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FSB esclarece posiciones (1987) Parte II: Inconstitucionalidad y deuda externa

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B. La inconstitucionalidad del régimen imperante.

El único baluarte del civismo nacional es Falange Socialista Boliviana, condenada al ostracismo del silencio por las fuerzas de ocupación que manejan al gobierno.

Desafiando el bloqueo de los medios de comunicación social, FSB, el 18 de abril de 1985, dio la voz de alerta al país, entregando las copias a la prensa, de una carta dirigida al Senado americano, por intermedio de la embajada americana; denunciando la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de los pueblos, consagrado en la Carta Fundamental de la Organización de las Naciones Unidas; por parte del embajador americano, quien ofreció apoyo económico y técnico para el verificativo de las elecciones generales; las mismas que serían nulas de pleno derecho por esta actitud de intromisión foránea.

El 2 de mayo del mismo año, se envió memorial a la Corte Nacional Electoral, impugnando las bases jurídicas de la convocatoria a elecciones, por constituir una abierta conculcación de la Carta Magna; sobre todo del Art. 87, que prohibía la postulación a la Presidencia del Vicepresidente en ejercicio. Al mismo tiempo, se ponía de relieve que el súbito llamamiento a elecciones atropellando la Constitución, facilitaba el archivo de dos juicios de responsabilidad: el del Presidente en ejercicio, por sus implicaciones en el narcotráfico, y el del ex Presidente Banzer, que estaba siendo actualizado por el PS-1. Por estas razones, Falange anunció que no concurriría a los actos electorales convocados violando la Constitución Política del Estado, y que la conformación de poderes en base a las votaciones del 14 de julio, sería ilegítima e ilegal.

El 5 de mayo se entregó todavía a la Comisión del Congreso la denuncia de la ilícita convocatoria, pidiendo que se circunscriba el acto electoral a los mandatos de la Ley; es decir, elegir únicamente Presidente y Vicepresidente, por el tiempo que faltaba para completar el período presidencial.

Lógicamente que ninguna autoridad prestó la menor atención a estos reclamos de naturaleza legal, ya que ellas obedecen a los mandatos de los poderes foráneos; entonces los dirigentes nacionales más calificados del partido publicaron un mensaje el 20 de junio, ordenando la abstención de la militancia, puesto que dijeron: “Los poderes del Estado se han descalificado a sí mismos; el Poder Ejecutivo ha conculcado la Constitución, el Congreso ha pisoteado la expresión de la soberanía nacional que es la Carta Magna, la Corte Suprema hasta el momento ha prevaricado, la Corte nacional Electoral está viciada de nulidad”.

La Nación dio una respuesta digna. En efecto, la abstención, los votos en blanco y pifiados, resultaron con una abrumadora mayoría, sin embargo del alto porcentaje de votos inflados. A Siles y a Banzer los arrinconaron los agentes del imperialismo con el chantaje de sus juicios de responsabilidad; y a los dirigentes falangistas que se prestaron al juego electoral, se los expulsó previo un proceso legal de acuerdo a las normas de la Carta Fundamental del partido.

De esta manera inconstitucional, la impostura democrática continuó haciendo estragos en el país, obligándonos a los verdaderos bolivianos, que por suerte somos una abrumadora mayoría, a tomar posiciones defensivas contra la captura del poder por fuerzas e intereses extranjeros; utilizando el servilismo de algunos nativos a quienes se los conoce universalmente con el nombre de cipayos.

Sólo a los incautos con almas de cántaro se les ocurriría rescatar el poder en actos electorales, porque sería exactamente que pretender ganar el juego entre gangsters que tienen los dados cargados y las cartas marcadas. El pueblo tiene que asumir el control del poder, expulsando a los impostores y usurpadores, en virtud de la legítima soberanía que posee; para tomar acuerdos después, sobre las reglas de juego más convenientes al interés colectivo; con objeto de establecer un régimen de derecho, respetable y duradero.

C. La deuda externa.

Jamás se ha hecho un análisis responsable y serio de este problema agobiante para la vida del país.

En más de una oportunidad, el pueblo de Bolivia ha escuchado explicaciones dadas por Banzer con irritante superficialidad, sobre la responsabilidad que le corresponde en el endeudamiento nacional, sin tomar en cuenta la devaluación del dólar en el curso de los últimos diez años.

De acuerdo a la Ley, es imprescriptible cualquier obligación económica con el Estado.

Se debería abrir el correspondiente juicio de responsabilidades a todos los presidentes que adquirieron deudas comprometiendo la fe del Estado, hasta establecer con calidad técnica para qué se prestaron, de quien, con qué proyecto de factibilidad, si estuvo o no sobredimensionado dicho proyecto, cómo se invirtieron los desembolsos, por qué no se obtuvieron los resultados previstos; y girar pliegos de cargo a los responsables, hasta que cubran todas las defraudaciones al fisco. Sólo entonces se puede establecer un balance aceptable para determinar cuánto se debe cargar en las espaldas del pueblo y qué sumas de dinero debe devolver cada uno de los presidentes.

Al margen de estos ajustes de moralización interna, el fenómeno de la deuda externa afecta de un modo específico a cada Estado, de acuerdo a la relación que existe entre el ingreso per cápita anual y la gravitación per cápita de la deuda externa.

En el caso de Bolivia, prácticamente cada boliviano debe mil dólares actuales; pero a causa del congelamiento salarial, los bolivianos ganamos un promedio de cincuenta dólares al mes por familia; lo que da un per cápita de 10 dólares mensual y 120 dólares anual; cifra ínfima, incluso para atender las necesidades de una subalimentación. Un pueblo en estas condiciones, es inobjetablemente insolvente y resulta absurdo pedirle que cubra su deuda externa.

Se debería plantear como principio de respeto a los derechos humanos, que los pueblos que sufren el peso de la deuda externa deben congelar automáticamente los intereses y suspender la amortización al capital hasta que el estrangulamiento que soportan de las presiones externas, desaparezca y les permita un desarrollo normal para alcanzar la ecuación de equilibrio; y sólo entonces, reanudar el pago de sus obligaciones anteriores, sin tomar en cuenta los intereses que se congeló.