La masacre de la escuela Santa María de Iquique/IV

El Congreso Nacional y los trabajadores del salitre:
Crisis de legitimidad en la víspera de la masacre
de la Escuela de Santa María de Iquique

por: Mauricio Amar

“Los hombres de trabajo están en un error al creer que la Fuerza
Armada no se pondrá servilmente a las órdenes del capital para
compelerlos por la fuerza, a que, en caso de una huelga, vuelvan

a sus tareas cotidianas, onerosas o mal remuneradas”

(Juan Rafael Allende, 1904).

El petitorio obrero en su contexto

En diciembre de 1907, en la Escuela Domingo Santa María, los obreros del salitre estructuraron un petitorio ^[1] “resumen” de sus demandas históricas, muy similar al que habían presentado en las huelgas más relevantes como la de 1890 en Valparaíso, Tarapacá y Antofagasta; la de 1903 en Valparaíso; 1905 en Santiago y 1906 nuevamente en Antofagasta. Para 1907 las huelgas llegaron a ser una estrategia incorporada al movimiento obrero, y una respuesta organizada frente a las malas condiciones de vida, que habían empeorado producto de la depreciación de la moneda y el aumento del costo de los bienes de consumo.

La creciente identificación de los trabajadores obreros con su condición de clase creó las condiciones para el surgimiento de numerosas organizaciones, también diversificadas en sus formas, capaces de llevar a cabo una potente racionalización de sus necesidades y de las maneras de obtener resultados concretos de parte de las autoridades. Frente a estas últimas se relacionaron diferencialmente, esperando reciprocidades particulares, es decir, como actor social, el movimiento obrero incluyó a los dueños de los medios de producción, al gobierno, al parlamento, etc., como “otros” en un universo simbólico traspasado por las relaciones de poder y dominación a través de las cuáles se vincularían con cada actor y con todos en conjunto.

En esa construcción identitaria de los obreros nacen distintas miradas sobre el mundo y la realidad que se desarrollaron y multiplicaron con el desarrollo histórico de los hechos y la agudización de las contradicciones entre el capital y el trabajo. Desde los mismos trabajadores surgen anhelos vinculados a ideologías que a veces se contrapondrán entre sí respecto a los métodos de acción, pero que tendrán un análisis muy similar de las condiciones de vida en que estaban sumidos los obreros así como de las causas de su situación social, económica y cultural. El petitorio de la Escuela Santa María, se nutrió, entonces, de diversas miradas y formas de concebir un futuro mejor. Muchos autores atribuyen las exigencias educacionales, por ejemplo, a los obreros de ideología anarquista, mientras que las demandas que buscan una mejora en el salario, serían sustentadas por sectores que esperaban mejorar poco a poco, a través de vías institucionales, las condiciones de vida de los obreros. Estas diferencias serán importantes a la hora de comprender cómo el movimiento llega a plantear un petitorio que estaba dirigido no solamente a los empresarios salitreros, que los rechazarían por no estar dispuestos a perder su autoridad frente a los trabajadores^[2], sino también hacia quienes, pensaban los obreros, tenían un rol importante que jugar en la solución de sus problemas, este era el Estado y en particular el Congreso Nacional que por esa época tenía una posición en la estructura de poder y una capacidad para tomar decisiones mucho mayor a la de otros períodos de nuestra historia.

La confianza de algunos trabajadores en una respuesta de ayuda desde el parlamento se sustentó fundamentalmente en la comisión que dicha institución envió a Tarapacá en 1904, y que se había mostrado favorable a las demandas de los obreros, pero de la cuál no surgieron resultados concretos. Lamentablemente, el poder del Congreso no se condecía con el nivel de representatividad de la institución ni con el de la discusión política sobre la situación de los trabajadores, ámbito, lógicamente influido por la distribución desigual de ese poder.

En ese contexto de esperanza a ser escuchados por la institucionalidad, los trabajadores del salitre presentaron su petitorio en la reunión del lunes 16 de diciembre de 1907, en el inicio de una gran huelga con consecuencias nefastas. Aquel petitorio planteaba las siguientes demandas básicas^[3]

1. El pago del jornal a 18 peniques
   
2. La supresión del sistema de fichas
   
3. El libre comercio al interior de las oficinas de forma amplia y absoluta.
   
4. Cierre general con reja de fierro en todos los cachuchos^[4] y chupadores de las oficinas salitreras y pagando éstos una indemnización de $5.000 a $10.000 a los trabajadores que se malogren a consecuencia de no haberse cumplido con esta obligación.
   
5. Una balanza y una vara para verificar los pesos y las medidas en las pulperías
   
6. Conceder lugar gratuito para que funcionen escuelas nocturnas, siempre que algunos obreros lo soliciten.

1. que el administrador no podrá arrojar a la rampla el caliche decomisado y después utilizarlo en los cachuchos.
   
2. La permanencia en sus puestos de trabajo a los que han participado en la huelga o indemnización de entre 300 y 500 pesos en caso de despido.
   
3. Indemnización de 10 a 15 días de sueldo en caso de despido.
   
4. El acuerdo deberá ser firmado públicamente por los jefes de las casas salitreras y los representantes obreros.

No es objeto aquí analizar la justicia de las demandas obreras^[5],sino el contexto en el cuál se construyeron. El régimen llamado parlamentario, la desidia de los gobernantes, la crisis y debate de la cuestión social y el auge del movimiento obrero son las variables que aquí explican uno de los hechos más terribles de nuestra historia. Tras 17 años de lucha por obtener logros concretos a través de huelgas y petitorios, el 21 de diciembre, miles de obreros del salitre cayeron dejando una herida abierta para el país y un profundo abismo entre la clase dominante y los trabajadores, fenómeno que durante todo el siglo XX tendría serias repercusiones para la construcción identitaria nacional, las condiciones de vida de los obreros y la desconfianza hacia las instituciones representativas como el Congreso Nacional.

