Plataforma Común del Foro Popular de El Salvador

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Documento de constitución del Foro Popular de El Salvador¹

Manifestamos que:

1. Existe en el país una aguda crisis política que se expresa en un proceso antidemocrático y represivo que el gobierno y sectores y clases reaccionarias están impulsando desde hace varios años, por medio del cual han venido marginando más y más a las mayorías populares de su participación en los asuntos económicos, sociales y políticos de la vida nacional. Como una consecuencia de esa situación, el ejercicio de los derechos humanos constitucionales por parte del pueblo y sus organizaciones, se consideran oficialmente como actividad “subversiva” contra el Estado, sólo porque así conviene a los intereses de una minoría que controla el poder político y económico del país.

2. Ese proceso represivo, autoritario y excluyente, afecta la vida y funcionamiento de todas las organizaciones e instituciones sindicales, gremiales, políticas, culturales y religiosas, las cuales son controladas, espiadas, hostigadas y reprimidas en sus actividades y miembros por los cuerpos de seguridad y las bandas asesinas bajo la jefatura de éstos. De ese modo, se violan los derechos individuales y sociales y se impide el cumplimiento de las funciones que dichas organizaciones e instituciones están llamadas a jugar.

3. Junto con la crisis política a la que hacemos referencia, existe un agravamiento de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, en el que ningún sector trabajador queda al margen, aunque son los sectores de menos ingresos los más afectados. El ingreso real de la familia salvadoreña ha disminuido; el desempleo se ha vuelto un mal crónico, la vida en el campo ha llegado a extremos de miseria.

4. Asimismo, la economía nacional se ha vuelto más vulnerable a las influencias exteriores, dado su acentuada dependencia en relación a las potencias económicas capitalistas, lo que se ha traducido en una creciente penetración de compañías transnacionales que han venido no sólo a explotar más a los trabajadores salvadoreños, sino lo que es más grave, a seguir impidiendo las posibilidades de un desarrollo independiente de nuestro país.

5. Que en vista de esa situación, nuestras organizaciones consideran necesaria la concurrencia de sus esfuerzos, dentro de sus propias competencias, características, tácticas y modalidades de actuación, con pleno reconocimiento del pluralismo ideológico, para poner nuestra contribución en la búsqueda de una solución con iniciativa y contenido popular, a la crisis política que vive el país. Estamos absolutamente convencidos de que sólo la acción de las organizaciones populares es garantía de realización de un verdadero proceso de democratización del país. Está demostrado que quienes ahora hablan en nombre de la democracia desde las esferas oficiales, son quienes la han anulado y envilecido, incluso utilizando en los últimos años, esquemas fascistas de dominación.

6. La concurrencia de esfuerzos de nuestras organizaciones significa la inauguración de una nueva fase de lucha de nuestro pueblo, en la que hemos procurado colocar en primer plano los aspectos que nos permiten coincidir, y no las discrepancias que, como es natural, existen entre nosotros, como expresión de las diferencias ideológicas que sustentamos. De ese modo, con profundo convencimiento de la necesidad de la unidad de las fuerzas populares, creemos que debemos hacer los esfuerzos pertinentes para que luchemos por el objetivo común de conquistar la democracia y la libertad para nuestra patria, sin perder cada una de nuestras organizaciones su naturaleza e independencia. Se trata en una palabra, de superar los obstáculos que impiden la participación popular, masiva y amplia, en las acciones que definan el destino político del país.

7. La conquista de la libertad y la justicia, requiere la elaboración de un proyecto democrático y popular, el cual deberá irse elaborando con los aportes de todas las fuerzas que participen en esta concurrencia y en el proceso de lucha que ahora iniciamos juntos las organizaciones firmantes. Sin embargo nuestra coincidencia actual está basada en una plataforma de reivindicaciones políticas y económicas inmediatas que deberá servir de bandera de lucha a sectores cada vez más amplios y mayoritarios del pueblo salvadoreño. Ésta es la Plataforma para una salida democrática y popular a la actual crisis política, por la cual nos comprometemos a luchar:


1. El cese de la represión que desarrolla el gobierno y que afecta a las organizaciones gremiales, sindicales, políticas, culturales y a la Iglesia Católica, comprendidas todas sus formas de persecución, hostigamiento, control, vigilancia, cárcel, tortura, secuestro y asesinato. Para ello es necesario:

  • La disolución de los cuerpos especiales de policía política, de ORDEN, de las bandas paramilitares, tales como UGB, Falange, Mano Blanca, que son instrumentos de la política represiva del Estado y tienen por objetivo liquidar o controlar a todas las fuerzas sociales que se oponen al Gobierno y a los minoritarios sectores dominantes.
  • Respeto a la legalidad y cumplimiento de sus verdaderas funciones por parte de los cuerpos de seguridad, garantizando los Derechos Humanos y los preceptos constitucionales.
  • Amnistía general y libertad para todos los presos y desaparecidos políticos.
  • Retorno de todos los exiliados, expulsados de la Patria a partir de 1972, con garantía de seguridad y no para que sean víctimas de la represión.


