradas en las condenas a la pena de muerte, la Misión recomienda que el Gobierno declare una moratoria en la ejecución de las penas, conmute las penas pendientes y, con el tiempo, prohíba esa práctica. El Gobierno debería solicitar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si las sentencias de muerte aplicadas en casos de secuestro donde no haya muerto el secuestrado son conformes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Guatemala debería reducir el número de delitos respecto de los cuales puede aplicarse esa pena, especialmente en el ámbito de la justicia militar, y aclarar el marco jurídico aplicable a las suspensiones de ejecución de sentencias.

72. La consolidación de los avances en el proceso de paz, la obtención de progresos en el programa pendiente y el logro de su sostenibilidad son los principales retos para el Estado y la sociedad civil de Guatemala. En la reunión del Grupo Consultivo celebrada en febrero de 2002 la comunidad internacional y el sistema de las Naciones Unidas renovaron su compromiso de acompañar y apoyar a Guatemala en el logro de esos objetivos. Dado que se acerca el final de su mandato, la Misión utilizará prioritariamente sus recursos para ayudar a la sociedad civil, las instituciones que promueven la paz y la Procuraduría de Derechos Humanos a tener un papel más destacado y ser más eficaces.


Apéndice[editar]

Estadísticas de violaciones de derechos humanos durante el período comprendido
entre el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002


Denunciadas en el período Denunciadas en otros períodos
Total
Total
de casos
Denuncias
admitidas
Presuntas
violaciones
Violaciones
verificadas
Violaciones
comprobadas
Violaciones
verificadas
Violaciones
comprobadas
comprobadas
en el período
Derecho a la vida
34
89
48
38
17
6
44
Derecho a la integridad personal
118
551
326
255
18
15
270
Derecho a la libertad y seguridad personales
209
938
573
272
211
158
430
Derecho al debido proceso legal
241
723
450
431
4 330
4 288
4 719
Derechos políticos
10
28
23
23
1
0
23
Derecho a la libertad de expresión
11
14
8
2
46
43
44
Derecho a la libertad de asociación y reunión
19
818
266
9
580
261
270
Derecho a la libertad de circulación y residencia
5
52
45
45
1
0
45
TOTAL GENERAL
371
647
3 213
1 739
1 075
5 204
4 771
5 845


Notas[editar]

  1. Documento presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas al quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, con fecha 22 de agosto de 2002 y código A/57/336, para ser incluido en el tema 38 del programa provisional (A/57/150): La situación en Centroamérica: procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Enlaces externos[editar]