El parlamentarismo y el reconocimiento de la Cuestión Social

El período llamado “República Parlamentaria” que se desarrolló en

Chile entre 1891 y 1925 se aparece ante nuestra historia como un lapsus dentro del presidencialismo que ha caracterizado al Estado en todos los demás períodos. Esta época coincide, además, con el auge y decaimiento del salitre^[6] como principal materia prima de exportación chilena, lo que propició grandes desplazamientos humanos desde el sur hacia las salitreras de Iquique. El Estado, preocupado de poblar y trabajar territorios conquistados a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, había jugado un importante rol en la conformación de una identidad nacional y había abierto importantes espacios de participación a través de la votación^[7], sin embargo, los asientos de instituciones como el Congreso Nacional seguían estando reservados a los sectores oligárquicos que controlaban en gran medida los procesos eleccionarios. De ahí que podamos caracterizar este período por la pérdida de legitimidad de

Obreros celebrando matrimonio en Oficina Agua Santa.

la clase dirigente, sobre todo de la figura del parlamentario, incapaz de representar los intereses de la gran masa trabajadora chilena. Debemos tener por certera la reflexión de Bernardo Subercaseaux respecto a que “la modernización de la burocracia estatal y de la administración pública, no significó... una ampliación de la vida política, ni la participación en ella de los nuevos sectores sociales... De allí que el fin de siglo (XIX) fue precisamente el momento en que se puso en evidencia, por primera vez, la crisis de participación política de los sectores medios y populares”^[8]. Situación que se ve reforzada por el hecho de que el Congreso, como plantea Cristián Gazmuri, contenía posiciones doctrinarias homogéneas ya que sus miembros representaban fundamentalmente a un solo sector de la sociedad: la oligarquía^[9].

Esta situación de control oligárquico del parlamento, junto al creciente poder de la institución, llevó a la conformación de un Congreso Nacional alejado de los propios votantes a quienes se debía. Como plantea Fernando Pinto, el parlamentarismo “había convertido a los senadores y diputados en una casta especial que, en vez de representar a la ciudadanía, encarnaba a menudo intereses económicos de grupos privilegiados. La situación era gravísima ya que, casi siempre eran los propios parlamentarios los que desempeñaban los cargos ministeriales”. ^[10]

Por otra parte, en cuanto al trabajo en las salitreras existía un evidente desfase entre la calidad de las leyes laborales y las ganancias obtenidas de la producción. Mientras los obreros eran asalariados a través de fichas, los empresarios lograban importantes niveles de acumulación producto del auge del precio del salitre en el mercado internacional. Aquello significaba que los salitreros participaban de un mercado cada vez más moderno, pero las relaciones que establecían con sus trabajadores correspondían a un paradigma y visión del mundo ya arcaicas para la época. Entre la relación del empresario y los trabajadores es donde cabía la actuación del Estado para regular las condiciones de explotación, pero fue precisamente ahí donde la ausencia de legislación permitió la agudización de las contradicciones entre el capital y el trabajo. Recién en 1919, a 12 años de la Matanza de la Escuela de Santa María, se presentaría el primer proyecto de Ley del Trabajo desde las filas del Partido Conservador y sólo verá la luz un documento sobre la materia en 1924, cuando el Congreso ya no tenía tanto poder.

Esta situación de explotación de los trabajadores trajo consigo el agravamiento de la “cuestión social”, que entenderemos aquí en términos de James Morris como “todas las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes: una nueva fuerza de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos, pertenecientes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva “clase trabajadora”; huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choques armados entre trabajadores y la policía o los militaras y cierta popularidad de las ideas extremistas con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores”^[11]. Esta visión integra en la cuestión social sus causas (industrialización, urbanización, etc.) como también sus consecuencias más visibles (la desigualdad, la acumulación, organización obrera, deslegitimación de la autoridad). La cuestión social necesitaba de la intervención de los diversos actores, entre ellos evidentemente la del parlamento, sin embargo, los obreros irán, de manera cada vez más acelerada, desprendiéndose de la idea de que esta institución de la República les favorecería en la lucha por concretizar sus demandas.

Los primeros años del siglo XX trajeron un desarrollo del debate sobre la cuestión social entre dos actores que no se reconocen como parte de un todo, los políticos por un lado y los trabajadores por otro. Esta relación se verá polarizada por la confluencia de dos factores relevantes: las crisis económicas cíclicas de finales de siglo XIX y comienzos de siglo XX, como fueron las de 1897 y 1907; y la internacionalización de las salitreras que pasaban rápidamente a manos de empresarios británicos y alemanes, luego que el Estado se desprendiera de extensos territorios ricos en el mineral^[12]. La idea de que era necesaria, a toda costa, la inversión en territorios ricos en minerales, pero en conflicto con países vecinos, forjó un lazo de protección entre la oligarquía y los empresarios, que en realidad era muchas veces un vínculo empresarial de los propios congresistas y sus inversiones en la zona.

Esta defensa de los derechos de los empresarios salitreros, se refuerza entre otras cosas en la construcción simbólica que se hace del obrero, caracterizado de acuerdo a los ideales que la clase dominante esperaba resaltar. Así, quienes promovían ideas socialistas o anarquistas eran vistos como figuras peligrosas que sacaban al trabajador común de su “esencia irreflexiva”, incapaz de decidir sobre su propio destino, trabajador, sumiso, parte innegable de la nación chilena en construcción. El Heraldo de Valparaíso, diario liberal, a dos días de la masacre de la Escuela Santa María, publicaba con frialdad: “Conviene, pues, que los obreros, ante el resultado que ha tenido la huelga de Iquique, mediten un poco con tranquilidad, i sacudan la influencia de los ajitadores de oficio, cuyas prédicas les paralogizan.” ^[13] El Diario Ilustrado, de raíz conservadora, planteaba en enero de 1908: “¿Quiénes son los responsables de esta hecatombe? No otros que esos agitadores que arrastran al pueblo, de suyo dócil y poco reflexivo”. ^[14]

Frente al creciente debate sobre la cuestión social, el historiador Gonzalo Vial plantea que ésta no halló “remedio legislativo”, sino por el contrario, lo que encontró fue una respuesta represiva que vino a quebrantar definitivamente una ya muy mermada idea de unidad nacional ^[15]. Otro historiador, Fernando Ortiz Letelier, hace hincapié en que tanto conservadores como liberales y radicales, en este período, tienen una posición de negación de la “cuestión obrera”^[16]invalidando a la huelga como instrumento de presión social argumentando fundamentalmente que detrás de ellas se encuentran agitadores que no son representativos del conjunto de los trabajadores^[17].

La cuestión social fue, de hecho, abordada como fenómeno de estudio por Juan Enrique Concha, quien sería senador por el Partido Conservador en 1919. Concha llegó a escribir en 1918 “aquel pueblo manso y obediente, conforme y resignado con su condición, casi sin ambiciones, va cambiando poco a poco; la igualdad política quiere verla convertida en igualdad social; ello es lógico: ha estado recibiendo desde hace tiempo la influencia de las ideas modernas de democracia subversiva que se propagan por la prensa, en el club, en la taberna, etc.”^[18]. Aquí hay un reconocimiento explícito de la asimetría existente entre la apertura de participación política de finales del siglo XIX y la verdadera representatividad que se lograba a través de esta participación. En realidad, la democracia que fuese capaz de representar a las clases que la estructura de poder relegaba a la explotación era considerada subversiva y ninguneada al ser ubicada en espacios sociales como “la taberna”.

