MINUGUA, Oficina regional de Petén - Suplemento del Tercer Informe

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Verificación de los Acuerdos de Paz
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998


SUPLEMENTO DEL TERCER INFORME


OFICINA REGIONAL DE PETÉN Y OFICINA SUBREGIONAL DE POPTÚN


MINUGUA
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala



INTRODUCCIÓN[editar]

1. El presente documento contiene el Suplemento de la Oficina Regional de Petén y de la Oficina Subregional de Poptún, sobre la Verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala. Informa sobre el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de julio de 1998. Su objetivo es señalar los aspectos principales del proceso de implementación de algunos de los compromisos de los Acuerdos de Paz en el departamento. La información contenida toma en cuenta no sólo la verificación del cumplimiento de algunos de los compromisos de los Acuerdos de Paz, sino también el estudio de la implementación de los programas y proyectos derivados de ellos.

2. La Oficina Regional de Petén con sede en Santa Elena y la Oficina Subregional de Poptún cubren la totalidad del departamento, que posee 12 municipios. Con una extensión de 36,000 km2 y una población cercana a los 500,000 habitantes, Petén es el departamento más extenso del país y representa la tercera parte del área geográfica de Guatemala. Su población es diversa, mayoritariamente ladina en las áreas urbanas y constituida principalmente por etnias mayas en el ámbito rural. Petén fue escenario del conflicto armado y su territorio acogió núcleos importantes de población desplazada desde otros departamentos del país; actualmente, cuenta con población desarraigada, desmovilizados de la URNG y ex patrulleros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil, así como otros sectores afectados de una manera u otra por el conflicto.

3. Las particularidades de Petén en su conjunto definen un contexto general de desafíos especiales para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en el departamento. Este proceso se enfrenta a la gran superficie y el relativo aislamiento del departamento, así como a la limitada articulación y comunicación entre las autoridades y los ciudadanos. Igualmente, son también factores importantes, los ya informados por la Misión en su 8o. Informe sobre Derechos Humanos (A/52/946, Anexo), como es la presencia de grupos organizados de delincuentes, el alto índice de impunidad y la poca confianza en el sistema de administración de justicia. Incide además, el efecto acumulado de años de adjudicación irregular y abandono de la propiedad, combinado con la histórica inmigración de campesinos en búsqueda de tierra y la necesidad de preservar grandes extensiones de bosque.

4. Este informe no pretende realizar un inventario del estado de todos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, sino examinar la situación del departamento desde la óptica de las grandes líneas que trazaron los Acuerdos de Paz para enfrentar los desafíos y encaminar al país hacia cambios sustanciales. Para ello, se limita a abordar cinco temas que tienen especial relevancia y que son muy sentidos y debatidos en el departamento: la participación social, el desarrollo social, la situación agraria, la justicia y la seguridad pública.


PARTICIPACIÓN SOCIAL[editar]

5. Uno de los ejes principales de los Acuerdos de Paz es la participación amplia, organizada y concertada en la toma de decisiones y ejecución de compromisos. El fomento y la apertura de espacios de participación social, en especial de los indígenas y la mujer, constituyen elementos necesarios para consolidar y preservar la paz.

6. Las comunidades indígenas en Petén han comenzado a participar en un consejo regional de organizaciones indígenas. Este hecho deberá favorecer su articulación con las comisiones nacionales permanentes de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA). Sin embargo, en el ámbito local, los indígenas con frecuencia carecen de la información necesaria para su participación. A ello se suman los obstáculos para legalizar sus organizaciones, pues deben seguir procedimientos costosos y que no responden a sus formas propias de organización.

7. Uno de los mecanismos más importantes para la participación es el diseño de estrategias de desarrollo a través del Consejo Regional de Desarrollo de Petén. La representación actual de la sociedad civil en esta instancia: organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativas, Cámara de Comercio y Cámara de Turismo, si bien constituye una presencia importante, aún no ha logrado incidir sustancialmente. Una de las razones que motiva la falta de incidencia es la falta de información sobre el funcionamiento del Consejo y los espacios de discusión que éste debe permitir.

