un agravio hacia los generales del ejército de Chile, refiriéndose al general Roberto Silva Renard, quien “como jefe de la guardia militar de Iquique, se vio en la dura necesidad de usar de la fuerza: el resultado de esa contienda lo lamento yo personalmente, la Cámara y el país entero. Quería levantar este cargo contra un jefe del Ejército, que debe proceder ateniéndose a la ordenanza y no por sentimientos humanitarios...”
Y agregó: “Por otra parte, creo que no es este el momento de que la Honorable Cámara entre a discutir con tranquilidad cuál ha sido el rol de las autoridades del norte de la República en los acontecimientos en que han tomado parte, porque carecemos de los datos necesarios, y me parece que lo discreto y correcto es aguardar a que lleguen.”[1]
Dos días antes, El Diario Ilustrado postulaba la misma lógica que el diputado:
- “¡Dolorosísimo sacrificio! A distancia del teatro de estos luctuosos acontecimientos, nos inclinamos a preguntar si era necesario tan doloroso sacrificio, si no se habría logrado alcanzar el objeto deseado sin pérdida de vidas o con pérdidas mucho menores (...) Pero consideremos que las autoridades de Iquique, sin interés alguno en las soluciones, que llamaremos económicas de la huelga, obligadas sí, al mantenimiento del orden, a la protección de vidas y propiedades, no podían carecer de espíritu de humanidad ni de fraternidad nacional... Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligadas a tomar no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas”.[2]
- “¡Dolorosísimo sacrificio! A distancia del teatro de estos luctuosos acontecimientos, nos inclinamos a preguntar si era necesario tan doloroso sacrificio, si no se habría logrado alcanzar el objeto deseado sin pérdida de vidas o con pérdidas mucho menores (...) Pero consideremos que las autoridades de Iquique, sin interés alguno en las soluciones, que llamaremos económicas de la huelga, obligadas sí, al mantenimiento del orden, a la protección de vidas y propiedades, no podían carecer de espíritu de humanidad ni de fraternidad nacional... Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligadas a tomar no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas”.[2]
En la sesión del 30 de diciembre, hizo uso de la palabra el diputado demócrata por Concepción y Talcahuano, Malaquías Concha,
quien leyó un pormenorizado informe de los acontecimientos de Iquique, sus antecedentes e implicancias, apoyado de abundantes citas de la prensa local, argumentando acerca del carácter pacífico
del movimiento y de la responsabilidad de sus dirigentes en conservar el orden, así como de la colaboración inicial prestada por las autoridades de la ciudad -desmintiendo de paso el supuesto peligro social que significaba para la ciudad la llegada masiva de los huelguistas— y la posterior reacción de aquellas, decretando
estado de sitio sobrepasando —según Concha— la Constitución, sin autorización ni conocimiento del poder legislativo, y finalmente disparando sobre la masa inerme de obreros y sus familias. Su crítica apuntaba directamente al ministro Sotomayor.
Señalaba el diputado Concha:
- “...Ha llegado el momento de que la Honorable Cámara aprecie la responsabilidad política, civil o criminal que corresponda al señor ministro del Interior con motivo de una violación constitucional que no puede quedar impune. Si el señor ministro ordenó la matanza,