Desde un punto de vista también conservador, el diputado Alejandro Huneeus (1903-1906) reconocía ya en su primer año en la Cámara la importancia del creciente fenómeno llamado cuestión social. La introducción del término al debate tendrá que ver con la inevitable comparación con los procesos sociales que se vivían hacía más de cincuenta años en Europa y de los cuales muchos parlamentarios, que representaban a la clase social que en ese entonces podía viajar, pudieron ser testigos presenciales. Huneeus llegó a plantear, “... Estoy por mi parte, honorable Cámara, profundamente convencido de la gran importancia de esta cuestión social que ha atraído en torno a ella la mirada universal de esa cuestión que existe, no sólo en Europa, sino que también en nuestro propio Chile y que está íntimamente unida no sólo al orden moral y religioso, sino también al político y económico (...). Como legisladores creo que debemos concurrir todos, con el Supremo Gobierno para dictar todas aquellas medidas y leyes preventivas que eviten que las exigencias y derechos de los obreros, legítimas y justas, mientras se mantengan dentro del respeto del orden público y de los sagrados derechos de todos, degenere en huelgas o manifestaciones violentas, leyes que prevengan los males sociales, para que la autoridad no se vea en la dolorosa y extrema necesidad de emplear la fuerza para reprimirlas o curarlas”^[19].

Sin embargo, en abril del mismo año, el diputado Eulogio Díaz, también del Partido Conservador, negaría rotundamente la existencia de una cuestión social en Chile al plantear que “Aquí está pasando un fenómeno singular nos estamos asustando con la cuestión obrera, con una cuestión que en realidad no existe en Chile, porque en verdad no puede decirse que se haya

Jefe de bodega y cuadrilla de cargadores de la Oficina Candelaria.

producido en Chile el problema o la cuestión obrera que es causa de preocupación en Europa”^[20]. Estas declaraciones no sólo nos hablan de la importancia que iba adquiriendo el tema en el parlamento a inicios del siglo XX, sino además de una inicial heterogeneidad de las percepciones ^[21] entre los parlamentarios de un mismo partido y de los intereses que confluían en que la situación de los obreros fuese un hecho de discusión.

En la misma sesión en que habló Díaz, el diputado del Partido Radical Fidel Muñoz propuso la creación de una comisión especial que verificara el estado actual de los obreros y acusó fuertemente a Díaz de vivir alejado de las “palpitaciones del sentimiento popular”, a diferencia del Partido Radical que a su juicio representaba “genuinamente los intereses del pueblo chileno”^[22].

La discusión sobre la situación de los obreros llevada a cabo en el parlamento será concretizada en una medida particular: una comisión que viajaría al norte a comprender el fenómeno de cerca. Así, el 12 de marzo de 1904 un Decreto Supremo creó la Comisión Consultiva Parlamentaria, cuyo deber era investigar el problema obrero en Tarapacá y Antofagasta. En dos días de presencia en Iquique, esta comisión se reunió con los principales actores del lugar: autoridades, empresarios salitreros, comerciantes y trabajadores. El informe de la comisión señala como finalidad de aquélla “realizar un vasto estudio, acordando aplicarse desde luego, a aquéllos que se refieren a la situación moral y material de los obreros, a estudiar el trabajo, y demás condiciones; el capital, las relaciones que uno y otro guardan entre sí y con los poderes públicos; los servicios generales que interesan a la comunidad, tales como los de INSTRUCCIÓN Y CULTO; los de seguridad y de edilidad; las habitaciones de obreros y las instituciones que, como el ahorro, en sus diferentes formas, pueden mejorar las condiciones de vida del trabajador y la suerte de las industrias, así en el momento presente como en el porvenir” ^[23]

Esta comisión rescató, desde su perspectiva particular, la situación social y económica de los obreros, y el testimonio presentado en el informe estableció un lazo entre el parlamento y los trabajadores que en diciembre de 1907 generaría grandes expectativas entre el movimiento, lo que finalmente nunca se reflejó en hechos concretos. El informe planteó que “desde luego, que la condición moral de los obreros de la pampa es a todas luces deficiente e influye, sin duda alguna, en el fomento de su malestar. El operario vive deprimido por el abandono moral en que se le olvida. Ni la autoridad pública ni los patrones mismos han cuidado hasta ahora lo bastante de llenar de la vida ruda del obrero con la asistencia que le es debida en forma de asistencia práctica, de religión, de dispensatorios y hospitales, de estímulo al ahorro, de distracciones y de represión alcohólica”. ^[24] La propuesta de Ley basada en el informe de esta comisión quedó convertida en un eterno ante proyecto debido al cambio de gobierno de Germán Riesco a Pedro Montt, sin embargo, para muchos obreros organizados significaba un paso adelante en cuanto al reconocimiento desde la autoridad a sus demandas.

En 1905, el Congreso tuvo la oportunidad de mostrar el verdadero interés que existía entre sus miembros por solucionar los problemas de los obreros que afirmaban comprender. En aquel año, una amplia coalición de sociedades populares pidió la abolición del impuesto al ganado argentino que encarecía la carne en beneficio de los terratenientes nacionales y en detrimento de los trabajadores ^[25] La llamada “huelga de la carne” movilizó a cientos de organizaciones por todo el país y culminó con una matanza por parte de las autoridades en la que murieron decenas de personas. Este hecho, antesala de los “sucesos” de Iquique, provocará una reedición de la discusión sobre la situación obrera en el Congreso, donde se confrontarán dos posiciones con muy distinta posición de fuerza. De un lado los pocos congresistas que aseguraban defender los intereses de los trabajadores y en una amplia mayoría, aquellos que reforzaron la visión negativa, que ya sostenía la oligarquía, hacia el movimiento. Sin embargo, se hacía ya imposible negar la creciente división de clase que vivía el país. El congresista Carlos Yrarrázaval (1903-1909) planteó de hecho que los huelguistas son “parias”, corrompedores del orden social, parte de otra clase social y que “la chusma que marcó con su sello de mugre y de sangre los umbrales de nuestras propiedades, no es afortunadamente el pueblo de Santiago (...) nada hemos hecho para formar un pueblo moral, ni por educarlo, ni por asociarlo a la obra y al interés comunes” ^[26].

