innumerables y gloriosas legiones de soldados que han llevado nuestras banderas por el continente”.[1]
Termina su intervención abogando por una reconsideración de la situación social de los sectores pobres de la sociedad y proponiendo medidas concretas como el fomento del ahorro y el proporcionar habitaciones decentes a los obreros.
El diputado demócrata Malaquías Concha a propósito de estos “Sucesos de Santiago” señala: “Las lecciones que se desprenden de los recientes sucesos no son pues un arma de ocasión para esgrimirla a favor o en contra de un gabinete; son otras muy distintas que nos deben llevar a todos a procurar que se establezca un régimen de mayor justicia en las relaciones sociales (...). Penden de la consideración de la Cámara varios proyectos de esta índole: Caja de Ahorros, salarios, seguridad en los talleres, trabajo de menores, abolición de impuestos sobre alimentos y muchos otros que, una vez aprobados, solucionarían en gran parte, esto que se llama cuestión social y que tan profundamente agitan los ánimos en el mundo entero”.[2]
El movimiento social y las nuevas leyes sociales y laborales
A propósito de estas primeras intervenciones del Estado en el campo laboral se ha formulado el siguiente análisis: “Ordinariamente, al hablar de la legislación social chilena, se la ha dividido en dos etapas, a las que se señalan características completamente distintas: antes de 1924, y después de ese año, añadiéndose que a la primera época, a partir de 1906 corresponde una legislación de tipo netamente individualista, teniendo en cambio la segunda un carácter de avanzada, casi socialista (...) . La apreciación de los aspectos formales de dicha obra legislativa, daría pie para una distinción semejante, pero si se considera el grado de evolución de nuestra sociedad en todas sus manifestaciones, que condicionan el espíritu y la eficacia de esas medidas legales, deberemos concluir en que todas ellas corresponden a una sola época, a un solo sistema...”.[3]
En 1906 se aprueba la ley de habitaciones obreras, proyecto presentado originariamente por el Diputado Manuel Rivas Vicuña, y que buscaba mejorar las condiciones higiénicas de las habitaciones a través de la creación de un Consejo de Habitaciones Obreras. Entre sus facultades estaba el promover la construcción de viviendas baratas e higiénicas para los obreros, fijar las normas de construcción y fomentar la formación de sociedades encargadas de construirlas, entre otros aspectos. La aplicación de esta norma condujo a que el Consejo de Habitaciones demoliera aproximadamente 15.000 viviendas declaradas insalubres.
En 1907, por un Decreto del 5 de abril, se creó la Oficina de Estadística del Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, encargado de reunir información sobre mercado