8. Los Acuerdos de Paz ponen especial énfasis en la participación de la mujer, en particular a través del Foro de la Mujer. Esta instancia nacional está encargada de definir la estrategia de la incorporación de este importante sector de la sociedad en otras instancias de decisión. En Petén, las mujeres han trabajado para ampliar la base de participación por medio de asambleas a partir de las cuales se conforman comités municipales. El trabajo alrededor del Foro ha promovido por primera vez el encuentro y acercamiento entre mujeres de diferentes etnias y sectores. Al mismo tiempo ha dado lugar al reconocimiento de las dinámicas propias de las mujeres de cada comunidad lingüística del departamento. Es importante notar que 9 de las 16 delegadas de Petén al Foro nacional son indígenas. Entre los logros del Foro de la Mujer a nivel local destaca la exitosa gestión, ante representantes de la cooperación internacional en Petén, de un proyecto para el fortalecimiento y difusión del Foro, así como para la sensibilización de sectores gubernamentales y no gubernamentales.

9. La participación también es un ingrediente importante de otros proyectos surgidos de los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, en relación a la seguridad pública, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática contempla la necesidad de establecer una mayor comunicación entre la policía y la ciudadanía. En este sentido, el Ministerio de Gobernación diseñó las Juntas Locales de Seguridad (JLS). En Petén, las juntas se han instalado formalmente en 7 de los 12 municipios del departamento: Flores, San Francisco, San Andrés, Melchor de Mencos, San Luis, Poptún y Dolores. La representatividad y el grado de participación de la sociedad civil varía según el municipio. En algunos casos se ha podido observar que las autoridades locales son indiferentes a la participación ciudadana y no colaboran en la constitución de las JLS. En un caso, se ha observado desequilibrio en la representatividad. Por lo general existe poco conocimiento del propósito de la JLS por sus integrantes. Las JLS de Poptún, Dolores y San Luis han sido las más constantes, mientras que la de Flores aún no ha logrado funcionar.

10. Los Acuerdos de Paz reiteran que para hacerlos realidad es necesario unir a todos los sectores de la sociedad. En algunas regiones del país se han conformado “mesas de seguimiento”, como espacios para el diálogo y la concertación en torno a los Acuerdos de Paz. En Petén, por iniciativa de diversas organizaciones comprometidas con la agenda de la paz, se creó el Foro de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz. El objetivo general de este Foro es informarse y dar seguimiento a todos los Acuerdos, logrando en esta tarea una amplia participación de sectores sociales y oficiales. El Foro, a través de tres comisiones específicas, ha trabajado sobre los temas fundamentales de la tierra, la salud y la educación. Este foro representa una oportunidad para que las autoridades den a conocer sus políticas en torno a los Acuerdos de Paz y escuchen a la sociedad civil. Sin embargo, hasta hoy, la presencia del Estado en el Foro se registra solamente a través del Ministerio de Educación. MINUGUA apoya las iniciativas de participación que buscan fortalecer la agenda de la paz en Petén.


DESARROLLO SOCIAL[editar]

11. En los Acuerdos de Paz se considera que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo, orientado al bien común y con carácter sostenible, sustentable y equitativo. El desarrollo social es un factor indispensable para que el reasentamiento de la población desarraigada y la incorporación de los ex- combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se realicen en condiciones de dignidad y seguridad. De hecho, los Acuerdos de Paz establecen que el desarrollo sostenible del país será consecuencia de la elevación del nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de toda la población.

12. El reasentamiento de las Comunidades de Población en Resistencia del Petén (CPR- P) está en su fase final. El proceso se está llevando a cabo por medio de una comisión negociadora en la que están integrados miembros de las CPR-P. Sin embargo, a finales del período, aún no se habían concretado aspectos importantes sobre las condiciones que éstas consideran necesarias para poder efectuar su traslado: agua, letrinas de emergencia, techo mínimo y legalización de la tierra.