Los discursos de los sectores oligárquicos adquieren distintos matices, pero contienen dos elementos centrales que le darán una importante cuota de homogeneidad: primero, conciben a los trabajadores como un “otro” ajeno, distinto y peligroso; segundo, existe debate acerca de cuáles son los elementos que permitirían al país desarrollarse y en ese ámbito se hace innegable la necesidad de actuar para mejorar las condiciones de los trabajadores, que por lo demás eran fuerza de voto.

Todos los sectores habían tenido algún tipo de discusión respecto a la situación de los obreros y proponían medidas para mejorar las condiciones de vida de estos. Sin embargo, lo central para los partidos de la época era la manera en que el Estado imponía su legitimidad y visión de progreso a la sociedad como conjunto y a la clase obrera en particular. Esta etapa fue entendida por los parlamentarios como un momento crítico respecto a la legitimidad que poseían tanto los políticos como los empresarios. El diputado Alfredo Barros Errázuriz (1906 a 1909), miembro del Partido Conservador y más tarde Ministro de Hacienda del Presidente Ramón Barros Luco, llegó a afirmar que “Se han roto o debilitado los vínculos que unían a patrones y obreros, por el olvido de parte de muchos patrones de sus deberes de justicia y de caridad y por la pérdida de la antigua fidelidad y sumisión de los obreros... Cunde el número de personas descontentas con la actual organización social y que todo lo espera del trastorno y del desorden”.^[27] Barros se refería a dos fenómenos conjuntos. El primero de ellos, la falta de representatividad de los obreros con la institucionalidad y en segundo lugar, a la creciente organización de los trabajadores que durante los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX llevaron a cabo importantes huelgas que tanto conservadores como liberales entendían como innecesarias y peligrosas, lo que influyó en el apoyo de los partidos a la represión de los huelguistas y finalmente, después de la Matanza de Santa María, en su silencio.

Dentro del parlamento, el Partido Democrático había hecho importantes esfuerzos, a pesar de contar con sólo dos diputados, por representar los intereses de los obreros^[28], y de hecho había generado apoyo y expectativas entre éstos. El mismo Luis Emilio Recabarren, figura legendaria del movimiento obrero en Chile, fue miembro de este partido y la Combinación Mancomunal de obreros había llamado a votar por sus candidatos,^[29] lo que nos permite asegurar una representatividad real de algunos sectores obreros en los ideales postulados por los democráticos. El ingreso de este partido a la Alianza Liberal en 1896 creó escisiones importantes que derivarían en su quiebre algunos años después de la Matanza.

En el parlamento fue relevante la figura de los diputados Malaquías Concha y Bonifacio Veas, siendo este último quien se reunió con los obreros después de la matanza y trasladó a algunos de ellos a la zona central del país para difundir sus testimonios.^[30] Por su parte Concha increpó al Ministro del Interior Rafael Sotomayor después de los llamados sucesos de Iquique, pidió su destitución y la del Intendente de Tarapacá Carlos Eastman, sin mayor apoyo del Congreso. Como plantea Sergio Grez, las posiciones confrontadas en el parlamento eran diametralmente opuestas,^[31] pues mientras los democráticos, muy minoritarios, si bien condenaban las acciones violentas de los huelguistas, ponían el acento en la justicia de las demandas obreras y en el derecho a petición y a huelga; por su parte los conservadores y liberales daban absoluta prioridad a la mantención del orden.^[32]

Seis años después de la masacre, en 1913, una nueva comisión parlamentaria visitaría la zona y nuevamente daría cuenta de las paupérrimas condiciones de vida de los obreros salitreros, poniendo especial énfasis en la falta de instrucción, que era parte de las demandas ya históricas del movimiento. El diputado del Partido Radical Enrique Oyarzún (1912-1915), presidió esta comisión y presentó el informe el 27 de noviembre. Una vez más la visita de los parlamentarios serviría como un paso en el continuo reconocimiento de la situación obrera, pero no se reflejaría en ninguna acción concreta. De hecho, la Matanza de la Escuela Santa María marcaría un hito tal que el Congreso dejará de tener la presión popular, víctima de la violencia del Estado, para legislar en materia de derechos laborales. Si para 1907 ya se habían aprobado las leyes

Recepción a las autoridades por parte de los obreros, Iquique 19 de diciembre 1907.

de viviendas obreras (1906) y la Ley de Descanso Dominical (1907), el parlamento sólo volverá a mirar el problema obrero una vez que el movimiento de los trabajadores se haya vuelto a organizar con fuerza, entre los años 1915 y 1917, cuando se aprueban “La ley de la Silla” (1915), Ley de Accidentes de Trabajo (1916) y Ley de Salas Cuna (1917).

Como hemos dicho, la masacre de Iquique marca un punto de inflexión respecto a la discusión sobre la cuestión social y la legislación laboral. Si hasta ese año había una negación de la situación que aquejaba a los obreros, tal como plantea Sergio Grez, desde esta huelga “los debates asumieron un carácter más técnico, partiendo de la aceptación de una realidad que, aunque desagradable, debía inevitablemente ser enfrentada para preservar el orden social”.^[33]

El Movimiento Obrero: identidad e ideología frente a la institucionalidad

La agudización de las contradicciones ya existentes entre capital y trabajo, en el periodo llamado parlamentario, llevó a los trabajadores a comprenderse a si mismos como parte de un colectivo identificable, con conciencia de la desigualdad generada por la explotación y con propuestas claras que apuntaban a mejorar sus condiciones de vida y, en algunos casos, a reestructurar el orden social. La cuestión social, en este sentido, era para los obreros una cuestión de carne propia, por lo que era necesario llevar a cabo distintas maneras de organización según se iban acrecentando los problemas y la necesidad de vincular su realidad con el desarrollo de la política nacional.

