líneas férreas representaban al sistema circulatorio de una nación, entonces por estos trenes se desplazó la sangre de las futuras víctimas. Pero, además, los trenes son el gran símbolo de la acción pública en el Chile decimonónico, el gran proyecto estatal junto a Valparaíso de Rengifo (el puerto libre), por lo que resulta interesante pensar que los huelguistas siguieron la “vía estatal” para solucionar sus demandas de mayor justicia social. De igual forma puede entenderse la obstinación de no dejar la Escuela Santa María, pues la escuela es otro símbolo poderoso del Estado, y resulta más comprensible el rechazo a instalarse en el hipódromo, espacio caracterizado por el derroche y la vida ociosa de la oligarquía. Es por eso que se comprende de manera más clara la ovación que recibió Eastman a su llegada a Iquique, en tanto era interpretado como un gesto de que el Estado —como garante del bien común— mediaría en las demandas, como ya lo había hecho en Valparaíso en 1903, y con los ferroviarios en Tarapacá ese mismo año de 1907.
Los obreros buscaban un juez, un ente ecuánime, una institución en la cual depositar sus destinos, sobre la base que los reconociera como iguales, racionales y con derechos, encontrando en el Estado dicho espacio de intereses colectivos (la nación). Pero sólo encontraron un verdugo. He ahí porque este luctuoso acontecimiento representa un fracaso para el Estado y no para el movimiento obrero; pues quien desaprovecha la oportunidad de construir un principio de legitimidad ampliado y un pacto social modernizador es el Estado en tanto incapacidad de desentenderse de los intereses premodernos de la elite.
Todas estas elucubraciones tienen su sustento en un hecho que resulta crucial para entender el carácter moderno y racional del movimiento obrero de Santa María de Iquique (contradiciendo el planteamiento de Devés), que se expresa en que al momento de ser conminados a abandonar la Escuela y regresar a sus labores, los dirigentes apelaron a sus derechos constitucionales de libre tránsito y reunión, es decir, a la misma legalidad del Estado que los interpelaba a abandonar sus propósitos. Como parece ser una constante en nuestro país, es el constitucionalismo el baluarte al que se aferran los espíritus democráticos ante los contextos de crisis.
Quien violó realmente la legalidad fue la autoridad civil que instruyó acallar los derechos ciudadanos a bala, so pretexto del orden público. Estamos acá en presencia de uno de los patrones del pensamiento político chileno, que es su matriz autoritaria, a decir, suspender el pleno ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente de los ciudadanos basados en percepciones —muchas de ellas discutibles, otras tantas atendibles— de caos social. Se privilegia el orden por sobre las personas, los intereses priman por sobre los derechos.
