El Poder judicial quedó restablecido en la siguiente forma, constituyendo los ele- gidos el más alto Tribunal de Justicia de Puerto Rico: Presidente, José Conrado Her- nández; magistrados, Francisco de Paula Acuña, Arístides Maragliano y José Severo Quiñones; fiscal, Rafael Nieto Abelles; secretario de Gobierno, Julio María Padilla, y secretarios de Sala, los escribanos Falcón y Menéndez. El presidente juró ante el juez Hunter, y ante aquél lo hicieron, después, todos los magistrados. El mismo día, Ricardo Lacosta y Jesús M. Rossy fueron designados para jueces de primera instancia de los distritos de San Francisco y Catedral, respectivamente.
La nueva Administración, al iniciar sus funciones, se encontró desprovista de re-
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cursos pecuniarios. El 18 de octubre, cuando el tesorero de Puerto Rico abrió la
caja de caudales, sólo encontró en ella una moneda de oro ecuatoriana, de escaso
valor. Las últimas nóminas y las liquidaciones de pluses y haberes a los oficiales y
tropa habían consumido totalmente el efectivo de Tesorería.
Comenzaba para todos una vida nueva; urgía reorganizar todos los servicios,
crear nuevas fuentes de ingresos y defender los legados de nuestra Madre Patria:
idioma, religión, costumbres y tradiciones.
Había terminado la guerra; los cañones rodaron hacia sus parques, y los fusiles
volvieron a sus armeros, y muchos de los soldados de la Unión retornaron a sus
hogares. Pero en aquel mismo día, y en aquella misma hora, una legión de portorri-
queños levantó banderas de guerra y se lanzó al campo de las ideas para demostrar
la capacidad del pueblo en el manejo de sus propios asuntos, y el indiscutible dere-
que les asistía para recabar del Gobierno metropolítico el cumplimiento de las
solemnes promesas de libertades y venturas vislumbradas en la generosa proclama
de general Nelson Appleton Miles.
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BRODER
QUADORES
COLOMBIA
