Algunas conclusiones
El periodo que llamamos parlamentario no fue acompañado de un aumento de la representatividad popular sino más bien sirvió a la oligarquía nacional para acrecentar su posición dominante. El
parlamento muestra durante esta época una posición de creciente cuestionamiento acerca de qué es y cómo solucionar la llamada cuestión social. Dentro del debate surgirán posturas antagónicas de acuerdo a los intereses partidistas que, sin embargo, coincidirán en gran medida con la idea de imponer la seguridad del Estado por sobre la elaboración de normas que coincidieran con las aspiraciones del movimiento obrero. Es por esto que, incluso quienes se sentían representantes en el parlamento de los trabajadores, fundamentalmente los demócratas y algunos radicales, van a ser percibidos con desconfianza por los trabajadores. Esta tensión permanente entre la clase trabajadora y el Congreso va a tener su punto culminante en la Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, momento en el cuál la institucionalidad se desprende completamente de la representatividad y ejerce el poder de manera ciega, al punto de asesinar a miles de trabajadores bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Esta seguridad que tanto defendieron los parlamentarios conservadores y liberales, tiene que ver con el mantenimiento de un sistema político que veían amenazado toda vez que el obrero no compartía los ideales sobre los cuáles se legitimaba la autoridad. Esto no significa que el Congreso Nacional sea el responsable directo de la Matanza, pero sin lugar a dudas fue un actor preponderante en cuanto ésta ocurrió en el momento en que más poder ejercía la institución. La principal responsabilidad que podríamos atribuir al Congreso es el hecho de que el petitorio presentado por los obreros
en realidad fue un resumen de demandas históricas que tenían a lo menos veinte años de ser racionalizadas por los trabajadores como exigencias concretas y destinadas a la autoridad. Pese a esta lucha por conseguir derechos, la llamada cuestión social fue debatida con lentitud e incluso de manera ideologizada, ignorando o aminorando la gravedad de la situación en que se encontraban los trabajadores del país.
Desde el parlamento surgieron miradas sobre la cuestión social que tendían a ver a los trabajadores como “otros”, distintos de la oligarquía, menos capaces de reflexión y que al mismo tiempo debían ser construidos por parte del mismo Estado. De hecho, la Masacre marca el punto de inicio de una nueva intervención del Estado en el norte de Chile a fin de construir identidades homogéneas bajo la bandera de la seguridad nacional. Esto coincide a su vez con el