Distintas versiones sobre la identidad de los trabajadores del salitre existen en la historiografía chilena. Sin embargo, para todos es común el hecho de que éstos vivían en condiciones miserables, situación agravada, entre otras cosas por la desigualdad social y los niveles de acumulación del capital que habían alcanzado los empresarios salitreros, incluso a pesar de las crisis económicas de finales de siglo XIX y comienzos del XX. Como plantea Eduardo Cavieres “Su dependencia absoluta de los salarios para la subsistencia y la nacionalidad foránea de sus empleadores determinaron la forma cómo los trabajadores comenzaron a percibirse a sí mismos como una clase separada, opuesta y fuertemente anticapitalista”.^[34]

La relación entre obreros y empresarios salitreros estará marcada en este período por la tensión generada por las condiciones de vida de los trabajadores. Pero esta relación no puede comprenderse aislada de un contexto en el cuál el Estado era actor de relevancia tanto como agente represor de las huelgas como también espacio de conquista para las teorías de carácter revolucionario que surgirían en los sectores proletarios. Empresarios y trabajadores se dirigían al Estado para asegurar privilegios o plantear demandas, pero aun cuando los actores participaban del campo estatal a través de la lucha por la legitimación de su universo simbólico, lo cierto es que las posibilidades de que los obreros se vieran representados en el Estado eran mínimas, puesto que este mismo había sido conformado a partir de los ideales de las élites gobernantes y la apertura de los espacios de participación no era sinónimo de representatividad. En ese sentido, creemos relevante plantear las visiones dominantes en el mundo obrero que con la construcción de demandas concretas para la mejora de su situación llegaron a simbolizar para el Estado el peligro más grande en la etapa de expansión de la idea de nación.

El movimiento obrero era heterogéneo, pues convergían en él distintos orígenes geográficos y posiciones ideológico- políticas, que van a interactuar en un marco de creciente internacionalismo de las ideas. Según Sergio Grez y Julio Pinto, las principales corrientes ideológicas que influían en las prácticas de los obreros chilenos eran: el socialismo utópico, el socialismo científico y positivista, liberales progresistas y anarquistas. Pero además, existían distintas organizaciones que servían de plataforma para la confluencia de todas las ideologías. Este período, como plantea Grez, está marcado por una gran variedad de organizaciones sociales populares de nuevo tipo (sociedades de resistencia, mancomunales, ateneos obreros, centros de estudios sociales, etc.) que se sumaron a las ya existentes desde el siglo anterior (mutuales, filarmónicas de obreros, escuelas nocturnas, cajas de ahorro, cooperativas, logias de temperancia)^[35].

La organización permitía la cooperación mutua para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero también significaba una importante vía de educación y herramienta de construcción identitaria, racionalización de su situación y de sus relaciones con los dueños de las salitreras y las autoridades del país. Los inicios del siglo XX son años de creciente adquisición y construcción de conciencia de clase, lo que lleva a los obreros a plantear demandas con un importante reconocimiento de la realidad nacional. Así mismo, se idean estrategias de presión, que una vez consolidada la organización servirán como herramienta de lucha. Tal es el caso de la huelga. Como dato relevante, sólo entre 1902 y 1908 se llevaron a cabo doscientas huelgas, de las cuáles el cincuenta por ciento tuvieron lugar en Santiago y las zonas de explotación salitrera.^[36]

Ya a comienzos de siglo XX los obreros organizados en las mancomunales (donde primaban fundamentalmente las ideas socialistas) trataban el tema de la indiferencia con que actuaban los parlamentarios una vez que eran elegidos, pero que sin embargo para llegar a sus cargos hacían gala de una serie de promesas, para las cuales era necesario conocer las condiciones de vida de los obreros. De esta “falta de memoria” de los parlamentarios elegidos, no se salvaba ni siquiera el Partido Democrático que influía mucho más entre los votantes trabajadores del salitre. El diario El Trabajo de Iquique, órgano de la Combinación Mancomunal de Obreros,^[37] planteaba en 1902 que “Desde la fundación del Partido Democrático, hemos venido bregando porque la protección a la industria nacional no sea palabra hueca, que sirva solamente para traer electores (...) . Todos los candidatos la invocan también, como parte principal de sus programas. Una vez llegado al puesto que anhelan, las economías, la defensa del país, y cuanto se acuerdan, les prohíbe cumplir sus promesas”. ^[38]

Sin duda alguna, el componente anarquista fue de gran influencia en la construcción de una visión del movimiento hacia la institucionalidad, y sobre todo en cuanto a la inclusión de las demandas referidas a la educación de los trabajadores.^[39]Pero así mismo, también fue la posición ideológica que integró más el uso de un discurso violento, ya que entendía a la estructura estatal como la fuente de los males de los obreros y la situación de miseria en que se encontraba gran parte de la población trabajadora les había llevado a reflexionar sobre el contexto, las acciones políticas para su transformación y la conformación de un proyecto de sociedad de tipo comunista libertaria. En 1905, cuando el movimiento obrero ya tenía una importante fuerza e identidad de clase, el diario anarquista “El Obrero Libre” proclamaba: “Junto con el hermoso Mayo de Luz: debe levantarse la clase oprimida del campo, de las minas, de las salitreras, de la marina y ciudades; desplegando todas sus energías y rebeliones, protestando de todas las injusticias y explotaciones, proclamando la sociedad libre, la propiedad común y la patria universal (...) al empuje de los libres, no quedará en pie ningún gobierno, ni código, ni ningún explotador, ni vestigio siquiera de la actual sociedad del mal (...). De pie, erguida la frente y a la obra, proletarios del mundo, a crear la sociedad libre arrullada por los cantos de mayo del pueblo rebelde.”^[40]

Para Sergio Grez la violencia de los ácratas en realidad era más discursiva que real y cuando llegaba a concretizarse tenía el sello de una pedagogía para preparar a los obreros para la revolución. ^[41] Sin embargo lo verdaderamente importante para este análisis es el hecho de que los anarquistas plantearon un discurso que tendía a acrecentar la deslegitimación de las autoridades y al mismo tiempo influyeron decididamente en la conformación de los petitorios obreros desde 1890 hasta 1907. En la huelga de la Escuela Santa María jugarían un rol preponderante los anarquistas Luis Olea y José Briggs, quienes serían reconocidos como líderes y luego mártires del movimiento obrero.

Los grupos anarquistas habían tenido gran importancia en las huelgas de comienzos de siglo XX, pero fueron paulatinamente desplazados por las organizaciones marxistas al interior de las agrupaciones obreras. Y es necesario atender al hecho de que esa lucha intraclase se da precisamente debido a las diferentes

Marcha obrera en Iquique, 1907.

visiones acerca de cuál debiera ser el vínculo de los obreros con la institucionalidad.

