Manifiesto de Arequipa

Manifiesto a la Nación del Jefe Supremo, Teniente Coronel Luis Miguel Sánchez Cerro (Arequipa, 22 de agosto de 1930) El pronunciamiento que acaba de efectuarse en Arequipa no es la obra de un partido, ni la hazaña de un grupo, ni la audacia de un caudillo; es la expresión genuina de un anhelo nacional, fervoroso y unánime, largo tiempo reprimido por la tiranía, pero convertido hoy al fin en realidad. Hace más de once años que sufre el Perú los crecientes desmanes de un régimen corruptor y tiránico, en el que se aúnan la miseria moral y la protervia política. Dentro y fuera del país deja las huellas de sus atropellos y de sus villanías. En el orden constitucional, ha roto la Carta Política, erigiendo en ley suprema la voluntad despótica de un hombre y haciendo del Parlamento un hato de lacayos sumisos y voraces. Desde el punto de vista administrativo, se esmera en desvincular las regiones con desatinadas medidas de exacerbante centralismo, en daño de la unidad de la República. En el orden económico, ha destrozado nuestras finanzas y elevado nuestra deuda externa de 80 a 600 millones de soles, poniéndonos a merced de prestamistas extranjeros, hipotecando así nuestra independencia económica, con inminente peligro de la soberanía nacional. En el orden tributario, agobia al pueblo con lesivos impuestos, desproporcionados e injustos, recargando los derechos arancelarios, aumentando considerablemente las contribuciones urbanas y rústicas, creando odiosos monopolios, todo inspirado, no por una patriótica previsión y sana finalidad, sino con el sarcástico objeto de disfrutar impúdicamente de las entradas en unión de sus adeptos. En el aspecto institucional, ha desorganizado e inficionado en vez de organizar. Privó de su independencia al Poder Judicial, desacatando sus resoluciones y desprestigiándolo con la introducción de elementos políticos ineptos, sobornados o sobornables, socavándole, por tanto, su autoridad moral para amparar la libertad y hacer la justicia. Ha convertido los municipios en agencias gubernativas, usurpando al pueblo la libertad de elegirlos. Ha sometido la enseñanza superior a un régimen retrógrado y rastrero, cortando el vuelo al pensamiento en las universidades, hoy orientadas hacia un fingido practicismo, reservando a autoridades oficiales el control y la censura de las doctrinas, y la selección banderizada del magisterio superior, como en los tiempos oscuros del coloniaje. En cuanto al orden individual, restringe los derechos ciudadanos, niega la libertad e intenta engañar a la opinión pública con oprobiosas manifestaciones de asalariados, pretendiendo encanallar al pueblo, procurándole el halago de la delación remunerada, sometiéndolo, monomaniáticamente, a un condenable tributo de munificentes regalos y elevando la adulación al rango de virtud nacional. ¿Acaso se permite hoy en el Perú la libre expresión del pensamiento? No. Los órganos de la prensa nacional de encuentran amordazados o envilecidos, porque el gobierno los ha convertido en voceros parcializados de sus actos y en defensores abyectos y venales de sus atentados... Y en frente del Ejército –la nobilísima institución del país– ha organizado preconcebidamente una policía mimada y jactanciosa –salvo contadas excepciones–, instrumento de terror para el ciudadano, a quien coarta sus derechos. Trasmutándola de su función privativa, pretende convertirla en fuerza sustitutoria del Ejército; es decir, del único eficaz guardián de la honra nacional y de la integridad territorial, dando razón para creer que los países que se hipotecan en alguna forma no son dignos de tener ejércitos nacionales, sino guardias pretorianas rentadas para defender a sus amos. Como digno remate de esta serie de ignominias, acaba de ofrecer al extranjero, con nuestras petroleras, no solo una de las pocas y privilegiadas riquezas que aún nos queda, sino, lo que es peor, el ahondamiento del vasallaje económico que dista apenas un paso del vasallaje político. No era posible tolerar por más tiempo la vergüenza de esta situación. Pero, la hora de la dignidad nacional y del duro ajuste de cuentas ha llegado por fin. Vamos a moralizar primero y a normalizar después la vida institucional y económica del Estado; para ello, hacemos hoy un supremo llamamiento a todos los hombres honrados del Perú, para derrocar a la tiranía más cínica que registrará nuestra Historia, restaurar nuestros fundamentos constitucionales y hacernos dignos hijos de una nación libre. Después que la moralización haya sido entronizada, si lo demandase la voluntad ciudadana nuestra Constitución sería revisada. Pero, siempre la cumpliremos y la haremos cumplir, como lo reclama su augusteza y su intangibilidad. Y