13. Durante los primeros 6 meses del año, 97 familias de retornados se ubicaron en dos comunidades del departamento, sumándose a las 741 familias que habían retornado desde 1995. Se ha garantizado que estas comunidades tengan un lugar para asentarse, pero su incorporación al sistema productivo y al desarrollo social no ha avanzado de forma segura y uniforme. Algunas tienen cobertura sanitaria de emergencia a través de organizaciones no gubernamentales y educación comunal a través de educadores populares, pero éstos no han recibido ningún salario desde enero de 1998. Si bien cuentan con instalaciones de agua, las viviendas siguen siendo provisionales y no se han construido escuelas. Sólo algunas comunidades tienen carreteras de acceso; en Huacutz no existe ninguna, en Nueva Unión San José se ha retrasado el trabajo y en San Martín los compromisos quedaron inconclusos.

14. La Cooperativa Nuevo Horizonte finalizó la primera etapa de un proyecto de vivienda que beneficia a 125 desmovilizados de la URNG y está en proceso la instalación de un sistema de agua potable. En cuanto al aspecto productivo, se han iniciado cultivos de subsistencia con asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) y con recursos propios de la cooperativa, se ha establecido un pequeño hato ganadero. El resto de los desmovilizados que se asentaron en el departamento se encuentra disperso en distintas comunidades y ha sido beneficiado con cursos de capacitación y paquetes de insumos básicos. No obstante, para su efectiva incorporación productiva, es necesaria la seguridad en la tenencia de la tierra, situación aún no resuelta para la gran mayoría. La reciente instalación de una oficina regional de la Fundación Guillermo Toriello ofrece la posibilidad de una interlocución más directa para superar estas dificultades. No obstante, el número elevado de desmovilizados, su dispersión geográfica y el difícil acceso a las comunidades donde residen, hacen necesario fortalecer la capacidad de la Fundación.

15. Entre los compromisos relativos a la educación, destaca el de ampliar la cobertura de los servicios en todos los niveles y específicamente la de educación bilingüe en el medio rural. En Petén se promueve el cumplimiento de estos compromisos a través de varios programas, pero éstos operan sin la necesaria coordinación. Respecto del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), ejecutado a través de los Comités Locales de Educación (COEDUCA), se ha observado que la población beneficiada considera muy positiva esta iniciativa. Sin embargo, debido a que supone un control sobre el maestro, el magisterio tiene una posición crítica sobre el programa y considera que cambia la naturaleza de su relación laboral. Por su parte, el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) ha reportado el aumento de su cobertura y la superación de la meta de 13,000 alfabetizados para 1998. No obstante, sólo el 13% de sus centros funciona en el idioma q’eqchi’, cobertura aún insuficiente si se considera que el porcentaje de la población indígena a alfabetizar es mucho mayor.

16. En materia de salud, el Gobierno se comprometió a formular políticas que permitan el acceso de toda la población a los Servicios Integrales de Atención en Salud (SIAS) y fomentar la participación social en la definición de este programa. En Petén no se registró esa participación en la etapa de definición. Sólo 2 de los 12 municipios del departamento cuentan actualmente con el SIAS, lo que genera más desigualdades en cuanto a cobertura de salud y su calidad. Adicionalmente, la falta de cobertura del sistema provoca la sub-ejecución del presupuesto asignado a Petén, ya que el monto destinado para el programa no puede ser reasignado. Hasta la fecha, ninguna de las organizaciones no gubernamentales de Petén que trabajan en salud ha aceptado participar en el programa, debido a desacuerdos con su definición. Para superar la situación, el Ministerio de Salud ha recurrido a organizaciones ajenas al departamento, provocando la duplicación de los servicios de salud en diversas comunidades que ya contaban con ellos. Esta situación debería ser motivo de un serio análisis por parte de las instituciones competentes


SITUACIÓN AGRARIA[editar]

17. La situación agraria fue objeto de análisis en varios de los Acuerdos de Paz. En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se destaca claramente que la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son tareas ineludibles para dar respuesta a la mayoría de la población que vive en el medio rural, que es la más afectada por la pobreza. Por su parte, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas recuerda que la Constitución de la República contempla la obligación del Estado de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas también reconoce como elemento esencial la seguridad jurídica en el uso, propiedad y posesión de la tierra.

