El pedido, muy justo desde luego, no tuvo, a causa de las estrecheces del erario, una solución conforme el demandante deseaba y solamente consiguió que las cámaras le concedieran un ascenso mili se y, con tal pronunciamiento, Poder Ejecutivo le confirió el grado de sargento mayor de ingenieros el 5 de julio de 1855.
Contraído en el último período de su vida a trabajos profesionales, el ingeniero Cardeillac terminó sus días en Montevideo el 16 de diciembre de 1864.
CARDOZO, SILVESTRE
Oficial del ejército, cuya muerte, ocurrida a la par de la de otro funcionario público compatriota, en trágicas circunstancias, dió origen a una reclamación internacional y vincula su nombre a nuestro pasado histórico.
Nacido en el departamento de San José, Cardozo fué uno de los oficiales que en julio de 1882 y con grado de subteniente, aparece entre los fundadores del Regimiento de Caballería N° 5 creado en esa fecha. En la misma unidad ascendió a teniente 2° el 12 de febrero de 1886, pasando en junio del 88 a prestar servicios al 1° de Caballería. Promovido a teniente 1° con fecha 6 de junio de 1889, en agosto del año siguiente se le transfirió al Regimiento N° 4.
En circunstancias que el cuerpo se hallaba de guarnición en la ciudad de Rivera, fronteriza con el Brasil, el 28 de octubre de 1893 fué asesinado al mismo tiempo que el guarda aduanero Medardo González, por soldados brasileños de las fuerzas del coronel riograndense Juan Francisco Pereira de Souza, famoso por sus desmanes y su inconducta.
Alevosamente muertos en pleno territorio nacional, los matadores arrastraron los cadáveres a través de la línea límite, con propósito de extraviar la opinión, desnaturalizando los hechos,
El crimen conmovió al país, levantando airadas protestas. En Montevideo, la oportuna intervención de la policía impidió excesos y manifestaciones hostiles ante la legación o el consulado brasileños. Entablada la consiguiente reclamación diplomática, el incidente quedó solucionado conforme al protocolo de 15 de febrero de 1894. El gobierno del Brasil, una vez investigados a fondo los hechos, consintió en reconocer leal y honradamente la culpabilidad de los hombres del coronel Juan Francisco Souza, jefe de milicias, cuya pésima reputación era pública y sobre quien gravitaban otras acusaciones por delitos de semejante índole, cometidos en personas de nacionalidad uruguaya. Estipulóse en consecuencia que los responsables serían juzgados conforme a las leyes del Brasil, fijándose también una justa indemnización a favor de las familias de las víctimas, que se hizo efectiva en el mes de mayo le 1895.