2. La lucha por las libertades democráticas que signifique la participación de todos los sectores, clases y fuerzas sociales en la solución de la problemática nacional, dentro del respeto del pluralismo ideológico. Ello implica:

  • Libertad de organización sindical, gremial y política, sin la cual no es posible la participación organizada del pueblo en la decisión de los destinos nacionales en materia social, económica y política. Uno de los sectores de mayor conflictividad, el sector rural, requiere el establecimiento de instrumentos institucionales para que se expresen y diriman los conflictos; por consiguiente, la libre sindicalización y asociación de los trabajadores del campo, tiene carácter de urgencia y de necesidad, ya que el camino democrático no es compatible con la supresión de la conflictividad social por medio de la violencia represiva.
  • Reconocimiento y respeto del funcionamiento de las organizaciones sindicales, gremiales, políticas, culturales y religiosas, sin controles ni vigilancias basados en razones de “Seguridad Nacional”, ateniéndose al cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
  • Reconocimiento pleno del derecho de huelga de los trabajadores, sin adoptar políticas represivas que impiden y obstaculizan su ejercicio legítimo. En tal sentido, se hace necesaria la reforma del Código de Trabajo, para que dicho derecho adquiera plena vigencia como corresponde a un Estado democrático, y no sea ilusorio su ejercicio o considerado “subversivo”.
  • Cese de los despidos masivos de trabajadores y dirigentes sindicales, los que aun cuando se realicen con indemnización, atentan al derecho al trabajo, a la vida, a la seguridad de los trabajadores y sobre todo a la libertad de organización sindical.
  • Libertad efectiva de expresión del pensamiento, de reunión y de movilización tal como esas libertades se encuentran establecidas por la Constitución Política. En consecuencia, debe suprimirse todas las políticas y acciones destinadas a impedir, entorpecer y reprimir el libre ejercicio democrático de estas libertades; como por ejemplo los de varios procedimientos que vuelven inaccesibles los medios de comunicación social para el pueblo y sus organizaciones, o la destrucción de aquellos pocos que mantienen su compromiso popular; los métodos de toda clase para impedir la realización de mítines, manifestaciones y reuniones.
  • Cese del control autoritario y represivo sobre el sistema educativo y respeto efectivo a la Autonomía Universitaria.


3. El cumplimiento de las anteriores demandas políticas debe ir acompalado de medidas socioeconómicas que alivien la situación de las mayorías populares, entre las que demandamos:

a) Medidas económicas y administrativas urgentes para evitar que la inflación siga ejerciendo sus nocivos efectos sobre los hogares salvadoreños. Entre esas medidas deberán incluirse las siguientes:

  • Mejora general y sustancial de los salarios de los trabajadores en todas las áreas de la actividad económica y los servicios, sin faltar los empleados estatales; condición indispensable para que puedan aspirar a una vida digna.
  • Regular efectivamente los precios de los artículos de uso y consumo popular. Parte de estas medidas serían el riguroso control de precios tanto de los artículos de primera necesidad, medicina y vestuario, como de aquellos otros vinculados a importantes servicios públicos, tales como combustibles para transporte, energía eléctrica y agua.
  • Congelamiento real de las tasas de alquileres de viviendas y control efectivo que garanticen la aplicación de multas a los casatenientes que violen esta disposición.

b) El acceso efectivo y masivo de los campesinos y trabajadores agropecuarios al uso y propiedad de la tierra, encaminado a aliviar los problemas económicos, sociales y culturales de las masas del campo, que ayuden a promover el desarrollo integral del país y constituyan la base de la liberación social para las masas rurales. También deberá otorgarse beneficios a la pequeña producción agropecuaria, otorgándole créditos en condiciones favorables, proporcionándoles asistencia técnica y garantizando el desarrollo del mercado interno para la justa comercialización de sus productos. No creemos en soluciones superficiales, ni mucho menos en los ofrecimientos gubernamentales de apertura democrática y elecciones “libres”, cuando al mismo tiempo se incrementa la represión y los gastos militares para mantener el esquema de violencia y de terror. Nuestras organizaciones son de la opinión de que el sufragio, que es uno de los instrumentos para garantizar la libre manifestación de la voluntad soberana del pueblo en la conquista y mantenimiento de su libertad y bienestar, únicamente podrá cumplir tal función en un régimen verdaderamente democrático, y no en el actual del país. La plataforma de demandas políticas y económicas que hoy presentamos, recoge las aspiraciones de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y abarca los problemas más graves que aquejan al país en la actualidad, por ello estamos seguros que esta plataforma se convertirá en motivo de movilización de vastos y amplios sectores populares, los que más temprano que tarde harán triunfar los ideales de democracia y libertad que hoy inspiran nuestra lucha común. Creemos, como lo hemos dicho antes, que sólo la acción de las organizaciones populares es garantía para conquistar un proceso de democratización real y un régimen político nuevo, verdaderamente democrático, en donde la justicia social y la libertad sean elementos indispensables del mismo.

El Salvador, septiembre de 1979.

Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN).– Partido Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).– Partido Demócrata Cristiano (PDC).– Ligas Populares 28 de Febrero (LP–28).– Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS).– Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS).– Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).– Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textil, Similares y Conexos de El Salvador (FESTIAVTSCES).– Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS).– Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, el Transporte, Similares y Conexos (FESICONTRANS).– Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador (ATACES).– Central Campesina Salvadoreña (CCS).– Sindicato Textil de Industrias Unidas S.A. (STIUSA).– Partido Unionista Centro Americano (PUCA)

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