na guerra civil, el gobierno de Aguirre lo incluyó entre los miembros del Consejo de Estado que se creaba por decreto de 7 de enero de 1865, pero Vázquez declinó el nombramiento.
Después de la caída del Partido Blanco, en febrero del mismo año, no tuvo más figuración política, dedicando el resto de su vida a la administración de sus intereses particulares, y vino a fallecer en su ciudad natal el 28 de enero de 1876.
VÁZQUEZ ACEVEDO, ALFREDO
Educador, jurisconsulto y hombre político. Nació en Buenos Aires el 8 de julio de 1844 y sus años de juventud transcurrieron en aquella ciudad, donde hizo estudios universitarios de 1855 a 1860. Mas tarde vino a residir en Montevideo, ciudadanizándose uruguayo, y el gobierno de Aguirre, próximo ya su fin, lo designó adjunto honorario a la famosa misión diplomática del doctor Cándido Juanicó ante las cortes europeas, el 10 de enero de 1865. Sin llegar a ejercer funciones, pues a los 48 días de salir de nuestra capital cesó la misión por decreto del gobernador Flores, el adjunto reintegróse al país donde terminó los cursos de derecho, recibiéndose de doctor en jurisprudencia en Montevideo, en 1866. Redactor de “La Democracia” en 1872, militó en filas principistas en la presidencia de Ellauri; pero cuando, apenas en posesión del mando discrecional, el coronel Lorenzo Latorre lo designó para sustituir al doctor J. Vázquez Sagastume en la fiscalía de lo civil y del crimen, el 27 de marzo de 1876, Vázquez Acevedo, demostrando su adaptabilidad política, aceptó el puesto porque entendía que la regla era servir a los altos intereses permanentes del país, sacrificando a estos los principios.
Obedeciendo a consideraciones políticas de relativa importancia, dice en su respuesta al dictador, habría podido rehusar el concurso que el Gobierno se dignaba conferirle, pero pensaba que su proceder en tal caso habría sido apreciado por sus conciudadanos como un rasgo de intransigencia exagerada en que no deseaba incurrir. Prometíase desempeñar la fiscalía escuchando la voz del patriotismo, que mandaba concurrir al bien general en la esfera de las actitudes de cada uno, reservándose el derecho de renunciarlo en el caso de que su humilde concurso llegase a ser claramente contrario a los bien entendidos intereses de la Patria.
Duras críticas suscitó esta aceptación en los círculos nacionalistas y principistas dispuestos a “bloquear” a Latorre. Su caso, análogo al de su pariente José Pedro Varela, era distinto en el fondo: el reformador se había impuesto una misión concreta, ajena a lo inmediato y peligroso de la política. El magistrado, en cambio, debía entrar por fuerza y entró a ese campo, y sus vistas de fiscal despierto y severo indudablemente, no sirvieron sino para llenar el requisito de trámite, porque los gobiernos de facto siempre encuentran el