En la Convención Mancomunal de 1904, realizada para tratar los problemas del trabajo en las salitreras del norte, se produce el retiro de dos sociedades de resistencia de orientación anarquista, las que van a alegar que nada tienen que pedir los trabajadores al gobierno.^[42] El líder obrero del Partido Democrático, Luis Emilio Recabarren, respondía las críticas de los anarquistas a quienes los socialistas, en su mayoría militantes del partido de Recabarren, comienzan a identificar incluso como un elemento disociador al interior del movimiento obrero. Recabarren llega a decir “Me he convencido de que el ideal anarquista es realizable y es bueno, y considero que las aspiraciones ácratas son las mismas de los demócratas y socialistas y otros luchadores libres. Sólo hay discrepancia en los medios de llegar a realizar los ideales (...). Es una lástima que esos compañeros que se dicen anarquistas, gasten dinero y tiempo en calumniarnos a nosotros haciendo causa común con nuestros enemigos los salitreros”. ^[43] La diferencia en los medios empleados, en efecto, marcaría una fuerte pugna, pues el Partido Democrático participaba de la institucionalidad del país e incluso más adelante él mismo Recabarren sería elegido diputado y luego fue fundador del partido Obrero Socialista, que también seguirá por la senda institucional.

La disputa con los anarquistas seguiría hasta 1907, cuando Recabarren plantea que “Yo sostengo que si con vuestra intransigencia de declarar la organización comunista anárquica, nos alejáis a nosotros los socialistas, que constituimos un actor, pequeño o grande, pero útil y necesario, en el movimiento obrero, con mayor razón alejaréis a ese inmenso número de desgraciados obreros que todavía viven en la más grande ignorancia, que se niegan a organizarse por debilidad y degeneración, que por esa misma ignorancia huyen del socialismo, al que califican de antipatriótico, antirreligioso, antisocial, etc., y se horrorizan del anarquismo porque gasta en la difusión de sus ideas una violencia insípida, sin objeto, que los ahuyenta, engendrando en ellos el horror y el pánico”.^[44]Este párrafo de Recabarren es esclarecedor respecto la posición aún no definida de un gran número de obreros frente a la institucionalidad, ya que si para todos eran evidentes las injusticias que se cometían en el ámbito laboral (porque las vivían en carne propia), y más aún la propia “Huelga de Diciembre de 1907” reuniría a miles y miles de trabajadores por el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, en las propias construcciones simbólicas de los trabajadores había ideas introducidas por la clase dominante como el supuesto “antipatriotismo” de los socialistas. Aquella situación no niega la existencia de una conciencia de clase en el movimiento obrero, sino que la complejiza aún más y la particulariza en el contexto chileno de comienzos de siglo, cuando el Estado estaba en expansión ideológica y territorial.

El socialismo, vinculado a sectores del Partido Democrático, planteaba una vía revolucionaria, pero vinculada a la democracia institucional, y creía que en ese frente debía disputar la conciencia de los obreros contra las ideologías burguesas dominantes. La cooptación que había tenido, sin embargo, este partido en 1896 por la Alianza Liberal jugará como factor contrario a la conformación de identidad de clase de los obreros, ya que como plantea Julio Cesar Jobet, “a pesar tan brillante programa, no jugó ningún rol importante, y que, por el contrario, provocó grandes daños a la masa popular. Entró con entusiasmo al juego de las alianzas políticas y puso el elemento obrero al servicio de las clases plutocráticas”.^[45]

El partido democrático más bien jugó un rol importante en la vinculación de los obreros con la lógica partidista, pues a través de la institucionalidad promovió un discurso emancipatorio en los planos político, económico y social de los obreros, siempre utilizando los instrumentos político electorales que la legalidad oligárquica ofrecía. Pero su cooptación por parte de los sectores liberales generó una deslegitimación de la misma lógica y al mismo tiempo permitió un auge de teorías como el anarquismo y el anarcosindicalismo, contrarios a la institucionalidad.^[46]

Un importante punto de quiebre entre Recabarren y el partido democrático fue la designación del candidato conservador Fernando Lazcano en 1906, que obtuvo, entre otros, el apoyo de Malaquías Concha. Luego de este episodio, Recabarren fue víctima de persecución policial y huyó a Argentina y Europa. En ese periplo genera contactos importantes con dirigentes socialistas de otros países y llega con la idea clara de formar un nuevo partido en Chile. Abdón Díaz, Presidente de la Mancomunal de Obreros durante la Matanza de Santa María también intentaría, en ausencia de Recabarren, formar un partido obrero, proyecto que no llegaría a buen puerto, ^[47] sin embargo, es prueba patente de la influencia del partido democrático en la idea de participación a través de la lógica partidista entre los obreros. De hecho, el vínculo de los obreros con este partido será la primera etapa de la conformación de nuevas entidades también institucionales como el Partido Obrero Socialista en 1912 y más tarde, en 1922, el Partido Comunista de Chile.

También al interior del socialismo liderado por Recabarren existirá una desconfianza al rol que podría jugar el Congreso en solucionar los problemas de los obreros, con la importante diferencia de que para él la institución no era ilegítima en sí misma, sino por cuanto albergaba sólo a los grupos privilegiados de la sociedad. Ya señalaba el líder obrero en 1902, respecto a los logros que habían obtenido los obreros norteamericanos. “Los obreros de Iquique deben hacer lo mismo, pues sólo así es posible obtener el triunfo. El obrero en huelga no debe tener jamás miedo a la sangre. El sistema de fichas debe ser abolido y ustedes no deben esperar jamás que una ley dictada por el Congreso la suprima. Ello no sucederá porque son interesados en mantener ese sistema muchos congresales. La obra entonces está en manos de ustedes mismos. La huelga general en Iquique se impone como una necesidad imperiosa y su realización debe ser la más rápida posible”.^[48] La masacre de Santa María también aparece como hecho que separa a los trabajadores de la institucionalidad y, evidentemente afecta la relación con el Congreso. Recabarren plantea a sólo una semana de haber ocurrido los hechos sangrientos de Iquique que “El abuso patronal tampoco puede regularlo la ley. Hoy apenas se consigue suprimir por medio de la unión de los obreros que a veces son fuerza capaz de imponer la ley a los patrones. Esto prueba a la vez que la organización obrera puede más que la legislación parlamentaria”.^[49]

Ambas ideologías imperantes, anarquismo y socialismo, sumadas a la acción del Estado como promotor de una identidad nacional, habían permitido la conformación de un ethos obrero que, como plantea Grez, pasaría de la aspiración a la “regeneración del pueblo” a una posición más radical de “emancipación de los trabajadores”.^[50] A esto debemos añadir los elementos que construyen la identidad en la misma práctica de lucha por los derechos. El ethos obrero, que de todas maneras quedó como proyecto inconcluso con la Masacre de la Escuela Santa María, se nutriría de las represiones y los asesinatos llevados a cabo por las autoridades con el respaldo de la gran mayoría del Congreso Nacional. Por eso, la identidad obrera se construirá en el mejor de los casos con altos niveles de desconfianza hacia el rol que el parlamento podía jugar como institución.

