En concreto, la ley regula dos procedimientos específicos, aunque también prevé el involucramiento ciudadano en la etapa diagnóstica. Estos son: la consulta pública y las audiencias públicas. El objetivo de la primera es «garantizar la participación y el derecho a la información mediante un procedimiento que contribuya a la toma de decisiones por parte de la autoridad de aplicación (art. 44. Ley N.° 8051/09), mientras que las audiencias públicas se convocan posterior a la consulta pública para resolver temas trascendentales para la población de la provincia (art. 48. Ley N.° 8051/09). Además, la norma contempla la existencia de un Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT). Se trata de un organismo consultor y asesor, creado por el artículo 40 de la Ley N.° 8051 y conformado por representantes de organismos provinciales, municipios y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las temáticas territoriales.
A su vez, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial también reconoce un rol central a la participación ciudadana. Entre sus objetivos generales define: impulsar y promover los procesos de integración y coordinación entre la provincia y los municipios para lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial, garantizando la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias mediante mecanismos claros y transparentes de información pública y respeto por el derecho de iniciativa, propiciando la solución concertada de conflictos y diferencias (Inc. F. Ley N.° 8999, 2017, art. 3).
En general, las etapas definidas por la norma se cumplen en lo formal, sin embargo, incluso en la elaboración del plan, hay inconsistencias teórico-metodológicas en la construcción de los diagnósticos y su posterior articulación (Guardamagna y Cueto, 2015). Guardamagna (2016) revela que existe un excesivo normativismo de la Ley N.° 8051, lo que genera obstáculos entre la elaboración y la implementación del proyecto, y le resta adaptabilidad a la política, además que, a pesar de que se defina la participación ciudadana como un elemento fundamental en la política de ordenamiento territorial, esta no se ha logrado garantizar en lo formal.