18. El reto de la regularización de la tenencia de la tierra es de especial importancia en el departamento. Según el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), aproximadamente el 71% de la superficie del departamento es área protegida, de la cual sólo el 24% (zona de amortiguamiento) puede ser otorgada en propiedad. Adicionalmente, de la totalidad de la tierra de Petén sujeta a titulación, menos del 6% está legalizada. La misma institución señala que cerca de 38,000 expedientes de solicitudes individuales están pendientes de resolución. La lentitud de este proceso genera frustración en el sector campesino. Sin embargo, los esfuerzos de legalización de tierras continúan avanzando paulatinamente en algunas áreas a través de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales subcontratadas por el INTA. Estos esfuerzos se han concentrado principalmente en la zona de amortiguamiento, correspondiente a la franja sur de la Reserva de la Biósfera Maya, donde se pretende establecer la frontera agrícola y promover el uso sostenible de la tierra.

19. El Fideicomiso del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), fue creado en cumplimiento de los Acuerdos de Paz para facilitar la adquisición y venta de tierras y su cometido es asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más necesitados. FONTIERRAS cuenta con un representante en Petén y ha resuelto favorablemente una solicitud. Por otro lado, a través de la Sub comisión de Tierras de la Comisión Técnica para la Ejecución del Acuerdo para Reasentamiento (CTEAR), se presentaron solicitudes a favor de la comunidad Joloboob, de Poptún, así como para familias desalojadas de fincas en Sayaxché en septiembre de 1997.

20. Se ha constatado que las distintas autoridades estatales relacionadas con el tema agrario en el departamento, aún no han realizado un esfuerzo decidido para identificar y recuperar tierras nacionales entregadas en forma irregular en la región. No existe ningún plan para cumplir con este compromiso, por lo que la recuperación sólo ocurre cuando la gestión de algún campesino o comunidad respecto a una propiedad provoca el descubrimiento de la irregularidad. En los casos aislados de recuperación de tierras hay demoras que generan tensiones e inseguridad. Un ejemplo es la finca San Román, ubicada en Sayaxché, propiedad del Ministerio de la Defensa y en proceso de traspaso al INTA, con lo que se pretende beneficiar cerca de 34 comunidades ya asentadas en el lugar. Es importante que FONTIERRAS amplíe su capacidad de atender a los sectores más necesitados de Petén; a ese efecto las autoridades competentes deben unirse en un esfuerzo conjunto para dar prioridad a la identificación de tierras que puedan integrar FONTIERRAS, así como los asentamientos humanos que ya existan de hecho y que pudiesen regularizar su tenencia por este medio.

21. El otorgamiento de concesiones de manejo de recursos naturales dentro de las áreas protegidas es otro mecanismo establecido en el Acuerdo Socioeconómico para facilitar y legalizar el uso de la tierra, aunque no con título de propiedad. En este sentido, la política del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) no siempre ha sido explicada adecuadamente, lo que ha generado inestabilidad y tensiones en algunas comunidades ubicadas en ésas áreas. Según CONAP, se han otorgado concesiones a favor de 3 comunidades de San Andrés y una de Melchor de Mencos; otras 4 están en proceso. Para que este proceso avance de manera positiva, será necesario mejorar los mecanismos de consulta e información entre las autoridades y la población interesada.