Algunas conclusiones

El periodo que llamamos parlamentario no fue acompañado de un aumento de la representatividad popular sino más bien sirvió a la oligarquía nacional para acrecentar su posición dominante. El parlamento muestra durante esta época una posición de creciente cuestionamiento acerca de qué es y cómo solucionar la llamada cuestión social. Dentro del debate surgirán posturas antagónicas de acuerdo a los intereses partidistas que, sin embargo, coincidirán en gran medida con la idea de imponer la seguridad del Estado por sobre la elaboración de normas que coincidieran con las aspiraciones del movimiento obrero. Es por esto que, incluso quienes se sentían representantes en el parlamento de los trabajadores, fundamentalmente los demócratas y algunos radicales, van a ser percibidos con desconfianza por los trabajadores. Esta tensión permanente entre la clase trabajadora y el Congreso va a tener su punto culminante en la Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, momento en el cuál la institucionalidad se desprende completamente de la representatividad y ejerce el poder de manera ciega, al punto de asesinar a miles de trabajadores bajo el pretexto de la seguridad nacional.

Esta seguridad que tanto defendieron los parlamentarios conservadores y liberales, tiene que ver con el mantenimiento de un sistema político que veían amenazado toda vez que el obrero no compartía los ideales sobre los cuáles se legitimaba la autoridad. Esto no significa que el Congreso Nacional sea el responsable directo de la Matanza, pero sin lugar a dudas fue un actor preponderante en cuanto ésta ocurrió en el momento en que más poder ejercía la institución. La principal responsabilidad que podríamos atribuir al Congreso es el hecho de que el petitorio presentado por los obreros en realidad fue un resumen de demandas históricas que tenían a lo menos veinte años de ser racionalizadas por los trabajadores como exigencias concretas y destinadas a la autoridad. Pese a esta lucha por conseguir derechos, la llamada cuestión social fue debatida con lentitud e incluso de manera ideologizada, ignorando o aminorando la gravedad de la situación en que se encontraban los trabajadores del país.

Desde el parlamento surgieron miradas sobre la cuestión social que tendían a ver a los trabajadores como “otros”, distintos de la oligarquía, menos capaces de reflexión y que al mismo tiempo debían ser construidos por parte del mismo Estado. De hecho, la Masacre marca el punto de inicio de una nueva intervención del Estado en el norte de Chile a fin de construir identidades homogéneas bajo la bandera de la seguridad nacional. Esto coincide a su vez con el decaimiento del movimiento obrero y una ausencia de legislación laboral hasta que la situación vuelve a agudizarse en 1917 bajo otro contexto, pero con las mismas demandas no conseguidas llevadas a la palestra.

Los trabajadores, por su parte, se nutrieron durante fines del siglo XIX y comienzos del XX de una variada gama de ideologías que muchas veces tendían a confundirse. Se planteó aquí una separación clara entre el socialismo y el anarquismo, sin embargo, ambos tipos de pensamiento apenas podían diferenciarse en su etapa formativa y recién se separan claramente cuando se hacen evidentes las contradicciones en los métodos para conseguir el cumplimiento de las demandas del movimiento obrero. Aún así, mientras los anarquistas aparecen en menor número, pero con un proyecto de sociedad más definido, pues reivindican a la clase obrera como opuesta a la idea de Estado nación, los socialistas no se desligarán nunca de la tensión entre participar activamente de la institucionalidad u oponerse a ella como movimiento. Y si bien la masacre de Santa María de Iquique creará una mayor desconfianza respecto a la institucionalidad y a los logros que los trabajadores podrían obtener de ella, lo cierto es que la década siguiente estaría marcada por la creación del Partido Obrero Socialista, que seguiría en la senda institucional y luego, como Partido Comunista de Chile, se convertiría en un importante vínculo entre los trabajadores y la lucha por concretizar demandas a través de la lógica partidista.

Santa María entonces, es un hito en la historia de Chile, tanto en el debate sobre la cuestión social, de parte de los parlamentarios, como también al interior del movimiento obrero y su manera de vincularse con la institucionalidad. La masacre marcaría un antes y un después en la construcción de las propias identidades y las visiones respecto del otro, sin embargo, no será el fin de una historia de desigualdad, sino el comienzo de nuevas formas de organización popular y vinculación del Estado con la ciudadanía, que conducirán a los trabajadores chilenos hacia importantes logros en materia de legislación laboral, a través de nuevos procesos sociales en que nuevamente serán controlados y fuertemente reprimidos, lo que en más de una oportunidad terminará con la tierra manchada de sangre de los trabajadores, como aquel terrible 21 de diciembre de 1907.

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Referencias de las fotografías:

Archivo Fotográfico Museo Histórico Nacional

Obreros salitreros montando una vía férrea.

