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extensa intervención —interrumpida en varias ocasiones por los diputados Veas, Alessandri y Concha— justificó los hechos en virtud del fin promordial del gobierno de amparar la propiedad, la vida y el orden social:

“Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada, es el caos (...) hubo un instante en que el movimiento dejó de ser respetuoso e inofensivo, un momento supremo en que esas mismas benévolas autoridades comprendieron que no quedaba otra cosa que hacer que lo que se hizo, como muy bien lo deja comprender el parte del señor Silva Renard. El honorable Diputado por Concepción -—refiriéndose a Malaquías Concha-— para llevarnos al terreno de las impresiones, ha tenido que inventar una novela en que juegan como resorte principal montones de cadáveres. Todo esto es obra de la fantasía del señor Diputado”.[1]

Esa semana, El Mercurio, una vez conocida la magnitud de los acontecimientos, reorientaba su opinión, apelando al gobierno y los legisladores:

“A la ley de febrero de 1906 sobre habitaciones para obreros que se cumple lenta e ineficazmente, a la dictada últimamente sobre descanso dominical, debemos agregar un código o un conjunto de disposiciones relativas a la duración de la jornada, al trabajo de las mujeres y de los menores, a las condiciones de los locales e instalaciones de industria; a los seguros obreros, a las pensiones de los inválidos del trabajo, a la implantación del contrato de trabajo y de la consiguiente ley sobre huelgas, que las prevenga o termine por medio de la conciliación o el arbitraje (...). Los legisladores y los encargados del poder público tienen el deber de estudiar cuanto antes el arduo problema, que si bien puede recibir una aparente solución, quedará solamente diferido, y siempre latente, como la más grave de las cuestiones relacionadas con la vida nacional, mientras no se adopte la legislación que invocamos”.[2]

Al final de la extendida sesión referida —-acompañada de gritos y manifestaciones en los palcos-— y señalando que las explicaciones del ministro no eran satisfactorias, los tres diputados acusadores dieron carácter formal de interpelación a sus intervenciones, iniciándose en la sesión siguiente —-2 de enero-— un intenso debate acerca de la situación social en el país en que el ministro Sotomayor, junto con sostener que en Chile no había diferencias de clases, mantuvo firme la postura de defender a cualquier costo el orden y la propiedad e intereses de los salitreros locales y especialmente de los extranjeros:

“... deberíamos tener una gratitud inmensa para esos hombres —se refiere a Silva Renard— que así cumplieron con su deber manteniendo el orden y la tranquilidad pública. Ellos impidiendo ese movimiento

  1. Sesión del 30 de diciembre de 1907, Boletín Cámara de Diputados, p.732.
  2. El Mercurio, 24 de diciembre 1907.