22. En el ámbito de la propiedad privada, se han observado algunos casos de terrenos ocupados por campesinos en los que las partes interesadas manifiestan su voluntad de buscar una solución negociada. Hasta la fecha, esta voluntad no ha sido debidamente aprovechada. Ello se debe, entre otras razones, a la falta de una instancia de mediación activa, la poca asesoría al alcance de los campesinos, las limitaciones institucionales frente a medidas “de hecho” y a la carencia de propuestas para el reasentamiento de comunidades enteras. Ante estas dificultades, los presuntos propietarios recurren a la justicia penal para desalojar a los campesinos, sin pasar primero por un proceso civil para aclarar la legalidad y extensión del derecho que reivindican. El procedimiento penal utilizado es unilateral, lo que impide que los sindicados como invasores tengan la oportunidad de expresarse. Este proceso concluye además, sin examinar detalladamente el derecho legal sobre la tierra de quien promueve el desalojo. En Petén, donde el porcentaje de tierra titulada es mínimo, este procedimiento no constituye una vía confiable para establecer los derechos de las partes. Además, lejos de constituir una solución duradera al problema social y jurídico de la tenencia de la tierra, agudiza la conflictividad e inseguridad de todos los sectores interesados y aplaza el problema sin resolverlo.

23. En general, la problemática del acceso a la tierra y de la seguridad de su tenencia no ha sido abordada de manera integral. Por el contrario, ha sido abordada caso por caso y por distintas instituciones a diferentes niveles, según factores como la clasificación del lugar: área protegida, sitio arqueológico, propiedad privada; el tipo del demandante: desplazado, retornado, indígena, campesino sin tierras, finquero; o según la urgencia que nace de la conflictividad u otras presiones. En algunos casos, el simple hecho de compartir información y planificar en conjunto entre instancias del Estado facilitaría una atención más integral y coherente a la problemática agraria. En este sentido, se considera positiva la conformación de una subcomisión de agencias estatales, integrada por FONTIERRAS, la CONAP, el MAGA, el Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia, para buscar una solución para comunidades asentadas en sitios arqueológicos en Petén. Constituiría un avance aplicar esta metodología a otros casos, por ejemplo, para el reasentamiento de los desplazados internos, incluyendo a la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) en este esfuerzo y asegurando que la información fluya de y para las instancias nacionales involucradas.

24. También constituyen obstáculos a la solución de las demandas de la tierra, el hecho que la población interesada carece de información y que, en general, faltan confianza y canales adecuados de comunicación y concertación entre actores sociales y autoridades. Es necesario un mayor flujo de información completa y objetiva respecto a las funciones y el trabajo de las instituciones vinculadas al tema, así como de proyectos especiales, como el de registro y catastro previsto para el departamento. En la medida que los campesinos, desarraigados, indígenas y propietarios se organicen y aseguren una buena comunicación interna, se darán las condiciones para el necesario diálogo social sobre el tema agrario en Petén. En este mismo sentido, el Estado podría contribuir a la solución integral y pacífica de los problemas en este campo, identificando para la población interesada un punto de contacto efectivo para la referencia y la consulta en los diversos aspectos del tema.

25. Se espera que la instalación de CONTIERRA en Flores, Poptún y Sayaxché, estimule la conciliación y mejore el acceso a la información. Esta instancia podría ser un elemento importante en la implementación en Petén de la estrategia integral prevista en los Acuerdos.


ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA[editar]

26. El Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, señala que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia. Para encaminar la reforma y modernización del sistema, las partes se comprometieron, entre otras cosas, a ampliar la cobertura del Organismo Judicial y del Ministerio Público (MP) en el interior del país, introducir el funcionamiento multilingüe en el sistema de justicia y aplicar un eficiente plan de protección a testigos, fiscales y colaboradores de la justicia. Igualmente, se planteó la importancia de proveer de los recursos necesarios al Servicio Público de Defensa Penal.

