debiendo uniformarla en toda la Nación, por medio de reglamentos y planes de estudio generales. No necesito decir que no todos piensan, por cierto, del mismo modo ; ni yo me atrevería á declarar tanto, porque parece que en la armonía del sistema representativo federal, las autonomías locales están directamente encargadas de satisfacer sus necesidades inmediatas, — ¡ y cuál mayor que la educación común ? — por manera que cuando más, la intervención del poder general sería subsidiaria y á título de fiscalización del empleo que se da á los auxilios pecuniarios con que favorece su desarrollo.
Nadie ignora cuánto se ha perorado, escrito y gritado entre nosotros en favor de la educación común obligatoria y gratuita ; ni puede tampoco negarse que se han formulado bellísimos planes y lógicos reglamentos, desplegando gran lujo de teórica erudición.
No quiero que se me tache de exajerado (1). En 1869 — época del único censo nacional — con currían á las escuelas 82,689 niños, quedando sin ellas 330,770. En 1878 asistían 1 14,780, quedando en la ignorancia 438,620 y habiendo, por lo tanto, 107,850 niños sin escuela más que en 1869. Y como
(1) Los cifras que cito en el texto son oficiales. Véase el Informe de la Comisión Nacional de Educación al Ministerio de Instrucción Pública. Buenos Aires, 1879.
