Un bajo número de diputados que se encontraban en la sala de sesiones, entre ellos los íntimos amigos de Bernardo, Pedro Ramón Arriagada y Juan Pablo Fretes, recibieron a un emisario de las tropas que presentó al presidente, Joaquín Echeverría, un pliego firmado por nueve jefes militares. Los firmantes decían que “era voluntad de éste suspender las sesiones del Congreso hasta que noticiado el reino de su motivo, resolviera lo que condujese al mejor orden del estado” [1]. Además, exigían que al disolverse el Congreso se entregaran todos sus poderes al Directorio Ejecutivo.
Mostrando claramente su molestia, los diputados entregaron un oficio de respuesta a los comandantes militares, señalando que quedaba suspendido el Cong reso hasta avisar a las provincias del reino, nada obstaba a ello porque no necesitaba ser un cuerpo permanente.
Para Carrera esta declaración no era suficiente, por lo cual presionó fuertemente a los diputados para que fir masen un bando de la Junta de Gobierno, que O’Higgins y Marín tampoco habían firmado [2].
El bando señalaba que la división de la autoridad suprema en los directores ejecutivo y legislativo, era la causa de las convulsiones políticas sufridas por el país; que esta división se abrió en el reino inoportunamente; que el pueblo de Santiago optó por pedir la suspensión de las sesiones mientras eran infor madas las provincias del motivo; que las tropas “oyeron su clamor” [3] y siendo una parte importante de la ciudadanía lo representaron, consiguiendo lo que correspondía a una solicitud justa; que la junta (que hacía publicar el bando) estaba persuadida que para que en los estados exteriores no pareciese obra de la fuerza este hecho, que era expresión de la voluntad más libre, debía hacerse en un cabildo abierto; pero el notabilísimo riesgo existente “cuando aun no hemos descubierto todos los traidores que atentaron sang rientamente poco ha contra la salud general y cuando aun existen entre nosotros” [4] llevó a buscar otro medio más fácil y expedito.
El acta fue firmada, además de Carrera, por los diez diputados asistentes a la sesión, casi todos desafectos a él, presionados por la fuerza de las armas.
Detenidos en el congreso, los ofendidos diputados recibieron una comunicación que los autorizaba a retirarse a sus casas con la obligación de no ausentarse de la capital sin permiso previo. Asimismo, el oficio disponía la entrega, bajo inventario, al primo hermano de los Carrera, Juan Antonio Carrera, de todos los papeles que for maban el archivo del Congreso.