27. En el período, en Petén hubo importantes avances en la ampliación de la cobertura institucional del sistema de justicia. Se instalaron el Juzgado de Menores y el Juzgado de Trabajo y Familia en la cabecera departamental y, al finalizar el período, se preparaba la inauguración del Juzgado de Primera Instancia en Poptún, permitiendo una atención más eficiente a los procesos que antes recaían en un solo juez. Además, se abrió un Juzgado de Paz Comunitario en San Luis y se inauguraron nuevos Juzgados de Paz en los municipios de Dolores, La Libertad y San Andrés, acercando este servicio a la población y descongestionando juzgados que antes cubrían territorios muy extensos. En el MP de Santa Elena fueron creadas la Fiscalía de Menores y una Oficina de Asistencia a la Víctima donde, por primera vez, se ofrece una importante atención psicológica a las víctimas de la delincuencia. En algunos municipios, como Poptún y San Andrés, se han realizado esfuerzos positivos para explicar a la población las funciones de las nuevas instancias.

28. No obstante estos cambios positivos, los diversos componentes de la administración de justicia en Petén aún adolecen de debilidades que sólo se resolverán a más largo plazo. El MP carece de un número adecuado de funcionarios y de la capacidad profesional necesaria para llevar a cabo investigaciones eficaces y profundas. Tampoco cuenta con la infraestructura y los medios técnicos necesarios, inclusive hacen falta bienes elementales como archivos para guardar y organizar los expedientes. El Juzgado de Menores no tiene un lugar apropiado para remitir a los menores que delinquen o que se encuentran en situación de abandono. Las instalaciones de la Granja Penal se encuentran en pésimas condiciones y al final del período no contaba con servicio médico. Otros problemas lo constituyen el mal funcionamiento del sistema dispuesto en la ley de protección a testigos y la escasa coordinación entre los operadores del sistema de justicia.

29. La creación del Juzgado de Paz Comunitario de San Luis, en el marco de un proyecto piloto, suponía adicionar a la administración de justicia procesos alternativos para resolver conflictos incorporando elementos de la tradición indígena. Este proyecto dio inicio sin una consulta adecuada y sin difundir efectivamente sus fines. En parte por esa razón, a los 6 meses de su creación, aún no representa un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y funciona sin asimilar los usos y costumbres de las comunidades. Sin embargo, la capacidad del Juzgado de Paz Comunitario para comunicarse con la población indígena en su propio idioma y con el conocimiento de su cultura, ha favorecido su aceptación en el municipio.

30. En general, la introducción del funcionamiento multilingüe en el sistema de justicia, en concordancia con el Acuerdo Indígena, no ha avanzado. En la cabecera departamental ninguna de las instancias de justicia cuenta con un traductor. En Poptún hay un traductor en el MP, pero la Corte Suprema de Justicia no aprobó una plaza similar para el Juzgado de Primera Instancia. Este tema debe ser materia de reflexión para las autoridades judiciales así como para las poblaciones interesadas.

31. La Defensoría Pública de Petén no cuenta con suficientes recursos materiales ni humanos para cumplir adecuadamente sus funciones. Está ubicada en la oficina de correos, su mobiliario es prestado por el MP y cuenta con sólo dos abogados. Al finalizar el período se preveía la imposibilidad de atender desde la Defensoría Pública en Santa Elena los casos del nuevo Juzgado de Primera Instancia en Poptún, pero ésta y otras dificultades se encuentran en vías de solución.


SEGURIDAD PÚBLICA[editar]

32. Un componente importante del concepto de seguridad recogido en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil, es la protección de la vida y seguridad de los ciudadanos, el mantenimiento del orden público, la prevención e investigación del delito y la pronta y transparente administración de justicia. Uno de los elementos para lograr este objetivo fue la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), que según se estipuló, debe reflejar el carácter multiétnico y pluricultural del país, contar con los departamentos especializados necesarios y ser fortalecida especialmente en su capacidad de investigación criminal.

33. Al fin del período cubierto por este informe, el número de efectivos de la PNC desplegados en Petén asciende a 273, entre elementos de la Jefatura, del Servicio de Información Policial (SIP), de las Estaciones de PNC y del Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN). En el despliegue inicial, en noviembre de 1997, se instalaron estaciones en Flores/San Benito, San Andrés, La Libertad (donde funciona también la subestación de El Subín), San Francisco, Melchor de Mencos, Poptún y San Pedro Cadenas. Se ubicó una estación del DOAN en Sabanetas y otra en Santa Elena. En junio de 1998 este despliegue fue complementado con la apertura de una estación de la PNC en Sayaxché y se preparaba la instalación de otra en Dolores.

