comerciantes y pequeños mineros significaron un respaldo al radicalismo, fortaleciendo las tesis más sociales de dirigentes como Valentín Letelier que se impuso en la Convención de 1906, aumentando paulatinamente su representación parlamentaria, pero aún lejos de posiciones más de avanzada que adoptaría en los años veinte.[1]
El elemento nuevo en el cuadro político de principios de siglo fue el Partido Democrático fundado en 1887 con el objetivo de «emancipar política, social y económicamente al pueblo» y conformado por artesanos, obreros más concientes, baja clase media y que obtuvo representación parlamentaria-— Angel Guarello, Malaquías Concha-— exclusivamente por convicción de su electorado pues no podía recurrir a los mecanismos de compra de votos que las otras tiendas políticas practicaban. Su fuerte se encontraba en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.[2]
Paulatinamente su discurso, siempre dentro de la institucionalidad, fue moderándose y acercándose a tesis liberales, lo que llevó a dirigentes como Luis Emilio Recabarren a abandonar sus filas y formar una nueva tienda, el Partido Obrero Socialista en 1912, colectividad que adoptará el nombre de Partido Comunista diez años después.[3]
Por su parte, el panorama económico del cambio de siglo presentaba importantes dificultades estructurales, dentro del ciclo de bonanza salitrera. Hemos mencionado la influencia que el pensamiento liberal tenía en la elite del país a fines del siglo XIX, de una raíz ilustrada, racionalista con una profunda confianza en la ley y el derecho como matrices del desarrollo político y el «laissez faire» como escenario del desarrollo en lo económico.
Sin embargo, el Estado tuvo una importante participación como «facilitador» de esa libertad privada para las últimas décadas del siglo y las primeras del siglo XX. Siguiendo a Oscar Muñoz [4], el Estado institucionalizó el régimen político y sus vías de funcionamiento y canalización de la opinión pública; también generó todo un ordenamiento jurídico en lo civil y en lo económico; asimismo funcionó como mediador de los intereses de la oligarquía local y los inversionistas extranjeros; y del mismo modo, invirtió en una serie de obras e infraestructura pública, medios de transporte y vías de comunicación que permitieron el desarrollo de la agricultura y la minería.
Como señala Muñoz,«El fundamento de este proceso está en la necesidad de regulación del órgano social, lo que en una primera etapa que cubre la segunda mitad del siglo XIX hace indispensable el ordenamiento jurídico, político y económico, así como el desarrollo de una infraestructura material. En etapas posteriores, a la vuelta del siglo, ese ordenamiento pasa a incluir aspectos sociales y laborales»[5]
- ↑ Vial, Gonzalo, et. al., op. cit., pp. 117-118.
- ↑ Urzúa V., op cit, pp. 369-370.
- ↑ Silva, Miguel: «Recabarren y el socialismo», Mago Editores, Santiago 2005, pp. ss.
- ↑ Muñoz G., Oscar: «Estado e industrialización en el ciclo de expansión del salitre», en: Estudios Cieplan, N° (enero 1), pp. 16-17
- ↑ Ibid, p.16.
