> En ambos países los gobiernos y administraciones locales cuentan con autonomía en cuanto al diseño de sus planes de ordenamiento territorial en el marco de las leyes nacionales (Chile) o provinciales (Mendoza).
> En ambos países dichos instrumentos participativos son entendidos como en exceso formales y consultivos, sin mayor incidencia en la toma de decisiones, ni en el seguimiento y evaluación de las políticas orientadas al desarrollo de los territorios.
Estas apreciaciones preliminares nos permiten inferir que los marcos normativos son necesarios, pero no suficientes a la hora de propiciar políticas públicas participativas, aun cuando las gestiones gubernamentales tengan la autonomía para hacerlo. En todo caso, cuestiones más coyunturales, como la voluntad política y la discrecionalidad de las autoridades locales, son algunos de los elementos que, al parecer, terminan influyendo en la posibilidad de garantizar un involucramiento real, plural, equitativo y sostenido en el tiempo de la ciudadanía.
A simple vista, a pesar de tener estructuras distintas, los mecanismos de participación revisados tienen carencias en cuanto a su incidencia y evaluación. Es necesario, entonces, desentrañar cuáles son las dimensiones propias de la gestión territorial que mayor incidencia tienen en la implementación de mecanismos de participación ciudadana, principalmente en ámbitos locales de gobierno. Para ello, el estudio comparado de casos locales en América Latina nos podrá alumbrar en torno a los alcances de la participación ciudadana en un tema tan primordial como el desarrollo territorial.