convocaremos también a elecciones generales, dando para ello las más amplias garantías como no hay antecedentes en nuestra vida republicana. Con criterio científico, se iniciará la depuración de la legislación nacional, enmarañada en los últimos tiempos por la inepcia de los legisladores, corifeos de un tirano espiritualmente enfermo. Conservaremos la unidad nacional; pero es necesario dar a los pueblos, en la medida de lo posible, la autonomía económica indispensable para fomentar su progreso local con la legítima aplicación de sus recursos. En este orden de ideas habrá una equidad sin precedente. Devolveremos al pueblo y a la prensa honesta sus libertades y sus prerrogativas, al Parlamento su majestad y el Poder Judicial su excelsitud. Respetaremos todas las ideas, siempre que no afecten la moral social y el orden público. Rendiremos y dignificaremos a nuestros hermanos indígenas. Esto constituirá el “alma mater” de nuestro programa nacionalista, sin que por ningún motivo ello se convierta en mera teoría de significación aleatoria. Aseguraremos constantemente el bienestar y los derechos de las clases trabajadoras, dentro de las normas más equitativas y más justas. Haremos de la honradez un verdadero culto nacional; por eso perseguiremos, sin dar tregua, hasta en sus últimos refugios, a la banda de rapaces que, enseñoreada hoy en la Administración Pública, ha amasado y amasa fortunas a costa del erario, obligándoles de grado o fuerza, a devolver los dineros usurpados y sancionando ejemplarmente sus delitos. Acabaremos para siempre con los peculados, las concesiones exclusivistas, las malversaciones y las rapiñas encubiertas, porque la principal causa de nuestra actual crisis económica reside en la falta de pureza en la administración y de honradez en el manejo de los fondos fiscales. En lo futuro para ocupar puestos públicos será necesario que los ciudadanos declaren públicamente sus bienes; y proyectaremos leyes sobre la moralización de la renta privada, a fin de poder reprimir con mano férrea el robo en cualquiera de sus formas. Hijos de un país económicamente modesto, como somos, no seguiremos hipotecando nuestras riquezas con el idiotesco afán de alardear falsos progresos. Con un sistema de honrada parsimonia en los gastos públicos, estimularemos las fuerzas vivas del país y fomentaremos sus innumerables posibilidades naturales e industriales, para cimentar nuestra autonomía económica, sacudiendo cuanto antes el yugo del acreedor extranjero. Y esto lo conseguiremos, porque vamos a la obra con sinceridad y con fe resueltos a imprimir honradez con caracteres de fuego. Prometer construcciones de ferrocarriles para después vender a perpetuidad los pocos que teníamos; fantasear sobre la vialidad cuando los caminos existentes se deben únicamente al entusiasmo y buena voluntad de los pueblos y no al esfuerzo gubernativo que sólo ha sido cómplice en monstruosos peculados y favorecido intereses personales al amparo de la ley de conscripción vial, que representa en diez años el criminal despilfarro de cien millones de soles; ofrecer al país un soñado bienestar económico para que nuestras aduanas tengan después interventores extranjeros, sólo puede caber en programas de gobernantes cínicos y altamente traidores. Jamás permitiremos que nuestros Institutos Armados sean juguetes de los políticos en el porvenir, ni que se les distraiga de la altísima misión que justifique su existencia. Por eso, la reorganización de ellos se impone, muy especialmente en el Ejército, al que la tiranía se ha deleitado en corromperlo con criminal sistema, en dividirlo, en herirlo en sus fibras más sensibles, en suprimir sus ideales, en reducirlo, en supeditarlo con una policía pretoriana, en deshacerlo a despecho de sus cuadros profesionales, espiritualmente sanos, abnegados, sufridos hasta una resignación insospechada. El Ejército es nuestra más cara esperanza; a él entrega el pueblo sus hijos; él es la parte fuerte del país; atentar contra él es ofender a toda la nación. Ciudadanos honrados del Perú: No es este el centésimo anuncio de la regeneración nacional, como acostumbraron a hacerlo los caudillos que vitupera nuestra historia. Este movimiento significa la salvación de la nacionalidad; y, para conseguirlo, conjuramos ahora a todos los hombres del país que amen la libertad y la honradez. Solo insinuamos ahora la enorme labor por realizar, instituyendo los firmes cimientos de la gran obra que otros patriotas deberán continuar. Y, con pureza de miras, el gobierno provisorio que hoy se inicia en el sur de la República se propone preparar el advenimiento del gobierno definitivo que, al amparo de la Constitución, nos haga ciudadanos de una patria grande y libre.