34. Si bien el actual despliegue es aún insuficiente para cubrir el vasto territorio de Petén, los 218 efectivos desplegados en 9 estaciones, dedicados principalmente a la seguridad ciudadana y prevención del delito, representa un cambio favorable respecto al despliegue anterior de la PN, que en enero de 1997 sumaba sólo 113 hombres, concentraba el 70% de los efectivos en la cabecera departamental y mantenía una leve presencia policial en sólo cuatro municipios. La decisión de incluir a Petén en los primeros destinos de la PNC a nivel nacional representa un cambio positivo en la atención al departamento, tradicionalmente aislado del resto del país.

35. Esta atención en recursos humanos no ha sido acompañada con el apoyo logístico necesario. Las estaciones de PNC no disponen del armamento y el sistema de comunicaciones adecuados. Para solventar la falta de comunicaciones y medios de transporte, el Gobernador Departamental gestionó la donación de cuatro vehículos adicionales y los dotó con radios pertenecientes al CONAP. En general, los vehículos carecen de mantenimiento, no hay una adecuada provisión de repuestos y el presupuesto para combustible no se recibe oportunamente. Las instalaciones para atención al público, custodia de detenidos y alojamiento del personal no han sido debidamente adecuadas, salvo la Estación de San Andrés y la Unidad “Jaguares” del DOAN en Sta. Elena, esta última construida con una donación del Gobierno de los Estados Unidos de América. Los agentes de Sayaxché aún no cuentan con instalaciones propias; los de El Subín tampoco cuentan con un local en su lugar de asignación y se alojan en la Estación de La Libertad, en condiciones de hacinamiento y carentes de seguridad, en un sector del salón municipal.

36. Desde la llegada de la PNC al departamento, las carencias materiales en algunas estaciones han sido paliadas con el apoyo municipal, de individuos o empresas privadas. Se considera que esta situación merece una especial atención de parte de las autoridades, ya que podría dar lugar a corrupción o parcialidad en la actuación de la PNC hacia dichos sectores o a la expectativa de estos de recibir un trato privilegiado. Será importante que las donaciones o apoyo hacia la PNC no sólo cumplan los requisitos de la ley respectiva sino que también se estructuren de una manera que minimice estos riesgos.

37. El personal policial destacado no refleja el carácter multiétnico y pluricultural del departamento. Por ejemplo, entre las oficinas de Poptún y Cadenas, un área cuya población rural es mayoritariamente q’eqchi’, se encuentra un solo integrante de esa etnia. Existen obstáculos todavía para que se supere esta debilidad. A pesar de la poca difusión que se dio a la convocatoria a la Academia de la PNC, aproximadamente 77 de los 231 postulantes del departamento eran indígenas; sin embargo, sólo 7 de ellos aprobaron el examen de ingreso. Este número reducido de aprobados entre los indígenas puede ser resultado del bajo nivel educativo y del limitado conocimiento del castellano en algunas áreas rurales, en comparación con las cabeceras municipales. Por otro lado, cabe señalar que, entre la fuerza de PNC desplegada en Petén tan solo se registra la presencia de una mujer, ubicada en la estación de Sayaxché.

38. Un importante obstáculo para el trabajo policial es el temor de los ciudadanos a denunciar o informar sobre hechos delictivos, debido a posibles represalias posteriores. Esto, junto con la ausencia de investigaciones adecuadas, propicia la impunidad. Debido a la falta del despliegue del Servicio de Investigación Criminal (SIC), aún no se cuenta con personal capacitado para la investigación criminal. En la cabecera departamental también es notable la falta de coordinación efectiva entre el MP y la PNC, elemento indispensable para la investigación. En cambio, en Poptún se han observado mejores niveles de coordinación.