1. El petitorio fue presentado el día lunes 16 de diciembre de 1907 en la Intendencia, en una reunión presidida por Julio Guzmán García y en la que participaron numerosas autoridades administrativas, eclesiásticas y militares, además de “vecinos notables”, y gente ligada a la empresa salitrera. Devés, Eduardo: “Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907”, LOM Editores, Santiago 2002.
2. Grez, Sergio: “La guerra preventiva. Escuela Santa María de Iquique. Las razones del poder”. Artículo elaborado en el marco del proyecto FONDECYT No100034. Disponible en: http://www.memoriando.com/pdf/escuelagrez.pdf
3. El petitorio aparece en distintos términos según las fuentes, sin embargo las ideas centrales se mantienen.
4. Estanque de gran capacidad llenado con una carga de caliche chancado y agua vieja. Se calentaba mediante el paso de calor de vapor de agua a través de serpentines situados en la periferia de sus costados interiores, lo cual producía una masa hirviente que disolvía la sal de Nitrato de Sodio (Salitre). Una vez que la solución se saturaba se vaciaba en los estanques chulladores para clarificarla mediante la decantación de las substancias insolubles y, posteriormente, se llevaba a bateas para producir su cristalización ayudada por la evaporación solar. El resto del material (ripio) se sacaba por la parte inferior del cachucho y se llevaba a vaciar a la Torta de Ripios.
5. En aquella época hubo una gran discusión sobre si era justo o no lo que planteaban los obreros, sobre todo en los diarios manejados por la aristocracia. A cien años de la matanza, no muchas voces dirán que el petitorio era descabellado. Muy por el contrario, hoy parecen demandas mínimas para reproducir un sistema laboral minimamente justo para los trabajadores.
6. Sergio González Miranda sitúa el decaimiento del ciclo obrero en la crisis de los años 1930. González Miranda, Sergio: “Hombres y mujeres de la pampa”, LOM Ediciones, Santiago 2002.
7. Un importante paso en este sentido es la Reforma Electoral de 1874 que extendió el derecho a sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, si eran casados, o 25 años, si eran solteros, eliminando el requisito de renta exigido por la Constitución de 1833.
8. Subercaseaux, Bernardo citado por: Pinto, Julio: “¿Cuestión social o cuestión política?”, en: Revista Historia del Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 30 (1997), p. 213.
9. Gazmuri, Cristián: “Alberto Edwards y la fronda aristocrática”, en: Revista Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, N'37 (enero-junio 2004), pp.61-95.
10. Pinto Larragirre, Fernando, citado por: González Miranda, Sergio: “Hombres y mujeres de la pampa”, LOM Ediciones, Santiago 2002 p.68.
11. Morris, James: “Las élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión social y el sistema de relaciones industriales en Chile”, Editorial del Pacífico, Santiago 1967, p.79.
12. Barría, Jorge: “El Movimiento Obrero en Chile”, Editorial Trígono, Santiago 1971, p.16.
13. El Heraldo, lunes 23 de diciembre 1907.
14. El Diario Ilustrado, 6 de enero 1908.
15. Pinto, Julio. op. cit., p. 214.
16. Que podemos entender como sinónimo de Cuestión Social.
17. Ortiz Letelier, Fernando: “El Movimiento Obrero en Chile (1891- 1919)”, LOM Ediciones, Santiago 2005, p. 125.
18. Concha, Juan Enrique: “Características sociales de Chile”, citado por: Godoy, Hernán: “Estructura Social de Chile”, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, pág. 307
19. Sesión del 13 de junio de 1903, “Boletín de Sesiones Ordinarias Cámara de Diputados”, Santiago 1903.
20. Que de ninguna manera debe entenderse como heterogeneidad en los intereses de clase que representaban los parlamentarios, prácticamente todos pertenecientes, como ya hemos dicho, a la oligarquía.
21. Sesión del 19 de junio de 1903, Boletín de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, Santiago 1903, p. 338.
22. Véase: Sesión del 19 de junio de 1903. “Boletín de...”, op. cit.
23. González Miranda, Sergio: “Hombres y mujeres de la pampa”, LOM Ediciones, Santiago 2002, p. 113.
24. Ibíd.,p.114.
25. Grez Toso, Sergio: “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, en: Revista de Estudios Históricos (versión electrónica http:// www.estudioshistoricos.uchile.cl), Vol. 3, No 1 (agosto 2006), pp. 1 -25.
26. Sesión del 26 de octubre 1905, “Boletín de Sesiones Extraordinarias Cámara de Diputados”, Cámara de Diputados de la República de Chile, Santiago 1905, pág. 40.
27. Barros Errázuriz, Alfredo: “Partido Conservador: Su historia”, citado por: Ortiz Letelier, Fernando: “El Movimiento Obrero en Chile (1891-1919)”, LOM Ediciones, Santiago 2005,
28. El artículo 1º del programa del Partido Democrático planteaba que éste tenía por objeto la emancipación política, social y económica del pueblo.
29. De hecho en 1903 el Partido Democrático se reconoce como miembro simpatizante de la Internacional. Barría, Jorge, op. cit., p. 22.
30. El Diario Ilustrado, 1 de enero de 1908.
31. Aquello no significa que rompieran la homogeneidad del discurso parlamentario.
32. Grez Toso, Sergio: “Transición en las formas de lucha. Motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)”, en: Revista Historia, N° 33 (2000), p.50.
33. Grez Toso, Sergio: “¿Autonomía o escudo protector?: El movimiento obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje (Chile, 1900- 1924)”, en: Revista Historia, N° 35 (2002), pp.91-150.
34. Cavieres F., Eduardo: “Nuevas perspectivas para una siempre vigente reflexión: Los trabajadores del salitre y el movimiento sindical chileno a comienzos del siglo XX”, en: Revista de Estudios Históricos (versión electrónica http://www.estudioshistoricos.uchile.cl), Vol. 1, No 1 (agosto 2004), pp. 1-21.
35. Grez Toso, Sergio: “1890-1907: De una huelga general a otra. Continuidades y rupturas del movimiento popular en Chile”, Artículo elaborado en el marco del proyecto FONDECYT N° 1980725. Disponible en: www.memoriachilena.cl/upload/mi2440-2. pdf
36. Ulloa Zambrano, Víctor: “El movimiento sindical chileno, desde el siglo XX hasta nuestros días”, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 2003, p.2.
37. Formada en 1900 como respuesta de la clase obrera a la Combinación Salitrera que agrupaba a los empresarios del salitre.
38. Periódico “El Trabajo”, N° 25, publicado en Iquique 1902.
39. González Miranda, Sergio: “Hombres y mujeres de la pampa”, LOM Ediciones, Santiago 2002, p. 115.
40. Periódico “El Obrero Libre”, No 5, publicado en Huara, 1 de mayo de 1905.
41. Grez, Sergio: “Transición en las formas de lucha. Motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)”, en: Revista Historia, N° 33 (2000), p.53.
42. Barría, Jorge, op. cit., p.28.
43. Periódico “El Marítimo” publicado en Antofagasta, 20 de agosto de 1904.
44. Recabarren, Luís Emilio: “Intervención en el Congreso de Unificación de las Organizaciones Obreras”, Buenos Aires, 28 al 31 de marzo de 1907.
45. Jobet, Julio César, citado por: Gallardo, Gabriel: “¡Son una enorme voz!, Estudio del movimiento obrero. Sus consecuencias políticas y sociales (1900-1924)”, Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2003. (disponible en: www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/ gallardo_g/html/index-frames.html)
46. Pinto, Julio: “¿Cuestión social o cuestión política?”, en: Revista Historia, N° 30 (1997), pp. 216-218.
47. Ortiz Letelier, Fernando: “El Movimiento Obrero en Chile (1891-1919)”, LOM Ediciones, Santiago 2005, p. 218.
48. Recabarren, Luís Emilio, citado por: Yañez Andrade, Juan Carlos: “Legislación laboral y organización productiva: Jornada de trabajo y descanso dominical en chile: 1901–1925”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N° 26 (2004), pp. 529-549.
49. Ibíd.
50. Grez, Sergio: “1890-1907: De una huelga general...” op. cit.