39. A pesar de estas limitaciones, es notoria en la mayoría de los nuevos mandos la adhesión a los principios de los Acuerdos de Paz y una mayor voluntad de servicio y de apertura hacia la población. La reacción inicial al despliegue entre los diversos sectores del departamento fue positiva. No obstante, en los últimos meses del período, comenzaron a surgir algunos comentarios negativos, producto de una reducida visibilidad de la policía y de la conducta criticable de algunos agentes. Los canales de comunicación entre policía y ciudadanía no están suficientemente habilitados para que este tipo de observaciones sean conocidas y tengan respuesta por parte de la PNC. Además, los graves incidentes ocurridos en el período (asaltos, asesinatos, secuestros y extorsiones) en lugares donde la presencia policial se halla más débil, contribuyen a la sensación de inseguridad que aún prevalece en Petén.


OBSERVACIONES[editar]

40. Los principales avances del período con respecto a los temas abordados, se registran en la atención institucional prestada al departamento a través de la ampliación de la cobertura de la administración de justicia y el despliegue de la PNC. La progresiva legalización de tierra en la zona de amortiguamiento, si bien atiende sólo una parte de la problemática de la tierra, también es significativa. Otros aspectos positivos incluyen el dinamismo del espacio de participación de la mujer, nuevas expresiones de organización en las comunidades indígenas e importantes iniciativas de la sociedad civil para apropiarse de los Acuerdos de Paz y darles seguimiento.

41. Aún falta que la reforma de la justicia y la seguridad pública vaya más allá del incremento numérico de jueces, fiscales y policías. Se requieren grandes esfuerzos para revertir la ineficacia en este sector, erradicar la corrupción, garantizar el libre acceso a una justicia multilingüe, imparcial e independiente y generar una mayor sensación de seguridad. De especial preocupación es la falta de capacidad en materia de investigación criminal, debilidad compartida entre el MP y la PNC. Esta última necesita asegurar una presencia visible y realizar un proceso permanente de auto-corrección y disciplina. Sería necesario un mayor esfuerzo por parte de los alcaldes y policías para lograr una mejor comunicación con las comunidades y otros sectores de la población civil en materia de seguridad pública. Además, deberían prestar especial atención para que los miembros de las Juntas Locales de Seguridad no se extralimiten en su papel, asegurando que constituyan un verdadero instrumento de participación social sin que asuman funciones propias de la policía ni se conviertan en una fuente de influencia o privilegio.

42. En el ámbito del desarrollo social, la lentitud de respuesta de las instituciones gubernamentales y la falta de estrategia y gestión efectiva por parte de las propias comunidades, son factores que se combinan para impedir un avance más sustancial. Las autoridades aún no han asumido plenamente su papel de fomentar una participación que sirva no sólo para informar a los interesados respecto a acciones a ejecutarse, sino para diseñar estrategias y concertar soluciones. En el caso de la población desarraigada, será de especial importancia no sólo la introducción de infraestructura sino también la implementación de programas productivos para que estas comunidades superen la etapa de emergencia y se encaminen al desarrollo sostenible con las demás comunidades rurales del departamento. El Proyecto Sayaxché-La Libertad y los proyectos que la CTEAR destine para Petén pueden contribuir a ese esfuerzo.

43. Respecto a la situación agraria, es indispensable que las instituciones estatales proporcionen información clara y objetiva sobre su trabajo y los distintos proyectos y programas en esta materia y que aborden la problemática con una óptica integral. El Foro de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz en Petén, las nuevas iniciativas de organización en el sector campesino y la llegada de CONTIERRA pueden ofrecer nuevos canales de información, diálogo y concertación.

44. En gran medida, el éxito del avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Petén y la superación de los desafíos planteados dependerá de la voluntad y capacidad de todos los sectores del departamento para emprender un camino de amplia participación y concertación. MINUGUA espera que este Suplemento Regional, que intenta presentar algunos aspectos de la realidad del departamento, sirva como un insumo para la reflexión y un apoyo a la consolidación de la paz y desarrollo en Petén.

Enlaces externos[editar]